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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2023-00130-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2023-00130-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2023-00130-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, sentencia del Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2023-00130-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Treinta (30) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 18001-23-33-000-2023-00130-01 (0235-2025)
Demandante: Wilmer Didier García Daza
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa -Ejército Nacional.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Retiro del servicio por la facultad discrecional

Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

1. El señor Wilmer Didier García Daza, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
solicitando que se declare la nulidad los siguientes actos administrativos:

i) Resolución Ministerial No.2376 del Veinticinco (25) de marzo de Dos
Mil catorce (2014), proferida por el Ministerio de Defensa Nacional,
mediante el cual, se dispuso su retiro del servicio activo de las
Fuerzas Militares, en calidad de oficial del Ejército Nacional.

1
Expediente digital – Samai – Índice 002 – 5_EXPEDIENTEDIGL_EXPEDIENTE_
18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1.

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Número Interno: 0235-2025
Demandante: Wilmer Didier García Daza
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

ii) Acto administrativo No. 20145503276993MDN-CGFM CE-JEM-
JEDEH-DIPER-ASC, que ordenó de forma inmediata su
desacuartelamiento, y todos los actos posteriores a la resolución
ministerial, relacionados con esta.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que, se ordene al
Ministerio de Defensa Nacional, reintegrarlo al mismo cargo que venía
desempeñando, en iguales condiciones de trabajo a las que poseía al
momento de su desvinculación, o en otro de igual o superior categoría y
conservando su antigüedad.

3. Adicionalmente, solicitó condenar al Ministerio de Defensa Nacional, al
pago de los salarios, primas, reajustes o aumento de sueldos y demás
emolumentos salariales dejados de percibir, desde la fecha de la
desvinculación hasta la fecha del reintegro efectivo.

4. Finalmente solicitó que, se dé cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, son los
siguientes:

5. El Diecinueve (19) de enero de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996),
el señor Wilmer Didier García Daza, ingresó a Escuela Militar de Cadetes
General José María Córdova del Ejército Nacional, en el grado de cadete, y,
durante su carrera militar realizó los correspondientes cursos de ascenso,
hasta alcanzar el grado de Mayor en el Arma de Caballería.

6. El Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Trece (2013), el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Popayán, con función de Control de Garantías, dentro del
radicado No. 110060000982201200139, le impuso medida de aseguramiento,
consistente en detención preventiva, por los delitos de concierto para delinquir
y otros, mediante boleta de encarcelación No. 040, el juzgado ordenó que la
medida intramural debía cumplirse en una guarnición militar.

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Número Interno: 0235-2025
Demandante: Wilmer Didier García Daza
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

7. El Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Trece (2013), fue recluido en la
carceleta de la URI de la Fiscalía de Popayán, hasta el Veinte (20) de febrero
de Dos Mil Catorce (2014).

8. El señor García Daza interpuso acción de tutela contra el Ejército Nacional, y
en fallo de segunda instancia, proferida el Once (11) de febrero de Dos Mil
Catorce 2014 por la Corte Suprema de Justicia, amparó sus derechos
fundamentales de vida digna, debido proceso e integridad física, además se
ordenó al comandante del Batallón de ASPC N°29 acatar la boleta de
encarcelación No. 040 proferida por el Jugado Tercero Penal Municipal de
Popayán con Función de Control de Garantías, por ello, fue trasladado al
Centro de Reclusión Militar del Comando del Cantón Militar de Apiay en la
sede del Comando Especifico del Caguán, Villavicencio – Meta.

9. Mediante Resolución Ministerial No.2376 del Veinticinco (25) de marzo
de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el ministro de Defensa Nacional, el
demandante fue retirado del servicio activo de las Fuerzas Militares y mediante
radiograma No. 20145503276993MDN-CGFM-CE-JEM-JEDEH-DIPER ASC
del Veintiséis (26) de marzo de Dos Mil Catorce (2014), proferido por la
Dirección de Personal de Altas y Bajas, se ordenó su desacuartelamiento, el
cual le fue notificado el Veintisiete (27) de marzo del mismo año.

10. El Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil catorce (2014), al señor García
Daza le realizaron exámenes médicos, que arrojaron como resultados
patologías tales como como hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia renal
y lesión en tobillo.

11. El demandante permaneció en las filas del Ejército Nacional durante 18
años, con numerosas condecoraciones, las cuales le permitieron ascender en
los rangos militares, llevándolo a ser Mayor de Caballería, con excelente
calificación.

12. Su cónyuge se encuentra actualmente sin trabajo, teniendo a cargo las
obligaciones de su hija menor de edad y a partir del Veinticinco de junio de

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Número Interno: 0235-2025
Demandante: Wilmer Didier García Daza
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

Dos Mil Catorce, debe asumir todos los gastos médicos, de traslado,
tratamiento y exámenes, derivados del retiro del servicio.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

13. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:

Artículos 1, 11, 29, 49, 90 de la Constitución Política de Colombia.
Artículos 99 y 104 de la Ley 1790 del 2000.

