Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2024-00080-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2024-00080-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2024-00080-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2024-00080-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de noviembre de 2024
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: GUSTAVO VALENCIA
Demandada: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra acto administrativo. Convocatoria de
consulta popular para constituir área metropolitana. El
requisito general de la subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Gustavo Valencia contra la
sentencia del 9 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Tercera de Decisión que dispuso:
«Primero. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gustavo
Valencia contra el Concejo del Municipio de Florencia, la Registraduría Nacional del Estado
Civil, Registraduría Delegada en lo Electoral del Florencia, y los Municipios de Florencia, la
Montañita y Morelia, respecto de los derechos al debido proceso y participación ciudadana,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho
fundamental de petición, frente a la omisión del Concejo del Municipio de Florencia de atender
la solicitud presentada por el señor Gustavo Valencia el 29 de julio de 2024».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de agosto de 20241, el señor Gustavo Valencia interpuso acción de tutela, en
nombre propio, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría
Delegada en lo Electoral de Florencia (Caquetá), por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la participación ciudadana y al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar a favor
mío lo siguiente:
Ante el evidente incumplimiento de lo preceptuado en la ley 1757 de 2015, artículos 20 y 32,
acudimos a su despacho para que en uso de las facultades legales y reglamentarias
intervenga oportunamente con:
1. La revisión de legalidad de la resolución 6041 del 24 de junio de 2024, de la Registraduría
Nacional del Estado civil y como producto de ello se expida un control de advertencia, en
aras de proteger los derechos fundamentales del debido proceso, con el cual se suspenda
el proceso electoral.
2. Esta decisión evitará futuras demandas de ilegalidad que conlleven a que el resultado de
la consulta popular no pueda aplicarse, en caso de resultar favorable la opción del SI.
1 Índice 3 en Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
3. La decisión del numeral uno previene oportunamente el daño patrimonial al estado, pues
los gastos millonarios, que demanda la consulta popular del Área Metropolitana del
Piedemonte Amazónico, fueron asignados con la Resolución No. 2468 del 12 de marzo
de 2024, por parte del Ministerio de Hacienda.
4. El único concejo que NO respondió al derecho de petición fue el CONCEJO DE
FLORENCIA, hasta la fecha del radicado del mismo».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Los alcaldes de Florencia, Morelia y La Montañita (Caquetá) presentaron
proyecto de constitución del área metropolitana denominada Piedemonte
Amazónico ante la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del
Estado Civil en Caquetá.
2.2. Mediante Resolución 6041 de 24 de junio de 2024, la Registraduría Nacional
del Estado Civil convocó a los ciudadanos de los municipios de Florencia,
Morelia y La Montañita (Caquetá) a consulta popular para el 24 de noviembre de
2024, con fines de constituir el Área Metropolitana denominada Piedemonte
Amazónico. Así en su artículo 1º se dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR a los ciudadanos de los municipios de Florencia,
Morelia y La Montañita del departamento del Caquetá a consulta popular, para que en ejercicio
de su soberanía, se pronuncien el domingo 24 de noviembre de 2024, sobre la siguiente
pregunta:
¿Está Usted de acuerdo, Si o No, con la conformación del Área Metropolitana Piedemonte
Amazónico, que estaría conformada por los municipios de Florencia, Morelia y la Montañita
Caquetá?».
3. Fundamentos de la acción
El tutelante sostuvo que conforme los artículos 20 literal d) y 32 de la Ley 1757 de
20152 (por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática) los concejos municipales deben emitir concepto previo sobre
la conveniencia de las consultas populares de iniciativa gubernamental. Seguido,
indicó que la consulta popular promovida por las Alcaldías de Florencia, Morelia y
La Montañita (Caquetá) no cumple con el requisito dispuesto en dichas normas,
puesto que no le remitieron a la Registraduría Nacional los respectivos conceptos
previos.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 26 de agosto de 2024, el Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia (Caquetá) dispuso remitir la acción
2 Ley 1757 de 2015. Artículos 20 literal d) y 32: «ARTÍCULO 20. TRÁMITE DE LAS PROPUESTAS SOBRE
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Las reglas que rigen el trámite en corporaciones públicas de cada
mecanismo de participación ciudadana son las siguientes: (…)
d) Consultas Populares. El Senado de la República, se pronunciará sobre la conveniencia de la convocatoria a
consultas populares nacionales. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del artículo 9o de la presente
ley.
