RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2026-00002-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2026-00002-01

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2026-00002-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 30 de enero de 2026 20 por el Tribunal Administrativo del Caquetá y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2026-00002-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

20 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones– y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

La Sala decide las impugnaciones presentadas, en calidad de convocante, por María Inés
Trujillo Murcia 1 y, como accionada, por Colpensiones 2 , en contra del fallo de tutela
proferido el 30 de enero de 20263 por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 15 de enero de 20264, la accionante radicó tutela5 en procura de la protección de sus
derechos de petición, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al debido
proceso, los cuales considera vulnerados, porque la Rama Judicial, Colpensiones y
Porvenir no han corregido los vacíos en su historia laboral ni han dado respuestas
adecuadas a sus múltiples solicitudes elevadas desde 2024. Argumenta que la falta de
actualización de su reporte afecta directamente su futura garantía pensional.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado E9D2A88F5FD66355
0574F3379BE4E271 275DFFE7E06E808C C961E5E55588DDDD.
2 Obra impugnación en el archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para tribunales y juzgados administrativos, en

el índice 18, con certificado FBE1DB7FC1D2F109 FA39BDFA43761942 9802312A9BD5EAE9 94141626B39799D3
del expediente 18001233300020260000200.
3 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado BFD93E651C45C7C4

95A46EC2EFF64A6E D5D3852FFB994766 0C4B04C643F77DB7.
4 Obra acta en el archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para tribunales y juzgados administrativos, en el índice

2, con certificado F63CE824CE8D9806 B78437F4F974A408 1EEB9FCDBE50D988 5683CC8DD6F83F8E del
expediente 18001233300020260000200.
5 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5D004E215B19902C

CDFD2AE949BC861B 69F63939F7656DA7 1F0191494E27496B.

2

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

1.2.- Hechos

María Inés Trujillo Murcia afirmó que ha estado vinculada de forma ininterrumpida a la
Rama Judicial desde el 1° de octubre de 2000, período durante el cual ha realizado sus
cotizaciones a pensión. Explicó que, entre mayo de 2024 y noviembre de 2025, radicó
múltiples solicitudes ante la pagaduría de su corporación, Colpensiones y Porvenir, en
las que exigió copias de planillas, certificación de semanas y la corrección de aportes o
días faltantes en su historia laboral. A pesar de haber aportado los soportes
correspondientes, aseveró que las entidades no han emitido una respuesta de fondo ni
han efectuado las actualizaciones requeridas en sus registros6.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

La tutelante sostiene que se vulneraron sus derechos debido a que, pese a haber
solicitado reiteradamente la corrección de su historia laboral ante la Rama Judicial,
Colpensiones y Porvenir, no ha recibido una respuesta de fondo ni efectiva. Alega que la
omisión en el reporte de semanas y días faltantes, aun cuando ha cotizado
ininterrumpidamente desde el 2000, afecta sus garantías constitucionales, pues la falta
de veracidad y los errores en su historial impiden el correcto reconocimiento de su
pensión de jubilación.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) ordenar a Porvenir y a Colpensiones emitir una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente respecto del reporte detallado de semanas cotizadas
y la corrección de la historia laboral; (iii) disponer que Colpensiones adelante las
gestiones de cobro frente al empleador por los periodos en mora e integre dichos tiempos
a la historia laboral; (iv) prevenir a las entidades accionadas para que no incurran
nuevamente en conductas omisivas; y (v) adoptar medidas de seguimiento y advertir
sobre las sanciones disciplinarias derivadas del incumplimiento de la Ley 1755 de 2015.

6 A folio 1 del escrito de tutela.

3

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 20 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del Caquetá
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a Porvenir, a la Administradora Colombiana
de Pensiones –Colpensiones– y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva – Oficina de Talento Humano de Florencia.

