Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00033-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00033-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2023-00033-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 18001-23-33-000-2023-00033-01
Actora: María Lourdes Moncada Hernández y otro1
Demandados: Juzgado Primero Civil Circuito de Florencia y otro2
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 21 de marzo de 2023 proferida por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio del cual negó la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 9 de septiembre de 2022, dentro del proceso reivindicatorio
1
Quien actúa en nombre propio y en representación del menor de 18 años de edad CSVM.
2
Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 18001-23-33-000-2023-00033-01
Actores: María Lourdes Moncada Hernández y otro
identificado con número único de radicación 18001-4003-003-2019-00593-001,
vulneró su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Expresó que, María Derly Portela Núñez en representación de los menores FYCP
y VMP3 interpuso demanda dentro del proceso reivindicatorio con el fin de “[…]
obtener la restitución del inmueble ubicado en la carrera 2F No. 23 A – 47 Barrio
Atalaya de Florencia […]”.
4. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia profirió sentencia de primera
instancia el 9 de marzo de 2022, en la cual accedió a las pretensiones de la
demanda.
5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, profirió sentencia de segunda
instancia el 9 de septiembre de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 43 fechada 09 de marzo de 2022
proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia, en el presente proceso
verbal reivindicatorio de María Derly Pórtela Núñez en representación del menor FY
CP contra María Lourdes Moncada Hernández, por lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia […]”.
5.1. Consideró que:
“[...] El recurrente sostiene que el menor FYCP no puede reivindicar por cuanto que
el ciento por ciento de sus derechos sobre el inmueble corresponde a derechos
sucesorales, y que por tanto no es cierto que ostente el ciento por ciento de derechos
sobre el inmueble objeto de reivindicación conforme con lo que precisa la sentencia
en mención.
Resulta contradictorio el argumento pues el mismo apelante sostiene en su
sustentación que “entonces, como en este caso corresponde a derechos sucesorales,
el demandante no tendría derecho de dominio sobre el inmueble, aunque ese ciento
por ciento ES SUYO, sin embargo, es bueno aclarar que un 25% de derechos de ese
3
Esta Sala adopta como medida de protección a la intimidad de las menores de 18 años relacionada en este
proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán
reemplazados por las siguientes iniciales FYCP y VMP.
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Actores: María Lourdes Moncada Hernández y otro
100% le fue adjudicado en la sucesión y el 75% restante, lo adquirió por compra a
otros herederos”.
No le asiste razón al recurrente por cuanto que el menor accionante, tal como él
mismo acepta, es el propietario inscrito del 100% del inmueble. Si solamente fuera
propietario de derechos y acciones sobre el inmueble en el Certificado de Tradición
le aparecería una falsa tradición, lo cual no se vislumbre en el documento que se halla
en los autos […]”.
[…]
“[…] Fíjese bien, que, para efectos de la reivindicación, al demandante solamente le
basta con demostrar que es el actual propietario inscrito del inmueble a reivindicar. Y
esa prueba consiste en adjuntar la escritura o escrituras mediante las cuales adquirió
la propiedad, que dicho sea de paso no se cumplió con la demanda, pues solamente
se adjuntó el certificado de tradición, pero esa falencia le fue suplicada por el mismo
apoderado de la parte demandada al anexar a la contestación de la demanda copia
de la escritura No. 292 de 27 de diciembre de 2018 de la Notoria Única de Belén de
los Andaquies. Por otra parte, como este punto no es motivo de discordia en el recurso
de apelación contra la sentencia, a este despacho le es vedado entrar a estudiarlo,
tal como lo dispone el artículo 328 del CGP […]”.
[…]
“[…] Queda claro, pues, que el menor demandante es el propietario absoluto del
inmueble a reivindicar, pues él no adquirió derechos de cuota o acción y derechos
sobre dicho inmueble. Se repite que la anotación que aparece en el Certificado de
Libertad y Tradición no aparece ninguna limitación.
Tampoco le asiste razón al recurrente al sostener que los herederos de CESAR
AUGUSTO CLAROS MORENO debieron haber solicitado la reivindicación cuando la
masa sucesoral aún no se había distribuido. Él artículo 1325 del Código Civil no es
aplicable, porque ahí se establece una acción que pueden o no ejercitarla, caso en el
cual cualquier heredero no hubiera podido reivindicar para sí, sino para la sucesión.
