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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2025-00085-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2025-00085-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 4 de septiembre de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2025-00085-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación nro.: 18001 23 33 000 2025 00085 01
Accionante: ALEXANDER CUÉLLAR BERMEO
Accionado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE FLORENCIA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el proceso en el que
se profirió la providencia cuestionada se encuentra en curso y no se hizo
uso de los mecanismos de defensa que tenía al alcance para cuestionar
lo que se reprocha en sede constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo
de tutela proferido el 4 de septiembre de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá, que declaró improcedente la solicitud de
amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Alexander Cuéllar Bermeo interpuso acción de tutela en contra de la
sentencia proferida el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Florencia dentro del medio de control de nulidad simple identificado con
el radicado núm. 18001-33-33-003-2023-00497-00, y formuló las siguientes
pretensiones1:

“[…] 1. Principal: Que se deje sin efecto la providencia proferida el 27 de
junio de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia – Caquetá,
mediante la cual se declaró la nulidad simple del Decreto 191 de 2023, por
las causales descritas anteriormente y por desconocer derechos
fundamentales, elementos materiales probatorios, precedentes judiciales y
normas que amparan mi estabilidad laboral derivada del mérito, así como
las demás garantías constitucionales menguadas que han conllevado a un
perjuicio irremediable que se ha derivado a partir de la desvinculación de mi
cargo y que se sigue generando por tal decisión.

1 Aparte del escrito tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01
Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

2. Subsidiaria: Que, en caso de no acceder a lo anterior, se ordene mi
vinculación como tercera interesada en el proceso, reconociendo que
solicité tal vinculación dentro del término legal y antes del vencimiento del
plazo para apelar, sin que se resolviera mi petición, concediéndome el
término de ley para interponer recurso de apelación.

3. Ordenar al juzgado tercero administrativo de Florencia adoptar las
medidas necesarias para reparar el daño causado.

4. Ordenar al juzgado tercero administrativo de Florencia que profiera una
nueva sentencia con base en la valoración correcta de los hechos y pruebas
[…]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, mediante el Decreto nro. 191 de 2023, la alcaldía
municipal de San Vicente del Caguán (Caquetá) creó varios empleos dentro de la
planta de personal de la administración de dicho municipio.

Señaló que, por medio del Decreto nro. 226 del 26 de diciembre de 2023, fue
nombrado en provisionalidad en el cargo de profesional universitario código 219
grado 1, creado mediante el precitado Decreto nro. 191 de 2023.

Manifestó que el 27 de junio de 2025, en el proceso de nulidad identificado con el
radicado nro. 18001-33-33-003-2023-00497-00, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Florencia profirió sentencia mediante la cual declaró la nulidad del
Decreto nro. 191 de 2023.

Aseguró que “tales supuestas irregularidades puestas de presente en la
mencionada demanda de nulidad simple ya habían sido analizadas y descartadas
por el Tribunal Administrativo del Caquetá en sede de una demanda de nulidad
electoral, donde se concluyó que el Decreto 191 de 2023 se ajustaba a la legalidad
y se amparó a los funcionarios en sus cargos”2.

Anotó que “la sentencia de nulidad simple no fue notificada a mi persona, ni fui
vinculado al proceso, a pesar de ser una de las directamente afectadas por sus
efectos, impidiéndome ejercer el derecho de defensa y contradicción, así como la
posibilidad de interponer recurso de apelación. Al respecto, cabe mencionar que
antes del vencimiento del término para apelar, a través de apoderada presenté
solicitud de vinculación como tercera interesada, acreditando por medio de soportes
documentales tal condición; sin embargo, el juzgado guardó silencio y,
posteriormente, expidió constancia de ejecutoria, dejando en firme la sentencia”3.

2 Aparte del escrito tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00.
3 Ibidem.

2

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Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

Resaltó que “la demanda de nulidad simple únicamente tenía como pretensión la
nulidad del acto administrativo general (Decreto 191 de 2023), mas no de los actos
administrativos individuales de nombramiento, que gozan de presunción de
legalidad conforme al artículo 88 del CPACA. Sin embargo, en la práctica, la
decisión ha provocado la desvinculación automática de todos los ocupantes de
dichos cargos, aspecto que genera gran contrariedad, máxime cuando por parte del
Tribunal Administrativo del Caquetá, ya se había emitido sentencias que declararon
la legalidad de los cargos creados, las cuales, si bien fueron dictadas en sede de
nulidad electoral, el análisis versó sobre hechos sustancialmente idénticos y sobre
las mismas supuestas irregularidades que fueron alegadas en la demanda de
nulidad simple, por lo que ignorar tal precedente judicial no solo desconoce el
principio de igualdad y la seguridad jurídica, sino que configura un defecto por
desconocimiento del precedente, en la medida en que priva de efectos a una
decisión judicial previa, firme y vinculante para casos con identidad fáctica y jurídica
como el presente”4.

