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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2024-00041-01

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2024-00041-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 12 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2024-00041-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 18001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: JAIME DAVID FLOREZ SALAZAR
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL -
SECCIONAL DE NEIVA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – El accionante cuenta con el proceso verbal
previsto en el artículo 369 y siguientes del Código General del Proceso, para
controvertir las inconformidades surgidas del contrato de libranza celebrado con el
Banco BBVA / PERJUICIO IRREMEDIABLE – El actor no acreditó estar en
presencia de alguna situación que amerite la intervención urgente del juez de tutela.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 12 de abril de 20241, proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 1º de abril de 2024, el señor Jaime David Flórez Salazar, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional Neiva (Huila), con el objeto de que se amparen sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso remunerado, al
mínimo vital, de petición y al debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual):

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional por derechos
fundamentales antes mencionados.

1 Se advierte que, el 23 de abril de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 18001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: Jaime David Flórez Salazar
Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional Neiva
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

SEGUNDO: Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA HUILA y/o al BANCO BBVA
COLOMBIA SA, ejecute, de manera inmediata, todas las acciones
administrativas necesarias encaminadas a restituir el descuento por libranza
del Banco BBVA por el valor de $2.580.057.

TERCERO: Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
Judicial Seccional Neiva, o a quien haga sus veces, que cada vez se adelante
el trámite pertinente para el pago de nómina, se obtenga de efectuar el
descuento por libranza del Banco BBVA por el valor de $2.580.057, en virtud
del proceso ejecutivo iniciado por la entidad financiera. Ello para no incurrir en
temeridad, con el propósito de no acudir a esta acción constitucional por los
mismos hechos y derechos.

CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me
permito solicitar que en el fallo por Usted dictado se prevenga a la entidad
accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades
en que ya hubiere incurrido.

QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no
invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su
función de administrador de la Constitución, pueda establecer como violados,
amenazados y/o vulnerados.

Como medida provisional, solicitó:

Con base en el artículo 7 del decreto 2591 de 1991, de manera urgente y con
el fin de proteger los derechos fundamentales, le SOLICITO, comedidamente,
que con la admisión de la presente acción de tutela, le ordene a la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
NEIVA, que realice todas las acciones administrativas necesarias
encaminadas a suspender el descuento por libranza del Banco BBVA por el
valor de $2.580.057, hasta tanto no se tome una decisión definitiva en el
asunto respectivo.

En caso de haber, girado dicho monto a la entidad financiera, le SOLICITO,
comedidamente, que con la admisión de la presente acción de tutela, le
ordene al BANCO BBVA COLOMBIA SA, que realice todas las acciones
administrativas necesarias encaminadas a suspender el descuento por
libranza del Banco BBVA por el valor de $2.580.057, hasta tanto no se tome
una decisión definitiva en el asunto respectivo.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

Como fundamento fáctico de la demanda, el actor narró que adquirió el crédito de
libranza No. 0013-0158-009624188876 con el Banco BBVA, para cuyo pago
autorizó un descuento mensual por nómina de $2.580.057, desde el mes de
diciembre de 2021, y hasta por 120 cuotas.

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Radicación: 18001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: Jaime David Flórez Salazar
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Seccional Neiva
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

A partir de octubre de 2022, previa orden del Juzgado Primero de Familia de
Florencia, por concepto de alimentos, le empezaron a realizar descuentos de
nómina por valor de $1.157.057 (40% del salario devengado), motivo por el cual,
desde esa fecha, suspendieron las deducciones por libranza con destino al Banco
BBVA, atendiendo a su capacidad económica.

Por lo anterior, el banco en mención inició proceso ejecutivo contra el accionante,
que correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, quien libró
mandamiento de pago el 5 de mayo de 2023, y, como medida cautelar, ordenó el
embargo del salario del actor, el cual no se materializó por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, porque el salario ya se encontraba
embargado.

Posteriormente, el Juzgado Primero de Familia de Florencia ordenó que se
continuara efectuando el descuento de la cuota alimentaria por nómina, a fin de
garantizar el derecho de la menor; sin embargo, en la nómina correspondiente a los
meses de diciembre y enero, la seccional dejó de realizarlo y, en su lugar, ordenó
la deducción a favor del Banco BBVA, por lo cual tuvo que solicitar la corrección
para que se hiciera efectiva la obligación por alimentos.

