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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 18001-23-33-000-2023-00005-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 18001-23-33-000-2023-00005-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada y, en su lugar: Segundo. Declarar la legalidad condicionada de la expresión «y descentralizadas», contenida en el artículo 276 del Acuerdo 2021019, del 21 de diciembre de 2021, mediante la cual se estableció el hecho generador de la Tasa Pro Deporte y Recreación, en el entendido de que las entidades descentralizadas -directas-, a que se refiere son aquellas donde la entidad territorial posea capital social o accionario superior al 50%. Negar las demás pretensiones. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 18001-23-33-000-2023-00005-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

23 de julio de 2026

Radicado: 18001-23-33-000-2023-00005-01 (30174)
Demandante: Servaf S.A. ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 18001-23-33-000-2023-00005-01 (30174)
Demandante: Empresa de Servicios de Florencia, S.A. ESP, Servaf S.A. ESP
Demandado: Municipio de Florencia.

Temas: Estampillas Pro-Cultura y Para el Bienestar del Adulto Mayor y Tasa
Pro-Deporte y Recreación. Hecho generador. Entidades
descentralizadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación (índice 50 de Samai) interpuesto por la
demandante contra la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, que resolvió (índice 46 de Samai):

Primero. Declarar la validez condicionada del artículo 274 del Acuerdo 2021019 del 21 de diciembre
de 2021, en el sentido de indicar que, si bien este acto administrativo no contempló las exenciones
del cobro de la tasa pro deporte y recreación a las entidades prestadoras de servicios públicos; lo
cierto es que la misma están (sic) contemplada en el parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 2023 de
2020.

Segundo. Negar la solicitud de nulidad parcial de los artículos 266, 276 y 286 del Acuerdo 2021019
del 21 de diciembre de 2021, … expedido por el Concejo Municipal de Florencia, por las razones
antes expuestas.

Tercero. Sin condena en costas en la instancia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandante, mediante el medio de control de nulidad, solicitó la nulidad parcial de los
artículos 266, 276 y 286 del Acuerdo 2021019 del 21 de diciembre de 2021, del Concejo
Municipal de Florencia, que regulan los hechos generadores de las estampillas Pro
Cultura, Tasa Pro Deporte y Recreación y Para el Bienestar del Adulto Mayor, en lo que
respecta a la frase «y descentralizadas», por no haberse excluido los contratos y convenios
que celebraran las empresas de servicios públicos domiciliarios consideradas como
entidades descentralizadas.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437
de 2011), la demandante formuló la siguiente pretensión (índice 3 de Samai):

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Radicado: 18001-23-33-000-2023-00005-01 (30174)
Demandante: Servaf S.A. ESP

Que se declare la nulidad parcial de los artículos 266, 276 y 286 del Acuerdo 2021019 del 21 de
diciembre de 2021, “Por medio del cual se establece el plan de reactivación económica y social de
Florencia – Caquetá y se actualiza el estatuto tributario municipal”, sancionado el 3 de enero de
2022, únicamente en lo que respecta a la frase “y descentralizadas”.

Invocó como vulnerados los artículos 13, 121 y 313 de la Constitución; 24.1 de la Ley 142
de 1994 y 6 de la Ley 2023 de 2020, bajo el siguiente concepto de violación (índice 3 de
Samai):

-Ilegalidad del artículo 266 del Acuerdo 2021019 de 2021 por no adecuarse al marco
previsto por los artículos 38 y 38-4 de la Ley 397 de 1997, adicionado por la Ley 666 de
2001. Reprochó que dicha disposición -que determinó el hecho generador de la
estampilla Pro Cultura-, no excluyera expresamente del hecho generador los contratos y
convenios celebrados por entidades descentralizadas, que no fueran suscritos o
celebrados por funcionarios municipales, puesto que, el artículo 38.4 de la Ley 397 de
1997 fue claro al establecer que la obligación de adherir y anular la estampilla estaba a
cargo de los funcionarios departamentales, distritales o municipales que intervinieran en
los actos sujetos a gravamen -determinados por las ordenanzas departamentales o los
acuerdos municipales-. Así, la señalada intervención hacía parte de la estructura del
hecho imponible, de ahí que este solo se materializara si en los contratos o convenios
intervenía un funcionario municipal de Florencia en ejercicio de una función pública; en
apoyo de esto, adujo que al respecto se habían pronunciado tribunales administrativos
de diferentes regiones -como el Tribunal Administrativo de Bolivar- y el Consejo de
Estado, a cuyos efectos referenció las sentencias del 29 de abril de 2020, del 27 de mayo
de 2021, exps. 23087 y, exp. 21747 CP: Julio Roberto Piza Rodríguez y del 25 de
noviembre de 2021, exp. 25452, CP: Milton Chaves García.

Censuró que, debiendo adecuarse el acuerdo municipal al referido marco legal, el artículo
266 ibidem, al determinar el hecho generador, omitió excluir los contratos en los cuales
no intervinieran funcionarios municipales, como los celebrados por las empresas de
servicios públicos domiciliarios mixtas -como era su caso-; ya que, de acuerdo al artículo
41 de la Ley 142 de 1994, los trabajadores de esas empresas no eran empleados públicos
ni trabajadores oficiales que ejercieran función pública -sino particulares sometidos al
Código Sustantivo del Trabajo-. Por tal razón, aunque algunas entidades
descentralizadas podían tener la calidad de agentes de retención de la estampilla cuando
interviniera un funcionario público municipal, ello jamás aplicaría respecto de los
trabajadores de las empresas de servicios públicos (ESP) mixtas y privadas.

