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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00149-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00149-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 1º de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 18001-23-33-000-2023-00149-01 Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2023-00149-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de diciembre de 2023

Radicado: 18001-23-33-000-2023-00149-01
Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 18001-23-33-000-2023-00149-01
Demandante CARLOS ALFONSO GÓMEZ MAZO
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental al descanso y al trabajo en
condiciones dignas. Vacaciones individuales de empleado judicial.
Obstáculos administrativos. Presupuesto para reemplazo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva, Coordinación Administrativa de Florencia, contra
la sentencia del 1º de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Primera de Decisión, que resolvió:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al
descanso remunerado del señor CARLOS ALFONSO GÓMEZ MAZO.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva- Huila, al Consejo Seccional de la Judicatura – Coordinación Administrativa de
Florencia, que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, de manera coordinada y de acuerdo con sus competencias, adelanten
las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para el nombramiento de la
persona que reemplace al actor en el disfrute de sus vacaciones, a efectos de que se
materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado.

TERCERO: Una vez el Juez Primero Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Florencia reciba respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
del Huila - Coordinación Administrativa de Florencia, procederá dentro de los cinco (5) días
siguientes a conceder, mediante acto administrativo, las vacaciones individuales solicitadas
por el actor; al igual que efectuar el correspondiente nombramiento provisional de la persona
que lo reemplace durante los días en que se encuentre disfrutando de las mismas”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de octubre de 20231, Carlos Alfonso Gómez Mazo, interpuso acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, Huila, la Coordinación Administrativa de Florencia
y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia,
por considerar vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas y justas, a la igualdad, a la salud y al descanso.

1
Información obtenida del acta de reparto de la Oficina de Apoyo de Florencia, Caquetá.

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Radicado: 18001-23-33-000-2023-00149-01
Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas,
igualdad, a la salud y al descanso, plasmados en la carta política, según los hechos referidos
en el acápite pertinente, por cuanto están siendo vulnerados por la negativa de la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA - HUILA y la
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA, de disponer los recursos para el pago
del reemplazo en el periodo de vacaciones solicitado.
SEGUNDO: Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE NEIVA – HUILA y a la COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA
ejecuten, dentro de un término máximo de 5 días, todas las acciones administrativas y
presupuestales necesarias encaminadas a expedir el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones y recursos necesarios que demande
el nombramiento de un empleado judicial que reemplace a CARLOS ALFONSO GOMEZ
MAZO, Oficial Mayor del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia, mientras ésta disfrutando de su periodo de vacaciones; y una vez expedido y
remitido dicho certificado, ORDENAR al Doctor CRISTIAN FERNANDO URQUIJO
MONTAGUT, en su calidad de JUEZ PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE FLORENCIA, y / o a quien hiciere sus veces, que dentro del término de 5
días, proceda a conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas
por mí, y a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo.
TERCERO: Ordenar a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE NEIVA – HUILA y a la COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA,
y/o a quienes hagan sus veces, que cada vez se adelante el trámite pertinente para que se
obtenga el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la persona que me reemplace
durante el disfrute de vacaciones como servidor judicial. Ello para no incurrir en temeridad,
toda vez, que no es posible que cada vez que solicite las vacaciones me sean negadas por
no contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y entonces tenga que acudir de
nuevo a la acción constitucional por los mismos hechos y derechos.
CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me permito solicitar
que en el fallo por Usted dictado se prevenga a la entidad accionada “para que en ningún caso
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que,
si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido.
QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como
amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de administrador de la
Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o vulnerados”.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Carlos Alfonso Gómez Mazo actualmente se desempeña como Oficial
Mayor en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Florencia.
2.2. El accionante solicitó a su nominador el disfrute de las vacaciones causadas
en el período comprendido entre el 1º de octubre de 2022 y el 30 de septiembre
de 2023, para ser disfrutadas a partir desde el 7 de noviembre de 2023 hasta
el 1º de diciembre de 2023.
2.3. Mediante la Resolución Nro. 69 del 17 de octubre de 2023 el titular del
despacho negó las vacaciones solicitadas por la parte actora, dadas las
necesidades del servicio pues argumentó que el volumen de trabajo del
despacho era alto, que contaba con un escaso número de servidores y que,
en ese sentido era necesario contar con un reemplazo lo que implicaba una

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Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

asignación presupuestal para tal efecto que había sido negada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva.

