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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00183-01

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00183-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 23 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá que amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado del accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2023-00183-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 18001-23-33-000-2023-00183-01
Accionante: Marlio Fernando Adayme Ramírez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, igualdad y
descanso remunerado. Reconocimiento y pago de
vacaciones individuales a empleado de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación formulada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Caquetá – Oficina de Coordinación Administrativa, mediante su
representante, en contra de la sentencia del 23 de enero de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Caquetá.

ANTECEDENTES

El señor Marlio Fernando Adayme Ramírez, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela, en aras de que se amparen sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, igualdad y descanso
remunerado, los cuales considera vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva, la Coordinación Administrativa de Florencia Caquetá y el Juzgado
Promiscuo de Familia de Puerto Rico.

HECHOS

Manifestó que se encuentra vinculado a la Rama Judicial y desempeña el cargo
escribiente en el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico. Actualmente

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cuenta con un periodo de vacaciones causado y no disfrutado, razón por la que
el 1 de diciembre 2023 solicitó el disfrute de estas.

Por lo anterior, el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico mediante Oficio
JPF 1346 del 1 de diciembre de 2023 solicitó ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva el CDP para el nombramiento del
remplazo del accionante.

Mediante certificado DESAJNEO23-4064 del 18 de diciembre siguiente, la
Dirección Seccional informó al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico
que no existe la disponibilidad presupuestal para atender el reemplazo de las
vacaciones.

Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto
Rico le negó el disfrute de su periodo vacacional.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, igualdad y descanso remunerado y, en consecuencia, se le ordene a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva adelantar
todas las gestiones administrativas y presupuestales, en aras de expedir el
respectivo CDP para nombrar un reemplazo y poder disfrutar sus vacaciones.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

Mediante auto del 19 de diciembre de 2023 el Tribunal Administrativo del
Caquetá admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva, a la Coordinación Administrativa de Florencia Caquetá, al
Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico y a la Dirección Ejecutiva
Nacional de Administración Judicial.

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POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

El Consejo Superior de la Judicatura, la presidencia y la coordinación
administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá
solicitaron ser desvinculadas del proceso por falta de legitimación en la causa
por pasiva.

El Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico manifestó que negó la
solicitud de vacaciones del señor Marlio Fernando Adayme Ramírez ante la
necesidad de nombrar su remplazo, por cuanto el Despacho cuenta con 3
cargos adicionales al de escribiente, los cuales son: (i) asistente social; (ii)
citador judicial, ambos desempeñados por empleados que no tienen el título de
abogado ni son estudiantes de derecho, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos y señalados en el Acuerdo PCSJA17-10780 del 25 de
septiembre de 2017 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura; y (iii)
secretaria.

En ese orden de ideas, no cuenta con el personal idóneo que pueda remplazar
al accionante para el disfrute de sus vacaciones.

La Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 23 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá concedió el
amparo solicitado por el accionante y le ordenó a la Dirección Seccional
Ejecutiva de Administración Judicial Neiva y al Consejo Seccional de la
Judicatura – Coordinación Administrativa de Florencia, que en el término de
treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo, realizaran de manera
coordinada todas las gestiones administrativas y presupuestales tendientes a
obtener el CDP que le permita al accionante disfrutar de sus vacaciones
remuneradas.

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Lo anterior, al considerar que los asuntos de índole administrativa no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente le
asiste al accionante.

IMPUGNACIÓN

El Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá – Oficina de Coordinación
Administrativa recurrió el fallo de primera instancia. Al respecto, manifestó que
existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales el accionante
puede hacer valer sus derechos, esto es, la acción ordinaria laboral como
mecanismo idóneo y el medio de control de nulidad simple si lo que se pretende
es discutir la constitucionalidad o ilegalidad del acto administrativo.

Adicional a lo anterior, sostuvo que no se encuentra acreditada la existencia de
un perjuicio irremediable por lo que la acción de tutela no puede ser considerada
como un mecanismo alternativo para lograr la protección de los derechos.