En ese orden, el artículo 266 del citado acuerdo gravó, sin competencia, operaciones en
las que no intervenían funcionarios del municipio de Florencia, sin haber efectuado las
respectivas distinciones, lo que excedía la autorización impartida por la ley.
Seguidamente, afirmó que las ESP mixtas no ejercían funciones administrativas o
públicas, sino muy excepcionalmente, pues, como lo reconoció el Consejo de Estado, la
prestación de un servicio público no era una «función administrativa», ni tampoco el ejercicio
de una función pública -como lo señaló la Corte Constitucional-; en apoyo de ello,
reprodujo apartes de algunos pronunciamientos de ambas cortes.

-Ilegalidad del artículo 2761 del Acuerdo 2021019 de 2021, por no adecuar el hecho
generador de la Tasa Pro Deporte y Recreación al marco previsto en el artículo 6 de la
Ley 2023 de 2020. Señaló que la mencionada ley fue clara al determinar que los contratos
suscritos por el sujeto pasivo y sobre los cuales se imponía la estampilla, no eran los que
suscribieran todas las entidades descentralizadas, sino aquellas que tuvieran un capital

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La alusión al artículo 286 se modificó por el 276 al determinarse que la alegación estaba referida a la estampilla Pro Deporte.

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social [público] superior al 50%; con lo cual las ESP domiciliarias que tuvieran una
participación accionaria «minoritaria o inferior al 50%» -como era su caso en que el capital era
del 49% del municipio y 51% de particulares- estaban excluidas de esa carga tributaria.
De modo que el artículo 276 desconoció la citada previsión legal, en tanto gravó con la
estampilla Pro Deporte y Recreación a todas las entidades descentralizadas, sin atender
el estricto porcentaje de participación accionaria que determinó la ley creadora del tributo.
Esto, porque con independencia de la autonomía de los entes territoriales en materia
tributaria -que no era absoluta- el concejo municipal no podía desconocer el marco legal
previsto en relación con los contratos que eran celebrados con los sujetos pasivos y que
constituían el hecho generador de la estampilla. Arguyó que, en aplicación del principio
de legalidad, no podían las autoridades municipales darle un alcance distinto al
establecido por la ley para tales estampillas.

-Ilegalidad de los artículos 266, 276 y 286 del acuerdo demandado, por violación del
ordinal 24.1 del artículo 24 de la Ley 142 de 1994. Censuró que la descripción de los
hechos imponibles efectuada en las señaladas disposiciones para las estampillas Pro
Cultura, Para el Bienestar del Adulto Mayor y la Tasa Pro Deporte y Recreación, incluyó
todos los contratos y convenios que celebraran las entidades descentralizadas, sin
excepción alguna, desconociendo que algunas de ellas, por ser ESP domiciliarios, tenían
su propio régimen jurídico especial, cuyas consideraciones tributarias especiales debían
respetarse. Puso de presente que el mencionado ordinal 24.1 de la Ley 142 determinó
que los departamentos y municipios no podían gravar a las ESP con tasas, contribuciones
o impuestos aplicables a los demás contribuyentes, con lo cualse consagró el principio
de igualdad en el ejercicio de las actividades que desarrollan las ESP domiciliarias,
proscribiendo la posibilidad de imponer mayores cargas a las empresas «que tengan dentro
de su participación accionaria un componente accionario público», situación que reconoció la Corte
en la sentencia C-736 de 2007 al analizar su constitucionalidad. Si bien en tal oportunidad
el alto tribunal señaló que las ESP mixtas y privadas con participación accionaria estatal
hacían parte de las entidades descentralizadas y, en consecuencia, hacían parte de la
rama ejecutiva, también reconoció que tenían una naturaleza y régimen jurídico especial
que debían respetarse.

En ese orden, indicó que la autorización impartida por las leyes creadoras de las anotadas
estampillas no le confirióautorización al Concejo Municipal de Florencia para imponerlas
sobre hechos económicos o actividades «sobre los cuales el mismo legislador a través de la Ley
142 de 1994 definió un régimen jurídico especial », pues ello implicaba un exceso en el ejercicio
de las facultades impositivas de tales corporaciones, la cual era «derivada», en tanto
estaba sujeta a la Constitución y a la ley. Fundada en esto, insistió en que se anulara la
expresión «y descentralizadas» del artículo 276 del acuerdo.

-Ilegalidad de los artículos 266, 276 y 286 del acuerdo demandado, por violación del
principio de igualdad -13 constitucional- y equidad en materia tributaria. Al igual que en
el cargo anterior, adujo que la descripción de los hechos imponibles efectuada en tales
disposiciones vulneraba el principio de igualdad, porque las ESP -consideradas también
como entidades descentralizadas- tenían que asumir, como agentes retenedores del
municipio, costos adicionales a los de prestación del servicio público, pues eso suponía
unas cargas administrativas y operativas adicionales, pues el recaudo del tributo exigía
realizar cambios significativos a los sistemas de facturación, lo cual comportaba la
realización de cuantiosas inversiones.