Como no se hizo uso de esta posibilidad, no quiere decir que se le cerceno el derecho
al demandante de solicitar la reivindicación por ser su único dueño.
Se queja también el recurrente que en la sentencia no se tuvo en cuenta la promesa
suscrita entre CESAR AUGUSTO CLAROS MORENO Y EDINSON VARGAS
DURAN. El argumento no es válido porque en este proceso dicho contrato no es
objeto de la litis y además porque fue declarado nulo como ya se dijo, mediante
sentencia de 6 de julio de 6 de julio de 2021 del Juzgado Cuarto Civil Municipal,
cuando ya la demanda se había radicado que lo fue el 11 de julio de 2019.
Respecto de que la posesión, la deriva la señora demandada de la promesa de
contrato celebrada entre CESAR AUGUSTO CLAROS MORENO Y EDINSON
VARGAS DURAN, tenemos que aclarar que en ninguna parte de dicho documento se
dice que el promitente vendedor hace entrega real y material del inmueble promitente
comprador y mucho menos a su compañera MARIA LOURDES MONCADA, quien
además no figura para anda en dicho contrato resultando que la posesión la derivaría
de la sucesión de su compañero de vida.
Por las anteriores consideraciones el despacho estimado que la sentencia recurrida
no adolece de las falencias que le endilga puntualmente el recurrente, encontrándola,
por tanto, ajustada a derecho y por ella la confirmara. [...]”.
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La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Concederme el amparo al derecho fundamental del debido proceso y, en
consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 09 de septiembre de 2022 y se
ordene lo pertinente para que se corrija el yerro cometido […]”.
6.1. La actora en su escrito de tutela señaló que el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Florencia incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial.
Actuación
7. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá, por auto de
12 de septiembre de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar al
Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia y iii) vinculó al Juzgado Tercero Civil
Municipal de Florencia, a la señora Viviana Marín Piedrahita y María Derly Portela
Núñez, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de
dos (2) días para rendir informe.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia solicitó declarar improcedente la
solicitud de tutela, toda vez que, “[…] las actuaciones de la hoy demandante a quien
se le ocurre que vía tutela puede censurar la decisiones tomadas en un proceso
declarativo, desconociendo la PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE
TUTELA contra providencia judicial, cuyos requisitos generales y específicos han
sido ampliamente reiterados por la Corte Constitucional y no se cumplen en el
presente caso, pues de ninguna manera puede tenerse a la tutela como una tercera
instancia procesal […]”.
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9. La señora María Derly Portela Nuñez4, solicitó declarar improcedente la acción
constitucional, puesto que, “[…] no cumple con los requisitos exigidos para que la
misma sea procedente, pues los requisitos generales y específicos brillan por su
ausencia […]”. Además, manifestó que, no cumplió con “[…] los requisitos
establecidos en la sentencia T 353 – 2019 y C 590- 2005 […] por no cumplir con los
requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de tutela en contra de sentencia
judicial, esto por cuanto no haberse agotado todos los medios de defensa judicial
[…]”.
10.El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia y la señora Viviana Marín
Piedrahita guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
11. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante
sentencia de 21 de marzo de 2023, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela promovido por la señora MARIA LURDES
MONCADA HERNANDEZ, actuando en nombre propio y en representación de su hijo
CSVM, conforme a las razones expuestas en la parte motiva. […]”.
11. 1. Consideró que:
“[…] se tiene que no le asiste razón a la parte actora en pregonar el desconocimiento
del precedente judicial con la expedición de la sentencia de segunda instancia emitida
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia; llamando la atención de la Sala,
además, que en el escrito de tutela únicamente se hubiera reprochado esta
providencia, no obstante que con ella se confirmaba la providencia de primera
instancia que fue adversa a los intereses de la actora.
Finalmente, considera la Sala que lo que existe por parte de la accionante es una
discrepancia de criterio frente a la providencia sujeta a tutela, lo cual no implica una
transgresión de los derechos fundamentales invocados; observándose, por el
contrario, la utilización de la acción constitucional como una vía para pretender un
pronunciamiento en tercera instancia, lo cual escapa a la vulneración del precedente
jurisprudencial que invoca como causal de procedibilidad en la presente acción
constitucional […]”.