3. Fundamentos de la acción
El accionante se refirió al derecho al descanso remunerado como derecho
fundamental, reconocido por la OIT y en diversa y copiosa jurisprudencia a la que
se refirió en el escrito de tutela. Anunció la densa carga laboral que soporta el
despacho judicial en el que labora actualmente.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 18 de octubre de 2023 el juez de tutela de primera instancia
admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y
accionadas.

4.2. El Consejo Seccional de Administración Judicial de Florencia, Caquetá,
rindió informe en el que manifestó que la parte actora contaba con otro
mecanismo de defensa judicial y que no estaba acreditada la existencia de un
perjuicio irremediable.

Aclaró que la Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional Neiva
que es la competente para expedir el CDP, se encuentra imposibilitada para
acceder a la pretensión del accionante dado que no puede comprometer
vigencias futuras, que la Coordinación Administrativa de Florencia se limitó a
realizar el respectivo traslado de las solicitudes elevadas por el actor y advirtió
que en ningún momento se le negaron las vacaciones.

También se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la
medida que a quien correspondía otorgar o no las vacaciones era al juez titular
del despacho.

4.3. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, manifestó no tener
competencia para resolver sobre lo solicitado por el actor en la presente
acción, por lo que advirtió una falta de legitimación en la causa por pasiva y
por tanto, pidió ser desvinculado de la presente acción.

4.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó informe en el
que manifestó que existía un déficit presupuestal que impedía lo pretendido
por el actor y que, en ese orden, existía la imposibilidad de disponer de
recursos con los que se contratara el reemplazo de la parte actora durante su
periodo de vacaciones.

Se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva, a la existencia de
otro mecanismo y a la falta de acreditación de un perjuicio irremediable así
como la indebida conformación del contradictorio en la medida que las
direcciones seccionales también contaban con facultades.

4.5. El Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, anunció una falta de
legitimación en la causa por pasiva en la medida que era el titular del despacho
el encargado de negar o no el derecho del empleado de disfrutar o no de las
vacaciones.

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Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

4.6. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia, se refirió a la alta carga laboral del despacho y la imposibilidad de
quedarse sin un servidor con ocasión de sus vacaciones. Anunció que en
anteriores oportunidades los servidores judiciales que laboran en su despacho,
han tenido que acudir a la acción de tutela para poder tener derecho a que se
designe el reemplazo y puedan disfrutar de su periodo de descanso.

4.7. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Huila,
Coordinación Administrativa de Florencia, consideró que el actor contaba
con otro mecanismo de defensa judicial y que no estaba acreditada la
existencia de un perjuicio irremediable, que mediante la tutela no se podía
pretender la asignación de recursos para reemplazos.

Citó una providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que
se declaró la improcedencia de la acción ante la existencia de otro medio de
defensa ordinario.

Que la posibilidad de que se concedieran o no las vacaciones era de
competencia del juez titular y que se contaba con la apropiación presupuestal
correspondiente para el pago de sus vacaciones.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 1º de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Primera de Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda de tutela.

Consideró que si bien el acto administrativo que negó la asignación presupuestal
para el nombramiento de la persona que reemplazara al accionante en el disfrute
de sus vacaciones podía ser enjuiciado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (en el que se solicitar como medida cautelar la suspensión
provisional del mismo), no debía perderse de vista que con la acción de tutela
impetrada no se pretendía cuestionar la legalidad del acto que negó la asignación
presupuestal para el reemplazo del empleado del respectivo despacho judicial y que
el medio de control no pareciera procurar una solución efectiva e inmediata con la
urgencia que la situación planteada requería, por lo que le correspondía al juez
constitucional determinar si se configuraban o no la vulneración de las garantías
fundamentales invocadas.