Manifestó que, aunque el sujeto pasivo del tributo fuera el particular contratista y no
directamente la entidad descentralizada, se imponía una carga de agente retenedor que
generaba desigualdad frente a sus competidores del mercado, puesto que los contratistas

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estructuraban el precio de los bienes o servicios a partir de las expensas que tuvieran
que asumir [estampillas]; es decir, que el costo en que incurrían los contratistas se
trasladaba en el precio del contrato, y este a su vez a los usuarios de los servicios vía la
tarifa, irrogándoles un perjuicio. Así, la norma local en cuestión, generaba un desbalance
tanto para el sujeto pasivo del tributo (contratista) como para el agente retenedor (ESP)
considerada como entidad descentralizada, ya que las ESP con participación accionaria
estatal -incluso minoritaria- quedaban en situación de desigualdad respecto de aquellas
empresas sin participación pública que no fueran agentes retenedores, lo cual contrariaba
el principio de equidad tributaria, vinculado al de igualdad y lo dispuesto en la Ley 142 de
1994.

-Ilegalidad de los artículos 266, 276 y 286 del acuerdo demandado, por imponer la
obligación de recaudo, como función administrativa, a las entidades descentralizadas,
violando el artículo 313 y 121 de la Constitución. Reprochó que el acuerdo incluyó, dentro
del hecho generador, los contratos y convenios que celebraran las entidades
descentralizadas, quienes tenían que asumir una función o carga como agentes de
retención del tributo que luego debían trasladar al municipio, lo que incluso correspondía
a una verdadera función administrativa, pues implicaba la imposición de una estampilla
del orden municipal, lo que vulneraba el régimen jurídico especial al que debían
someterse.

Seguidamente, advirtió que, como regla general en el derecho administrativo, regía el
principio de innegociabilidad del ejercicio de funciones públicas, acorde con el cual «al
Estado no le es dable despojarse de sus competencias legales, renunciar a ellas, dejar de ejercerlas, ni
negociarlas o transigir sobre la legalidad de los actos administrativos, sin menoscabar la soberanía del
Estado, su autoridad, el orden público y el principio de legalidad » (sentencia del 08 de junio de 2000,
CP: Alier Hernández Enríquez -sin identificación de radicación). Seguido de esto, expuso
que el artículo 338 constitucional, nada señaló sobre el recaudo ni sobre delegaciones;
dicho precepto solo permite a las autoridades fijar «la tarifa de las tasas y contribuciones que se
cobren a los contribuyentes». Igualmente, el artículo 313 de la Carta solo les permitía a los
concejos votar los tributos y gastos locales.

Adicionalmente, ninguna de las leyes que autorizaron las mencionadas estampillas le dio
a los concejos municipales prerrogativas para imponer funciones públicas de recaudo
para ser impuestas a las entidades descentralizadas. Agregó que las empresas de
servicios públicos privadas -con un porcentaje minoritario público- tenían su propio
régimen jurídico y naturaleza, lo que obligaba a que el Concejo las excluyera de ese
recaudo, pues esto correspondía a una función administrativa que solo la ley podía
imponer.

Añadió que, conforme a lo previsto en el artículo 121 constitucional, el concejo municipal
no podía abrogarse la potestad de imponer una función adicional y distinta a las empresas
de servicios públicos domiciliarios, porque las funciones estaban delimitadas en la Ley
142 de 1994 y demás normas modificatorias especiales; regulación en la cual no se
preveía la facultad de fijar estampillas como tributo en sus contratos y trasladar el recaudo
al municipio.

Contestación de la demanda

El municipio demandado se opuso a las pretensiones (índice 12 de Samai). Afirmó que
las expresiones demandadas no contrariaban las normas superiores, dado que el
Congreso de la República autorizó a los concejos municipales para gravar con
estampillas las operaciones que se desarrollaran dentro del municipio y fijar su regulación
conforme a lo previsto en las leyes que autorizaron su creación. Explicó que el artículo

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38 de la Ley 397 de 1997 facultó a los concejos para ordenar la emisión de la estampilla
Pro Cultura, destinada a financiar actividades culturales del municipio, entre ellas la
promoción y creación de actividades artísticas y culturales, la investigación y el
fortalecimiento de las expresiones culturales; gravamen que no recaía en las empresas
de servicios públicos, sino sobre quienes suscribían contratos con las entidades
municipales.

Frente al argumento de la demandante, atinente a que el artículo 276 del acuerdo
desconoció el artículo 6 de la Ley 2023 de 2020, refirió la mención de la demandante
acerca de tener una participación del 49% de capital público y 51% de capital privado,
para señalar que tal situación no fue demostrada, en tanto no se allegó certificado de
participación accionaria firmado por revisor fiscal.

Luego, advirtió que la competencia para establecer las estampillas en el orden municipal
correspondía a los concejos, en quienes se había delegado la facultad reguladora, y negó
que los artículos en cuestión contravinieran el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994 [que
prohíbe gravar las ESP], puesto que el tributo recaía sobre quienes celebraran contratos
con las entidades municipales y no sobre las empresas de servicios públicos
domiciliarios. Precisó que las estampillas Pro Cultura, Pro Deporte y Recreación y Para
el Bienestar del Adulto Mayor tenían otros sujetos pasivos. Seguidamente y tras
mencionar las leyes que autorizaron la creación de dichos tributos, aseguró que el
Concejo Municipal de Florencia se limitó a reglamentar tales tributos en su jurisdicción.

