Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2025-00065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2025-00065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2025-00065-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 18001-23-33-000-2025-00065-01 (1676-2026)1
Demandante: David Silva Tunjano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Disciplinario
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del seis (6) de mayo de dos mil veintiséis (2026), proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones2.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad, por un lado, del fallo disciplinario de
primera instancia, expedido el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021), por medio del cual la Oficina de Control Interno Disciplinario del
Departamento de Policía del Caquetá (DECAQ) impuso la sanción de suspensión e
inhabilidad especial por el término de seis (6) meses, derivada de la falta contenida
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Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
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Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3.
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Número Interno: 1676-2026
Demandante: David Silva Tunjano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
en el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006, en relación con la observancia de las
disposiciones del artículo 19 del Decreto-Ley 2535 de 1993, y, por el otro lado, del
fallo disciplinario de segunda instancia, proferido el veintiocho (28) de diciembre de
dos mil veintiuno (2021) por la Inspección Delegada Regional Nº. 2, con arreglo al
cual se confirmó en su integridad la decisión sancionatoria primigenia. Asimismo,
solicitó la nulidad de la Resolución Nº. 01133 del dos (2) de mayo de dos mil
veintidós (2022), de acuerdo con la cual se ejecutó la sanción disciplinaria.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) declarar que, durante el
tiempo de la sanción, no ha existido solución de continuidad en los servicios
prestados; (ii) reconocer y pagar todos los sueldos, primas, bonificaciones,
vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, debidamente indexados, y
atendiendo a los aumentos decretados, desde la fecha de suspensión, hasta la de
reintegro; (iii) indexar las sumas que resulten a favor del demandante, de
conformidad con el artículo 192 del CPACA; (iv) reconocer los intereses comerciales
y moratorios en caso de no efectuarse el pago oportuno de las sumas resultantes;
(v) indemnizar los perjuicios materiales sufridos por el actor, en cuantía equivalente
a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y, a título de perjuicio
moral, “la suma equivalente al 75% equivalente en SMMLV en relación con los daños materiales
que se logren demostrar como resultado de la desazón, desconcierto y amargura diaria ”.
1.2. Los hechos3.
3. Relató que el veintiocho (28) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), se
encontraba en su residencia de descanso, en la ciudad de Florencia, Caquetá,
cuando, “mientras dormía y sin conocer la hora con exactitud”, delincuentes ingresaron a su
vivienda y hurtaron algunas de sus pertenencias ubicadas en su vehículo, dentro de
las cuales se encontraba una pistola de uso personal, marca “Córdova”, con número
de serie 15001274 y salvoconducto identificado con el Nº. 1766439.
4. Explicó que, siendo aproximadamente las 19:00 horas, se percató del hurto del
que había sido víctima y se dispuso a consultar a las autoridades para informar la
situación. Por ello, acudió a la Sección de Control de Armas y Municiones Nº. 83 en
Florencia, ubicada en la XII Brigada Ejército Nacional, para adelantar los respectivos
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Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3.
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Número Interno: 1676-2026
Demandante: David Silva Tunjano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
trámites. No obstante, anotó que, para esa fecha y hora, no había atención al público
en el lugar, por tratarse de “época de fin de año”. Expuso que, debido a lo anterior, se
dirigió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, para elevar la
denuncia correspondiente, en donde tampoco había atención presencial, pues,
además de ser sábado, estaban “reparando las instalaciones”. También le sugirieron
trasladarse a la SIJIN del Comando de la Policía, en donde -según adujo- tampoco
había personal disponible, por lo que le pidieron radicar la denuncia virtual (la cual
fue tramitada con el NUNC Nº. 180016105175201901488, a las 23:09 horas).
5. Indicó que, a primera hora del lunes treinta (30) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), acudió nuevamente a la Seccional Nº. 83 de la XII Brigada del
Ejército, oportunidad en la cual le manifestaron que no había atención al público
hasta el año siguiente. Lo propio ocurrió en las instalaciones de la Fiscalía General
de la Nación, en donde además le informaron que “muy posiblemente su arma de fuego
fue ubicada en un procedimiento, pero que no se le podrá hacer la entrega de manera inmediata,
porque ésta se encuentra a disposición de la autoridad al resultar involucrada en un homicidio”.
6. Señaló que acudió, una vez más, a la Seccional Nº. 83 de la XII Brigada del
Ejército, sede en la que fue “atendido en portería” y en la que le reiteraron que no se
estaba atendiendo al público. Empero, advirtió que el funcionario le manifestó que,
como el arma fue hurtada y se hizo la respectiva denuncia, debía aguardar a las
resultas del proceso penal, pero que “si realiza(ba) el reporte ante INDUMIL, es decir, el
proceso de descargo por pérdida o hurto, a partir del momento, el arma no figuraría a su nombre o
propiedad y una vez se surtiera el proceso penal, no podría reclamar su entrega nuevamente, porque
efectivamente ya no sería el propietario y ésta podría finalmente ser devuelta a INDUMIL (…)”.
7. Mencionó que, días después, se reintegró a su unidad policial en el municipio de
Solano, desde el cuatro (4) de enero de dos mil veinte (2020), y que sólo le fue
posible volver a Florencia hasta el veintisiete (27) de febrero de esa anualidad, fecha
para la cual puso en conocimiento del sargento viceprimero “Melo” de la situación
ocurrida, quien lo orientó con las actuaciones a seguir con respecto al hurto.
8. En atención a lo anterior, puso de presente que procedió a radicar un oficio, de
manera escrita y personal, ante la Fiscalía, con arreglo al cual informó la situación
relacionada con el arma de fuego y quedó “atento a cualquier requerimiento que fuera
pertinente adelantar en caso de que efectivamente el arma ubicada fuera suya”. Añadió que el
tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020), la Oficina de Control Interno
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Número Interno: 1676-2026
Demandante: David Silva Tunjano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Disciplinario del Departamento de Policía del Caquetá inició una investigación
preliminar, en la que quedó constancia que, por conocimiento de las autoridades,
se identificó que un arma de su propiedad resultó involucrada en la comisión de un
delito. Alegó que, en esa oportunidad, no se le señaló la falta disciplinaria en la que
presuntamente había incurrido y que originó la actuación disciplinaria.
9. Resaltó que las pruebas recaudadas no demostraban que estuviera involucrado
en los hechos delictivos que se cometieron con el arma de fuego, por lo que, a su
juicio, lo procedente era la terminación del procedimiento por la inexistencia de la
conducta, con sujeción al artículo 73 de la Ley 734 de 2002. Sin embargo, narró
que, mediante auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), el
operador disciplinario decidió ampliar la investigación a hechos distintos a los que
fueron objeto de queja, denuncia o iniciación oficiosa, según el artículo 150 ibidem.
10. Señaló que, mediante oficio del catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021),
el jefe de operaciones con funciones administrativas del Estado Mayor de la XII
Brigada, le indicó que figuraba como propietario del arma de fuego, y que no realizó
ningún proceso para revalidación o descargue por pérdida o hurto. Dijo que, con
base en la información del citado documento, mediante auto del veinticuatro (24) de
agosto de dos mil veintiuno (2021), fue citado a audiencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, relacionado con la apertura de
la investigación formal cuando estuvieran reunidos los requisitos para formular
cargos, los cuales, según explicó, se fundamentaron en el incumplimiento de los
deberes contenidos en el Decreto-Ley 2535 de 1993, en concordancia con la
adecuación típica efectuada sobre la base del artículo 37 de la Ley 1015 de 2006.
11. Afirmó que no se hizo el descargo por pérdida, toda vez que, “el arma de fuego no
está perdida, es decir, que si (sic) se conoce su paradero, está a disposición de la Fiscalía General
de la Nación y de la Justicia Penal por cuanto se encuentra dentro de un proceso penal ”, y que
tampoco efectuó el descargo por hurto “porque si bien el arma sí fue hurtada, ésta ya fue
ubicada” y, al hacer el descargo por ese motivo, perdería la propiedad sobre el arma
de fuego y no podría recuperar la tenencia de la misma. Con ello, aseveró que no
se acreditó el incumplimiento del deber que le fue enrostrado, pues, no estaba en la
obligación de realizar un procedimiento que está a su arbitrio en el tiempo “ que lo
considere necesario”. En adición, puso de presente que el acto investigado sería que
quisiera “continuar con la propiedad de su arma de fuego, la cual compró con sus propios recursos
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Número Interno: 1676-2026
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y está en la única disposición de su propia voluntad hacer o no, no hay una ley que taxativamente
determine que un propietario de un arma de fuego, aun sabiendo el paradero, teniendo la posibilidad
de recuperarla deba renunciar a su derecho de recuperar la propiedad (…)”.
12. Insistió en que, de haber realizado el respectivo descargo por pérdida o hurto,
el arma dejaba de pertenecerle inmediatamente y, una vez surtido el proceso penal,
no podía reclamarla porque debía ser entregada a INDUMIL. A partir de ello, arguyó
que: “si el PT Silva realiza el descargo del arma de fuego, por ejemplo, hoy pudiendo hacerlo, igual
habría sido sancionado y lo único que lograría es la pérdida de su propiedad y se verá obligado a
afectar negativamente su patrimonio pues el arma de fuego fue comprada por un valor de $
3.814.000 pesos (…)”. También refirió que la normativa vigente no específica que el
“descargue” deba ser inmediato, “pues precisamente porque si se hace las consecuencias serán
negativas para el propietario en términos pecuniarios o patrimoniales ”.
13. Hizo hincapié en que la falta endilgada no existió, esto es, aquella contenida en
el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006, del siguiente tenor: “ además de las definidas en
los artículos anteriores, constituyen faltas disciplinarias la violación al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes
contemplados en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno
colombiano, las leyes y los Actos Administrativos”, precepto que se armoniza con el Decreto-
Ley 2535 de 1993, por el cual se expiden normas sobre el porte y tenencia de armas.
Indicó que tampoco se configuró el elemento de ilicitud sustancial, habida cuenta
que no existió una afectación al deber funcional, ni al ordenamiento superior.
1.3. Concepto de la violación4.
14. La parte demandante alegó que los actos administrativos -de carácter
disciplinario- enjuiciados violan el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia
y los artículos 4º, 5º, 13, 16, 23, 28, 43, 75 y 150 de la Ley 734 de 2002.
15. Explicó que, si la investigación preliminar se inició para establecer la ocurrencia
de unos hechos que pueden tener incidencia disciplinaria, ese es el marco que la
delimita y, por expresa prohibición legal, no puede extenderse a hechos diferentes,
como, en su criterio, ocurrió en el caso del accionante, comoquiera que, inicialmente
se buscaba esclarecer hechos relacionados con la comisión de un punible, y no con
la presunta inobservancia de un deber frente a los casos de pérdida o hurto de
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Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3.
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Demandante: David Silva Tunjano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
armas. Por tales motivos, consideró que, al amparo del artículo 73 de la Ley 734 de
2002, el operador debió terminar el procedimiento por inexistencia del hecho, “ y no
como se hizo a través del auto del 31 de mayo de 2021, orientar la investigación a otros hechos
diferentes a la indagación inicial, esto es establecer si procurado había realizado por escrito un
reporte ante las autoridades militares, para el correspondiente descargue del arma”.
16. Sostuvo que, al examinar el cargo único, el mismo resulta atípico, teniendo en
cuenta que el incumplimiento del deber que señala la ley (sic) que reglamenta el
porte de armas, contempla una consecuencia sancionatoria impuesta por la
autoridad que otorga del permiso, a quien omite informar la novedad de pérdida,
hurto o destrucción, correspondiente a la no renovación del permiso de porte (del
arma). También aseveró que no existe ilicitud sustancial y que, en el caso de autos,
no bastaba acreditar la antijuridicidad formal, sino el quebrantamiento sustancial de
los deberes funcionales encargados al servidor público que afecten la consecución
de los fines del Estado. Sobre este particular, comentó que no es posible tipificar
faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del
servidor público “haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como
tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación
de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria ”.
17. En esa línea, argumentó que la inobservancia del deber asociado al informe
escrito sobre la novedad relacionada con el arma, no afectó la función policial, ni
mucho menos constituye una afrenta contra la misma, por lo que la sanción
impuesta deviene ilegal, desproporcionada y violatoria del debido proceso.
1.4. La contestación de la demanda5.
18. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo que la actuación
disciplinaria adelantada contra el señor David Silva Tunjano se encuentra ajustada
al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, goza de plena validez.
19. En lo que toca a los hechos del libelo inicial, aclaró que la Oficina de Control
Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Caquetá, mediante auto del
tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020), dispuso la apertura de la investigación
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Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 22ContestacionDECAQ(.pdf) NroActua 3.