Indicó que el 24 de julio de 2025 la administración municipal expidió el Decreto nro.
089 por el cual dio por terminado su nombramiento en provisionalidad y fue retirado
del cargo.

El accionante alegó que, como consecuencia de la providencia cuestionada, se ha
visto afectada su situación económica y familiar comoquiera que fue desvinculado
del cargo “sin permitirme ningún tipo de recurso”, y actualmente (i) tiene una
obligación económica con una entidad financiera en virtud de un crédito de libre
inversión que adquirió en noviembre de 2024 por valor inicial de $43.813.454; (ii) su
hija de 19 años que estudia en la Universidad de la Amazonía depende
económicamente de él; (iii) su hijo de 27 años se encuentra recluido en una
fundación de rehabilitación para personas con trastornos mentales y problemas de
consumo de sustancias psicoactivas, quien también depende económicamente de
él; (iv) debe asumir los gastos de arriendo y servicios públicos de su residencia; y
(v) su esposa, quien también depende de él económicamente, tiene controles
médicos en una ciudad diferente en la que residen.

Expuso que “la pérdida de mi empleo y la incertidumbre laboral han generado en mí
altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, pues el hecho de no poder cubrir mis
obligaciones dinerarias, y familiares, generan en mí una gran preocupación y
desespero, que también está afectando mi salud física, mental y emocional”5.

Precisó que “aunque el retiro del cargo ya se ejecutó, los perjuicios se mantienen y
se agravan cada día, afectando de manera directa mi derecho fundamental al
trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la salud”6.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

3

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Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

Posteriormente, en el acápite del escrito de tutela denominado “DEFECTOS EN LA
PROVIDENCIA JUDICIAL”, adujo que en la sentencia acusada se incurrió en un
defecto fáctico, en un error inducido, en un desconocimiento del precedente, en un
defecto sustantivo, en un defecto procedimental por omisión, y en una violación
directa de la Constitución.

En cuanto al defecto fáctico, aseveró que la autoridad judicial accionada fundamentó
su decisión en pruebas inexistentes o desvirtuadas por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, ignorando el acervo probatorio que demostraba la legalidad del acto
administrativo demandado.

Agregó que “la sentencia cuestionada incurre en un defecto fáctico, al haberse
valorado de manera incompleta el acervo probatorio, acogiendo de manera acrítica
los argumentos y documentos aportados por la parte demandante, mientras que se
omitió tener en cuenta pruebas esenciales que ya habían sido aportadas y valoradas
en sede de nulidad electoral por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro de
procesos que resolvieron sobre los mismos cargos y los mismos supuestos hechos
de ilegalidad”7.

Sobre el error inducido, explicó que el fallo cuestionado incurrió en dicho defecto
“en la medida en que la administración municipal - parte demandada en el proceso
de nulidad simple - no desplegó una defensa técnica adecuada ni aportó al proceso
las pruebas con las que contaba y que habían sido previamente validadas por el
Tribunal Administrativo del Caquetá en sede de nulidad electoral. Amén de lo
anterior, es evidente que el municipio desconoció su obligación como sujeto
procesal pues no sustentó una defensa técnica con elementos mediante los cuales
se verificara la realidad del proceso de creación de cargos, por el contrario no se
opuso a lo planteado en el escrito de demanda e incluso coadyuvó las pretensiones
de la misma y ratificó tal posición de no defender el decreto 191 de 2023 por
presentar supuestos vicios de legalidad e inconstitucionalidad, cuando contaban
con acervo probatorio para demostrar lo contrario”8.

Sostuvo que “el error no surgió de la decisión arbitraria del titular del juzgado tercero
administrativo de Florencia, sino de la actuación amañada de las partes en este
caso del señor Adolfo Osorio Gaspar y el municipio de San Vicente del Caguán que,
de manera irregular, presentaron información o argumentos que llevaron al juez a
tomar una decisión equivocada, pues presentaron pruebas sin validez que el juez
quizá sin mala fe considero (sic) válidas”9.

Frente al desconocimiento del precedente afirmó que la autoridad judicial accionada
“desatendió el fallo del Tribunal Administrativo del Caquetá que resolvió sobre los

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.

4

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Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01
Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

mismos hechos y pretensiones en la demanda de nulidad electoral, decisión de
superior jerarquía funcional”10.

En lo que respecta al defecto sustantivo, argumentó que el juzgado accionado
“anuló un acto general sin demandar ni estudiar la legalidad de los actos particulares
de nombramiento, implicándose el art. 88 del CPACA (presunción de legalidad)”11.