Narró que, el 28 de febrero de 2024, le concedieron el disfrute de vacaciones
individuales y en la prenómina de marzo nuevamente le hicieron el descuento para
el Banco BBVA, por lo que volvió a solicitar la corrección, pero esta vez le
contestaron que no era posible hacer el ajuste, dado que la libranza solo podía
suspenderse previa orden judicial. En ese sentido, se le incluyó el descuento
correspondiente a la cuota de alimentos y también el encaminado al pago de la
libranza con el Banco.

Contra esa respuesta, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, los que, según afirmó, a la fecha de la tutela no han sido resueltos.

El accionante manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, porque considera que es
arbitraria, toda vez que, en su sentir, no le corresponde a esa autoridad determinar
cuáles bienes puede perseguir el Banco en calidad de acreedor y, además, porque
estima que como la entidad bancaria hizo efectiva la cláusula aceleratoria e inició el
proceso ejecutivo para el cobro de la obligación respaldada con la libranza, no es
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

posible que le sigan descontando cuotas por ese concepto.

Así las cosas, el actor reprocha que, para el 22 de marzo de 2024, no recibió el total
del pago de las vacaciones a que tenía derecho, toda vez que se le descontaron
«injustamente» los valores correspondientes a embargos y créditos de libranza por
la misma obligación.

Enfatizó que «(…) si el Banco no hubiera optado por el proceso ejecutivo, si estaría
el pagador autorizado para descontar por libranza el pago de la cuota en la
respectiva nómina, tal y como aconteció en la nómina del mes de marzo 2023 (…)
al tener capacidad económica para ello, debido al pago del período vacacional en
esa época, evitando con ello, un doble cobro de la misma obligación, a menos que
hubiera iniciado proceso ejecutivo únicamente por las cuotas en mora».

Así las cosas, considera que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al descanso remunerado, porque efectuó descuentos no autorizados
por la ley del sueldo percibido durante el periodo de vacaciones.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 2 de abril de 2024, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la demanda y dispuso que se notificara a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, como demandada; y
vinculó al Banco BBVA, a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la señora
Maritza Vargas Cabrera (demandante dentro del proceso Ejecutivo de Alimentos
con radicado 2022-00541-00), al Juzgado Primero de Familia de Florencia (adelanta
el proceso por alimentos), y al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia -
Caquetá (que tramita el ejecutivo iniciado por el BBVA).

En la misma oportunidad, negó la medida provisional solicitada, por cuanto el
accionante no acreditó la existencia de un perjuicio de tal magnitud que justificara
un pronunciamiento anterior al fallo.

2.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva señaló
que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, ya que los descuentos
efectuados fueron autorizados por el servidor cuando suscribió la libranza.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Explicó que, en la nómina de marzo, los ingresos del accionante se incrementaron
debido al pago de las vacaciones, razón por la cual se elevó la capacidad de
descuento y fue posible hacer la deducción de $2.580.056, correspondiente a la
obligación de la libranza.

Afirmó que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor
tiene la posibilidad de acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para
discutir la legalidad del acto administrativo cuestionado, trámite en el que, además,
puede solicitar medidas cautelares para hacer efectivas las garantías invocadas.

2.3. El juez segundo civil del circuito de Florencia informó que, mediante auto
interlocutorio del 5 de mayo de 2023, se libró mandamiento ejecutivo en contra del
señor Flórez Salazar y se decretó el embargo y retención de la quinta parte del
sueldo que exceda el salario mínimo legal mensual vigente devengado, en razón al
vínculo que tiene con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Sin embargo, no fue posible materializar la medida cautelar, por cuanto la autoridad
empleadora informó que el sueldo del actor ya presentaba un embargo ordenado
por el Juzgado Primero de Familia de Florencia.

Finalmente, informó que, por auto del 14 de julio de 2023, se ordenó seguir adelante
la ejecución en contra del señor Flórez Salazar y, posteriormente, con auto del 25
de agosto de la misma anualidad, se aprobó la liquidación del crédito por un total de
$259.489.530.

