Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2025-00117-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2025-00117-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2025-00117-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: OVIDIO AZA ROJAS
Accionado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y
por configurarse la carencia de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia
del 3 de febrero de 2026, proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Caquetá, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de amparo constitucional, debido a que se configuró la carencia de objeto por hecho
superado1.
ANTECEDENTES
Demanda
1. El 18 de noviembre de 2025, el señor Ovidio Aza Rojas instauró demanda de
tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, a fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad social y al
mínimo vital y móvil.
Hechos relevantes
2. Mediante Resolución 6389 del 2 de julio de 2025, la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del señor
Ovidio Aza Rojas, a partir del 4 de julio de 2025, en cuantía del 58 %. Contra la
anterior decisión, el aquí accionante interpuso recurso de reposición.
3. El 4 de julio de 2025, el señor Ovidio Aza Rojas promovió acción de tutela contra
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el objeto de proteger sus derechos
fundamentales, los que consideró vulnerados con la expedición de la Resolución
6389 del 2 de julio de 2025. Asimismo, solicitó que se le ordenara a la demandada
que le reconociera el tiempo total de servicio, reliquidara su asignación de retiro y
reconociera el subsidio familiar para su hija con efecto retroactivo.
1 Que ingresó para fallo el 17 de febrero de 2026. Índice 3 de Samai.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
4. A través de la Resolución 6608 del 15 de julio de 2025, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, revocó la Resolución 6389 del 2 de julio de 2025, por considerar
que no se cumplían los 20 años de servicio para acceder al reconocimiento de la
asignación de retiro a su favor.
5. El 17 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia declaró
improcedente la tutela, por cuanto el actor contaba con medios judiciales de defensa
para solicitar la protección de sus derechos, esto es, el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante la impugnó.
6. En sentencia del 13 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá
revocó la decisión impugnada y, en su lugar, dispuso lo siguiente:
Primero. Amparar los derechos fundamentales de defensa, debido proceso y el
principio de la «non reformatio in pejus» del señor Ovidio Aza Rojas, conforme
lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Suspender los efectos de la Resolución 6608 del 15 de julio de 2025,
«Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la
Resolución No. 6389 del 2 de julio de 2025, que ordena el reconocimiento y
pago de la Asignación de Retiro al Señor Cabo Segundo ® del Ejército, Ovidio
Aza Rojas».
Tercero. La tutela se concede como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, la presente decisión permanecerá vigente
sólo durante el término que la autoridad competente utilice para decidir de
fondo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Resolución 6608 del 15 de julio de 2025, que revocó el reconocimiento de la
prestación mencionada, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la notificación del presente fallo, so pena de que cesen sus
efectos. Sin que esta decisión implique modificación a los términos de
caducidad previstos en la ley.
7. Mediante Resolución 7669 del 28 de agosto de 2025, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares dio cumplimiento a la anterior decisión y en su artículo 2 dispuso
lo siguiente:
ARTÍCULO 2. Resolver el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución 6389 del 02 de julio de 2025 por la cual se ordenó el reconocimiento
y pago de la asignación de retiro del citado militar, ordenando su revocatoria
total, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto
administrativo.
8. En memorial del 28 de agosto de 2025, el accionante promovió incidente de
desacato por incumplimiento de la sentencia del 13 de agosto de esa misma
anualidad. Mediante providencia del 8 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia se abstuvo de abrir incidente de desacato contra la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares porque, mediante la Resolución 7669 del 28 de
agosto de 2025, se revocó la Resolución 6608 del 15 de julio de 2025. En su criterio,
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Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
el amparo no se concedió sobre el derecho sustancial a la prestación social, de ahí
que la entidad se encontrara facultada para adelantar los trámites legales
encaminados a la revocatoria del reconocimiento.
9. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
En providencia del 15 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo
de Florencia rechazó por improcedente el recurso. Como consecuencia, el señor
Aza Rojas interpuso recurso de queja, que fue rechazado mediante providencia del
18 de septiembre de 2025.
10. El señor Ovidio Aza Rojas instauró acción de tutela contra el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia, por considerar que la providencia del 18 de septiembre
de 2025, por medio de la cual se rechazó el referido recurso de queja, vulneró sus
derechos fundamentales. Al proceso se le asignó el radicado 18001-23-33-000-
2025-00095-00.
11. En sentencia del 2 de octubre de 20252, el Tribunal Administrativo del Caquetá
amparó los derechos fundamentales del accionante, dejó sin efectos las decisiones
adoptadas en el trámite incidental de desacato con radicado 18001-33-33-002-
2025-00133-00 y le ordenó a la autoridad judicial demandada que diera apertura a
dicho incidente. Como fundamento de su decisión, consideró lo siguiente:
Se concluye que, contrario a lo señalado por el juez de instancia, CREMIL al
pretender cumplir la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2025, expidió una
nueva resolución en la que resolvió nuevamente el recurso de reposición, dicha
actuación, no subsanó los vicios advertidos por el juez constitucional, ni
garantizó los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
principio de non reformatio in pejus del señor Ovidio.