Manifestó que “en la demanda de nulidad simple de la cual se derivó la sentencia
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, la única pretensión
consistía en obtener la nulidad del Decreto 191 de 2023, mediante el cual la Alcaldía
de San Vicente del Caguán modificó la planta de personal y creó nuevos cargos. No
se incluyó pretensión alguna orientada a controvertir los actos individuales de
nombramiento expedidos en desarrollo de ese decreto, ni se vinculó como parte o
tercero a los servidores que hoy se ven directamente afectados por la sentencia”12.

Subrayó que “la extensión de los efectos de la sentencia de nulidad simple a los
actos individuales de nombramiento constituye una actuación desproporcionada y
contraria al principio de legalidad, al debido proceso y a la cosa juzgada. Cada uno
de estos nombramientos constituye un acto administrativo autónomo, que genera
una situación jurídica individual y concreta, y cuya legalidad debía ser discutida en
procesos judiciales independientes, si así se estimaba necesario, con plena
garantía del derecho de defensa de los vinculados. Más aún, en el caso concreto,
estos nombramientos ya fueron objeto de control judicial por parte del Tribunal
Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de nulidad electoral, donde se
desestimaron las mismas supuestas irregularidades alegadas y se confirmó la
legalidad del decreto y de los cargos. Por tanto, resulta incompatible que una acción
de nulidad simple que no tenía como finalidad anular dichos actos individuales sirva
como fundamento para su desvinculación, cuando además existe un
pronunciamiento previo favorable que amparó los derechos de los mismos
funcionarios”13.

Ahora, en cuanto a la configuración del defecto procedimental por omisión, anotó
que en el proceso ordinario objeto de debate no se vinculó a los directamente
afectados por la decisión.

Aclaró que “si bien la acción de nulidad simple es de carácter público, ello no
exonera al juez de garantizar la participación de quienes ostentan un interés directo
y cierto en el resultado del proceso, más aún cuando la decisión impacta de forma
concreta y grave una situación jurídica individual, como lo es la permanencia en un
empleo público legalmente conferido”14.

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.

5

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Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01
Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

Finalmente, sobre la violación directa de la Constitución, alegó que en la sentencia
cuestionada se incurrió en dicho defecto al desconocer, de manera abierta lo
dispuesto en los artículos 13, 25 29, y 53 de la Carta Política, relacionados con el
derecho a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, el derecho al debido
proceso y la estabilidad laboral reforzada.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 20 de agosto de 202515 a través del aplicativo de
recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió
por reparto al despacho 04 del Tribunal Administrativo del Caquetá que, por auto
del 2 de septiembre de 202516 la admitió, y dispuso notificar17 al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Florencia, como parte accionada; así como vincular18
al municipio de San Vicente del Caguán y al señor Adolfo Osorio Gaspar, como
terceros interesados en el resultado del proceso.

3.2. El titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia rindió
informe19 en el que señaló que el accionante no se encuentra legitimado para
promover la presente acción de tutela, en razón a que no hizo parte del proceso de
nulidad objeto de debate.

Aseguró que el despacho desconocía la vinculación del accionante a la planta de
personal del municipio de San Vicente del Caguán y que dicha situación solo se
puso de presente por escrito después de proferida la sentencia de primera instancia.

Precisó que “con relación a la existencia de un medio de control electoral, tramitado
ante ustedes, debo manifestar que tampoco fue conocido dentro del proceso de
nulidad a cargo del juzgado tercero administrativo, además debo decir que la
accionante realiza una apreciación que no se acompasa a la realidad procesal,
teniendo en cuenta que, en la actuación surtida ante el Tribunal, nunca se cuestionó
la legalidad del Decreto 191 de 2023”.

A su turno, frente a la presunta omisión por falta de vinculación de terceros con
interés directo en el proceso ordinario, expuso que “esta judicatura tuvo la
oportunidad de referirse el pasado 26 de agosto, por lo tanto, me remito a las

15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 23 33 000 2025 00085 00.
16 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 23 33 000 2025 00085 00.
17 Esta orden se cumplió el 2 de septiembre de 2025. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica

para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001 23 33 000 2025 00085 00.
18 Ibidem.
19 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 23 33 000 2025 00085 00.
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Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01
Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

argumentaciones expresadas en esa oportunidad, resaltando que no los solicitantes
no eran terceros con interés directo, sino coadyuvantes, siendo extemporánea la
solicitud de reconocimiento”.

