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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2025-00095-01

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2025-00095-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Caquetá-Sala Primera de Decisión, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del señor Ovidio Aza Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MANTENER la orden impartida en la sentencia de primera instancia, en el sentido de que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia inicie el trámite del incidente de desacato, como mecanismo idóneo para verificar el cumplimiento material y completo de la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2025, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo del derecho sustancial debatido. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes, intervinientes y al Ministerio Público 21 Radicación: 18001-23-33-000-2025-00095-01 Accionante: Ovidio Aza Rojas Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2025-00095-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN NÚMERO: 18001-23-33-000-2025-00095-01
ACCIONANTE: OVIDIO AZA ROJAS
AUTORIDAD: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE FLORENCIA
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA TUTELA–Procedencia excepcional cuando la actuación posterior desconoce, vacía o impide la
ejecución de la orden constitucional previamente impartida. INCIDENTE DE DESACATO–Finalidad de garantizar el
cumplimiento material del fallo y no reabrir debate constitucional. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA–
Operatividad condicionada a la existencia de decisión dentro del trámite incidental. CUMPLIMIENTO DE FALLO DE
TUTELA–Requisitos materiales y no meramente formales. DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO–Configuración
por omisión del deber de abrir el incidente. PROTECCIÓN JUDICIAL EFECTIVA–Impone al juez el deber de adoptar
medidas que aseguren la materialización del amparo. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA–Desconocimiento cuando el juez
de instancia respalda un cumplimiento solo aparente.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Florencia contra el fallo proferido el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá-Sala Primera de Decisión, que amparó los derechos
fundamentales del accionante Ovidio Aza Rojas y ordenó iniciar el trámite del incidente
de desacato dentro del expediente de tutela radicado 18001-33-33-002-2025-00133-00.

I. ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 19 de septiembre de 2025 el señor Ovidio Aza Rojas formuló acción de tutela, en
nombre propio, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
que estimó vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia
con ocasión del auto del 18 de septiembre de 2025, mediante el cual se rechazó el
recurso de queja interpuesto dentro del trámite del incidente de desacato promovido
contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL, decisión que, a su juicio,
consolidó la afectación constitucional alegada, sin perjuicio de los reproches formulados

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Accionante: Ovidio Aza Rojas
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frente a los autos del 15 y 8 de septiembre del mismo año, los cuales fueron presentados
como antecedentes del referido bloque decisorio.

En virtud del amparo, solicitó textualmente:

«PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, vulnerados por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS en su totalidad el auto proferido
el 18 de septiembre de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia,
dentro del radicado de tutela 18001-33-33-002-2025-00133-01.

TERCERO: ORDENAR al Juez Segundo Administrativo de Florencia que, en el
término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a
conceder el recurso de impugnación interpuesto el 09 de septiembre de 2025 y, en
consecuencia, remita inmediatamente el expediente del incidente de desacato al
Honorable Tribunal Administrativo del Caquetá para que se surta el trámite de
segunda instancia.

COMO MEDIDA CAUTELAR PROVISIONAL: Solicito que, con base en el artículo
7 del Decreto 2591 de 1991, y ante la evidente vulneración y el perjuicio
irremediable que se me está causando, se decrete como medida provisional
ORDENAR LA SUSPENSIÓN INMEDIATA de los efectos del auto del 18 de
septiembre de 2025, mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela.
Esta medida es procedente por el perjuicio inminente a mi mínimo vital, conforme
a la Sentencia T-173 de 2024, que autoriza suspensiones en casos de vulneración
continuada».

2. Hechos relevantes

El señor Ovidio Aza Rojas promovió una primera acción de tutela contra la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares-CREMIL, al considerar vulnerados sus derechos al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la confianza legítima. En el marco de ese
trámite, expuso que la entidad había expedido la Resolución 6389 del 2 de julio de 2025,
mediante la cual reconoció su asignación de retiro con base en un tiempo de servicio que
no incluía el periodo en el que permaneció privado de la libertad ni el subsidio familiar
para su hija menor de edad. El accionante señaló que esa decisión afectó de manera
directa su mínimo vital y el de su núcleo familiar, dado que la prestación económica de
retiro constituía su única fuente de ingresos.

Tras la interposición del recurso de reposición, el 15 de julio de 2025 la CREMIL profirió
la Resolución 6608, mediante la cual revocó en su totalidad el reconocimiento
prestacional previamente otorgado, situación que agravó la afectación alegada por el
accionante. El 17 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Florencia resolvió en primera instancia esa tutela y declaró su improcedencia por

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considerar que existían mecanismos judiciales ordinarios idóneos y que no se acreditó
un perjuicio irremediable.

El accionante impugnó esa decisión y el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante
sentencia del 13 de agosto de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar
amparó los derechos fundamentales de defensa, debido proceso y el principio de la non
reformatio in pejus. En esa providencia, la Sala Segunda de Decisión suspendió los
efectos de la Resolución 6608 del 15 de julio de 2025, por medio de la cual se resolvió el
recurso de reposición presentado contra la Resolución 6389 del 2 de julio de 2025, y
concedió el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, con
vigencia limitada al término previsto para la interposición y decisión del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin modificar los términos de caducidad
legalmente establecidos.

