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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00184-01

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00184-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Neiva - Coordinación Administrativa de Florencia y el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: Confírmase la sentencia de 24 de enero de 2024 proferida por el 12 En el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 se prevé: «[e]l año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.» 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Lina Marcela Cuéllar Gracia Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00184-01 Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se concedió el amparo solicitado por la señora Lina Marcela Cuéllar Gracia. TERCERO: Modifícanse las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión en la sentencia de 24 de enero de 2024, en el siguiente sentido: «i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia adopte las medidas que se requieren para que la señora Cuéllar Gracia goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, esta última entidad le deberá comunicar al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2023-00184-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

7 de marzo de 2024

Demandante: Lina Marcela Cuéllar Gracia
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 18001-23-33-000-2023-00184-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 18001-23-33-000-2023-00184-01
Demandante: LINA MARCELA CUÉLLAR GRACIA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Derecho al descanso laboral. Vacaciones individuales de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el coordinador de
Asistencia Legal del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá contra el fallo
de 24 de enero de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Segunda de Decisión, accedió al amparo de los derechos fundamentales de
la actora.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Lina Marcela Cuéllar Gracia, en nombre propio, presentó acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Juzgado Primero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas,
a la igualdad y al descanso remunerado.

Lo anterior, por cuanto se le negó la concesión de un periodo de vacaciones en su
calidad de escribiente en provisionalidad del Juzgado Primero Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Florencia, mediante la Resolución 13 de
14 de diciembre de 2023, con ocasión a que no era posible expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal para designar el respectivo reemplazo.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante solicitó:

«MEDIDA PROVISIONAL: Solicitó respetuosamente la protección inmediata de mis
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la
salud y el derecho al descanso remunerado, y en su defecto se ordene, de manera
inmediata: 1. Al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA, la
concesión de mis vacaciones a partir del 2 de enero de 2024, por haber

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satisfecho el periodo laboral de 1 año consecutivamente, y tener derecho a
vacaciones individuales.

2. Así mismo, y a efectos de no afectar la prestación del servicio, debido a que para
el periodo solicitado el despacho se encuentra en turno de control de garantías a
nivel departamental, en atención a la vacancia judicial, solicitó se ordene a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva Huila realizar
todas las acciones administrativas necesarias encaminadas a expedir el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las
erogaciones que demande el nombramiento de un empleado judicial que me
reemplace durante las vacaciones.

PRETENSIONES

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y
justas, a la igualdad, a la salud y el derecho al descanso remunerado, de LINA
MARCELA CUELLAR GRACIA, conforme a los hechos expuestos, vulneración
atribuida a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
Huila, por la negativa de disponer de los recursos para el pago del reemplazo en los
periodos de vacaciones.

SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva Huila ejecute, de manera inmediata, todas las acciones administrativas
necesarias encaminadas a expedir el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal para cubrir las erogaciones que demande el nombramiento de un
empleado judicial que reemplace a LINA MARCELA CUELLAR GRACIA, mientras
éste disfruta de su periodo de vacaciones; y una vez expedido y remitido dicho
certificado, ORDENAR a la Doctora ELIZABETH CRISTINA ORTEGA
VALDERRAMA, en su calidad de JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO PENAL
MUNICIPAL DE FLORENCIA, o a quien hiciere sus veces, que en el menor tiempo
posible, proceda a conceder mediante acto administrativo las vacaciones
individuales solicitadas por LINA MARCELA CUELLAR GRACIA, y a efectuar el
nombramiento provisional para su reemplazo.

TERCERO: Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración Judicial
Seccional Neiva – Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que cada vez se
adelante el trámite pertinente para que se obtenga el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, para la persona que me ha de reemplazar durante el disfrute de
vacaciones como servidora judicial. Ello para no incurrir en temeridad, toda vez, que
no es posible que cada vez que solicite las vacaciones me las nieguen por no contar
con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, tenga que acudir a esta acción
constitucional por los mismos hechos y derechos.

CUARTO: De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me permito
solicitar se prevenga a la entidad accionada “para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y
que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados
como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de
administrador de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o
vulnerado.»1

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

La señora Cuéllar Gracia relató que fue nombrada en el cargo de escribiente en

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Trascripción literal del original con posibles errores.
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provisionalidad en el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Florencia y que, dentro del régimen de vacaciones individuales,
tiene un período causado y no disfrutado, derecho adquirido por haber laborado
entre el 3 de octubre de 2022 y el 3 de octubre de 2023.