Las asambleas, los concejos o las Juntas Administradoras Locales, según se trate, se pronunciarán sobre la conveniencia
de las consultas populares de iniciativa gubernamental en las respectivas entidades territoriales; (…)
ARTÍCULO 32. CONCEPTOS PREVIOS. Para convocar y llevar a cabo un plebiscito o una consulta popular nacional se
requiere el concepto previo de la corporación pública correspondiente.
En el término de un mes, contado a partir del cumplimiento del requisito previo del que trata el artículo anterior de la
presente ley, el Congreso de la República o el Senado de la República, respectivamente, deberá pronunciarse sobre la
conveniencia de la convocatoria a plebiscito o a Consulta Popular Nacional.
Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del artículo 9o de la presente ley, en un término de veinte (20) días, contado
a partir del cumplimiento del requisito previo del que trata el artículo 20 de la presente ley, la corporación pública
correspondiente emitirá su concepto respecto de la convocatoria a Consulta Popular Departamental, Distrital, Municipal o
Local. La Corporación Pública correspondiente podrá, por la mayoría simple, rechazarla o apoyarla».
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
a la Oficina de Apoyo Judicial de esa ciudad, con fundamento en las reglas de
reparto contenidas en el artículo 1º, numeral 3 del Decreto 333 de 2021, pues
la tutela se interpuso contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.
4.2. Tras la remisión del asunto al Tribunal Administrativo de Caquetá, en auto de
27 de agosto de 2024 se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor
Gustavo Valencia contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Registraduría Delegada en lo Electoral de Florencia (Caquetá); se vinculó a los
municipios de Florencia, Morelia y La Montañita y al Concejo Municipal de
Florencia; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.
4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental de
Caquetá sostuvo que el procedimiento establecido para la constitución de un
área metropolitana está regulado por el artículo 8 de la Ley 1625 de 2013
(mediante el cual se expide el régimen para las áreas metropolitanas) , el cual no estipula
ningún requisito relacionado con conceptos previos por parte de los concejos
municipales. Agregó que el artículo 319 de la Constitución Política únicamente
establece que los concejos municipales protocolizarán ante notaría la
conformación del área metropolitana y definirán sus facultades, financiación y
designación de autoridades.
Sostuvo que la Ley 1625 de 2013 (mediante el cual se expide el régimen para las áreas
metropolitanas) indicó el papel que desempeñarían los concejos municipales, el
cual abarca: (i) la iniciativa para promover la creación de áreas metropolitanas,
(ii) la protocolización ante la notaría primera del municipio de la conformación
del área metropolitana o ingreso a una ya existente y (iii) la definición de rentas
del área metropolitana.
Consecuentemente, señaló que tanto la Constitución Política como la Ley
1625 de 2013 (mediante el cual se expide el régimen para las áreas metropolitanas)
regulan específicamente la figura del área metropolitana, mientras que la Ley
1757 de 2015 (por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática) regula de manera general las consultas
populares. Estas últimas, sostuvo, son un mecanismo de participación
democrática por medio del cual el ejecutivo somete a consideración del pueblo
una decisión de trascendencia nacional, regional o local.
Concluyó que no vulneró derecho fundamental alguno, pues actuó en
cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, convocó la consulta popular y
expidió el calendario electoral con plena observancia de la normativa que
regula la materia. Solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela
interpuesta.