En desarrollo de esa orden, la CREMIL expidió la Resolución 7669 del 28 de agosto de
2025, que presentó como acto de cumplimiento del fallo. El accionante informó que ese
acto reiteró los argumentos previamente cuestionados y no materializó las órdenes
impartidas por el Tribunal, por lo cual consideró que la entidad había desconocido el
alcance de la sentencia de tutela.

Ante la presunta inobservancia de la orden judicial, el señor Ovidio Aza Rojas solicitó la
apertura de un incidente de desacato ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Florencia. El 8 de septiembre de 2025, esa autoridad judicial profirió auto en el que se
abstuvo de iniciar dicho trámite al considerar cumplida la sentencia con base en la
Resolución 7669 del 28 de agosto de 2025. Contra esa decisión, el accionante interpuso
recurso de impugnación el 9 de septiembre de 2025; sin embargo, el 15 de septiembre,
el juzgado rechazó su trámite con fundamento en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Posteriormente, el señor Ovidio Aza Rojas presentó recurso de queja para que el Tribunal
Administrativo del Caquetá revisara la negativa de conceder la impugnación. El 18 de
septiembre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo profirió auto mediante el cual
rechazó el recurso y negó la remisión del expediente al superior jerárquico, cerrando toda
posibilidad de control jurisdiccional sobre la negativa a iniciar el incidente de desacato.
Esa providencia fue identificada por el actor como vía de hecho judicial y constituyó el
acto directamente cuestionado mediante la presente acción de tutela.

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3. Fundamentos de la acción

El accionante sostuvo que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia
vulneró sus derechos fundamentales al proferir el auto del 18 de septiembre de 2025
mediante el cual rechazó el recurso de queja que interpuso contra la negativa de
conceder la impugnación, decidida a través del auto del 15 de septiembre de 2025,
formulada frente al auto del 8 de septiembre del mismo año, por medio del cual el
despacho se abstuvo de iniciar el incidente de desacato promovido en el marco del
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá el 13 de agosto de 2025. Indicó que dicha providencia constituyó el acto
definitivo que, a su juicio, consolidó la afectación constitucional alegada, mientras que las
decisiones previas operaron como antecedentes dentro de un mismo bloque decisorio.

Afirmó que la decisión del 18 de septiembre de 2025 configuró una vía de hecho judicial,
en la medida en que cerró toda posibilidad de que el superior funcional examinara la
actuación del juzgado, pese a que, según sostuvo, persistía un incumplimiento de la
orden impartida por el Tribunal Administrativo del Caquetá. Señaló que la autoridad
judicial accionada aplicó de manera estricta el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, sin
atender la jurisprudencia constitucional que, en su criterio, habilitaba el control
constitucional excepcional cuando las decisiones adoptadas en el trámite de desacato
afectaban la eficacia del amparo previamente concedido.

Adujo que la providencia del 18 de septiembre de 2025 incurrió en defecto procedimental,
al impedir cualquier revisión de la decisión adoptada el 8 de septiembre de 2025,
mediante la negativa a conceder la impugnación decidida por auto del 15 de septiembre
de 2025, sin efectuar —según afirmó— un análisis sobre si la actuación administrativa
desplegada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares cumplió de manera material y
sustancial la sentencia de tutela. Indicó que la negativa a conceder la impugnación y el
posterior rechazo del recurso de queja se adoptaron sin examinar el alcance de la orden
constitucional ni justificar la improcedencia de un control por parte del superior funcional
frente a una decisión que, a su juicio, comprometía la efectividad del fallo.

Sostuvo, además, que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, al
abstenerse de valorar la presunta inobservancia de la orden judicial emitida en su favor
y al no examinar de fondo si la respuesta presentada por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares se ajustó a lo decidido por el juez constitucional, lo cual —según indicó—

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permitió la subsistencia de un acto administrativo que consideró contrario al amparo
concedido.

Finalmente, manifestó que la negativa a conceder la impugnación y a tramitar la queja lo
dejó en estado de indefensión, al cerrar cualquier posibilidad de control sobre la actuación
judicial y perpetuar, en su criterio, el incumplimiento de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Caquetá. Expresó que acudió a la acción de tutela ante la inexistencia
de otro mecanismo judicial idóneo para obtener la revisión de la actuación del juzgado y
para evitar que persistiera la afectación derivada de las providencias cuestionadas.

4. Trámite de primera instancia

El 19 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la acción
de tutela y ordenó su notificación tanto a la autoridad judicial accionada como al propio
accionante, por el medio más expedito. Asimismo, dispuso comunicar de inmediato al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, a fin de que, dentro del término
de dos días, rindiera informe acerca de los hechos expuestos en la demanda de tutela y
sobre la existencia de otras acciones relacionadas, conforme lo previsto en el artículo 19
del Decreto 2591 de 1991 y en el inciso tercero del artículo 1 del Decreto 1834 de 2015.
También ordenó tener como pruebas los documentos allegados con la demanda,
correspondientes a la sentencia de segunda instancia del 13 de agosto de 2025 y los
autos del 8 y 15 de septiembre de 2025 emitidos dentro del trámite incidental en
discusión. Por último, negó la medida provisional porque no se acreditó la urgencia ni la
necesidad para ordenar la suspensión del auto del 18 de septiembre de 2025.