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Demandante: David Silva Tunjano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
preliminar (Nº P-DECAQ-2020-99), con base, entre otros elementos, en lo dispuesto
en el Oficio S-2020-081392 del 24-11-2022, suscrito por el mayor Christian Enrique
Bohórquez, jefe seccional de investigación criminal; en la respuesta suministrada
por la Fiscalía 14 Seccional; y en el informe de investigador balístico forense del
trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), en el que se consignó lo siguiente: “De
acuerdo los antecedentes allegados por el señor Mayor CRISTHIAN ENRIQUE BOHÓRQUEZ, Jefe
Seccional de Investigación Criminal DECAQ, donde allega Informe de Investigador de Laboratorio y
la pertenencia del arma de fuego tipo pistola marca córdova (sic) con número de serie 15001274 al
parecer del señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO no obstante este elemento se encuentra
relacionado dentro de noticia criminal No. 188606000557201900076 (sic)”.
20. Manifestó que los operadores disciplinarios acudieron a un análisis detallado de
los hechos y las pruebas, así como de los cargos, descargos y de las alegaciones
presentadas, concluyendo que el señor Silva Tunjano incumplió su deber, como
propietario (sic) del arma de fuego tipo pistola, marca “Córdova”, con número de serie
15001274, de adelantar el procedimiento descrito en el artículo 19 del Decreto-Ley
2535 de 1993, frente a la pérdida o hurto del arma de fuego bajo su custodia.
21. Resaltó que, en ninguna etapa o actuación de la investigación disciplinaria Nº
DECAQ-2021-34, se le desconocieron los derechos que le asistían al disciplinado.
Al respecto, explicó que las actuaciones fueron notificadas en debida forma y que,
en ellas, se describió con claridad la conducta investigada, y se relacionaron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la misma, en los siguientes términos:
“MODO: De los presuntos hechos investigados, se desprende con base en el material
probatorio obrante en el proceso, que el señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO, incumplió
su deber como propietario del arma de fuego tipo pistola 9mm, marca CORDOVA, No. de
serie 15001274, misma que fue utilizada por los señores Intendente (R) JAIME ANDRES
GONZALEZ CONTRERAS y Patrullero (R) FABIAN POLANCO BERMEO, para asesinar al
señor Patrullero (R) HUGO CARRERO MANJARRES, el pasado 28 de diciembre de 2019
en la zona rural del municipio de Valparaíso - Caquetá, como se evidencia en el proceso
NUNC 188606000557201900076. Lo anterior por cuanto a que una vez verificado el Sistema
de Armas, Explosivos y Municiones (SIAEM) se pudo constatar que no existe proceso alguno
que revalide o descargue el arma en cita por perdida o hurto, por lo tanto se evidencia que
el señor Patrullero SILVA TUNJANO al parecer no tuvo en cuenta el procedimiento descrito
en el artículo 19 del Decreto Ley 2535 de 1993 "Por el cual se expiden normas sobre armas,
municiones y explosivos.
TIEMPO: Comoquiera que los hechos investigados al parecer se presentaron el 28 de
diciembre de 2019, época en la cual el arma de fuego tipo pistola 9mm, marca CORDOVA,
No. de serie 15001274, propiedad del hoy investigado, resultó involucrada en el asesinato
del señor Patrullero HUGO CARRERO MANJARRES, la norma sustantiva para aplicar será
la Ley 1015 del 2006, el "Régimen Disciplinario para la Policía Nacional” y el procedimiento
será el contemplado por la Ley 734 de 2002.
LUGAR: Teniendo en cuenta que los hechos objeto de investigación al parecer tuvieron su
configuración cuando el señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO laboraba como integrante
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Número Interno: 1676-2026
Demandante: David Silva Tunjano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
patrulla de vigilancia del Municipio de Solano, el competente de conocer y adelantar de la
actuación disciplinaria dentro de la jurisdicción es el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario
interno del Departamento de Policía Caquetá, con fundamento al factor territorial, según lo
establecido en el artículo 54 numeral 5° de la Ley 1015 del 2006 (sic)”.
22. Hizo énfasis en que los elementos definitorios de la responsabilidad disciplinaria
se encuentran acreditados e insistió en que, en el caso concreto, la conducta objeto
de censura consistió en incumplir el deber, como propietario de un arma de fuego,
de velar por el procedimiento contenido en el Decreto-Ley 2535 de 1993, cuyo
artículo 19 prevé que el titular de un permiso para tenencia o porte de armas que
sufra la pérdida o el hurto, debe (a) informar por escrito de manera inmediata a la
autoridad militar que expidió el permios, (b) formular la denuncia correspondiente, y
(c) entregar el permiso del arma y copia de la denuncia. Alegó que la inobservancia
del deber se hizo de forma premeditada, es decir, con conocimiento del actuar.
1.5. La sentencia de primera instancia6.
23. Mediante la sentencia del seis (6) de mayo de dos mil veintiséis (2026), la Sala
Tercera del Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones formuladas
por el demandante, a quien condenó en costas. Al respecto, dispuso:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por David Silva Tunjano contra
la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Las agencias en derecho se
tasan en el equivalente al cuatro por ciento (4%) de las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, previos los registros de rigor en SAMAI”.
24. De acuerdo con los hechos de la demanda, y los argumentos de la contestación,
el problema jurídico se contrajo a determinar si la Policía Nacional vulneró el debido
proceso, el derecho de defensa y el principio de tipicidad, al sancionar al actor por
no realizar el descargo de su arma de fuego personal (hurtada el 28 de diciembre
de 2019), argumentando que dicha inobservancia pertenecía a su “esfera estrictamente
personal”, que no afectó sus funciones policiales (ilicitud sustancial), y que actuó bajo
un “error invencible” (causal de exclusión de responsabilidad), pues, creía
legítimamente que reportarla implicaba perder el valor económico de la misma.
25. Frente al primer problema planteado, este es, el relacionado con la alegada
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Índice 00016 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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vulneración del debido proceso, el Tribunal identificó que, una vez fue puesta en
conocimiento la información proveniente de la Fiscalía 14 Seccional, en la cual se
estableció que un arma de fuego perteneciente a un integrante de la Policía
Nacional estuvo involucrada en la comisión de un delito, para la entidad era
necesario verificar si de tales hechos -o los conexos- se configuraba una conducta
constitutiva de falta disciplinaria. Advirtió que la entidad contaba con amplias
facultades para explorar varias hipótesis, en la medida en que no tenía una línea
clara de la investigación. De todas ellas, se determinó que el disciplinado incurrió
en la falta prevista en el artículo 37 de la Ley 1015 de 1006, en concordancia con
los deberes contenidos en el artículo 19 del Decreto-Ley 2535 de 1993.
26. Manifestó que, el decreto oficioso de pruebas, realizado mediante auto del
treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), no transgredió los límites de
la indagación preliminar, ni mucho menos vulneró las garantías del debido proceso,
máxime cuando se encontraba dentro del término de seis (6) meses desde la
apertura, para verificar la ocurrencia de la conducta y así definir si era o no
constitutiva de falta disciplinaria, o si se encontraba al amparo de alguna causal de
exclusión de responsabilidad, “lo cual se acompasa con la normativa que rige la materia”.
27. En lo que toca a la falta de tipicidad de la conducta endilgada y de antijuridicidad
material por la inexistencia de ilicitud sustancial, el A-quo explicó, en primer lugar,
que la conducta objeto de reproche se encuadra en el artículo 37 de la Ley 1015 de
2006, vigente al momento de los hechos, norma que establece como falta
disciplinaria el incumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, los
tratados internacionales, las leyes y los actos administrativos. Resaltó que, al
tratarse de un tipo disciplinario en blanco, su aplicación requería una remisión
normativa que delimitara la infracción, en este caso, integrándola con el artículo 19
del Decreto-Ley 2535 de 1993, el cual impone al titular de un permiso de porte o
tenencia de armas la obligación de informar por escrito y de manera inmediata la
pérdida o hurto del elemento, formular la denuncia penal y entregar los documentos
respectivos ante la autoridad militar que expidió el respectivo permiso.
28. En criterio del Tribunal, esta estructura de imputación fue debidamente
comunicada desde el pliego de cargos y ratificada en ambas instancias, con lo que
se garantizó el principio de congruencia y el derecho a la defensa. Por ello,
consideró que, lejos de tratarse de una interpretación subjetiva, la adecuación típica
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de la conducta se sustentó en pruebas legal y oportunamente incorporadas,
destacándose el informe de laboratorio balístico del trece (13) de marzo de dos mil
veinte (2020) -que confirma el uso del arma del implicada en un delito- y el Oficio
No. 174 del catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021), donde se certificó que,
transcurrido más de un año desde los hechos, el actor no había reportado la pérdida
del arma de fuego de su propiedad, ni realizado el trámite de rigor. Indicó, además,
que el operador calificó correctamente la conducta como omisiva y que, si bien la
misma no se ejecutó en ejercicio directo de las funciones del disciplinado como
patrullero, sí se encontraba en servicio activo para la fecha de los hechos.
29. En punto a la ilicitud sustancial, la Sala recordó que, en el derecho disciplinario,
la antijuridicidad no se mide por la producción de un resultado lesivo o un daño
material al Estado (antijuridicidad formal), sino por el incumplimiento injustificado de
los deberes funcionales (antijuridicidad material o ilicitud sustancial). En el caso de
autos, explicó que la omisión deliberada en reportar el hurto del arma de fuego bajo
su custodia, con la cual se cometió posteriormente un ilícito, no constituye una
simple irregularidad administrativa, toda vez que: según el actor, no informó la
novedad para evitar la pérdida de la propiedad del bien, ni ver afectado su
patrimonio; como miembro de la Policía Nacional, tenía un deber reforzado respecto
al riesgo para la seguridad colectiva que supone el hurto de un arma de fuego; y la
desobediencia consciente del mandato derivado del Decreto-Ley 2535 de 1993
derivó en la afectación de los principios de la función pública. Con todo, concluyó:
“la priorización de un interés económico privado sobre la seguridad ciudadana y el régimen de control
de armas constituye una afrenta sustancial al deber funcional que justifica la sanción impuesta ”.
30. Respecto a la causal de exclusión invocada, relacionada con el error de
prohibición, en los términos del artículo 41.6 de la Ley 1015 de 2016, arguyó que,
para su configuración, se exige que el servidor actúe bajo una convicción errada e
invencible de que su conducta es lícita. Para el asunto bajo examen, el juez de
primer grado refirió que es jurídicamente “inaceptable” considerar que el demandante
actuó bajo una ignorancia invencible, pues, su condición de miembro de la Policía
Nacional le otorgaba no solo el conocimiento, sino la responsabilidad técnica de
comprender el régimen de control de armas. Destacó que el cumplimiento del
artículo 19 del Decreto-Ley 2535 de 1993 constituye un deber básico y elemental
para cualquier uniformado, por lo que no se trata de una norma cuya interpretación
resulte ajena o compleja para quien ha sido formado en la disciplina policial.
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1.6. El recurso de apelación7.
31. Mediante el memorial del tres (3) de junio de dos mil veintiséis (2026), la
apoderada de la parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, acceder a las súplicas de la demanda. Para el efecto, se ratificó en la
alegada vulneración del debido proceso, toda vez que, en su criterio, el auto de
apertura de indagación preliminar se sustentó en un objetivo claro: determinar si el
señor Silva Tunjano desplegó alguna conducta, relevante en el ámbito disciplinario,
relacionada con la comisión de los punibles en que se vio involucrada el arma de su
propiedad. Por lo anterior, consideró violatorio de la garantía en comento que, sin
ser hechos conexos, a través del auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), se ordenara indagar si el actor había reportado ante la autoridad
militar la pérdida del arma a su nombre. Adujo que, si el operador consideraba este
nuevo comportamiento como transgresor de la norma disciplinaria, “ lo correcto era
terminar el procedimiento inicial y compulsar copias en razón al no descargue del arma ”.
32. Destacó que los actos acusados develan una tipicidad meramente formal,
puesto que, aunque la conducta encaja en la descripción típica, carece de
relevancia disciplinaria real porque no afecta el servicio ni atenta, sustancialmente,
contra los deberes del servidor. Refirió al artículo 37 de la Ley 1015 de 2006 como
una norma en blanco, y al mandato derivado del Decreto-Ley 2535 de 1993 (artículo
19), para señalar que la obligación legal de custodia del arma como integrante de la
Policía Nacional, no se compadece con la exigencia que prevé esta última
disposición, comoquiera que el deber recae en el titular de un permiso de porte o
tenencia de armas, con independencia de su vinculación a la institución policial.
33. Reprochó la valoración probatoria a la que acudió el Tribunal. Sobre este
particular, explicó que, aunque para el fallador de instancia no se satisfizo el deber
de informar la novedad sobre el arma de su propiedad, lo cierto es que, ese mismo
veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), fecha del hurto, el
disciplinado se dirigió a la Sección de Control de Armas y Municiones Nº. 83 y a la
sede de la Fiscalía en Florencia, Caquetá, sin encontrar atención presencial, motivo
por el cual radicó por sus medios la denuncia (NUNC 180016105175201901488).