14. Como concepto de violación el argumento se centró en que, se
evidencia una violación al principio constitucional al debido proceso, puesto
que, la Resolución Ministerial No.2376 del Veinticinco (25) de marzo de Dos
Mil Catorce (2014) se motivó en presuntos hechos delictivos del señor García
Daza, sin que se le permitiera defenderse en sede gubernativa, pese a que el
proceso penal se encontraba en investigación. Consideró que, en la
fundamentación del acto administrativo demandado, se lo consideró culpable
de conductas penales y disciplinarias, vulnerando su derecho a la defensa y a
la presunción de inocencia.

15. Señaló que, se desconocieron los fines del Estado, el buen nombre, el
derecho al trabajo, considerando que, si existen señalamientos de conductas
penales o disciplinarias, debieron adelantar la investigación por control
disciplinario y suspenderlo del servicio activo, hasta que su situación penal se
defina en forma definitiva con una sentencia de la justicia penal ordinaria.

16. Expuso que, existe una falsa motivación, debido a que, en la facultad
discrecional que le atribuye la ley a las Fuerzas Armadas, es permitido el retiro
de los militares del servicio activo, sin embargo, el acto administrativo que así
lo determine debe estar suficientemente motivado, lo cual no ocurrió en el
presente asunto, porque en la Resolución Ministerial No.2376 solo se
mencionó un acto objeto de investigación que se llevó en contra del
demandante, por el cumplimiento de sus deberes como oficial del Ejército
Nacional.

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Número Interno: 0235-2025
Demandante: Wilmer Didier García Daza
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

17. Bajo estos presupuestos expuso que, se transgredieron las
disposiciones constitucionales y legales citadas, desconociéndose los fines del
estado, el buen nombre, el derecho al trabajo, el debido proceso, y que, al
existir señalamientos de conductas penales o disciplinarias, debió adelantarse
la investigación por Control Disciplinario y suspenderlo del servicio activo hasta
que la situación penal se definiera de forma definitiva con una sentencia de la
justicia penal ordinaria.

2. Contestación de la demanda.

18. El apoderado de La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional2,
procedió a contestar la demanda, solicitando se desestimaran cada una de las
pretensiones, bajo las siguientes consideraciones:

19. Argumentó que, la Resolución Ministerial No.2376 del Veinticinco (25)
de marzo de Dos Mil Catorce (2014), goza de presunción de legalidad y tiene
como respaldo investigaciones penales en contra del señor García Daza,
quien se encontraba privado de la libertad desde el Veintiocho (28) de agosto
de Dos Mil Trece (2013), por delitos distintos a los consagrados en el código
penal militar.

20. Sostuvo que, el señor García Daza era investigado por el delito de
concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en concurso heterogéneo
con espionaje, delitos que no tienen relación con el servicio, lo que constituye
una conducta abiertamente contraria a la función constitucional de la Fuerza
Pública y que, por su sola comisión rompe el nexo funcional del agente con el
servicio.

21. Además, afirmó que mediante Resolución No. 4434 del Seis (06) de
octubre de Dos Mil Quince (2015) se le reconoció al demandante pensión de
invalidez y se encontraba activo en el sistema de salud de las Fuerzas
Militares, descartando s desprotección al derecho a la salud y los servicios
médicos.

2
Expediente digital – Samai – Índice 002 – 5_EXPEDIENTEDIGL_EXPEDIENTE_
18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 04CuadernoPrincipalNo.2.

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Número Interno: 0235-2025
Demandante: Wilmer Didier García Daza
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22. Finalmente formuló excepciones que denominó: «falta de competencia
territorial», argumentando que la última unidad militar donde laboró el
demandante fue en el Comando Específico del Caguán, de la Fuerza de Tarea
Conjunta Omega, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán del
Departamento del Caquetá, por lo tanto, el competente para conocer de la
presente demanda era el Tribunal Administrativo del referido departamento y
no el Tribunal Administrativo del Meta.

3. Sentencia de primera instancia3.

23. El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia No. 129
proferida el Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

24. En sustento de su decisión, sostuvo que, el retiro del servicio del actor,
estuvo suficientemente motivado en la Resolución 2376 de 2014, en tanto
replica el contenido del acta de recomendación; considerando que, los
argumentos expuestos constituyen razones suficientes para entender la
decisión de la administración, que enrostró la pérdida de la confianza
institucional, por cuanto, el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Veintitrés
(2023), el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán, con función de control
de garantías, ordenó su captura por el delito de concierto para delinquir con
fines de narcotráfico y espionaje, por hechos ocurridos desde el Ocho (08) de
abril de Dos Mil Doce (2012).

25. Enfatizó que, de acuerdo con la sentencia SU-053 de 2015, el concepto
emitido por las juntas asesoras o los comités de evaluación, no debe estar
precedido de un procedimiento administrativo previo en el que se escucharan
los descargos y/o alegaciones del demandante.

26. Arguyó que, habrá mejoramiento del servicio, cuando la entidad retira
de sus filas a personal que está siendo cuestionado legalmente, actuación que,

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Expediente digital- Samai – Índice 002 – Primera instancia - índice 00114.

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Demandante: Wilmer Didier García Daza
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calma las legítimas expectativas de la comunidad, que siempre espera lo mejor
de los servidores públicos.