Indicó que el 21 de noviembre de 2023 presentó solicitud para disfrutar sus
vacaciones a partir del 2 de enero de 2024, por lo que la juez Primero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia acudió ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva para que se
proveyeran los recursos necesarios para el nombramiento de su reemplazo.

Explicó que dicha petición fue negada por medio del Oficio DESAJNE023-4010 de
14 de diciembre de 2023, con respaldo en que la dirección seccional en mención
no estaba facultada para expedir certificados de disponibilidad presupuestal con el
propósito de nombrar personal de reemplazo por vacaciones de servidores que
fungen como empleados, aunado a que no contaba con la disponibilidad del
presupuesto para el año 2024.

Señaló que, en vista de lo anterior, la juez Primero Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Florencia negó su solicitud de vacaciones mediante la
Resolución 13 del 14 de diciembre de 2023, al no poder designar a una persona
que asuma sus labores.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la actora, se vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas y justas, a la igualdad y al descanso remunerado, tras no
expedirse el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar a
quien la reemplace durante sus vacaciones.

Puso de presente que no hay alguna persona que pueda ocuparse de sus
funciones mientras disfruta de sus vacaciones, dado que cada empleado tiene
unas competencias diferentes y específicas, así que su ausencia en el despacho
judicial donde trabaja afectaría la prestación del servicio de la administración de
justicia.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 19 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Segunda de Decisión, admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta
decisión a la actora y como demandados al Consejo Superior de la Judicatura, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y al Juzgado
Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia.

Además, dicha autoridad judicial denegó la medida cautelar solicitada por la actora
por cuanto no vislumbró que el transcurso normal del trámite que debía
adelantarse para proferir la decisión de primera instancia originara un riesgo
probable a los derechos objeto de protección o hiciera que el amparo resultara
inocuo.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
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intervenciones:

1.5.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Neiva -
Coordinación Administrativa de Florencia

La coordinadora del Área de Asistencia Legal de esta seccional solicitó declarar
improcedente la tutela, dado que la actora tiene a su alcance el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el acto mediante el cual
se le negó la concesión de las vacaciones, máxime si se tenía en cuenta que no
se demostró la existencia de algún perjuicio irremediable.

Destacó que esa entidad no puede expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para designar el remplazo de la accionante durante su periodo
vacacional, según lo previsto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011, toda vez que esto solo está previsto para aquellas personas que ostentan la
calidad de funcionarios y no de empleados, como es el caso de la acá tutelante.

Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que la llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la actora es el Juzgado Primero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Florencia, en su calidad de nominador.

1.5.2. Consejo Superior de la Judicatura

La magistrada auxiliar de la Oficina de la Presidencia de la entidad solicitó su
desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, en atención a que no es la llamada a cumplir las órdenes que se dicten
para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la accionante,
pues ello le corresponderá es a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Neiva por tener la aptitud legal.

1.5.3. El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Florencia, pese a que fue debidamente notificado de la existencia
del presente trámite2, no rindió informe.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia de 24 de enero de 20243, amparó los derechos fundamentales al trabajo
en condiciones dignas, a la igualdad y al descanso remunerado de la señora
Cuéllar Gracia y, en consecuencia, resolvió:

«...Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva que en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación
de esta sentencia, ejecute todas las acciones administrativas y presupuestales
necesarias, tendientes a garantizar el nombramiento de la persona que reemplace a
la actora en el disfrute de sus vacaciones, a efectos de que se materialice su
derecho al disfrute del descanso remunerado. Una vez realizado lo anterior, deberá
informar a la Juez Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia.

2
Con oficio 14408 de 19 de octubre de 2023.
3
Notificada mediante correo electrónico enviado el mismo día.
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Tercero. Una vez la Juez Primera Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Florencia Caquetá reciba la comunicación proveniente de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Neiva, procederá dentro del término de cinco (5) días a
conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas y a
efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo por los días en que la
actora se encuentre disfrutando de aquellas.»

Para arribar a dicha decisión, explicó que procedía la acción de tutela de manera
excepcional pues, aunque la Resolución 13 del 14 de diciembre de 2023 podría
ser demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, este resultaría ser ineficaz debido a que lo pretendido por la actora es
obtener la protección de su derecho al descanso.

