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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2025-00017-01

Fecha
4 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2025-00017-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, que tuteló el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al descanso remunerado de la señora Diana Carolina Sáenz Leyva, vulnerado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila). SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2025-00017-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 18001-23-33-000-2025-00017-01
Accionante: Diana Carolina Sáenz Leyva
Accionado: Coordinación del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva

Tema: tutela para la protección del derecho al descanso laboral. Subtema 1: derecho a
las vacaciones de los funcionarios y empleados judiciales. Subtema 2: régimen de
vacaciones individuales y colectivas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, Coordinación del Área de Talento Humano, contra la
sentencia del 28 de febrero de 2025 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Diana Carolina Sáenz Leyva presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la
igualdad y al descanso remunerado, que consideró vulnerados por la Coordinación del
Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva, debido a que negó la solicitud de autorización para el disfrute de sus
vacaciones.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Diana Carolina Sáenz Leyva fue nombrada, en propiedad, secretaria
nominada del Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia mediante la Resolución 5 del
19 de febrero de 20161, despacho en el cual gozaba de vacaciones individuales; y disfrutó
de sus vacaciones por el tiempo laborado del 6 de abril de 2019 al 5 de abril de 2020,

1
Samai. exp. 18001-23-33-000-2025-00017-00, índice 3, certificado núm. EF51D4FA83D2AD53 2CFFB81B086703D5
ABFC3442950E5E22 2FA2CA91061A19C5, páginas 12 y 13.

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Accionante: Diana Carolina Sáenz Leyva
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

conforme lo dispuso la Resolución 1 del 14 de enero de 20222, del 7 de febrero al 28 de
febrero de ese año.

3. Posteriormente, causó dos periodos de vacaciones por el servicio prestado del 6 de
abril de 2020 al 5 de abril de 2022, sin que los hubiera disfrutado. Luego, se desempeñó
como secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia3
desde el 7 de septiembre de 2023, cargo en el cual salió a vacaciones colectivas en
diciembre de ese año, pero que correspondieron al periodo 2020 a 2021.

4. El 8 de julio de 2024, la señora Sáenz Leyva fue designada, en provisionalidad, como
titular del Juzgado Promiscuo Municipal de La Montañita4 (Caquetá), y el 2 de octubre5
siguiente solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia que le concediera
las vacaciones individuales causadas del periodo 2021 a 2022, a partir del 20 de enero
de 2025.

5. Esta petición fue negada por el Tribunal el 22 de octubre de 20246, con fundamento
en que la Coordinación del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Neiva indicó, en oficio DESAJNEO24-3602 del 15 de
octubre7 de ese año, que no había asignación presupuestal.

6. Por último, la señora Sáenz Leyva radicó un nuevo escrito el 13 de enero de 20258,
en el que solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia que le autorizara
el goce de sus vacaciones causadas entre 2022 y 2023, y advirtió que en abril de 2025
se causaría otro periodo de vacaciones. Sin embargo, este requerimiento fue rechazado
el 17 de febrero de 2025.

7. Lo anterior, dado que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva, mediante oficio DESAJNEO25-443 del 17 de febrero de 20259, afirmó que la
interesada prestaba sus servicios en un juzgado con vacaciones colectivas y que su
situación no configuraba ninguna de las excepciones previstas en el literal c del artículo
2 del Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 202410.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La señora Diana Carolina Sáenz Leyva solicitó en el escrito de tutela11 que se
ampararan sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la
igualdad y al descanso remunerado y, en consecuencia, que se ordenara lo siguiente:

SEGUNDO: […] a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
Huila, Coordinación Administrativa de Florencia, que realice todas las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para expedir el correspondiente certificado de

2 Ibidem, páginas 12 y 13.
3 Ibidem, páginas 17 y 18.
4 Ibidem, páginas 19 y 20.
5 Ibidem, páginas 22 y 23.
6 Ibidem, página 25.
7 Ibidem, página 24.
8 Ibidem, páginas 26 y 27.
9
Ibidem, páginas 29 y 30.
10
Por el cual se establecen directrices para la programación de vacaciones individuales servidores judiciales y se dictan
otras disposiciones.
11
Samai. exp. 18001-23-33-000-2025-00017-00, índice 3, certificado núm. EF51D4FA83D2AD53
2CFFB81B086703D5 ABFC3442950E5E22 2FA2CA91061A19C5, páginas 12 y 13.