2.4. La jueza Primera de Familia de Florencia informó que ante su despacho cursó
el proceso ejecutivo de alimentos, presentado por la señora Zareth Maritza Vargas
Cabrera, en representación de la menor Ailyn Salomé Flórez Vargas, en contra del
señor Jaime David Flórez Salazar, en el cual se libró mandamiento de pago por la
suma de $8.405.600, por concepto de cuotas alimentarias atrasadas.

Asimismo, señaló que, mediante auto del 14 de octubre de 2022, se decretó el
embargo y retención del 40% del salario, de la prima de servicios o prima de junio,
la prima de navidad y cesantías devengadas por el señor Flórez Salazar, con el fin
de asegurar el pago, tanto de las cuotas atrasadas como de las causadas mes a
mes.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Explicó que, actualmente solo subiste el embargo y descuento por nómina de la
cuota alimentaria para cubrir los gastos de subsistencia de la menor, que asciende
a $1.144.739 para el presente año 2024, toda vez que el proceso ejecutivo por las
obligaciones atrasadas se terminó por el pago total de la deuda.

2.5. Las demás personas y autoridades vinculadas no intervinieron en esta
oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia
proferida el 12 de abril de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, porque
no cumplió con el requisito de subsidiariedad.

Sostuvo que en el presente caso la discusión planteada por el accionante se
contrae a determinar si la iniciación del proceso ejecutivo en virtud de la cláusula
aceleratoria deja sin efectos el contrato de libranza, aspecto que debe ser decidido
por el juez del proceso ejecutivo.

Aunado a ello, verificó que el juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia libró
el respectivo mandamiento de pago por el incumplimiento de la obligación
respaldada con la libranza, y decretó el embargo como medida cautelar, sin que el
afectado hubiere presentado oposición alguna, puesto que de la revisión del
expediente se encontró que no presentó excepciones en la oportunidad señalada
en la ley.

Agregó que, de no poder discutir ese aspecto en el proceso ejecutivo que está en
curso, el accionante también puede demandar por la vía civil la validez y vigencia
del contrato de libranza, dado que el mismo conserva su eficacia hasta tanto se
termine por mutuo acuerdo entre las partes o se declare su inexistencia en sede
judicial.

Insistió en que el accionante suscribió la libranza con la entidad bancaria, en la que
autorizó de forma irrevocable que le realizaran descuentos no solo de su salario
sino también de otros activos, no siendo el escenario de la tutela el propicio para
obligar a la Dirección Ejecutiva a suspender o poner fin a dichas deducciones.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En definitiva, sostuvo que la tutela es improcedente porque el actor ventila un
conflicto de tipo civil con el BBVA, que debe ser resuelto con los mecanismos
ordinarios dispuestos para ello, ante el juez ordinario, para que sea este quien
determine si el inicio de una acción ejecutiva implica de pleno derecho y sin
declaración judicial, la terminación del contrato de libranza y la imposibilidad de
realizar su cobro, y sea él quien mediante sentencia judicial ordene a la Dirección
Ejecutiva aquí accionada que suspenda los descuentos por libranza.

4. Impugnación

El accionante señaló que el a quo realizó un planteamiento errado del problema
jurídico, por cuanto no invocó la vulneración de sus derechos fundamentales por
efectuarse simultáneamente los descuentos de libranza y embargo por alimentos,
sino por la concurrencia de la primera deducción anotada y el proceso ejecutivo, en
el cual el Banco BBVA hizo efectiva la cláusula aceleratoria.

Insistió en que no se alega únicamente la violación del derecho fundamental al
mínimo vital, sino también al descanso remunerado.

Afirmó que desplegó la actividad administrativa pertinente para la protección de sus
derechos, dado que en tres ocasiones solicitó a la autoridad accionada la revisión
de su nómina (meses diciembre de 2023, enero y marzo de 2024), e incluso
interpuso el recurso de reposición ante la negativa de suspender el descuento por
libranza del pago de las vacaciones individuales.

Asimismo, concluyó que el a quo se limitó a realizar un análisis desde el punto de
vista legal y no abordó el asunto planteado desde la perspectiva constitucional,
como corresponde al juez de tutela.