Finalmente, anotó que “no se observan vicios o vulneraciones a derechos
fundamentales de la (sic) tutelante y, por ende, las pretensiones no están llamadas
a prosperar. Ahora es importante resaltar que la legalidad del acto administrativo de
insubsistencia o desvinculación de la tutelante es susceptible de ser enjuiciado
mediante la nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo al que podrá acudir
y además solicitar medidas cautelares, siendo el mecanismo idóneo para que se
estudien sus pretensiones, haciendo improcedente esta acción constitucional”.

3.3. El alcalde del municipio de San Vicente del Caguán allegó escrito20 en el que
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

Explicó que “el proceso de nulidad electoral no guarda relación con el proceso de
nulidad simple ya que, en la nulidad electoral el tribunal lo que sí evaluó es que, los
nombramientos se hicieran conforme a la Ley y a lo que establece la Función
Pública en relación al derecho preferencial que tienen los empleados de carrera
administrativa hacer (sic) encargados en empleos que se encuentran en vacante
definitiva o temporal, a diferencia lo que hizo el juzgado en el proceso de nulidad
simple, que se analizó los requisitos y presupuestos exigidos por la Ley para crear
cargos y modificar la planta de personal de cualquier entidad pública”.

Resaltó que la administración municipal no tiene injerencia en las actuaciones y/o
decisiones del juzgado accionado; sin embargo, sostuvo que la sentencia
cuestionada en esta sede constitucional se profirió acorde con la normatividad
vigente para el caso en concreto.

3.4. La Procuradora 25 Judicial II para asuntos administrativos allegó escrito21 en el
que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo.

Argumentó que el señor Alexander Cuéllar Bermeo tiene a su alcance el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar el Decreto 089 del
24 de julio de 2025, por medio del cual se dio por terminado su nombramiento en
provisionalidad en la Alcaldía de San Vicente del Caguán.

Advirtió que la acción de tutela es un mecanismo constitucional excepcional y
subsidiario, que no puede utilizarse para reclamar derechos que pueden ser
solicitados por otro medio de defensa.

20 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 23 33 000 2025 00085 00.
21 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 23 33 000 2025 00085 00.
7

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Radicación: 18001 23 33 000 2025 00085 01
Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

Agregó que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
le impida acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa para demandar el
acto administrativo que dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el
municipio de San Vicente del Caguán.

Por último, indicó que “(…) en el expediente adelantado por el Juzgado
Administrativo accionado se evidencia que se expidió el Aviso del 22 de abril de
2024, que fue publicado en la página web de la rama judicial, sitio del Juzgado
Tercero Administrativo de Florencia (…). En dicho Aviso se informó a la comunidad
en general sobre el auto admisorio de la demanda del 11 de abril de 2024, que
admitió el medio de control de nulidad promovido por Adolfo Osorio Gaspar contra
el Municipio de San Vicente del Caguán, que pretende la declaratoria de nulidad del
decreto municipal No. 191 de 22 de noviembre de 2023, publicado el 14 de
diciembre de 2023, en la página web de la Alcaldía Municipal de San Vicente del
Caguán (…). Así las cosas, se garantizó el principio de publicidad y contradicción
para que cualquier persona que se considerara con derecho pudiera intervenir para
reclamar y hacer valer sus derechos en el medio de control de nulidad del acto
administrativo que creó unos empleos en la planta de personal de la Alcaldía de San
Vicente del Caguán. Sin embargo, la accionante solicitó su vinculación cuando ya
había pasado la oportunidad para ello, puesto que ya se había proferido la sentencia
de primera instancia, y por ende, no le era dable al Juzgado accionado reconocerla
como coadyuvante de la parte accionada para defender la legalidad del acto
acusado, al tenor del artículo 223 del CPACA que estipula que solo desde la
admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial cualquier persona puede
solicitar ser reconocido como coadyuvante de la parte demandante o de la parte
demandada en el proceso (…)”.

3.5. El señor Adolfo Osorio Gaspar guardó silencio.

3.6. Por auto del 4 de septiembre de 202522, la magistrada de conocimiento ordenó
remitir la acción de tutela al despacho 03 del Tribunal Administrativo del Caquetá,
teniendo en cuenta que “se verificó la existencia de otras acciones de tutela
presentadas con identidad de objeto, causa y sujeto pasivo (…). En todas ellas se
discute la presunta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de
la sentencia del 27 de junio de 2025 y de los actos de desvinculación posteriores”.

3.7. Por auto del 4 de septiembre de 2025, la titular del despacho 03 del Tribunal
Administrativo del Caquetá avocó el conocimiento de la presente acción de tutela,
advirtiendo que “no se evidencia la necesidad de acumular las acciones de tutelas
antes descritas, en virtud de lo cual, serán fallas (sic) por separado”.

22 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

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Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia
del 4 de septiembre de 202523, declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de subsidiariedad.