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disponibilidad presupuestal ( CDP) para cubrir las erogaciones que demande el
nombramiento de un funcionario judicial que reemplace durante el periodo vacacional de
DIANA CAROLINA SAENZ LEYVA.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las vacaciones
de los servidores públicos constituyen un derecho fundamental reconocido
jurisprudencialmente, que puede ser protegido mediante la acción de tutela cuando se
evidencie su vulneración, sin que se impongan «trabas» administrativas que
comprometan el núcleo esencial de dicho derecho.

2.3. Trámite procesal

10. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá, autoridad que profirió auto el 20 de febrero de
202512, en el que admitió la solicitud de tutela y negó la medida provisional pretendida
por la parte actora. Asimismo, ordenó la notificación del trámite constitucional al
accionado y al Ministerio Público. Posteriormente, en providencia del 25 de febrero
siguiente13, vinculó de manera oficiosa al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Florencia (Caquetá).

2.4. Intervenciones

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva14
manifestó que tuvo conocimiento de las solicitudes de autorización de disfrute de
vacaciones presentadas por la accionante, en dos ocasiones; sin embargo, indicó que en
el caso bajo análisis no es aplicable el literal c del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172
de 2024, por cuanto dicha disposición únicamente rige para quienes, estando en
vacaciones, se les hubiere designado en un juzgado con régimen de vacaciones
colectivas y le hayan quedado días de descanso por disfrutar.

12. Por otro lado, indicó que las direcciones ejecutivas seccionales de administración
judicial fungen como órganos técnicos y administrativos cuya finalidad es desarrollar las
actividades administrativas de la Rama Judicial, de conformidad con las políticas y
decisiones establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

13. Afirmó que no está dentro de su competencia resolver las solicitudes de autorización
para el disfrute de vacaciones, dado que dicha facultad recae exclusivamente en los
nominadores de los empleados judiciales designados en despachos con régimen de
vacaciones colectivas que provengan de juzgados de régimen individual. Dichos periodos
deben ser compensados económicamente al momento del retiro definitivo de la Rama
Judicial o, en su defecto, cuando el servidor se reintegre al cargo del cual es titular.

14. Finalmente, pidió que se desestimen las pretensiones de amparo, por cuanto la
entidad accionada no ha vulnerado el derecho al descanso porque fue ejercido por la
accionante durante la vacancia judicial colectiva desde el 20 de diciembre de 2024 hasta
el 10 de enero de 2025. Asimismo, indicó que la señora Sáenz Leyva podrá disfrutar los
12 Samai, exp. 18001-23-33-000-2025-00017-00, índice 5, certificado núm. DAAB1B5E0C367117
A13839D941FADFA0 F4F6DCF764B9532A BA5B5F6F96DF7591.
13
Samai. exp. 18001-23-33-000-2025-00017-00 índice 11, certificado núm. 1E032E251EF08687 F8F5036E22CCB764
8B0C2CE4B1DD68C0 053B85B90396C631 .
14
Samai. exp. 18001-23-33-000-2025-00017-00 índice 8, certificado núm. EF3D81B1064DD1F4 02A660E4AB01CE3D
90B6609357322A05 5BB2B70C2B4F3AFC.

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periodos pendientes de vacaciones una vez se reintegre al cargo del cual es titular. En
consecuencia, solicitó la vinculación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Florencia, con el fin de que se pronuncie sobre las razones por las que se ha negado, en
dos oportunidades, el disfrute de las vacaciones de la parte actora.

15. La Coordinación Administrativa de Florencia del Consejo Seccional de la
Judicatura de Caquetá solicitó que se declarara improcedente la tutela con fundamento
en que existe otro medio de defensa judicial, por cuanto no resulta procedente que se
utilice este mecanismo excepcional para que se ordenen actuaciones tendientes a
garantizar la provisión de recursos y la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal15.

16. Así las cosas, la entidad accionada manifestó que en caso de que se consideren
vulnerados derechos fundamentales, la parte actora cuenta con la posibilidad de pedir su
protección ante la jurisdicción ordinaria laboral. Concluyó que no se acreditó por parte de
la accionante la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención
del juez constitucional, como mecanismo transitorio, en asuntos ajenos a su competencia.

17. Pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con
las solicitudes realizadas por Diana Carolina Sáenz Leyva, con fundamento en que la
situación de esta no se encuentra regulada dentro de las excepciones previstas en el
artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024.