Aceptó que «(…) no existe norma legal que respalde la afirmación según el cual la
libranza perdió vigencia al iniciarse un proceso ejecutivo, en nuestro ordenamiento
jurídico vigente (…)», pero insistió en que así es, en virtud de los principios
generales del derecho que deben utilizarse para dirimir estos casos difíciles. En ese
orden insistió en que la libranza perdió vigencia en el momento en que el Banco
BBVA decidió hacer efectiva la cláusula aceleratoria del crédito e iniciar el proceso
ejecutivo por el valor total de la obligación.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Manifestó que existe otro mecanismo de defensa judicial para garantizar sus
derechos, pero aseguró que el mismo no es idóneo, dado que un proceso ordinario
civil en contra de la entidad financiera no impediría que se continúen efectuando los
descuentos por libranza, sino hasta la culminación de la sentencia que podría tardar
un tiempo prolongado, en el que persistirá la vulneración de sus derechos. En ese
orden, señaló que la tutela procede como mecanismo transitorio.

Además, explicó que el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo se libró el 5
de mayo de 2023 y el descuento en nómina de la libranza se reactivó en el mes de
marzo de 2024 (cuando se hizo la deducción por el pago de sus vacaciones), motivo
por el cual, era imposible que durante el traslado de la orden de pago (corrió hasta
el 13 de julio de 2023), el ejecutado hiciera alusión a un descuento que no se venía
realizando por parte de la autoridad accionada.

Insistió en que, pese a que la libranza es irrevocable por parte del empleado, y así
lo señaló el a quo para fundamentar su decisión, lo cierto es que el fallador de primer
grado no tuvo en cuenta que la libranza sí es revocable por parte del acreedor, lo
que sucede cuando aquel hace uso de la cláusula aceleratoria, como ocurrió en este
caso.

Aunado a lo dicho, el recurrente fue reiterativo en exponer que la entidad financiera
BBVA pretende hacer un doble cobro de la obligación, pues, de una parte, inició el
proceso ejecutivo No. 0013-0158-009624188876 por el total del monto del crédito,
y, de otra, continúa haciendo efectiva la libranza.

Finalmente, señaló que la bonificación judicial que percibe no tiene carácter salarial,
y, por lo tanto, sobre ese valor no es factible realizar descuentos por concepto de
libranza.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 12 de abril de 2024, proferido por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante el cual se
declaró improcedente la solicitud de amparo.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

La Sala, en primer lugar, analizará si la acción de tutela cumplió con los requisitos
generales de la tutela, particularmente, el de subsidiariedad, y si se configura un
perjuicio irremediable que amerite la intervención inmediata del juez constitucional,
al punto de flexibilizar dicha exigencia.

Sólo en el evento de superar tales requisitos, la Sala descenderá al análisis de fondo
que corresponde, para establecer si se vulneraron o no los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la subsidiariedad2

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 863 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 19914 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la

2 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
3
«Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
(se destaca).
4
«Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
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existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó5:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede
converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea
factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que
de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la
acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción
ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza,
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así6: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)».
5
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v)
que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

2.2. El requisito de subsidiariedad en el caso concreto

El señor Jaime David Flórez Salazar reprocha que, en marzo de esta anualidad, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Neiva, le hubiera hecho
efectivo el descuento por él autorizado a favor del Banco BBVA, en la modalidad de
libranza, toda vez que, en su sentir, no podían efectuarse deducciones por ese
concepto sobre los pagos de vacaciones, por cuanto ello vulnera sus derechos al
trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado.

No obstante lo anterior, se observa que en la alzada, el accionante encamina más
su alegato a señalar que, como la entidad bancaria hizo efectiva la cláusula
aceleratoria e inició el proceso ejecutivo para el cobro de la obligación respaldada
con la libranza, no es posible que la accionada siga descontando cuotas por ese
concepto, pues de ese modo se le estaría haciendo un doble cobro de la obligación.
En consecuencia, solicita que se suspendan tales deducciones (pretensiones 3 y
4).