En ese orden, accedió al amparo de tutela solicitado y, en consecuencia, ordenó a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, Huila, al
Consejo Seccional de la Judicatura, Coordinación Administrativa de Florencia que
en el término de 30 días, contados a partir de la notificación de la providencia, de
manera coordinada y de acuerdo con sus competencias, adelantaran las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondieran para el nombramiento de la
persona que reemplazara al actor en el disfrute de sus vacaciones, para que se
materializara su derecho al disfrute del descanso remunerado. Además, dispuso
que una vez el Juez Primero Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Florencia recibiera respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Huila, dentro del término de 5 días siguientes, debía
conceder las vacaciones individuales solicitadas por el actor, al igual que efectuar
el nombramiento provisional de la persona que lo reemplazara durante los días en
que se encontrara disfrutando de las mismas.

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Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

6. Impugnación

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, Coordinación
Administrativa de Florencia, impugnó la decisión. Insistió en los argumentos
presentados en el informe rendido en primera instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos y el escrito de impugnación,
corresponde a la Sala establecer si asistió razón al juez de tutela de primera
instancia en amparar los derechos fundamentales al trabajo digno y al descanso del
señor Carlos Alfonso Gómez Mazo al ordenar asignar los recursos para costear el
reemplazo del accionante y, de esta manera disfrutar por el lapso solicitado, del
periodo de vacaciones causados al que tiene derecho y que fue negado por esta
específica circunstancia por su nominador.

De manera preliminar y, con el propósito de resolver el presente asunto, la Sala
establecerá si la presente acción de tutela es procedente, a la luz del requisito
general de subsidiariedad.

3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Norma que señala que esta “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

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fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.

En este sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente, o si existen
otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.

La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias3, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20154 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada,
niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del
juez de tutela."5

3.2. En el presente caso, se encuentra acreditado lo siguiente:
3.2.1. El accionante presentó solicitud de vacaciones el 2 de octubre de 2023,
para que se le concedieran las causadas desde el 1º de octubre de 2022
hasta el 30 de septiembre de 2023, y para ser disfrutadas a partir del 7
de noviembre de 2023 hasta el 1º de diciembre de 2023.
3.2.2. Por Resolución Nro. 69 del 17 de octubre de 2023, la titular del
despacho le negó el disfrute de las vacaciones solicitadas, por falta de
presupuesto para cubrir a quien sería su reemplazo dado el volumen de
trabajo que demandaba la continua presencia del actor en el despacho
judicial.
3.2.3. En Oficio DESAJNEO23-3155 del 13 de octubre de 2023 la
Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva

3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de 2019.
Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chaves García; sentencia del 2 de octubre de 2019.
Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Sentencia del 25 de septiembre
de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019.
Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
4
Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012 de 2003.
5
Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.

6

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Seccional de Administración Judicial de Neiva, Huila, negó la solicitud
presentada por la juez titular del despacho para que se asignaran los
recursos con el fin de nombrar un reemplazo al accionante y de esta
manera, poder conceder las vacaciones por él solicitadas.

3.3. Si bien la parte actora, en principio, podría cuestionar la legalidad de la
Resolución Nro. 69 del 17 de octubre de 2023 a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 5),
por tratarse del mecanismo judicial previsto para cuestionar actos
administrativos de contenido particular y concreto, e incluso, de ser el caso,
controvertir el Oficio DESAJNEO23-3155 del 13 de octubre de 2023, por el
cual la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, Huila negó la asignación de
recursos para el reemplazo de las vacaciones del actor, lo cierto es que dicho
medio no resulta ser eficaz en el caso objeto de estudio, es importante
resaltar que la Corte Constitucional6 ha precisado que, pese a la existencia de
otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se evidencia que el
mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente como
mecanismo principal.