4 Quien actúa en nombre propio y en representación del menor de 18 años de edad FYCP.
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La impugnación
12. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caquetá. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] No es cierto, que la accionante haya considerado que el Juez Civil del Circuito
desconoció el primer y quinto elemento estructural de la acción reivindicatoria,
porque lo que invoco en esta acción de tutela es el desconocimiento del precedente
judicial de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, por parte del accionado,
por lo tanto se trata de comprobar si lo que invoco es cierto o no a la luz de las
sentencias puestas a su consideración tanto de las Cortes mencionadas como de la
segunda y primera instancia que de manera definitiva pusieron fin al proceso verbal
reivindicatorio. Lo que la accionante sí ha considerado, es que el primero y quinto
elemento de la acción reivindicatoria, no se cumplieron por no estar de acuerdo con
los argumentos expuestos en estas últimas sentencias.
Todo lo expuesto en el fallo de tutela sobre estos dos elementos
ya fue debatido en las instancias, ahora se necesita saber si la
sentencia de segunda instancia, para confirmar la de primera instancia, se refirió o
se pronunció acerca de las sentencias de las Cortes, que se pusieron en
conocimiento del accionado en la sustentación del recurso de apelación, si las tuvo
en cuenta en su sentencia, si las consideró no aplicables o se apartó de ellas, y si
en efecto, cumplió con las exigencias de la jurisprudencia Constitucional, para no
incurrir en un desconocimiento del precedente y por ende, en una violación del
debido proceso, pues el debate en el escenario de la legalidad ya fue superado y
hoy es cosa juzgada.
Acerca de la sentencia SC-10882 del 18 de agosto de 2015, de la Corte Suprema
de Justicia, que menciona el fallo de tutela y que forma parte de uno de los
precedentes que invoco, debo manifestar, que en esta sentencia se exige que sea
el demandante y no otra persona la que adquiere por adjudicación los derechos y
no por otros medios distintos a la adjudicación en sucesión, pues estos
presupuestos están dados para su reconocimiento en esta tutela con la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia que se comenta. El fallo impugnado, se refiere a lo
que dijo el juez de instancia en su oportunidad, que al demandante le adjudicaron el
25% de la sucesión y a los otros herederos les adjudicaron el restante 75% de
derechos, que finalmente fueron comprados por el demandante por lo que con ello
era el titular del 100% de los derechos sobre el inmueble a reivindicar, pero no dice
que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es inaplicable, dejando tácitamente
entendido que no lo es.
Para referirse a lo que precisa la Corte, toma como referente el tema de la falsa
tradición, asunto que en el precedente que expongo no invoco. Sin embargo,
considero oportuno señalar que también se puede estar frente a una falsa tradición
no por acto indebido de la accionante sino por las pruebas que se arrimaron al
proceso reivindicatorio por parte del demandante y que tienen relación directa con
la falsa tradición que argumenta el fallo, así por ejemplo, en el Certificado de
Tradición, Anotación Número 11, se registra que el modo de adquisición es
adjudicación y en la Anotación Número 12, se registra compraventa de derechos de
cuota equivalentes al 75%, no registra que FYCP es el actual titular del derecho,
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anotación que debía aparecer con la marca de una X al frente, por lo tanto, el titulo
exhibido por el demandante no correspondía a un derecho de dominio sino a una
compra de cuotas hereditarias, lo que le da la razón a la accionante para invocar
este precedente.
