Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2023-00079-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de julio de 2023
Demandante: César Augusto López Osorio
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 18001-23-33-000-2023-00079-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 18001-23-33-000-2023-00079-01
Demandante: CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ OSORIO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo - Vacaciones individuales de empleados de la
Rama Judicial. Derecho al descanso laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Caquetá contra la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión, el 1 de junio
de 2023. En ese fallo se accedió a las pretensiones de la acción de tutela.
1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El día 23 de mayo de 2023, el ciudadano César Augusto López Osorio,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior
de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva – Huila, la Coordinación Administrativa de Florencia y el Juzgado 2.º de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad.
2. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y a la salud, en
razón a que consideró que las anteriores garantías constitucionales le fueron
conculcadas por las autoridades tuteladas porque se le negó el disfrute de sus
vacaciones. Esto, con fundamento en que no hay un certificado de disponibilidad
presupuestal para designar a alguien que lo reemplace en las funciones que
desempeña y que estas no las pueden asumir sus compañeros por el exceso de
carga laboral que actualmente soporta el despacho judicial en el que trabaja.
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y
justas, igualdad y a la salud, plasmados en la carta política, del señor César
Augusto López Osorio, según los hechos referidos en el acápite pertinente, por
cuanto están siendo vulnerados por la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Neiva Huila, de disponer los recursos para el pago
del reemplazo en el periodo de vacaciones.
SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva ejecute de manera inmediata, todas las acciones administrativas
necesarias encaminadas a expedir el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal para cubrir las erogaciones que demande el nombramiento de un
empleado judicial que reemplace al señor CESAR AUGUSTO LOPEZ OSORIO,
Asistente Social Grado 18, mientras éste disfruta de su periodo de vacaciones; y
una vez expedido y remitido dicho certificado ORDENAR a la (…) JUEZ (…)
SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
FLORENCIA, o a quien hiciere sus veces, que en el menor tiempo posible, proceda
a conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas
por el señor CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ OSORIO, y a efectuar el nombramiento
provisional para su reemplazo.
TERCERO: Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración Judicial
Seccional Neiva – Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que se adelante
el trámite pertinente para que se obtenga el certificado de disponibilidad
presupuestal, para la persona que me ha de reemplazar durante el disfrute de
vacaciones como servidor judicial. Ello para no incurrir en temeridad, toda vez, que
no es posible que cada vez que solicite las vacaciones me las nieguen por no
contar con certificado de disponibilidad presupuestal, tenga que acudir a esta
acción constitucional por los mismos hechos y derechos.
CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me permito
solicitar que en el fallo por usted dictado se prevenga a la entidad accionada “para
que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito
para conceder la tutela y que, si procediere de modo contrario, será sancionada
de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo
sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados
como amenazados, violados y/o vulnerados y que usted, en su función de
administrador de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados
y/o vulnerados.
1.3. Hechos
4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos
relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales que se extraen del escrito
de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso:
5. El señor César Augusto López Osorio se encuentra vinculada a la Rama
Judicial como Asistente social grado 18 en el Juzgado 2.º de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Florencia.
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6. El 26 de abril de 2023, solicitó a la juez 2.º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia la concesión de vacaciones individuales, a
partir del 13 de junio de 2023. Para fundamentar su solicitud explicó que contaba
con un periodo causado y no disfrutado, correspondiente al trascurrido entre el
31 de agosto de 2020 al 30 de agosto de 2023.
7. Con ocasión de lo anterior, la juez 2.º de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Florencia solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva la expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (en adelante CDP) para poder designar un reemplazo y concederle
el disfrute de las vacaciones solicitadas por la accionante. No obstante, por Oficio
DESAJNEO23-11584 del mismo año, la entidad negó su solicitud. Como
fundamento, precisó que solo está permitida la expedición de CDP para designar
el reemplazo de funcionarios judiciales.
8. En consecuencia, mediante la Resolución 008 del 16 de mayo de 2023, la
juez 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia negó su
petición. Lo anterior, tras explicarle que bajo las condiciones de carga laboral en
las que se encontraba el despacho, le era imposible acceder a su requerimiento.