En el escrito de contestación, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Florencia
sostuvo que actuó dentro de los límites constitucionales y legales al resolver el trámite
incidental originado por el incumplimiento alegado por el señor Ovidio Aza Rojas. Expuso
que la tutela inicial presentada por el actor contra la CREMIL fue conocida por ese
despacho en primera instancia y declarada improcedente mediante sentencia del 17 de
julio de 2025. Sin embargo, precisó que el Tribunal Administrativo del Caquetá revocó
dicha decisión el 13 de agosto de 2025 y concedió el amparo como mecanismo
transitorio, ordenando exclusivamente la suspensión de los efectos de la Resolución 6608
de 2025 y la emisión de una nueva decisión respecto del recurso de reposición
presentado por el actor. Recalcó que el fallo de segunda instancia no dispuso el

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reconocimiento definitivo de la asignación de retiro, ni ordenó a la CREMIL pronunciarse
sobre el fondo del derecho pensional del accionante.

Frente al trámite del incidente de desacato, el Juzgado explicó que el señor Ovidio Aza
Rojas presentó la solicitud el 29 de agosto de 2025, y que esta fue resuelta mediante
auto del 8 de septiembre de 2025, en el cual se determinó abstenerse de iniciarlo tras
verificarse que la CREMIL había revocado la Resolución 6608 de 2025, tal como lo
ordenó el Tribunal. Señaló que, en su criterio, esa actuación constituía cumplimiento
efectivo del fallo, puesto que restituyó las garantías procesales vulneradas sin resolver
de fondo el derecho prestacional, asunto que corresponde a la jurisdicción contenciosa
mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia,
estimó que no existía motivo para abrir el desacato.

Respecto del rechazo del recurso de impugnación interpuesto contra el auto del 8 de
septiembre de 2025, el despacho indicó que debía aplicar estrictamente el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991, norma que regula el trámite del incidente de desacato y que
establece de manera expresa que las decisiones adoptadas en ese contexto no son
susceptibles de recurso, salvo la consulta obligatoria cuando se impone una sanción.
Como en este caso no se dispuso sanción alguna, concluyó que no podía conceder la
impugnación. Agregó que esta regla ha sido reiterada por la Corte Constitucional en
múltiples pronunciamientos, entre ellos las sentencias T-271 de 2015, C-243 de 1996, T-
553 de 2002, SU-034 de 2018 y T-029 de 2025, las cuales resaltó de manera textual
como respaldo normativo y jurisprudencial de su decisión.

En relación con el rechazo del recurso de queja, el juzgado explicó que el actor pretendía
que el Tribunal Administrativo del Caquetá conociera la negativa de conceder la
impugnación. Sin embargo, sostuvo que, al tratarse de un trámite incidental de desacato,
no existía competencia del superior funcional para revisar decisiones que no imponían
sanción. Afirmó que, de conformidad con la jurisprudencia citada, el grado jurisdiccional
de consulta no configura un recurso y solo opera en caso de sanción, de modo que no
procedía remitir el expediente al Tribunal. Indicó además que, como el proceso de tutela
ya había regresado a su despacho después de surtirse la segunda instancia, conservaba
la competencia para resolver todas las solicitudes relacionadas con el cumplimiento del
fallo, incluida la solicitud de remisión del expediente.

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El Juzgado añadió que no existió vulneración de derechos fundamentales del actor,
puesto que todas sus decisiones estuvieron debidamente motivadas en el marco de las
reglas constitucionales y legales aplicables a los incidentes de desacato. Reiteró que
actuó conforme al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que le atribuye la competencia
para verificar el cumplimiento de la sentencia de tutela inicial, y que no podía crear
recursos inexistentes ni habilitar instancias no previstas por el legislador.

Finalmente, informó que el accionante también promovió una acción de cumplimiento
contra la CREMIL el 8 de julio de 2025, la cual fue rechazada mediante auto del 22 de
julio por ser improcedente al pretender, en realidad, la nulidad de actos administrativos
particulares. Señaló que esa información se allegó para satisfacer la solicitud del Tribunal
sobre la existencia de otras acciones relacionadas.

La Procuraduría 25 Judicial II para Asuntos Administrativos rindió concepto en la
presente acción y expuso que las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Florencia dentro del trámite de desacato debieron ser objeto
de un examen más estricto, en tanto existieron elementos que evidenciaron un posible
desconocimiento del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá el
13 de agosto de 2025. Señaló que la CREMIL expidió la Resolución 7669 del 28 de
agosto de 2025 sin acatar las órdenes impartidas, pues reiteró los mismos argumentos
que ya habían sido calificados como vía de hecho administrativa, lo que mantuvo la
afectación denunciada por el actor. Indicó que el juzgado omitió analizar el contenido real
de ese acto administrativo y concluyó de manera anticipada que existió cumplimiento
efectivo de la sentencia. Agregó que la autoridad judicial no garantizó la contradicción,
debido a que no trasladó al actor la respuesta remitida por la entidad dentro del trámite
de desacato, lo que afectó su derecho de defensa. La Procuraduría sostuvo que el
juzgado desconoció el alcance del fallo de segunda instancia, en el cual se protegió el
principio de non reformatio in pejus, y que la decisión del 8 de septiembre de 2025 incurrió
en defectos fácticos, procedimentales y de interpretación del precedente. En
consecuencia, solicitó conceder el amparo y ordenar la apertura del incidente de
desacato, al considerar que la actuación del despacho judicial vulneró los derechos
fundamentales del señor Ovidio Aza Rojas.