7
Índice 00020 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
12
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34. Censuró el análisis efectuado sobre la ilicitud sustancial, habida cuenta que,
como el arma fue recuperada con la aprehensión de los presuntos responsables, “el
eventual riesgo o peligro para la comunidad desapareció, por lo tanto, el único que se perjudicaría
con el no reporte del hurto ante la instancia de control de armas, era su titular”. Añadió que no
se comprometió la disciplina y función policial, ni se incumplieron los deberes sobre
control de armamento, ni se afectó la confianza institucional. Por último, precisó que
no era dable calificar la conducta a título de dolo por el hecho de no haber
adelantado el descargo, “cuando de manera inmediata formuló la respectiva denuncia, y el
hecho de no haber realizado este trámite administrativo, al único que perjudicaba era a él, pues
podría verse abocado (sic) a cancelar una multa ante el Departamento de Control de Armas ”.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
35. Mediante el auto del seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)8, el despacho
sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra el fallo de primera instancia y, al no haber pruebas
por practicar, el proceso ingresó al despacho para fallo, sin pronunciamiento del
Ministerio Público, ni manifestaciones o solicitudes adicionales de las partes.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
36. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 9 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
8
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
13
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37. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿Los operadores disciplinarios vulneraron las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa y contradicción del disciplinado, en la
medida en que la actuación disciplinaria se adelantó por hechos distintos
a los que motivaron el auto de apertura de la indagación preliminar?
(ii) ¿Los actos sancionatorios develan errores en la apreciación y valoración
de las pruebas que integran el expediente?
(iii) ¿Se acreditó la convergencia de los elementos que definen la
responsabilidad disciplinaria, a saber, la tipicidad de la conducta, la
antijuridicidad de esta, y la culpabilidad del servidor policial?
(iv) ¿Procede, de oficio, la revocatoria de la condena en costas?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
38. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual se adelanta a través del poder
disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación, pero también, por
las personerías distritales, municipales o las oficinas de control interno disciplinario.
39. La acción disciplinaria tiene un carácter eminentemente oficioso. Sin embargo,
los artículos 69 y 70 de la Ley 734 de 2002, disponen que puede iniciar por informe,
compulsa, queja o anónimo, cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190
de 1995 y el artículo 27 de la Ley 24 de 1992. Cualquiera que sea el acto que dé
inicio a la acción disciplinaria, en un primer momento se abre una indagación
preliminar, la cual, tiene como fin verificar la ocurrencia de la conducta y determinar
si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal
de exclusión de la responsabilidad.
40. Cuando la información recibida permita la identificación del autor o los autores
de la falta disciplinaria, el operador iniciará la investigación con la finalidad de:
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta,
esclarecer los motivos determinantes, establecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, identificar los perjuicios causados a la administración y establecer la
responsabilidad del disciplinado. En este punto, puede dictar auto de cierre de la
investigación por vencimiento de términos, o acudir al proveído de decreto de
pruebas para formular cargos. En el segundo evento, se puede dar por terminada
14
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la actuación -artículos 156 y 161 Ley 734 de 2002-, formular cargos -artículo
175 ídem-, o remitir por competencia.
41. En el evento que se dicte auto de formulación de cargos disciplinarios, tal
decisión debe reunir los siguientes requisitos sustanciales: que se halle
objetivamente demostrada la falta y que se cuente con pruebas que comprometan
la responsabilidad del investigado.10
42. Igualmente, debe cumplir los siguientes requisitos formales: descripción y
determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar y modalidad específica de la conducta; normas violadas y
concepto de violación; identificación del autor o autores de la falta; análisis de las
pruebas por cada uno de los cargos formulados; exposición fundada de los criterios
tenidos en cuenta para determinar gravedad o levedad de la falta, clasificadas en
gravísimas, graves y leves; forma de culpabilidad, ya sea a título de dolo, culpa
gravísima o grave.
43. Formulado el pliego de cargos, el vinculado tiene la oportunidad de presentar
sus descargos para garantizar su debido proceso, así como, la materialización del
derecho de defensa y contradicción, siendo esta una actuación facultativa. En esta
misma etapa, el imputado puede proponer nulidades, controvertir, solicitar o aportar
pruebas. Posteriormente, sigue la fase probatoria y el traslado de alegatos de
conclusión, por el término de 10 días, donde la ley permite la variación de cargos de
acuerdo con lo establecido en el inciso 5º del artículo 165 de la Ley 734 de 2002.
44. Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, la respectiva
autoridad disciplinaria debe dictar decisión definitiva, cuyo contenido puede ser
absolutorio o sancionatorio. De cualquier modo, tal decisión debe cumplir con las
exigencias previas en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002. Contra la decisión en
cita, procede el recurso de apelación ante el superior.
2.3.1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.
45. La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 216, que la fuerza
10
Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulara pliego de cargos cuando este
objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión
no procede recurso alguno.
15
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pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La misma
Carta define a la institución policial como un cuerpo armado permanente de
naturaleza civil, cuyo fin fundamental es la conservación del ejercicio de los
derechos y libertades de los habitantes en el territorio nacional. En línea con lo
expuesto, el artículo 218 ibidem facultó al legislador para determinar los regímenes
disciplinarios especiales de dichos servidores del Estado.
46. En virtud de lo anterior, el Legislador expidió la Ley 1015 de 2006, por medio de
la cual, fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y, en el artículo 23,
estableció que son destinatarios: “(…) el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares
de Policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren
retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo” . A su turno, el artículo 58
ejusdem precisa que, el procedimiento aplicable a los sujetos pasivos del régimen
disciplinario de la institución será el establecido en la Ley 734 de 2002.
47. En conclusión, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, aplicarán dicha normativa en el
ámbito sustancial, y la Ley 734 de 2002 en el campo procedimental y dogmático o,
según el caso, la Ley 1952 de 2019, mediante la cual se modificó la anterior, y que
entró en vigor a partir del veintinueve (29) de marzo del dos mil veintidós (2022).
2.3.2. Precedente sobre el control integral de los actos disciplinarios.
48. La Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-00316 de 2016, estudió
la legalidad de las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General
de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso en el que fijó
una postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente de control
disciplinario, en el sentido que, corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa efectuar un control integral de los actos sancionatorios, precisando:
«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena,
sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo
de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7)
El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
16
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El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»
49. En adición, la Sala Plena de esta Colegiatura estableció las siguientes reglas:
«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos
por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana
de (sic) Derechos Humanos.»
50. Con base en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para preservar el orden jurídico en
abstracto, salvaguardar las finalidades de la función pública, así como el interés
general, y garantizar la tutela judicial efectiva de la persona sancionada, siendo un
postulado de la Constitución Política el respeto de la dignidad humana, el trabajo,
asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Esta postura, relativa al control integral, ha sido reiteradamente adoptada por la
Sección Segunda de esta Corporación en diversos pronunciamientos, razón por la
cual, en el asunto bajo examen, la Sala también aplicará dicho control integral 11.
2.4. Hechos probados y recuento de la actuación disciplinaria.
51. De acuerdo con las pruebas que obran en el dossier procesal, la Sala acudirá al
recuento de las actuaciones surtidas en el marco del proceso disciplinario, así:
a) Según el extracto de hoja de vida expedido el catorce (14) de marzo de dos mil
veintiuno (2021)12, por el grupo de talento humano, el señor David Silva Tunjano
laboró en la Policía Nacional con los siguientes cargos y tiempos de servicio:
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2025, proferida en el proceso de
radicado 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019) MP. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 17001-23-33-000-
2019-00613-01 (3704-2021). MP. Jorge Edison Portocarrero Banguera y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020. Rad. 19001-23-33-000-2016-
00356-01 (3059-2017), entre otras.
12
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 66 y ss.
17
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b) Mediante el Oficio 006/MDN-DGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-BR12-JEM-
SCCA83-1 del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020) 13, el segundo
comandante de la XII Brigada dio respuesta al Oficio Nº. S-2020-002813, a efectos
de informar que, una vez revisado el Sistema de Información de Armas, Explosivos
y Municiones – SIAEM, el arma figuraba a nombre de David Silva Tunjano:
c) En el informe de investigador del laboratorio de balística forense, rendido el trece
(13) de marzo de dos mil veinte (2020)14 por el señor Ronald Erwin García Russi,
técnico profesional en balística, dentro del número único de noticia criminal (NUNC)
188606000557201900076, se atendió el siguiente objeto: “cotejo microscópico
comparativo entre elementos patrón y elementos incriminados (vainilla) con NUNC
188606000557201900076, inserción y correlación de estos elementos en el sistema SUCOBA ”.
d) Por medio del auto del tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020)15, la jefe de
la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Caquetá
(DECAQ) ordenó la indagación preliminar contra el señor David Silva Tunjano por
los siguientes hechos: “de acuerdo los (sic) antecedentes allegados por el señor Mayor
Bohórquez Vanegas Christian Enrique, jefe de la seccional de investigación criminal DECAQ, donde
allega informe de investigador de laboratorio y la pertenencia del arma de fuego tipo marca córdova
con número de serie 15001274 al parecer de propiedad del señor patrullero David Silva Tunjano no
obstante este elemento se encuentra relacionado dentro de la noticia criminal
188606000557201900076”. La actuación fue notificada al señor Silva Tunjano16.
e) El veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)17, el despacho disciplinario
decretó de oficio las siguientes pruebas para que obraran en la indagación
preliminar P-DECAQ-2020-99: “escuchar en diligencia de declaración al señor intendente (R)
13
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3.
14
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 34.
15
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 38 y ss.
16
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 43.
17
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 47 y ss.
18
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Jaime Andrés González Contreras y patrullero (R) Fabián Polanco Bermeo”. El veintiuno (21) de
mayo de dos mil veintiuno (2021)18, rindió la declaración el señor Jaime Andrés
González Contreras, quien manifestó ejercer su derecho a guardar silencio. En la
misma fecha, rindió la declaración el señor Fabián Polanco Bermeo19.
f) En su declaración, el señor Polanco Bermeo se limitó a manifestar que: “ referente
al tema del arma de fuego que me manifiesta, que el señor PT Silva, cuando suceden los hechos, la
verdad yo no tenía conocimiento que esa arma le pertenecía al señor PT, el que la portaba era el IT
González, en el momento desconocía si era de él o de otra persona, me vine a enterar fue en el
transcurso del proceso, que esa pistola pertenecía al señor patrullero Silva, vuelvo y manifiesto,
desconocía la procedencia de esa pistola, a quién le pertenecía. Es evidente que hay un acta de
incautación dentro del proceso, que se la hacen al señor intendente González, entonces no podría
decirle de dónde salió esa pistola o de dónde la sacó”. También adujo que, con anterioridad
al veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), no trabajó con el
disciplinado en la escuadra de vigilancia, que “lo veía a él y ya”, sin tener contacto.
g) A través del auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 20, el
despacho disciplinario decretó la siguiente prueba: “solicitar al Comando de la Décima
Segunda Brigada de la ciudad de Florencia – Caquetá, con el ánimo de que se informe si en esa
Unidad Militar, desde el mes de diciembre de 2019 y hasta la fecha actual, se ha radicado oficio por
parte del señor David Silva Tunjano, informando la pérdida o hurto del arma de fuego tipo pistola
9mm, marca córdova, de serie 15001274, con permiso de porte Nº. 1766439 ”.
h) En el oficio de respuesta del catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021) 21,
el oficial de operaciones con funciones administrativas de Jefe de Estado Mayor de
la Décima Segunda Brigada, hizo constar que el señor Silva Tunjano sí aparece
como poseedor de porte o tenencia del arma, que la misma se encuentra activa en
el sistema, y que no se efectuó ningún proceso de revalidación o descargo por hurto:
18
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 62 y ss.
19
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 63 y ss.
20
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 75 y ss.
21
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 82.
19
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i) Por medio del auto del catorce (14) de agosto de dos mil veintiuno (2021)22, el
despacho citó a audiencia disciplinaria al señor Silva Tunjano y formuló cargos bajo
el Rad. SIJUR DECAQ 2021-34, endilgándole la falta contenida en el artículo 37 de
la Ley 1015 de 2006, que reza: “además de las definidas en los artículos anteriores,
constituyen faltas disciplinarias la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las
prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la
Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes y los
Actos Administrativos”. Lo anterior, en concordancia con el mandato derivado del
artículo 19 del Decreto-Ley 2535, que prevé el procedimiento a seguir por parte del
titular de un permiso que sufra la pérdida o el hurto del arma. Al respecto, expuso:
“(…) CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. Antes de profundizar sobre el presente acápite, debe
el suscrito funcionario competente precisar que las normas disciplinarias se vulneran de tres
maneras básicas: i) por infracción o incumplimiento de los deberes, ii) incursión en conducta
prohibida o iii) la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y
conflicto de intereses; encontrando el Despacho, que probablemente usted, señor Patrullero
DAVID SILVA TUNJANO, al parecer incumplió su deber como propietario de un arma de
fuego, al no tener en cuenta el procedimiento descrito en el artículo 19 del Decreto Ley 2535
de 1993, frente a la pérdida o hurto del arma de fuego tipo pistola de su propiedad, marca
CORDOVA, 9 milímetros y con No. de serie 15001274; lo anterior se presume por cuanto a
que precitada arma, estuvo involucrada en el homicidio del señor Patrullero HUGO
CARRERO MANJARRES, para el mes de diciembre de 2019 en la zona rural del municipio
de Valparaíso - Caquetá; denotando con ello la primera de estas formas de vulneración del
régimen disciplinario de los servidores públicos, la cual, pudo configurarse bajo los siguientes
parámetros: “La primera forma se refiere esto es, que la falta disciplinaria tiene lugar por la
contravención del deber” funcional, lo cual se puede expresar materialmente como una
acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de los derechos, las atribuciones del cargo o
la función”.