Luego, indicó que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el
derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente le asiste a la
actora, especialmente si se tenía en cuenta que el descanso constituye una
garantía fundamental derivada del derecho al trabajo en condiciones dignas.

Consideró que el juzgado accionado no podía fundamentar la negativa del permiso
solicitado por la accionante en el principio de continuidad de los servicios públicos
para desconocer el derecho al descanso, pues la Ley 270 de 19964 prevé formas
efectivas para conciliar los dos intereses involucrados, tales como el encargo o el
nombramiento en provisionalidad.

Para finalizar, señaló que la actora no tenía por qué soportar el hecho de que el
Consejo Superior de la Judicatura no tuviera regulado el procedimiento que
garantice la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal para
cubrir los reemplazos de los empleados judiciales que tienen derecho a las
vacaciones.

1.7. Impugnación

Con escrito enviado por correo electrónico el 25 de enero del año en curso, el
coordinador del área de Asistencia Legal del Consejo Seccional de la Judicatura
del Caquetá impugnó la providencia de primera instancia y reiteró que la acción
de tutela es improcedente al no cumplir el requisito de subsidiariedad, ante la
existencia del medio de defensa judicial idóneo para que la actora cuestione la
decisión a la que le atribuye la transgresión de sus derechos fundamentales.

Resaltó que a través de este mecanismo constitucional no era procedente ordenar
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva -
Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) que adelante las acciones
tendientes a garantizar la provisión de recursos necesarios para que se expida el
certificado de disponibilidad presupuestal, toda vez que el régimen no prevé tal
privilegio.

Afirmó que la aludida dirección seccional se encuentra imposibilitada para
acceder a la pretensión de la accionante, dado que no puede comprometer
vigencias futuras y la Coordinación Administrativa de Florencia se limitó a realizar
el respectivo traslado de las solicitudes elevadas por la actora, sin que en algún

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Estatutaria de la Administración de Justicia.
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momento le negara el disfrute de las vacaciones.

Recalcó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
no puede expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para que se nombre
el remplazo de la accionante durante su periodo vacacional, toda vez que tal
asignación únicamente está prevista para aquellas personas que ostentan la
calidad de funcionarios, al tenor de lo previsto en la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011.

Precisó que el acto administrativo antes mencionado fue expedido en
cumplimiento a las funciones del Consejo Superior de la Judicatura en
cumplimiento de las funciones que le otorgó la Ley 270 de 1996. De modo que
está cobijado por la presunción de legalidad y no pueden ser desconocido por el
juez de tutela, sino por el juez natural en el marco de un proceso de nulidad
simple.

1.8. Actuación procesal en segunda instancia

Estando el expediente al despacho para resolver la impugnación presentada
contra el fallo del a quo se advirtió que no se dispuso la vinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central, pese a que le asiste un
interés en las resultas del presente trámite.

Entonces, mediante auto de 7 de febrero de año en curso se ordenó notificarla en
calidad de tercero con interés y, de conformidad con el artículo 137 del Código
General del Proceso, se le puso en conocimiento la posible configuración de la
causal de nulidad prevista en el artículo 133 del mismo código. Pese a que fue
debidamente notificada5, no se pronunció en torno a los reproches expuestos por
la accionante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
impugnación presentada por la Coordinación de Asistencia Legal del Consejo
Seccional de la Judicatura del Caquetá contra la providencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, el 24 de enero de
2024, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20156, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala observa que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Justicia de Neiva - Coordinación Administrativa de
Florencia y el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su desvinculación por

5
Mediante oficio enviado el 14 de febrero de 2024, según la constancia visible en el índice 8 de
SAMAI.
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Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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falta de legitimación en la causa por pasiva, sin que ello hubiese sido resuelto por
el a quo.

Sobre el particular, se advierte que estas peticiones serán denegadas teniendo en
cuenta que la vinculación de tales entidades obedeció a que fueron identificadas
como las demandadas en la acción constitucional de la referencia, así que más
allá de la responsabilidad o no que les asista en este asunto, lo cierto es que era
necesario que pudieran ejercer su derecho de defensa y exponer los argumentos
que consideraran pertinente.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si se
vulneraron los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas,
a la igualdad y al descanso remunerado de la señora Cuéllar Gracia, tras negarle
el disfrute de sus vacaciones.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Caso concreto

La señora Cuéllar Gracia solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados, al considerar que fueron vulnerados por cuanto la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva no expidió el respectivo certificado
de disponibilidad presupuestal para designar a la persona que la reemplace en el
cargo de escribiente durante el tiempo que disfruta de sus vacaciones, razón por
la que la juez Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia le negó tal beneficio.