La accionante no descarta la existencia de una falsa tradición de acuerdo con lo que
expone la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pero por parte del demandante
FYCP, toda vez que la escritura 292 de la Notaria Única de Belén de los Andaquies,
los vendedores de las cuotas hereditarias y el comprador FYCP, hicieron falsas
declaraciones ante el Notario, declararon que eran los dueños del inmueble objeto
de reivindicación del cual estaban haciendo entrega real al comprador y el
comprador declaró que recibía a satisfacción el inmueble, declararon que vivían en
el inmueble y por tanto tenían posesión del mismo, cuando en la realidad material
yo tenía la posesión desde el año 2013, es decir, engañaron al Notario con el fin de
obtener la escritura, llevarla a Registro de Instrumentos Públicos y poder iniciar la
acción reivindicatoria como efectivamente lo hizo el demandante. Con esta escritura
mal habida, han engañado a los jueces de primera y segunda instancia y
últimamente a la Sala de Decisión, que en el fallo le da la razón al Juzgado primero
Civil del Circuito, afirmando que al demandado le bastaba con exhibir el título y la
escritura como lo manifestó en su sentencia el accionado, y que aunque el
demandante aunque no aportó con la demanda copia de la escritura, esta falencia
quedó superada cuando la demandada con la contestación de la demanda aportó
la mencionada escritura.
Como se observa, los que vendieron sus cuotas hereditarias al demandante no eran
dueños del inmueble a reivindicar, por tanto, no podían hacer entrega del inmueble
al comprador, ni éste podía recibir lo que no tenían los vendedores. La tradición es
el modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño
hace de ellas a otro... Los hechos aquí descritos pueden estar configurando una
falsa tradición de acuerdo con lo que precisa la sentencia 10882 de la Corte
Suprema de Justicia y aunque no la invoco en la acción de tutela, le solicito al
Superior Jerárquico que conozca de esta impugnación, que se pronuncie acerca de
la misma y haga extensivos sus efectos a favor del amparo que pretendo de mis
derechos fundamentales.
Para la accionante, el demandante exhibió un documento que no constituye derecho
de dominio por ser adquirido por adjudicación en la sucesión de su padre en un 25%
y lo que compro' fueron derechos de cuota hereditaria como lo precisa también la
Corte Suprema de Justicia y lo prueban las Anotaciones 11 y 12 registradas en el
Certificado de Tradición, sobre lo cual el fallo impugnado tan solo se refirió
argumentando que como los herederos vendieron el porcentaje del bien a FY,
entonces, quedó en cabeza de él la totalidad del bien objeto de reivindicación, es
decir, exponiendo nuevamente lo ya sustentado con anterioridad por el accionado.
En cuanto al quinto elemento de la acción reivindicatoria que consagra la Sentencia
T-456 de 2011 de la Corte Constitucional, que exige que el título del demandante
sea anterior a la posesión del demandado, dice el fallo impugnado, que el título en
este caso podía ser posterior respaldado por la cadena ininterrumpida de títulos de
sus antecesores, que FY adquirió la propiedad con posterioridad en calidad de
sucesor de César Andrés Claros, que con posterioridad también compró la cuota
parte de los demás sucesores, que para la Sala, es claro que no se encontró un
rompimiento de la tradición; esta argumentación también corresponde a lo que
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sostuvo la sentencia de segunda instancia, solo que la Sala le agregó la parte de la
sentencia que habla de la cadena ininterrumpida de títulos, afirmando que esa
cadena no se interrumpió.
Me obliga entonces a pronunciarme sobre la cadena ininterrumpida de títulos,
manifestando que esa cadena no existió por lo que ya se explicó que el demandante
no era dueño, ni tenía el derecho de dominio que exigía la ley sustantiva civil, por
eso en el Certificado de Tradición no aparece FYCP, registrado como actual titular
del derecho que se identifica con una X al frente; además, porque esa cadena de
títulos se interrumpió con la celebración de un contrato de promesa de compraventa
celebrado entre César Augusto Claros, como promitente vendedor (padre del
demandante) y el promitente comprador Edinson Vargas, esposo de la accionante,
también fallecido, contrato que tuvo vigencia entre el 7 de octubre de 2013, fecha
del contrato y el 6 de julio de 2021 fecha de la sentencia que declaró su nulidad.
Este contrato constituyó la causa principal para estar hoy en posesión del inmueble
objeto de reivindicación junto con mis tres hijos, uno de ellos menor de edad, por lo
tanto, no es cierto que en el verbal reivindicatorio que ya es cosa juzgada, el título
del demandante podía ser posterior a la posesión del demandado, toda vez, que no
existió cadena ininterrumpida de título.