Adicionalmente, propuso las siguientes excepciones:

-Inexistencia de la violación alegada. Al respecto, sostuvo que el Concejo Municipal de
Florencia gozaba de competencia para establecer tributos del orden municipal y que las
disposiciones demandadas fueron expedidas con fundamento en la legislación
preexistente y en la autonomía que el artículo 313 de la Constitución le reconocía a los
concejos municipales para decretar tributos y contribuciones. Afirmó que los artículos
266, 276 y 286 del acuerdo municipal fueron proferidos acorde con las normas superiores
y que este cumplió todos los requisitos legales para su sanción y aplicación.

Adujo que la demandante trajo a colación disposiciones constitucionales y legales
presuntamente vulneradas, sin explicar de qué forma vulneró la demandada derechos
fundamentales (igualdad). Agregó que no se acreditó la afectación directa y cuestionó,
en el caso hipotético de haber ocurrido, que se hubiera esperado más de un año para
demandar.

-Legalidad del acto. Negó que las expresiones demandadas vulneraran el ordinal 24.1
del artículo 24 de la Ley 142 de 1994, pues del acuerdo demandado no se desprendía la
imposición de tributos distintos a los previstos en la ley que regulaba las estampillas Pro
Cultura y Para el Bienestar del Adulto Mayor y la Tasa Pro Deporte y Recreación. Alegó
que no le asistía razón a la actora sobre la carga de gravamen o ser agente retenedor de
las estampillas, pues, según la certificación del tesorero municipal, una vez validado el
sistema tributario, contable y financiero, no se registraban ingresos por concepto de
dichas estampillas en la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 por parte
de la demandante.

Adicionó que los argumentos de la demanda por sí solos no demostraban la vulneración
de los principios de justicia y equidad tributaria, ni de los artículos 13, 121 y 313
constitucionales; se requería de un estudio que trascendiera lo previsto en el acto mismo,
pues no surgía de la simple confrontación con las normas superiores invocadas;

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manifestó que del acuerdo demandado no se desprendía una imposición en cabeza de
las empresas de servicios públicos en el municipio de Florencia, por lo que no estaba
acreditada la ilegalidad de las expresiones demandadas.

Finalmente, solicitó declarar de oficio cualquier excepción que resultara probada y afirmó
que la actora no acreditó ninguna causal de nulidad de los actos demandados ni perjuicios
atribuibles al municipio de Florencia. Solicitó incorporar la certificación del tesorero
municipal y el «pantallazo» de la plataforma de ingresos por estampillas del demandante.

Sentencia apelada

El tribunal negó la nulidad parcial de los artículos 266, 276 y 286 del acuerdo (índice 46
de Samai) y declaró la validez condicionada del artículo 274 del Acuerdo 2021019 de
2021, referente a la estampilla Pro Deporte. A los efectos anteriores, destacó las leyes
que autorizaron la creación de las estampillas Pro Cultura, -leyes 397 de 1997 y 666 de
2001-; Para el Bienestar de Adultos Mayores -leyes 687 de 2001, 1276 de 2009 y 1850
de 2017- y Pro Deporte -Ley 2023 de 2020- las cuales permitieron que
las asambleas y concejos desarrollarán los elementos de la obligación tributaria dentro
de los límites fijados por la Constitución -art. 313- y la ley -ordinal 6 del artículo 32 de la
Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012-.

Con fundamento en tal marco normativo, concluyó que las entidades descentralizadas no
fueron excluidas del hecho generador; sin embargo, advirtió que, aunque los artículos
274 y siguientes del acuerdo municipal no contemplaron la exención de las entidades
prestadoras de servicios públicos, aplicable a la suscripción de convenios y contratos de
condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, lo cierto era que el
parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 2023 de 2020 sí lo determinaba, con lo cual, debía
declarar la legalidad condicionada del mencionado artículo 274 del acuerdo, para que se
entendiera que las ESP públicos domiciliarios estaban exentas del cobro de la estampilla
Pro Deporte.

Respecto de la estampilla «Pro adulto mayor», consideró que la norma local no excedió a la
ley. Estimó que la inclusión de la expresión «y descentralizadas» no constituía ninguna
irregularidad, ya que esta corporación ha precisado que las entidades descentralizadas
pueden tener la calidad de agentes retenedores, sin que ello comporte una ilegalidad.
Seguidamente, advirtió que la autonomía de los concejos municipales era subordinada y
condicionada al ordenamiento jurídico -ordinal 3 art. 287 y 313 constitucionales-, de modo
que era al Congreso de la República a quien le competía establecer los aspectos
principales del tributo y, a los concejos, la determinación de los demás elementos de este,
conforme lo hizo el municipio demandado al regular la estampilla Pro Adulto Mayor.

Por último, puntualizó que el debate se centraba en la inclusión de la expresión «y
descentralizadas» dentro del hecho generador, la cual debía entenderse referida a las
entidades creadas por la ley o autorizadas por esta, que cumplían funciones
administrativas, integraban la Rama Ejecutiva y contaban con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa -de conformidad con el artículo 69 de la Ley
489 de 1998-, a cuyos efectos, reprodujo apartes de un concepto de la Sala de Consulta
y Servicio Civil de esta corporación y de la Sentencia C-691 de 2007 de la Corte
Constitucional, en los que se explicó la diferencia entre la descentralización territorial y la
descentralización por servicios y se señalaron sus características. Al hilo de ello, se refirió
a la naturaleza jurídica de la demandante [lo que resultaba ajeno al medio de nulidad
simple], señalando que su constitución -mediante escritura pública- se hizo como persona
jurídica de naturaleza comercial, cuyo objeto era la prestación de servicios públicos

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domiciliarios; circunstancia que, por sí sola, no permitía considerarla una entidad
descentralizada, siendo de cargo de la entidad analizar su propia naturaleza jurídica y
determinar si se enmarcaba en las categorías previstas por la Ley 489 de 1998 para así
establecer si era «sujeto activo» o «ente recaudador» de las estampillas. Finalizó concluyendo
que la demandante no demostró que la expresión demandada, le impusiera una carga a
las empresas de servicios públicos de naturaleza privada, ya que la referencia era
únicamente a las entidades descentralizadas, las cuales debían entenderse en el marco
de la mencionada ley, según la composición de sus aportes en caso de estar organizadas
como empresas comerciales.

