Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00006-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00006-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2023-00006-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 18001-23-33-002-2023-00006-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO. VACACIONES
INDIVIDUALES DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL. SE REITERA POSICIÓN
DE LA SALA SOBRE LA MATERIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO DIGNO, IGUALDAD Y DESCANSO
REMUNERADO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE NEIVA - HUILA, COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA CAQUETÁ1 contra la sentencia
de 2 de febrero de 2023, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ2 amparó los derechos
fundamentales del actor y, en consecuencia, ordenó adelantar las
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En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional.
2
En adelante el Tribunal.
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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ
gestiones administrativas y presupuestales con el fin de concederle
las vacaciones individuales y efectuar el nombramiento de la persona
que lo reemplace en el disfrute de sus vacaciones.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo digno, a la igualdad, y al descanso
remunerado los cuales consideró vulnerados por el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAQUETÁ3, la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL, y el JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DE PUERTO RICO CAQUETÁ4, al negarle la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento
del reemplazo durante el disfrute de sus vacaciones individuales.
I.2.- Hechos
Manifestó que se encuentra vinculado en propiedad a la RAMA
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En adelante el Consejo Seccional.
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En adelante el Juzgado.
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JUDICIAL, en el cargo de escribiente del circuito en la planta de
personal del JUZGADO.
Indicó que el 1o. de diciembre de 2022, solicitó al titular del juzgado
aludido, el reconocimiento de las vacaciones causadas entre el 1o.
de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022.
Afirmó que mediante Resolución núm. 001 de 5 de enero de 2023,
su nominador negó el disfrute de las vacaciones, toda vez que a
través de Oficio núm. DESAJNEO23-2 de 2 de enero de la misma
anualidad, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL había negado
la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para
efectuar un nombramiento de remplazo mientras estuviere de
descanso.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que existe reiterada y reciente jurisprudencia relacionada
con la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para
proveer el reemplazo del empleado que disfruta de vacaciones
individuales.
Señaló que las vacaciones o el descanso para los servidores públicos,
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constituye un derecho fundamental, el cual debe ser protegido por
vía de tutela en el momento que sea vulnerado por la autoridad
pública.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva Huila, ejecute de manera
inmediata, todas las acciones administrativas necesarias
encaminadas a expedir el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que
demande el nombramiento de un empleado judicial, que tenga
las competencias señaladas en la misma ley, para reemplazar el
cargo de Escribiente, mientras dure el término de disfrute de mis
vacaciones.
Una vez expedido y remitido dicho certificado, ordenar al Juez
Promiscuo de Familia de Puerto Rico Caquetá, que, en el menor
tiempo posible, proceda a conceder mediante acto
administrativo las vacaciones individuales, a partir del 07 de
febrero del año avante.
Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
Judicial Seccional Neiva – Dirección Financiera, o a quien haga
sus veces, que cada vez se adelante el trámite pertinente para
que se obtenga el Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
para la persona que me ha de reemplazar durante el disfrute de
vacaciones como servidora judicial. Ello para no incurrir en
temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que solicite
las vacaciones las nieguen por no contar con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, tenga que acudir a esta acción
constitucional por los mismos hechos y derechos […]”. (Negrilla
pertenece al texto)
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL manifestó que no goza de
legitimación en la causa por pasiva para ser vinculado dentro del
presente trámite constitucional, por cuanto las pretensiones están
encaminadas a que la Dirección Ejecutiva Seccional expida el
certificado de disponibilidad presupuestal a través de su oficina de
recursos humanos, dependencia responsable y encargada de surtir
dicho procedimiento en cumplimiento del numeral 6 del artículo 103
de la Ley 270 de 1996.
Afirmó que las pretensiones deberán ser despachadas
desfavorablemente, en tanto lo pretendido legalmente le
corresponde al nominador, es decir, al señor Juez Promiscuo de
Familia de Puerto Rico atendiendo la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.
I.5.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL solicitó su
desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al considerar
que no goza de competencia para pronunciarse sobre lo pretendido
por el tutelante.
Manifestó que le corresponde al Juez nominador conceder las
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vacaciones del accionante, en la medida en que el trámite y
expedición del CDP se disponga como decisión autónoma de la
administración.
Finalmente, indicó que la decisión adoptada frente a la negativa de
la expedición del CDP se encuentra fundamentada en la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 y el concepto DEAJRHO17-
5287 del 12 de octubre de 2017, actos que gozan de presunción de
legalidad que no pueden ser desconocidos por el juez de tutela.
I.5.3.- El JUZGADO afirmó que negó la solicitud de vacaciones, por
cuanto la administración judicial rechazó la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo
del solicitante.