En ese sentido, el señor Jaime David Flórez Salazar presentó petición el 15 de
marzo de 2024 ante la autoridad accionada, para reclamar, justamente, que no se
le efectuara el descuento por libranza, así:

Por otro lado, ser advierte que la LIBRANZA BBVA por el valor de $2.580.057,
la cual es JURIDÍCAMENTE IMPOSIBLE que se siga reflejando en la nómina
por cuanto la entidad financiera BBVA adelanto proceso ejecutivo ejecutando
dicha obligación, para lo cual opto por hacer valer la Cláusula Aceleratoria de
Pago. (…)

Así las cosas, al adelantar el plazo convenido (cuotas garantizadas con la
libranza) por parte Banco, los instalamentos pendientes se extinguieron con
el propósito de cobrar la totalidad de la deuda, y en el presente asunto, como
quiera que el Banco BBVA ha cobrado la TOTALIDAD DE LA OBLICACION,
a través de un proceso ejecutivo, que su dependencia es conocedora, no es
dable jurídicamente cobrar 2 veces la misma obligación, por medio de la
Libranza, como hoy se refleja en la Nómina.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Bajo este contexto, solicito NUEVAMENTE seguir ajustando las NOMINAS a
la normatividad vigente, sin perjuicio de optar por las acciones legales que
dispone el ordenamiento jurídico con el propósito de hacer valer mis derechos
fundamentales.

La solicitud fue resuelta por la Oficina Talento Humano de la Coordinación
Administrativa de Florencia, mediante mensaje de datos fechado el 19 de marzo de
2024, remitido al correo del accionante, en el que se lee:

Cordial Saludo, de acuerdo a su solicitud, me permito informar que ya se
realizó el ajuste pertinente del embargo, por favor validar en efinomina7.

Con respecto a la libranza del Banco BBVA, esa no la podemos cerrar sino
por orden judicial, puesto que no se le está realizando ningún descuento por
el Proceso ejecutivo que adelanto esa Entidad y la libranza sigue en firme por
el Convenio que existe con el Banco BBVA.

Contra esta decisión, el interesado interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, radicado vía correo electrónico de la misma fecha, el cual fue atendido
desfavorablemente mediante el Oficio DESAJNEO24-1135 del 4 de abril de 2024,
suscrito por la directora de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva. Esta respuesta se puso en conocimiento del señor Flórez Salazar
por mensaje de datos enviado el 4 de abril de 2024 al correo electrónico por él
suministrado (desde el cual realizó las solicitudes).

Pues bien, la Sala comparte lo razonado por el a quo para declarar la improcedencia
de la presente acción, por cuanto es claro que tiene como principal propósito la
suspensión de los descuentos por libranza, habida consideración de que, sin duda,
como el mismo actor lo reconoce en el escrito de impugnación, cuenta con otros
medios ordinarios para hacer efectivos sus derechos.

En primer lugar, conforme a lo visto en precedencia, la autoridad accionada expidió
dos actos, cuya legalidad, en principio, es susceptible de discusión en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, encontrándose aún en
término para ello, de conformidad con lo señalado en los artículos 138 y 164 de la
ley 1437 de 2011.

Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos

7 Se refiere al descuento por concepto de cuota alimentaria.

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Radicación: 18001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: Jaime David Flórez Salazar
Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional Neiva
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo
que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil
y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia8.

De otra parte, la Sala advierte que, si el actor considera que el contrato de libranza
perdió vigencia, puede acudir ante el juez ordinario mediante un proceso verbal9,
para que así lo declare, teniendo en cuenta que su pretensión versa sobre la
inconformidad respecto del negocio jurídico de tipo civil celebrado con el Banco
BBVA, contencioso en el cual, incluso, cuenta con las medidas cautelares dispuesta
por el legislador. En un caso análogo, la Corte Constitucional discurrió 10:

30. De otra parte, con fundamento en las pretensiones de la acción y el
material probatorio recaudado, la Sala evidencia que el actor solicitó
suspender las deducciones de la mesada pensional con ocasión de un crédito
de libranza que adquirió con la operadora de libranza BPC, porque a su
criterio, la obligación se encuentra saldada. Es así que lo pretendido por el
accionante gira entorno a la verificación del pago de una obligación crediticia
adquirida, es decir, aspectos relevantes de un negocio jurídico que son de
índole económico y que carecen de trascendencia constitucional.