Inicialmente, sostuvo que “el presente caso reviste relevancia constitucional, toda
vez que se encuentra comprometido el respeto por las garantías fundamentales del
debido proceso y el derecho de defensa, particularmente en lo que concierne al
acceso efectivo a la administración de justicia. Esto se evidencia en la omisión de
vincular al señor Alexander Cuéllar Bermeo dentro del proceso de nulidad (…), a
pesar de que en dicho trámite se discutió la legalidad del acto administrativo
mediante el cual se creó el cargo de contador público que ella (sic) desempeñaba
en el Municipio de San Vicente del Caguán”.

Con posterioridad, relató que el 10 de julio de 2025, actuando por conducto de
apoderada, el señor Cuéllar Bermeo solicitó al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Florencia que se le reconociera como tercero con interés directo en el
proceso de nulidad objeto de debate, argumentando que la sentencia proferida en
dicho proceso afectaba de manera directa sus derechos.

Anotó que la mencionada solicitud fue reiterada el 14 y 17 de julio de 2025 y que,
por auto del 26 de agosto de 2025, el juzgado la negó al considerar que se realizó
de forma extemporánea. Agregó que, inconforme con dicha decisión, interpuso
recurso de apelación.

Adujo que “(…) en el presente mecanismo constitucional que no se han agotado
todos los recursos ordinarios, porque está pendiente por resolverse el recurso de
apelación interpuesto, el cual resulta procedente según se desprende del numeral
6° del artículo 243, de la Ley 1437 de 2011 (...). Así las cosas, no se acreditó el
requisito de subsidiariedad que permite acudir a la acción de tutela como
mecanismo definitivo, conforme los lineamientos expuestos por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado (…)”.

Agregó que “en el mismo sentido, resulta improcedente como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, pues su promotor no logró demostrar la
existencia de un perjuicio de tales características, y tampoco del análisis de los
hechos se puede arribar a tal conclusión”.

23 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

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Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó
manifestando lo siguiente24:

I. OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN

Se impugna la decisión por desconocer pruebas esenciales, no acceder a la
protección frente a un perjuicio irremediable evidente y, sobre todo, por
desatender la relevancia constitucional que el mismo Tribunal reconoció en
su providencia.

II. CONTEXTO

Fui nombrado en el cargo de -contador- Profesional Universitario Código 219
Grado 01 en la planta de personal de la Alcaldía de San Vicente del Caguán,
nombramiento efectuado mediante acto administrativo particular y concreto
(Decreto 226 del 26 de diciembre de 2023, por medio del cual se hace un
nombramiento en provisionalidad) que goza de presunción de legalidad
conforme al artículo 88 de la ley 1437 de 2011. Dicha vinculación se
encontraba vigente al momento de la decisión judicial, y mi desvinculación
fue consecuencia directa de dicha sentencia, sin que se hubiera declarado
la nulidad del acto administrativo individual que me nombró, ni se me hubiera
vinculado como parte en el proceso, privándome de la posibilidad de ejercer
mi derecho de defensa y contradicción. En este sentido, la providencia
atacada vulnera de manera grave y actual mis derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital,
por cuanto mi retiro del cargo obedeció a una decisión judicial en la que no
se me brindó la oportunidad de ser parte y que produjo efectos directos
sobre mi situación laboral y personal. Cabe destacar, que mi nombramiento
con antelación fue demandado en sede de nulidad electoral y el Tribunal
Administrativo del Caquetá declaró su legalidad, mediante sentencia
ejecutoriada.

No obstante, con ocasión de la nulidad del acto general Decreto 191 de
2023, la administración procedió a desvincularme automáticamente, como
si la nulidad del acto general arrastrara mi nombramiento individual.

(…)

III. SOBRE EL PERJUICIO IRREMEDIABLE

El Tribunal dispuso en su decisión que no se acreditaba perjuicio
irremediable. Sin embargo, fui desvinculada (sic) de mi cargo sin que mi
nombramiento particular hubiera sido anulado

Así mismo, el perjuicio irremediable en el presente caso no solo se configura,
sino que se mantiene en curso, toda vez que la desvinculación de mi
actividad laboral ha generado:

1. Pérdida inmediata de mi fuente de ingresos, siendo este el único sustento
de mi núcleo familiar.

24 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 23 33 000 2025 00085 00.
10

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Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

2. Afectación al mínimo vital, toda vez que dependo de mi salario para cubrir
necesidades básicas, así como créditos de alto monto que hoy no puede
solventar.