3.4. En el escrito de tutela el accionante (i) solicitó el reconocimiento del derecho
al descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida y tener un
periodo de vacaciones pendiente de disfrute; (ii) destacó el alto volumen de
trabajo y la carga laboral que existe en los juzgados penales de ejecución de
penas y medidas de seguridad; y (iii) se desprende que la inconformidad del
señor Carlos Alfonso Gómez Mazo se hace consistir en los obstáculos y barreras
por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva, Huila, para la asignación de recursos para el reemplazo de las
vacaciones, pese a que reúne los requisitos para acceder al beneficio.

Para la Sala, estas circunstancias denotan la necesidad urgente de evitar que
se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso del accionante, que
puede comprometer su salud mental y física; condiciones que justamente se
busca salvaguardar con el descanso, como pasa a explicarse:

Respecto de la periodicidad de las vacaciones, en Sentencia C-171 de 2020,
la Corte Constitucional dispuso que “las vacaciones periódicas y remuneradas
corresponden a uno de los mecanismos para concretar el derecho humano y el principio
mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el
propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales”.

Por ende, si las vacaciones dejan de ser periódicas no se garantiza el
descanso real del trabajador. Obstaculizar su disfrute periódico
necesariamente implica obligar al trabajador a que cumpla indefinidamente sus
obligaciones laborales, sin contar con un tiempo suficiente para el reposo.
Escenario que a todas luces es contrario a la esencia del derecho fundamental
al descanso cuyo fin, precisamente, radica en que “durante un tiempo determinado
el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo;
lo cual no solo redunda en el necesario equilibro de su calidad de vida, sino que además, le
permite concretar y avanzar en su proyecto de vida”6

6
Corte Constitucional. Sentencia C-171 de 2020.

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Al respecto, esta Sección ha indicado que las “vacaciones (…) tienen por objeto que
el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar
y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se
causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones
al trabajador”7.

En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones
anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental
al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se
encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios
prolongados de tiempo”8.

3.5. Por consiguiente, la Sala considera que limitar el derecho de los trabajadores
a gozar de vacaciones periódicas implica una afectación grave e inminente, en
tanto que se estaría obligando al cumplimiento de deberes laborales, sin el
descanso debido, lo cual atenta contra el derecho fundamental al descanso y
el derecho al trabajo en condiciones dignas, y con esto a obligaciones
contempladas en instrumentos internacionales9 en materia laboral y a lo
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política.

Asimismo, tal situación demanda medidas impostergables, pues, como se
indicó, de no garantizar la periodicidad de las vacaciones se desnaturalizaría
el propósito del derecho fundamental al descanso, ya que la ejecución de
tareas laborales indefinidas sin que se otorgue vacaciones periódicas, atenta
contra la esencia del derecho fundamental al descanso y al trabajo en
condiciones dignas.

Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad y procede como mecanismo principal para que se
garantice la efectiva protección de sus derechos fundamentales, razón por la
que la Sala procederá al estudio de fondo del asunto.

4. Vacaciones de servidores judiciales y su análisis en el caso

4.1. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 regula lo relativo a las vacaciones de los
servidores judiciales, de la siguiente forma:
“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales
de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan,
de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de
los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio
por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás
casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio ”.

A su vez, tratándose del disfrute de vacaciones individuales para los servidores
dispuestos en la norma transcrita, el Consejo Superior de la Judicatura expidió
7
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
C.P. Milton Chaves García.
8
Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2005.
9
En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prevé que “Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas”. Asimismo, el PIDESC y el artículo 7 del Protocolo de San Salvador señalan que los trabajadores tienen derecho
al descanso.

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Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011. En esta dispuso
el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de
los funcionarios que soliciten el disfrute de vacaciones individuales.

En dicho instrumento se derogaron las Circulares 44 y 89 de 2005, proferidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. El último establecía que a fin de
asignar recursos destinados a los reemplazos por vacaciones del personal
perteneciente al régimen de vacaciones individuales se debía cumplir al menos
una de estas dos condiciones:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios,
sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la
figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del
empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho
tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar
que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser designado
en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada por el
Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes”.

En esa oportunidad, tales condiciones se impusieron con el fin de “reducir los
gastos de funcionamiento al interior de la Rama Judicial, entre ellos los correspondientes a los
reemplazos por vacaciones del personal titular de los despachos judiciales”10.