Por su parte, el accionante allegó memoriales los días 22 y 25 de septiembre donde
estructuró una crítica detallada dirigida a demostrar que las actuaciones adoptadas por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia dentro del trámite de

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desacato no fueron fruto de simples errores procesales, sino la manifestación de un
encadenamiento de actos administrativos y judiciales que, en su criterio, desconocieron
deliberadamente la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2025 proferida por la Sala
Segunda del Tribunal Administrativo del Caquetá. El actor insistió en que la autoridad
judicial accionada validó un acto administrativo que consideró abiertamente contrario al
fallo de tutela y adoptó decisiones procesales que cerraron, de forma injustificada, el
acceso al control del superior jerárquico.

En relación con la Resolución 7669 de 2025, el actor afirmó que CREMIL expidió un acto
que reiteró la vía de hecho administrativa declarada en segunda instancia, en tanto
insistió en las razones que habían fundamentado la revocatoria de su asignación de retiro
en la Resolución 6608 de 2025. Señaló que el acto no cumplió la orden de rehacer el
análisis del recurso de reposición y que, por el contrario, reprodujo la interpretación que
ya había sido reprochada por el Tribunal, lo cual configuró un desacato material al fallo
constitucional. Expuso que la entidad desconoció certificaciones oficiales de la Dirección
de Personal del Ejército Nacional que acreditaban un tiempo de servicio mayor al tenido
en cuenta por CREMIL, aspecto que, a su juicio, demostraba que la entidad persistió en
una valoración fáctica inexacta con el propósito de justificar la revocatoria de la
prestación.

Respecto del auto del 8 de septiembre de 2025, por el cual el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia se abstuvo de iniciar el incidente de desacato, el actor afirmó
que el despacho judicial validó de manera automática el acto administrativo expedido por
CREMIL, sin verificar su contenido real ni confrontarlo con el alcance de la sentencia del
Tribunal. Destacó que el juzgado fundamentó su decisión en un informe de cumplimiento
que, según manifestó, no estuvo disponible para su consulta en el sistema, lo que le
impidió ejercer su derecho de contradicción. Sostuvo que esta omisión constituyó un
defecto procedimental que vulneró su derecho de defensa, pues el trámite del desacato
exige agotar la contradicción plena antes de adoptar cualquier determinación.

En lo que concierne al auto del 15 de septiembre de 2025, mediante el cual el juzgado
rechazó la impugnación presentada contra la decisión que negó la apertura del incidente
de desacato, el actor alegó que la autoridad judicial aplicó el artículo 52 del Decreto 2591
de 1991 de manera rígida y literal, desconociendo el precedente constitucional,
especialmente la sentencia SU-034 de 2018, que —según indicó— exige flexibilizar las
formas procesales cuando la actuación judicial afecta la efectividad del amparo. Afirmó

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que el juez tenía la obligación de permitir el control funcional del superior dada la
gravedad de la presunta vía de hecho, por lo que el rechazo de la impugnación configuró
un defecto sustantivo, en tanto excluyó sin justificación una vía de revisión indispensable
para restablecer la legalidad del trámite.

Frente al auto del 18 de septiembre de 2025, mediante el cual el juzgado rechazó la queja
promovida, el señor Ovidio Aza Rojas expuso que esta providencia consolidó la
vulneración de sus derechos fundamentales porque eliminó toda posibilidad de revisión
por parte del Tribunal Administrativo del Caquetá. Señaló que el despacho judicial revivió
un proceso que ya había declarado concluido, debido a un error en la recepción del
expediente por parte de la Secretaría del Tribunal, únicamente para reafirmar la
improcedencia de la queja. Consideró que esta reapertura irregular reveló que el juzgado
intentó impedir que el superior funcional examinara la legalidad de su actuación, por lo
que calificó esta decisión como una vía de hecho judicial deliberada.

Finalmente, en el memorial del 25 de septiembre de 2025, el actor profundizó en la tesis
de la intencionalidad del juez al sostener que su conocimiento previo en materia procesal
—evidenciado por su participación como litigante en un proceso del año 2016 y por su
experiencia en el concurso de méritos de 2021— demostraba que tenía claridad sobre el
alcance del grado jurisdiccional de consulta y sobre la procedencia excepcional del
control del superior en casos de defectos manifiestos. En ese sentido, afirmó que la
conducta del juzgado no podía considerarse un error de interpretación, sino una
actuación consciente que buscó bloquear la tutela judicial efectiva y perpetuar los efectos
de un acto administrativo que él consideró contrario a derecho.

Mediante escrito del 1° de octubre del año en curso, el Tribunal Administrativo del
Caquetá informó que, aunque le correspondía integrar la Sala para decidir de fondo la
acción de tutela promovida por el señor Ovidio Aza Rojas contra el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Florencia, las magistradas Angélica María Hernández
Gutiérrez y Anamaría Lozada Vásquez manifestaron impedimento para conocer del
asunto. Señalaron que ambas integraron la Sala Segunda de Decisión que, el 13 de
agosto de 2025, profirió la sentencia de segunda instancia dentro del proceso 18001-33-
33-002-2025-00133-01, providencia cuya observancia se discute en la presente acción
debido a las actuaciones surtidas en el trámite incidental posterior. Indicaron que esta
circunstancia las ubicó en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, relativa a haber intervenido en la decisión objeto de revisión. En

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consecuencia, la manifestación de impedimento fue declarada fundada y así, separadas
del conocimiento del expediente, con el fin de preservar la imparcialidad judicial. Como
consecuencia del sortero de conjueces se designó a las doctoras Cindy Paulette Noreña
Rojas y Paola Andrea Macias Garzón para resolver el asunto.