Recurso de apelación

La demandante recurrió la decisión de primer grado (índice 50 de Samai). Reiteró que la
expresión «y descentralizadas» contenida en los artículos 266, 276 y 286 del Acuerdo
2021019 de 2021 contradecía los artículos 24 -ordinal 24.1- de la Ley 142 de 1994, 38 y
38-4 de la Ley 397 de 1997 (adicionado por la Ley 666 de 2001) y 6 de la Ley 2023 de
2020. A tal fin, sostuvo -en relación con la estampilla Pro Cultura- regulada en el artículo
266 demandado, que el artículo 38-4 de la Ley 397 ídem, establecía que la imposición de
dicha estampilla requería de la participación de un funcionario público del orden
municipal; no obstante ello, el acuerdo incluyó en el hecho generador a las entidades
descentralizadas sin hacer distinción alguna, lo que implicó que las empresas de servicios
públicos mixtas de que trata la Ley 142 de 1994 quedaran obligadas a imponer la
estampilla en los actos y contratos, pese a que los empleados de esas entidades eran
particulares sometidos al Código Sustantivo del Trabajo, acorde con lo previsto en el
artículo 41 Ley 142 de 1994 y no empleados públicos municipales.

Al hilo de lo anterior, adujo que la simple confrontación entre el ordinal 38.4 del artículo
38 de la Ley 397 de 1997 y el artículo 266 del acuerdo evidenciaba el quebrantamiento
de la norma superior, razón por la que debía anularse la expresión «y descentralizadas», y
afirmó que la sentencia impugnada no abordó integralmente el cargo de nulidad, puesto
que solo confrontó la norma local con la ley para concluir que esta última no contenía
ninguna exclusión respecto de las entidades descentralizadas. Afirmó que, de haberse
efectuado el análisis integral, debió anularse, al menos, la expresión demandada frente
a las entidades descentralizadas cuyos trabajadores no fueran empleados públicos
municipales.

Respecto del artículo 2762 del acuerdo -concerniente a la estampilla Pro Deporte y
Recreación-, insistió en que el artículo 6 de la Ley 2023 de 2020 determinó como sujetos
pasivos del tributo a quienes celebraran contratos o convenios con entidades
descentralizadas que tuvieran un capital público superior al 50%; de modo que cuando la
norma municipal -sin hacer ninguna distinción- incluyó a las entidades descentralizadas,
abarcando incluso a aquellas que tuvieran un capital público inferior, vulneró la
mencionada previsión legal, y por ello, debía anularse la expresión «y descentralizadas» o
al menos en lo que recayera sobre contratos y convenios en los que participaran
entidades con capitales públicos del 50% o inferiores.

Adujo que, si bien el a quo declaró la validez condicionada del artículo 274 del acuerdo
municipal al advertir que la Ley 2023 de 2020 establecía una exención de la tasa Pro
Deporte y Recreación para los convenios o contratos de condiciones uniformes de los
servicios públicos domiciliarios, debió declarar la nulidad parcial solicitada, pues se
verificó una omisión de la norma demandada.

2
Como se advirtió que la alegación estaba referida a laestampilla Pro Deporte, se modifica la alusión al artículo 286 por la del artículo
276.

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Radicado: 18001-23-33-000-2023-00005-01 (30174)
Demandante: Servaf S.A. ESP

En adición, planteó que desde el régimen especial para los servicios públicos
domiciliarios de la Ley 142 de 1994, el legislador quiso asegurar un marco de igualdad
en las cargas tributarias de las empresas que compiten en el mercado, con independencia
de que fueran públicas, privadas o mixtas, y así lo dejó establecido en el artículo 24 -
ordinal 24.1- ídem que proscribía que los departamentos o municipios gravaran las
empresas de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que fueran
aplicables a los demás contribuyentes que cumplían funciones industriales o comerciales,
en orden a no generar cargas disparidades respecto de los competidores del mercado.

Bajo tal ilación, concluyó que los artículos 266, 276 y 286 del acuerdo transgredieron la
Ley 142 de 1994, en tanto impusieron la carga de gravar con las estampillas los contratos
y convenios suscritos por las empresas privadas de servicios públicos domiciliarios que
fueran consideradas entidades descentralizadas, dejándolas en desventaja en relación
con otras empresas privadas. Advirtió que, si bien la entidad no era el sujeto pasivo de la
estampilla, el asignarle la carga de agente de retención implicaba que el contratista le
cargara ese costo [estampilla] al precio del respectivo contrato, razón por la que debía
anularse la expresión demandada. Renglón seguido- reprochó que el tribunal se limitara
a referirse a su naturaleza jurídica, sin realizar consideraciones de fondo sobre el
concepto de violación, resolviendo tangencialmente la situación objeto de debate.