Llama la atención de la accionante, que el fallo apunta a la ampliación y sustentación
de los argumentos sostenidos en las providencias de primera y segunda instancia y
no se haya ocupado de resolver en concreto sobre los precedentes que invoco, dado
que fueron puestos a consideración del juzgado Primero Civil del Circuito, en la
sustentación del recurso de apelación y no le merecieron ningún comentario, ni para
aplicarlos ni para apartarse de ellos con sus correspondientes razonamientos,
siendo para el juez obligatorio hacerlo por mandato de la Jurisprudencia
Constitucional. En esta acción de tutela, el Magistrado Ponente, en el auto que la
admitió le dio oportunidad al accionado para que se pronunciara sobre los hechos
de esta acción de tutela, si a bien lo tenía, pero guardó silencio.
En relación con la sentencia 11001 del 30 de julio de 2010 de la Corte Suprema de
Justicia y que supuestamente no la pudieron consultar lo que impidió un
pronunciamiento del fallo sobre este precedente, debo manifestar que el error se
cometió por quienes tenían a su cargo el trámite de la tutela, porque si se revisa el
escrito de tutela en la página 4 se observa claramente que el número de la sentencia
que se invoca es 11001 y no 11011 como lo registra el fallo impugnado, razón por
lo que la accionante no observa justificación alguna para que la Sala de Decisión se
abstuviera de pronunciarse sobre el precedente, pues considero que se trata de un
hecho imputable a los administradores de justicia cuyos efectos nocivos no pueden
terminar afectando el amparo constitucional de mis derechos fundamentales.
El precedente que contempla esta sentencia dice: "cuando quiera que alguien posee
en virtud de un contrato, es decir no contra la voluntad del dueño que contrató sino
con su pleno consentimiento, la pretensión reivindicatoria queda de suyo excluida".
Al respecto, la acción reivindicatoria se inició el 12 de junio de 2019 cuando ya
existía el precedente de esta sentencia que el accionado supuestamente no conocía
pero que en la sustentación del recurso de apelación se le puso en conocimiento
para que la tuviera en cuenta antes de dictar la sentencia, sin embargo, el accionado
la desconoció, y ahora la Sala de Decisión, se abstiene de pronunciarse sobre este
precedente por un elemental error presentado en el despacho del Magistrado
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Ponente, y que para la accionante representa un precedente altamente importante
para la posesión que ostento con motivo del contrato de promesa de compraventa.
Finalmente, no es cierto que lo que existe por parte de la accionante es una
discrepancia de criterios frente a la providencia sujeta a tutela, como lo afirma la
Sala, porque la transgresión de los derechos de la accionante deriva del
desconocimiento del precedente judicial, por parte del accionado que no lo tuvo en
cuenta al proferir la sentencia a pesar de que se le puso de presente en la
sustentación del recurso de apelación, luego, el accionado conoció con antelación
los precedentes por lo que entonces, la trasgresión no obedece a una discrepancia
de criterios, sino a una discrepancia entre lo que decidió el accionado en su
sentencia sin tener en cuenta los precedentes que se le pusieron a su alcance para
decidir antes de la sentencia, en eso consiste hoy la discrepancia. Es la discrepancia
existente con el accionado por no tener en cuenta la postura de las sentencias de
las Altas Cortes, permitiendo así la transgresión de mis derechos fundamentales.
Por lo aquí expuesto, estimo que el fallo objeto de impugnación no ha dado
respuesta satisfactoria al desconocimiento de los precedentes que invoco en esta
acción de tutela por parte del accionado, sobretodo en el escenario de la
Jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia que es el asunto
por resolver, porque para la accionante, el fallo se desarrolló en el escenario
meramente legal, como si el precedente judicial no existiera, con excepción de la
sentencia que contempla la cadena ininterrumpida de títulos […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20215 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 6 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.
16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor Edilberto Ponguta
Cruz, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena , en 7
sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse
el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de
providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
18. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
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Núm. único de radicación: 18001-23-33-000-2023-00033-01
Actores: María Lourdes Moncada Hernández y otro
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[14].
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.