Mediante sentencia del 2 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá-
Sala Primera de Decisión amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva y ordenó iniciar el trámite del incidente de desacato con el fin de
verificar el cumplimiento material y completo de la sentencia de tutela proferida el 13 de
agosto de 2025. La autoridad fundamentó la concesión del amparo en que el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Florencia desconoció el alcance real y vinculante
de dicha sentencia, lo cual produjo una vulneración directa de los derechos
fundamentales del accionante.

El Tribunal recordó que la sentencia de amparo había declarado que CREMIL incurrió en
una vía de hecho administrativa al revocar desfavorablemente un derecho particular sin
acudir a la acción de lesividad y al desconocer el principio de non reformatio in pejus; por
tanto, la orden impartida exigía suspender los efectos de la Resolución 6608 de 2025 y
resolver nuevamente el recurso de reposición ajustándose estrictamente al procedimiento
administrativo aplicable y a los límites fijados por el precedente judicial.

En el examen de cumplimiento, la Sala estudió de manera concreta el contenido de la
Resolución 7669 del 28 de agosto de 2025 presentada por CREMIL como supuesto
acatamiento del fallo, y estableció que dicho acto no satisfizo el estándar material exigido
por la sentencia constitucional. Verificó que la entidad negó nuevamente la asignación de
retiro del accionante, esta vez con el argumento de que no cumplió el tiempo legal de
servicios y que la sostenibilidad financiera impedía mantener el reconocimiento. El
Tribunal observó que la entidad reiteró la misma valoración jurídica que ya había sido
declarada irregular en la sentencia de tutela, pues mantuvo la revocatoria del derecho
pensional sin acudir al procedimiento legal de revocatoria directa ni a la acción de
lesividad. Concluyó que la Resolución 7669 no corrigió las irregularidades advertidas en
el fallo, sino que reprodujo las mismas falencias que motivaron el amparo, lo cual
demostró que CREMIL no acató la sentencia en su dimensión sustancial.

A partir de esa valoración, la Sala afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en
un defecto procedimental absoluto al abstenerse de iniciar el incidente de desacato el 8

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de septiembre de 2025. Señaló que el juzgado se limitó a constatar la existencia formal
de la Resolución 7669 sin verificar si esta decisión administrativa se ajustó a los
parámetros fijados en la sentencia de tutela. El Tribunal resaltó que la supervisión del
cumplimiento exigía un análisis estricto del contenido material del acto administrativo,
orientado a establecer si la entidad había reconstruido su decisión dentro del marco de
legalidad y del precedente establecido. Sin embargo, el juzgado omitió dicho examen,
declaró el “cumplimiento efectivo” sin permitir contradicción al accionante y cerró el
trámite de desacato de manera anticipada, lo que desconoció el derecho de defensa y el
principio de contradicción.

La Sala subrayó que el juzgado accionado interpretó de forma equivocada la finalidad del
incidente de desacato, pues asumió que la simple expedición de un nuevo acto
administrativo bastaba para entender cumplido el fallo de tutela, sin atender a la
correspondencia sustancial entre lo ordenado y lo ejecutado. El Tribunal reiteró que el
incidente de desacato no puede reducirse a una verificación documental, sino que exige
evaluar si la entidad obligada ajustó su actuación al precedente y corrigió las infracciones
identificadas. Esta omisión generó una afectación directa a la tutela judicial efectiva, ya
que el cierre anticipado del incidente eliminó el escenario procesal necesario para
garantizar la efectividad de la sentencia constitucional.

Finalmente, el Tribunal concluyó que el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia
desatendió su deber de asegurar el cumplimiento pleno, riguroso y conforme al
precedente de la sentencia de amparo.

El 9 de octubre de 2025, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por intermedio de
apoderado judicial, solicitó la nulidad de la sentencia de tutela del 2 de octubre de 2025
proferida dentro del expediente 18001-23-33-000-2025-00095-00. Señaló que, al ser
notificada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia sobre el inicio
del trámite incidental derivado del fallo, verificó en el sistema SAMAI que la acción de
tutela había sido tramitada y decidida sin vincular a la entidad, pese a ostentar un interés
directo en la decisión y a ser tercero con interés legítimo en el proceso 18001-33-33-002-
2025-00133-00. Indicó que esta omisión impedía el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción y configuraba una irregularidad que vulneró el debido proceso.

La solicitud se fundamentó en el artículo 133 del Código General del Proceso, en
particular en la causal prevista para la falta de notificación del auto admisorio a quienes

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Accionante: Ovidio Aza Rojas
Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia

debían integrar el contradictorio. El apoderado citó jurisprudencia constitucional según la
cual la omisión de vincular a un tercero con interés legítimo en el trámite de tutela
constituye una nulidad que exige retrotraer la actuación para garantizar su derecho de
defensa. Sostuvo que el fallo cuestionado afectó directamente los intereses de CREMIL
sin haberle permitido participar en el trámite constitucional, lo cual hacía nulas las
actuaciones surtidas.