2.2.- La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva se opuso a las
pretensiones de la demanda tras considerar inexistente la vulneración alegada. Precisó
que brindó una respuesta de fondo, clara y oportuna mediante los oficios CAFLO24-568
y DESAJNEO24-2434, a través de los cuales suministró las planillas y soportes de pago
que reposan en sus archivos; por tal razón, a su juicio, se configuró una carencia actual
de objeto por hecho superado. Adicionalmente, adujo la falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto de la solicitud de corrección de la historia laboral y del adelantamiento
de gestiones de cobro, al estimar que la actualización de los registros pensionales, una
vez entregados los soportes por el empleador, es una obligación exclusiva de
Colpensiones y Porvenir, tratándose de una inconsistencia administrativa ajena a ella.

2.3.- Colpensiones señaló que, tras revisar sus sistemas de información, constató que,
mediante los oficios SEM2025-057990 del 5 de marzo de 2025 y SEM2025-264076 del 2
de octubre de 2025, otorgó respuesta de fondo a las peticiones de la accionante.
Respecto de la pretensión de ordenar gestiones de cobro al empleador, precisó que no
halló solicitud previa en sus registros ni comprobante de radicación adjunto a esta tutela.
Argumentó que dicho requerimiento es improcedente en sede constitucional, toda vez
que la interesada dispone de otros medios de defensa administrativos y judiciales ante la
jurisdicción ordinaria, sin que se haya acreditado la existencia de un perjuicio
irremediable. Finalmente, alegó la inexistencia de transgresión de derechos
fundamentales, al no tener trámites pendientes por resolver a favor de la ciudadana.

2.4.- Porvenir informó que, según la historia laboral consolidada de Asofondos, la actora
estuvo afiliada a Porvenir S.A. entre el 5 de octubre de 2000 y el 31 de julio de 2002; a
Horizonte Pensiones y Cesantías (hoy Porvenir S.A.) desde el 1 de agosto de 2002 hasta
el 28 de febrero de 2011; y a Colpensiones a partir del 1 de marzo de 2011. Afirmó que
los periodos comprendidos entre octubre de 2000 y febrero de 2011 son competencia de

4

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

Porvenir, mientras que los posteriores corresponden exclusivamente a Colpensiones. Al
verificar los aportes de su competencia, incluidos los de diciembre de 2002, febrero de
2003 y agosto y septiembre de 2004, señaló que estos se encuentran debidamente
reportados e integrados, sin que existan inconsistencias o novedades pendientes. Aclaró
que los periodos causados después del 1 de marzo de 2011 no pueden ser actualizados
por su entidad, situación que ya fue informada a la peticionaria. Por último, alegó la
inobservancia del carácter subsidiario de la tutela, dada la ausencia de prueba sobre un
perjuicio irremediable y la existencia del proceso laboral ordinario como mecanismo
idóneo de defensa.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 30 de enero de 2026,
amparó el derecho de petición de la convocante, ordenó a Colpensiones responder de
forma clara y precisa una petición del 20 de junio de 2025 y negó las demás pretensiones.
Respecto de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva,
constató que la actora solicitó el 31 de mayo de 2024 copia de diversas planillas de pago
de seguridad social. Esta entidad, mediante oficio CAFLO24-568, suministró los soportes
disponibles desde marzo de 2011 y trasladó la búsqueda de los periodos de 2002, 2003,
2004 y 2007 a la oficina de Neiva, la cual, a través del oficio DESAJNEO24-2434, informó
el hallazgo de las planillas con el sello de recibo del Fondo Horizonte. Posteriormente,
ante una nueva solicitud del 30 de enero de 2025 para gestionar correcciones por
periodos faltantes, la entidad adjuntó nuevamente los soportes de pago y precisó que
corresponde a la usuaria solicitar la actualización ante el fondo de pensiones. Así,
consideró que dicha autoridad cumplió con su obligación al acreditar los pagos realizados
y que es carga de la afiliada adelantar los trámites de actualización, por lo que no se halló
transgresión alguna.

En relación con Colpensiones, la colegiatura encontró que la accionante solicitó el 17 de
febrero de 2025 la corrección de aportes faltantes, a lo cual la entidad respondió
inicialmente que las inconsistencias habían sido subsanadas. No obstante, el 20 de junio
de 2025 Trujillo Murcia insistió en que persistían vacíos en ciclos específicos de los años
2002, 2004, 2007, 2011, 2020, 2021 y 2023. Al contestar el 2 de octubre de 2025,
Colpensiones solo se pronunció sobre algunos periodos, pero omitió explicar la situación

5

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

de los ciclos de 2007, 2011, 2020, 2021 y abril de 2023. Determinó que esta respuesta
incompleta vulneró el derecho de petición, pues no fue de fondo ni congruente.