De tal suerte y de cara al panorama que se viene exponiendo, este operador disciplinario
comenzará por desarrollar el verbo rector del tipo disciplinario censurado provisionalmente
en su contra y posteriormente se enfatizará en los ingredientes normativos y subjetivos de
la situación jurídica que establece el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006, miremos:
Verbo rector del tipo - Ley 1015 de 2006, artículo 37 – INCUMPLIR.
Una vez identificado el tipo disciplinario en el que se enmarca la presunta conducta en la que
puede estar inmerso el hoy investigado para el 28 de diciembre de 2019, época en la que
resultó involucrada su arma de fuego tipo pistola, marca CORDOVA, número de serie
15001274, dentro del proceso NUNC 188606000557201900076, iniciado por el asesinato
22
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 83 y ss.
20
Número Interno: 1676-2026
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del señor Patrullero (R) HUGO CARRERO MANJARRES; sin embargo no se evidencia que
anterior o siquiera posterior a los hechos en comento, la existencia de soporte documental
alguno que certifique que usted cumplió a cabalidad el procedimiento por pérdida o hurto de
arma de fuego, descrito en el artículo 19 del Decreto Ley 2535 de 1993; por ello se hace
necesario identificar el VERBO RECTOR dentro del tipo endilgado, el cual es INCUMPLIR,
que se encuentra definido por el Diccionario de la Real Academia Española, como: 1. tr. No
cumplir algo.
De tal manera que, estamos situados dentro de los linderos de un tipo abierto, mismo que
para su complementación requiere por parte de este operador disciplinario, analizar la
conducta, para establecer en sede de presunción sí el incumplimiento se originó en contra
de los deberes contemplados en la Constitución Política; los tratados públicos ratificados por
el Gobierno colombiano; las Leyes; o, los Actos Administrativos. Así las cosas y teniendo
como horizonte la situación fáctica de la presente investigación, es dable presumir que el
señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO, pudo haber incumplido los mandatos de un acto
administrativo que hace alusión al Decreto Ley No. 2535 del 17 de diciembre de 1993, en su
artículo 19; el cual es definido a continuación, con el fin de garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa y contradicción que le asiste al aquí imputado, así: "El acto
administrativo, como expresión de la voluntad administrativa unilateral encaminada a
producir efectos jurídicos a nivel general y/o particular y concreto, se forma por la
concurrencia de elementos de tipo subjetiva (órgano competente), objetivo (presupuestos de
hecho a partir de un contenido en el que se identifique objeto, causa, motivo y finalidad, y
elementos esenciales referidos a la efectiva expresión de una voluntad unilateral emitida en
ejercicio de la función administrativa) y formal (procedimiento de expedición).
Frente al particular que nos atañe, se tiene que el señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO,
como propietario del arma de fuego tipo pistola 9mm, marca CORDOVA, No. de serie
15001274, al parecer incumplió lo descrito en el artículo 19 del Decreto Ley en comento,
mismo que hace alusión a lo siguiente:
"ARTÍCULO 19. PÉRDIDA, HURTO O DESTRUCCIÓN DE ARMAS. El titular de un
permiso para tenencia o porte de armas que sufra la pérdida o hurto de la misma,
deberá: Informar por escrito de manera inmediata a la autoridad militar que expidió
el permiso, a la ocurrencia de la pérdida o el hurto de la misma; Formular en forma
inmediata la denuncia correspondiente; Entregar el permiso del arma y copia de la
denuncia. En caso de destrucción de un arma, bastará con informar del hecho al
Comando Militar que concedió el permiso, adjuntando declaración rendida bajo la
gravedad del juramento, sobre el hecho y el respectivo permiso para su anulación.
Recibido el informe, la autoridad respectiva lo comunicará al Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas
Militares. PARÁGRAFO. Facultase a la autoridad militar competente para autorizar
o negar un nuevo permiso para tenencia o para porte a las personas naturales o
jurídicas de que trata este artículo."
Ello por cuanto no se avizora soporte alguno que evidencie que usted, señor Patrullero
DAVID SILVA TUNJANO, haya puesto en conocimiento de la autoridad competente que su
arma de fuego tipo pistola, misma descrita en acápites anteriores, estuviese extraviada u
objeto de hurto, tal como ha indicado el señor Teniente Coronel FREDDY HERNAN MORA
ROJAS, Oficial de Operaciones con Funciones Administrativas de Jefe de Estado Mayor
Decima Segunda Brigada, en el oficio No. 174 del 14-06-202112 denotando con ello la causal
de afectación a la ley disciplinaria que en sede de presunción se ha de endilgarle a usted en
este pronunciamiento”.
j) El nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)23 , se llevó a cabo la
audiencia pública, con la presencia del disciplinado y su apoderada de confianza,
oportunidad en la cual rindió su versión libre y la defensa técnica formuló una nulidad
que fue desestimada. Más adelante, el quince (15) de septiembre del año en cita24,
23
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 113 y ss.
24
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 116 y ss.
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Número Interno: 1676-2026
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se reanudó la diligencia a efectos de escuchar en audiencia los alegatos de
conclusión. En dicha oportunidad, no se formuló ninguna solicitud adicional.
k) El veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 25 , la Oficina de
Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Caquetá (DECAQ) dio
lectura al fallo disciplinario de primera instancia, en virtud del cual declaró
responsable al señor David Silva Tunjano por la falta grave contenida en el artículo
37 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con los deberes contemplados en el
Decreto-Ley 2535 de 1993 (artículo 19), calificada a título de dolo, con el correctivo
consistente en suspensión e inhabilidad especial de seis (6) meses, sin derecho a
remuneración, de acuerdo con lo señalado en los artículos 39, numeral 2º, y 40 de
la Ley 1015 en comento, para lo cual expuso las siguientes consideraciones:
“Del cargo: En virtud de los elementos probatorios allegados al dossier, y analizados en
precedencia, objetivamente permitieron establecer con certeza que el señor Patrullero DAVID
SILVA TUNJANO transgredió el régimen disciplinario, por lo cual esta instancia mediante auto
de citación a audiencia le hizo imputación del tipo disciplinario tipificado como:
Ley 1015 de 2006 “Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”
Título VI De las faltas y de las Sanciones Disciplinarias
Capítulo I Clasificación y descripción de las faltas
Otras faltas
Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen faltas
Artículo 37 disciplinarias la violación al régimen de inhabilidades, las prohibiciones, el abuso de los
derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución
Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las leyes y los
Actos Administrativos.
Acto Administrativo (sic)
2535 del 17 de diciembre de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas,
Decreto
municipios y explosiones”
TENENCIA, PORTE, TRANSPORTE, PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE ARMAS Y
Capítulo III
MUNICIPIOS
Artículo 19 PÉRDIDA, HURTO O DESTRUCCIÓN DE ARMAS
Se elevó tal cargo porque, de conformidad con el articulo 4 de la ley 734 del 2002 “Régimen
Disciplinario de los Servidores Públicos", el servidor público sólo será investigado y
sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley
vigente al momento de la realización; para el caso que nos ocupa la ley 1015 de 2006 Régimen
Disciplinario para la Policía Nacional", en armonía con el articulo 23 de la Ley 734 de 2002
"Código Disciplinario Único", que estableció que constituye falta disciplinaria la incursión en
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en dicho estatuto que conlleve al
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades incompatibilidades, impedimentos y
conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de
responsabilidad contempladas en el artículo 28 de la norma ídem. Es así, que se tiene que el
señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO, incumplió su deber como propietario de un arma
de fuego, al no tener en cuenta el procedimiento descrito en el artículo 19 del Decreto 2535
25
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 121 y ss.
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de 1993, frente a la pérdida o hurto del arma de fuego tipo pistola de su propiedad, marca
CORDOVA, 9 milímetros y con No. de serie 15001274, que se describe así
Este incumplimiento se evidencia al tenerse conocimiento que la precitada arma de fuego,
estuvo involucrada en el homicidio del señor Patrullero (r) HUGO CARRERO MANJARRES,
para el mes de diciembre de 2019, en la zona rural del municipio de Valparaíso - Caquetá; que
a pesar de ello su propietario, el hoy investigado, nunca realizó la gestión necesaria para
informar ante la autoridad competente sobre la pérdida o hurto de la misma, denotándose pues
en el incumplimiento de su deber como responsable de un arma de fuego, transgrediendo
entonces lo reglado por el Decreto 2535 de 1993, con relación al procedimiento que se debe
realizar en ese tipo de situaciones, cosa que omitió el hoy investigado en realizar y es por ello
que se realiza este reproche disciplinario.
ILICITUD SUSTANCIAL DEL COMPORTAMIENTO
Lo que concierne a la categoría de la ilicitud disciplinaria, según las voces del artículo 5 del
estatuto disciplinario, la conducta es antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna. (…) A pesar de todos estos deberes y funciones antes relacionadas para
el señor disciplinado en calidad de servidor público en servicio activo para la fecha en que
consumaron los factos, se alejó de estas funciones y deberes y dirigió su actuar a quebrantar
la Ley. Por ello, se considera que el señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO no garantizó
una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de sus deberes funcionales, pues
su presunto actuar conllevó a un menoscabo en la función pública.
En palabras más sencillas, el deber funcional del señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO
era manifiesto; pues (i) tenía la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley y (ii)
asumía la obligación que tienen los servidores públicos de obrar en sus actuaciones
garantizando una adecuada representación del Estado. Pero, considera este despacho que el
comportamiento desplegado por el señor disciplinado afectó los deberes funcionales como
servidor público, toda vez que dirigir su comportamiento a realizar un acto que estaba reglado
y con su incumplimiento denotaría una transgresión normativa, que evidentemente generaría
un menoscabo en la función pública y los fines que persigue la misma.
De la misma manera y en concordancia con lo establecido en el artículo 22 del C.D.U, la
afectación de ese deber funcional sería sustancial, por estar en contravía de la garantía de los
principios que rigen la función pública y que persigue la función administrativa. En efecto,
realizar una conducta descrita como lo era el incumplir el Decreto Ley 2535 de 1993, a título
de dolo, harían que principios como la moralidad y la eficacia, que responden a la buena
marcha de la administración, su eficiencia, su buen nombre, moralidad pública y eficacia,
propios del derecho disciplinario, se vieran considerablemente afectados; dado que ningún
funcionario le está permitido actuar en contra de las leyes vigentes, todo lo contrario, está
llamado a cumplirlas, logrando así la observancia de los principios de la función pública y de
esta manera garantizar la buena marcha de la función pública, que indiscutiblemente son
objeto de protección Constitucional. Considera esta instancia, que esta conducta debe ser
reprochada por cuanto perturbó sin justa causa los fines del servicio policial y así creó un
menoscabo en la función pública, dado que no es imaginable desde ningún punto de vista que
un efectivo policial, quien está constituido para garantizar los derechos y libertades de los
ciudadanos colombianos, llegue a violentar la Constitución y la Ley.
ANÁLISIS DE LA CULPABILIDAD
(…) Para el caso que nos atañe, tenemos que la conducta es dolosa, puesta esta es aquella
que ejecuta el servidor estatal con conocimiento de que su comportamiento (actuar) encuadra
en la norma que lo sitúa al margen del derecho disciplinable, y que como sujeto activo de la
falta, quiso su realización; considera el despacho que el aquí investigado es responsable
disciplinariamente de esa manera, en cuanto al único cargo, por cuanto quedo establecido. Es
así, que se tiene que el señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO, incumplió su deber como
propietario de un arma de fuego, al no tener en cuenta el procedimiento descrito en el artículo
19 del Decreto 2535 de 1993, frente a la pérdida o hurto del arma de fuego tipo pistola de su
propiedad, marca CORDOVA, 9 milímetros y con No. de serie 15001274, que se describe así:
Sobre el conocimiento de la licitud, las pruebas apuntaron a señalar que el señor Patrullero
DAVID SILVA TUNJANO Investigado, en su condición miembro activo para la Policía Nacional
para la época de marras, resolvió no cumplir sus deberes como propietario del arma de fuego
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CORDOVA 9mm, No. de serie 15001274, al no informar ante la autoridad competente sobre
el hurto de la misma, en razón a las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ya se ha
considerado anteriormente del análisis de las pruebas en la presente providencia. Por tanto,
de lo anterior, quedó claro que el señor Patrullero Investigado en su calidad de servidor público
en servicio activo de la Policía Nacional, con su conducta fue protagonista de acto ilícito
sustancial, pues sabiendo que su comportamiento era constitutivo de falta disciplinaria, esto
es, que conocía de la irregularidad en la que estaba incurriendo, sin embargo la llevó a cabo.