En primera instancia, se concedió el amparo solicitado por la accionante con
respaldo en que no era dable restringir el derecho al descanso de la empleada
judicial por falta de recursos, pues no es una carga que deba soportar, en especial
porque el Consejo superior de la Judicatura no tiene regulado el procedimiento
para que se expidan los certificados de disponibilidad presupuestal necesarios
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para nombrar al reemplazo de los empleados judiciales mientras disfrutan de sus
vacaciones.

Además, se indicó que el juzgado en mención no podía fundamentar la negativa
del permiso solicitado por la señora Cuéllar Gracia en el principio de continuidad
de los servicios públicos para desconocer el derecho al descanso, pues la Ley 270
de 19967 prevé formas efectivas para conciliar los dos intereses involucrados,
tales como el encargo o el nombramiento en provisionalidad.

Inconforme con dicha decisión, el coordinador de Asistencia Legal del Consejo
Seccional de la Judicatura del Caquetá la impugnó, por cuando la acción de tutela
no es el mecanismo procedente para ordenar la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal requerido previamente para conceder el periodo
vacacional, comoquiera que la actora tiene a su alcance otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz.

Puso de presente que la dirección seccional cuestionada no tenía la posibilidad de
acatar lo ordenado por el a quo, en la medida que no era viable que se apropiara
del presupuesto de una vigencia futura y solo era dable realizar tal asignación a
quienes tengan la condición de funcionarios, bajo los parámetros señalados en la
Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011.

De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que, en
efecto, la titular del despacho en el que trabaja la demandante solicitó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva el certificado de
disponibilidad presupuestal. Sin embargo, mediante Oficio DESAJNE023-4010 de
14 de diciembre de 2023 se le informó que no era dable gestionar recursos
presupuestales para reemplazos por vacaciones de empleados judiciales, así:

«...la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial trae a colación lo
establecido por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura en la circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 que en el numeral 6° a la letra reza:

“6. El personal titular que pertenece al régimen de vacaciones colectivas no
debe solicitar asignación de recursos para atender reemplazos por vacaciones
y tanto sus nominadores como los Directores Ejecutivos Seccionales, se
abstendrán igualmente de darles trámite por esta vía, excepto cuando la
solicitud corresponda a un funcionario judicial, cuya licencia por enfermedad
o por maternidad haya coincidido total o parcialmente con el periodo
vacacional de este régimen, para lo cual se anexará fotocopia del certificado
de incapacidad correspondiente, expedido por la EPS a la cual se encuentre
afiliado.” Resaltado fuera de texto.

En vista que la señora Lina Marcela Cuellar [Gracia] no está vinculad[a] en la Rama
Judicial en calidad de funcionari[a] judicial, por cuanto el cargo que ocupa
actualmente es el de Escribiente Municipal del despacho, y en el entendido que el
artículo 125 de la Ley 270 de 1996 clasifica los cargos en funcionarios y Empleados
así:

“ARTICULO 125. DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGÚN
LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES. Tienen la calidad de funcionarios
los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y
los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las
Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades

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Estatutaria de la Administración de Justicia.
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administrativas de la Rama Judicial”.

Por lo anterior, no hay lugar de parte de esta Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración [J]udicial, a la expedición de un certificado de disponibilidad
presupuestal para que sea nombrada una persona en reemplazo del titular del
cargo, mientras ésta disfrute de su derecho a las vacaciones, pues la circular 44 lo
noviembre de 2011 emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, no lo
contempla para el caso de empleados.

...Adicionalmente, la administración no cuenta con presupuesto 2024, dado que el
Ministerio de Hacienda Pública y Crédito, a la fecha no ha expedido el Decreto por
medio del cual distribuye el presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024,
para que la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, situé a la Seccional la
apropiación para los gastos de funcionamiento para la vigencia 2024, lo que
imposibilita aún más atender su solicitud.»

Por lo anterior, la juez Primero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Florencia no le otorgó a la actora permiso para descansar a partir
del 2 de enero de 2024, mediante la Resolución 13 de 14 de diciembre de 2023,
debido a que el despacho solo cuenta con un secretario, un oficial mayor y un
escribiente. Así que, su ausencia afectaría la prestación del servicio a la
administración de justicia.

