Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00171-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00171-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2023-00171-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de febrero de 2024
Demandante: Diana Cecilia Valderrama Pinto
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00171-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., primero (1º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 18001-23-33-000-2023-00171-01
Demandante: DIANA CECILIA VALDERRAMA PINTO
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE NEIVA – COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE
FLORENCIA Y OTRO
Temas: Tutela de fondo - vacaciones de empleados de la Rama Judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de
Florencia contra la sentencia del 6 de diciembre de 2023 del Tribunal Administrativo
de Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que amparó los derechos fundamentales de
la señora Diana Cecilia Valderrama Pinto.
I.ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 20 de noviembre de 2023, la señora Diana Cecilia Valderrama
Pinto, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa
de Florencia y el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Florencia, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad.
Consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión a la negativa de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación
Administrativa de Florencia para conceder la asignación presupuestal correspondiente
al reconocimiento del disfrute de un período de vacaciones, por haber laborado al
servicio del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia, de forma continua e interrumpida durante un año.
Con base en lo anterior, solicitó el amparo de sus garantías constitucionales y como
consecuencia pidió:
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Demandante: Diana Cecilia Valderrama Pinto
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00171-01
SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva Huila, que, de manera inmediata, adelante todas las acciones
administrativas necesarias para expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal, en aras de que se pueda realizar el nombramiento de una persona
en el cargo de Secretario del Juzgado Tercero Penal Municipal de Florencia,
durante el periodo vacacional de su titular.
TERCERO: ORDENAR al señor Juez Tercero Penal Municipal de Florencia, una
vez se expida el certificado de disponibilidad presupuestal, proceda en un término
perentorio, a expedir el acto administrativo a través del cual se concede el disfrute
del periodo vacacional solicitadas por la suscrita.
TERCERO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva Huila, que, en adelante, cada vez que la suscrita solicite el disfrute de
vacaciones, emita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, en aras de evitar
el desgaste a la administración de Justicia al tramitar acciones de tutela por hechos
similares a los aquí referidos.
CUARTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados
como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de
administrador de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados
y/o vulnerado.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El 7 de diciembre de 2015 la señora Valderrama Pinto fue nombrada como secretaria
en propiedad del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Florencia y que, dentro del régimen de vacaciones individuales, tiene dos
períodos de vacaciones causados y no disfrutados, derecho adquirido por haber
laborado entre el 7 de diciembre de 2020 y el 6 de diciembre de 2021 así como del 7
de diciembre de 2021 al 6 de diciembre de 2022.
El 30 de octubre de 2023 la actora elevó petición ante el referido juzgado, para que se
le concedieran sus vacaciones por el término de 25 días continuos a partir del 20 de
diciembre, correspondiente a los servicios prestados entre el 7 de diciembre de 2020
y el 6 de diciembre de 2021.
En atención a la petición, el mentado juzgado solicitó el 31 de octubre de 2023 a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Neiva la disponibilidad
presupuestal para cubrir el reemplazo por motivo de vacaciones de la actora en el
cargo de secretaria, en atención al gran volumen de trabajo e imposibilidad de la
distribución de las tareas que desempeña la accionante, debido a que sus compañeros
contaban con una alta carga laboral y recibir sus funciones durante sus vacaciones
sería una sobrecarga laboral.
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Mediante oficio DESAJNE023-3571 del 14 de noviembre de 2023, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva - Coordinación Administrativa
de Florencia negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para el
nombramiento del reemplazo en el periodo de vacaciones de la tutelante.
Luego, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia, a través de la resolución 15 de 16 de noviembre de 2023, negó las
vacaciones por necesidad del servicio.
1.3. Fundamentos de la vulneración
Planteó la accionante que, al habérsele negado las vacaciones, se le vulneraron sus
derechos al trabajo en condiciones dignas, al descanso, a la salud física y mental, a la
familia, a la igualdad entre otros, ya que, al no contar con disponibilidad presupuestal
para nombrar su reemplazo durante el periodo de vacaciones, todas aquellas tareas
relacionadas con las funciones que desempeña, serían acumuladas hasta el reintegro
del mismo, debido a que durante su ausencia no hay quien desempeñe las labores
propias del cargo.