En cuanto a la voluntad como elemento subjetivo de determinación, las pruebas apuntaron a
señalar que el señor Patrullero investigado desplegó su actuación con plena voluntad, pues
dentro del legajo no se observa la existencia de coacción o presión ajena que lo haya llevado
a desarrollar la conducta endilgada, señalando con diáfana claridad que el servidor orientó su
voluntad a incumplir el procedimiento en cita, al omitir a cabalidad el mismo, aun conociendo
las repercusiones legales administrativas y disciplinarias que están tendrían a lugar, pues le
interesaba más custodiar su patrimonio al no dejar perder su arma de fuego, en vez de cumplir
con la Ley. No queda la menor duda que el citado servidor público dirigió su comportamiento
sin que se viera compelido u obligado por causa justificable o, cuando menos, explicable a
actuar de otra manera, razones para determinar definitivamente que su actuar se hizo con
plena y absoluta voluntad; por tanto, se le declara responsable disciplinariamente por eso.
(…) Entonces, es por lo expuesto anteriormente, de acuerdo con las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de reproche disciplinario y las pruebas
obrantes en el expediente, que el Despacho declara como verdadero que la falta cometida por
el señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO, fue cometida por el mismo a título de dolo,
modalidad en la que se vio envuelto en el único cargo como quiera que confluyeron los
elementos cognoscitivos y volitivos en el sujeto activo de la acción, ambos dirigidos a la
consumación indeleble de una conducta establecida en el estatuto disciplinario para la Policía
como falta disciplinaria. Por lo anterior la conducta desplegada en este segundo cargo hoy
probado, por el señor Patrullero DAVID SILVA TUNJANO y tipificada en el artículo 37 de la
Ley 1015 del 2006, se concluye esta vez de manera definitiva como DOLOSA”.
l) Contra el fallo de primera instancia, la apoderada del disciplinado interpuso
recurso de apelación26, por lo que, el cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno
(2021), el operador de instancia remitió el expediente disciplinario al Inspector
Delegado Regional Nº. 2 de la Policía Nacional, para lo de su cargo27. Así, mediante
auto del diecisiete (17) de noviembre del año en cita28, se dispuso correr traslado al
señor Silva Tunjano para alegar de conclusión, actuación que fue debidamente
notificada al interesado. A través del memorial remitido el veintidós (22) de
noviembre, el actor allegó el escrito contentivo de los alegatos de cierre 29.
m) Mediante fallo disciplinario de segunda instancia, proferido el veintiocho (28) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021)30 por el Inspector Delegado Regional Nº. 2 de
la Policía Nacional, se confirmó en su integridad la decisión primigenia.
n) A través de la Resolución Nº. 01133 del dos (2) de mayo de dos mil veintidós
(2022)31, la dirección general ejecutó la sanción disciplinaria y, en esa medida, en
26
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 136 y ss.
27
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 140.
28
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p.156.
29
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 159 y ss.
30
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 180 y ss.
31
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 208 y ss.
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el ordinal primero de la parte resolutiva dispuso suspender en el ejercicio y funciones
por el término de seis (6) meses, sin derecho a remuneración, al demandante.
o) Con el libelo inicial se aportaron las piezas que conforman la actuación
adelantada, dentro del NUNC 18860600055720190007632, entre ellas, el informe
de captura en flagrancia FPJ-5 del veintiocho (28) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019); el acta de derechos del capturado FPJ-6; el acta de incautación
del arma tipo pistola 9mm, marca “córdova”, con número de serie 15001274 (que
coincide con la de propiedad del disciplinado); la solicitud de valoración médico-
legal; el informe ejecutivo FPJ-3; el reporte de iniciación FPJ-1; la solicitud de
análisis de elementos materiales probatorios y evidencia física; el acta de inspección
a lugares FPJ-9; el acta de inspección técnica a cadáver FPJ-10; el informe de
investigador de campo FPJ-11; informe de laboratorio de balística forense; el
informe de investigador de laboratorio FPJ-13; declaraciones; entre otros. Los
hechos que dieron origen a la actuación penal se pasan a relacionar:
32
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 214 y ss.
25
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p) Cabe anotar que, con la contestación de la demanda, se remitió el certificado de
antecedentes disciplinarios33, en el que se registra la siguiente anotación:
2.5. Análisis del caso concreto.
52. En el asunto sub-judice, la parte demandante pretende la nulidad de los fallos
disciplinarios del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), por
medio del cual, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de
Policía del Caquetá (DECAQ) impuso la sanción de suspensión e inhabilidad
especial por el término de seis (6) meses, derivada de la falta contenida en el artículo
37 de la Ley 1015 de 2006, en relación con la observancia de los deberes previstos
en el artículo 19 del Decreto-Ley 2535 de 1993, y del veintiocho (28) de diciembre
de dos mil veintiuno (2021), expedido por la Inspección Delegada Regional Nº. 2,
con arreglo al cual, se confirmó en su integridad la decisión sancionatoria
primigenia. Además, de la Resolución Nº. 01133 del dos (2) de mayo de dos mil
veintidós (2022), de acuerdo con la cual se ejecutó la sanción disciplinaria.
53. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Caquetá
negó las pretensiones de la demanda, al advertir que: (i) no se vulneró el debido
proceso, en la medida en que el operador disciplinario no transgredió el límite
temporal de la indagación preliminar, ni desbordó el ámbito material de la misma,
toda vez que, se fundó en hechos conexos a los que, en su momento, justificaron la
noticia disciplinaria; (ii) la adecuación típica de la conducta se sustentó en pruebas
legal y oportunamente incorporadas y logró enmarcarse la conducta en la falta del
artículo 37 de la Ley 1015 de 2006, en relación con los deberes contenidos en el
artículo 19 del Decreto-Ley 2535 de 1993; (iii) se acreditó la antijuridicidad material
-o ilicitud sustancial- de la conducta, en el entendido que, la omisión deliberada en
reportar el hurto del arma de fuego bajo la custodia del actor, con la cual se cometió
33
Índice 00003 del Samai, visible en el Tribunal de origen. Archivo: 26AntecedentesDisciplinarios(.pdf) NroActua 3
26
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posteriormente un ilícito, no constituye una simple irregularidad administrativa, sino
la desatención de los deberes policiales y la desobediencia consciente frente a
mandatos orientados a la salvaguarda de la seguridad colectiva y el interés público.
54. Inconforme con la sentencia de primera instancia, el demandante interpuso
recurso de apelación, medio de impugnación que sustentó en los siguientes reparos:
(i) los operadores disciplinarios vulneraron las garantías del debido proceso y del
derecho de defensa y contradicción, habida cuenta que, desconocieron los límites
del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, al variar el sustento fáctico de la actuación
a “hechos inconexos”; (ii) las autoridades disciplinarias pasaron inadvertida la falta de
tipicidad de la conducta endilgada y la ausencia de antijuridicidad material por
inexistencia de ilicitud sustancial; (iii) no se efectuó una debida valoración de las
pruebas incorporadas; y (iv) se desestimó injustificadamente la causal de exclusión
de responsabilidad invocada, relacionada con el error de prohibición.
55. Para efectos metodológicos, la Sala se pronunciará sobre los motivos de
inconformidad esgrimidos por el apelante, en el orden que se pasa a desarrollar:
2.5.1. De la alegada vulneración del derecho al debido proceso.
56. En este punto, se reitera que, a juicio del recurrente, se violó el debido proceso
porque se trastocó el núcleo fáctico de la indagación preliminar. En sus términos,
sostuvo que: “es violatorio del debido proceso que, sin ser hechos conexos, en el auto del 31 de
mayo de 2021, se ordenara indagar, si mi representado había reportado ante la autoridad militar, la
pérdida del arma que tenía a su nombre; si consideraba este nuevo comportamiento transgresor del
derecho disciplinario, lo correcto era terminar el procedimiento inicial y compulsar copias en razón al
no descargue del arma (…) En conclusión, sobre este aspecto de la demanda está llamado a
prosperar, por estar demostrado que los falladores disciplinarios vulneraron el debido proceso toda
vez que en el art. 150 de la ley 734 de 002, el legislador estableció los fines y límites de la indagación
preliminar, con un carácter depurador y excepcional, y que está prohibido variar los límites facticos
a hechos inconexos, como considero aconteció en el caso que ocupa la atención de la justicia ”.
57. Ahora bien, la indagación preliminar, como etapa previa a la investigación
disciplinaria, está regulada en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, que dispone,
en síntesis, que, en caso de duda sobre la procedencia de la investigación
disciplinaria, o sobre la identificación o individualización del autor de una falta
disciplinaria, se ordenará una indagación preliminar, la cual tendrá como fines
“verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha
27
Número Interno: 1676-2026
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actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad ”. El artículo en cita prevé,
además, que la indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del
que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
58. En sentencia del trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)34, esta
Sala recordó que la indagación preliminar tiene como fin resolver las dudas relativas
a la ocurrencia de la conducta, si constituye o no una falta disciplinaria, si es dable
identificar al autor y determinar si actuó amparado bajo una causal de exoneración
de responsabilidad, “de suerte que se pueda decidir si es procedente el inicio de la investigación
disciplinaria”. Además, se reiteró que el trámite de la indagación preliminar es
eventual, pues, solo es viable cuando no existe certeza sobre la procedencia de la
investigación disciplinaria. Particularmente, se explicó que el artículo 150 ibidem
limita el ejercicio de la indagación preliminar a la verificación de los hechos que
fueron denunciados, pudiendo averiguarse también aquellos que sean conexos, por
lo que queda proscrita la posibilidad de extenderse a otros diferentes.
59. Sobre la conexidad de los hechos, esta Sección, en sentencia del veinticinco
(25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)35, precisó que, de acuerdo con una
interpretación sistemática del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, la indagación
preliminar no necesariamente debe limitarse a los hechos de la noticia disciplinaria
-denuncia, queja, información proveniente de servidor público, o algún medio que
amerite credibilidad-, puesto que, el legislador igualmente señaló que ésta también
procede de oficio y puede extenderse a todos aquellos hechos que sean conexos a
la noticia disciplinaria, sin que sea un obstáculo que tales hechos no hayan sido
expuestos en la denuncia o queja, máxime, cuando el concepto de conexidad
abarca diferentes eventos justificantes independientes -que no concurrentes- tales
como la unidad de tiempo y acción entre las conductas, la instrumentalización -con
el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros, o con ocasión o como
consecuencia de otro- y la homogeneidad en las conductas.
60. En el caso de autos, se tiene que, mediante el auto del tres (3) de diciembre de
dos mil veinte (2020) 36 , la jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Caquetá (DECAQ) ordenó la indagación preliminar
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 13 de
noviembre de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. No. 25000-23-42-000-2021-00547-01 (4982-2023).
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 25 de
noviembre de 2025, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. No. 11001-03-25-000-2011-00574-00.
36
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 38 y ss.
28
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contra el señor David Silva Tunjano por los siguientes hechos: “de acuerdo los (sic)
antecedentes allegados por el señor Mayor Bohórquez Vanegas Christian Enrique, jefe de la
seccional de investigación criminal DECAQ, donde allega informe de investigador de laboratorio y la
pertenencia del arma de fuego tipo marca córdova con número de serie 15001274 al parecer de
propiedad del señor patrullero David Silva Tunjano no obstante este elemento se encuentra
relacionado dentro de la noticia criminal 188606000557201900076 ”. Cabe mencionar que, de
acuerdo con las documentales allegadas, la noticia criminal estuvo relacionada con
el presunto homicidio de una persona, el día veintiocho (28) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), conducta para la cual se habría usado el arma de fuego, tipo
pistola 9mm, marca “córdova”, con número de serie 15001274, que figuraba a nombre
del ahora demandante, según las respectivas bases de datos.
61. El veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)37, el despacho disciplinario
decretó de oficio las siguientes pruebas para que obraran en la indagación
preliminar P-DECAQ-2020-99: “escuchar en diligencia de declaración al señor intendente (R)
Jaime Andrés González Contreras y patrullero (R) Fabián Polanco Bermeo”. El veintiuno (21) de
mayo de dos mil veintiuno (2021)38, rindió la declaración el señor Jaime Andrés
González Contreras, quien manifestó ejercer su derecho a guardar silencio. En la
misma fecha, rindió la declaración el señor Fabián Polanco Bermeo39, que se limitó
a manifestar que no tenía conocimiento sobre la pertenencia del arma de fuego.
62. Posteriormente, a través del auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil
veintiuno (2021)40, el despacho disciplinario decretó la siguiente prueba: “ solicitar al
Comando de la Décima Segunda Brigada de la ciudad de Florencia – Caquetá, con el ánimo de que
se informe si en esa Unidad Militar, desde el mes de diciembre de 2019 y hasta la fecha actual, se
ha radicado oficio por parte del señor David Silva Tunjano, informando la pérdida o hurto del arma
de fuego tipo pistola 9mm, marca córdova, de serie 15001274, con permiso de porte Nº. 1766439 ”.
