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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00006-01

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00006-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA – HUILA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA CAQUETÁ, por las razones expuestas en la parte Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 18001 23 33 000 2023 00006 01 Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2023-00006-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 18001-23-33-002-2023-00006-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO. VACACIONES
INDIVIDUALES DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL. SE REITERA POSICIÓN
DE LA SALA SOBRE LA MATERIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO DIGNO, IGUALDAD Y DESCANSO
REMUNERADO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE NEIVA - HUILA, COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA CAQUETÁ1 contra la sentencia

de 2 de febrero de 2023, mediante la cual el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ2 amparó los derechos

fundamentales del actor y, en consecuencia, ordenó adelantar las

1
En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional.
2
En adelante el Tribunal.

2

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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ

gestiones administrativas y presupuestales con el fin de concederle

las vacaciones individuales y efectuar el nombramiento de la persona

que lo reemplace en el disfrute de sus vacaciones.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al trabajo digno, a la igualdad, y al descanso

remunerado los cuales consideró vulnerados por el CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAQUETÁ3, la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL, y el JUZGADO PROMISCUO DE

FAMILIA DE PUERTO RICO CAQUETÁ4, al negarle la expedición

del certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento

del reemplazo durante el disfrute de sus vacaciones individuales.

I.2.- Hechos

Manifestó que se encuentra vinculado en propiedad a la RAMA

3
En adelante el Consejo Seccional.
4
En adelante el Juzgado.

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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ

JUDICIAL, en el cargo de escribiente del circuito en la planta de

personal del JUZGADO.

Indicó que el 1o. de diciembre de 2022, solicitó al titular del juzgado

aludido, el reconocimiento de las vacaciones causadas entre el 1o.

de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022.

Afirmó que mediante Resolución núm. 001 de 5 de enero de 2023,

su nominador negó el disfrute de las vacaciones, toda vez que a

través de Oficio núm. DESAJNEO23-2 de 2 de enero de la misma

anualidad, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL había negado

la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para

efectuar un nombramiento de remplazo mientras estuviere de

descanso.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que existe reiterada y reciente jurisprudencia relacionada

con la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para

proveer el reemplazo del empleado que disfruta de vacaciones

individuales.

Señaló que las vacaciones o el descanso para los servidores públicos,

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constituye un derecho fundamental, el cual debe ser protegido por

vía de tutela en el momento que sea vulnerado por la autoridad

pública.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva Huila, ejecute de manera
inmediata, todas las acciones administrativas necesarias
encaminadas a expedir el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que
demande el nombramiento de un empleado judicial, que tenga
las competencias señaladas en la misma ley, para reemplazar el
cargo de Escribiente, mientras dure el término de disfrute de mis
vacaciones.

Una vez expedido y remitido dicho certificado, ordenar al Juez
Promiscuo de Familia de Puerto Rico Caquetá, que, en el menor
tiempo posible, proceda a conceder mediante acto
administrativo las vacaciones individuales, a partir del 07 de
febrero del año avante.

Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
Judicial Seccional Neiva – Dirección Financiera, o a quien haga
sus veces, que cada vez se adelante el trámite pertinente para
que se obtenga el Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
para la persona que me ha de reemplazar durante el disfrute de
vacaciones como servidora judicial. Ello para no incurrir en
temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que solicite
las vacaciones las nieguen por no contar con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, tenga que acudir a esta acción
constitucional por los mismos hechos y derechos […]”. (Negrilla
pertenece al texto)

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL manifestó que no goza de

legitimación en la causa por pasiva para ser vinculado dentro del

presente trámite constitucional, por cuanto las pretensiones están

encaminadas a que la Dirección Ejecutiva Seccional expida el

certificado de disponibilidad presupuestal a través de su oficina de

recursos humanos, dependencia responsable y encargada de surtir

dicho procedimiento en cumplimiento del numeral 6 del artículo 103

de la Ley 270 de 1996.

Afirmó que las pretensiones deberán ser despachadas

desfavorablemente, en tanto lo pretendido legalmente le

corresponde al nominador, es decir, al señor Juez Promiscuo de

Familia de Puerto Rico atendiendo la Ley Estatutaria de

Administración de Justicia.

I.5.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL solicitó su

desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al considerar

que no goza de competencia para pronunciarse sobre lo pretendido

por el tutelante.

Manifestó que le corresponde al Juez nominador conceder las

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vacaciones del accionante, en la medida en que el trámite y

expedición del CDP se disponga como decisión autónoma de la

administración.

Finalmente, indicó que la decisión adoptada frente a la negativa de

la expedición del CDP se encuentra fundamentada en la Circular

PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 y el concepto DEAJRHO17-

5287 del 12 de octubre de 2017, actos que gozan de presunción de

legalidad que no pueden ser desconocidos por el juez de tutela.