Resaltó que al negársele el disfrute al periodo vacacional, se pone en riesgo su salud
física y mental, toda vez que actualmente tiene dos periodos vacacionales pendientes
de disfrutar, siendo importante acotar que, «desde que se encuentra vinculada al
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia
no ha disfrutado de ningún periodo vacacional, razón por la que me encuentro en la
necesidad de acceder a mi derecho al descanso remunerado, y a que, en mi cargo, se
designe a una persona que cumpla mis funciones, lo mismo, en aras de poder
desconectarme completamente de mis labores y poder disfrutar tiempo de calidad
junto a mi compañero permanente y mis dos menores hijas».
Concluyó que, la vulneración a sus derechos a la vida en condiciones dignas, en
conexidad al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia existe de manera real
con el hecho atacado y dicha vulneración persiste, pues ante la renuencia y falta de
actividad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de apropiar los recursos
necesarios para su reemplazo, no se ha logrado establecer la fecha de disfrute de los
periodos de vacaciones a que tiene derecho y se encuentran pendientes.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
Mediante auto del 22 de noviembre de 2022 se admitió la demanda de tutela y se
dispuso su notificación tanto a la parte accionante como a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de
Florencia y al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Florencia.
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1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.5.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva –
Coordinación Administrativa de Florencia
Dentro del término concedido solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela,
teniendo en cuenta que existen otros medios de defensa judicial y que no se acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable. Adujo que el acto administrativo no ha sido
atacado a través de los mecanismos ordinarios con que dispone la actora.
Señaló que, en un caso análogo, respecto a la presentación de la acción de tutela para
la concesión de las vacaciones y la expedición de disponibilidad presupuestal, el
Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo constitucional.
De otra parte, solicitó su desvinculación del presente asunto, al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con lo establecido en el artículo
103 de la Ley 270 de 1996.
Indicó que no existe prerrogativa legal que obligue a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva y a la Coordinación Administrativa de Florencia,
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de quien
remplace a la accionante, mientras goza de sus vacaciones.
De igual forma, señaló que de conformidad con la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Huila no puede expedir un CDP con el fin de asignar un remplazo de la accionante
durante su período vacacional, toda vez que dicho presupuesto únicamente está
previsto para aquellas personas que ostentan la calidad de funcionarios públicos y no
de empleados.
Puso de presente que de conformidad con el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, la
competencia para conceder las vacaciones es del Juez Tercero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Florencia Caquetá y que el trámite de expedición
del CDP, como decisión autónoma de la administración, no tiene relación directa con
el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas ni con el beneficio del
descanso remunerado.
Por último, solicitó su desvinculación del trámite de tutela y declarar improcedente el
amparo solicitado.
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1.5.2. Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia Caquetá
Sostuvo que la negativa del disfrute del periodo vacacional de la actora obedeció a que
las fechas solicitadas coincidían con la vacancia judicial, temporada para la cual el
número de despachos que continuaban laborando disminuía y, en consecuencia,
aumentaba considerablemente la carga laboral, razón por la cual, era necesario que
el personal del juzgado se encontrara completo, en aras de garantizar el adecuado
funcionamiento y la debida administración de justicia.
Finalmente, solicitó ordenarle a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Neiva - Coordinación Administrativa de Florencia realizar los trámites administrativos
para apropiar los recursos necesarios para el nombramiento de un reemplazo durante
el periodo vacacional de la actora.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Segunda de Decisión mediante sentencia
del 6 de diciembre 20231 amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, a la igualdad y a la salud de la empleada judicial Diana Cecilia Valderrama
Pinto y como consecuencia de lo anterior, dispuso:
Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva que en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de
esta sentencia, ejecute todas las acciones administrativas y presupuestales
necesarias, tendientes a garantizar el nombramiento de la persona que reemplace
a la actora en el disfrute de sus vacaciones, a efectos de que se materialice su
derecho al disfrute del descanso remunerado. Una vez realizado lo anterior, deberá
informar al Juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia.
Tercero. Una vez el Juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Florencia Caquetá reciba la comunicación proveniente de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva, procederá dentro del término de cinco (5)
días a conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales
solicitadas y a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo por los días
en que la actora se encuentre disfrutando de aquellas.