3. Graves consecuencias en la salud emocional y psicológica.

4. Impacto en la estabilidad familiar y social, dado que soy la persona que
sostiene en su totalidad mi núcleo familiar, con dos hijos a cargo por las
manifestaciones hechas en el escrito de tutela inicial, así como de mi esposa
quien se encuentra en un difícil estado de salud.

Cabe resaltar, que, junto con el escrito de tutela inicial, se acreditaron
deudas con entidades financieras y afectaciones en la salud psicológica y
física, así como aspectos de índole familiar.

El perjuicio es actual, grave y continúa en curso, por lo que se configura
plenamente la necesidad de protección inmediata.

IV. SOBRE LA SUBSIDIARIEDAD Y LA RESPUESTA EXTEMPORÁNEA
DEL JUZGADO

El fallo impugnado, declaró la figura de la improcedencia del amparo con
fundamento en la subsidiariedad, señalando que ya existía en curso un
recurso de apelación frente a la negativa del Juzgado Tercero Administrativo
de Florencia de reconocer mi vinculación como tercero interesado.

Sin embargo, esta conclusión no resulta viable y desconoce la realidad
procesal:

1. La petición de vinculación fue presentada antes de la ejecutoria de la
sentencia de nulidad simple.

2. El Juzgado Tercero guardó silencio y solo contestó la solicitud de manera
extemporánea, cuando ya había sido radicada la acción de tutela ante el
Tribunal.

3. El recurso de apelación que hoy se encuentra en curso se interpuso en
contra de esa respuesta tardía, es decir, surgió en simultáneo con el trámite
de la tutela, pero no existía ni estaba disponible como mecanismo al
momento de presentar la acción de tutela.

Por lo tanto, no es válido alegar la existencia de un medio alternativo de
defensa judicial. En palabras más claras: cuando se presentó la tutela no
existía otro mecanismo de defensa, porque el Juzgado no había respondido
la solicitud. La respuesta tardía y el recurso posterior no pueden ahora
esgrimirse como excusa para negar la tutela, máxime cuando la dilación en
contestar fue responsabilidad exclusiva del juzgado y no de los accionantes.

Más grave aún, esta interpretación errónea se traduce en otra carga
adicional impuesta a los accionantes, quienes se ven forzados a soportar los
efectos de una desvinculación injusta y sin defensa, prolongando la
vulneración de sus derechos constitucionales. Resulta contradictorio que, a
pesar de que el propio Tribunal reconoció expresamente la relevancia
constitucional del caso, haya preferido escudarse en un argumento formal
para declarar la improcedencia, en lugar de estudiar de fondo la grave
afectación de derechos fundamentales expuesta.

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El hecho de que el mecanismo surgiera en el curso de la acción
constitucional no desvirtúa la vulneración alegada ni convierte en
improcedente la tutela. Por el contrario, demuestra la urgencia y necesidad
del amparo, pues la omisión inicial del juzgado dejó a los accionantes en un
estado de absoluta indefensión que la acción de tutela debía reparar de
manera inmediata.

V. CARGA DESPROPORCIONADA

(…)

En el presente caso se vulneraron de manera grave mis derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, en razón a que nunca fui
vinculado como parte dentro de la acción de nulidad simple que dio origen a
la sentencia utilizada por el Municipio para dar por terminada mi vinculación
laboral.

Es importante precisar que la solicitud que presenté, y a la cual hace
referencia el salvamento de voto (…), no tuvo como finalidad intervenir como
coadyuvante, puesto que esa figura resultaba improcedente al haberse
proferido ya la sentencia de primera instancia.

Lo que realmente pretendía con dicha solicitud era que se me reconociera
como persona con interés en el proceso (art. 172 CPACA), a fin de que se
me notificara formalmente la sentencia y se dispusiera el término legal y
completo de 10 días para interponer el recurso de apelación (art. 199
CPACA), pues téngase en cuenta, que cuando me enteré de la existencia
de proceso de nulidad simple, fue al momento en que se expidió la sentencia
que nulitaba el acto administrativo que creó los uno de los cargos por mi
desarrollado, ello, faltando tres días para vencer el término legal para ejercer
los recursos de ley, aspecto el cual mediante el petitorio se solicitó no solo
se me reconociera como interesado directo dentro del proceso, sino que se
me concediera el término completo para poder ejercer la apelación
correspondiente, sin que pudiera hacerse en otro momento, pues tal y como
se ha venido explicando, ni fui vinculada (sic), ni notificada (sic), pese a que
la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, siendo parte, omitió
establecerlo.

(…)

VI. SOBRE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LA OMISIÓN DEL
TRIBUNAL Y EL SALVAMENTO DE VOTO

El mismo Tribunal reconoció que el caso revestía relevancia constitucional
al encontrarse comprometidos los derechos al debido proceso, defensa y
acceso a la justicia. Sin embargo, de manera contradictoria, concluyó
declarando la improcedencia de la acción.