27. Consideró que, en el caso concreto se cumplieron los demás requisitos
previstos en la sentencia de unificación, pues la motivación de la Resolución
2376 de 2014, se fundamentó en el concepto previo que emitió la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares en
sesión ordinaria de fecha Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Trece (2013),
registrada en el Acta No. 05, la cual se basó, a su vez, en razones objetivas y
hechos ciertos, tales como que el señor García Daza fue privado de la libertad
por estar inmerso en una investigación penal.

28. Refirió que, el demandante alegó que, el proceso penal culminó con
preclusión de la investigación por la causal de prescripción de la acción penal,
sin que al plenario se allegara prueba de ello y si así lo hubiera hecho, lo cierto
es que, la facultad discrecional válidamente puede fundarse como lo hizo la
accionada en el acto de retiro, en la pérdida de la confianza, cuando uno de
sus miembros ha sido capturado, privado de la libertad y enjuiciado por
prácticas punibles presuntamente cometidas en servicio activo, sin tener que
esperar a que la justicia penal decida definitivamente sobre su
responsabilidad.

29. Por lo tanto, expuso que, si la decisión de separar del servicio activo a
un militar por tales causas, estuviera supeditada a la existencia de un fallo
condenatorio, se desnaturalizaría la modalidad de retiro, pues ya no sería el
ejercicio de una discrecionalidad, sino el cumplimiento de una consecuencia
lógica de la sanción penal. Concluyó que, la existencia de una facultad
discrecional es precisamente permitir que, a través de un mecanismo ágil, sin
que por ello sea arbitrario, se pueda separar de las filas a quien bajo criterios
objetivos, represente un desmejoramiento o afectación al servicio público,
esto, en garantía del interés general supremo.

30. En consecuencia, el A-quo determinó que el acto administrativo
demandado tuvo como fundamento el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, que plasmó

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Número Interno: 0235-2025
Demandante: Wilmer Didier García Daza
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explícitamente las motivaciones de su recomendación, por lo que, el
demandante tuvo la oportunidad de conocer las razones fácticas por las que
se dispuso su desvinculación, y en criterio del Tribunal, colman las razones
de proporcionalidad y razonabilidad, porque obedecieron al mejoramiento del
servicio, y se encuentra acorde a los postulados constitucionales y legales que
tal figura debe cumplir.

4. Recurso de apelación4

31. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
No. 129 del Siete (07) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), solicitando
que, se revoque integralmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se tengan como probadas las pretensiones de la demanda y se produzcan las
declaraciones y condenas solicitadas en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional.

32. Afirmó que, la parte demandante nunca ha cuestionado la legalidad de
la Resolución Ministerial 2376 de 2014, que efectivamente se encuentra
precedida de una junta asesora y un comité de evaluación, no obstante, su
inconformidad deviene en que el fundamento de la pérdida de confianza sea
la medida de aseguramiento impuesta por un Juez de Control de Garantías,
porque, en la resolución se plasmó de forma expresa que ese era el motivo y
no otro, el que servía de base para retirar discrecionalmente al oficial del
Ejército Nacional.

33. Argumentó que, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia en
su artículo 29-4 establece que, toda persona se presume inocente mientras no
se la haya declarado judicialmente culpable, y al momento de tomarse la
decisión de retiro discrecional, no existía una sentencia judicial que declarase
la responsabilidad penal por el delito de concierto para delinquir con fines de
narcotráfico y espionaje, por la tanto, considera que, se ha violado la
presunción de inocencia.

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Expediente digital – Samai – Primera instancia - Índice 00117.

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34. Refirió que, en su criterio el problema jurídico a resolver es, qué solución
tiene la administración para responder a la situación de hecho y de derecho
respecto de una imputación contra un oficial, preguntándose si, lo puede retirar
o debe esperar a que se declare la responsabilidad judicialmente, asumiendo
en ambos casos, las consecuencias que de esas opciones se producen, pues,
si decide esperar, deberá darle el tratamiento regular de cualquier miembro de
la Fuerza Pública, sin ningún tipo de discriminación, con base en el principio
de la buena fe y la presunción de inocencia, pero, si decide retirarlo
discrecionalmente, y es absuelto, o se produce fallo anticipado de no
responsabilidad penal como en este caso, deberá reparar el agravio producido,
indicando que, la Resolución Ministerial 2376 de 2014 deviene falsamente
motivada, por el pronunciamiento posterior de la administración de justicia con
fuerza y efecto erga omnes, ya que tiene efecto de cosa juzgada material.

35. Manifestó que, las imputaciones judicialmente enrostradas a un
ciudadano, no son razones objetivas y mucho menos hechos ciertos, se trata
de un cúmulo de afirmaciones subjetivas y hechos jurídicamente relevantes,
que deberán ser debatidos y sometidos a la consideración de un juez, que, a
través de la sentencia en firme permitirá entenderlos como objetivos, y no
como se afirma en la sentencia impugnada, que para la época del retiro
discrecional, ya pudiera considerársele como razones objetivas y hechos
ciertos.

36. Con respecto al concepto de pérdida de la confianza institucional,
expuso que, en los anexos de la demanda se tiene copia de la hoja de vida del
actor y copia de folio de vida, que dejan constancia día a día de las anotaciones
sobre el desempeño de las funciones, los cargos y los grados y las
condecoraciones recibidas desde su aceptación en la Escuela de Formación y
hasta el grado de mayor, evidenciando que, se trata del oficial del Ejército más
condecorado, siempre calificado entre los primeros de cada curso y en las
evaluaciones de desempeño, por lo que, no pude decirse que se ha perdido la
confianza institucional por un hecho no demostrado y siempre debatido por la
defensa, al punto que logró fallo ejecutoriado a favor.