A diferencia de los instrumentos mencionados, en la mencionada Circular Nro.
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura
buscó eliminar “condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de
vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho”.

Justamente, ese fue el motivo por el que en esta última se derogaron las
Circulares 44 y 89 de 2005, pues en aquellas se restringía la asignación de
recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de
las condiciones transcritas.
Lo dispuesto en la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011
consistió en que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales deben reportar la programación de vacaciones correspondientes
al siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala
Administrativa y Dirección Seccional del respectivo distrito judicial, hasta el
mes de marzo de cada anualidad.

A su vez, se estableció que las designaciones en encargo son procedentes
cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo, tratándose de un
juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores del
correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del
proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”11.

En consecuencia, la Sala encuentra un claro propósito de parte del Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa: eliminar los obstáculos en el
disfrute de las vacaciones individuales de los servidores judiciales. De
ahí que no haya condicionado la asignación de presupuesto al cumplimiento
de una serie de requisitos, como sí ocurría en el pasado. Simplemente, se le

10
Consejo Superior de la Judicatura. Presidencia. Circular N° PSAC05-89 de 2005.
11
Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa. Circular N° PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011.

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impuso el deber al funcionario de reportar antes del mes de marzo la
programación de vacaciones para el año siguiente.

En este punto es importante hacer la siguiente precisión: si bien es cierto que
la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios judiciales (según el
artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los magistrados de las corporaciones
judiciales, los jueces de la República y los fiscales), la Sala considera, como
lo indicó en una oportunidad pasada, que “la omisión de establecer un
procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados
judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de
estos”12.

4.2. Explicado lo anterior, en el caso la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, Huila, en Oficio DESAJNEO23-3155 del 13
de octubre de 2023, se negó a expedir certificado presupuestal para efectos
de cubrir el reemplazo del tutelante, tal como lo manifestó la parte actora y lo
corroboró la Dirección Ejecutiva Seccional en el informe rendido en la presente
acción, en el que además manifestó que sigue instrucciones del Nivel Central
sin que le sea posible hacer apropiaciones presupuestales que no estén dentro
de lo autorizado, como en este caso el reemplazo del accionante para que
pueda disfrutar de sus periodos de vacaciones pendientes.

4.3. Frente a lo anterior, la Sala considera que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, Huila no atendió el propósito que indicó el
instrumento en mención, en concreto, que ante el otorgamiento de las
vacaciones individuales, admitiera la procedencia de asignación de recursos
para nombrar el reemplazo.

La finalidad de la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 no
fue otra que garantizar el derecho fundamental al descanso de servidores
judiciales. Por esto, resultaba imperativo eliminar las condiciones que en el
pasado significaron obstáculos al disfrute de tal derecho.

Por consiguiente, la Sala considera que no garantizar la disponibilidad
presupuestal para cubrir el reemplazo del servidor público durante el tiempo
que dure el disfrute de sus vacaciones ante la necesidad de contar con una
persona que cubra esa posición de Oficial Mayor del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, que es el cargo
desempeñado por el actor, mientras hace uso de su derecho al descanso,
transgrede ese derecho fundamental que le asiste como trabajador. Además,
esa posición de la entidad accionada es totalmente contraria a la postura
reiterada por esta Sección, según la cual:
“Asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en cuenta que el
descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas. [.] Impedir el derecho al descanso con base en restricciones administrativas no es una
carga que deban soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía
fundamental que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en
función del servicio ni por cuestiones de índole presupuestal”13.

12
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
C.P. Milton Chaves García. En igual sentido se indicó en la sentencia del 26 de febrero de 2020. Radicado Nro. 11001-
03-15-000-2020-00143-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez R.
13
Ibidem.

