República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2023-00049-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
30 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero sustanciador: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Acción : Hábeas corpus (impugnación)
Expediente : 18001-23-33-000-2023-00049-01
Actor : Efraín de Jesús Ramírez Álvarez
Accionado : Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia
Se ocupa este despacho de decidir la impugnación interpuesta por el señor
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez, quien actúa en nombre propio, contra la
providencia de 25 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, que negó la acción pública de la referencia1.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción. Por medio de escrito de 25 de marzo de 2023, el actor instauró
acción de hábeas corpus, con fundamento en los hechos que se sintetizan a
continuación:
Se encuentra privado de la libertad desde el 21 de noviembre de 2012 y el 24
de marzo de este año solicitó del Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Florencia (Caquetá) su «[…] libertad personal
inmediata por PENA CUMPLIDA TOTAL con REDENCIÓN DE PENA
GENERAL Y ACTUALIZADA […]» (sic), empero, no se le ha dado respuesta,
lo que le ha implicado «[…] permanecer privado de [su] libertad personal por
más tiempo del necesario o requerido, cuando ya h[a] cumplido LA
TOTALIDAD de la pena de prisión impuesta, “156 MESES” ello entre tiempo
físico y redenciones por Trabajo intramural reconocidas y PENDIENTE por
reconocer […]» (sic).
1.2 Trámite de la acción. Revisado el expediente digital, se observa que el
presente asunto fue repartido al Tribunal Administrativo del Caquetá,
despacho a cargo del señor magistrado Néstor Arturo Méndez Pérez, quien
asumió su conocimiento, con auto de 25 de marzo de 2023; y se pronunció de
fondo en la misma fecha. Mediante acta individual de reparto de 27 posterior,
correspondió a este despacho desatar la impugnación formulada contra la
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
Acción de hábeas corpus 18001-23-33-000-2023-00049-01
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez contra el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
anterior determinación.
1.3 Decisión de primera instancia. Con providencia de 25 de marzo de 2023,
el Tribunal Administrativo del Caquetá negó la acción de hábeas corpus, por
cuanto el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Florencia «[…] profirió, el mismo día en que se radicó la solicitud, auto
interlocutorio […] mediante el cual redimió pena y determinó restaba al actor
cumplir 6,95 días de prisión[,] […] denegó la libertad inmediata y la decretó
de oficio, por pena cumplida, a partir del 31 de marzo de 2023 […]» (sic), sin
que se denote «[…] irregularidad constitutiva [de] vía de hecho que reclame
la intervención del juez constitucional».
1.4 La impugnación. Inconforme con la decisión de primera instancia, el
accionante la impugnó el 25 de marzo de 2023, para lo cual aduce que el
aludido despacho judicial no «[…] Redimi[ó] los cómputos fal[ta]ntes […]»,
dado que omitió pedir de «[…] la Autoridad Carcelaria […] LA TOTALIDAD
de Certificados de Cómputos de Estudio o Trabajo intramural del período o
mes de MARZO DE 2023 del día 1⁰ al día 24 […] Para mí liberación
inmediata y definitiva por pena cumplida total» (sic).
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
2.1 La competencia. Conforme a la previsión contenida en el artículo 7º de la
Ley 1095 de 20062, corresponde a este despacho, como integrante del Consejo
de Estado, ocuparse de la impugnación formulada contra la decisión de 25 de
marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que
negó la acción constitucional de hábeas corpus incoada por el señor Efraín de
Jesús Ramírez Álvarez.
2.2 De la acción. La regulación del instituto del hábeas corpus, parte de la
colina de nuestro ordenamiento normativo3, cuyo alcance trasciende la mera
verificación de la legalidad de la privación de la libertad personal, en sentido
material, como parecería entenderse de la lectura desprevenida del artículo 30
superior, pues la doble connotación que este comporta, es decir, como derecho
fundamental y como mecanismo procesal de protección, a voces del artículo
1º de la Ley 1095 de 2006, en armonía con el bloque de constitucionalidad del
cual hace parte, dice relación tanto con el derecho de libertad personal,
2
«Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política».
3
Artículo 30 de la Carta Política: «Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene
derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el
Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas».
