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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00010-01

Fecha
13 de abril de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00010-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de febrero de 2023 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Perdomo España en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia. En su lugar: SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Héctor Perdomo España en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2023-00010-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

13 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01
Accionante: HÉCTOR PERDOMO ESPAÑA
Accionado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE FLORENCIA – CAQUETÁ

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / derecho
fundamental a la igualdad / auto incidente de
desacato / error inducido / desconocimiento del
precedente / violación directa de la Constitución

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 10 de febrero de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró la
improcedencia del amparo solicitado por el señor Héctor Perdomo
España en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Florencia – Caquetá.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección del derecho fundamental a la igualdad
formulada por la parte accionante se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Héctor Perdomo España instauró acción de tutela en contra de
la Dirección Administrativa de Neiva - Coordinación de Administración
Judicial de Florencia, con el fin de obtener la protección de su derecho
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Accionante: Héctor Perdomo España

fundamental a la igualdad, el cual estimó vulnerado por aquella
autoridad al limitar el uso del ascensor desde el sótano del edificio
“Gerardo Cortés Castañeda” exclusivamente para los jueces y
magistrados.

Como fundamento de su solicitud de amparo, indicó que al no permitir
el ingreso de todos los empleados al edificio de la Rama Judicial se
estaba discriminando al personal por los cargos que ocupaban,
principalmente a los trabajadores que tienen asignado un espacio en el
parqueadero, como es el caso del accionante.

El Tribunal Administrativo del Caquetá en el trámite de segunda
instancia de la tutela presentada por el accionante, profirió sentencia el
28 de septiembre de 2022 a través de la cual amparó el derecho a la
igualdad, y, en consecuencia, dispuso:

«ORDENAR, como consecuencia de lo anterior, a la DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA - OFICINA DE
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA para
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la
presente decisión, se adopten las medidas necesarias tendientes a permitir que el
señor HÉCTOR PERDOMO ESPAÑA pueda hacer uso del ascensor ubicado en el
sótano del Palacio de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” de la ciudad de Florencia,
siempre y cuando tenga asignado un parqueadero en dicho nivel; precisándose que
el amparo lo cobija única y exclusivamente a él, como beneficiario de un cupo de
parqueo, sin que, en forma alguna, se extienda a los demás servidores que laboran
en el referido palacio de justicia.»

El accionante formuló incidente de desacato en dos ocasiones, los
cuales fueron resueltos en las providencias del 10 de octubre y 10 de
noviembre de 2022. En el primer pronunciamiento, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia – Caquetá resolvió
abstenerse de dar apertura al incidente de desacato promovido por la
parte accionante, mientras que en la segunda oportunidad se abstuvo
de imponer sanción al declarar la imposibilidad física y jurídica de
cumplir con la sentencia de tutela.

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

En la acción de tutela, la parte accionante indicó que las providencias
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia vulneraron su derecho fundamental a la igualdad por incurrir
en los siguientes defectos:

3.1. Error inducido: la autoridad judicial accionada fue víctima del
engaño por parte de la Coordinación de Administración Judicial de
Florencia al tener como válida la recomendación que dio el contratista
ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. de retirar del parqueadero el
espacio asignado a las motocicletas por encontrarse en la nueva área
de la subestación eléctrica del edificio.

3.2. Desconocimiento del precedente: el accionante sostuvo que el
juzgado accionado se apartó de la jurisprudencia establecida en la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá del 28 de
septiembre de 2022, mediante la cual se resolvió la acción de tutela que
amparó su derecho a la igualdad y ordenó que se le permitiera el uso
del ascensor a partir del sótano del edificio.

3.3. Violación directa de la Constitución: argumentó que las
providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia transgreden el derecho fundamental a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, al permitir
que continúe con la discriminación laboral de la cual es víctima.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

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«Primero: Restablecerme el derecho fundamental de igualdad que me asiste,
atendiendo los lineamientos constitucionales señalados en la jurisprudencia y la
decisión de segunda instancia, proferido el 28 de septiembre del año
inmediatamente anterior, adoptado por el Tribunal Administrativo, siendo
Magistrado Ponente el doctor PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE.