4.4. La Alcaldía Municipal de Florencia indicó que la Ley 1757 de 2015 es una
ley estatutaria que busca promover, proteger y garantizar el derecho a la
participación democrática. Esa norma regula la inscripción, el trámite y los
requisitos de mecanismos de participación como el referendo, la consulta
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Su objetivo, sostuvo, es fortalecer la democracia y el control del poder político.
Adujo que en cambio la Ley 1625 de 2013 es una norma orgánica para dotar
a las áreas metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal, en el
marco de la autonomía reconocida por la Constitución Política. A través de
esta se regula el objeto, naturaleza, competencias, funciones, constitución,
entre otros aspectos de las áreas metropolitanas.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
Asimismo, sostuvo que de acuerdo con la sentencia del 10 de septiembre de
2020 del Consejo de Estado, radicado 11001- 03-28-000-2019-00046-00, la
norma aplicable para la realización de la consulta popular para la conformación
de las áreas metropolitanas es la Ley 1625 de 2013. Dado que esta última es
una norma especial, se deben cumplir únicamente los requisitos y
procedimientos allí señalados. Por lo tanto, aseguró que no hay lugar a la
aplicación de las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015.
En consecuencia, sostuvo que el «concepto previo sobre la conveniencia de las
consultas populares de parte de los concejos municipales» no es requisito necesario,
dado que esa condición no está señalada en la Ley 1625 de 2013. De ahí que
ni el municipio ni el concejo de Florencia han omitido o incumplido sus deberes
legales.
Finalmente, solicitó la negativa de las pretensiones de la acción de tutela por
las razones expuestas y porque no existe violación al derecho fundamental a
la participación ciudadana.
4.5. La Alcaldía Municipal de Morelia expuso los mismos argumentos, en exactos
términos, planteados por la Alcaldía Municipal de Florencia. Agregó que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, porque el actor
cuenta con otro medio judicial para hacer proteger sus derechos y dada la
inexistencia de un perjuicio irremediable.
En consecuencia, solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela o en su
defecto la negativa a las pretensiones formuladas.
4.6. La Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo que las áreas
metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, provistas de
personería jurídica, presupuesto propio y autonomía administrativa y
financiera. Indicó que son una forma de organización administrativa del orden
territorial en la cual dos o más municipios deciden asociarse con el propósito
de cumplir con los fines señalados en la Constitución Política y la Ley 1625 de
2013. Esta última dispone el régimen político, administrativo y fiscal especial
de las áreas metropolitanas.
Con relación a sus promotores y requisitos, expuso que según la Ley 1625 de
2013 tendrán la iniciativa para promover su creación: (i) los alcaldes de los
municipios interesados, (ii) la tercera parte de los concejales de dichos
municipios, (iii) el cinco por ciento (5%) de los ciudadanos que integran el
censo electoral totalizados de los municipios y (iv) el gobernador o los
gobernadores de los departamentos a los que pertenezcan los entes
territoriales que se pretendan integrar a un área metropolitana.
A su vez, explicó que los promotores deben elaborar un proyecto de
constitución en el cual se precise: (i) los municipios que la integran, (ii) el
municipio núcleo y la(s) ciudad(es) capital(es) (tratándose de áreas metropolitanas
constituidas por ciudades capitales y sus municipios circunvecinos) y (iii) las razones que
justifican su creación. El proyecto se entregará a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, para que verifique los requisitos exigidos y de cumplirlos se
procederá a convocar la consulta popular en cada uno de los municipios que
hacen parte de la propuesta.
Explicó que antes de la radicación del proyecto ante la Registraduría Nacional
del Estado Civil, los promotores de la iniciativa remitirán el proyecto a la
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para que esta última se pronuncie respecto de la
conveniencia, oportunidad y demás aspectos relevantes. También indicó que
en la Sentencia C-072 de 2014 la Corte Constitucional dispuso que tal
concepto emitido por el Senado y Cámara de Representantes no obliga.