1.4. Sustento de la vulneración
9. La parte actora inició con un breve recuento acerca de las características
del juzgado en que se desempeña. Así, manifestó que:
Es importante señalar que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia, tiene a cargo al día de hoy 2343 procesos,
de los cuales 797 son con personas privadas de la libertad. Además un
inventario inicial de 248 solicitudes, un ingreso de 494 peticiones durante el
trimestre y un egreso de 462 peticiones, para un inventario final de 280
solicitudes pendientes de trámite y decisión para el actual trimestre que va de
abril a junio del año que avanza.
10. Precisó que en un caso similar al que nos ocupa, el Tribunal Administrativo
del Caquetá mediante sentencia del 14 de febrero de 2023, resolvió tutelar el
derecho fundamental solicitado en aquella oportunidad y ordenó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, Huila, adelantar las
acciones administrativas requeridas para la expedición del certificado de
disponibilidad para el nombramiento del reemplazo de la peticionaria, decisión
que fue confirmada por la Sección Segunda de esta Corporación en providencia
del 4 de mayo de 20231.
11. Finalmente, mencionó que el descanso remunerado ha sido reconocido
por la Corte Constitucional como un derecho fundamental intrínsicamente
relacionado con los derechos al trabajo y a la salud.
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Rad. 18001-23-33-000-2023-00016-01.
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1.5. Trámite de la acción
12. Mediante auto del 24 de mayo de 2023 se admitió la acción constitucional
de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionados a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila, al
Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva –
Coordinación Administrativa de Florencia
13. Compareció a través del coordinador del área de asistencia legal.
14. En primer lugar, solicitó declarar improcedente el presente mecanismo de
amparo porque existe otro medio de defensa judicial y no se encontró acreditado
la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional.
15. Manifestó que no era procedente a través de la tutela, ordenar a la entidad
que representa adelantar acciones tendientes a garantizar la provisión de
recursos, como lo es la expedición de un CDP previo al otorgamiento de las
vacaciones, cuando en el régimen legal no estaba previsto tal privilegio.
16. Afirmó que el acto administrativo no ha sido atacado ante las vías
ordinarias de que dispone la accionante, como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
17. De otro lado, señaló que no está conforme a la legislación actual del
Consejo Superior de la Judicatura expedir un CDP para el reemplazo de cargos
cuando se solicitan vacaciones, pues dicho presupuesto solo aplica para aquellas
personas que ostentan la calidad de funcionarios públicos, y no de empleados
públicos como es el caso del actor. Ahora bien, excepcionalmente se permitiría
para aquellos despachos judiciales que cuenten con tres o menos cargos, y en
el caso del accionante no se encuentra cobijada bajo esta situación, toda vez que
la planta de su despacho cuenta con 5 cargos en su planta de personal, un
nominador y 4 empleados.
18. Finalmente, solicitó que se desvincule del presente trámite con
fundamento en que carece de legitimación en la causa por pasiva. Ello, dado que
la vulneración alegada no le es atribuible.
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1.6.2. Juzgado 2.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia
19. Manifestó que su despacho maneja una alta carga laboral pues presenta
un inventario final de 2343 procesos penales con 797 personas privadas de la
libertad, un inventario inicial de 248 solicitudes, un ingreso de 393 peticiones
durante el trimestre y un egreso de 462 peticiones, para un inventario final de 280
solicitudes pendientes de trámite y decisión para el siguiente trimestre. Además,
deben atender la gran demanda de acciones de tutela, cuyo reparto en el año
anterior fue de 62 acciones constitucionales.
20. Explicó que las principales funciones del accionante no pueden ser
suplidas por otro empleado dada su profesión de psicólogo; razón por la que su
ausencia, afectaría no solo el normal funcionamiento de la administración de
justicia sino también la salud física y mental de los demás miembros del equipo
de ese despacho judicial, debido a la sobrecarga de trabajo que tendrían que
asumir.
21. Señaló que, por esta razón, negó el disfrute del periodo vacacional del
señor César Augusto López Osorio.
1.6.3. Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
22. Indicó que no es procedente endilgar alguna responsabilidad al Consejo
Superior de la Judicatura, toda vez que las acciones u omisiones que atribuye la
accionante como vulneradoras recaen exclusivamente sobre la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, entidad que actúa como
ordenador del gasto de conformidad con los numerales 2.° y 6.° del artículo 106
de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo de expedir el CDP para designar los
reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute
de sus vacaciones.