I.5.3.- El JUZGADO afirmó que negó la solicitud de vacaciones, por

cuanto la administración judicial rechazó la expedición del certificado

de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo

del solicitante.

Señaló que no es posible nombrar a uno de los empleados de la

planta de personal en el cargo de escribiente, por cuanto dos de los

tres cargos disponibles como lo son, el asistente social y el citador

judicial, no cuentan con el título de abogado y, por lo tanto, no

reúnen los requisitos para ser nombrados.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 de febrero de 2023, el TRIBUNAL amparó

los derechos fundamentales deprecados por el actor y, ordenó a la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL adelantar las gestiones

administrativas y presupuestales para efectuar el nombramiento de

la persona que reemplace al actor en el disfrute de sus vacaciones.

Asimismo, ordenó al JUZGADO expedir el acto administrativo en el

que disponga la concesión de las vacaciones individuales solicitadas

por el actor, así como el nombramiento de la persona que lo

reemplace durante el período de descanso.

Advirtió que los derechos fundamentales del actor fueron

trasgredidos, al considerar que los asuntos de índole administrativo

no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período

vacacional, por cuanto el descanso constituye un derecho

fundamental derivado del trabajo en condiciones dignas.

Asimismo, señaló que el actor no se encontraba en la capacidad de

soportar la falta de regulación del procedimiento que garantice la

expedición del CDP que permita cubrir los reemplazos de los

empleados judiciales que tienen el derecho al disfrute de sus

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vacaciones.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL cuestionó la providencia

de primera instancia, al señalar que el actor cuenta con otros medios

de defensa judicial, a través de los cuales puede solicitar la

suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados y

solicitar la protección de los derechos fundamentales invocados.

Precisó que carece de legitimidad en la causa por pasiva, en la

medida en que “[…] le corresponde al Juez Promiscuo de Familia y

no a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

Neiva, Huila conceder las vacaciones de la accionante […]”.

En ese sentido, solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar,

declarar la improcedencia de la acción de tutela y su desvinculación

del trámite constitucional.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA - HUILA,

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA CAQUETÁ,

en el escrito de impugnación solicitó la desvinculación de la presente

acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

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de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se

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rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela

de la referencia el actor pretende, entre otros aspectos, que se

ordene la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad

presupuestal para el disfrute de sus vacaciones.

Para la Sala, es claro que a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA - HUILA,

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA CAQUETÁ

le asiste un interés sustancial con lo que se discute en el proceso,

pues se trata de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo

que era necesaria su vinculación al proceso, independientemente de

que las pretensiones tuvieran o no vocación de prosperar.

En ese orden de ideas, se denegará la solicitud de desvinculación de

la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL del trámite en referencia,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

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Caso concreto

La Sala observa que en el presente caso el señor MARLIO

FERNANDO ADAYME RAMÍREZ interpuso acción de tutela con la

finalidad de obtener el amparo a sus derechos fundamentales al

trabajo digno, a la igualdad y al descanso remunerado.

El actor atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al

hecho de que a través de la Resolución núm. 001 de 5 de enero de

2023, el JUZGADO lo privó del derecho al disfrute de sus vacaciones

con ocasión de la negativa de la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar

su reemplazo durante dicho período.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, a través de sentencia de 2 de febrero 2023, amparó

los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al

descanso remunerado del actor, al considerar que los asuntos de

índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute

del período vacacional que legalmente le asiste; máxime, si se tiene

en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental

derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

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En consecuencia, el TRIBUNAL ordenó al JUZGADO expedir el acto

administrativo en el que se disponga la concesión de las vacaciones

individuales solicitadas por el actor, así como el nombramiento de la

persona que lo reemplace durante el período de descanso.

Igualmente, le ordenó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL

adelantar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias

para efectuar el nombramiento de la persona que reemplace al actor

en el disfrute de sus vacaciones.

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la decisión

argumentando: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva para

atender la orden impuesta, y ii) la existencia de otro mecanismo

judicial para solicitar la protección de los derechos fundamentales

deprecados.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la

acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL se oponga a la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la

contratación de una persona que reemplace al actor, vulnera sus

derechos fundamentales al impedir el disfrute pleno de sus

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vacaciones.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se

originó con ocasión a la expedición: I) del DESAJNEO23-2 de 2 de

enero de 2023, a través del cual la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL negó la expedición del certificado presupuestal

mencionado y; II) de la Resolución núm. 001 de 5 de enero de 2023,

a través de la cual le fue negada la petición de vacaciones, mientras

que la acción de tutela fue radicada el 19 de enero de 2023.

Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala

también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que por

una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección

inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los

trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control

y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la

necesidad de que se efectué un nombramiento de remplazo durante

el tiempo que esté en vacaciones5.

5
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.

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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama

Judicial

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución

Política establece:

“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte

Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor

de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho

que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante

el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.