Sobre Porvenir, el tribunal verificó que la solicitud de reporte detallado de semanas y
traslados a Colpensiones fue resuelta de manera adecuada y oportuna mediante oficio
del 26 de noviembre de 2021. No encontró en el expediente prueba de alguna omisión
actual por parte de esta administradora que afectara las garantías constitucionales de la
demandante.

En esa medida, el a quo concluyó que debía protegerse el derecho de petición frente a
Colpensiones para que esta autoridad resolviera integralmente la solicitud del 20 de junio
de 2025. Sin embargo, estimó improcedente la pretensión de ordenar gestiones de cobro
e integración de tiempos en mora, debido al carácter residual de la tutela y a la existencia
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para tales reclamaciones, máxime
cuando no se acreditó un perjuicio irremediable, dado que la actora tiene trabajo
actualmente. Asimismo, descartó la vulneración al debido proceso y a la seguridad social
por parte de la dirección ejecutiva criticada, al haberse acreditado los pagos efectuados.

4.- Razones de las impugnaciones

4.1.- En contra de la providencia referida, la accionante presentó impugnación. Alegó que
se le asignaron cargas que deben resolver las entidades accionadas entre sí. Manifestó
que se le vulnera el debido proceso porque no se reflejan en su historia laboral los días
y semanas faltantes, situación que le ha impedido solicitar el reconocimiento de su
pensión, a pesar de haber cumplido la edad y los requisitos hace más de 8 meses.
Cuestionó el argumento según el cual no habría afectación por estar vinculada
laboralmente, pues no se puede postergar indefinidamente su fecha de retiro y las
administradoras son las responsables de velar por los aportes sin imponer trabas ni
remitir al usuario a otras instancias. Afirmó que lo dicho por Colpensiones sobre la
aplicación de correcciones no es cierto. Reiteró que no debe soportar una espera
indefinida para una solución de fondo y que los llamados a corregir su historia laboral son
Porvenir, su empleadora y Colpensiones, pues el uso de otros mecanismos solo dilata su
derecho al descanso y a disfrutar de una pensión adquirida.

6

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

4.2.- A su vez, Colpensiones aseveró que sí brindó una respuesta clara, precisa y de
fondo a la accionante mediante los oficios SEM2025-057990 y SEM2025-264076. En
dichas comunicaciones se informó que los periodos solicitados fueron aplicados y que
los pagos realizados por el empleador para los ciclos 2004-08 a 2004-09 y 2007-01 a
2007-03 resultaron insuficientes para cubrir los valores totales. La entidad sostuvo que
no vulneró el derecho al habeas data, pues reportó la información entregada en su
momento por el ISS y conforme a los aportes efectivamente recaudados; aclaró que no
se pueden incluir tiempos sin el soporte de pago correspondiente, so pena de afectar el
patrimonio público y la sostenibilidad financiera del sistema. Alegó, además, que la tutela
es improcedente por su carácter subsidiario, ya que la peticionaria dispone de la
jurisdicción laboral para discutir asuntos prestacionales y no acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable. Señaló que el juez constitucional no debe invadir la órbita del juez
ordinario ni imponer órdenes que generen gastos no financiados o abusos del derecho.

5.- Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

5.1. En el curso de esta instancia, Colpensiones informó que, mediante Oficio N°
2026_3174225 del 17 de febrero de 2026, dio cumplimiento al fallo de tutela de primera
instancia. Precisó que acató la orden sin perjuicio de la impugnación presentada, y
subrayó que el cumplimiento no debe entenderse como un desistimiento del recurso, ya
que sus inconformidades y argumentos legales permanecen incólumes.