Nótese que la prueba encaminada a establecer si el disciplinado había informado a
la autoridad militar sobre el hurto del arma bajo su custodia, fue decretada el treinta
y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esto es, dentro del término legal de
seis (6) meses previsto en el artículo 150 de la pluricitada Ley 734 de 2002.
62.1. En el oficio de respuesta del catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021)41,
el oficial de operaciones con funciones administrativas de Jefe de Estado Mayor de
37
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 47 y ss.
38
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 62 y ss.
39
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 63 y ss.
40
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 75 y ss.
41
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 82.
29
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la Décima Segunda Brigada, hizo constar que el señor Silva Tunjano sí aparecía
como poseedor de porte o tenencia del arma de fuego involucrada en el ilícito en el
cual no figuró como indiciado, que la misma se encontraba activa en el sistema, y
que no se había efectuado ningún proceso de revalidación o descargo por hurto.
63. En la medida en que las pruebas recaudadas permitían advertir que el arma de
fuego era de propiedad del señor Silva Tunjano, quien a pesar de manifestar que le
fue hurtada el veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), no
adelantó las actuaciones de rigor, las autoridades disciplinarias procedieron a citarlo
a audiencia y formularle cargos mediante el auto del catorce (14) de agosto de dos
mil veintiuno (2021)42, dentro del Rad. SIJUR DECAQ 2021-34, endilgándole -como
cargo único- la falta contenida en el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006, del siguiente
tenor: “además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen faltas disciplinarias la
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones, el abuso de los
derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, los tratados
públicos ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes y los Actos Administrativos ”. Lo anterior,
en concordancia con el deber del artículo 19 del Decreto-Ley 2535 de 1993:
“ARTÍCULO 19. PÉRDIDA, HURTO O DESTRUCCIÓN DE ARMAS. El titular de un permiso
para tenencia o porte de armas que sufra la pérdida o hurto de la misma, deberá:
a) Informar por escrito de manera inmediata a la autoridad militar que expidió el permiso, a
la ocurrencia de la pérdida o el hurto de la misma;
b) Formular en forma inmediata la denuncia correspondiente;
c) Entregar el permiso del arma y copia de la denuncia.
En caso de destrucción de un arma, bastará con informar del hecho al Comando Militar que
concedió el permiso, adjuntando declaración rendida bajo la gravedad del juramento, sobre
el hecho y el respectivo permiso para su anulación.
Recibido el informe, la autoridad respectiva lo comunicará al Departamento Control Comercio
de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.
PARÁGRAFO. Facúltase a la autoridad militar competente para autorizar o negar un nuevo
permiso para tenencia o para porte a las personas naturales o jurídicas de que trata este
artículo”.
64. Con base en las consideraciones expuestas, la Sala observa que, contrario a lo
argüido por la parte actora, la actuación disciplinaria no tuvo su génesis en un hecho
completamente desligado del que finalmente dio lugar al cargo. Ello por cuanto la
noticia inicial daba cuenta que un arma de fuego registrada a nombre del actor había
aparecido vinculada a un homicidio. Luego, a partir de esa misma circunstancia, era
42
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 83 y ss.
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jurídicamente razonable esclarecer cómo salió el arma de su esfera de custodia, si
le había sido hurtada, qué hizo el titular después del hurto y si cumplió con los
deberes legales asociados a esa circunstancia. Siguiendo esa línea, la indagación
no continuó por un hecho ajeno al arma y a lo ocurrido con ella (a saber, su pérdida
o hurto, su posterior uso en una conducta punible, y la omisión deliberada del
disciplinado en reportar ante las autoridades esa situación), sino que se
circunscribió a ésta y a los deberes asociados con su porte o tenencia.
65. En otros términos, el hecho que inicialmente conoció el operador disciplinario,
este es, la utilización de un arma en la comisión de un ilícito exigía determinar la
relación fáctica y causal, a efectos de esclarecer los motivos por los cuales ese
elemento había llegado a manos de terceros, quienes finalmente atentaron contra
la humanidad de otra persona. Por ello, habiendo constatado que el arma había sido
hurtada, pero que no figuraba el descargo por hurto ante el competente, era natural
que el despacho indagara si el titular había satisfecho los procedimientos legales.
66. Bajo ese contexto, la Sala no advierte que se haya trastrocado el núcleo fáctico
de la indagación, en contravía de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734 de
2002 y, de suyo, de las garantías del debido proceso. Al respecto, debe precisarse
que la prohibición contenida en dicha disposición no presupone que el operador
deba mantener invariable la hipótesis inicial que motivó la indagación -anulando la
posibilidad de concretar progresivamente otras hipótesis-, sino que impide que la
indagación se extienda a hechos ajenos o carentes de conexidad con la noticia que
la originó. Con todo, la conducta omisiva que se le atribuyó al señor Silva Tunjano,
relacionada con la pretermisión del reporte del hurto del arma, no se erige como un
hecho autónomo o inconexo con la situación primigenia, en la que el arma registrada
a nombre del hoy accionante fue el elemento material con el que se concretó un
delito. Justamente, la indagación permitió establecer que el arma había salido de su
esfera de custodia por razón de un hurto y, a partir de ese hallazgo, resultaba
jurídicamente pertinente verificar el cumplimiento de los deberes legales asociados
a esa circunstancia, marginada del punible, pero dentro del mismo ámbito material.
67. Ahora, desde una perspectiva amplia, la Sala tampoco avizora irregularidades
sustanciales que comprometieran el núcleo esencial del debido proceso. Para
abordar este punto, se impone recordar que, según lo sostenido por esta Sección,
el debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las
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garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados
a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. Por ende, siendo el proceso
disciplinario un trámite de naturaleza administrativa, es claro que las partes que en
él intervienen se encuentran amparadas por tales prerrogativas43.
68. Esta Colegiatura también ha sido enfática en señalar que no toda violación a la
dimensión formal del debido proceso debe traducirse inexorablemente en la
anulación de la actuación procesal afectada, pues, para tales efectos, será
necesario que aquella transgresión se proyecte en la esfera material de protección
de la garantía fundamental en estudio. Por ende, para que una irregularidad
sustancial pueda afectar la validez de lo actuado, debe tratarse de un vicio
determinante, de manera que las omisiones o yerros procedimentales de menor
entidad no tienen la virtualidad de aducirse a efectos de anular el acto sancionatorio.
69. Como quedó expuesto, los operadores disciplinarios se valieron de un amplio
recaudo probatorio que, analizado integralmente, a la luz de las reglas de la sana
crítica, sirvió de sustento para imponer el correctivo disciplinario objeto de censura.
En el seno de la actuación disciplinaria, las autoridades no omitieron la práctica de
las pruebas solicitadas, o aquellas que se consideraron conducentes, pertinentes y
útiles para el esclarecimiento de los hechos. Así, no pasa por alto esta Sala que, en
el marco de la actuación disciplinaria, se observaron todas las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa y contradicción del actor, en la medida en que el
disciplinado fue notificado en debida forma de las actuaciones, tuvo la oportunidad
de actuar a través de su apoderada de confianza, presentar descargos, rendir
versión libre, guardar silencio, aportar y controvertir pruebas, alegar de conclusión,
interponer los recursos de ley, proponer nulidades, participar activamente en las
audiencias y diligencias conducidas por el despacho, entre otras actividades. Por
ello, el primer reparo esgrimido por el actor no tiene vocación de prosperidad.
2.5.2. De los yerros advertidos en la valoración de las pruebas.
70. Frente al particular, la Sala recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 734 de 2002 (norma aplicable al sub-examine), las pruebas
deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Aunado a ello, se precisa que, “en toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de octubre
de 2019, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2011-00661-00(2553-11).
32
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el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta.” El artículo 141 ibidem dispone, por su
parte, que no se podrá proferir fallo sancionatorio “sin que obre en el proceso prueba que
conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado .”
71. Las normas en cita permiten advertir que no existe una tarifa legal que determine
cuál es el medio idóneo para acreditar o desvirtuar ciertos hechos o circunstancias,
habida cuenta que, el convencimiento al que llegue el operador disciplinario, o la
autoridad judicial -según el caso-, debe someterse a una valoración conjunta,
integral, objetiva, razonada y armónica del acervo probatorio, sin que ello implique
la utilización de excesivos formalismos y fórmulas sacramentales44.
72. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del diecinueve (19)
de marzo de dos mil veinte (2020), señaló que la sana crítica está sustentada en los
criterios de la lógica, asociada al principio de no contradicción y al de razón
suficiente; en el uso de la ciencia y de la técnica, el cual está relacionado con las
opiniones, estudios y dictámenes de los expertos en determinadas materias; y en
las reglas de la experiencia, las cuales pueden ser individuales o colectivas y,
además, estar constituidas por conocimientos públicos y privados45.
73. En el caso de autos, está probado que, para la fecha de ocurrencia del hecho
asociado a la sustracción del arma, esto es, el veintiocho (28) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019), el señor David Silva Tunjano se encontraba vinculado al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, en calidad de patrullero (integrante de patrulla de
vigilancia de la Estación de Policía de Solano, Caquetá), según se colige del
extracto de la hoja de vida expedido el catorce (14) de marzo de dos mil veintiuno
(2021)46. Para esa misma fecha, de acuerdo con la narración del actor, y lo aducido
en la versión libre, se encontraba “descansando” en su vivienda cuando se percató,
en horas de la noche, que le hurtaron algunas pertenencias que se ubicaban al
interior de su vehículo, entre ellas, una pistola de uso personal, marca “Córdova”, con
número de serie 15001274 y salvoconducto identificado con el número 1766439.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).
46
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 66 y ss.
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74. Con base en las piezas procesales que conforman la actuación adelantada
dentro del NUNC 18860600055720190007647, se tiene que, para la fecha en que
se refirió el “hurto” del arma del señor Silva Tunjano, se produjo el homicidio de un
policial, con arma de fuego, según los hechos que se narran en el informe FPJ-3:
74.1. En la misma documental, se relacionó como evidencia física “un arma de fuego
tipo pistola marca Córdova 9 mm número de serie 15001274, junto con 1 cargador para la misma ”.
47
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 214 y ss.
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74.2. En el informe del laboratorio de balística forense, de fecha veintiocho (28) de
diciembre de dos mil diecinueve (2019), se discriminaron las características técnicas
del arma, la actitud de disparo, se realizó la toma de patrones y se recopiló la
evidencia fotográfica de aquella. Sobre las características del arma, se lee:
75. Las características del arma coinciden con aquellas que reposan en el Sistema
de Información de Armas, Explosivos y Municiones – SIAEM, en donde aparece
asociada, con el número serial 15001274, al señor David Silva Tunjano como
poseedor “de porte o tenencia de arma”, con estado “activo” (para la fecha de los hechos).
Valga anotar que, en el oficio de respuesta del catorce (14) de junio de dos mil
veintiuno (2021)48, el oficial de operaciones con funciones administrativas de Jefe
de Estado Mayor de la Décima Segunda Brigada, hizo constar que el señor Silva
Tunjano sí aparecía como poseedor; que la misma se encontraba activa en el
sistema; y que no se efectuó ningún proceso de revalidación o descargo por hurto:
76. De conformidad con los hechos expuestos en el libelo inicial, no existe duda que
48
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 82.
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el arma de fuego utilizada en la comisión del ilícito correspondía a la del señor Silva
Tunjano, como en efecto lo reconoció. También advirtió que, al percatarse del “hurto”,
ese mismo día acudió a la Sección de Control de Armas y Municiones Nº. 83 en
Florencia, ubicada en la Décima Segunda Brigada Ejército Nacional, y a las
instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, a efectos de adelantar los
respectivos trámites, los cuales no pudo concretar comoquiera que, según adujo,
no había atención al público. Debido a lo anterior, radicó -de manera virtual- la
denuncia por hurto, tramitada bajo el Número Único de Noticia Criminal – NUNC
180016105175201901488 y con incidente Nº. HP-18-001-2019-1545.
77. El demandante, mediante petición del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), dirigida a la Fiscalía 8ª Local, dentro del Rad. 20190030152332,
manifestó lo siguiente: “me dirijo al señor fiscal con el propósito de manifestar que he sido
víctima de hurto de mi arma de fuego marca córdova calibre 9mm, y otros elementos tal y como lo
narré en el formato de denuncia virtual que anexo. Con motivo a ello me asiste preocupación de que
mi arma haya sido hurtada con el propósito de cometer un delito con ella, pues han sido abundantes
en redes sociales y medios de comunicación las noticias de un homicidio ocurrido en la vía que del
municipio de Valparaíso conduce a Solita, mismo que fue cometido con un arma igualmente de
marca córdova. Por esta razón quiero dejar constancia que tengo interés en verificar o descartar que
sea o no mi arma de fuego, o simplemente se trate de una similar 49.