23. Por lo anterior, solicitó que se le desvinculara del presente trámite
constitucional, al considerar que no es el llamado a responder o cumplir las
órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales del
accionante.
1.7. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión mediante
sentencia del 1.º de junio de 2023 amparó los derechos fundamentales del
accionante al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al descanso
remunerado. En consecuencia, le ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Neiva – Huila que, en el término de 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la
provisión de los recursos necesarios para que la juez 2.º de Ejecución y Medidas
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de Seguridad de Florencia adopte las medidas que se requieran para conceder
las vacaciones al señor César Augusto López Osorio.
25. Asimismo, dispuso que, una vez el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - nivel central otorgara los recursos
solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva, comunique a la juez 2.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Florencia, quien a su vez debía en un término de 48 horas contadas a partir
de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las
vacaciones del señor César Augusto López Osorio.
26. Consideró el Tribunal, que existía una vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, toda vez que asuntos de índole administrativo no
podían afectar el derecho al goce y disfrute del periodo de vacaciones que
legalmente le asiste al peticionario. Máxime si se tiene en cuenta que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado de la garantía al trabajo en
condiciones dignas.
27. Por lo anterior, el juez de tutela de primera instancia discurrió que el
derecho al descanso fue vulnerado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, quien con su negativa a expedir el CDP para
designar el reemplazo al empleado que debe disfrutar vacaciones, encamina a la
juez 2.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia a negar las
vacaciones por necesidad del servicio, pues su despacho no puede funcionar con
un empleado menos, y tampoco es procedente recargar las funciones de quien
sale a vacaciones, a los demás funcionarios de la corporación, pues esto
implicaría un desconocimiento de su derecho a trabajar de forma digna.
28. Finalmente, el juez del amparo de primer grado mencionó que no es de
recibo que los funcionarios judiciales sí puedan acceder a vacaciones
individuales y para ellos sí exista la expedición del CDP respectivo para que se
les nombre un reemplazo, pero se le dé un trato discriminatorio a los empleados
judiciales, quienes tienen el mismo derecho a disfrutar de las vacaciones, pero
que en caso de percibirlas implicaría que sus compañeros de trabajo deban
asumir sus funciones, y que el despacho al cual prestan sus servicios, tenga que
funcionar con un empleado menos.
1.8. Impugnación
1.8.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y
la Coordinación Administrativa de Florencia
29. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la presente acción
de tutela.
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1.9. Trámite en segunda instancia
30. Mediante auto de 16 de junio de 2023, el magistrado ponente de esta
decisión ordenó la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Nivel Central.
31. La Dirección Ejecutiva de Administración – Nivel Central rindió informe en
el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda. Sin embargo, de
la argumentación de su informe, hace alusión a una posible mora judicial, lo cual
no es objeto de esta acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por
Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá contra la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de
Decisión el 1.º de junio de 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
33. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y la
Coordinación Administrativa de Florencia solicitó ser desvinculada del presente
trámite constitucional. A su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.
34. La Sala negará esta petición, comoquiera que, con fundamento en las
funciones que tiene asignadas estas autoridades, según lo dispuesto en el
artículo 98 de Ley 270 de 19962, debe ejecutar labores administrativas tales como
la provisión de recursos para los reemplazos que se requieran con ocasión a la
solicitud del derecho al descanso de los empleados judiciales que tengan un
régimen individual de vacaciones.
2.3. Legitimación en la causa
35. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
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ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene
a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las
políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
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establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o por representante, o a
través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados
no esté en condiciones de promover su propia defensa.
36. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
37. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
César Augusto López Osorio está legitimado en la causa por activa. Esto, en la
medida en que es quien solicitó el amparo al derecho al trabajo en condiciones
dignas y al descanso, mediante la petición de disfrute de vacaciones a partir del
partir del 13 de junio de 2023, por tener un periodo pendiente causado y no
disfrutado.
38. Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Nivel Central, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva, y el Juzgado 2.º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad están legitimados en la causa por pasiva. Esto, por ser las
autoridades ante las cuales se radicó el requerimiento referido.