CREMIL con la Resolución 7669 del 28 de agosto de 2025, reprodujo los
efectos de la Resolución 6608 del 15 de julio de 2025, por cuanto, volvió a
negar el reconocimiento de la asignación de retiro sin modificar
sustancialmente su posición jurídica, ni corregir los defectos advertidos por el
juez constitucional. Es decir, repitió la misma decisión que ya había sido
considerada lesiva de los derechos fundamentales del accionante.
Aunque afirmó que no agravó la situación del actor, en la práctica ratificó una
decisión [más] gravosa que la inicialmente adoptada, sin que se advierta una
habilitación legal para ello.
Como lo refirió la Sala Segunda de Decisión en la sentencia de tutela del 13 de
agosto de 2025, el principio de non reformatio in pejus impide que, como
consecuencia del ejercicio del derecho a impugnar, el recurrente termine en
una situación jurídica peor.
Itérese que el fallo de tutela del Tribunal del 13 de agosto señaló que si la
entidad consideraba que el reconocimiento pensional era contrario a derecho,
2 Confirmada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 28 de noviembre de 2025, con fundamento en que se había efectuado un análisis razonable y
proporcionado, se respetaron los límites de la acción de tutela contra providencias judiciales y se
adoptó una decisión orientada a garantizar la efectividad del fallo constitucional del 13 de agosto de
2025.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
debía acudir a los mecanismos legales previstos: revocatoria directa con
consentimiento expreso del particular (art. 97 CPACA) o ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. Precisamente, el juez accionado está llamado a
determinar si la entidad cumplió o no lo ordenado en la sentencia constitucional,
esto es, verificar si la entidad al revocar de facto el acto favorable mediante una
nueva resolución, constituye un incumplimiento material de la orden de tutela
y, de ser así, analizar si persiste la vulneración de los derechos que
previamente habían sido resguardados por la orden de tutela.
(…)
La anterior por cuanto al abstenerse el juez de instancia de dar inicio al trámite
del incidente de desacato promovido por el señor Aza Rojas, pese a que
existían elementos suficientes para considerar que la orden impartida en la
sentencia de tutela del 13 de agosto de 2025, al parecer, no ha sido cumplida
de manera efectiva por la entidad accionada, configura el mencionado defecto.
Tal omisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Ovidio,
en tanto le fue negado el acceso a un mecanismo procesal previsto para
garantizar la ejecución de las decisiones judiciales, sin una justificación
razonable ni ajustada a derecho.
12. Mediante auto del 6 de octubre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia, en cumplimiento de la sentencia de tutela 2 de octubre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con radicado 2025-00095-00, dio inicio
al trámite incidental en contra de Katherine Zamora Velásquez, encargada del área
de recursos legales de la CREMIL, Karla Paola Jiménez Ramos, jefe de la Oficina
Asesora Jurídica y Fredy Hernán Calixto Monroy, director general de la entidad. Por
auto del 21 de octubre de 2025, ese juzgado declaró que tales personas incurrieron
en desacato a la sentencia del 13 de agosto de 2025. Como consecuencia, los
sancionó con arresto de un (1) día y multa de un (1) smlmv.
13. Posteriormente, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares profirió la Resolución
9878 del 23 de octubre de 2025, que ordenó el reconocimiento de la asignación de
retiro al señor Ovidio Aza Rojas, luego de que el Ejército Nacional complementara
la hoja de servicios militares, así:
ARTÍCULO 1. Ordenar el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro a
favor del señor CABO SEGUNDO DEL EJÉRCITO, OVIDIO AZA ROJAS, con
fecha de nacimiento 11 de noviembre de 1980 (…) con cargo al presupuesto
de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a partir del 4 de julio de 2025, en
cuantía del 85% del sueldo de actividad correspondiente a su grado en todo
tiempo, incluyendo dentro de la liquidación las partidas computables de
acuerdo con la Ley y conforme a lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
14. En providencia del 30 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá
revocó la decisión consultada. Para tal efecto sostuvo que el acto administrativo
cuestionado en la acción de tutela no está surtiendo efectos, en los términos del
artículo 88 del CPACA, y porque a través de la Resolución 9878 del 23 de octubre
de 2025 se le reconoció la asignación de retiro al señor Aza Rojas en un porcentaje
superior al inicialmente otorgado.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
15. En correo electrónico enviado por el señor Ovidio Aza Rojas al Despacho
accionado y posteriormente trasladado al Tribunal el 28 de octubre de 2025, el señor
Ovidio informó que la entidad demandada «no ha realizado pago alguno», por lo
que solicitó la «ejecución forzosa e inmediata de las sanciones». Señaló que, si bien
la Resolución 9878 de 2025 reconoció su asignación de retiro, esta no ha sido
ejecutada en términos de pago, lo que agravaba su situación personal y familiar,
pues presenta una discapacidad del 61.21 %, su esposa padece un trastorno bipolar
y sus hijas menores dependen económicamente de él.
16. En la misma fecha radicó memorial en el cual adujo que, pese a que CREMIL
expidió la resolución, omitió en forma deliberada el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez. Que, de hecho, para la fecha de envío no se había realizado
ningún desembolso, lo cual deriva en un perjuicio irremediable.