Al respecto, advirtió que el derecho al goce y disfrute de las vacaciones no puede ser
afectado por asuntos de índole administrativo, máxime si se tiene en cuenta que el
descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en
condiciones dignas.
Aclaró que la vulneración de las garantías de la parte actora proviene de la negativa
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva a expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de su reemplazo,
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Notificada el 6 de diciembre de 2023.
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hecho que obligó a la referida juez a negar las vacaciones por necesidad del servicio,
pues el referido juzgado no podía funcionar con un empleado menos ni resultaba viable
recargar a los demás servidores que laboran allí.
1.7. Impugnación
Inconforme con la decisión, mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2023 la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación
Administrativa de Florencia la impugnó, en el que reiteró íntegramente los argumentos
expuestos en la contestación de la acción de tutela.
1.8. Auto de mejor proveer
Mediante providencia del 18 de enero de 2023, se dispuso la notificación de Consejo
Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como
terceros con interés en las resultas del proceso y se presentó la siguiente intervención:
1.9. Consejo Superior de la Judicatura
Solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional porque consideró que
carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente proceso
constitucional porque la funciones de ordenador del gasto «recaen exclusivamente
sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación
Administrativa de Florencia entidad que actúa como ordenador del gasto de
conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene
a cargo expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para designar los
reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute de
sus vacaciones».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación
interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva –
Coordinación Administrativa de Florencia contra la sentencia del 6 de diciembre 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que
amparó los derechos fundamentales de la actora, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019.
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2.2. Solicitud de desvinculación
Se tiene que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva –
Coordinación Administrativa de Florencia y el Consejo Superior de la Judicatura
solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio,
carecen de legitimación en la causa por pasiva, lo cual no fue resuelto por el a quo.
No obstante, dichas peticiones serán negadas dado que sus vinculaciones se hicieron
debido a que son las entidades que intervienen en el trámite de la apropiación de los
recursos para disponer el referido reemplazo, y en tal sentido, su comparecencia a la
presente acción de tutela se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender sus
intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste, así como para
determinar su presunta responsabilidad en la vulneración de las garantías de la
accionante.
2.3. Problema jurídico
Corresponde en este caso establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo de primera instancia, a través del cual el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Segunda de Decisión amparó los derechos fundamentales de la señora Valderrama
Pinto y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia adelantar las gestiones
pertinentes para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal necesario
para que el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia Caquetá designe el reemplazo de la actora y así se materialice su derecho
al disfrute de sus vacaciones.
Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama general
de la acción de tutela; (ii) el derecho al descanso del servidor judicial; (iii) procedencia
excepcional de la acción de tutela y; (iv) el caso concreto.
2.4. Panorama general de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El
primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se
dice vulnerado o amenazado.
El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.
7
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2.5. El derecho al descanso del servidor judicial
El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época muy
temprana2, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo 53 de
la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales que debe
contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del artículo 25
ibídem que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos ratificados por
Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 3 en su artículo 7º determina que los
Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de
trabajo que aseguran “el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable
de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración
de los días festivos”. En similar sentido lo indica el artículo 7º 4 del Protocolo de San
Salvador5.
2
Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-035 de
2005.
3
Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el
16 de diciembre de 1966".
4
Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados parte en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que
toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia
digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda
a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en
cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias
y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador
tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación
prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y,
en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de
menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación
obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una
limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de
menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los
días feriados nacionales.
5
Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.
“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
8
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La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea jurisprudencial que ha
establecido que “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el
descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud
o pausa en el trabajo o fatiga”6. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se
deduce de la interpretación sistemática7 del artículo 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el
descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los
principios mínimos fundamentales del trabajo8.
En ese contexto, el descanso es considerado para toda persona como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado a
trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado
de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo laboral se denomina
“vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con el único
requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar todas sus
capacidades físicas y mentales para poder realizar de una manera idónea todas las
funciones asignadas por el empleador o patrono, pueda el servidor público, en este
caso, disfrutar de un merecido descanso que les permita compartir un mayor espacio
de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y
tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades
laborales.
En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el
empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de
esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.