En consecuencia, solicitó declarar la nulidad de la sentencia del 2 de octubre de 2025 y
disponer la integración formal de CREMIL desde la admisión de la acción, con el fin de
restablecer las garantías del debido proceso y del derecho de contradicción.

En la misma fecha anteriormente mencionada, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Florencia impugnó la decisión. Sostuvo que la tutela resultaba improcedente,
pues las decisiones adoptadas dentro de un incidente de desacato no eran susceptibles
de control constitucional, salvo cuando se imponían sanciones, circunstancia que no
ocurrió. Señaló que el auto del 8 de septiembre de 2025 se fundamentó, entre otros
aspectos, en el análisis de la Resolución 7669 del 28 de agosto de 2025, expedida por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante la cual se revocó la Resolución 6608
de 2025 y se resolvió nuevamente el recurso de reposición, lo que, a su juicio, constituyó
un cumplimiento formal de lo ordenado en la sentencia de tutela del 13 de agosto de
2025.

Indicó que la sentencia impugnada desconoció los límites del incidente de desacato, por
cuanto dicho trámite no podía utilizarse para reabrir el debate sobre el derecho sustancial
ni para extender el alcance del amparo más allá de lo expresamente dispuesto en la parte
resolutiva del fallo constitucional. Afirmó que no se configuró defecto procedimental
absoluto, dado que actuó conforme a los parámetros del artículo 52 del Decreto 2591 de
1991, valoró el informe de cumplimiento presentado, notificó a las partes y decidió
abstenerse de iniciar el trámite incidental conforme a derecho. Agregó que la reapertura
del incidente desconoció el principio de seguridad jurídica y la cosa juzgada
constitucional, en la medida en que la decisión del 8 de septiembre de 2025 había sido
adoptada en cumplimiento del fallo de tutela y dentro de los límites de su competencia
funcional.

Finalmente, alegó que CREMIL no fue vinculada al trámite de la tutela a pesar de su
interés directo en la decisión, lo que constituyó una irregularidad adicional. Con

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Accionante: Ovidio Aza Rojas
Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia

fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia del 2 de octubre de 2025,
confirmar la validez y legalidad del auto del 8 de septiembre de 2025, y declarar
improcedente la acción de tutela promovida por el actor.

Mediante auto del 14 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá resolvió
la solicitud de nulidad presentada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares contra la
sentencia de tutela del 2 de octubre de 2025 y decidió sobre la concesión de la
impugnación. La Sala recordó las exigencias legales relativas a la representación judicial
y advirtió que la abogada que presentó la nulidad no allegó poder válido conferido por el
representante legal de la entidad, circunstancia que impedía emitir pronunciamiento de
fondo y obligaba a rechazar la petición. Indicó, además, que aun si se admitiera la
existencia del poder, la nulidad carecía de fundamento, porque la sentencia cuestionada
no impuso orden, carga u obligación alguna a CREMIL ni generó afectación directa,
concreta o actual en su esfera jurídica, por lo que la entidad no contaba con interés
jurídico para controvertirla. Señaló también que la Caja no explicó de manera clara y
específica la supuesta afectación ni acreditó un perjuicio real que habilitara la intervención
conforme al artículo 133 del Código General del Proceso.

En relación con la impugnación presentada por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Florencia, la Sala constató que fue interpuesta dentro del término legal y
dispuso concederla conforme a los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991,
ordenando remitir el expediente al Consejo de Estado para surtir la segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
2 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que amparó
los derechos fundamentales del señor Ovidio Aza Rojas y ordenó iniciar el trámite del
incidente de desacato, frente a la decisión del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Florencia de abstenerse de abrir dicho trámite.

6. Análisis de la sala

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Accionante: Ovidio Aza Rojas
Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera
instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 1 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; y vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela2.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Incidente de desacato

Según el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la persona que incumpliere una orden
judicial proferida por el juez de tutela incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta
de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio
de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción la impondrá la misma autoridad
que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior
jerárquico.

1 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
2 Ibidem.

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Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia

La jurisprudencia constitucional ha precisado que la imposición de la sanción por
desacato requiere la verificación sobre el incumplimiento material de la orden judicial
(factor objetivo) y que el obligado ha sido negligente o renuente a acatar la disposición
del juez (factor subjetivo). Es decir, no es posible presumir la responsabilidad únicamente
con apoyo en la falta de ejecución del fallo de la acción de tutela3.

En esa medida, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el incidente de
desacato debe verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué
término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente existió
incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de ser el caso (v)
cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado dentro del
proceso4.

La finalidad del incidente de desacato no es sancionar al incumplido, sino propender por
el acatamiento de la sentencia, mediante medidas de carácter coercitivo contra quien
deliberadamente se sustrae de hacer efectivas las órdenes judiciales para la protección
de un derecho fundamental.

El estudio del desacato comprende todos los aspectos relacionados con el cumplimiento
de las órdenes del juez, pero no es el escenario para reabrir el debate propio de la
instancia de la acción de tutela5, salvo para modular órdenes complejas que no puedan
ejecutarse inmediatamente o requieran acciones de múltiples personas, de manera
excepcional y sin alterar el contenido esencial del amparo6.

Grado jurisdiccional de consulta

El grado jurisdiccional de consulta constituye un mecanismo de control automático
previsto por el ordenamiento jurídico para garantizar la corrección y juridicidad de
determinadas decisiones judiciales. Su finalidad radica en someter a revisión del superior
funcional aquellas providencias que, por su naturaleza o efectos, requieren la
intervención obligatoria del juez de segundo grado, incluso sin la iniciativa de las partes.