2
Acción de hábeas corpus 18001-23-33-000-2023-00049-01
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez contra el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
tradicionalmente entendido en su perspectiva material o física, de disponer la
persona de la posibilidad de deambular a voluntad, o abstenerse de hacerlo,
como con otros que le son inherentes, vale decir, la vida misma, la dignidad
humana y los demás derechos constitucionales que puedan resultar afectados
por causa o con ocasión de la actuación arbitraria de las autoridades, que prive
a un ser humano sujeto de derechos de la libertad o prolongue ilegalmente su
restricción; así lo anotó la Corte Constitucional en la sentencia sobre control
de constitucionalidad previo de la citada Ley 1095:
Por lo tanto, el cometido esencial del hábeas corpus no se puede
entender restringido solo a la protección del derecho a la libertad sino
que ha de dársele una proyección mucho más amplia en cuanto
verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos
fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de
manera arbitraria o ilegal, y que por esta circunstancia se encuentran en
latente y permanente amenaza. En tal medida, el radio de protección del
hábeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad sino que
se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente
relacionados con éste, y que le dan soporte, como son los derechos a la
vida y a la integridad personal.
[…]
Así tenemos que, como quedó anteriormente precisado, el hábeas
corpus protege no solo el derecho a la libertad sino también el derecho
a la vida y a la integridad personal, y todos los derechos
fundamentales que resultan igualmente expuestos en las situaciones
de abuso de poder propias de las privaciones irregulares de la libertad.
En consecuencia, la definición adoptada por el legislador en el artículo
primero del proyecto que ahora se examina ha de entenderse como
comprensiva tanto de la modalidad de hábeas corpus reparador, como
en la modalidad de habeas corpus correctivo, entendido éste último
como mecanismo para evitar o poner fin a situaciones que
comporten amenazas graves contra los derechos fundamentales de
la persona, como la vida o la integridad personal o el derecho a no ser
desaparecido.
[…]
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también
pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se
detiene en flagrancia a una persona (C.Po. art. 32) y no se le pone a
disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas
siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga
privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado
legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad.
Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales
pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial
prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la
3
Acción de hábeas corpus 18001-23-33-000-2023-00049-01
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez contra el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la
solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.
En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever
diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas,
cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de
aquellos derechos conexos protegidos mediante el hábeas corpus4
[se destaca].
2.3 Caso concreto. Las pruebas adosadas al expediente digital dan cuenta de
la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción, en
tal virtud, se destaca:
a) Escrito de 23 de marzo de 2023, por medio del cual el actor deprecó del
Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia «[…] libertad por Pena Cumplida total con Redención de Pena
general y actualizada» (sic).
b) Auto de 24 de marzo de 2023, con el que el referido Juzgado (i) redime la
pena del accionante «[…] con base en los Certificados de Cómputos allegados
el equivalente a 25,8 días, por concepto de trabajo y estudio»; (ii) niega la
libertad inmediata por pena cumplida y (iii) «DECRETA […] DE OFICIO la
Libertad por pena cumplida […] a partir del día 31 de marzo de 2023,
después de las 4:00 P.M., […] Siempre y cuando no tenga requerimiento de
autoridad judicial, caso en el cual se dejará a su disposición» (sic).
c) «BOLETA DE LIBERTAD» 52 de 24 de marzo de 2023, por cuyo conducto
se da cumplimiento al proveído mencionado en la letra precedente, en el
sentido de ordenar al director del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Florencia «[…] poner en libertad a: EFRAIN DE
JESÚS - RAMÍREZ ÁLVAREZ […] a partir del 31 de marzo de 2023, después
de las 4:00pm» (sic).
d) Oficio de 25 de marzo de 2023, mediante el cual el Juzgado Tercero (3º) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, en respuesta al
requerimiento realizado por el a quo en primera instancia, informa:
El Juzgado Promiscuo del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Puerto Rico, Caquetá, mediante sentencia emitida el 06 de junio de 2017,
condenó al señor EFRAÍN DE JESÚS RAMÍREZ ÁLVAREZ a la
pena privativa de la libertad de 156 meses de prisión; […] negándole el
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la
4
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
4
Acción de hábeas corpus 18001-23-33-000-2023-00049-01
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez contra el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
prisión domiciliaria.
Esta judicatura como autoridad que actualmente vigila la condena
impuesta al señor Ramírez Álvarez, ha desatado cada una de las
peticiones que se han elevado al interior del proceso penal, por ende, el
día de ayer una vez recibida la solicitud de libertad por pena cumplida
elevada, se procedió a revisar la misma, encontrándose que la Oficina
Jurídica del EPMS El Cunduy también el día de ayer arrimó documentos
para redención de pena; razón por la cual se profirió auto interlocutorio
No. 347, desatándose redención de pena y libertad por pena cumplida, la
cual no fue de manera inmediata, pero sí prosperó a futuro (31 de marzo
de 2023), por solo restarle al hoy accionante 6,9 días para descontar la
totalidad de la condena impuesta. Librándose para el efecto boleta de
libertad No. 052 con la respectiva anotación.