Segundo: Se ordene a la parte accionada subsanar esta irregularidad y se restituya
mi derecho, en el sentido, de ordenar a la señora Juez Cuarto Administrativo, hacer
cumplir la decisión de segunda instancia; asimismo restablecer los derechos de
todo el personal que laboramos al servicio de la Rama Judicial y en su momento
tenían asignado un garaje». (sic en todo el texto)

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 31 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Caquetá admitió la acción de la referencia y ordenó notificar al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia como accionado
y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva –
Coordinación Administrativa de Florencia como terceros interesados en
las resultas del proceso.

5. INTERVENCIONES

5.1. El Juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia informó que el accionante ha presentado tres incidentes de
desacato, teniendo como último el resuelto en providencia del 25 de
enero de 2023, en la cual el despacho sustanciador se abstuvo de dar
apertura del incidente de desacato solicitado, dado que se verificó que
persistía la situación que llevó a declarar la imposibilidad física y jurídica
de cumplir con la sentencia de tutela.

Indicó que las providencias atacadas han sido expedidas respetando y
garantizando los derechos fundamentales al debido proceso,
contradicción, defensa y acceso a la administración de justicia del
accionante.

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5.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva
– Coordinación Administrativa de Florencia, por intermedio del
coordinador del área de asistencia legal de la entidad, señaló que se
dio cumplimiento a la sentencia del 28 de septiembre de 2022 por
medio del oficio del 30 de septiembre del mismo año que ordenó
permitir el uso del ascensor desde el sótano al accionante. De igual
forma, indicó que la recomendación planteada por el contratista
ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. suspendió desde el 2 de
noviembre de 2022 los servicios de parqueo de algunos vehículos, entre
ellos el del accionante.

En consecuencia, al no ser beneficiario de un cupo de parqueadero, se
imposibilita seguir acatando lo ordenado en el fallo del 28 de
septiembre de 2022, toda vez que, como lo expuso el juzgado
accionado, en los dos últimos trámites de los incidentes presentados,
al perder el espacio asignado para el parqueo de su motocicleta la orden
impartida desborda la situación actual del caso.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 10 de
febrero de 2023 declaró improcedente el amparo solicitado al no
satisfacer el requisito de incidencia directa y determinante de la
irregularidad procesal alegada en el sentido de la decisión, puesto que
entre lo resuelto en la acción de tutela y lo planteado en el incidente de
desacato no existe una relación inescindible e insoslayable.

Lo anterior teniendo en cuenta que la sentencia de tutela del 28 de
septiembre de 2022 le ordenó a la DEAJ de Neiva permitir el uso del
ascensor desde el sótano del edificio judicial al accionante siempre y
cuando tuviera asignado un parqueadero. No obstante, el incidente de
desacato se inició porque al señor Perdomo España se le había retirado

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su cupo de dicho estacionamiento.

En consecuencia, el fallo de tutela no versó sobre la asignación de
parqueaderos, sino sobre el uso del ascensor por parte de las personas
que tenían un cupo asignado, por lo que las irregularidades procesales
planteadas por el actor no tienen influencia directa en la decisión del
incidente.

7. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991
y 333 de 2021.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

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• ¿El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia, con la expedición de las providencias del 10 de octubre
y 10 de noviembre del 2022 incurrió en los defectos de error
inducido, desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración del derecho
fundamental a la igualdad de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, ii) los requisitos de procedencia de la tutela contra
providencia proferida en el trámite de un incidente de desacato, iii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarse procedente iv) el
error inducido, v) el desconocimiento del precedente, vi) la violación
directa de la Constitución y vii) el caso concreto.

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de

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la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto las providencias cuestionadas
se profirieron el 10 de octubre y 10 de noviembre del 2022 y la acción
de tutela se presentó el 19 de enero de 2023.

3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia de un error inducido,

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desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.

3.1.5 De igual modo, en lo establecido con el requisito relacionado con
que la irregularidad procesal devenga en sustancia, es necesario
reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas
que dan a entender cuándo un asunto debe cumplir con el requisito de
irregularidad procesal. Así, en sentencia SU-061 de 2018, indicó lo
siguiente:

«De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, en los casos
que la demanda alegue la configuración de una irregularidad procesal, “debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”3. No obstante
lo anterior, “si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de
imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello
[habría] lugar a la anulación del juicio”4. Dicho de otro modo, al juez
constitucional le corresponde advertir que la irregularidad procesal alegada es de tal
magnitud, que por la situación que involucra, claramente pueden transgredirse
garantías iusfundamentales5.»