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No cabe duda, entonces, de que el descanso es una garantía propia del
derecho al trabajo en condiciones dignas, por lo que, impedir su disfrute con
fundamento en restricciones administrativas resultaría ser una carga
desproporcionada que no debe soportar quien cumplió con todas las
condiciones para acceder al beneficio prestacional.
Es así como la Sala considera que la falta de asignación de recursos para
nombrar el reemplazo no solo atenta contra el derecho fundamental al
descanso del accionante, sino que también implicaría un quebrantamiento
para el desarrollo armónico y eficiente de las labores propias del despacho
judicial en el que labora el señor DESAJNEO23-3155 del 13 de octubre de
2023, máxime cuando describe tanto él como el titular del despacho en el acto
administrativo por el que le negó el derecho al disfrute del descanso del
servidor, las múltiples funciones, todas de relevancia, lo cual merece una
persona que esté al frente de este tipo de labores.
4.4. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la decisión negativa
sobre la asignación de recursos proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Neiva, Huila, como se dijo, atenta contra el
derecho al descanso del servidor Carlos Alfonso Gómez Mazo, pues implica
el aplazamiento indefinido de sus vacaciones, ya que el acto administrativo por
el que se negó el disfrute de sus vacaciones por parte del nominador,
Resolución Nro. 69 del 17 de octubre de 2023, tuvo como sustento la negativa
de la administración de expedir el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal a efectos de designar el respectivo reemplazo. Dijo puntualmente
el acto administrativo:
“PRIMERO: NEGAR al Doctor CARLOS ALFONSO GOMEZ MAZO, Oficial Mayor del
Juzgado, la solicitud del disfrute de vacaciones, en virtud a la imposibilidad de las mismas
dada la necesidad del servicio”.

De manera que, el periodo de vacaciones pendiente de disfrute, causadas
desde el 1º de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, para ser
disfrutadas a partir del 7 de noviembre de 2023 hasta el 1º de diciembre de
2023, se ve interrumpido a la fecha por no contar con la disponibilidad
respectiva para proveer el reemplazo respectivo, razón por la que, con el fin
de conciliar los intereses de continuidad en la prestación del servicio y el
derecho al descanso remunerado del actor, se ampararán los derechos
fundamentales del servidor Carlos Alfonso Gómez Mazo al descanso y al
trabajo en condiciones dignas.
Ahora bien, resulta pertinente manifestar que la Corte Constitucional, en
reciente sentencia SU-296 de 2 de agosto de 202314, amparó el derecho
fundamental al descanso individual de empleados y funcionarios judiciales a
quienes sus nominadores les negaron la concesión de las vacaciones a las
cuales tenían derecho.
Del comunicado de esa decisión se extraen como razones relevantes, las
siguientes:
“(…) En tercer lugar, al ocuparse de los casos concretos, la Sala tuvo en cuenta que la
situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores como
directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa a conceder

14
Información obtenida del Comunicado No. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023 de la Corte Constitucional.