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Número Interno: 0235-2025
Demandante: Wilmer Didier García Daza
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

37. Consideró que, sancionar con el retiro discrecional a un oficial de
Ejército, por sí mismo no constituye mejoramiento del servicio, ni siquiera por
la existencia de un cuestionamiento legal, mucho menos con el ánimo de
calmar las expectativas de la comunidad, porque si bien el servicio público se
debe a la ciudadanía, no puede constituir ese tribunal de la opinión pública en
un escenario de linchamiento en contra de quien no ha sido declarado
judicialmente culpable o peor aún, como en este caso, que ha sido declarado
judicialmente inocente.

38. Enfatizó en que, no basta, para predicar la legalidad y acierto de un acto
administrativo, decir que hubo la junta asesora como requisito del mismo, pues
ello constituye una administración pública que respeta las formas propias del
juicio, el debido proceso y la legalidad de las decisiones, pero que,
materialmente violenta los derechos de los ciudadanos que indefensos ante el
poder del Estado como elemento burocrático, solo tienen a los jueces para
lograr la reparación a la que tienen derecho, respecto de los actos
administrativos, solicitando acceder a las pretensiones de la demanda.

5. Trámite de segunda instancia.

39. Por medio de auto del Ocho (8) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)5, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación en efecto suspensivo,
conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que
decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

5.1. Concepto del Ministerio Público6

40. El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de
Estado, rindió concepto, en el cual solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, por considerar que, la recomendación dada por la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa, se respalda en una razón clara y objetiva, fundada en que
el demandante contaba con orden de captura emitida por el Juzgado 5 Penal
Municipal de Popayán con Función de Control de Garantías, por el delito de

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Samai – Índice 00004.
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Samai – Índice 00011.

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Concierto para delinquir con fines de narcotráfico y espionaje, situación que, en
su criterio, puso en tela de juicio su credibilidad y confianza.

41. Señaló que, la recomendación de retiro dista de ser arbitraría, ya que se
fundó en una razón seria, objetiva, verificable y clara, y dado que, el demandante
fue retirado del servicio de la institución castrense, no por capricho de la
administración, sino por la necesidad real del servicio militar, en tanto, dicha
medida genera de manera indiscutible, pérdida de confianza de la institución
para con el demandante, máxime cuando se trata de delitos de gran envergadura
por los que estaba siendo investigado, ello aunado a que dicha situación
afectaba la imagen institucional del Ejército Nacional, al mantener en sus filas a
un militar involucrado en este tipo de delitos, situación que desdibuja la
honestidad y valores éticos con los que se supone ha de actuar el personal
militar.

42. Enfatizó que, la medida de aseguramiento afectaba la disponibilidad para
el servicio que se ha de predicar de todo el personal militar vinculado al Ejército
Nacional, el cual no podía ser cumplido dada su ejecución.

43. Concluyó que, la recomendación de retiro del servicio por facultad
discrecional, cumplió con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad
conforme lo ha ordenado la sentencia de unificación en la materia proferida por
el Consejo de Estado, de suerte que, no solo se evaluó la simple existencia del
proceso penal en contra del demandante, sino el impacto del mismo en la
institución y en el cumplimiento de sus deberes funcionales, llegando a la
conclusión que, el servicio se vería afectado en razón o con ocasión de la orden
de captura vigente en su contra, lo que de suyo afecta la imagen institucional.

44. Indicó que, el retiro del servicio por facultad discrecional, es una potestad
independiente de la administración, la cual, no se encuentra sujeta o supeditada
al fenómeno de la cosa juzgada en el proceso penal, sino que, se funda en
razones objetivas proporcionales y razonables, que llevan a la administración a
la decisión de desvincular del servicio al militar, en este caso fundado en la
medida de seguramiento impuesta en su contra.

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45. Concluyó que, no se ha afectado la presunción de inocencia del
demandante, porque el acto administrativo que lo retiró del servicio, no se fundó
en la declaratoria de responsabilidad penal por los delitos por los que estaba
siendo investigado, sino en la decisión administrativa de retirarlo por facultad
discrecional para proteger el servicio y la imagen de la institución castrense,
fundado en la existencia de hechos objetivos que, a la luz del análisis efectuado
por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, afectaban el servicio.

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

46. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA.

47. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3287 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

48. Corresponde a la Sala determinar:

i) ¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio
de los cuales, se dispuso el retiro temporal con pase a la reserva del
demandante, por la presunta vulneración de la presunción de inocencia,
al sustentarse la facultad discrecional de retiro del servicio, en la pérdida
de confianza en el militar, dada la medida de aseguramiento ordenada
en su contra?

7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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ii) ¿Hay lugar al restablecimiento del derecho, en los términos
pretendidos por el demandante?

49. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Pruebas
recaudadas; y 2.5 Caso concreto; 2.6. Condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

50. El Decreto 1790 de 2000, por medio del cual, se regulan las normas de
carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, en su
título IV, regula lo atinente a la suspensión, retiro, separación y reincorporación
al servicio, disponiendo frente al retiro del servicio:

«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la
que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de
autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad.
El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia,
Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás
grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá
delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando
se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa
justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito
de abandono del servicio.

El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.»

51. Por su parte, el artículo 100 de la misma normativa, establece como
causal de retiro del servicio, la contenida en el numeral 8, relativa a la facultad
discrecional.

52. Respecto de dicha facultad discrecional, el artículo 104 ibidem, prevé:

«ARTÍCULO 104. RETIRO DISCRECIONAL. Por razones del servicio y en
forma discrecional, se podrá disponer el retiro de los oficiales y suboficiales, con
cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del Comité de Evaluación
para el efecto, el cual estará conformado por el Segundo Comandante de
Fuerza, el Inspector General, el Jefe de Personal de la respectiva Fuerza, y el
Comandante de la unidad operativa a la cual pertenezca. Cuando se trate de
oficiales se requiere previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de

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Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

Defensa para las Fuerzas Militares. El acto administrativo de retiro se regirá por
lo dispuesto en el Artículo 99 de este Decreto»

53. La Sección Segunda de esta Corporación, profirió sentencia de
unificación SUJ-26-S2 de Siete (7) de abril de Dos Mil Veintidós (2022)8, en la
que analizó la facultad discrecional de retiro del servicio activo de los miembros
de la fuerza pública y las fuerzas militares, fijando las siguientes reglas:
«1. Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el
retiro tanto del personal uniformado de la Policía Nacional como de las fuerzas
militares por voluntad del Gobierno en ejercicio de la facultad discrecional, para
cuyo efecto se establecen las siguientes reglas:

1.1 La recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora o de
evaluación y clasificación, que sirve de sustento al acto administrativo definitivo,
deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad o
capricho), dejando plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la
sugerencia de desvinculación, de acuerdo con los documentos que permitan
entrever su correlación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

1.2 En la diligencia de notificación del acto de retiro del servicio al interesado, la
correspondiente institución deberá entregarse copia de la referida
recomendación y sus soportes; y de comportar carácter reservado, de igual
modo, se deberá garantizar su acceso a ellos, con la obligación de preservar tal
condición. Lo anterior no habilita al retirado para recurrir la decisión en sede
administrativa.

1.3 En caso de incumplimiento de los parámetros enunciados, el juez
administrativo en el respectivo proceso deberá determinar si se satisfacen las
condiciones de proporcionalidad y razonabilidad de la decisión administrativa,
que le permitan conservar su presunción de legalidad, en armonía con las reglas
de la sana crítica en la valoración probatoria de los documentos relevantes que
despejen cualquier duda de arbitrariedad.

2. Adviértase a la comunidad en general que las consideraciones y la decisión
adoptadas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación,
constituyen precedente vinculante, en los términos del artículo 10 de la Ley 1437
de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 ibidem, y deben acatarse para
decidir controversias pendientes de solución, tanto en sede administrativa como
de competencia de esta jurisdicción; sin embargo, no se aplicarán a casos que
hayan hecho tránsito a la cosa juzgada, por ser inmodificables.»

54. La unificación así dispuesta, partió de la necesidad de fijar las garantías
para que, los miembros de la policía y de las fuerzas militares, retirados del

8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicación No. 52001-23-31-000-
2009-00349-01 (4288-2016).

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servicio por la facultad discrecional, cuenten con los elementos necesarios
para que, puedan controvertir las decisiones ante el juez de lo contencioso
administrativo, quien, debe verificar los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad en la recomendación de retiro del servicio.

2.4 Pruebas recaudadas.

55. En el expediente de primera instancia, reposan los siguientes medios
de prueba:

• Copia de cédula de ciudadanía del señor Wilmer Didier García Daza 9.
• Copia de cédula militar del señor Wilmer Didier García Daza10.
• Comprobantes de nómina del mes de diciembre de 2013, y los meses de
enero y febrero de 201411.
• Boleta de encarcelación No. 40 emitida por el Juzgado 3 Penal Municipal con
funciones de Control de Garantías de Popayán12.
• Resolución Ministerial No. 2376 del Veinticinco (25) de marzo de Dos Mil
Catorce (2014), emitida por el ministro de Defensa Nacional, por medio de la
cual, se retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares al mayor Wilmer
Didier García Daza13.
• Radiograma No. 20145530276993 MDN-CGFM-JEM-JEDEH-DIPER-ASC,
de Veintiséis (26) de marzo de Dos Mil Catorce (2014)14.
• Oficio No. 1214/MDN-CGFM-FUTCO-G1-29.60 de Veintisiete (27) de marzo
de Dos Mil Catorce (2014), correspondiente a la solicitud de notificación de
retiro oficial15.
• Notificación de resolución de retiro al señor Wilmer Didier García Daza de

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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 23.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 23.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folios 24 a 26.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 27.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folios 28 y 29.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 30.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 31.