17. El 2 de noviembre de 2025, el señor Aza Rojas presentó otro memorial titulado:
«recurso de reposición contra Resolución 9878 de 2025, solicitud de revocatoria
inmediata y pago integral acumulativo de asignación de retiro y pensión de
invalidez».
18. El 5 de noviembre de 2025, el accionante allegó un nuevo memorial en el que
solicitó lo siguiente:
1. Impulsar ejecución forzosa integral: Ordenar a CREMIL pago
$58.324.918 (tabla 17/10/2025 retro julio 2024 con indexación mora art. 127
CPACA) en 48 horas, con coactivas embargo cuentas (art. 229 CPACA).
2. Decretar medidas provisionales urgentes contra DIVRI: a) Traslado
expediente inmediato (48h, Directiva 025/2018 art. 6); b) Pago provisional
$58.324.918 (consignación bancaria); c) Coactivas si mora (embargo MDN art.
229 CPACA, sanción art. 48 Ley 734 /2002).
3. Notificar entidades copia (CPACA art. 197; Sent. T-102/18 CC).
4. Reservar tutela subsidiaria por silencio (CP art. 86; Ley 1755/2015 art.
21).
19. El 13 de noviembre de 2025, el actor presentó otro memorial de impulso
procesal, por considerar que el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia
estaba incurriendo en mora judicial injustificada para resolver las peticiones del 28
de octubre y del 5 de noviembre de 2025.
20. El 14 de noviembre siguiente, el señor Aza Rojas aportó los Oficios 2025071827,
expedido por CREMIL, y RS20251114PS18532 del Ministerio de Defensa –
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.
21. En providencia de ese mismo 14 de noviembre, el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia negó las peticiones allegadas por el actor del 2, 4, 12,
13 y 14 de noviembre de 2025, por no observar incumplimiento a la orden judicial,
a lo cual agregó que, de considerarlo procedente, el accionante podía acudir ante
las autoridades competentes a elevar las respectivas quejas disciplinarias en contra
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
de los servidores del CREMIL que estimara incursos en la comisión de faltas
disciplinarias.
22. Por auto del 15 de diciembre de 2025, el Juzgado dio por acreditado el
cumplimiento del requisito de procedibilidad por parte del señor Aza Rojas en cuanto
a la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Asimismo, ordenó que se mantuvieran vigentes los efectos del amparo transitorio
concedido en la mencionada sentencia.
Pretensiones
23. En virtud de lo expuesto, el señor Aza Rojas solicitó lo siguiente (transcripción
con posibles errores incluidos):
PRIMERO: Amparar los derechos invocados.
SEGUNDO: Dejar sin efectos el auto del 14/11/2025 por vía de hecho agravada.
TERCERO: Ordenar al juez, en 48h improrrogables:
a. Resolver los memoriales del 12-14/11/2025.
b. Decretar el embargo de las cuentas de CREMIL/MDN por $65.577.735
más el 50% costas (art. 176 CPACA).
c. Imponer la máxima sanción por desacato (arresto 6 meses, multa 20
SMMLV art. 52 Dec. 2591/1991).
d. Compulsar copias a la Fiscalía (prevaricato CP Art. 413) y a la
Procuraduría (Ley 734/2002 art. 30).
e. Ordenar la recusación/inhibitoria inmediata por reincidencia (art. 141
CPACA/Dec. 2591 art. 17), remitiendo el incidente a un juzgado
promiscuo administrativo o designando un juez ad hoc para la
vigilancia (Ley 270/96 art. 15 CSJ).
CUARTO: Compulsar copias del radicado de queja 6301 del CSJ Caquetá como
prueba sobreviniente de la reincidencia.
Fundamentos de la demanda
24. Para sustentar sus pretensiones, el señor Aza Rojas manifestó que el Juzgado
Segundo Administrativo de Florencia incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento precedente, al ignorar la sentencia SU-055 de 2022, según la cual
«los trámites administrativos (reposición) no suspenden cumplimiento tutela» por el
mínimo vital en asuntos prestacionales.
25. Sostuvo, además, que se desconoció la Sentencia T-760 de 2007, pues tanto el
cumplimiento formal como la expedición de la Resolución 9878 sin ejecutar el pago,
equivale a la ineficacia, razón por la cual el juez debió emplear medidas coercitivas,
incluidas las previstas en el artículo 229 del CPACA, como el embargo.
26. Alegó igualmente el desconocimiento de la Sentencia C-1143 de 2004, la cual
sostuvo que la asignación de retiro y la pensión de invalidez por causas autónomas
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
es compatible y obligatoria, «de ahí que el condicionamiento de elegir es nulo», tesis
reiterada por la Corte en la Sentencia T-139 de 2025.
27. Indicó también la existencia de un defecto fáctico por omisión en la valoración
probatoria, pues, a su juicio, no se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:
• RS20251113PS01843 DIVRI (vía de hecho administrativa por omisión de C-
1143/04).
• N°690 CREMIL (confesión de incompetencia/coacción irrenunciable).
• RS20251114PS018532 DIVRI (traslado reactivo, admitiendo mora).