En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de 2004,
estableció lo siguiente:
6
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó la
siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho
de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre otros,
permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y
mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que
permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los principios
mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación laboral consagra como regla general,
la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este
derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los
días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa
o disposición del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas semanales, la
remuneración de su descanso es proporcional al tiempo laborado. Cuando no se cumplen los requisitos
exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la remuneración, pero no al
descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo laboral.”
7
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara.
8
Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 1.3.2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.
(…)
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.
Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y privados,
por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser protegido
por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido oponer trabas
administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho, así lo ha dicho la
Corte: «¿el derecho fundamental al descanso puede protegerse a través de la tutela?
Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido
ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la
vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativo, por lo
que el carácter residual de la tutela la hace improcedente.
No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que la acción
constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial, cuando exista
un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del derecho fundamental
amenazado o vulnerado».
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto
El inciso 4º del artículo 86 Superior, que consagra el principio de subsidiariedad como
requisito de procedencia de la acción de tutela, establece que «esta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». En el mismo sentido, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, indica que el amparo constitucional será improcedente, cuando existan otros
medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para resolver la situación particular
en la que se encuentre la accionante.
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Ahora bien, en desarrollo de la normativa expuesta, la Corte Constitucional
jurisprudencialmente9 ha sido enfática en puntualizar que el uso inadecuado, irracional
y desmesurado de la acción de tutela, con el propósito de obtener un pronunciamiento
más ágil y expedito, desnaturaliza su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que «ésta no ha sido consagrada para
reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador para tales fines10».
Posteriormente, por medio de las sentencias T-373 de 2015 y T- 630 de 2015 se
concibió que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y
eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se estiman
conculcados, el afectado, obligatoriamente, debe agotarlos de forma principal y no
utilizar directamente la acción de tutela.
No obstante, la Corte Constitucional ha puesto de presente 2 excepciones al principio
de subsidiariedad, que en caso de concurrir, harían procedente la acción de tutela; a
saber: i) se constate que el mecanismo judicial ordinario diseñado por el
legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados; y ii) «siendo apto para conseguir la protección, en razón
a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela11».
Frente al primer supuesto, el máximo tribunal Constitucional ha considerado que para
que proceda el mismo, es fundamental analizar, en cada caso concreto, la
idoneidad del medio de defensa, teniendo en cuenta sus particularidades en aras
de determinar «si el mecanismo judicial al alcance del afectado puede otorgar una
protección completa y eficaz, de no cumplirse con los mencionados presupuestos, el
operador judicial puede conceder el amparo constitucional de forma definitiva o
transitoria según las circunstancias particulares que se evalúen».12
De la misma manera, en la sentencia T-230 de 2013, la Corte Constitucional sentó dos
fundamentos esenciales para establecer cuándo el mecanismo resulta no ser idóneo
para el fin que se busca, a saber: i) cuando no ofrece una solución integral y ii) no
resuelve el conflicto en toda su dimensión.
En tal sentido, la señora Valderrama Pinto instauró acción de tutela con ocasión de la
negativa de la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Neiva–
Coordinación Administrativa de Florencia de conceder la asignación presupuestal
correspondiente para el reemplazo como empleado del Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia, en aras de que pueda
9
Sentencia T-1008 del 26 de noviembre de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-471 del 19 de julio de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-705 del 4 de septiembre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-961 del 1º de noviembre de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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acceder al disfrute de sus vacaciones, por haber laborado en forma continua e
interrumpida durante 1 año.
Sobre el punto, la Sala advierte que en lo que respecta al acto que niega la asignación
presupuestal tendiente a nombrar el reemplazo del empleado que requirió el disfrute
de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 13,
en el que se pueden solicitar el decreto de las medidas cautelares en los términos de
los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 201114, por lo tanto, es en principio, el juez
de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las controversias que de él surjan.
13
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a
dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
14
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier
estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo
regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de
los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de
oficio. Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria
con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción
de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que
fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites
y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente. Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares.
Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas
como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se
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Sin embargo, esta Sala ha considerado15 que, en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para precaver
la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna imperiosa la
intervención del juez constitucional como garante de su primacía dentro del
ordenamiento jurídico.