3 Corte Constitucional. Sentencia T-939 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
4 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-034 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
5 Corte Constitucional. Sentencias T-188 de 2002, T-421 de 2003 y T-512 de 2011.
6 Corte Constitucional. Sentencias T-086 de 2003 y T-1113 de 2005.

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Accionante: Ovidio Aza Rojas
Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia

El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 estableció que las decisiones mediante las cuales
se imponen sanciones por desacato dentro de un trámite de tutela deben ser enviadas
en consulta al superior jerárquico. Este control se justifica en la necesidad de asegurar
que la sanción respete los requisitos materiales y formales exigidos para la configuración
del incumplimiento, así como la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que el grado de consulta cumple funciones
de garantía y corrección. En primer lugar, permite que el superior verifique si la sanción
impuesta en sede de tutela se ajustó a los parámetros constitucionales y legales
aplicables, en especial en lo que concierne a la comprobación del incumplimiento de la
orden judicial y la valoración de la conducta del obligado. En segundo lugar, evita que
una decisión de naturaleza coercitiva quede ejecutoriada sin una revisión adicional que
asegure que no exista arbitrariedad o exceso en la determinación adoptada.

En esa medida, la consulta no constituye una instancia adicional ni habilita un nuevo
debate probatorio. Su alcance se circunscribe a constatar: (i) la existencia de una orden
judicial precisa y exigible; (ii) el término en que debía cumplirse; (iii) el grado de ejecución
material alcanzado; (iv) la valoración jurídica del comportamiento del obligado frente al
mandato; y (v) la adecuación de la sanción impuesta a los principios de proporcionalidad
y razonabilidad.

El grado de consulta tampoco permite reabrir la discusión propia del trámite de tutela ni
revisar la sentencia que dio origen al desacato. Su objeto se contrae exclusivamente a
las decisiones adoptadas dentro del trámite incidental que tiene como función asegurar
la eficacia de la orden judicial impartida. Por tanto, el superior solo debe verificar la
legalidad y racionalidad de la sanción o de la decisión que la impuso, sin alterar el
contenido esencial del fallo de tutela ni asumir competencias distintas a las previstas por
el legislador.

Finalmente, la consulta opera de pleno derecho, sin necesidad de solicitud expresa, y
debe surtirse antes de que la decisión adquiera firmeza. Esta característica reafirma su
naturaleza garantista: el ordenamiento impone la revisión obligatoria para proteger no
solo los derechos del accionante, sino también el debido proceso del presunto incumplido
y la integridad del sistema de protección constitucional.

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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia

Caso concreto

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 2 de octubre de 2025,
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del
señor Ovidio Aza Rojas y ordenó iniciar el trámite del incidente de desacato respecto del
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 13 de agosto de 2025. Para adoptar
esa decisión, el Tribunal consideró que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Florencia, al abstenerse de iniciar el incidente mediante auto del 8 de septiembre de
2025, cerró de manera anticipada el escenario institucional previsto para verificar el
cumplimiento material y completo del fallo constitucional.

En esa providencia, el Tribunal partió de que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-
CREMIL expidió la Resolución 7669 del 28 de agosto de 2025 como supuesto acto de
cumplimiento, pero advirtió que dicho acto reiteró los fundamentos jurídicos previamente
reprochados en la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2025, en particular la
revocatoria desfavorable de un derecho particular sin acudir a la acción de lesividad y el
desconocimiento del principio de non reformatio in pejus. Con base en esa valoración, el
juez de primera instancia estimó que no podía tenerse por acreditado un cumplimiento
material de la orden constitucional y que, por tanto, resultaba necesario habilitar el trámite
incidental como mecanismo idóneo para verificar la observancia efectiva del fallo.

El Tribunal concluyó que la decisión del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Florencia de abstenerse de iniciar el incidente de desacato impidió un control judicial
suficiente sobre la ejecución de la sentencia de tutela y, por esa razón, afectó los
derechos fundamentales del accionante al debido proceso de cumplimiento y a la tutela
judicial efectiva. En consecuencia, ordenó iniciar el trámite incidental, sin imponer sanción
alguna ni modificar el contenido sustancial del fallo constitucional del 13 de agosto de
2025.

Esta Sala examina los argumentos formulados en la impugnación presentada por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia y concluye que no desvirtúan
la decisión adoptada en primera instancia, por las razones que se exponen a
continuación:

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Accionante: Ovidio Aza Rojas
Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia

En primer lugar, esta Sala precisa que el objeto del control constitucional no recae sobre
un auto sancionatorio de desacato ni sobre una decisión adoptada en sede de consulta,
puesto que el trámite incidental no se inició y no se impuso sanción alguna. El debate se
centra en determinar si la negativa de iniciar el incidente de desacato afectó el debido
proceso de cumplimiento y la tutela judicial efectiva del accionante, al clausurar el
mecanismo institucional previsto para verificar la ejecución material del fallo
constitucional del 13 de agosto de 2025.