Así las cosas, contrario a lo indicado por el juez de primera instancia,
la Sala advierte que en el caso objeto de estudio no se expone una
irregularidad meramente procesal, sino que lo argumentado revela la
posible afectación de un derecho sustancial. En efecto, el accionante
expone que con las providencias cuestionadas se desconoció la orden
impartida en sede de tutela.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela a
efectos de identificar si se incurrió en la vulneración del derecho
fundamental alegado.

3
Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
4
Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005 y T-586 de 2012.
5
Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-537 de 2017.
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3.2. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL TRÁMITE DE UN INCIDENTE
DE DESACATO

Adicional a los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, tratándose de una decisión judicial proferida en el
trámite de un incidente de desacato, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional se deben cumplir los siguientes requisitos: «(i) los
argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en
la acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir
alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de
desacato; y (iii) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas
que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía que
practicar de oficio»6.

A propósito, en sentencia SU-034 de 2018, el Alto Tribunal precisó:

«En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta
Corporación sostiene que para enervar mediante acción de tutela la
providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que
se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se
interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos,
la configuración una de las causales específicas (defectos)
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones
nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no
puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un
principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de
oficio».

6
Corte Constitucional. Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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En ese sentido se deberá verificar si en el caso concreto se cumple los
supuestos citados a fin de determinar sobre la procedencia de la acción.

3.3. ERROR INDUCIDO

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional7, el error inducido
ocurre cuando una providencia judicial «en apariencia no tiene defectos
endógenos, pues fue adoptada con respeto al principio del debido
proceso, con base en los elementos probatorios que obran en el
expediente y con fundamento en una interpretación razonable de la ley,
sin embargo, presenta vicios exógenos, ya que si bien fue proferida
bajo la determinación o influencia de aspectos correctamente aportados
al proceso, estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia
se fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso,
pero con información falsa, equivocada o imprecisa8, que ocasiona la
vulneración de derechos fundamentales»9.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que para que se
configure un error inducido, deben confluir los siguientes presupuestos:

«a) La providencia que contiene el error está en firme;

b) La decisión judicial se adopta siguiendo los presupuestos del debido
proceso, de tal forma que no es consecuencia de una actuación dolosa o
culposa del juez;

c) No obstante el juez haber actuado con la debida diligencia, la decisión
resulta equivocada en cuanto se fundamenta en la apreciación de hechos
o situaciones jurídicas en las cuales hay error;

d) El error no es atribuible al funcionario judicial si no al actuar de un
tercero (órgano estatal u otra persona natural o jurídica); y

7
Corte Constitucional, sentencia T-273-17.
8
Ver Sentencias T-590 de 2009 y SU-917 de 2013 (…).
9
Corte Constitucional, sentencia T-273-17.
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e) La providencia judicial produce un perjuicio ius fundamental»10.

En suma, en el marco de esta causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial no se reprocha la actuación del juez,
en cuanto a algún asunto de forma, competencia o argumentación,
pues el vicio proviene de la actuación inconstitucional de otros que
provocan el error en el fallo que se profiere11.

3.4. DEL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección
y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades
judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con
ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma12.

En ese sentido, el precedente judicial13 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho14.

10
Corte Constitucional, sentencia T-863-13.
11
Corte Constitucional, sentencia T-487-18.
12
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
13
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores
a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de
emitir un fallo”.
14
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
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En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido15. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”16.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”17.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales18, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del

15
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes
para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
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que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se portegen el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial19.

3.5. 3.4. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales»20.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que
procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando
se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez
en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la
jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la
Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones

19
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20
Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
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constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad»21.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como
los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la impugnación instaurada por la parte
accionante en contra de la sentencia de 10 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor
Perdomo España en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia.