Ahora bien, atendiendo la decisión tomada, y que la autoridad judicial
cuenta con 3 días para realizar la notificación personal de aquella, es
pertinente señalar que tal diligencia se tiene prevista para llevarla a cabo
el próximo lunes 27 de marzo.
[…]
Cabe resaltar que el conducto regular es que se acuda al juez natural, en
este caso al Juez de Ejecución de Penas, con el fin de desatar cualquier
situación relacionado con la condena impuesta, situación que ocurrió,
tendiendo la obligación el peticionario de esperar la respuesta de la
autoridad judicial, y en caso de no estar de acuerdo con ella, hacer uso de
los recursos ordinarios que la ley permite.
[…] (sic para toda la cita).
De acuerdo con las pruebas relacionadas, se observa que el demandante fue
condenado por la jurisdicción ordinaria (especialidad penal) a 156 meses de
prisión, cuya ejecución, vigilancia y seguimiento quedaron asignados en el
accionado; y el 23 de marzo de 2023 pidió de este la libertad inmediata por
pena cumplida, decidida el 24 siguiente, en el sentido de concederla a partir de
las 4:00 p. m. del 31 de los mismos mes y año, para lo cual elaboró la
respectiva «BOLETA DE LIBERTAD» en la misma fecha.
Con el objeto de analizar los argumentos planteados por el actor, cabe recordar
que el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), acerca de la
redención de pena, entre otras cosas, preceptúa:
ARTÍCULO 101. CONDICIONES PARA LA REDENCIÓN DE
PENA. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para
conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la
evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que
trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la
5
Acción de hábeas corpus 18001-23-33-000-2023-00049-01
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez contra el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de
ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. La
reglamentación determinará los períodos y formas de evaluación.
ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN. La redención
de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de
la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las
decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse
ante los Jueces competentes [se subraya].
Conforme a lo anterior, el reconocimiento de redención de pena por trabajo,
estudio o enseñanza desarrollados por el condenado de manera intramural, es
del resorte del respectivo juez de ejecución de penas y medidas de seguridad,
en armonía con los artículos 385 y 416 del Código de Procedimiento Penal
(CPP)7, y constituye un medio para que aquel pueda disminuir la sanción
jurídica mediante actividades productivas, lo que lo convierte en un
mecanismo para anticipar la libertad.
Ahora bien, las providencias por medio de las cuales dichos funcionarios
judiciales deciden la libertad por pena cumplida, pueden ser controvertidas por
los interesados a través del recurso de apelación para ante el correspondiente
tribunal superior (sala penal), de conformidad con el artículo 34 del CPP, que
prevé:
Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. Las salas penales
de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:
[…]
6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de
ejecución de penas.
Por tanto, en el asunto sub judice el actor cuenta (o contaba8) con la posibilidad
de interponer el recurso de apelación para que sea el superior funcional del
5
«De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Los jueces de ejecución de penas y medidas
de seguridad conocen:
1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se
cumplan.
[…]
4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.
5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes
de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de
cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.
[…]».
6
«Competencia para ejecutar. Ejecutoriado el fallo, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
será competente para los asuntos relacionados con la ejecución de sanción».
7
Ley 906 de 2004.
8
Toda vez que no hay prueba de la fecha de notificación del auto 24 de marzo de 2023, por el que se decretó
la libertad del actor por pena cumplida.
6
Acción de hábeas corpus 18001-23-33-000-2023-00049-01
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez contra el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
referido Juzgado el que defina la solicitud, conforme a las pruebas anexas a esas
diligencias y con fundamento en la omisión en la que, a juicio del accionante,
incurrió el Juez al no pedir (presuntamente) información actualizada sobre los
tiempos susceptibles de redención.
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia (sala de casación penal), al
decidir un asunto similar al que ahora nos ocupa9, anotó:
8. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que, el hábeas corpus no
puede utilizarse para propiciar una “tercera instancia” para debatir las
decisiones judiciales que resolvieron las solicitudes de libertad dentro
del proceso penal, siendo así dable en los eventos en que esas
determinaciones sean en sí mismas violatorias del derecho fundamental
de la libertad y cuando se cumplan los requisitos genéricos de
procedibilidad de protección constitucional y al menos una de las
causales específicas de la tutela contra providencia judicial. (Cfr. CSJ
AHP, 24 Jun 2016, Rad. 48335).
Así, la procedencia de la acción de hábeas corpus se encuentra sujeta a
que el afectado haya acudido inicialmente a los medios previstos en el
ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, ya que de lo
contrario se incurriría en una injerencia indebida en las facultades
propias del funcionario judicial que conoce de la actuación respectiva.