18. Adicionalmente, expuso que carece de competencia para conceder vacaciones en el
presente caso y, por lo tanto, para pronunciarse sobre la viabilidad de conceder o negar
el disfrute de vacaciones, por tratarse de un asunto exclusivo del nominador, que en este
caso corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia.

19. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia 16 manifestó que no ha
vulnerado derecho alguno, toda vez que no le es posible conceder el disfrute de
vacaciones sin la autorización previa de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, que expide el certificado de disponibilidad presupuestal,
entidad responsable de la asignación presupuestal para el reemplazo del cargo. En este
sentido, corresponde a dicha dependencia resolver la viabilidad de la solicitud conforme
a la normativa vigente.

2.5. Sentencia de primera instancia

20. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante fallo
del 28 de febrero de 202517, amparó los derechos al trabajo en condiciones dignas, a la
igualdad y al descanso remunerado de la señora Diana Carolina Sáenz Leyva. En
consecuencia, dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva-Huila o a quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

15 Samai. exp. 18001-23-33-000-2025-00017-00 índice 9, certificado núm. AA8D769C1FAAA897
7790C3C9E0AE1BC9 914269C85B6FD2CC E93F5410E10CB23B.
16
Samai. exp. 18001-23-33-000-2025-00017-00 índice 15, certificado núm. D8815DC469F2A346
0C5C526D83D2ED45 D596924717972A3A 558BE7FCDA0C74F4.
17
Samai. exp. 18001-23-33-000-2025-00017-00 índice 18, certificado núm. C5ED1BDB3E8127C0
08EAA7CA24397E1E FB7B1818192A68F9 E4CEAA2F5B3D6D5F

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siguientes a la notificación del presente fallo, solicite a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial la provisión de los recursos necesarios para expedición de CDP
requerido para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, adopte las medidas
que se requieran para conceder las vacaciones a la señora Diana Carolina Sáenz Leyva.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Nivel Central dispondrá de cinco (05) días
hábiles contados a partir de la solicitud que realice el Director Seccional, para proveer los
mencionados recursos.
Una vez el Consejo Superior de Judicatura –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-
Nivel Central otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, esta última entidad le deberá comunicar al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia, quien a su vez deberá en un término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión
del disfrute de las vacaciones de la señora Diana Carolina Sáenz Leyva.

21. Fundamentó su decisión en que el requisito de subsidiariedad estaba superado
porque, si bien la negativa del disfrute de las vacaciones es un acto administrativo
particular y concreto susceptible de ser demandado, lo cierto es que resultaba
desproporcionado exigir a la tutelante que acudiera a la administración de justicia a
reclamar la nulidad de esa decisión, puesto que sería sometida a términos excesivos para
la solución de la controversia.

22. De la revisión de las pruebas, encontró que la señora Diana Carolina Sáenz Leyva
tiene dos periodos de descanso pendientes por disfrutar. Aseguró que, al tener en cuenta
que estaba en discusión un derecho constitucional, no era aceptable que se negara su
protección con el argumento de que la tutelante pertenecía actualmente al régimen de
vacaciones colectivas.

23. Afirmó que se debe expedir el CDP correspondiente para que la accionante disfrute
de sus vacaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-
12172 del 2 de mayo de 2024.

2.6. Impugnación

24. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva presentó
impugnación contra la sentencia del 28 de febrero de 2025 y reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la acción de tutela respecto a la imposibilidad de
aplicación del Acuerdo PCSJA24-12172. En consecuencia, pidió que se revocara la
providencia del 28 de febrero de 2025 y que se niegue el amparo.

25. La Coordinación Administrativa de Florencia insistió en la improcedencia de la
acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad ante la inexistencia de un
perjuicio irremediable, ya que la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para defender sus intereses.

26. En ese sentido, reiteró que no vulneró las garantías fundamentales de la accionante
y que actuó de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de
mayo de 2024 y la Ley 270 de 1996. Añadió que no tiene la facultad para pronunciarse
sobre la viabilidad de conceder o negar el disfrute de vacaciones, toda vez que dicha
función le corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia. En
consecuencia, a modo de petición, pidió que se revocara la decisión del 28 de febrero de
2025.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto contra la sentencia del 28 de
febrero de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá.

3.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa por activa de la señora Diana Carolina Sáenz Leyva se
encuentra acreditada, dado que es la titular del derecho fundamental al descanso, quien
presentó las solicitudes para el disfrute de sus vacaciones que fueron negadas en
reiteradas oportunidades.

29. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Coordinación del
Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en la medida en que
fueron las entidades que profirieron los oficios que, a juicio de la tutelante, vulneraron sus
garantías constitucionales.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

30. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o la
omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este
mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la
inmediatez18.

31. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable19; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario, «[…]
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho […]» 20.

32. En el caso bajo estudio, en principio, la señora Sáenz Leyva puede acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para demandar las decisiones del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Florencia y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva que le han negado las solicitudes de autorización del disfrute de
vacaciones.

33. No obstante, la Sala observa que ese medio de control no es idóneo y eficaz para la
protección de las garantías fundamentales invocadas como vulneradas por la señora
Diana Carolina Sáenz Leyva, por cuanto, además de que no está en discusión que tiene

18 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
19
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
20 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.

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derecho a las vacaciones correspondientes a los periodos laborados que no disfrutó; esta
prestación se causa anualmente y no asegurar su goce oportuno haría más gravosa la
situación de la tutelante por el paso del tiempo y las consecuencias que pueda traer en
su salud mental y física. En consecuencia, el requisito de subsidiariedad está satisfecho.

34. Ahora bien, esta Subsección encuentra que el lapso transcurrido desde las
decisiones del 22 de octubre de 2024 y del 17 de febrero de 2025 y la interposición del
escrito de tutela el 19 de febrero siguiente responde a los criterios de inmediatez que
caracterizan la naturaleza de la acción de tutela, motivo por el cual está superado este
requisito.

3.4. Problema jurídico

35. La Sala debe decidir si confirma, revoca o modifica el fallo de primera instancia del
28 de febrero de 2025 del Tribunal Administrativo del Caquetá. En concreto, tendrá que
establecer si los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad
y al descanso remunerado de Diana Carolina Sáenz Leyva son vulnerados con las
decisiones que negaron sus solicitudes de autorización para el disfrute de sus
vacaciones.

3.4.1. Derecho al descanso

36. El artículo 53 constitucional prevé que la legislación laboral debía estar regida, entre
otros principios mínimos, por «la garantía a la seguridad social, la capacitación y el
descanso necesario», lo que implica que todo trabajador tiene derecho a disponer de un
tiempo de descanso, el cual ha sido reconocido por amplia jurisprudencia de la Corte
Constitucional como fundamental y autónomo, de la interpretación sistemática con los
artículos 1 y 15 superiores21.

37.A nivel internacional, el derecho al descanso tiene sustento en distintos instrumentos
como los Convenios 014 y 052 de la Organización Internacional del Trabajo, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 24, y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7.

38. El derecho al descanso supone, al menos, dos variables22: (i) la jornada laboral diaria
y semanal, que debe tener un periodo de descanso obligatorio; y, (ii) que, por cada año
de trabajo efectivo, el empleado debe gozar de un lapso de descanso denominado
vacaciones periódicas pagas. De manera reciente, ha tenido especial reconocimiento el
derecho a la desconexión laboral, en el contexto de la era digital, de lo cual se encargó
de regular la Ley 2088 de 202123 en relación con el trabajo en casa, y de manera posterior
y más general, la Ley 2191 de 202224.

39. Ahora bien, en cuanto a las vacaciones periódicas pagas, la Corte Constitucional
indicó en sentencia C-669 de 2006, que:

[L]a persona que sólo cuenta con su fuerza de trabajo y la entrega a otro para subsistir,
tiene derecho a tener espacios propios, ajenos a la actividad laboral, para dedicarlos no

21
Corte Constitucional, sentencia SU-296 de 2023.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-296 de 2023.
23
Por la cual se regula el trabajo en Casa y se dictan otras disposiciones.
24 Por medio de la cual se regula la desconexión laboral - ley de desconexión laboral.

7

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sólo a su recuperación física y sicológica, sino a su propia realización y la de su familia.
Esto forma parte del reconocimiento de la dignidad humana (art.1 C.P.), del concepto de un
trabajo digno (art. 25 C.P) y del derecho al descanso laboral remunerado (art.53 C.P.)25.