Igualmente, afirmó que la sentencia guardó silencio respecto de dos argumentos,
atinentes a que la expresión demandada, contenida en los artículos 266, 276 y 286 del
Acuerdo 2021019 de 2021, vulneraba:

(i) Los principios de igualdad del artículo 13 constitucional y el de equidad tributaria, pues
su inclusión en la norma implicó una carga impositiva indirecta para las empresas de
servicios públicos domiciliarios mixtas, calificadas como entidades descentralizadas. En
esa línea, adujo que el acuerdo impuso unas cargas administrativas y operativas
adicionales a las derivadas de la prestación del servicio público, lo que significaba un
desbalance en la igualdad de esas empresas frente a sus competidores, pues aunque el
sujeto pasivo del tributo fuera el particular contratista y no directamente la entidad
descentralizada, al imponérseles la carga de agente retenedor, ello las hacía desiguales,
pues los contratistas privados les cargarían en el precio de sus contratos el valor de las
estampillas a las empresas de servicios públicos con participación pública.

(ii) Los artículos 121 y 313 constitucionales, pues el concejo municipal le impuso a todas
las entidades descentralizadas, sin excepción, una carga de agente retenedor sobre las
tres estampillas, lo que correspondía a una verdadera función administrativa, pues
implicaba recaudar las del orden municipal, con lo cual se desconoció el régimen al que
debían someterse y excedió las competencias del concejo municipal, pues estos no
podían asignar funciones públicas o administrativas a las empresas de servicios públicos
domiciliarios -consideradas como entidades descentralizadas- que no hubieran sido
determinadas por el propio legislador.

Pronunciamientos finales

La demandada y el ministerio público guardaron silencio (índice 19 de Samai).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1-Juzga la Sala la legalidad de la expresión «y descentralizadas» contenida en los artículos
266, 276 y 286 del acuerdo demandado, los cuales determinaron los hechos generadores

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de las estampillas Pro Cultura, Para el Bienestar del Adulto Mayor y la Tasa Pro Deporte
y Recreación, atendiendo los cargos de apelación de la actora contra la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala establecer si como lo aduce la apelante (i) el tribunal no abordó
integralmente los cargos de nulidad, de la expresión «y descentralizadas» incluida en los
hechos generadores de la estampilla Pro Cultura -art. 266 ídem- porque desconoció que
la ley (art. 38-4 de la Ley 397 de 1997), establecía que la imposición de tal tributo requería
de la participación de un funcionario público del orden municipal, calidad que no tenían
sus trabajadores y si (ii) se desconoció el artículo 6 de la Ley 2023 de 2020 concerniente
a la estampilla Pro Deporte y Recreación, que determina su generación sobre contratos
y convenios en los que participaran entidades de servicios públicos domiciliarios con
capitales públicos superiores al 50%.

Preliminarmente, se advierte que la apelante formuló dos cargos adicionales para
sustentar la petición de nulidad, que señaló no analizados por el tribunal, consistentes en
que las disposiciones del acuerdo desconocieron los principios de igualdad (art. 13
constitucional) y equidad tributaria, así como los artículos 121 y 313 constitucionales, y
el ordinal 24.1 del artículo 24 de la Ley 142 de 1994, al imponer a las empresas de
servicios públicos domiciliarios la obligación de actuar como agentes retenedores de las
estampillas municipales, dadas las cargas administrativas y económicas y la desigualdad
que ello reportaba frente a los competidores del mercado, en tanto los contratistas
privados cargarían el valor de las estampillas al precio de los contratos; además de que
el concejo no tenía facultad para asignar funciones públicas o administrativas a las ESP
domiciliarias. Sin embargo, la Sala no abordará tales reparos, por cuanto estos se dirigen
a cuestionar el sistema de retención en la fuente establecido para el recaudo de las
estampillas por parte de los sujetos determinados por la norma local, aspecto que no
corresponde al regulado en las disposiciones demandadas.

Tampoco se pronunciará la Sala en relación con la declaración de la legalidad
condicionada del artículo 274 del acuerdo municipal, la cual no hizo parte de la pretensión
de nulidad, por cuanto tal aspecto no fue objeto de apelación.

Por último, se pone de presente que, con posterioridad a la expedición del Acuerdo
2021019 del 21 de diciembre de 2021, los artículos 266, 276 y 286, contentivos de la
expresión demandada, fueron modificados por los artículos 35, 41 y 27 del Acuerdo
2025026 de 2025; sin embargo, esto no impide el correspondiente estudio de legalidad,
en virtud de los efectos jurídicos que pudieron producirse durante el tiempo de su
vigencia.

Análisis del caso concreto

3- La apelante pretende que se anule la expresión «y descentralizadas» incluida en la
normativa local regulatoria de los hechos generadores de las estampillas Pro Cultura y
Para el Bienestar del Adulto Mayor y la Tasa Pro Deporte y Recreación.

Frente a la estampilla Pro Cultura, la apelante sostuvo que la obligación tributaria de
retener -prevista en el artículo 266, cuya expresión «y descentralizadas» se demanda- surgía
siempre que en su adhesión o anulación interviniera un funcionario público del orden
municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 38-4 de la Ley 397 de 1997, lo cual se
vulneraba al incluirse de forma general a las entidades descentralizadas dentro del hecho

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generador, puesto que quedaron comprendidas las empresas de servicios públicos
mixtas, pese a que los trabajadores de tales entidades no son empleados públicos, sino
trabajadores particulares sometidos al Código Sustantivo del Trabajo, acorde con el
artículo 41 de la Ley 142 de 1994. Además, afirmó que el citado reparo no fue
integralmente abordado por el tribunal, pues se limitó a confrontar la norma local con la
ley para concluir que esta última no excluyó a las entidades descentralizadas.