Bajo este contexto, se advierte que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 1388 de la Ley 1437 de 2011,
es el mecanismo que se tiene al alcance para controvertir los actos que niegan el
disfrute de las vacaciones, dentro del cual se puede solicitar el decreto de las
medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibidem, por lo tanto
es, en principio, el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las
controversias que de éstos se derivan.

No obstante, la Sección Quinta9 señaló que en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para
precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna
imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía
dentro del ordenamiento jurídico.

La razón de ello se justifica en que, para establecer la procedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte demandante debe
indicar que un acto particular y concreto vulnera un derecho subjetivo por incurrir
en alguna de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico.

En este caso, los argumentos de la actora están dirigidos contra la decisión de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva pues, a su
juicio, la negativa de asignar presupuesto para nombrar su reemplazo es la que
evita que pueda acceder al disfrute del descanso remunerado.

8
«Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior...».
9
Entre otras, en las sentencias de 21 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2022-01630-00, 25 de septiembre de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad. 11001-03-15-000-2019-03992-00.
9
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Esto, debido a que la concesión de las vacaciones por parte de la juez Primero
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia estaba
supeditada al aval de la dirección ejecutiva accionada, el cual debía ser allegado
al despacho para proceder a designar el reemplazo.

De modo que las pretensiones de la tutelante están dirigidas específicamente a
que se ordene a dicha entidad realizar las diligencias necesarias para la
apropiación de las partidas presupuestales correspondientes para la designación
de su reemplazo y emitir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

Entonces, no se puede colegir que lo pretendido por la accionante sea atacar la
legalidad del acto administrativo por medio del cual su nominador se abstuvo de
concederle las vacaciones, presupuesto indispensable para la procedencia de la
pretensión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Quiere ello decir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho carecería de la idoneidad suficiente, dado que no le ofrecería a la
tutelante una solución a sus pretensiones, razón suficiente para que este juez
constitucional sea competente para conocer el fondo de esta controversia.

Ahora bien, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
expidió el Oficio DESAJNE023-4010 de 14 de diciembre de 2023, en el que
señaló que no era posible atender la solicitud relacionada con los recursos
necesarios para que la actora disfrutara de sus vacaciones en el año 2024, pues
el presupuesto requerido era de una vigencia futura.

Además, mencionó que en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 se
reguló la asignación de los recursos para la concesión del derecho al descanso de
los funcionarios judiciales que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales
y, comoquiera que la accionante ostenta la condición de empleada judicial, no era
dable expedir el certificado de disponibilidad presupuestal.

Al respecto, la Sala advierte que el descanso debe entenderse como uno de los
derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que
ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como
física, para así proteger su salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo de
sus actividades.

Es por esto que, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que la señora Cuéllar Gracia deba
soportar, pues jurisprudencial y legalmente se ha considerado que las vacaciones
constituyen una prerrogativa que tienen todos los empleados, por lo que no puede
ser trasgredido en función del servicio. Tan es así, que esta corporación ha
amparado el derecho fundamental al descanso en acciones de tutela con
similares supuestos fácticos.10

Según se tiene, la accionante busca que se garantice el goce o disfrute material

10
Consultar, entre otras, las sentencias de 2 de noviembre de 2023, M.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez, rad. 11001-03-15-000-2023-05393-00, 19 de octubre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, rad. 11001-03-15-000-2023-05130-00 y 3 de agosto de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, rad. 11001-03-15-000-2023-03463-00.
10
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del periodo al que tiene derecho por concepto de vacaciones que, por razones de
presupuesto y necesidad del servicio, no se ha materializado. Sin embargo, los
argumentos de la necesidad del servicio y la omisión de la dirección seccional
accionada de autorizar el rubro presupuestal correspondiente no son suficientes
para desconocer el disfrute de tal derecho.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el carácter fundamental de dicha garantía fue
reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer trabas
administrativas que afecten el núcleo fundamental de esta garantía. En
concordancia con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo
estableció11 que «se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del
derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas».