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las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e injustificada, como lo
sostuvieron las diferentes Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Para
arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de las Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial a realizar determinadas actuaciones administrativas
y financieras, el nominador se encuentra compelido a elegir entre garantizar el adecuado
funcionamiento del despacho a su cargo y la satisfacción de los derechos laborales de
los empleados que lo conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual tienen
una característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y volumen de los
asuntos que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual implica, además, la
necesidad de garantizar la evacuación expedita de los trámites a su cargo. Además, se
trata de despachos que se encuentran altamente congestionados y, sumado a ello, ven
intensificada su carga laboral con ocasión del periodo vacacional colectivo de los demás
despachos de la Rama Judicial, pues los juzgados cuyo régimen de vacaciones es
individual asumen también la carga laboral en asuntos de tutela cuando los demás
despachos se encuentran en receso por la vacancia judicial.
Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no regula el trámite
para la concesión de vacaciones individuales a los empleados judiciales, la Sala destacó
que esto no significa que aquellos no tengan derecho a que se programen sus
vacaciones o a ser eventualmente remplazados durante el periodo en el cual disfrutan
de dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo prohíbe, como
parecieran entenderlo la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial en sus
respuestas durante los diferentes trámites de tutela.
Al proseguir su análisis, la Sala destacó que el tiempo durante el cual el empleado se
encuentra de vacaciones debe ser usado exclusivamente para que este descanse,
recupere sus energías y, en general, para su propia realización personal y familiar a
través de la disposición autónoma de su tiempo libre, lo cual se encuentra estrechamente
relacionado con la garantía de la dignidad humana.
De esta manera, la garantía del derecho al descanso no solo implica que se observe su
dimensión temporal sino que responde a aspectos sustanciales como la calidad del
descanso, el bienestar físico y mental del trabajador, así como su autonomía en la
gestión del tiempo libre. Por ello, el derecho fundamental al descanso se vería afectado
si durante este periodo se le siguen asignando al trabajador tareas o se le mantiene en
incertidumbre respecto de la acumulación de las mismas al momento de su
reincorporación, lo cual tiene la capacidad de repercutir, sin duda, en su salud física y
mental, así como en su bienestar general.
Con fundamento en el análisis desarrollado, la Sala también encontró que la actuación
de las accionadas no solo impacta en el derecho fundamental al descanso de los actores,
sino que podría tener incidencia en la garantía de otros derechos como la salud física y
mental, así como en la dignidad humana de los funcionarios y empleados judiciales a
quienes se les ha impedido acceder a las vacaciones en igualdad de condiciones debido
a la imposición de barreras administrativas. Además, insistió en que esta situación
también puede incidir en el adecuado funcionamiento de la administración de justicia,
porque la vulneración de los derechos de los actores impacta en la cantidad de trabajo
a su cargo, la eficiencia de sus labores y, según lo informado la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, ha repercutido en el aumento de la litigiosidad en materia de
tutela para obtener la garantía de este derecho, por lo cual es posible señalar que se
trata de una situación estructural”.

En dicha decisión, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo Superior
de la Judicatura que, en un plazo que no exceda los seis meses contados a
partir de la notificación de esa providencia, y previa consulta y o participación
de los jueces, adopte la reglamentación necesaria para garantizar la
efectividad del derecho a las vacaciones que se disfrutan en forma individual
en la Rama Judicial y, a partir de la debida planeación, se prevenga la
aplicación de razones de orden presupuestal, logístico o administrativo como
barreras para el disfrute de dicho derecho.

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4.5. Se debe precisar que según el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial es “es el órgano técnico y administrativo que
tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con
sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. De manera
que esta última tiene por función adelantar las labores necesarias para el
funcionamiento de la Rama Judicial, consecuentemente, de los despachos
judiciales.

En virtud de tal competencia, al director ejecutivo de administración judicial, se
le asignaron como funciones en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 “Administrar
los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización” y “Actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan”.

A su vez, este mismo cuerpo normativo estableció la desconcentración de esta
función, toda vez que, se torna imposible que desde el nivel central se puedan
atender los requerimientos de cada despacho judicial que se encuentre dentro
del territorio nacional, por ello, el numeral 2° del Artículo 103 ibidem determinó
como funciones de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración
Judicial dentro de su jurisdicción y entorno territorial, entre otras, la siguiente:
“Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial
y responder por su correcta aplicación o utilización”; asimismo, en el numeral 7°,
“Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan”.

4.6 Por lo demás, la Sala coincide con el juez de primera instancia, en cuanto a
que en el caso examinado se vulneró derecho fundamental al trabajo en
condiciones del accionante, al impedir su derecho al descanso. En tal virtud,
la Sala atendiendo a las consideraciones expuestas, descarta los argumentos
presentados en el escrito de impugnación y confirmará la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de tutela del accionante Carlos
Alfonso Gómez Mazo, y.

Finalmente, debe decirse que dada la informalidad que caracteriza el trámite
de la acción de tutela, el accionante informó telefónicamente al despacho
sustanciador, que ya había gozado de su tiempo de descanso por vacaciones,
otorgadas en virtud de la orden de tutela de primera instancia, motivo por el
cual no hay lugar a declarar la carencia actual de objeto superado.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 1º de noviembre de 2023
por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, por las
razones expuestas en la presente providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

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