Desde esa perspectiva, esta Sala considera que el argumento de improcedencia
planteado por el impugnante, fundado exclusivamente en la ausencia de sanción y de
grado jurisdiccional de consulta, no resulta suficiente para excluir el control constitucional.
La tutela no se promovió para controvertir una sanción inexistente ni para activar un
mecanismo de consulta automática, sino para examinar si la actuación judicial que negó
la apertura del incidente privó al accionante de un escenario idóneo de verificación del
cumplimiento del fallo de tutela. En ese contexto, la inexistencia de sanción no impide,
por sí sola, el examen constitucional cuando se alega una afectación directa a la tutela
judicial efectiva.

En segundo término, esta Sala analiza el argumento relativo a la aplicación del artículo
52 del Decreto 2591 de 1991. El Juzgado impugnante sostuvo que actuó conforme a esa
norma al rechazar la impugnación y la queja interpuestas contra el auto del 8 de
septiembre de 2025, dado que el ordenamiento no prevé recursos contra las decisiones
adoptadas en el trámite de desacato, salvo la consulta obligatoria cuando se impone una
sanción. Así las cosas, se advierte que la sentencia de primera instancia no desconoció
esa regla ni creó recursos inexistentes. Por el contrario, la orden impartida se limitó a
disponer el inicio del trámite incidental como mecanismo previsto por el ordenamiento
para verificar el cumplimiento del fallo, sin habilitar instancias recursivas no consagradas
en la ley.

Esta Sala examina, además, el reproche según el cual la orden de iniciar el incidente de
desacato desnaturalizó ese trámite y extendió indebidamente el alcance del amparo. Al
respecto, la Sala considera que dicho argumento no prospera. La decisión confirmada no
ordena reconocimiento prestacional alguno, no redefine el derecho sustancial ni modifica
el contenido resolutivo de la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2025. La orden se
circunscribe a habilitar el escenario procesal destinado a verificar si la entidad obligada
ajustó su actuación a los parámetros fijados por el juez constitucional, finalidad que

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Accionante: Ovidio Aza Rojas
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resulta consustancial al incidente de desacato y que no lo convierte en una instancia
adicional.

En cuanto a la alegada vulneración de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada
constitucional, esta Sala estima que tales principios no se oponen a la iniciación del
trámite incidental cuando se alega un cumplimiento meramente aparente. La cosa
juzgada se predica del contenido del fallo constitucional y de su fuerza vinculante, mas
no impide la activación de los mecanismos procesales destinados a verificar su ejecución.
En el caso concreto, la orden de iniciar el incidente no altera la sentencia del 13 de agosto
de 2025 ni reabre el debate decidido, sino que procura asegurar su eficacia.

La Sala se pronuncia también sobre la alegada falta de vinculación de la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares-CREMIL al trámite de tutela. Al respecto, se observa que el
objeto de la acción se dirigió contra la actuación judicial del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Florencia y que la orden impartida en primera instancia
consistió en iniciar un trámite incidental en el cual, por su propia naturaleza, la entidad
llamada a cumplir debía ser vinculada para rendir informe y ejercer contradicción. En
consecuencia, ese argumento no desvirtúa la procedencia ni la corrección de la decisión
adoptada.

Esta Sala examina de manera específica el cargo por defecto procedimental formulado
por el accionante y concluye que resulta improcedente. Conforme a la jurisprudencia
constitucional, dicho defecto solo se configura cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento legal o desconoce de manera manifiesta
garantías esenciales del debido proceso. En el presente asunto, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Florencia aplicó de manera expresa una norma vigente —
el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991— para rechazar la impugnación y la queja, al
considerar que no existía sanción que habilitara consulta ni recurso alguno.

Desde esa óptica, la actuación reprochada no evidencia una irregularidad procesal
absoluta ni una ruptura del procedimiento legal, sino una interpretación normativa con la
que el accionante discrepó. Esa discrepancia, por sí sola, no habilita el control
constitucional excepcional por la causal de defecto procedimental. Por tal razón, esta
Sala declara improcedente el estudio de ese cargo.

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Accionante: Ovidio Aza Rojas
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No obstante, la improcedencia del defecto procedimental no excluye la confirmación del
amparo concedido en primera instancia, puesto que la protección se fundamentó en la
afectación al debido proceso de cumplimiento y a la tutela judicial efectiva derivada de la
negativa de iniciar el incidente de desacato, y no en la configuración de una irregularidad
procesal absoluta.

En suma, esta instancia concluye que la sentencia del 2 de octubre de 2025 efectuó un
análisis razonable y proporcionado, respetó los límites de la acción de tutela contra
providencias judiciales y adoptó una decisión orientada a garantizar la efectividad del fallo
constitucional del 13 de agosto de 2025. Aunque el cargo por defecto procedimental
resulta improcedente, la negativa de iniciar el incidente de desacato afectó el debido
proceso de cumplimiento y la tutela judicial efectiva del accionante, lo que justificó la
orden de iniciar dicho trámite como mecanismo idóneo para verificar el cumplimiento
material de la sentencia de tutela. Por estas razones, la Sala confirmará la decisión
impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá-Sala Primera de Decisión, mediante la cual se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del señor Ovidio
Aza Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MANTENER la orden impartida en la sentencia de primera instancia, en el
sentido de que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia inicie el
trámite del incidente de desacato, como mecanismo idóneo para verificar el cumplimiento
material y completo de la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2025, sin que ello
implique pronunciamiento alguno sobre el fondo del derecho sustancial debatido.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes, intervinientes y al Ministerio Público

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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Acción de tutela-Sentencia de segunda instancia

por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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