40. Finalmente, en un caso con supuestos fácticos similares al discutido en esta
oportunidad, concerniente al derecho al descanso de servidores públicos que prestan un
servicio esencial, como los vinculados a la administración de justicia, la Corte
Constitucional indicó en la sentencia SU-296 de 2023:

En conclusión, podría decirse lo siguiente. El derecho al descanso es una prerrogativa
mínima fundamental que debe ser garantizada a todo trabajador. La Constitución Política y
los instrumentos internacionales amparan la posibilidad de que todo empleado (público o
privado), luego de prestar sus servicios por un tiempo determinado, interrumpa el
desempeño de sus labores para descansar. Esta prerrogativa, cristalizada en el derecho a
las vacaciones periódicas pagadas, se fundamenta en tres razones principales: (i) que el
trabajador reponga su fuerza de trabajo; (ii) que pueda desarrollar su vida al margen del
entorno laboral y, por ende, cultive otras dimensiones de su existencia, y (iii) que ejerza su
labor en condiciones óptimas y eficientes. Por su parte, la Corporación ha destacado que
estas prerrogativas son extensibles a los servidores y empleados judiciales, quienes
también deben gozar del derecho fundamental al descanso y por ende al periodo de
vacaciones. En este ámbito el Estado está llamado a conciliar dos intereses: los derechos
de sus servidores y la prestación continua de un servicio público esencial. Sin que lo
segundo pueda alcanzarse en desmedro de lo primero, so pena de transgredir los derechos
fundamentales al descanso y la dignidad humana de la población trabajadora.

41. En esa oportunidad, la Corte amparó los derechos fundamentales al descanso y, en
consecuencia, ordenó a las respectivas autoridades encargadas de realizar las gestiones
pertinentes de presupuesto y personal para garantizar la prestación del servicio público
de administración de justicia.

3.5. Caso concreto

42. En el asunto bajo estudio, revisadas las pruebas y los informes aportados al
expediente de tutela, la Sala encuentra que no está en discusión que la señora Diana
Carolina Sáenz Leyva prestó sus servicios en el régimen de vacaciones individuales, del
6 de abril de 2020 al 5 de abril de 2023, con lo cual causó tres periodos de vacaciones
(2021, 2022 y 2023) que no disfrutó oportunamente.

43. Además, la accionante continuó laborando bajo el mencionado régimen hasta el 7 de
septiembre de 2023, cuando ingresó al régimen de vacaciones colectivas, situación
administrativa en la que permanece como titular del Juzgado Promiscuo Municipal de La
Montañita, Caquetá.

44. Asimismo, está probado que la señora Sáenz Leyva solicitó al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Florencia, el 2 de octubre de 2024, autorización para el disfrute de las
vacaciones causadas en el régimen individual correspondiente al periodo 202226. Esta
petición fue negada por el nominador con fundamento en el oficio DESAJNEO24-3602
del 15 de octubre de 2024 emitido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva. Este último documento, explicó lo siguiente:

25
Se transcribe incluso con errores.
26 Correspondiente 1del 6 de abril de 2021 al 5 de abril de 2022.

8

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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00017-01
Accionante: Diana Carolina Sáenz Leyva
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

De acuerdo con los lineamientos señalados anteriormente, es necesario indicar que, según
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 179 de 1994, norma en la cual establece que
ninguna autoridad podrá contraer obligaciones atribuibles al presupuesto de gasto sobre
aprobaciones inexistentes, es decir, no se puede asumir obligaciones que no cuenten con
una disponibilidad presupuestal, por lo cual deberán contar con el certificado y registro
presupuestal.
Dado a lo anteriormente señalado, no es posible atender su solicitud dado que no se cuenta
con asignación presupuestal para vigencia 2025, se atenderá una vez se asigne el
respectivo presupuesto para la seccional para la vigencia 2025.

45. También está demostrado que la tutelante solicitó al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia, el 13 de enero de 2024, autorización para el disfrute de las
vacaciones causadas en el régimen individual correspondiente al periodo 202327; reclamo
que fue negado por el nominador con fundamento en el oficio DESAJNEO25-443 del 17
de febrero de 2025 emitido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva, en el que se indicó lo siguiente:

Conforme a lo anterior la doctora DIANA CAROLINA SAENZ LEYVA, no se enmarca en
ninguna de las excepciones dado que el periodo que tiene pendiente corresponde al periodo
causado en el régimen de vacaciones individuales y que tiene pendiente no solo por
disfrutar si no su reconocimiento económico, es de aclarar que el articulo C, solo
corresponde a que estando en vacaciones se le haya designado en un juzgado de
vacaciones colectivas y le hayan quedado las vacaciones por disfrutar, este no establece
también el reconocimiento económico.