2.4. Problema jurídico
39. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado
y el recurso de impugnación presentado, esta Sala debe determinar si confirma,
modifica o revoca el fallo de primera instancia. Para tales efectos, se resolverá el
siguiente problema jurídico:
• ¿La decisión de no ordenar la aprobación presupuestal y la expedición del
CDP para designar el remplazo del señor César Augusto López Osorio en
su labor como Asistente Social grado 18 del Juzgado 2.º de Ejecución de
Penas y de Medidas de Seguridad de Florencia vulnera sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, igualdad, salud y al
descanso remunerado?
40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) requisitos de procedencia del
mecanismo constitucional; iii) el derecho al descanso del servidor judicial y; iv)
estudio del caso en concreto.
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2.5. Generalidades de la acción de tutela
41. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.
42. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su
ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la
activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
43. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez
constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta.
44. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio
el constituyente.
2.6. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
2.6.1. Subsidiariedad
45. El accionante solicitó ante la juez 2.º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia la concesión de sus vacaciones por el periodo
comprendido entre el 13 de junio al 5 de julio de 2023.
46. En consecuencia, la mencionada juez solicitó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva el certificado de disponibilidad presupuestal
para que se designara su remplazo y pudiera disfrutar de sus vacaciones. Dicha
entidad profirió la Resolución DESAJNE023-1584 del 12 de mayo de 2023, en la
que negó la petición por lo que dispone la Circular PSAC11-44 de 2011.
47. En virtud de lo anterior, la juez 2.º de Ejecución de Penas y de Medidas de
Seguridad de Florencia, negó las vacaciones, con fundamento en que no fue
autorizado el CDP para nombrar una persona que se encargue de sus funciones,
aunado a que la carga laboral que ostenta el despacho no permite la ausencia
de uno de los servidores.
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48. Para la Sala, en principio se podría sostener que la presente acción de
tutela no es procedente porque contra la decisión de negar la expedición del CDP
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración del Huila y la de no
conceder las vacaciones por parte de su nominador, puede interponerse el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el articulo
138 del CPACA.
49. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la solicitud
de amparo es el mecanismo adecuado para proteger los derechos invocados por
la parte actora. Es importante resaltar que no se discute la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino su idoneidad, en el que está plenamente
demostrado que la accionante ve amenazado su derecho al descanso
remunerado, el cual se relaciona íntimamente con los derechos fundamentales
al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud.
50. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios
para la protección efectiva y eficaz de los derechos. Esta falta de idoneidad hace
imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de la primacía de
los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano3.
51. En el presente caso, se advierte que el tutelante es un empleado judicial
que ve amenazado su derecho fundamental al descanso remunerado el cual, a
su juicio, transgrede además el cúmulo de garantías constitucionales sobre las
que invoca la protección.
52. Lo anterior, ante el posible riesgo inminente de que el señor César Augusto
López Osorio no pueda disfrutar de su periodo de vacaciones, ante la falta de
disponibilidad presupuestal para que su nominador pueda designar su remplazo,
durante el tiempo en el que se encuentre en descanso.
53. Esto resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo con
lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta
controversia.
2.6.2. Inmediatez
54. La Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha señalado que el estudio
de este requisito obedece a la protección inmediata de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados sin que se genere tardanza
injustificada o irrazonable en la presentación de la acción4.
3
Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencias del 14 de octubre del 2021 y 20 de enero de 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil. Rads. N°s. 11001-03-15-000-2021-03070-01 y 11001-03-15-000-2021-06992-01.
4
Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
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55. De esta manera, en el caso en concreto el tutelante presentó este
mecanismo constitucional el 23 de mayo de 2023. Es decir, menos de treinta días
después de que el despacho judicial en el que labora le negó su derecho al
descanso ante la falta del CDP para designar una persona que remplace sus
funciones. En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se supera
el requisito de inmediatez5.
2.7. El derecho al descanso del servidor judicial
56. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una
época muy temprana6, como un derecho fundamental derivado especialmente del
artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
57. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 7° determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”.
En similar sentido lo indica el artículo 7° del Protocolo de San Salvador7.
58. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada
línea jurisprudencial que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales
del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real
Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”8. En efecto, la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de
los artículos 1, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia
necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo.
59. En ese contexto, las vacaciones son consideradas como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor
5
Dicha circunstancia ocurrió el mismo 15 de marzo de 2023.
6
Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004
y C-035 de 2005.
7
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el
artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de
manera particular: (…) h). El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así
como la remuneración de los días feriados nacionales”.
8
Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.