Revisadas las piezas procesales que reposan en el expediente, la Sala
observa lo siguiente:

El Tribunal Administrativo de Caquetá, a través de sentencia del 28 de
septiembre de 2022 concedió el amparo constitucional requerido por el
hoy accionante y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Neiva – Oficina de Coordinación de
Administración Judicial de Florencia que se adoptaran las medidas
necesarias tendientes a permitir que el señor Perdomo España use el
ascensor desde el sótano del edificio judicial “Gerardo Cortés
Castañeda”, ubicado en la ciudad de Florencia - Caquetá, siempre y
cuando contara con un parqueadero asignado.

21
Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.
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El 6 de octubre de 2022, el accionante presentó incidente de desacato
por el presunto incumplimiento de la sentencia de 28 de septiembre de
2022. Al respecto, explicó que el coordinador administrativo judicial de
Florencia no había impartido la orden de permitir el uso del ascensor
desde el sótano del edificio. Sin embargo, mediante memorial del 7 de
octubre de 2022 la entidad accionada allegó informe indicando el
cumplimiento del fallo de tutela, al autorizar al señor Perdomo España
el uso del elevador, afirmación que en su momento fue ratificada por el
accionante en comunicación telefónica sostenida con el profesional
universitario del juzgado el 10 de octubre de 2022.

En consecuencia, la autoridad judicial accionada profirió el auto del 10
de octubre de 2022, por medio del cual se abstuvo de dar apertura del
incidente de desacato y dio por cumplida la sentencia del fallo de tutela.

Sin embargo, el 31 de octubre de 2022 el accionante solicitó
nuevamente dar inicio al trámite incidental de desacato contra la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva – Oficina de
Coordinación de Administración Judicial de Florencia, argumentando
que por medio de la Circular CAFLC22-46 expedida por la Coordinación
de Administración Judicial de Florencia, se le informó que debido a las
modificaciones eléctricas, civiles y electromecánicas realizadas en el
edificio “Gerardo Cortés Castañeda” por el contratista ENERGY
CONSULTING GROUP S.A.S. y siguiendo las recomendaciones del
mismo, se ordenó retirar el parqueadero asignado a los vehículos
automotores que se encontraban cerca de la subestación eléctrica,
entre esos, el del accionante.

Por lo anterior, manifestó que la mencionada decisión por parte de la
Coordinación de Administración Judicial de Florencia fue un acto
«revanchista y provocador» lo cual vulnera a todas luces el derecho
fundamental a la igualdad amparado en la sentencia de 28 de

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septiembre de 2022.

Así las cosas, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia procedió a dar apertura al incidente de desacato mediante
auto del 3 de noviembre de 2022, por lo que le otorgó a la parte
accionada el término de tres (3) días para ejercer su derecho de
contradicción y defensa.

Finalmente, en providencia del 10 de noviembre de 2022 el juzgado
accionado decidió abstenerse de imponer sanción a la parte accionada
y declaró la imposibilidad fáctica y jurídica de cumplir con la sentencia
de 28 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, al concluir, del pronunciamiento y las pruebas allegadas
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva – Oficina
de Coordinación de Administración Judicial de Florencia, que las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen al fallo de
tutela y que fueron señaladas como condiciones sine qua non para
mantener el amparo constitucional han cambiado, comoquiera que el
accionante perdió el cupo asignado que tenía en el parqueadero.

En efecto, el juzgado señaló lo siguiente:

«(…) Con el fin de constatar el cumplimiento del requisito objetivo, siendo este el
de verificar si a la fecha se encuentra cumplida la orden de tutela del 28 de
septiembre de 2022, observa el Despacho que, al actor actualmente no le es
permitido el ingreso a las instalaciones del Palacio de Justicia “Gerardo Cortés
Castañeda” por el sótano, pese a que se ordenó a la empresa Laos Seguridad la
autorización del ingreso del actor por el sótano y por el ascensor, haciendo uso del
parqueadero con el cupo # 63 que le fue asignado en dicho nivel para el
estacionamiento de su motocicleta. Ello al indicar que existen nuevos eventos que
impiden dar cumplimiento a lo ordenado, por un lado porque la orden quedó
condicionada a que éste poseyera un cupo en dicho nivel y por otro lado, debido a
las recomendaciones emitidas por el contratista ENERGY CONSULTING GROUP
S.A.S, el cual realizó unas recomendaciones en torno a la prohibición del parqueo
de motocicletas en el área de la nueva subestación eléctrica, permitiendo solamente
el servicio de parqueadero para automóviles, pues se redujo el área de parqueo lo
que conllevó a la imposibilidad del servicio de parqueo para todas las motocicletas

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con cupo asignado en el sótano.