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fecha Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Catorce (2014)16.
• Notificación de solicitud de desacuartelamiento de Veintisiete (27) de marzo
de Dos Mil Catorce (2014)17.
• Acta de Desacuartelamiento del señor Wilmer Didier García Daza18.
• Constancia de retiro del servicio activo del señor Wilmer Didier García
Daza19.
• Extracto de hoja de vida de Wilmer Didier García Daza20.
• Programa personal de desempeño y folio de vida entre los años 2000 a
201321.
• Resolución 4434 del 06 de octubre de 2015, mediante la cual se le reconoce
al señor Wilmer Didier García Daza la pensión de invalidez22.
• Oficio 1214 MDN-CGFM-FUTCO-G1-29.60 fechado 27 de marzo de 2014,
suscrito por el comandante del Comando Específico del Caguán y elaborado
en el municipio de San Vicente del Caguán, dirigido al director del Centro
Reclusión Militar de APIAY23.

2.5. Caso concreto

56. En el sub lite, el ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución
Ministerial No. 2376 del Veinticinco (25) de marzo de Dos Mil Catorce (2014),
retiró de manera discrecional, de manera temporal con pase a la reserva, al
mayor Wilmer Didier García Daza.

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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 32.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 33.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 34.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folio 35.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folios 36 a 43.
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Expediente digital – Samai – Índice 002 – 5_EXPEDIENTEDIGL_EXPEDIENTE_
18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 03CuadernoPrincipalNo.1 -folios 44 a 203.
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Expediente digital – Samai – Índice 002 – 5_EXPEDIENTEDIGL_EXPEDIENTE_
18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 04CuadernoPrincipalNo.2 – folios 24 a 25.
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18001233300020230013_0_20250129153833665.zip - 04CuadernoPrincipalNo.2 – folio 28.

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57. La decisión adoptada se sustentó en la recomendación de retiro por
razones de servicio, emanada de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para las Fuerzas Militares, efectuada el Veintiséis (26) de agosto de
Dos Mil trece (2013).

58. La Sala se permite reproducir las consideraciones consagradas en la
resolución ministerial, habida cuenta que, los reparos de apelación que
insisten en la nulidad deprecada, parten de estos motivos:

«Que la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
Fuerzas Militares, en sesión ordinaria de fecha 26 de agosto de 2013, registrada
en el Acta No. 05, recomendó el retiro por razones del servicio en forma
discrecional, del señor Mayor WILMER DIDIER GARCÍA DAZA identificado con
la cédula de ciudadanía No. 86.054.733, por las razones que se exponen a
continuación:

El Comité de Evaluación conforme lo dispone el artículo 104 del Decreto 1790
de 2000, procede a analizar las circunstancias militares y otros aspectos del
señor Mayor Caballería GARCÍA DAZA WILMER DIDIER identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 86054733 orgánico del Comando Específico del
Caguán.

Es necesario tener en cuenta que para garantizar el cabal cumplimiento de la
misión constitucional encomendada a las Fuerzas militares el personal de
oficiales debe enmarcar su comportamiento dentro de los siguientes
parámetros:

El Oficial, debe ser para otros una pauta para actuar con acciones acordes con
las convicciones, los principios, los valores y la ética que rigen las actuaciones
coherentes con la que ha jurado defender y proteger, cuando una persona
escoge la carrera militar, debe tener en cuenta que la responsabilidad que
libremente asume es doble; una consigo mismo y la otra con todas las personas
que lo observan como el modelo por seguir con un comportamiento ajustado. A
lo correcto. Un soldado es un hombre inteligente que sabe que el ejemplo es el
modelo el patrón, la huella y la trascendencia para otros.

(…)

El oficial debe ser un modelo de ética, principios y valores, porque nadie como
él representa la legalidad, la legitimidad, lo correcto y la forma de obrar de un
ser humano modelo de conducta, por tanto, un solo error pone en peligro a la
institución y su misión.

Conforme a los anteriores parámetros y los hechos en contravía de las normas
que rigen la carrera militar en los que se ha visto involucrado el Oficial, al cual
el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán, con función de control de
garantías, ordenó su captura el 26 de agosto de 2013 por el delito de Concierto

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para delinquir con fines de narcotráfico y Espionaje, por hechos ocurridos desde
el 8 de abril de 2012 hasta la fecha, principalmente en la Costa del Pacífico
Colombiano; situación que vulnera los principios y la doctrina que gobierna la
Fuerza Pública para cumplir y hacer valer todas las normas que a través de la
historia ha forjado el comportamiento del militar frente a sus semejantes y el
medio que los circunda. Es de anotar que desde el mismo juramento cada
miembro del ejército se compromete a velar por el cumplimiento de la
Constitución Política, pero igualmente las Leyes y los Actos Administrativos,
aspecto que no fue puesto en práctica por el Oficial, comportamiento que
necesariamente trae como consecuencia la pérdida de la confianza de sus
superiores e impide el cabal cumplimiento de la misión que se le otorga como
Funcionario del Estado.

Comportamiento que, a todas luces, afecta de manera grave el servicio, puesto
que fueron notorios los hechos en los cuales se vio involucrado el Oficial, que
puso en tela de juicio la trayectoria en su carrera militar, perdiendo la credibilidad
y confianza en futuros cargos y misiones que le encomienden, ante sus
superiores, compañeros y subalternos.
(…)»

59. En criterio de la parte demandante, las razones expuestas por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, comprometen la presunción de
inocencia, teniendo en cuenta que se edifican en la pérdida de confianza en el
militar, a partir de la medida de aseguramiento, sin que, para el momento del
retiro del servicio, existiera una sentencia condenatoria, enfatizando en que,
con posterioridad el proceso penal fue terminado sin comprometer su
responsabilidad.