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o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo
laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han
cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que
luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar
de una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador, pueda el
servidor público, como en este caso, disfrutar de un merecido receso que les
permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse
a otras actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para
iniciar con energía sus actividades laborales.
60. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador
es el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el
requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a
reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar
el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.
61. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:
El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.
[…]
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.
[…]
(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii)
cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal.
62. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este
derecho.
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2.8. Caso concreto
63. En el presente asunto, la juez 2.º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia negó el disfrute de las vacaciones al señor César Augusto
López Osorio. Para tal efecto, expidió la Resolución 008 del 16 de mayo de 2023.
Ello, con fundamento en que el coordinador del Área de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva le negó el CDP
para el remplazo de la empleada mientras disfrutaba de sus vacaciones.
64. A su vez, la razón por la que el coordinador del Área de Talento Humano
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva negó el
CDP mencionado, consistió en que:
En vista a que el señor César Augusto López Osorio no se encuentra vinculado en
la Rama Judicial en calidad de funcionario, el cargo que ocupa actualmente es el
de Asistente social del despacho, y en el entendido que el artículo 125 de la Ley
270 de 1996 clasifica los cargos en funcionarios y empleados así:
ARTÍCULO 125. DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGÚN LA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES. Tiene la calidad de funcionarios los
Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los
Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las
Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades
administrativas de la Rama Judicial.
No hay lugar de parte de esta Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración
judicial, a expedir un certificado de disponibilidad presupuestal para que sea
nombrada una persona en reemplazo de la titular a cargo, mientras ésta disfrute
de su derecho a las vacaciones, pues la circular 44 del 23 de noviembre de 2011
emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, no lo contempla para el caso de
empleados.
Igualmente, en el Concepto DEAJRHO17-5287 de 12 de octubre de 2017 en el
numeral quinto, la doctora Judith Morante García, Directora Unidad de Recursos
Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nos indica, que la
única excepción en el que se pueda expedir presupuesto para el nombramiento
del reemplazo de un empleado que disfrute de vacaciones, es cuando el despacho
judicial cuente con una planta de personal de tres cargos o menos9.
65. Para resolver este caso, esta corporación resalta que el Consejo Superior
de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011. En
este acto se reguló la manera en que deben realizarse los reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones
individuales. En dicha circular se establece:
[…] para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
9
Transcripción integral del original que puede contener errores.
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reemplazos, cuando haya lugar a ello.
66. Esta circular tiene por asunto: «vacaciones de los funcionarios judiciales
del Régimen de Vacaciones Individuales», lo que significa que no existe
disposición alguna para los empleados de los despachos judiciales que se
encuentran bajo el régimen individual de vacaciones. En tal sentido, es
importante resaltar que de conformidad con lo expresado en el artículo 125 de la
Ley 270 de 1996, se entiende como funcionario judicial a los jueces, magistrados
y fiscales, mientras que los demás servidores serán empleados judiciales.
67. Por tanto, para la Sala es evidente que existe una omisión para garantizar
los recursos para nombrar remplazos de los empleados judiciales del régimen
individual de vacaciones. Esta omisión no puede volverse un obstáculo para que
los empleados públicos puedan disfrutar de su garantía constitucional al
descanso remunerado.
68. Esta garantía debe entenderse como uno de los derechos fundamentales
del trabajador y constituye una condición mínima que ofrece la posibilidad de que
el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física, para así proteger su
salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus actividades.
69. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de
servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8
Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales,
las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
199610. Esta norma establece que los empleados de los Juzgados Penales
Municipales pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser
concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.
70. En ese orden, si bien es el juez nominador el encargado de emitir el acto
por el cual se conceden o niegan las vacaciones, lo cierto es que las direcciones
seccionales de administración judicial deben tomar todas las medidas necesarias
en los casos en que esté demostrado que la ausencia de un empleado, que se
va a disfrutar de sus vacaciones, puede generar traumatismos que afecten el
funcionamiento de la dependencia judicial y, por ende, el debido servicio de la
administración de justicia.
10
Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los
Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de
servicio”.