Así las cosas, sería del caso encontrar acreditado el elemento objetivo del caso,
necesario para imponer la sanción por desacato que corresponde, no obstante, se
considera que deviene una imposibilidad física y jurídica de cumplir la orden
judicial, ya que la determinación de impedir el acceso del actor a las instalaciones
del Palacio de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” por el sótano, no responde al
capricho de la entidad incidentada sino a las recomendaciones de la contratista
ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. que responde al cumplimiento de las
normas del RETIE necesarias para la certificaciones de las instalaciones de la
subestación eléctrica y por otro, por la necesidad de brindar seguridad, pues dicha
zona por su naturaleza conlleva un riesgo para las personas, por lo que dicha
decisión resulta ajena a la querer de la administración y se encuentra fundada en
razones objetivas.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional con relación al
cumplimiento de las ordenes de tutela y el trámite incidental correspondiente,
manifestó:

“Por otra parte, se ha dicho que la solicitud de cumplimiento puede ser iniciada
ya sea por el juez competente, o bien por el Ministerio Público, mientras que el
incidente de desacato necesita de la solicitud del interesado para que se pueda
tramitar, y por regla general el competente para conocer de ambas figuras es el
juez de primera instancia. Además de ello es preciso tener en cuenta que sobre
estas decisiones no cabe recurso alguno, salvo que se sancione con desacato, y
que estas decisiones no deben ser enviadas a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

También es preciso mencionar que hay casos en los cuales los fallos de tutela son
de imposible cumplimiento (excepcionalmente), pero el destinatario de la orden
está obligado a demostrar esa imposibilidad de manera inmediata, eficiente, clara
y definitiva, caso en los cuales la jurisprudencia ha permitido la posibilidad de
que el juez profiera órdenes adicionales a las originalmente impartidas o
introduzca ajustes a la orden inicial, siempre que se respete el alcance dela
protección y el principio dela cosa juzgada acudir a otros medios de defensa que
equiparen la protección del derecho fundamental. Para ello ha señalado una serie
delineamientos:

“(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es
necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque: (a) la
orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado,
o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de
forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o (c) porque
es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir.
(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas
deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido
original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el
goce efectivo del derecho fundamental tutelado.
(3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en
cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea

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necesario para alcanzar dicha finalidad.
(4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducción posible de la
protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y
eficaz.”

Asimismo dentro del trámite se le debe garantizar el debido proceso a la autoridad
acusada, manifestado en la posibilidad de exponer las razones por las cuales no
ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela y presente sus
argumentos de defensa.”

Así mismo, en sentencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional, indicó:

“En este orden de ideas, la autoridad que adelante el incidente de desacato se debe
limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) en
qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente
existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de
ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo
ordenado dentro del proceso.

Empero, esta Corporación ha admitido en determinados eventos la posibilidad de
que el juez instructor del desacato module las órdenes de tutela –particularmente
tratándose de órdenes complejas en tanto no pueden materializarse
inmediatamente y precisan del concurso de varios sujetos o entidades (v.gr.
asuntos de política pública)– en el sentido de que incluya una orden adicional a la
principal o modifique la misma en sus aspectos accidentales –es decir, en lo
relacionado con las condiciones de tiempo, modo y lugar–, siempre y cuando ello
sea imprescindible para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales
amparados en sede de tutela, respetando el principio de cosa juzgada y sin alterar
el contenido esencial de lo decidido originalmente, de conformidad con los
siguientes parámetros o condiciones de hecho:

(a) Porque la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane;

(b) Porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente
el interés público –caso en el cual el juez que resuelve modificar la orden
primigenia debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y
compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz–;

(c) Porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir. Por
otra parte, en el proceso de verificación que adelanta el juez del desacato, es
menester analizar, conforme al principio constitucional de buena fe, si el
conminado a cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia
excepcional de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o
fáctica para conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela. Bajo esa
óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos en que(i)la
orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía cumplirla
o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna conducta
positiva tendiente a cumplirla orden de buena fe, pero no se le ha dado la
oportunidad de hacerlo.”