13[] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
14[] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
15[] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
16
[] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
17
[] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
18
[] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado20:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales dla actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún (sic)
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
19
[] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
26. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando la actora en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
22 Ibidem.
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28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
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proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
29. La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 9 de septiembre de 2022, dentro del proceso reivindicatorio
identificado con número único de radicación 18001-4003-003-2019-00593-001,
vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
30. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela e impugnación.
Acervo y análisis probatorios
31.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
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Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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31.1. Copia del expediente del proceso reivindicatorio identificado con el número
único de radicación 18001-4003-003-2019-00593-001.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional
32. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] La sentencia de segunda instancia, objeto de esta acción de tutela desconoció
el precedente de Ia Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en su sentencia 11001 del
30 de Julio de 2010, aplicable al caso, al precisar que "Cuando quiera que alguien
posee en virtud de un contrato es decir, no contra Ia voluntad del dueño que contrato
sino con su pleno consentimiento, Ia pretensión reivindicatoria queda de suyo
excluida, pues solo puede tener lugar en los casos en que el propietario de la cosa
reivindicada ha sido privado de Ia posesión sin su aquiescencia. La acción de dominio
es por su naturaleza una pretensión extracontractual que repugna en Ia hipótesis en
que los interesados han convenido en que uno de ellos autoriza al otro para poseer
en virtud de un determinado contrato celebrado entre el uno y el otro.
Al respecto, Ia sentencia de segunda instancia en sus consideraciones, aclara que en
ninguna parte de dicho documento se dice que el promitente vendedor hace entrega
real y material del inmueble al promitente comprador y mucho menos a su compañera
María Lurdes Moncada, quien además, no figura para nada en dicho contrato
resultando que Ia posesión Ia derivaría de Ia sucesión de su compañera de vida.
Así las cosas, se observa, que la sentencia de segunda instancia está haciendo
exigencias o precisiones muy distintas a las que precisa el precedente judicial de la
Corte Suprema, pues mientras la Corte Suprema, afirma que cuando alguien posee
en virtud de un contrato con el consentimiento del dueño la pretensión reivindicatoria
queda de suyo excluida, la sentencia de segunda instancia me exige el cumplimiento
de unos requisitos como compañera del promitente comprador hasta el punto de
aseverar que mi posesión derivaría de la sucesión de mi difunto esposo, cuando esto
es totalmente falso, porque jamás se ha realizado sucesión con motivo de su
fallecimiento; pues como está demostrado en el proceso y se reseña en la sentencia
de primera instancia yo ingresé al inmueble junto con mi esposo y mis tres hijos el 12
de octubre del año 2013, en virtud de un contrato de promesa de compraventa en el
que se establece que el promitente vendedor hacia entrega del inmueble en esa fecha
y como efectivamente se cumplió, lo manifesté también en el interrogatorio de parte
al que fui sometida, los testimonios que rindieron declaración en el proceso todos
coinciden en que yo ingresé al inmueble en la fecha antes mencionada, y como lo
manifiesta la misma señora jueza de primera instancia, la parte demandante refutó lo
aquí manifestado ni realizó ninguna oposición a lo que aquí está aprobado. En esta
forma es manifestó el desconocimiento del precedente judicial por parte del señor
juez de segunda instancia, hecho éste que lo obligaba a explicar las razones que tenía
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para no dar aplicación al precedente dado que era obligatorio cumplimiento de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional y cuando esto ocurre se viola el
fundamental del debido proceso según lo ha precisado de forma reiterada la Corte
Constitucional […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con los hechos aquí expuestos no queda duda, que la sentencia del
09 de septiembre proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito, desconoció el
precedente de las Cortes Constitucional y Suprema Justicia, puestas a consideración
del Juzgado, en el recurso de apelación y por tanto, ha vulnerado el derecho
fundamental del debido proceso a que yo tenía derecho como demandada en el
proceso reivindicatorio, pues de haberse tenido en cuenta el precedente, la decisión
hubiera sido otra distinta en favor de mi derecho sustancial […]”.
33. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
34. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso reivindicatorio, y fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
35. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
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una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
36. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez civil.
37. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
38. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 21 de
marzo de 2023 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caquetá, por medio de la cual negó las pretensiones de la acción
de tutela, para en su lugar, declarar improcedente el amparo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 21 de marzo de 2023 proferida por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá, para en su
lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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