Al efecto, en sentencia C-019 de 20046 la Corte Constitucional

señaló:

6
Mp Jaime Araújo Rentería.

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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ

“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.

En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente
causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería
justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso
económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos
se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y
derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.

Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional,
con arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin
el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero
de las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)

De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano

mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19627, dispone:

“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a

7
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”

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las mismas […].

Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios

de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el artículo 146

de la Ley 270 de 7 de marzo 19968, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós
días continuos por cada año de servicio […]”.

Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los

empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a

saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera

colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala

Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la

Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados

Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,

Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la

8
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la

RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus

vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por

tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.

Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de juicio

obrantes en el plenario9, se encuentra probado de forma relevante lo

siguiente:

• El actor, en calidad de escribiente del JUZGADO, solicitó a su

nominador que le fueran concedidas las vacaciones a que tenía

derecho por haber laborado durante el período comprendido entre el

1o. de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022.

• El titular del JUZGADO solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL la expedición del certificado de disponibilidad

presupuestal en aras de garantizar el nombramiento de un

reemplazo, que sustituyera al actor mientras disfrutaba de sus

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Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de primera instancia.

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Número único de radicación: 18001 23 33 000 2023 00006 01
Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ

vacaciones.

• Mediante Oficio núm. DESAJNEO23-2 de 2 de enero de 2023, la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal aludido, por las siguientes

razones:

“[…]No hay lugar de parte de esta Dirección Ejecutiva Seccional
de administración judicial, a expedir un certificado de
disponibilidad presupuestal para que sea nombrada una persona
en reemplazo del titular del cargo, mientras éste disfrute de su
derecho de vacaciones, pues la circular 44 del 23 de noviembre
de 2011 emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, no
contempla para el caso de los empleados. […]

En este caso, la planta de personal del Juzgado Promiscuo de
Familia de Puerto Rico Caquetá, cuenta con 5 cargo, una razón
que debemos tener en cuenta para abastecernos de expedir
certificados de disponibilidad presupuestal para nombrar
personal para reemplazos por vacaciones […]”

• A través de la Resolución núm. 001 de 2 de enero de 2023, ante la

imposibilidad de efectuar un nombramiento de remplazo, el

nominador del actor negó las vacaciones solicitadas teniendo en

cuenta la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional para expedir

el certificado de disponibilidad presupuestal.

Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial

aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el

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criterio del a quo, en el sentido de que las circunstancias

administrativas no pueden limitar el goce y disfrute del período

vacacional que legalmente le asiste a la actora, teniendo en cuenta

la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al trabajo, donde el

descanso constituye una garantía fundamental del empleado,

además de una prestación social y un derecho económico relacionado

con la salud y la seguridad social de las personas.

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta

de restricciones administrativas no es una obligación que deba

soportar el actor, además porque las dificultades de la carga laboral

y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden

proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos

judiciales.

Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del recurrente,

según el cual bastaría con ordenar al nominador del actor concederle

las vacaciones sin que se dispusiera sobre el certificado de

disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de

remplazo.

Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho al

trabajo en condiciones dignas del actor y el de sus compañeros del

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Juzgado, al romper el desarrollo armónico y eficiente de las tareas

asignadas a cada empleado.

Al respecto, se destaca que en asuntos como el presente, de forma

reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en

dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el

reemplazo del empleado durante sus vacaciones10.

El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala y el a quo,

sino que también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la

SECCIÓN QUINTA de esta Corporación.

Así, en sentencia de 19 de agosto de 202111, la SECCIÓN CUARTA

señaló:

“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole
administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas. […]

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2021,CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04630-00.

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De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y
a la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca,
Dirección Financiera y al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
de manera coordinada, dentro de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan,
para que la Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá nombre el reemplazo de la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, y así materialice el derecho al disfrute
del descanso remunerado […]”

De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202112, la

SECCIÓN QUINTA expuso:

“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la
Sala considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones
dignas del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, por lo que se impone tutelar el derecho conculcado y,
en consecuencia, se dispondrá:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a
la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales adopte las medidas que se requieren para conceder
las vacaciones del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos […]”.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-2021-
04993-00.

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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ

Corolario a lo anterior, la Sala señala que la orden impuesta por el a

quo a la impugnante, a efectos de que adelante las gestiones

administrativas y presupuestales necesarias para el nombramiento

de la persona que reemplace al actor en el disfrute de sus vacaciones,

es congruente como medida requerida para garantizar el amparo

concedido.

En ese orden de ideas, en la medida que los reproches de la

impugnación estudiada no tienen vocación de prosperar, el fallo

proferido en primera instancia será confirmado, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE

NEIVA – HUILA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE

FLORENCIA CAQUETÁ, por las razones expuestas en la parte

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motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto parcial

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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