Resulta inaceptable que, reconociendo la existencia de un problema
constitucional, se haya optado por declarar el amparo bajo el pretexto de
ausencia de perjuicio irremediable, cuando en realidad se probó que:

• Los nombramientos individuales nunca fueron anulados.
• Los accionantes fuimos desvinculados masivamente sin defensa alguna.
• Existen afectaciones económicas, familiares, psicológicas y de salud que
configuran perjuicio irremediable.

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El salvamento de voto dejó claro que sí existía vulneración de derechos
fundamentales y que el amparo debió prosperar. Incluso advirtió que la
omisión de la Alcaldía de defender sus propios actos y aportar pruebas en
su poder podría derivar en responsabilidad disciplinaria.

Ese voto disidente refleja con precisión la esencia de la tutela: proteger de
manera inmediata los derechos fundamentales. Ignorarlo fue un grave error
del Tribunal.

(…)

VII. PETICIONES

Por lo expuesto, respetuosamente solicito:

1. REVOCAR el fallo impugnado y en su lugar CONCEDER el amparo
constitucional a mis derechos fundamentales.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo
de Florencia que declaró la nulidad simple del Decreto 191 de 2023 en lo
que afecta mi nombramiento, y ordenar mi reintegro inmediato al cargo de
Profesional Universitario que venía desarrollando.

3. Disponer que la administración municipal se abstenga de afectar mi
estabilidad laboral mientras no exista decisión judicial que anule mi
nombramiento individual.

4. En caso de comprobarse negligencia y omisión probatoria de la Alcaldía,
remitir copias a la Procuraduría y entes competentes para las sanciones
disciplinarias a que haya lugar […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del
escrito de impugnación).

5.2. Por auto del 19 de septiembre de 2025 se concedió la impugnación25 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 22 de septiembre de 202526.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 27,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de

25 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 23 33 000 2025 00085 00.
26 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 23 33 000 2025 00085 01.
27 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente

la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá
solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes
a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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Accionante: Alexander Cuéllar Bermeo

201528, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 29, así
como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201930, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de
2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución
de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

6.2.1. El señor Adolfo Osorio Gaspar promovió demanda de nulidad en contra del
municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), con el fin que se declarara la
nulidad del Decreto nro. 191 del 22 de noviembre de 2023 “Por medio del cual se
crean unos empleos dentro de la planta de personal de la administración central del
municipio de San Vicente del Caguán y se dictan otras disposiciones”31.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Florencia que, por auto del 11 de abril de 202432 la admitió y dispuso
notificar al municipio de demandado.

6.2.3. El 22 de abril de 2024, la secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Florencia publicó en la página web de la Rama Judicial aviso por el cual
se informó a la comunicad en general sobre el precitado auto dictado el 11 de abril
de 202433.

6.2.4. En sentencia del 27 de junio de 202534, notificada el 2 de julio de 202535, el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Decreto municipal nro. 191 de
fecha 22 de noviembre de 2023 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS
EMPLEOS DENTRO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUÁN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, proferido por el
Despacho del Alcalde del Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá.

28 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
29 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela".
30 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado

el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
31 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 33 33 003 2023 00497 00.
32 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 33 33 003 2023 00497 00.
33 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 33 33 003 2023 00497 00.
34 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 33 33 003 2023 00497 00.
35 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 33 33 003 2023 00497 00.
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SEGUNDO: La presente sentencia surtirá los efectos establecidos en el
artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 […]”. (Mayúsculas y negrillas originales
de la providencia).

6.2.5. Mediante escrito radicado el 10 de julio de 202536, reiterado el 1437 y 1738 de
julio de 2025, el señor Alexander Cuéllar Bermeo y otros ciudadanos, actuando por
conducto de apoderada, solicitaron que “se nos reconozca dentro del presente
proceso como terceros con interés, en los términos del artículo 180 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en razón
a que la sentencia proferida por ese despacho judicial el pasado 27 de junio del año
corriente afecta de manera directa los derechos subjetivos de mis representados,
quienes actualmente desempeñan funciones en los cargos creados o modificados
por el acto administrativo que fue objeto de nulidad en este proceso”.

6.2.6. Por auto del 26 de agosto de 202539, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Florencia en la cual el despacho negó la solicitud presentada al
considerar que no era procedente.

6.2.7. Inconformes con la decisión anterior, la apoderada del señor Cuéllar Bermeo
y de los demás solicitantes, interpuso recurso de apelación, el cual no ha sido
resuelto40.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala considera que debe confirmarse el fallo de tutela de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones que pasan a
explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad
envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en
que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios,

36 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

18001 33 33 003 2023 00497 00.
37 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

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38 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

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39 Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

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40 Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

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y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está
en trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no
constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos
que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario41.