31. Al respecto, la Sala encuentra que el actor tiene a su alcance otros
mecanismos judiciales para debatir judicialmente lo relacionado con el pago
de la obligación y el presunto abuso de posición dominante por parte de las
entidades accionadas. Según sea su pretensión puede: (…)

(ii) Promover un proceso ordinario ante la jurisdicción ordinaria civil,
conforme el artículo 368 y ss. del Código General del Proceso y, de ser el
caso, solicitar las medidas cautelares que crea necesarias, con fundamento
en el artículo 590 de la misma normativa.

(…) De esta manera, el juez constitucional no es el competente para
pronunciarse sobre condiciones del negocio jurídico celebrado entre las
partes, ni establecer si el actor ya finiquitó su obligación crediticia, lo que daría
lugar a la suspensión de las deducciones a su mesada pensional.

8 Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la protección de los
derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideró: En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción de
tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho,
teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud
y eficacia protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige
para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo. Consejo de Estado, Sala
Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06871-01.
Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
9 Artículo 368 C.G.P.. ASUNTOS SOMETIDOS AL TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL. Se

sujetará al trámite establecido en este Capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a
un trámite especial.
10 Ver sentencia T-482 de 2023 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 18001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: Jaime David Flórez Salazar
Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional Neiva
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

33. Conforme a lo expuesto, el señor Lacides Camacho Martínez cuenta con
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para la resolución del
asunto. Esto impide la intervención del juez constitucional a efectos que
garantizar los derechos del accionante de manera definitiva, por cuanto aquel
no puede suplantar al juez competente para la resolución del asunto, a menos
de que se encuentre frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Para la Sala, los mecanismos judiciales ordinarios que el señor Flórez Salazar tiene
a su alcance son idóneos y eficaces para garantizar los derechos que estima
conculcados y, en consecuencia, la tutela no es procedente como mecanismo
principal. Tampoco como mecanismo transitorio, si se tiene en cuenta que en el
asunto bajo estudio no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por
las siguientes razones:

i) El señor Jaime David Flórez Salazar continúa vinculado al servicio con la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Neiva, y por ello devenga
mensualmente su salario, junto con la correspondiente bonificación judicial.

ii) La autoridad accionada, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional
Neiva, en calidad de empleadora encargada de efectuar las deducciones por
libranza, ha sido estricta en observar el límite legal permitido para los descuentos
directos (libranzas) y embargos sobre el sueldo del actor.

A tal punto que, desde que el Juzgado Primero de Familia de Florencia ordenó la
retención de salarios para garantizar el pago de la cuota alimentaria a favor de la
menor hija del accionante, la autoridad suspendió el descuento de la libranza, por
exceder el límite legal conforme a su capacidad económica, e incluso, por la misma
causa, se abstuvo de hacer las retenciones en virtud del embargo ordenado por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia. Con lo que se evidencia el respeto
del mínimo vital.

Ahora bien, es cierto que, en marzo de esta anualidad, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Seccional Neiva, realizó el descuento de libranza a favor
del Banco BBVA, pero dicho proceder no se evidencia caprichoso ni arbitrario, toda
vez que el accionante suscribió un contrato de libranza con el Banco BBVA, en el
que autorizó tales deducciones de forma irrevocable en el marco de la Ley 1527 de
201211. Además, si bien es cierto que por disposición de dicho estatuto, los
descuentos por libranza recaen únicamente sobre los salarios -no prestaciones

11 Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se
dictan otras disposiciones.
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Radicación: 18001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: Jaime David Flórez Salazar
Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

sociales-, también lo es que las vacaciones son el pago adelantado de un tiempo
de descanso y, por consiguiente, en, principio, sería factible realizar descuentos por
libranzas previamente autorizadas por el servidor12.

En todo caso, de conformidad con el memorial radicado por el actor el pasado 15
de mayo, se observa que, en respuesta a una reclamación que realizó ante el
defensor del Consumidor Financiero BBVA, mediante Oficio del 9 de mayo de 2024,
la entidad bancaria informó que retornó el valor deducido por concepto de libranza13.

iii) La obligación adquirida con el Banco BBVA, respaldada por la libranza, no se ha
satisfecho, o al menos no hay prueba de ello en el expediente. Al contrario, lo que
se conoce es que en el proceso ejecutivo iniciado por la entidad financiera ya se
ordenó seguir adelante la ejecución y, con auto del 25 de agosto de 2023, se aprobó
la liquidación del crédito, según la cual el aquí accionante adeuda $259.489.530 a
la entidad financiera ejecutante, con lo que se descarta el doble pago invocado por
el actor como perjuicio irremediable.