En efecto, la Sala no desconoce la necesidad del servicio que apremiaría al
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia ante la ausencia de la actora, por lo que resulta necesario que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva provea las
medidas necesarias para que dicha corporación pueda cumplir con sus funciones,
sin que ello implique que sus servidores no puedan disfrutar del derecho a las
vacaciones, una vez cumplan con los requisitos legales para acceder a las
mismas.

En otras palabras, la dirección ejecutiva cuestionada no puede alegar
impedimentos de tipo administrativo a la accionante que le impidan ejercer sus
derechos fundamentales, máxime cuando escapa del resorte de la señora Cuéllar
Gracia el encontrar las medidas de orden presupuestal u organizacional para
proveer el reemplazo del cargo en su ausencia temporal.

Negar el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de limitaciones de
carácter administrativo, no es una carga que deba soportar un servidor judicial, si
se tiene en cuenta que en la misma Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
se exige solo al interesado reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente
programación de vacaciones, para que sea incluido en los turnos.

En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute
del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación de
las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o
administrativo, para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la
administración no puede trasladar en ellos su propia función.

En consecuencia, es evidente que sí existe una vulneración de los derechos
fundamentales de la tutelante, que proviene de la omisión de expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de un reemplazo, por parte
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

De otro lado, se tiene que la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de

11
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.
11
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2005, cuyo asunto fue la «asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio».

A su vez, en la Circular 44 de 12 de mayo de 2005 se estableció el procedimiento
para la programación de vacaciones individuales de los servidores judiciales del
Sistema Penal Acusatorio. No obstante, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa expidió la Circular PSAC11-44, que
señaló de manera expresa la derogatoria de lo establecido en las referidas
circulares:

«...para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento [que] aquí se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello».

Ahora, si bien dicha circular está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial
(jueces y magistrados) y a los directores seccionales de Administración Judicial,
su asunto trata de «vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de
Vacaciones Individuales». Entonces, no dispuso el procedimiento que debía
realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del personal de los
demás despachos.

Aun cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió
una circular en la que señaló directrices dirigidas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del país atinentes a la programación de vacaciones de los
funcionarios judiciales y la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer un
procedimiento para el efecto no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso.

Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado, según lo previsto en los
artículos 8º de los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así que los empleados de los Juzgados
Penales Municipales pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que
deben ser concedidas por el respectivo nominador, según las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

Por lo tanto, no son de recibo los argumentos expuestos por la entidad
impugnante, pues el hecho de no realizar la apropiación presupuestal impide que
se pueda designar un reemplazo en el cargo que ocupa la actora durante el
período de las vacaciones, circunstancia de índole administrativa que no está
obligada a soportar.

Además, los recursos para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal ya
no pertenecen a una vigencia futura, pues el 1º de enero de 2024 inició el año

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fiscal12. Entonces, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva puede adelantar las gestiones pertinentes para que la accionante pueda
acceder a sus vacaciones.

Cabe aclarar que esto lo debe realizar ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Nivel Central, tras ser la entidad encargada de proveer
los fondos necesarios para que las direcciones ejecutivas seccionales expidan los
certificados de disponibilidad presupuestal requeridos para el nombramiento de los
reemplazos durante las vacaciones de los empleados de la Rama Judicial.

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que accedió al
amparo solicitado por la actora, al coincidir con el a quo en que se vulneraron sus
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al
descanso remunerado. Además, se modificarán las órdenes impartidas para incluir
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central en el trámite
que se deberá surtir, así:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que
el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia adopte las medidas que se requieren para que la señora Cuéllar Gracia
goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud
que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos.

ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, esta última entidad le deberá comunicar al
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Florencia quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que correspondan
para que la actora pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea
afectada la prestación del servicio de administración de justicia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación propuestas por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Neiva -
Coordinación Administrativa de Florencia y el Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: Confírmase la sentencia de 24 de enero de 2024 proferida por el

12
En el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 se prevé: «[e]l año fiscal comienza el 1 de enero y
termina el 31 de diciembre de cada año.»
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Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual
se concedió el amparo solicitado por la señora Lina Marcela Cuéllar Gracia.

TERCERO: Modifícanse las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Segunda de Decisión en la sentencia de 24 de enero de 2024, en el
siguiente sentido:

«i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia
adopte las medidas que se requieren para que la señora Cuéllar Gracia goce de sus
vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos.

ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, esta última entidad le deberá comunicar al
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia
quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que correspondan para que la
actora pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la
prestación del servicio de administración de justicia.»

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

14
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