60. Frente a la presunción de inocencia, en aquellos casos en que se dicta
por el juez penal una medida preventiva, la Corte Constitucional en la
sentencia C-289 de 2012, se pronunció respecto de esta causal de retiro del
servicio, en tratándose de soldados profesionales, dilucidando lo siguiente:

«27.- Dicho esto, la Sala considera que el retiro definitivo del servicio –en el
sentido indicado- del soldado profesional contra quien se ha dictado una
detención preventiva por más de 60 días es contraria a la Constitución al
restringir desproporcionadamente la presunción de inocencia de la que goza
esta persona en el ámbito laboral, según el artículo 29 de la Constitución
interpretado de conformidad con la jurisprudencia constitucional. Ello es así
porque, aplicado un juicio de proporcionalidad24, se concluye que, aunque la
medida busca un fin constitucionalmente legítimo y es idónea, no es necesaria
para lograrlo, como se demostrará a continuación.

24
Sobre los pasos del juicio de proporcionalidad, ver la sentencia C-648 de 2001.

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La medida de retiro definitivo tiene sin duda un fin constitucionalmente legítimo
de carácter preventivo, no sancionatorio. Se parte de un hecho objetivo –la
detención preventiva- que, aunque no equivale a una condena, si es de
importancia en tanto ha sido decretada por un juez ante el cumplimiento de
exigentes procedimientos y requisitos –incluso probatorios25 y de gravedad de
la conducta26- descritos en la Constitución y la ley, la cual además ha tenido
una duración considerable –más de 60 días-. Ante ello, se aparta al soldado
profesional de la institución para prevenir las eventuales afectaciones al buen
funcionamiento de la institución que se podrían presentar si la medida de
detención preventiva se levantara27 y se produjera la reincorporación
automática a las funciones militares de un soldado que no ha sido condenado
pero aún está vinculado a un proceso penal. Este objetivo resulta constitucional
en vista del gran daño que puede causar el instrumento usado por los soldados
profesionales para sus funciones –las armas- lo que justifica extremar las
medidas tendientes a proteger a la comunidad, a las presuntas víctimas y a la
propia institución, en razón de que el artículo 2 ordena al Estado proteger los
derechos y bienes de todas las personas28.

El retiro definitivo se revela así mismo como una medida idónea para prevenir
las posibles afectaciones ya referidas ya que, una vez separado de forma
definitiva, se elimina la posibilidad de que el soldado profesional, levantada la
detención preventiva, atente contra el buen funcionamiento de la institución,
contra la comunidad o contra las presuntas víctimas usando los instrumentos
del servicio.

Sin embargo, el retiro definitivo es innecesario pues, al mismo objetivo y al
mismo nivel de efectividad, se podría llegar con una medida que restringe en
menor medida la garantía constitucional de la presunción de inocencia, cual es
una suspensión que se levante en el caso de que soldado profesional no sea
condenado, sea por sentencia absolutoria o cualquier otra decisión que no
implique condena. Una vez esto sucede, la medida preventiva que protege a la
institución, a la comunidad y a las presuntas víctimas pierde su razón de ser.
Con la medida alternativa, no se aplica de entrada una consecuencia definitiva
a una persona que, según el artículo 29 de la Constitución y la jurisprudencia
constitucional, debe ser tratada como inocente en todos los ámbitos, incluido el
laboral.»

25 Artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.
26 Artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el art. 60 Ley 1453 de 2011

27 Artículo 317 del Código de Procedimiento Penal.
28 En similar sentido, la sentencia C-398 de 2011 sobre la imposibilidad de ejercer la profesión de
abogado cuando se ha decretado en su contra detención preventiva: “En esas condiciones el ejercicio
profesional no sería adecuado y tampoco responsable, por lo cual no resulta contrario a la Constitución
que, tratándose de la imposición de una medida privativa de la libertad, el legislador haya previsto una
incompatibilidad cuya ausencia no solo afectaría los derechos a acceder a la justicia y al debido proceso
de los eventuales clientes, sino también a la misma administración de justicia que no podría contar con
la colaboración eficiente del abogado detenido (…) La Corte concluye que la incompatibilidad censurada
tiene claros fines constitucionales en la previsión del riesgo social, en el interés general inherente al
ejercicio profesional de la abogacía y en la protección de los derechos de terceros, objetivos que aportan
un marco de justificaciones más amplio que el fundado en la mera apreciación individual de las
consecuencias que la privación de la libertad tendría sobre el directamente implicado”.

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61. De acuerdo con el planteamiento de la Corte Constitucional, aunque no
pierde de vista la Sala que, este se sustentó en la proporcionalidad de la causal
de retiro definitivo del servicio, lo cierto es que, dicha corporación avala que,
el retiro del servicio, teniendo como causal la detención preventiva de un
miembro de las fuerzas militares, conlleva un fin legítimo, «para prevenir las
eventuales afectaciones al buen funcionamiento de la institución que se podrían
presentar si la medida de detención preventiva se levantara29 y se produjera la
reincorporación automática a las funciones militares de un soldado que no ha sido
condenado pero aún está vinculado a un proceso penal».