• Tabla de deuda por $65.577.735 (perjuicio cuantificado). La realidad procesal
es sesgada, violando el art. 29 CP (Sentencia T-345 de 2025; Sentencia SU-
277 de 2025).
28. Finalmente, alegó un defecto procedimental por desobediencia del superior y
por exceso ritual manifiesto, al desconocerse el Acta 092/30/10/2025 que ordenó la
ejecución material efectiva y culminó el incidente a pesar de la contumacia continua.
Explicó que dicha situación se agravó por la omisión de ejercer su competencia
residual durante el trámite de consulta y por no aplicar su deber de vigilancia
permitiendo la dilación.
Trámite en primera instancia
29. En providencias del 20 de noviembre y del 3 de diciembre de 2025, se
declararon fundados los impedimentos presentados por las magistradas Angélica
María Hernández Gutiérrez, Ana María Lozada Vásquez, Yanneth Reyes Villamizar,
Edith Alarcón Bernal, y por la conjuez Cindy Paulette Noreña Rojas.
30. Mediante auto del 11 de diciembre de 20253, el conjuez sustanciador en primera
instancia admitió la demanda de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo
de Florencia y vinculó, como terceros con interés, al señor Fredy Hernán Calixto
Monroy -representante legal-, Katherine Zamora Velásquez -encargada de recursos
legales- y Karla Paola Jiménez Ramos -jefe de la Oficina Asesora Jurídica- de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Miliares.
Intervenciones
31. El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia expuso que, en atención a
las múltiples solicitudes radicadas por el accionante, mientras el expediente se
encontraba surtiendo el grado de consulta, y luego de que el mismo regresara al
despacho de origen, mediante auto del 14 de noviembre de 2025, cuestionado en
este proceso se pronunció frente a cada una de las solicitudes, así:
• Frente al memorial del 02 de noviembre de 2025, cuyo asunto es “Recurso de
Reposición contra la Resolución N°9878 del 23 de octubre de 2025”, se indicó que
obedece a un trámite administrativo que debe absolver la CREMIL por cuanto, se
trata de un recurso contra un acto administrativo expedido por dicha institución, el
3 Índice 5 del expediente de primera instancia.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
cual debe ser objeto de decisión en sede administrativa conforme al artículo 76 del
CPACA, por lo que, esta autoridad judicial carece de competencia para emitir
pronunciamiento alguno ante dicho memorial.
• Respecto de las demás solicitudes, visibles a índices N°82, 83, 84 y 86 del SAMAI,
el Despacho advirtió que con ellas se buscaba dar impulso procesal y adicionar
pruebas al incidente de desacato que ya había sido iniciado mediante auto del 06
de octubre del 2025, culminado por este Juzgado con auto del 21 de octubre de
2025 donde se decidió sancionar a los incidentados, el cual fue objeto de consulta
por parte del Tribunal Administrativo del Caquetá, donde mediante proveído del 30
de octubre de 2025 decidió revocar las sanciones impuestas.
32. Por lo anterior, manifestó que las actuaciones realizadas no han vulnerado los
derechos fundamentales del accionante, por cuanto la decisión de negar lo
solicitado tuvo como fundamento la argumentación del Tribunal Administrativo del
Caquetá, según la cual «la primigenia finalidad del fallo de tutela, se circunscribe a
satisfacer los derechos fundamentales de defensa, debido proceso y aplicación del
principio non reformatio in pejus, sobre los cuales ya no existe amenaza, pues se
verificó un cumplimiento material por la entidad accionada, al revocar la Resolución
6389 del 02 de julio de 2025, lo cual hizo a través de la Resolución 7669 del 28 de
agosto de 2025».
33. Finalmente, advirtió que, en virtud del memorial radicado por el accionante con
fecha del 28 de noviembre de 2025, emitió auto del 15 de diciembre de 2025,
mediante el cual se tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito de
procedibilidad por parte del señor Ovidio Aza Rojas, toda vez que presentó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a la que se le asignó el
radicado 18001-33-33-002-2025-00240-00, conforme lo ordenó el Tribunal
Administrativo del Caquetá el 13 de agosto de 2025.
34. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares indicó que lo pretendido por el
accionante era el amparo de sus derechos fundamentales y que se dejara sin
efectos la Resolución 6389 de 2025 y, en su lugar, se expidiera un nuevo acto
administrativo que le reconociera su tiempo total de servicio, se reliquidara su
asignación de retiro y se reconociera el subsidio familiar para su hija con efecto
retroactivo.
35. Manifestó que esa situación ya fue resuelta con la expedición de la Resolución
9878 del 2025, por la que se ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro al señor Ovidio Aza Rojas.
36. En cuanto a la pretensión relacionada con el reconocimiento de la pensión de
invalidez y el pago de la indemnización por pérdida de capacidad laboral, señaló
que carece de competencia funcional, para el reconocimiento de acreencias
prestacionales en las que se encontraba en servicio activo, pues «su competencia
nace solo a partir del reconocimiento de la asignación de retiro».