En primer lugar, en el presente asunto para establecer la procedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, la actora debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un
derecho subjetivo, ya sea porque es contrario al debido proceso administrativo, que,
con independencia de las particularidades propias de la regulación específica de cada
actuación, deben ser acatadas de forma general en virtud de lo dispuesto por el artículo
29 Superior, o porque se configura alguna de las siguientes causales:
• Cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse,
• O sin competencia,
• O en forma irregular,
• O con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
• O mediante falsa motivación,
• O con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
Se advierte que la inconformidad de la actora radica en que el despacho no puede
prescindir de sus actividades en razón a la alta congestión judicial que atraviesa y
que, de no acceder a lo solicitado, esto es, conceder la asignación presupuestal
correspondiente para el reemplazo del funcionario que solicite el disfrute de su periodo
de vacaciones16, ocasionaría un represamiento de la carga laboral y al momento de
regresar aquel, podría acarrearle una afectación grave al estado de salud.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se denota que de lo solicitado por la
señora Valderrama Pinto no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad del acto,
presupuesto indispensable para la procedencia de la pretensión del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por otro lado, esta Sala de Decisión considera pertinente aclarar que si bien, por regla
general, la acción de tutela deviene improcedente para dirimir conflictos de naturaleza
pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos
sumariamente la existencia de los mismos.
15
Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, i) del 30.6.2016, rad. 25000-23-41-000-
2016-00617-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; ii) del 30.8.2018, rad. 50001-23-33-000-
2018-00171-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; iii) del 30.5.2019, rad. 11001-03-15-000-2019-01633-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
16
En atención a que, como se mencionó anteriormente, los funcionarios que laboran en los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no pueden solicitar al tiempo el disfrute de sus
vacaciones pues ello atentaría contra el normal funcionamiento del despacho, con ocasión de la alta
demanda laboral.
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económica, lo cierto es que la no expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal conlleva, en casos como este, a que el empleado tenga que aplazar
indefinidamente el disfrute de su derecho al descanso remunerado por cuanto la falta
de nombramiento de una persona que lo reemplace se traduce en la imposibilidad de
que, efectivamente, se pueda ausentar temporalmente con ocasión de sus vacaciones.
En conclusión, si bien en principio y atendiendo a la subsidiariedad que caracteriza a
la acción de tutela, el DESAJNE023-3571 del 14 de noviembre de 2023 que negó la
asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo de la accionante podría
ser controvertido por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
incluso podría solicitar como medida cautelar la suspensión provisional, para esta Sala
(en consonancia con el desarrollo jurisprudencial frente al tema) y atendiendo la
posición fijada en la sentencia del 30 de mayo de 2019 en la que esta Sección resolvió
un caso similar, se advierte que la actora no posee un instrumento jurídico idóneo para
el amparo de sus prerrogativas, toda vez que como se evidenció, no pretende atacar
la legalidad del acto administrativo en cuestión, de hecho podría afirmarse de manera
fehaciente que su inconformidad no se encuadra en ninguna de las causales para la
procedencia del referido medio de control.
Por lo anterior, resultaría inocuo que la demandante lo empleara, toda vez que no le
ofrecería una solución cabal a sus inconformidades ni mucho menos resolvería de
fondo su situación; razones suficientes para que este juez, en el caso concreto y dadas
las particularidades del asunto, adquiera competencia para conocer del fondo del
asunto ya que, se reitera, con esta tutela no se pretende una revisión de legalidad
del acto administrativo que negó la asignación presupuestal correspondiente para el
reemplazo de la actora quien funge como empleada del Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia.
2.7. Caso concreto
En el presente caso, se tiene que el nominador de la parte actora negó el disfrute de
sus vacaciones con fundamento en la necesidad del servicio, la alta carga laboral y la
ausencia de presupuesto para el reemplazo de la señor Valderrama Pinto.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de
Neiva– Coordinación Administrativa de Florencia sostiene que los CDP para nombrar
reemplazos en el caso de vacaciones solo son procedentes para los funcionarios
judiciales. Toda vez que la actora es empleado judicial, para esta entidad, lo que
corresponde es que su superior jerárquico tome todas las medidas necesarias para
que las vacaciones de la demandante no obstaculicen el debido funcionamiento del
juzgado.