Señaló que no es posible nombrar a uno de los empleados de la
planta de personal en el cargo de escribiente, por cuanto dos de los
tres cargos disponibles como lo son, el asistente social y el citador
judicial, no cuentan con el título de abogado y, por lo tanto, no
reúnen los requisitos para ser nombrados.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 2 de febrero de 2023, el TRIBUNAL amparó
los derechos fundamentales deprecados por el actor y, ordenó a la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL adelantar las gestiones
administrativas y presupuestales para efectuar el nombramiento de
la persona que reemplace al actor en el disfrute de sus vacaciones.
Asimismo, ordenó al JUZGADO expedir el acto administrativo en el
que disponga la concesión de las vacaciones individuales solicitadas
por el actor, así como el nombramiento de la persona que lo
reemplace durante el período de descanso.
Advirtió que los derechos fundamentales del actor fueron
trasgredidos, al considerar que los asuntos de índole administrativo
no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período
vacacional, por cuanto el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del trabajo en condiciones dignas.
Asimismo, señaló que el actor no se encontraba en la capacidad de
soportar la falta de regulación del procedimiento que garantice la
expedición del CDP que permita cubrir los reemplazos de los
empleados judiciales que tienen el derecho al disfrute de sus
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vacaciones.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL cuestionó la providencia
de primera instancia, al señalar que el actor cuenta con otros medios
de defensa judicial, a través de los cuales puede solicitar la
suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados y
solicitar la protección de los derechos fundamentales invocados.
Precisó que carece de legitimidad en la causa por pasiva, en la
medida en que “[…] le corresponde al Juez Promiscuo de Familia y
no a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva, Huila conceder las vacaciones de la accionante […]”.
En ese sentido, solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de tutela y su desvinculación
del trámite constitucional.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA - HUILA,
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA CAQUETÁ,
en el escrito de impugnación solicitó la desvinculación de la presente
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
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de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
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rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela
de la referencia el actor pretende, entre otros aspectos, que se
ordene la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal para el disfrute de sus vacaciones.
Para la Sala, es claro que a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA - HUILA,
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA CAQUETÁ
le asiste un interés sustancial con lo que se discute en el proceso,
pues se trata de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo
que era necesaria su vinculación al proceso, independientemente de
que las pretensiones tuvieran o no vocación de prosperar.
En ese orden de ideas, se denegará la solicitud de desvinculación de
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL del trámite en referencia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ
Caso concreto
La Sala observa que en el presente caso el señor MARLIO
FERNANDO ADAYME RAMÍREZ interpuso acción de tutela con la
finalidad de obtener el amparo a sus derechos fundamentales al
trabajo digno, a la igualdad y al descanso remunerado.
El actor atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al
hecho de que a través de la Resolución núm. 001 de 5 de enero de
2023, el JUZGADO lo privó del derecho al disfrute de sus vacaciones
con ocasión de la negativa de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar
su reemplazo durante dicho período.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, a través de sentencia de 2 de febrero 2023, amparó
los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al
descanso remunerado del actor, al considerar que los asuntos de
índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del período vacacional que legalmente le asiste; máxime, si se tiene
en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental
derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.
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En consecuencia, el TRIBUNAL ordenó al JUZGADO expedir el acto
administrativo en el que se disponga la concesión de las vacaciones
individuales solicitadas por el actor, así como el nombramiento de la
persona que lo reemplace durante el período de descanso.
Igualmente, le ordenó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
adelantar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias
para efectuar el nombramiento de la persona que reemplace al actor
en el disfrute de sus vacaciones.
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la decisión
argumentando: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva para
atender la orden impuesta, y ii) la existencia de otro mecanismo
judicial para solicitar la protección de los derechos fundamentales
deprecados.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL se oponga a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la
contratación de una persona que reemplace al actor, vulnera sus
derechos fundamentales al impedir el disfrute pleno de sus
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vacaciones.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se
originó con ocasión a la expedición: I) del DESAJNEO23-2 de 2 de
enero de 2023, a través del cual la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL negó la expedición del certificado presupuestal
mencionado y; II) de la Resolución núm. 001 de 5 de enero de 2023,
a través de la cual le fue negada la petición de vacaciones, mientras
que la acción de tutela fue radicada el 19 de enero de 2023.
Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala
también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que por
una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección
inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los
trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control
y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la
necesidad de que se efectué un nombramiento de remplazo durante
el tiempo que esté en vacaciones5.
5
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.
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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama
Judicial
Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución
Política establece:
“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.
Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte
Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor
de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho
que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante
el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.