Al respecto, ha precisado que “(…) la acción de tutela no procede de manera directa
cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar
los medios de defensa previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de
derechos fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del
juez constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable (…)”42.

En el asunto bajo examen, el señor Alexander Cuéllar Bermeo cuestiona la
sentencia dictada el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Florencia, en el proceso de nulidad identificado con el radicado nro.
18001-33-33-003-2023-00497-00, que declaró la nulidad del Decreto nro. 191 del
22 de noviembre de 2023, por el cual el municipio de San Vicente del Caguán había
creado unos empleos en la planta de personal de la administración de dicho
municipio. Ello, debido a que, en virtud de dicha declaratoria de nulidad, se dio por
terminado el nombramiento del señor Cuéllar Bermeo en uno de los cargos creados
por el precitado decreto y fue retirado del cargo que desempeñaba en
provisionalidad en el municipio de San Vicente del Caguán.

El accionante reprocha, tanto en el escrito de tutela, como en la impugnación, que
“mi desvinculación fue consecuencia directa de dicha sentencia, sin que se hubiera
declarado la nulidad del acto administrativo individual que me nombró, ni se me
hubiera vinculado como parte en el proceso, privándome de la posibilidad de ejercer
mi derecho de defensa y contradicción”. Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la
acción de tutela deviene improcedente porque el referido proceso se encuentra en
curso.

Al efecto, de la revisión del expediente ordinario en el aplicativo de SAMAI, se
evidenció que, por auto del 26 de agosto de 2025, la autoridad judicial accionada
negó la solicitud de intervención presentada por el señor Alexander Cuéllar Bermeo.
En contra de dicha decisión, se presentó recurso de apelación, el cual se encuentra
pendiente de ser resuelto.

En ese sentido, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo
al proceso judicial para la defensa de los intereses de las partes, pues ello implicaría

41 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
42 Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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que es el juez de tutela y no el juez competente de la causa quien decide sobre la
sustanciación y ritualidad de los procesos.

Adicionalmente, es preciso anotar que la acción de tutela también deviene
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el
accionante tuvo a su disposición el incidente de nulidad por la causal definida en el
numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, que al tenor literal
dispone lo siguiente: “(…) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del
auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las
demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes,
o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier
otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado (…)”.

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134 de la misma
codificación, que señala: “Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las
instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en
ella”. Ello, comoquiera que la parte actora aduce que no hizo parte del proceso de
nulidad en el que se profirió la providencia acusada en esta sede constitucional.

Ahora, en cuanto al perjuicio irremediable, el accionante alegó, tanto en el escrito
de tutela, como en la impugnación, que el perjuicio es actual, grave y continuo,
debido a que la declaratoria de nulidad dictada en la sentencia acusada generó su
desvinculación laboral, lo que afecta (i) su mínimo vital, porque debe solventar
gastos de arriendo, servicios públicos y deudas adquiridas con entidades
financieras; y (ii) la estabilidad de su familia, comoquiera que según aseguró, sus
dos hijos mayores de edad (su hija estudiante y su hijo recluido en un centro de
rehabilitación) y su esposa dependen económicamente de él.

Al respecto, frente a la presunta afectación del mínimo vital del señor Cuéllar
Bermeo, la Sala precisa que la jurisprudencia constitucional ha indicado que le
corresponde al accionante demostrar la vulneración de dicho derecho, señalando
expresamente qué necesidades básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo
basta hacer una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que
dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y contundentes
de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación”43.

Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que para establecer si frente a un
determinado caso se ha vulnerado este derecho fundamental “(…) el juez
constitucional deberá verificar cuáles son aquellas necesidades básicas o gastos
mínimos elementales en cabeza del individuo, indispensables para garantizar la
salvaguarda de su derecho fundamental a la vida digna, y evaluar si la persona está
en capacidad de satisfacerlos por sí mismo, o por medio de sus familiares (…)” 44.

43 Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
44 Corte Constitucional. Sentencia T-678 del 16 de noviembre de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Si bien en este caso el actor adujo que debe cubrir gastos de arriendo, servicios
públicos y deudas adquiridas con entidades financieras, se advierte que estos no
fueron debidamente acreditados con prueba alguna y tampoco advierte la
configuración de un perjuicio irremediable respecto de la afectación de la estabilidad
de su familia.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por no
cumplir con el requisito general de subsidiariedad, por lo que se confirmará el fallo
proferido el 4 de septiembre de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 4 de septiembre de 2025 por
la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, según lo
explicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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