Para resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el Consejo Superior
de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011. En este
acto se reguló la manera en que deben realizarse los reemplazos en provisionalidad
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de los funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones individuales. En dicha
circular se establece:
(…) para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de reemplazos
en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen
de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual
deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los
recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar
a ello.
Esta circular tiene por asunto: «vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen
de Vacaciones Individuales», lo que significa que no existe disposición alguna para los
empleados de los despachos judiciales que se encuentran bajo el régimen individual
de vacaciones. En tal sentido, es importante resaltar de conformidad con lo expresado
en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se entiende como funcionario judicial a los
jueces, magistrados y fiscales, mientras que los demás servidores serán empleados
judiciales.
Por tanto, para la Sala es evidente que existe una omisión para garantizar los recursos
para nombrar reemplazos de los empleados judiciales del régimen individual de
vacaciones. Lo anterior, no puede volverse un obstáculo para que dichos empleados
no puedan disfrutar de su derecho constitucional al descanso remunerado. Esta
garantía debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador y
constituye una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve
la fuerza tanto intelectual como física, para así proteger su salud física y mental y
fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus actividades.
Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene
derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios prestado en
cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de
1978). En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran
establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 199617. Esta norma establece que
empleados de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser concedidas por el
respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del servicio, por el término de
22 días continuos por cada año de servicios.
En consecuencia, es evidente que la accionante tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones, pues cumple con los requisitos para acceder a ellas. Esta Sala no
17
Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de
los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa
del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a
los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos
por cada año de servicio”.
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desconoce las necesidades de servicio alegadas por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia. Sin embargo, el deber de
garantizar la adecuada prestación del servicio público de administrar justicia no puede
ser admitida como una excusa válida para no permitirle a un empleado gozar del
referido derecho.
Por tanto, las direcciones seccionales de administración judicial deben tomar todas las
medidas necesarias en los casos en que esté demostrado que la ausencia de un
empleado, que se va a disfrutar de sus vacaciones, puede generar traumatismo que
afecten el funcionamiento de la dependencia judicial y, por ende, el debido servicio de
la administración de justicia.
En este caso, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Florencia ha puesto de presente que, por la excesiva carga laboral de esa
dependencia judicial, el disfrute de las vacaciones de la parte actora sin un remplazo
afectaría el funcionamiento de su departamento. En consecuencia, también es
previsible que se afecte el derecho de acceder a una adecuada administración de
justicia de los ciudadanos que tienen procesos en esa dependencia judicial. Así las
cosas, para la Sala el nombramiento de un reemplazo en provisionalidad es una
alternativa idónea que armoniza la garantía de la tutelante a disfrutar de sus
vacaciones y de los ciudadanos de contar con una adecuada y eficiente administración
de justicia.
Huelga decir que lo aquí resuelto ha sido reiterado por esta Sala en anteriores
oportunidades18, así como por las Secciones Primera19 y Cuarta20 de esta corporación.
En todo caso, y distinto a lo planteado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia, esta sí
resulta ser la entidad trasgresora de las garantías constitucionales de la actora pues,
como se vio, la decisión del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Florencia de no conceder las vacaciones de la señora Valderrama
Pinto obedeció a la falta del CDP que permitiera designar un reemplazo, pues de no
proveerse el cargo en el periodo de descanso de la accionante, existiría exceso de
carga laboral en los demás empleados de su dependencia.
18
Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia del 20 de enero del 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No. 11001-0315-000-
2021-06992-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000- 2020-05144-00. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 30 de mayo de 2019,
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2019- 01633-00. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-04539-00.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8 de mayo
de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627- 00.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de
diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
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Así las cosas, la determinación de no otorgar los recursos necesarios para el
reemplazo, sí genera una vulneración a los derechos fundamentales de la actora, ya
que como quedó evidenciado, la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia es un
claro obstáculo para que la demandante pueda disfrutar de su descanso remunerado.
2.8. Conclusión
Al encontrar demostrada la vulneración alegada por la accionante, la Sala confirmará
la sentencia de primera instancia a través de la cual se concedió el amparo solicitado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa
de Florencia y el Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: CONFIMAR la decisión del 6 de diciembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que amparó los
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y a la salud de
la señora Diana Cecilia Valderrama Pinto, de conformidad con la parte considerativa
de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
17
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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