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Sentencia de primera instancia
37. Mediante sentencia del 3 de febrero de 2026, la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Caquetá declaró improcedente la solicitud de amparo, por
considerar que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado y que
no se cumplió con el requisito de subsidiariedad.
38. En primer lugar, adujo que la pretensión del accionante resultaba improcedente
por vía de tutela como mecanismo principal y definitivo, pues lo pedido se
circunscribe a pretensiones susceptibles de ser satisfechas en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
39. En lo relacionado con el incidente de desacato, consideró que ya existe una
decisión definitiva y en firme, pues en sede de consulta el Tribunal Administrativo
del Caquetá revocó la sanción por desacato impuesta, tras considerar que se había
acreditado el cumplimiento del fallo de tutela.
40. Precisó que la solicitud de amparo es improcedente como mecanismo transitorio
porque no demostró la existencia de un perjuicio irremediable, máxime si en la
providencia del 14 de noviembre de 2025 la autoridad accionada reiteró el
cumplimiento del fallo de tutela por parte de CREMIL, y agregó que, si bien el actor
hizo mención del perjuicio irremediable, no especificó en qué consistía tal
afectación, sin que del análisis de los hechos resultara posible arribar a esa
conclusión.
Impugnación
41. El demandante sostuvo que la anterior decisión incurrió en un error, pues
declaró la carencia de objeto sin tener en cuenta que, aunque le reconocieron la
asignación de retiro, condicionaron su pago a la renuncia expresa de la pensión de
invalidez.
42. Explicó que lo pretendido en la acción constitucional es la protección integral de
la seguridad social y no un reconocimiento parcial. De manera que, en su criterio,
persiste la omisión en el pago acumulado de la pensión de invalidez -derivada de
su pérdida de capacidad laboral-.
43. Adujo que la providencia impugnada desconoce la sentencia del Consejo de
Estado del 28 de noviembre de 2025, en la cual se ordenó verificar el cumplimiento
material e integral y se reprochó al juez de instancia por validar cumplimientos
aparentes sin ejecución efectiva.
44. Indicó que el proyecto de sentencia fue elaborado y firmado por el conjuez
ponente el 9 de enero de 2026, pero la providencia definitiva solo fue suscrita por
los tres conjueces el 3 de febrero de 2026, esto es, 25 días después. A su juicio,
esa demora extraordinaria revela que existió un debate interno, resistencia y falta
de consenso inmediato entre los integrantes de la Sala.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
45. Expuso que el tribunal de primera instancia le dijo que debía acudir a la vía
ordinaria, a pesar de que la Corte Constitucional en la sentencia C-1143 de 2004
determinó que eran compatibles la asignación de retiro y la pensión de invalidez en
el régimen especial de la Fuerza Pública, cuando provienen de causas distintas.
46. Adujo que se vulneró su derecho al derecho a la igualdad porque omitió valorar
la prueba documental en la que demostró que a sus compañeros de curso C.P.
Beleño Zabaleta y SV. Lozano Naranjo, en idéntica situación fáctica y jurídica se les
reconoció el pago acumulado sin aplicar cláusulas de incompatibilidad. Asimismo,
reprochó la falta de valoración del «derecho de petición del 23 de octubre a DIVRI
y el Oficio del 10 de diciembre de 2025, en la que se negó el pago por
incompatibilidad constitucional».
CONSIDERACIONES
Competencia
47. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del Reglamento Interno
de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
48. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 3 de febrero
de 2026, proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Caquetá.
49. Para ello, deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se establecerá si el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, al
haber proferido el auto del 14 de noviembre de 2025, incurrió en algún defecto o
causal específica de procedencia.
50. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra acción de tutela, incluidas
aquellas proferidas en el trámite del incidente de desacato y, posteriormente, se
pronunciará sobre el caso concreto.
De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra acción
de tutela, incluidas aquellas proferidas en el trámite del incidente de desacato
51. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó
el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.
52. De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción
de tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela:
➢ Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la
decisión adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista
otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
➢ Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que
puede consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a
los terceros que serían afectados con la decisión.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
➢ Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.
53. Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
54. Con respecto a la procedencia específica de la acción de tutela contra
decisiones proferidas en el trámite incidental de desacato, la Corte Constitucional,
en sentencia de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone
antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es
del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de
manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de
expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía
que practicar de oficio.
Requisitos generales de procedibilidad
55. Subsidiariedad. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no
dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de
protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si
existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
56. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
57. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
presencia de un perjuicio irremediable4, es decir, que se trate de un riesgo cierto y
real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales,
riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica,
esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio.
58. En el caso concreto, el señor Ovidio Aza Rojas pretende que se deje sin efectos
la providencia del 14 de noviembre de 2025, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia, mediante la cual negó las peticiones allegadas
mediante memoriales del 2, 5, 12, 13 y 14 de noviembre de 2025.
59. Asimismo, solicitó que (i) se resolvieran los memoriales del 12 y 14 de
noviembre de 2025; (ii) se decretara el embargo de las cuentas de CREMIL; (iii) se
impusiera la máxima sanción por desacato; (iv) se compulsara copias a la Fiscalía
y a la Procuraduría, y (v) se ordenara «la recusación/inhibitoria inmediata por
reincidencia, remitiendo el incidente a un juzgado promiscuo administrativo o
designando un juez ad hoc para la vigilancia».