78. El mismo actor reconoció, en la narración de los hechos, y en la versión rendida,
que, días después -del hurto-, se reintegró a su unidad en el municipio de Solano,
desde el cuatro (4) de enero de dos mil veinte (2020) y que sólo le fue posible volver
a Florencia (Caquetá) hasta el veintisiete (27) de febrero de esa anualidad, fecha
para la cual puso en conocimiento de un sargento viceprimero de apellido “Melo” la
situación ocurrida, quien lo orientó con las actuaciones a seguir con respecto al
situación comentada, las cuales no realizó porque al día siguiente debía presentarse
a su unidad policial. Sin distingo de lo anterior, manifestó que no adelantó el trámite
de descargo por hurto “porque si bien el arma sí fue hurtada, ésta ya fue ubicada y al hacer el
descargo por hurto, perdería la propiedad y una vez concluyera el proceso penal, no podría solicitar
la recuperación de tenencia del arma de fuego (sic)”, mientras que tampoco efectuó el
descargo por pérdida “porque el arma de fuego no está perdida, es decir, que sí se conoce su
paradero, está a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia Penal por cuanto se
encuentra dentro de un proceso penal que no se ha concluido (sic)”.
49
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 409.
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79. Con base en las pruebas allegadas al plenario, y en las manifestaciones del
propio demandante, el procedimiento descrito en el artículo 19 del Decreto-Ley 2535
de 1993 no se adelantó porque, según explicó, dicho precepto no fijaba un término
para adelantar la actuación de descargo -por pérdida o hurto- y, aunado a ello,
porque quería evitar las consecuencias patrimoniales que se hubieren derivado de
su concreción. No en vano, en el escrito de demanda puso de presente: “recordemos,
que si el Pt. Silva realiza el descargo, el arma de fuego dejará de pertenecerle inmediatamente y una
vez surtido el proceso penal no podrá reclamarla porque será devuelta a INDUMIL donde no
aparecerá propietario registrado. Quiere decir con esto, que, si el PT SILVA realiza el descargo del
arma de fuego, por ejemplo, hoy pudiendo hacerlo, igual habría sido sancionado y lo único que
lograría es la pérdida de su propiedad y se verá obligado a afectar negativamente su patrimonio pues
el arma de fuego fue comprada por un valor de $ 3.814.000 pesos (…)” (sic).
80. La Sala observa que las pruebas que reposan en el expediente disciplinario
fueron incorporadas con su valor legal y examinadas, conjunta e integralmente, a la
luz de las reglas de la sana crítica, ejercicio producto del cual el operador impuso la
sanción controvertida, sin que se observe defecto alguno en su valoración.
2.5.3. De los reparos frente a los elementos de la responsabilidad disciplinaria.
81. En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de tres elementos:
la tipicidad, la antijuridicidad material (ilicitud sustancial) y la culpabilidad, los cuales,
por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones
propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi estatal50.
2.5.3.1. Tipicidad.
82. En la sentencia del doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)51, esta Sala
recordó que la tipicidad es una categoría dogmática que encuentra su razón de ser
en el principio de legalidad, como expresión del derecho al debido proceso. Así,
para determinar si un comportamiento constituye falta gravísima, grave o leve, debe
realizarse un proceso de adecuación típica a través de la comprobación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal y la efectivamente
desplegada por el sujeto. Como manifestación del principio de legalidad y del debido
proceso, cumple con la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024).
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establecer de forma previa y clara qué comportamientos son sancionables y, a la
vez, preservar la seguridad jurídica, sin desconocer garantías fundamentales.
83. Asimismo, en sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026) 52,
esta Sala reiteró que, a diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se
caracteriza porque las conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas
de manera cerrada o taxativa, sino que están consignadas en tipos abiertos o en
blanco, dada la imposibilidad del legislador de prever, de forma detallada, todos los
comportamientos reprochables de los servidores públicos. En ese sentido, el tipo
disciplinario se complementa con normas que establecen deberes, mandatos y
prohibiciones a cada cargo, de las cuales se deriva la adecuación específica.
84. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la razón fundamental para
admitir los tipos abiertos y los denominados tipos en blanco estriba en la necesidad
de salvaguardar la eficiencia de la función pública y, consiguientemente, permiten
una mayor adaptación del derecho disciplinario a sus objetivos53. Por ello, se ha
dicho que, en el campo del derecho administrativo sancionador, es válida la técnica
de remisión normativa, al permitirse una flexibilización razonable de la descripción
típica. La doctrina54 ha precisado que el tipo en blanco corresponde a aquel donde
se presenta una remisión normativa, con la que se permite al intérprete y ejecutor
de la norma identificar un cuerpo normativo “con el cual rellenar el tipo en blanco”55.
85. En el asunto de marras, la Sala evidencia que, por los hechos acaecidos el
veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), y la omisión determinante
del actor que se prolongó a partir de esa fecha, el operador disciplinario encuadró
la conducta del señor David Silva Tunjano en la falta prevista en el artículo 37 de la
Ley 1015 de 2006 que, ciertamente, constituye un tipo en blanco, al disponer:
“además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen faltas disciplinarias la violación al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones, el abuso de los derechos o el
incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, los tratados públicos
ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes y los Actos Administrativos ”. Para el efecto, se
subrayó la hipótesis relativa al incumplimiento de deberes, remitiéndose así a los
mandatos derivados del artículo 19 del Decreto-Ley 2535 de 1993, por el cual se
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).
53
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-507 de 2006 y C-860 de 2006.
54
Gómez Pavajeau, Carlos Arturo (2021). Dogmática del derecho disciplinario. 7ª Edición. Universidad Externado: Bogotá.
55
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-343 de 2006.
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expiden normas sobre armas, municiones y explosivos. Huelga decir que, desde la
formulación de cargos, hasta las decisiones sancionatorias de instancia, el cargo
único permaneció invariable y, por contera, no se modificó la adecuación típica.
86. Como se mencionó ut supra, el tipo en blanco del artículo 37 de la Ley 1015 de
2006 se debe complementar, en el caso, con los deberes contemplados en el
artículo 19 del Decreto-Ley 2535 de 1993, que prevé que el titular de un permiso
para tenencia o porte de armas que sufra la pérdida o hurto de la misma, deberá: (i)
informar por escrito de manera inmediata a la autoridad militar que expidió el
permiso, de la ocurrencia de la pérdida o el hurto de la misma; (ii) formular en forma
inmediata (sic) la denuncia correspondiente; y (iii) entregar el permiso del arma y
copia de la denuncia -a la autoridad militar-. Recibido el informe, la autoridad
respectiva lo comunicará al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones
y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, para lo de su cargo.
87. La cadena argumentativa empleada en los actos enjuiciados permite afirmar
que, en el sub-lite, la conducta reprochada está prevista en la ley como falta, y que
el ejercicio de adecuación típica adelantado por el fallador disciplinario refleja una
comprobación lógica, sustentada y razonada de la relación de subsunción entre la
descripción legal, la norma con la cual se complementa -al tratarse de un tipo
disciplinario en blanco-, y la efectivamente desplegada -y atribuida- al disciplinado.
88. Sin perjuicio de lo anterior, no pasa inadvertido para esta Sala que, al integrar
normativamente el tipo con los mandatos del Decreto-Ley 2535 de 1993, el operador
reprochó la inobservancia de los deberes contenidos en el “acto administrativo” en cita,
aspecto que, aunque no enerva la legalidad de los actos sancionatorios, merecen
una precisión, en el entendido en que el Decreto-Ley obedece materialmente a una
ley, y no a un acto administrativo, pues, a pesar de haber sido expedido por el
ejecutivo, lo hizo en ejercicio de facultades extraordinarias. En ese sentido, pese a
que formalmente adopta la denominación de “decreto”, tiene fuerza y rango de ley.
Empero, se insiste en que esta consideración no vicia la legalidad del acto,
comoquiera que, al margen de la calificación de la fuente normativa, se individualizó
la misma, así como el deber infringido, con lo que no se alteró la imputación.
2.5.3.2. Ilicitud sustancial.
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89. El artículo 5º de la Ley 734 de 2002, en su redacción original, disponía que “la
falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna ”. En el ámbito del
derecho disciplinario, la ilicitud sustancial no se fundamenta en la producción de un
daño material, o en la lesión de un bien jurídico en sentido estricto, sino en el
incumplimiento de los deberes que rigen el ejercicio de la función pública56. En la
sentencia C-452 de 2016, la Corte Constitucional puntualizó que la falta disciplinaria
depende de la comprobación de su ilicitud sustancial, que no puede ser otra distinta
a la afectación del deber funcional. Además, ha dicho que es imprescindible que el
comportamiento disciplinario se haga en el marco de la conducta oficial del servidor.
90. En línea con lo anterior, el artículo 4º de la Ley 1015 de 2006 estipula que “ la
conducta de la persona destinataria de esta ley será contraria a derecho cuando afecte el deber
funcional sin justificación alguna”. Así pues, la falta será antijurídica cuando con el
comportamiento se (i) afecte el deber funcional y (ii) no medie justificación alguna
para sustentar la actuación u omisión. En sentencia del veintitrés (23) de marzo de
dos mil diecisiete (2017)57, esta Sección precisó el alcance de ambos presupuestos.
Frente al primero, señaló que, para que se configure la falta disciplinaria y la
conducta sea antijurídica, no basta el solo incumplimiento formal del deber, sino que
es menester que la infracción de éste sea “sustancial”, ello quiere decir que la
actuación u omisión del servidor público debe desembocar en una real y efectiva
afectación del buen funcionamiento del Estado y, por tanto, del servicio público. Con
respecto al segundo requisito, hizo hincapié en que la afectación del deber funcional
debe originarse en una actuación que no sea justificable por parte del disciplinado,
lo que implica que, para refutarla, es menester que aquel tenga una razón válida
para haberla cometido, situación en la cual la autoridad disciplinaria debe revisar las
causales de exclusión de responsabilidad consagradas en el artículo 41 ibidem.
90.1. Al analizar el alcance del “deber funcional” de los miembros e integrantes de la
Policía Nacional, a la luz del objetivo misional de la entidad, y de los mandatos a los
que constitucional y legamente se debe, esta Sección explicó lo siguiente:
“Para el caso de los miembros de la Policía Nacional, toda vez que esta institución es
concebida constitucionalmente como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil,
cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, y que por tanto cumple una función primordial dentro de un
Estado social de derecho, es lógico que a sus miembros se les exija el más alto
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 23 de marzo
de 2017, C.P. William Hernández Gómez, Rad. No. 1001-03-25-000-2011-00519-00(2009-11).
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compromiso, responsabilidad y respeto de la disciplina, en tanto la inobservancia del
cumplimiento cabal de sus funciones pone en riesgo los derechos de toda la
colectividad. Por tal razón, en el momento de analizarse la incursión en una falta
disciplinaria, la autoridad competente no puede valorar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar bajo las mismas consideraciones que se tienen en cuenta para el análisis
de las conductas desplegadas por los servidores públicos en general. Precisamente en
reciente providencia proferida por esta subsección sobre la disciplina que debe acatar los
miembros de la Policía Nacional se señaló:
«[…] Adicionalmente y para proliferar en fundamentos, la Sala quiere resaltar que la
disciplina en el ejercicio de la función policial es una condición esencial, a tal punto
que la misma Ley 1015 de 2006, que regula el régimen disciplinario de la Policía
Nacional, lo elevó a esa categoría de la siguiente forma:
«DE LA DISCIPLINA. Artículo 25. Alcance e importancia. La disciplina es una de
las condiciones esenciales para el funcionamiento de la Institución Policial e implica
la observancia de las disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias que
consagran el deber profesional.»
No se debe olvidar que el régimen de la Policía Nacional es particular y
aspectos como la disciplina tienen características particulares que no se
encuentran en los regímenes de otros servidores públicos. En esa medida las
exigencias del servicio son mucho mayores y no se puede analizar las faltas
que cometen desde la órbita del régimen general que se le aplica a todos
aquellos que prestan sus servicios al Estado […]»
Así las cosas, por las principalísimas funciones que debe cumplir quien es miembro activo
de la Policía Nacional son inaceptables los comportamientos que afecten la disciplina de la
institución, en la medida que ponen en riesgo los derechos de los miembros de la
comunidad”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).
91. Dada la relación de especial sujeción con el Estado, y el deber reforzado que le
asiste a los miembros de la Policía Nacional como garantes de las condiciones
necesarias para el goce de los derechos y libertades ciudadanas, y para el
aseguramiento de una convivencia pacífica, se ha explicado que, en ciertas
circunstancias, los hechos en que incurre el servidor separado temporalmente del
servicio, o encontrándose en alguna situación administrativa, pueden traducirse en
la afectación del deber funcional y adquirir trascendencia disciplinaria.
91.1. No en vano la Corte Constitucional, en sentencia C-819 de 2006, en la que se
estudió la constitucionalidad del artículo 35.18 de la Ley 1015 de 2006, adujo que,
aun cuando se encuentren separados temporalmente de la prestación efectiva del
servicio, los miembros de la Policía Nacional continúan vinculados por los deberes
funcionales propios de la institución y, por ello, la comisión de una conducta
tipificada como delito o contravención puede constituir una ruptura del deber
funcional, siempre que exista la necesaria conexidad entre el comportamiento y el
menoscabo de la función pública. Esta tesis fue reiterada recientemente por la Sala
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de Subsección en sentencia del seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)58.