Cuando el proceso penal está en curso, no puede utilizarse la acción de
protección constitucional del hábeas corpus con ninguno de los
siguientes propósitos i) sustituir los procedimientos judiciales comunes
dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii)
reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación
establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las
decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; iii)
desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una
opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad
llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona .(Cfr. CSJ
AHP, 26 jun. 2008, Rad. No. 30066, CSJ AHP, 19 Feb 2016, Rad.
47578).
Como sucede en este caso, es evidente que no se han agotado las vías
legales comunes […].
Por ende, surge evidente que la peticionaria busca sustituir el proceso
penal ordinario, al no haberse agotado el trámite del recurso de
apelación que se elevó contra el auto que negó […] la libertad
condicionada.
Entonces, no obstante el funcionario judicial competente se pronunció
respecto de la libertad condicionada ahora deprecada, y que la parte
9
Fallo AHP3802-2017 de 14 de junio de 2017, expediente 50488, M. P. Eugenio Fernández Carlier.
7
Acción de hábeas corpus 18001-23-33-000-2023-00049-01
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez contra el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
afectada con la decisión hizo uso de uno de los instrumentos procesales
previstos en el proceso penal para confrontar las determinaciones de los
jueces, la accionante activó el mecanismo especial del hábeas corpus
reiterando la discusión ya zanjada por el juez natural […]
En atención a lo expuesto, se evidencia que en esta instancia judicial no es
dable pronunciarse sobre la petición de libertad por pena cumplida, habida
cuenta de que no se ha agotado la etapa ordinaria prevista en el ordenamiento
jurídico para ello, es decir, acudir en sede de apelación y esperar su
resolución, pues lo contrario implicaría una intromisión en las competencias
del juez natural, lo que está proscrito, dado que eso equivaldría a reemplazar
los medios de impugnación contemplados dentro del proceso penal, como lo
dijo la Corte Constitucional10:
[…] el Juez Constitucional no puede inmiscuirse en la órbita de
competencia de la jurisdicción ordinaria, para entrar a decidir sobre el
derecho a la libertad del acusado, porque es claro que quien debe examinar
si la restricción de la libertad cumple con las garantías constitucionales y
con los supuestos legales que la permiten es el juez del proceso, en la
medida en que es ante él ante quien se ejercen los recursos procesales
dispuestos para tal fin […].
Cabe advertir que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sala de
casación penal)11 ha precisado que la acción de hábeas corpus resulta
improcedente cuando su ejercicio involucra la sustitución de los mecanismos
ordinarios, así:
[…] se aclara que […] es improcedente su trámite [hábeas corpus] en
los siguientes eventos: (i) sustituir los procedimientos judiciales
comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de
libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y
apelación a través de los cuales deben impugnarse las decisiones
que interfieren ese derecho fundamental; (iii) desplazar al
funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa –a
manera de instancia adicional- de la autoridad competente para
resolverla […] (negrillas de la Sala).
En este orden de ideas, no hay lugar a declarar que el demandante se encuentra
injustamente privado de su libertad, pues ello es consecuencia de una condena
impuesta por autoridades judiciales, que hasta la fecha no ha sido satisfecha, la
cual se presume ajustada al ordenamiento jurídico.
10
Sentencia T-724 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
11
Sentencia de 24 de mayo de 2017, M. P. Éyder Patiño Cabrera, expediente 46897.
8
Acción de hábeas corpus 18001-23-33-000-2023-00049-01
Efraín de Jesús Ramírez Álvarez contra el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
A partir de los anteriores prolegómenos, el despacho concluye que las
circunstancias propias de este caso no satisfacen los presupuestos legales ni
jurisprudenciales para la procedencia de la acción de hábeas corpus, razón por la
cual se impone revocar la providencia impugnada, que negó las súplicas y, en su
lugar, se rechazará por improcedente
En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado del Consejo de Estado,
sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
DECIDE:
1º. Revócase la providencia impugnada, proferida el 25 de marzo de 2023 por
el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó la acción de hábeas corpus
instaurada por el señor Efraín de Jesús Ramírez Álvarez y, en su lugar,
recházase por improcedente, en armonía con lo dicho en la parte motiva.
2º. Comuníquese lo decidido al Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia.
3º. Por secretaría, notifíquese al actor, a la brevedad, y entréguesele copia
completa de esta decisión.
4º. Surtido lo anterior, previas las anotaciones que fueren menester,
devuélvase el expediente constitucional al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase,
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
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