60. De entrada, al igual que el a quo, la Sala encuentra que la parte actora tiene a
su alcance un mecanismo ordinario para la protección de sus derechos, cual es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011.
61. De hecho, se advierte que el pasado 27 de octubre de 2025, el aquí accionante
radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución
6608 del 15 de julio de 2025. A ese proceso le correspondió el radicado 18001-33-
33-002-2025-00240-00 en la cual formuló las siguientes pretensiones:
1. Declarar la nulidad absoluta de la Resolución CREMIL No. 6608 del
15 de julio de 2025, por defectos sustancial y procedimental (art. 84 CPACA).
2. Restablecer el derecho: Ordenar pago retroactivo de asignación de
retiro $21.000.000 (desde 4 de abril de 2025) más pensión por invalidez
$37.3214.918 (desde 17 de julio de 2024), total %58.324.918 más intereses
moratorios (6% art. 161 CPACA); y mesadas mensuales totales $6.132.220
($3.832.220 retiro más $2.300.000 invalidez proporcional PCL 61.21%).
3. Decretar medidas cautelares urgentes (Art. 229 CPACA): Suspensión
provisional de cualquier caducidad de la Res. 9878 (vigencia protegida hasta
fallo de fondo), pago inmediato provisional de $6.132.220 mensual y retro
parcial ($29.162.459) en 48 horas, y embargo preventivo de cuentas CREMIL
hasta cubrir $58.324.918.
4. Condenar en costas (art. 143 CPACA).
62. De manera que, si el accionante pretende que se decreten medidas cautelares
sobre las cuentas de CREMIL con el fin de obtener el pago de la asignación de retiro
o de la pensión de invalidez, deberá solicitarlo ante el juez ordinario que conoce del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Es ese el escenario idóneo y
eficaz para garantizar los derechos fundamentales que considera vulnerados.
4 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando
a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
63. Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
puede solicitar el decreto de todas aquellas medidas que «considere necesarias
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad
de la sentencia» siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 2315 de la Ley 1437 de 2011.
64. Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso,
b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la
exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo6.
65. De otra parte, es cierto que puede flexibilizarse la regla de subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite
la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede el amparo como
mecanismo transitorio, sin embargo, tal como lo concluyó el a quo tras realizar una
valoración juiciosa del material probatorio allegado al expediente, en el caso
particular no se advierte configurado dicho perjuicio.
5 «Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos
procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice
en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación
con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la
solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes
requisitos:
1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los
derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones
que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso
para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la
sentencia serían nugatorios».
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 5 de marzo de
2014. Expediente: 25000-23-42-000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
66. Recuérdese que el perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de
producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación,
es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o
a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales, situación que, a
simple vista, no se presenta en este caso.
67. Conviene agregar que el perjuicio irremediable que hace procedente la acción
de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde
la perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, dañinas, que
suelen producir las decisiones judiciales o las de la administración. Esas decisiones
están revestidas de juridicidad o legalidad y, por ende, en principio, las
consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas.
68. Por mencionar solo algunos ejemplos, el acto que dispone el retiro del servicio
o que declara insubsistente un nombramiento implica que el funcionario no pueda
continuar recibiendo la remuneración, que pierda el trabajo; la sanción disciplinaria
de inhabilidad traerá como consecuencia que el funcionario no pueda ejercer cargos
públicos por cierto tiempo, el auto que declara la caducidad del derecho de acción
deriva en la terminación del proceso e impide el estudio de fondo de las
pretensiones de la demanda.
69. En fin, son variados los casos que sirven para demostrar que no por resultar
perjudicial la decisión tomada por la autoridad judicial o administrativa debe
asumirse que existe un perjuicio irremediable. De lo contrario, todas las providencias
judiciales o actos administrativos que establecen situaciones desfavorables tendrían
que ser suspendidos por vía de tutela.
70. En la impugnación, el accionante manifestó que la Corte Constitucional, en la
Sentencia T-426 de 2018, consideró que las demoras en prestaciones sociales de
veteranos equivalen a perjuicio irremediable si afectan el mínimo vital, «como en mi
caso con deudas familiares y necesidades médicas de mi esposa». Asimismo,
argumentó que, exigirle que agote el proceso contencioso administrativo «de hasta
5 años para reiterar lo ya definido por la Corte impone una carga desproporcionada
que vulnera mi mínimo vital y el de mi familia».
71. Contrario a lo afirmado por el accionante, lo que avizora la Sala es que, del
material probatorio allegado, no se colige la existencia del perjuicio irremediable
invocado. En efecto, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ya profirió la
Resolución 9878 del 23 de octubre de 2025, mediante la cual ordenó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del señor Aza Rojas, a
partir del 4 de julio de 2025, en un porcentaje del 85 %.