Finalmente, expuso que conforme a las competencias legales le corresponde al
Juez Promiscuo de Familia de Puerto Rico conceder las vacaciones del
accionante y por tanto afirma una falta de legitimidad en la causa por pasiva.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar si la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará las siguientes temáticas: I) derecho
al descanso del servidor judicial y II) el caso concreto.

I) El derecho al descanso del servidor judicial

El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
muy temprana1, como un derecho fundamental derivado especialmente del
artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos

1 Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004 y C-

035 de 2005.

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fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo establecido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 7° determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días
festivos”. En similar sentido lo indica el artículo 7° del Protocolo de San
Salvador2.

Las vacaciones son consideradas como la manera de recuperar las fuerzas,
tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado a trabajar o en
ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado de
dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo laboral se
denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han
cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y
que luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder
realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas por el
empleador, pueda el servidor público, como en este caso, disfrutar de un
merecido receso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con
sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad,
restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades laborales.

Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual
debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que

2 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los Estados partes en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que
toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (…) h). El descanso, el
disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados
nacionales”.

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sea válido oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental
de este derecho.

II) Caso concreto

De conformidad con los argumentos expuesto en los recursos de impugnación,
a la Sala le corresponde examinar si la presente acción de tutela es procedente
y, en caso afirmativo, determinar si es dable ordenar el gasto presupuestal para
la asignación de un empleado que remplace las vacaciones del accionante.

Para resolver lo anterior, la Subsección advierte que el descanso ha sido
reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental derivado
especialmente del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los
principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo
emitido por el legislador. Así, las vacaciones tienen como finalidad que los
trabajadores obtengan un descanso de las funciones del trabajo que han
desempeñado por un tiempo prolongado y, con ello, recuperen fuerzas
intelectuales y materiales y disfruten de espacios que proporcionen
esparcimiento y relajación, con el propósito de mantener el equilibrio mental y
físico necesario para lograr su realización como individuo.

En esa medida, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU 296 del
2023, consideró que al tratarse del estudio de la presunta vulneración al derecho
fundamental al descanso individual de empleados y funcionarios judiciales a
quienes sus nominadores les negaron la concesión de las vacaciones, la acción
de tutela es procedente y por tanto deben analizarse de fondo los casos
planteados.

En la sentencia referenciada, la Corte Constitucional sostuvo que la actuación
de las entidades accionadas, esto es, los entes nominadores, las diferentes
Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial y el Consejo
Superior de la Judicatura con la negativa al disfrute de vacaciones y a la
expedición del CDP para el respectivo remplazo, no solo vulneraron el derecho

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fundamental al descanso de los accionantes sino que afectaron la garantía de
otros derechos como la salud física y mental.

En ese orden de ideas, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, en un
plazo no mayor a 6 meses a partir de la notificación de la providencia adoptar la
reglamentación necesaria para garantizar la efectividad del derecho a las
vacaciones que se ejerzan en forma individual los funcionarios y empleados al
interior de la Rama Judicial.

Por su parte, esta Sala de Subsección ha considerado que las implicaciones
presupuestales no son un factor imprevisible para los ordenadores del gasto, en
tanto que el funcionario judicial tiene derecho a las vacaciones y este requiere,
en principio, la designación de un reemplazo, para garantizar la debida
prestación de la administración de justicia y más aún en este caso, cuando el
despacho únicamente cuenta con tres cargos adicionales en la planta de
personal que no cumplen con los requisitos requeridos para desempeñar la
labor del escribiente.

Así las cosas, esta Sala ha sido clara en señalar que aun cuando la decisión
sobre la concesión de las vacaciones corresponde al nominador, no se puede
desconocer que la negativa obedeció a la necesidad de garantizar el servicio de
acceso administración de justicia y a la ausencia del presupuesto para nombrar
un reemplazo en el cargo que ocupa el accionante y este no está en la
obligación de soportar que el procedimiento para garantizar la expedición del
CDP para cubrir los remplazos de los empleados judiciales que tienen derecho
a las vacaciones individuales, aún no se encuentre establecido.

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia de primera instancia del 23
de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá que
amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al
descanso remunerado del señor Marlio Fernando Adayme Ramírez.

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En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 23 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá que amparó los derechos fundamentales al
trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado del accionante, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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