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71. Así, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva sí resulta
ser la entidad trasgresora de las garantías constitucionales a la demandante
pues, ante su negativa, se ve amenazado el derecho fundamental al descanso
del señor César Augusto López Osorio. Esto, porque como se plantea en la
solicitud de amparo, el Juzgado 2.º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia tiene una alta carga laboral y la ausencia de un empleado
generaría traumatismos en la prestación del servicio. Esta a su vez, fue la razón
por la que la parte actora no ha podido gozar de su periodo de descanso.
72. En ese sentido, el derecho al descanso del señor César Augusto López
Osorio se vio truncado por la decisión de la juez 2.º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia de impedirle el goce de sus vacaciones por
la falta de CDP que le permitiera designar una persona que en reemplazo de la
actora desempeñara sus funciones. Esto, dado que, de acceder al disfrute de las
vacaciones del tutelante sin otra persona que realice lo que a ella le corresponde,
no sería óptimo el servicio de administración de justicia que presta el despacho
por la alta cantidad de solicitudes y acciones constitucionales que llegan a diario.
73. Por tanto, comoquiera que en el presente caso el nominador del tutelante
ha puesto de presente que por la excesiva carga laboral de esa dependencia
judicial el disfrute de las vacaciones de su empleada sin un remplazo podría
afectar el funcionamiento de su despacho11, resulta previsible entender que, tanto
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central como la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva deben trabajar
mancomunadamente para garantizar los derechos fundamentales al trabajo y
descanso de la accionante. Asimismo, la de los usuarios que pretenden acceder
a una adecuada administración de justicia del despacho judicial en cuestión, por
lo que para esta colegiatura el nombramiento de un reemplazo en provisionalidad
es una alternativa idónea que permite compatibilizar los mentados presupuestos.
74. Entonces, esta Sala no desconoce, por un lado, los lineamientos fijados
en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 que dispuso que
únicamente habría lugar al CDP para designar a un reemplazo cuando el
despacho tuviera tres o menos colaboradores incluyendo el juez; y por otro, las
necesidades del servicio alegadas por el nominador del señor César Augusto
López Osorio.
75. Sin embargo, la determinación de no otorgar los recursos necesarios para
el reemplazo, sí genera una vulneración a los derechos fundamentales de la
accionante, pues, como se vio, la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva puede obstaculizar la garantía para que disfrute
de su descanso remunerado. Máxime si se tiene en cuenta que es deber del
pluricitado despacho judicial garantizar la adecuada prestación del servicio
público de la administración de justicia y esta obligación no puede utilizarse como
11
Así lo manifestó mediante la Resolución 008 del 2023 por medio de la cual le negó el disfrute
de las vacaciones al señor César Augusto López Osorio.
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una excusa válida para impedirle a un empleado gozar del referido derecho.
76. Por todo lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de
primera instancia en el sentido de amparar el derecho fundamental al trabajo en
condiciones dignas y al descanso remunerado. Sin embargo, es necesario
realizar una precisiones en alcance y contenido de las órdenes a impartir. Lo
anterior en la medida que para esta Sala de Decisión las medidas para la
protección del derecho vulnerado deben incluir a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Nivel Central porque esta esta entidad también le
compete garantizar la protección de dicho derecho. En este sentido, las medidas
que se impartirán son las siguientes:
a) A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva que
en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, solicite a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial – Nivel Central (Unidad de
Planeación o la dependencia que corresponda), la provisión de los
recursos necesarios para que la juez Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia adopte las medidas que se requieren
para el disfrute de las vacaciones al señor César Augusto López Osorio.
b) A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central
dispondrá de cinco (5) días, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez el
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, esta última entidad le
deberá comunicar a la juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que
corresponda para que su empleado pueda gozar de su derecho al
descanso, sin que se vea afectada la administración de justicia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva y la Coordinación Administrativa
de Florencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia de 01 de junio de 2023,
emitida por el Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión, en
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Radicado: 18001-23-33-000-2023-00079-01
el sentido de amparar el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y
al descanso remunerado.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente providencia, solicite a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial – Nivel Central (Unidad de Planeación o la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que
el juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
adopte las medidas que se requieren para el disfrute de las vacaciones al señor
Cesar Augusto López Osorio.
Una vez, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central dispondrá
de cinco (5) días, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional,
para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos
solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva, esta última entidad le deberá comunicar a la juez Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, quien a su vez deberá, en un término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las
medidas que corresponda para que su empleado pueda gozar de su derecho al
descanso, sin que se vea afectada la administración de justicia
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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