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
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72. Respecto de las supuestas necesidades médicas de su cónyuge, la señora
Viviana Fonque Cabrera, el accionante solo aportó en el memorial de impugnación
un reporte de epicrisis del 1 de enero de 2025 y una fórmula médica del 5 de marzo
de 2025. Dichos documentos no dan cuenta de una amenaza actual, urgente e
inminente de los derechos fundamentales de la señora Fonque Cabrera, que
justifique tener por superado el requisito de subsidiariedad o que dé cuenta de la
existencia de un perjuicio irremediable.
73. En cuanto al supuesto incumplimiento de la sentencia de tutela del 13 de agosto
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en atención a que se
condicionó el pago de la asignación de retiro a que el señor Aza Rojas no estuviera
recibiendo pensión de invalidez, esta Subsección considera que ese debate debe
ser dirimido por el juez de lo contencioso administrativo en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que el aquí accionante ya promovió. No le corresponde
al juez constitucional inmiscuirse en los asuntos propios de los jueces ordinarios,
máxime si, como se expuso, es ese el escenario idóneo y eficaz para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados.
74. En tales condiciones, de los argumentos invocados por el accionante y del
material probatorio allegado al expediente, no es posible inferir un riesgo cierto o la
amenaza de daños reales que a la postre resulten irreparables, y, por consiguiente,
no se evidencia la necesidad de la intervención urgente del juez de tutela, a fin de
procurar la protección de las garantías superiores invocadas. A contrario sensu, lo
que se acentúa es el interés de la parte actora de utilizar a la solicitud de amparo
como mecanismo principal, con lo que se desconoce el carácter residual y
subsidiario del mecanismo constitucional.
75. Finalmente, en concordancia con lo señalado por el a quo, la Sala concluye que
se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. La tesis central de la
tutela consiste en afirmar que el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia no
tuvo en cuenta que no se ha cumplido efectivamente el fallo de tutela del 13 de
agosto de 2025.
76. No obstante, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente, dicha
afirmación no corresponde a la realidad, puesto que la orden impartida en el fallo ya
fue cumplida. En efecto, tal circunstancia ya fue reconocida y valorada por el
Tribunal Administrativo del Caquetá en la providencia del 30 de octubre de 2025, el
cual concluyó que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ya había cumplido con
lo ordenado, así:
Lo que se verifica en este incidente es el cumplimiento material de la orden
emitida por la Sala Segunda de este Tribunal el 13 de agosto de 2025 en el
asunto de referencia, en la cual se adoptó un amparo provisional
correspondiente a la suspensión de los efectos de la Resolución 6608 del 15
de julio de 2025, únicamente durante el término que la autoridad competente
utilizara para decidir de fondo el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra ese acto administrativo, que revocó el reconocimiento de la
prestación mencionada, orden que se había impartido precisamente porque el
procedimiento seguido por la entidad fue irregular al revocar el reconocimiento
previamente otorgado mediante la Resolución 6389 del 2 de julio de 2025, sin
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
embargo, este acto administrativo fue revocado por la Resolución 7669 del 28
de agosto de 2025.
Por lo tanto, es factible concluir que el amparo constitucional concedido en esta
instancia fue acatado, ya que resulta evidente que el acto administrativo
cuestionado en la acción de tutela no está surtiendo efectos, en la medida en
que:
i) De conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, «cuando fueren suspendidos
[los actos administrativos] no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida».
ii) La misma autoridad, mediante Resolución 7669 del 28 de agosto de
2025, revocó el acto administrativo suspendido (Resolución 6389 del 2 de julio
de 2025), y
iii) Posteriormente, a través de la Resolución 9878 del 23 de octubre de
2025, reconoció la asignación de retiro del señor Ovidio Aza Rojas en un
porcentaje superior al inicialmente otorgado.
En ese orden, se advierte que la finalidad del fallo de tutela -esto es, restablecer
los derechos fundamentales de defensa, debido proceso y la aplicación del
principio «de non reformatio in pejus»- fue efectivamente satisfecha, al
restituirse la situación jurídica del actor y emitir un nuevo acto administrativo de
reconocimiento.
Ahora, si bien no es procedente efectuar un pronunciamiento sobre la legalidad
del nuevo acto administrativo ni en su contenido ni en su trámite, resulta
evidente que con su expedición no se continuó la vulneración de los derechos
fundamentales amparados, puesto que, a diferencia de lo que motivó la
concesión del amparo constitucional, esto es, la desmejora de la situación
jurídica del actor al resolver su recurso, en esta oportunidad se advierte una
mejora sustancial en su condición, al haberse reconocido la asignación de retiro
en un porcentaje superior al inicialmente otorgado.
En consecuencia, el incidente de desacato pierde su fundamento, al haberse
acreditado el cumplimiento material y efectivo de la orden impartida por esta
Corporación.
Finalmente, se impone advertir que en el amparo constitucional objeto de este
incidente de desacato no se ordenó el reconocimiento ni el pago de una
prestación pensional específica, toda vez que la protección concedida se limitó
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso vulnerado al señor
Ovidio Aza Rojas, como consecuencia de la actuación irregular de la
administración al resolver el recurso de reposición. En ese sentido, el
cumplimiento de la disposición judicial no implicaba ordenar el reconocimiento
de la pensión en determinados términos -régimen, monto o condiciones
particulares-, ni mucho menos el posible pago del retroactivo de la prestación,
pues tales aspectos corresponden al ámbito propio de la competencia
administrativa o, en su caso, al juez natural dentro del medio de control
contencioso administrativo que se llegue a promover.