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De conformidad con la jurisprudencia ibidem, se observa que si bien se observa un
incumplimiento del fallo de tutela dentro del presente asunto, lo cierto es que, han
cambiado las situaciones de modo, tiempo y lugar que dieron origen al fallo de
tutela, como quiera que al accionante le fue removido el cupo asignado para el
parqueo de su motocicleta y, al superarse la condición que le permitía el ingreso a
las instalaciones del Palacio de Justicia por el sótano, vemos que la orden dada
desborda la situación actual del caso, por lo que en este orden de ideas, no le asiste
razón al accionante al pretender el cumplimiento de la sentencia de tutela, debido a
la imposibilidad de materializar la orden, pues ello implicaría según lo dicho por la
jurisprudencia precitada, afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e
inminente el interés público, por lo que mal haría este Despacho en ordenar el
cumplimiento de dicha sentencia de tutela cuando ha sido por recomendaciones del
contratista ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S, que la entidad incidentada
prohibió el parqueo de todas motocicletas en al área de la nueva subestación
eléctrica, sin que hubiere hecho alguna distinción entre los beneficiarios de los cupos
asignados para dichos vehículos, lo cual altera el contenido esencial de lo decidido
originalmente, lo que deja sin fundamento la solicitud allegada.»(Sic en toda la cita)

Así las cosas, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia, declaró la imposibilidad de materializar la orden de tutela,
dado que ello implicaría afectar de forma directa las obras necesarias
para la actualización y optimización de las redes de energía del Palacio
de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” de Florencia – Caquetá y, por
ende, menoscabar el interés general pretendido con dicha mejora.

Señalado lo anterior, encuentra esta Sala de Subsección que la decisión
proferida por la autoridad accionada no adolece de los defectos
alegados por el accionante, toda vez que aunque, bien lo precisó, el
cumplimiento inmediato del fallo de tutela es imperativo como
expresión del Estado de Derecho, excepcionalmente puede ocurrir que
aquella orden se torne de imposible cumplimiento, situación que fue la
que evidenció de manera objetiva y sustentada el despacho judicial
accionado pues, dadas las condiciones de infraestructura de la
edificación, fue necesario suspender los cupos de parqueadero que se
encontraban frente a la subestación eléctrica.

Asimismo, el juzgado precisó que el fallo de tutela no versó sobre la
asignación de parqueaderos, sino sobre el uso del ascensor desde el
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sótano del edificio judicial entre tanto el accionante tuviera un cupo de
parqueadero asignado, lo que condujo a concluir razonablemente que
los hechos que dieron origen a la decisión de amparo del 28 de
septiembre de 2022 ya no son los mismos que los indicados en las
solicitudes de apertura del incidente de desacato.

A partir del anterior recuento, la Sala de Subsección advierte que en el
presente asunto no se configura ninguna de las causales específicas de
procedibilidad alegadas, toda vez que la conclusión a la que llegó el
funcionario judicial accionado para resolver el caso y abstenerse de
sancionar a la entidad no fue producto de una falla o u engaño que
resulte contrario a derecho o a la realidad fáctica del caso tal como lo
sugiere el accionante, sino que, por el contrario, tuvo como fundamento
un razonable ejercicio de interpretación normativa y jurisprudencial,
constatada con las pruebas allegadas al proceso, que llevó a adoptar la
decisión adversa a lo pretendido en el incidente.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de tutela
se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al
punto que se torna arbitraria, y por no advertirse vulneración alguna
del derecho fundamental alegado, esta Sala de Subsección revocará la
sentencia de 10 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá que declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por la parte accionante contra el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia para, en su lugar, negar
lo pretendido.

III. DECISIÓN

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En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de febrero de 2023
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por
el señor Héctor Perdomo España en contra del Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.
En su lugar:

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el señor Héctor Perdomo España en
contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Florencia, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala de sesión
celebrada el trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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