iv) No se evidencia el peligro inminente invocado por el actor, quien afirma que la
obligación será cobrada dos veces, dado que, como parte ejecutada, tiene la
posibilidad de acudir al proceso ejecutivo 18001310300220230012800, a cargo del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, para acreditar ante el juez

12 «Los descuentos efectuados sobre los salarios de un servidor público, deben estar expresamente

autorizados y definidos por la Ley. Es esta la que define en qué oportunidades se puede descontar,
el porcentaje máximo autorizado, y sobre qué concepto recae. Las normas que contemplan esta
posibilidad, hacen alusión a los salarios del empleado y por tanto, debe concluirse que no procede
sobre las prestaciones sociales; no es procedente que el intérprete de la ley amplíe el concepto
autorizado legalmente. Adicionalmente, acudiendo a la intención del legislador respecto a la Ley
1527 de 2012, igualmente se deduce que éste sustrajo de manera explícita las prestaciones sociales
de la norma que reglamenta las libranzas, por las objeciones realizadas por el Presidente de la
República. Así las cosas, se infiere que los descuentos para los empleados públicos, recaen
únicamente sobre los salarios de los mismos, trátese de libranza, descuentos de ley, autorizados por
el servidor o por orden judicial, y sólo podrán realizarse en los porcentajes descritos por la norma.(…)

Finalmente, es necesario manifestar que al ser las vacaciones el pago adelantado de un tiempo que
el empleado va a descansar, igualmente se deben descontar por adelantado del salario del empleado
público, lo concerniente a embargos judiciales y los demás descuentos que haya autorizado el
empleado». Tomado del Concepto No. 357761 de 2019, emitido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública.

En el mismo sentido, en el Concepto 4103 del 13 de febrero de 2019, el Ministerio del Trabajo, indicó:
«Para dar respuesta a su pregunta, es preciso hacer claridad que las vacaciones no son una
prestación social, sino que es un descanso remunerado y que es considerado salario, por lo
que el dinero recibido por concepto de vacaciones se tratará como cualquier salario; por tanto, se
deberán hacer aportes a seguridad social, parafiscales e inclusive prestaciones sociales sobre él, tal
y como lo dispone el Artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo».
13 El valor de $2.580.057,00, descontado de la nómina de marzo de 2023, fue abonado por el Banco

BBVA a una cuenta por pagar y posteriormente, retirado por el accionante, tal y como da cuenta el
comprobante de pago por él allegado.
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Radicación: 18001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: Jaime David Flórez Salazar
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

competente cualquier abono a la deuda que se efectúe a través del o los descuentos
de libranza y que se le tengan en cuenta como pago parcial de obligación en una
futura reliquidación del crédito. No obstante, teniendo en cuenta que el dinero
descontado de la nómina de marzo fue devuelto al accionante, es apenas lógico
que no pueda alegar abono alguno a la deuda por ese concepto, como bien lo
expuso el Banco BBVA, en el Oficio del 9 de mayo de 2024.

Con todo, hay que decir que el perjuicio irremediable que hace procedente la acción
de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde
la perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, dañinas, que
suelen producir las decisiones judiciales o las de la administración. Esas decisiones
están revestidas de juridicidad o legalidad y, por ende, en principio, las
consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas.

El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegarse a producir
no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera
indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación,
es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o
a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales, situación que, a
simple vista, no se presenta en este caso.

Por lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se presenta ninguna
de las situaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, ni se configura
un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental, como para que resulte
procedente la acción de tutela de manera transitoria. El hecho de que al accionante
se le realicen las deducciones por concepto de la libranza que él mismo autorizó,
pese a que el acreedor ya adelantó un proceso ejecutivo en su contra por el total de
la obligación, no implica necesariamente que se le estén violando sus derechos
fundamentales y, en todo caso, dispone de otros mecanismos judiciales para
reclamar su protección, como se explicó en precedencia.

En conclusión, la Sala no encuentra superado el requisito de subsidiariedad y, en
consecuencia, confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela.

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Radicación: 18001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: Jaime David Flórez Salazar
Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional Neiva
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 12 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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