En este contexto, al estar acreditada la cesación de la conducta considerada
como transgresora de los derechos fundamentales por parte de CREMIL,
procede la Sala a revocar la sanción impuesta.
77. Como pudo observarse, el mismo Tribunal Administrativo del Caquetá fue
enfático al considerar que el cumplimiento material y efectivo de la orden de tutela
del 13 de agosto de 2025 ya se encontraba acreditado. Igualmente, destacó que el
amparo concedido no dispuso el reconocimiento ni el pago de una prestación
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Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
pensional específica, sino que se limitó a proteger el derecho fundamental al debido
proceso, vulnerado por la actuación irregular de la administración al resolver el
recurso de reposición. Finalmente, precisó que tampoco se impartió orden alguna
relacionada con el régimen, el monto o las condiciones particulares de una eventual
prestación, aspectos que corresponden exclusivamente a la autoridad
administrativa o, en su caso, al juez natural del asunto.
78. Queda claro, entonces, que lo pretendido en esta acción constitucional perdió
su objeto, pues el Tribunal Administrativo del Caquetá ya declaró el cumplimiento
material del fallo de tutela. En consecuencia, no resulta procedente que, en el marco
de este trámite, se imponga «la máxima sanción por desacato» a las autoridades
competentes de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ni tampoco que se
disponga la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación o a la
Procuraduría General de la Nación.
79. Nótese que el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, en el auto del 14
de noviembre de 2025, sostuvo que ninguna de las solicitudes presentadas estaba
llamada a prosperar, porque: (i) el recurso de reposición debía ser resuelto por
CREMIL; (ii) las demás solicitudes buscaban impulsar el trámite incidental y
adicionar pruebas al incidente iniciado el 6 de octubre de 2025, el cual culminó con
la decisión del 30 de octubre por el Tribunal Administrativo del Caquetá y, en todo
caso, no se advertía incumplimiento de la orden judicial y el accionante podía acudir
ante las autoridades competentes «a elevar las respectivas quejas disciplinarias en
contra de los servidores del CREMIL que estime incursos en la comisión de falta
disciplinaria».
80. En conclusión, como la orden contenida en el fallo de tutela del 13 de agosto de
2025 ya fue efectivamente cumplida, resulta evidente que la situación que motivó la
interposición de la acción de tutela cesó, por lo que no subsiste una afectación
actual que requiera protección judicial. Asimismo, no existe una situación actual que
amerite la adopción de medidas adicionales por parte del juez constitucional, lo que
conduce necesariamente a declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, dado que el cumplimiento del fallo por parte de CREMIL restableció la
situación jurídica que se buscaba proteger.
81. En todo caso, como se expuso, las demás inconformidades con las actuaciones
de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no corresponden al ámbito propio de
la acción de tutela, especialmente cuando ya existe un mecanismo ordinario en
curso. Por tal razón, dichas cuestiones deberán ser analizadas y resueltas por el
juez natural dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el
propio interesado promovió, escenario procesal idóneo para debatir de manera
integral la legalidad del acto administrativo cuestionado y para adoptar las
decisiones que en derecho correspondan.
82. A la misma conclusión arriba la Sala frente al supuesto desconocimiento del
derecho a la igualdad, derivado de la falta de valoración de la «prueba documental
en la que demostró que a sus compañeros de Curso C.P. Beleño Zabaleta y SV.
Lozano Naranjo, se les reconoció el pago acumulado sin aplicar cláusulas de
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Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
incompatibilidad», así como de la ausencia de análisis de la petición presentada el
23 de octubre de 2025 y del Oficio del 10 de diciembre de ese mismo año, mediante
el cual se negó el pago de la prestación reclamada, por incompatibilidad
constitucional. Tales inconformidades, se insiste, se refieren a aspectos que
desbordan la órbita del juez constitucional, pues su análisis corresponde al juez
ordinario. Además, no obra en el expediente la referida prueba documental que
demuestre el reconocimiento efectuado a sus compañeros de curso.
83. Finalmente, respecto del reproche relacionado con el tiempo transcurrido entre
la elaboración del proyecto de sentencia por el conjuez ponente y la suscripción por
parte de los demás conjueces de la Sala de Decisión, lo que, a juicio del accionante,
evidenciaría que «existió debate interno, resistencia y falta de consenso inmediato»,
se precisa que dicho señalamiento no constituye un reparo válido y directo contra lo
decidido en primera instancia. En todo caso, la providencia fue adoptada de manera
unánime y el lapso utilizado para la deliberación responde a las dinámicas propias
del funcionamiento de un órgano judicial colegiado.
84. Por todo lo señalado, se confirmará la sentencia del 3 de febrero de 2026,
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Caquetá,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad y se declaró la carencia de objeto por hecho
superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de febrero de 2026, proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Caquetá.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
19
Radicación: 18001-23-33-000-2025-00117-01
Accionante: Ovidio Aza Rojas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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