62. Bajo este presupuesto, concluye la Sala que, el retiro del servicio activo
de un miembro de las fuerzas militares, teniendo como causal una medida de
aseguramiento dictada por un juez penal de control de garantías, no confronta
per se, el derecho a la presunción de inocencia, dado el fin que lleva ínsito
dicho retiro.

63. En el presente asunto, a efectos de verificar el cumplimiento de las
reglas dispuestas por esta Corporación en la sentencia de unificación
referenciada, lo primero que debe señalarse es que, la Resolución Ministerial
No. 2376 del Veinticinco (25) de marzo de Dos Mil Catorce (2014), es enfática
en consignar que, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional,
recomendó el retiro temporal del servicio, en virtud de la facultad discrecional,
lo que presupone que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 104 del
Decreto 1790 de 2000, relativo a que, para el retiro del servicio del personal
de oficiales de las fuerzas militares, debe mediar dicho concepto.

64. Continuando con la segunda regla dispuesta en la sentencia de
unificación, relativa a la entrega de la recomendación y sus soportes al retirado
del servicio, ninguno de los elementos aportados en la demanda o su
contestación, permiten a la Sala corroborar que se haya cumplido con este
presupuesto.

65. No obstante, esta circunstancia por sí sola, no tiene la connotación de
confrontar la legalidad del acto administrativo de retiro del servicio, en tanto y

29 Artículo 317 del Código de Procedimiento Penal.

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en cuanto, de conformidad con la tercera regla de unificación, le corresponde
al juez de lo contencioso administrativo, determinar las condiciones de
proporcionalidad y razonabilidad, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

66. Para la Sala es claro, con base en lo consignado en el acto
administrativo de retiro del servicio, que, la medida de aseguramiento dictada
por el Juez de Control de garantías, es la que da lugar a evaluar, por parte de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, el compromiso de la labor
militar del señor Wilmer Didier García Daza.

67. En criterio de la Sala, la recomendación de retiro por parte de la junta
asesora del Ministerio de Defensa Nacional, a partir de la pérdida de confianza
en el militar, no puede entenderse arbitraria o caprichosa, en razón a que, se
cimentó en la medida de aseguramiento dispuesta por el juez competente,
cuya boleta de encarcelación fue aportada por el propio demandante, tuvo en
cuenta la gravedad del delito imputado, relativo al concierto para delinquir con
fines de narcotráfico y espionaje y partió del presupuesto que, la calidad de
oficial del miembro de la fuerza pública, le imponía en su actuar, estar acorde
con el ejemplo y representatividad ante la institución y la sociedad.

68. En este punto, es importante señalar que, los delitos imputados, en
especial el de espionaje, comportan graves afectaciones a la seguridad del
Estado, lo que, a juicio de la Sala, justificaba la recomendación elevada por la
junta asesora de retiro temporal del servicio.

69. Asimismo, llama la atención de la Sala que, justamente se habían dado
por cumplidos los presupuestos legales para adoptar la medida de
aseguramiento privativa de la libertad, circunstancia que, permitía sustentar en
esta, la inminencia del retiro, máxime si, era la propia seguridad del Estado la
que se encontraba comprometida, presuntamente, por parte de un oficial del
Ejército Nacional.

70. Adicionalmente, no pierde de vista la Sala que, la recomendación de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, fue el retiro temporal del
servicio con pase a la reserva por la facultad discrecional, es decir, que quedó
sentada una temporalidad, situación adicional para entender que no se

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Número Interno: 0235-2025
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confrontó la presunción de inocencia, pues no se está disponiendo un retiro
absoluto del servicio.

71. Vistas así las cosas, la Sala concluye que, la recomendación de retiro
temporal del servicio activo, del mayor Wilmer Didier García Daza, resulta
razonable y proporcional, y se sustenta en la medida de aseguramiento
dispuesta por orden judicial, la cual, dado el alto grado del militar
comprometido y, a partir del delito imputado, justificaba la pérdida de confianza
y credibilidad, por parte de los altos mandos de la Fuerza Pública, entre tanto
se surtía el juicio de responsabilidad penal.

72. En consonancia con lo anterior, no se evidencia la vulneración a la
presunción de inocencia por parte de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa, y por el contrario, se entrevé un raciocinio lógico frente a la situación
fáctica acaecida con el militar, lo cual, sea del paso señalar, que al momento
de disponerse el retiro temporal del servicio, esto es, alrededor de 7 meses
después de efectuada la recomendación, continuaba privado de la libertad,
situación que, ratificaba la razonabilidad del retiro del servicio sugerida por la
aludida junta.

73. Finalmente, aunque el recurrente aduce que, la ilegalidad del retiro del
servicio se edifica con la terminación del proceso penal a su favor, lo cierto es
que, no se allegó al plenario prueba que sustente el dicho del demandante y
permita efectuar un estudio de legalidad a partir de este hecho, razón por la
cual, se mantendrá incólume la decisión de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.

2.3 Condena en costas

74. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, sentencia del Siete (7) de noviembre
de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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