Al respecto, la demandada aseguró que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 397
de 1997, los concejos municipales podían emitir la estampilla Pro Cultura, tributo que no
recaía sobre las empresas de servicios públicos, sino sobre quienes suscribían contratos
con las entidades municipales.

Por su parte, el tribunal estimó que la Ley 397 ídem autorizó a las asambleas y concejos
a desarrollar los demás elementos de la obligación tributaria dentro de los límites fijados
por la Constitución -art. 313- y la ley -ordinal 6 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994,
modificado por la Ley 1551 de 2012- y que no excluyó a las entidades descentralizadas.

3.1- Para dilucidar el debate planteado, es de tener en cuenta que la Ley 397 de 1997-
modificada por la Ley 666 de 2001 y el Decreto Ley 019 de 2012-, autorizó a las
asambleas departamentales, concejos distritales y municipales a emitir la estampilla Pro
Cultura, cuyos recursos serían administrados por el ente territorial con destino al fomento
y estímulo de la cultura. A tal efecto, los señalados órganos de representación popular
debían determinar «las características, el hecho generador, las tarifas, las bases gravables y los demás
asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla "Procultura" en todas las operaciones que se realicen
en su respectiva entidad territorial» (arts. 38 y 38-2 de la Ley 397 de 1997, modificada por la
Ley 666 de 2001).

En desarrollo de la ley de autorización, el Acuerdo 2021019, del 21 de diciembre de 2021
del municipio de Florencia, determinó los elementos de la obligación tributaria, entre ellos,
el hecho generador -art. 266 ídem- consistente en «la suscripción de contratos y convenios y sus
adiciones, que suscriba la Administración municipal de Florencia, empresas de economía mixta, unidades
administrativas especiales y demás entidades del orden municipal con o sin personería jurídica y
descentralizadas, el concejo municipal y la personería municipal », así como el sujeto pasivo -art.
268 ibidem- fijando como tales a las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho,
consorcios, uniones temporales o patrimonios autónomos que celebraran contratos o
convenios superiores a 30 salarios mínimos con las señaladas entidades.

Ahora bien, respecto de la calidad de los trabajadores de las entidades descentralizadas,
categoría en la que se encuentran comprendidas las empresas de servicios públicos
domiciliarios, el artículo 123 de la Constitución Política determina que «son servidores
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios » (subraya la Sala), y en tal marco, la
Corte, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 142 de 1994
(sentencia C-736 de 2007, MP: Marco Gerardo Monroy), puntualizó que «los empleados y
trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y las
empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede
señalar distintas categorías jurídicas … Así pues … tanto las sociedades de economía mixta como las
empresas de servicios públicos son entidades descentralizadas pertenecientes a la Rama Ejecutiva, se
tiene que las personas que les prestan sus servicios son servidores públicos, por lo cual el legislador puede
señalar para ellos un régimen de inhabilidades e incompatibilidades».

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Y en tal contexto, previene el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 que quienes presten sus
servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas 3tendrán el carácter de
trabajadores particulares sometidos a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, de
lo que se extracta que la connotación de trabajador particular sería para efectos laborales,
sin que se desnaturalice la calidad de servidor público atribuida constitucionalmente a los
empleados de las entidades descentralizadas.

Al respecto, la Sección ha precisado -en casos análogos- que «el artículo 41 de la Ley 142 de
1994 prevé el régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo, aplicable a sus trabajadores, sin que con
ello se desconozca la naturaleza de las empresas de servicios públicos mixtas y privadas y su condición
de servidores públicos dada por ley al tratarse de una entidad descentralizada » (sentencias del 25 de
noviembre de 2021 y del 10 de noviembre de 2022, exps. 25452 y 20940, CCPP: Milton
Chaves García y Julio Roberto Piza).

3.2- Así, con base en la normativa aplicable a las empresas de servicios públicos
domiciliarios, sus trabajadores tendrían la calidad de servidores públicos y, en
consecuencia, de intervenir en los contratos y convenios descritos en el hecho imponible,
se generaría la estampilla, siempre que estos pertenezcan al correspondiente nivel
territorial, para el caso, el municipal. De modo que no encuentra la Sala ilegalidad alguna
al incluir las entidades descentralizadas en la descripción del hecho generador.

No prospera el cargo.

4- Respecto del siguiente problema jurídico, relativo a la inclusión de «y descentralizadas»
en la regulación local de la estampilla Pro Deporte y Recreación -art. 276 del acuerdo-,
la apelante planteó que debió observarse el artículo 6 de la ley 2023 de 2020, puesto que
según esta norma, la sujeción pasiva del tributo estaba circunscrita a la celebración de
contratos o convenios con entidades descentralizadas con capital público superior al
50%; sin embargo, la disposición se refirió de forma general a las entidades
descentralizadas, lo que las comprendería a todas, incluidas aquellas con un capital
público inferior al citado porcentaje. Además, señaló que, si bien el tribunal declaró la
legalidad condicionada del artículo 274 del acuerdo para reconocer la exención de los
convenios y contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios,
también debió anular la expresión cuestionada del artículo 276 demandado.