Explicado lo anterior, manifestó que ha adelantado las actuaciones con estricto
apego al procedimiento especial reglamentado por la Ley Orgánica 1625 de
2013, en especial el artículo 8°; e indicó que de su parte no existe amenaza o
vulneración de derechos fundamentales.
Por otro lado, aseguró que en el caso no se satisface el requisito de
subsidiariedad, debido a que para lo solicitado en el escrito de tutela se debe
acudir al medio de control de nulidad consagrado en la Ley 1437 de 2011.
Solicitó negar la acción de tutela.
4.7. El Concejo Municipal de Florencia aseguró que la petición elevada por el
accionante fue respondida de fondo, motivo por el cual solicitó negar el amparo
constitucional.
5. Providencia impugnada
En sentencia de 9 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Tercera de Decisión declaró improcedente la acción de tutela en lo relacionado
con los derechos al debido proceso y participación ciudadana, porque encontró
insatisfecho el requisito de subsidiariedad.
Fundamentó tal conclusión en que el tutelante tiene a su disposición otras vías de
defensa judicial como el medio de control de nulidad ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, a través del cual puede controvertir la Resolución 6041
de 2024 «Por la cual se convoca a los ciudadanos de los municipios de Florencia, Morelia y La
Montañita –Caquetá a consulta popular con fines de constituir el Área Metropolitana
denominada “Piedemonte Amazónico”» expedida por la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Agregó que en el caso no se configura perjuicio irremediable alguno.
Por otra parte, aunque la autoridad judicial precisó que el actor «no especificó qué
solicitud radicó ante esa Corporación», el Tribunal declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado frente a la petición, puesto que se acreditó que mediante Oficio
CMF/2024 Nro. 320 de 27 de agosto de 2024 el Concejo Municipal de Florencia
respondió la solicitud. Por lo tanto, concluyó que la falta de respuesta que originó la
presentación de la acción de tutela se encuentra superada.
6. Impugnación
El actor impugnó la sentencia de primera instancia, porque en su criterio la acción
de tutela procede cuando se está frente a una posible vulneración de derechos
fundamentales. Justamente, sostuvo que en el caso existe una flagrante vulneración
del debido proceso con ocasión de la Resolución Nro. 6041 de 24 de junio de 2024
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La razón obedece a que la accionada «omitió la etapa relacionada a impartir la orden a las
autoridades del municipio y a los presidentes de los consejos municipales previos a la
realización logística de las consultas populares, etapa necesaria para el normal desarrollo del
trámite».
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer
si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la
acción de tutela por considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al expedir la Resolución
Nro. 6041 de 24 de junio de 2024 la Registraduría Nacional del Estado Civil
transgredió los derechos a la participación ciudadana y al debido proceso invocados
por el señor Gustavo Valencia.
Adicionalmente, se precisa que no se efectuará análisis relacionado con la
declaratoria de carencia de objeto frente al derecho de petición, debido a que este
aspecto no fue reprochado por el tutelante en el escrito de impugnación.
3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo
procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo
transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinarios
de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados
por la acción de tutela.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho.
La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que
sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque
siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)»4.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.
Ahora bien, con fundamento en el requisito de la subsidiariedad, la jurisprudencia
de las altas cortes ha concluido que, por regla general, esta acción es improcedente
cuando se pretende controvertir actos administrativos, puesto que el interesado
puede o pudo discutir su contenido a través de distintos medios de control,
dependiendo de la naturaleza del acto, sea general o particular.
4. Análisis en el caso
4.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se expondrán a continuación.
De entrada, se precisa que el artículo 8 de la Ley 1625 de 2013 (Por la cual se
expide el régimen para las áreas metropolitanas) contiene el régimen de las áreas
metropolitanas, el cual está compuesto por varias fases, entre las cuales se
encuentran las siguientes: (i) la iniciativa gubernamental, corporativa o
popular; la elaboración del proyecto de constitución; (ii) la verificación de
requisitos y convocatoria a consulta popular; (iii) la realización de la consulta y
aprobación del proyecto por la ciudadanía; (iv) la protocolización del proyecto
aprobado mediante consulta popular ante la notaría primera del municipio
núcleo. Una vez se culminan dichas etapas surge el acto general constitutivo
del área metropolitana.