Al efecto, en sentencia C-019 de 20046 la Corte Constitucional
señaló:
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Mp Jaime Araújo Rentería.
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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ
“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.
En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente
causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería
justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso
económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos
se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y
derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.
Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional,
con arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin
el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero
de las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)
De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano
mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19627, dispone:
“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
7
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
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las mismas […].
Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios
de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el artículo 146
de la Ley 270 de 7 de marzo 19968, en los siguientes términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós
días continuos por cada año de servicio […]”.
Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a
saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera
colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la
RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus
vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por
tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.
Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de juicio
obrantes en el plenario9, se encuentra probado de forma relevante lo
siguiente:
• El actor, en calidad de escribiente del JUZGADO, solicitó a su
nominador que le fueran concedidas las vacaciones a que tenía
derecho por haber laborado durante el período comprendido entre el
1o. de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022.
• El titular del JUZGADO solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal en aras de garantizar el nombramiento de un
reemplazo, que sustituyera al actor mientras disfrutaba de sus
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Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de primera instancia.
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vacaciones.
• Mediante Oficio núm. DESAJNEO23-2 de 2 de enero de 2023, la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal aludido, por las siguientes
razones:
“[…]No hay lugar de parte de esta Dirección Ejecutiva Seccional
de administración judicial, a expedir un certificado de
disponibilidad presupuestal para que sea nombrada una persona
en reemplazo del titular del cargo, mientras éste disfrute de su
derecho de vacaciones, pues la circular 44 del 23 de noviembre
de 2011 emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, no
contempla para el caso de los empleados. […]
En este caso, la planta de personal del Juzgado Promiscuo de
Familia de Puerto Rico Caquetá, cuenta con 5 cargo, una razón
que debemos tener en cuenta para abastecernos de expedir
certificados de disponibilidad presupuestal para nombrar
personal para reemplazos por vacaciones […]”
• A través de la Resolución núm. 001 de 2 de enero de 2023, ante la
imposibilidad de efectuar un nombramiento de remplazo, el
nominador del actor negó las vacaciones solicitadas teniendo en
cuenta la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional para expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el
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criterio del a quo, en el sentido de que las circunstancias
administrativas no pueden limitar el goce y disfrute del período
vacacional que legalmente le asiste a la actora, teniendo en cuenta
la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al trabajo, donde el
descanso constituye una garantía fundamental del empleado,
además de una prestación social y un derecho económico relacionado
con la salud y la seguridad social de las personas.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta
de restricciones administrativas no es una obligación que deba
soportar el actor, además porque las dificultades de la carga laboral
y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden
proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos
judiciales.
Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del recurrente,
según el cual bastaría con ordenar al nominador del actor concederle
las vacaciones sin que se dispusiera sobre el certificado de
disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de
remplazo.
Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho al
trabajo en condiciones dignas del actor y el de sus compañeros del
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Juzgado, al romper el desarrollo armónico y eficiente de las tareas
asignadas a cada empleado.
Al respecto, se destaca que en asuntos como el presente, de forma
reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en
dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el
reemplazo del empleado durante sus vacaciones10.
El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala y el a quo,
sino que también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la
SECCIÓN QUINTA de esta Corporación.
Así, en sentencia de 19 de agosto de 202111, la SECCIÓN CUARTA
señaló:
“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole
administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas. […]
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2021,CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04630-00.
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De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y
a la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca,
Dirección Financiera y al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
de manera coordinada, dentro de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan,
para que la Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá nombre el reemplazo de la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, y así materialice el derecho al disfrute
del descanso remunerado […]”
De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202112, la
SECCIÓN QUINTA expuso:
“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la
Sala considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones
dignas del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, por lo que se impone tutelar el derecho conculcado y,
en consecuencia, se dispondrá:
i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a
la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales adopte las medidas que se requieren para conceder
las vacaciones del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos […]”.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-2021-
04993-00.
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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ
Corolario a lo anterior, la Sala señala que la orden impuesta por el a
quo a la impugnante, a efectos de que adelante las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para el nombramiento
de la persona que reemplace al actor en el disfrute de sus vacaciones,
es congruente como medida requerida para garantizar el amparo
concedido.
En ese orden de ideas, en la medida que los reproches de la
impugnación estudiada no tienen vocación de prosperar, el fallo
proferido en primera instancia será confirmado, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
NEIVA – HUILA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE
FLORENCIA CAQUETÁ, por las razones expuestas en la parte
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Actor: MARLIO FERNANDO ADAYME RAMÍREZ
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de febrero de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto parcial
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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