46. De lo expuesto, es preciso destacar que, en relación con los periodos de vacaciones
individuales 202128 y 202229, la accionante afirmó en el escrito de amparo que los disfrutó
en diciembre de 2023 y de 2024, respectivamente, asunto que no fue objeto de
controversia por las partes y que no tiene prueba en contrario dentro del expediente de
tutela. Por este motivo, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento frente a esos
periodos.

47. En ese orden, la Sala entrará a resolver lo atinente al periodo de vacaciones 202330,
toda vez que su disfrute fue solicitado en la petición del 13 de enero de 2024. En caso de
que existan otros periodos de vacaciones a los cuales la señora Diana Carolina Sáenz
Leyva considera que tiene derecho y que no los ha disfrutado, debe solicitar su
reconocimiento y disfrute a su nominador.

48. Pues bien, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia rechazó la petición
de la tutelante de autorización de las vacaciones correspondientes al periodo 2023, con
fundamento en el oficio DESAJNEO25-443 del 17 de febrero de 2025 emitido por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, autoridad que sostuvo
que la situación de la señora Sáenz Leyva no configuraba alguna de las excepciones
previstas en el literal c del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de
202431. Dicha norma previó lo siguiente:

27 Correspondiente del 6 de abril de 2022 al 5 de abril de 2023.
28 Correspondiente del 6 de abril de 2020 al 5 de abril de 2021.
29
Correspondiente del 6 de abril de 2021 al 5 de abril de 2022.
30
Correspondiente del 6 de abril de 2022 al 5 de abril de 2023.
31 Acuerdo PCSJA24-12172. Artículo 2, reemplazo para servidores del régimen de vacaciones colectivas. C Cuando el

funcionario o empleado judicial del régimen individual sea designado en juzgados del régimen de vacaciones colectivas
y le hayan quedado pendientes periodos por disfrutar.

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Artículo 2. REEMPLAZO PARA SERVIDORES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES
COLECTIVAS. No es procedente el reemplazo y la consecuente expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para funcionarios y empleados judiciales del régimen de
vacaciones colectivas, salvo en las siguientes excepciones:
[…]
c. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen individual sea designado en
juzgados del régimen de vacaciones colectivas y le hayan quedado pendientes vacaciones
por disfrutar.

49. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172 de
2024, la Sala observa que, contrario a lo que afirmó la Dirección Seccional, la situación
administrativa de la señora Diana Carolina Sáenz Leyva sí se encuadra en los supuestos
del literal c ibidem, en la medida en que el periodo de vacaciones 2023 se causó por la
prestación del servicio del 6 de abril de 2022 al 5 de abril de 2023, es decir, bajo el
régimen de vacaciones individuales, y dicho periodo quedó pendiente de ser disfrutado
al 7 de septiembre de 2023 cuando la tutelante se vinculó a una dependencia judicial con
régimen de vacaciones colectivas.

50. En tal sentido, en los términos del literal c del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172
de 2024, correspondía a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva disponer del CDP solicitado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia,
con el propósito de permitir que la señora Diana Carolina Sáenz Leyva pudiera disfrutar
de sus vacaciones causadas en el periodo 2023.

51. Al margen de lo expuesto, para la Sala resulta oportuno precisar que, de acuerdo con
la sentencia SU-296 de 2023 de la Corte Constitucional, el derecho al descanso es una
prerrogativa fundamental que tiene todo trabajador, público o privado, y se materializa
con el disfrute de sus vacaciones, pues su propósito es que el empleado reponga su
fuerza, desarrolle su vida lejos del entorno laboral y en otras dimensiones, sin que sea
posible imponer trabas administrativas o financieras para su reconocimiento.

52. En consecuencia, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva vulneró el derecho fundamental al descanso invocado en el escrito de amparo, toda
vez que impidió, de manera injustificada, que la señora Diana Carolina Sáenz Leyva
disfrutara del periodo de vacaciones que causó en el régimen de vacaciones individuales
y que quedó pendiente cuando ingresó al régimen de vacaciones colectivas.

IV. CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 28 de febrero de 2025,
proferida en primera instancia por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Caquetá, que amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas,
a la igualdad y al descanso remunerado de la señora Diana Carolina Sáenz Leyva y que
ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva que ejecute
las gestiones necesarias ante la Dirección nacional para obtener los recursos necesarios
para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia conceda las vacaciones
solicitadas.

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Accionante: Diana Carolina Sáenz Leyva
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, que tuteló el derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al descanso remunerado
de la señora Diana Carolina Sáenz Leyva, vulnerado por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Neiva (Huila).

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

DACJ/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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