92. En el caso concreto, se itera que, para el veintiocho (28) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019), fecha en la que se alegó el hurto del arma de fuego vinculada
al señor David Silva Tunjano, éste ostentaba el cargo de patrullero (integrante de
patrulla de vigilancia), el cual, según la Resolución Nº. 00937 del diez (10) de marzo
de dos mil dieciséis (2016), que establece el manual de funciones del personal
uniformado de la institución, tiene como objetivo principal: “desarrollar acciones
preventivas y disuasivas de delitos y contravenciones, en el marco de la coordinación y
corresponsabilidad para la prestación del servicio de policía integral, brindando condiciones
necesarias de convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción asignada”. Así se extrae de
las documentales aportadas por el demandante59, como se pasa a observar:
92.1. Entre las funciones genéricas del cargo desempeñado, se identifican las
siguientes: brindar la información que corresponda de acuerdo a la naturaleza del
mismo, a quien la requiera, siguiendo los lineamientos definidos en la normativa
aplicable; implementar el sistema de gestión integral, de conformidad con los
lineamientos institucionales; cumplir con las actividades establecidas a través de los
roles asignados, diferentes a las funciones del cargo; y las demás que sean
asignadas según la ley, los reglamentos o la naturaleza del cargo (sic). En las
funciones propias del cargo, cobran especial importancia aquellas encaminadas a:
“desarrollar los planes, programas, campañas, sensibilización, resolución de conflictos y gestión
comunitaria, fortaleciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción asignada; y apoyar
la reducción de los índices de criminalidad en áreas críticas afectadas por bandas delincuenciales,
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6 de agosto
de 2026, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. No. 25000-23-42-000-2023-00045-01 (6189-2024).
59
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 72.
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criminales y redes de apoyo de grupos armados ilegales, según los protocolos establecidos ”60.
93. En el caso bajo estudio, la Sala considera que el elemento de la ilicitud sustancial
no se desvirtúa por el hecho de encontrarse el hoy demandante descansando,
mientras permanecía en servicio activo; por tratarse de un arma propia -que no de
dotación-; o porque el deber contenido en el Decreto-Ley 2535 de 1993 no prevé un
sujeto calificado. Por el contrario, las precisas circunstancias del caso ponen de
presente que, aquello que el disciplinado estimó circunscrito a su “ esfera privada”,
entrañó la afectación del deber funcional, al punto de comprometer la seguridad y
convivencia ciudadana, cuya garantía se erige como misión principal de la Policía.
94. Para sustentarlo, la Sala recuerda que, aunque el artículo 19 del Decreto-Ley
2535 de 1993 impone el deber de reportar el hurto o pérdida a todo titular de un
permiso para porte o tenencia de armas, y no exclusivamente a los policías, en el
señor Silva Tunjano concurría una relación especial de conocimiento y competencia
profesional respecto del riesgo regulado por esa norma. En ese sentido, el actor no
podía concebirse como un ciudadano armado, sino como un integrante activo de la
Policía Nacional -cuya misión constitucional comprende la protección de los
derechos de los miembros de la comunidad y la salvaguarda de la seguridad y
convivencia ciudadana- que conocía, o razonablemente debía conocer, con una
intensidad superior a la de un particular, la importancia del control institucional de
armas, los procedimientos definidos en el ordenamiento frente a situaciones de
pérdida o hurto, y las consecuencias derivadas de su inobservancia. Tratándose de
un policial, el baremo de comportamiento no es equivalente al de cualquier otro
servidor, dado -como se expuso supra- el elevado nivel de compromiso exigido.
95. La Sala precisa que la afectación al deber funcional no se halla en el hecho del
hurto -del que fue víctima el disciplinado-, o en el ilícito que se cometió con dicho
elemento, como con acierto lo advirtieron los operadores disciplinarios, sino en la
decisión consciente y deliberada de desatender el deber contenido en el Decreto-
Ley 2535 de 1993, pretermitiendo así el procedimiento definido en el orden interno,
tendiente a informar a la autoridad militar que expidió el respectivo permiso de porte
o tenencia sobre la situación acaecida, máxime, si se tiene en cuenta que se trata
de un arma sometida al monopolio y control estatal que había salido de la esfera de
custodia de su titular y con la que -como ocurrió- se comprometieron derechos de
60
Índice 00003 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 03Demanda(.pdf) NroActua 3, p. 72.
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terceros. Tal y como quedó acreditado, después de haber transcurrido más de un
(1) año desde la sustracción del arma, el demandante no adelantó ningún trámite
de revalidación o descargo por pérdida o hurto, lo que se corrobora con el estado
“activo” en el que figuraba en el Sistema de Información de Armas, Explosivos y
Municiones – SIAEM para el catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021).
96. El mismo demandante reconoció que no adelantó el trámite regulado por el
Decreto en cita, inicialmente en razón a que no había “atención presencial” en la
brigada y en las instalaciones de la Fiscalía y, más adelante, porque, en su sentir,
el arma no estaba perdida y, a pesar del hurto, aquella ya había sido ubicada.
También se indicó que, aunque fue orientado sobre el procedimiento a seguir, no lo
hizo para evitar las consecuencias patrimoniales derivadas de la pérdida del arma.
Ahora bien, aunque el señor Silva Tunjano radicó la respectiva denuncia ante la
Fiscalía, esta circunstancia, o la ulterior recuperación del arma, no sustituyen la
finalidad administrativa del reporte a la autoridad encargada de expedir el permiso.
En otros términos, la denuncia y ubicación del arma, no relevaban al policial de
informar por escrito de manera inmediata a la respectiva autoridad militar, ni de
materializar las demás actuaciones previstas en el artículo 19 del Decreto-Ley 2535
de 1993. Nótese que, aunque se disminuyó el riesgo material de que el arma
continuara circulando -después de haberse utilizado en un homicidio-, lo cierto es
que la ilicitud sustancial no se supedita a la producción sucesiva del daño. Luego,
la finalidad del informe no se agotaba con la recuperación del arma, menos si se
tiene en cuenta que el mismo fue instituido para favorecer su control y trazabilidad.
97. Bajo este contexto, la ilicitud sustancial se encuentra acreditada no por el hecho
de haberse incumplido un deber contenido en un acto con fuerza material de ley -
que no distingue la calidad del destinatario-, en los términos descritos en el artículo
37 de la Ley 1015 de 2006, sino porque el objeto de ese mandato guarda una
conexión material acentuada con la misión institucional que el servidor tenía
encomendada, como es el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana
en la jurisdicción asignada y la reducción de los índices de criminalidad. Sin duda
alguna, el control de armas, la prevención de su circulación irregular y la protección
de la seguridad colectiva no son materias extrañas a la función policial, sino deberes
subyacentes a su finalidad constitucional, con sujeción al artículo 218 superior.
98. En tal virtud, el señor Silva Tunjano, como integrante activo de la institución
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policial y, de suyo, conocedor de los riesgos asociados a la circulación irregular de
armas de fuego, comprometió el deber funcional al omitir, deliberadamente, el
procedimiento definido en el Decreto-Ley 2535 de 1993 para los casos de hurto o
pérdida, del cual -según adujo- se sustrajo para evitar afectaciones patrimoniales,
las cuales antepuso al interés público en el que se sustenta la actividad policial.
99. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la antijuridicidad material de la falta
exige, además de la afectación del deber funcional, que no medie justificación
alguna para sustentar la actuación u omisión. En este estadio del análisis, la Sala
llama la atención en que, a juicio del apelante, se debió analizar la causal de
exclusión de la responsabilidad disciplinaria contemplada en el artículo 41, numeral
6º, de la Ley 1015 de 2006, consistente en desplegar la conducta “ con la convicción
errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria ”, este es, el denominado
error de prohibición. Como se observa, la causal en cita exige la concurrencia de
dos (2) elementos: (i) que exista un convencimiento errado y (ii) que el error sea
invencible, los cuales han sido explicados por esta Sección61 así: “el primero de los
eventos citados se materializa cuando el disciplinado actúa con la total y sincera creencia de que lo
hace conforme lo señala el ordenamiento jurídico, esto es, su proceder lo efectuó de buena fe. El
segundo ítem hace alusión a que el error sea invencible, lo que quiere significar que no era
humanamente superable en consideración a las condiciones personales del servidor público y las
circunstancias en las que se ejecutó la conducta. En palabras de esta subsección el error es
invencible cuando su entidad sea tal que sea imposible salir de la equivocación62”.
100. Para la Sala, no le asiste razón al recurrente al insistir en la causal de exclusión
de responsabilidad invocada, habida cuenta que, por la formación como miembro
de la Policía Nacional, y por la experiencia adquirida en el cumplimiento de sus
funciones como patrullero, el señor Silva Tunjano conocía el procedimiento a seguir
en caso de pérdida o hurto de armas de fuego, del cual fue incluso advertido cuando
se acercó a una de las instalaciones de la brigada. Por tanto, es inaceptable que el
demandante alegue que actuó bajo la convicción errada e invencible de no estar
cometiendo una falta, pues, era consciente del procedimiento a adelantar y, aun así,
decidió sustraerse de su cumplimiento, sin que le sea dable excusarse en que “el
arma no estaba perdida o que ya había sido recuperada”, toda vez que, la naturaleza de su
cargo y de sus funciones le imponían el deber de salvaguardar la observancia de la
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 23 de marzo
de 2017, C.P. William Hernández Gómez, Rad. No. 1001-03-25-000-2011-00519-00(2009-11).
62
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Alfonso
Vargas Rincón. Bogotá, D.C.16 de julio de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00680- 00(2622-11). Actor: Alba Leticia
Chaves Jiménez. Demandado: Procuraduría Regional del Valle del Cauca
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ley, incluso si de ella se derivaban consecuencias patrimoniales adversas.
2.5.3.3. Culpabilidad.
101. El artículo 13 de la Ley 734 de 2002 preceptúa: “ en materia disciplinaria queda
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o
culpa”. La Sala recuerda que, es en el análisis de la culpabilidad, en el que se valora
el aspecto subjetivo de la conducta63, estadio dentro del cual está proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva, límite que no presupone que, para su
configuración -como dolo, culpa grave y gravísima- se exija la causación de un daño.
102. En el asunto bajo examen, el operador disciplinario determinó que el
disciplinado actuó a título de dolo, es decir, conociendo los hechos constitutivos de
la falta disciplinaria y, aun así, queriendo su realización. A juicio de esta Sala, la
autoridad disciplinaria justificó de manera plena y adecuada la imputación de la
conducta a título de dolo, resaltando que, a pesar de conocer el deber reforzado
que le asistía como uniformado de la institución policial, omitió la atención del deber
contenido en la ley frente a los casos de pérdida o hurto de armas de fuego.
103. Como colofón, la Sala concluye que, la presunción de legalidad de los actos
administrativos enjuiciados permanece incólume, en tanto y en cuanto, no se
acreditó la vulneración del debido proceso o del derecho de defensa y contradicción,
no se probó la inexistencia de tipicidad de la conducta o la ausencia de
antijuridicidad material, ni se demostraron errores en la valoración probatoria.
104. Por último, aunque la parte actora no formuló reparo alguno frente a la condena
en costas que impuso el juez de primer grado “en el equivalente al cuatro por ciento (4%)
de las pretensiones de la demanda (sic)”, la Sala, sin desconocer el principio de la non
reformatio in pejus, revocará la condena en ese aspecto, al no acreditarse una
conducta temeraria o de mala fe de la parte vencida. Al respecto, la Sala resalta
que, al acudir a un juicio de ponderación subjetiva, respecto de la conducta procesal
asumida por las partes y, en especial, del demandante, se evidencia que no
existieron actuaciones irregulares o dilatorias que, premeditadamente, buscaran
entorpecer u obstaculizar el curso normal de las distintas etapas del proceso, por lo
que no se advierten causadas en ninguna de las instancias.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 19 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).
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2.6. Conclusiones.
105. De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la
negativa de las pretensiones, comoquiera que: (i) no se advirtió la vulneración del
debido proceso y del derecho de defensa y contradicción, derivada de la alegada
variación del núcleo fáctico de la indagación preliminar; (ii) no se demostraron
errores en la valoración de las pruebas que fueron incorporadas, con su valor legal,
al proceso; y (iii) se acreditaron los elementos estructurantes de la responsabilidad
disciplinaria, sin evidenciarse causal de exclusión alguna. Sin perjuicio de lo
anterior, se revocará la condena en costas dispuesta por el A-quo.
2.7. Condena en costas.
106. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del seis (6) de mayo de dos mil veintiséis
(2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual, se
negaron las pretensiones de la demanda, salvo el ordinal segundo de la parte
resolutiva que se revoca, relativo a la condena en costas, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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