El municipio manifestó que este cargo estaba referido a que la actora tenía una
participación del 49% de capital público y del 51% de naturaleza privada, lo que señaló
como no acreditado, porque no se aportó una certificación del revisor fiscal que
demostrara dicha composición accionaria.

Por su parte, el tribunal señaló que la ley que creó la estampilla Pro Deporte no excluyó
a las entidades descentralizadas; sin embargo, advirtió que el parágrafo 1 del artículo 274
de la Ley 2023 de 2020 exoneró de la obligación tributaria a los convenios y contratos de
condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, y con fundamento en ello,
declaró la legalidad condicionada de tal disposición [la cual no había sido demandada,
conforme se advirtió en el acápite introductorio de las consideraciones].

4.1- Para dirimir la controversia, se advierte que, mediante la Ley 2023 de 2020, el
legislador estableció la Tasa Pro Deporte y Recreación, para lo cual facultó a las

3
Acorde con los ordinales 14.5, 14.6 y 14.7 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos domiciliarios
son: (i) oficiales, cuando su capital es de la nación, las entidades territoriales, descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de
los aportes; (ii) mixtas, cuando su capital público es igual o superior al 50%; y (iii) privadas, cuando su capital corresponde
«mayoritariamente» a particulares.

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asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales para adoptarla, con
el fin de destinar los recursos administrados por los respectivos territorios al fomento y
estímulo del deporte y la recreación, mediante planes, programas, proyectos y políticas
nacionales o territoriales. A tales efectos, la ley determinó, directamente, como sujeto
activo a la correspondiente entidad territorial que la adoptara y estableció como hecho
generador -art. 4- la «la suscripción de contratos y convenios que realicen la administración central del
departamento, municipio o distrito, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales
y sociales del estado del departamento, municipio o distrito, las sociedades de economía mixta donde la
entidad territorial posea capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas
indirectas con personas naturales o jurídicas». Y, como sujeto pasivo «toda persona natural o jurídica
que suscriba contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros,
obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren
con la administración central del departamento, municipio o distrito, sus establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales y sociales del estado de la entidad territorial respectiva y/o sus
entidades descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas
indirectas».

En el contexto anterior, los contratos o convenios señalados en la citada norma,
celebrados con entidades descentralizadas directas cuya participación de capital público
del correspondiente nivel territorial fuera del 50% o inferior, no generarían el tributo.

Ahora bien, en atención a dicha ley, el acuerdo demandado adoptó el tributo a partir del
artículo 274,indicando como hecho generador en el artículo 276 « la suscripción de contrato
y convenios y sus adiciones, que suscriba la administración municipal de Florencia y demás entidades del
orden municipal, empresas de economía mixta y unidades administrativas especiales con o sin personería
jurídica y descentralizadas, el concejo municipal y la personería municipal».

4.2- En el marco anterior, se advierte que la ley que estableció la Tasa Pro Deporte y
Recreación solo gravó los contratos o acuerdos celebrados con entidades
descentralizadas con capital público superior al 50%, lo cual no fue precisado en la norma
local, puesto que no hizo distinción alguna sobre tal aspecto, con lo cual quedarían
incluidas las entidades descentralizadas con menor participación pública municipal; sin
embargo, para la Sala tal imprecisión no implica la nulidad de la expresión «y
descentralizadas» demandada, pues con ello desaparecerían todas las entidades
descentralizadas, incluyendo las señaladas en la ley, por ello lo procedente es declarar
su legalidad condicionada a la interpretación que se ajuste a la previsión legal -artículo 4
de la Ley 2023 de 2020-; esto es, siempre que la entidad descentralizada -directa- que
intervenga en el contrato o convenio posea capital social o accionario superior al 50%.

Prospera el cargo de apelación.

5- De acuerdo con lo analizado, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia
apelada, a fin de declarar la legalidad condicionada del artículo 276 del acuerdo
demandado correspondiente a la Tasa Pro Deporte y Recreación, y negará las demás
pretensiones de nulidad.

Conclusión

6- Como contenido interpretativo de la presente sentencia, la Sala establece que,
tratándose de la estampilla Pro Cultura regulada en el artículo 266 del Acuerdo 2021019,
del 21 de diciembre de 2021, la inclusión en el hecho generador de las entidades
descentralizadas, categoría que comprende las empresas de servicios públicos
domiciliarios mixtas, no comportaba ilegalidad alguna, en tanto los trabajadores de tales
entidades, tendrían para tales efectos la connotación de servidores públicos. Ahora bien,
respecto de la estampilla Pro Deporte y Recreación, regulada en el artículo 276 ídem, el

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concejo municipal no podía extender el hecho generador a todas las entidades
descentralizadas, pues la Ley 2023 de 2020 limitó el hecho imponible a la intervención
en los contratos y convenios de las entidades descentralizadas -directas- donde la
entidad territorial posea capital social o accionario superior al 50%

Costas

7- Por tratarse de un asunto de interés público, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, conforme al artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada y, en su lugar:
Segundo. Declarar la legalidad condicionada de la expresión «y descentralizadas», contenida en el
artículo 276 del Acuerdo 2021019, del 21 de diciembre de 2021, mediante la cual se estableció el
hecho generador de la Tasa Pro Deporte y Recreación, en el entendido de que las entidades
descentralizadas -directas-, a que se refiere son aquellas donde la entidad territorial posea capital
social o accionario superior al 50%.

Negar las demás pretensiones.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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