4 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
En consecuencia, las actuaciones previas a la constitución del área
metropolitana, como la convocatoria a la consulta popular, apenas constituyen
actos preparatorios del acto general que surge una vez finalizado el
procedimiento.
Así las cosas, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad porque, una vez se expida el correspondiente acto general, el
tutelante podrá acudir al medio de control de nulidad consagrado en el artículo
137 de la Ley 1437 de 20115, a fin de exponer los vicios procedimentales que
a su juicio se cometieron en el trámite de creación del área metropolitana y de
sustentar las causales de nulidad de las que presuntamente pudiera adolecer
dicho acto general.
Conforme a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, lo solicitado
por el actor es «La revisión de legalidad de la resolución 6041 del 24 de junio de 2024, de
la Registraduría Nacional del Estado civil». Esta labor le corresponde al juez de lo
contencioso administrativo y no al juez de tutela. De manera que una vez
expedido el acto general de constitución del área metropolitana será viable
exponer las inconformidades frente a tal decisión, a través del medio de control
mencionado, a fin de que sea el juez de lo contencioso administrativo el que
ejerza la revisión de legalidad pretendida por el tutelante.
4.2. Con todo, existen casos excepcionales en los que a pesar de la existencia de
otro medio de defensa judicial es posible que la tutela proceda como
mecanismo transitorio, pues la existencia de un medio judicial ordinario no
significa automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.
Sin embargo, en el caso del actor no se configuran los eventos excepcionales,
que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el medio de control
de nulidad es idóneo y eficaz para controvertir actos de carácter general. Esto
es así no solo porque el legislador creó esa vía procesal para cuestionar la
legalidad de esa clase de actos administrativos, sino porque allí el accionante
cuenta con las garantías y herramientas que le provee el debido proceso que
caracteriza el proceso judicial.
El medio de control de nulidad, además, posibilita el empleo de medidas
cautelares que, gracias a los cambios introducidos en la Ley 1437 de 2011,
garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el juez contencioso
administrativo. De manera que en el supuesto de que existiera un perjuicio de
vasta magnitud originado por la convocatoria de la consulta popular, las
medidas cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del medio de control
referido.
Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
5 Ley 1437 de 2011. Artículo 137. «Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general».
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. […]
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo»6.
En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas,
a más tardar, a los 15 días hábiles7 siguientes a la admisión de la demanda,
de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Esto
obedece a que la convocatoria de la consulta popular no representa ningún
menoscabo para el ejercicio de los derechos fundamentales del actor. Por el
contrario, tal mecanismo le permite manifestar su opinión respecto a la
posibilidad de que se constituya un área metropolitana en los municipios de
Florencia, Morelia y La Montañita (Caquetá), lo cual garantiza el ejercicio de su
derecho a la participación ciudadana.
Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Ni existe un perjuicio que cumpla con las características dispuestas
por la jurisprudencia constitucional para ser considerado como irremediable ni
se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del medio de control de nulidad.
A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso.
5. Conclusión
Se concluye que en el caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto
que existe un mecanismo de defensa judicial al cual el actor puede acudir una vez
se expida el acto general constitutivo del área metropolitana.
Por lo tanto, al no encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad en el caso
examinado, se confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Gustavo
Valencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia la sentencia de 9 de septiembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
7 Estos 15 días están representados así: 5 días en los que se corre el traslado a la contraparte sobre la
solicitud de las medidas cautelares y 10 días para que el juez o magistrado ponente decida sobre la medida
cautelar.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 18001-23-33-000-2024-00080-01
Demandante: Gustavo Valencia
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.