5.2.- A su vez, María Inés Trujillo Murcia remitió actuaciones ocurridas dentro del
incidente de desacato que propuso en el marco de la primera instancia.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas en contra del
fallo de tutela proferido el 30 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

7

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción cumple con el requisito
de subsidiariedad frente a las pretensiones de corregir la historia laboral y de que se
adelanten las gestiones de cobro. En segundo lugar, verificar si la respuesta inicial de
Colpensiones vulneró el derecho de petición de la actora o si operó una carencia actual
de objeto por hecho superado. Para ello, se esbozará un breve marco jurídico de la
subsidiariedad y del hecho superado, para luego descender al caso concreto y evaluar
los reproches específicos.

Previo al análisis de fondo, se advierte que la Sala no examinará la alegada vulneración
al derecho de petición por parte de Porvenir y de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, por cuanto la accionante no cuestionó en su
impugnación la decisión absolutoria a favor de dichas entidades en lo relacionado con
sus respuestas, sino que enfocó su reparo exclusivamente en la negativa a ordenar el
ajuste en su historial de cotizaciones y efectuar el cobro correspondiente.

3.- El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

3.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley.

Conforme con la disposición referida, el trámite constitucional aludido es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa judicial
para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en principio, impide
que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches contra actos
administrativos o para generar erogaciones económicas, toda vez que ese tipo de
pretensiones pueden ser discutidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

8

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente
procede el depreco cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz7
el derecho fundamental, o este no es idóneo, por no ofrecer una solución integral y no
resolver el conflicto en toda su dimensión 8 ; así también cuando el accionante se
encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable9, caso en el cual la tutela funge
como mecanismo transitorio.

3.2.- En el caso concreto, la accionante censura la existencia de inconsistencias en su
historia laboral, situación que repercute de manera directa en la futura liquidación de su
prestación económica pensional y, por ende, en las garantías fundamentales inherentes
al derecho a la seguridad social y al mínimo vital. Aunado a ello, el motivo de su
inconformidad en la alzada se centró en el hecho de que no se hubiese accedido a
ordenar el ajuste de sus antecedentes pensionales.

3.3.- Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-048 de 2025, precisó que el
empleador y las administradoras de los fondos pensionales son los responsables de
almacenar correctamente la información relacionada con la historia laboral, para lo cual
ostentan una carga especial de diligencia. Lo anterior permite a los afiliados acceder a la
información y solicitar las correcciones pertinentes, facultad amparada en el artículo 15
de la Constitución Política y en el deber de revisión permanente consagrado en el numeral
5 del artículo 8 de la Ley 2381 de 2024. De esta forma, los fondos son los primeros
llamados a resolver dichas solicitudes. Sin embargo, ante una respuesta insatisfactoria,
los interesados deben acudir a las autoridades judiciales. Al respecto, en la referida T-
048 de 2025, con apoyo en las providencias T-034 de 2021, T-311 de 2023 y T-411 de
2023, se reconoció que un proceso ordinario es el mecanismo judicial idóneo para lograr
la corrección de la historia laboral y dirimir las controversias suscitadas por
inconsistencias en los registros pensionales.

7 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
8 Sentencia T-471 de 2017.
9 Se tiene como perjuicio irremediable aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad

de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.

9

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

En este marco, para determinar la viabilidad de la tutela en casos de actualización de
historia laboral, la línea jurisprudencial del alto órgano constitucional ha exigido evaluar 4
criterios: (i) si el accionante es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) si la
omisión genera un alto grado de afectación a los derechos fundamentales, en particular
al mínimo vital; (iii) si el interesado desplegó actividad administrativa para reclamar su
derecho; y (iv) si existen razones acreditadas para considerar ineficaz el mecanismo
judicial ordinario.

3.4.- Al aplicar las anteriores subreglas al caso concreto, la Sala advierte que los
argumentos orientados a ordenar la corrección de la historia laboral no satisfacen el
requisito de subsidiariedad, pues no se avizora un perjuicio irremediable que imponga la
intervención urgente del juez de tutela. En primer lugar, la actora no aportó elementos de
juicio que permitan dar por acreditada la inminencia de un perjuicio irremediable, pues no
demostró restricciones graves o desproporcionadas a su mínimo vital o a otras garantías
iusfundamentales que exijan la adopción de medidas impostergables. Por el contrario,
conforme se constató en la actuación, la accionante actualmente recibe ingresos
derivados de su trabajo, situación que descarta una afectación a su mínimo vital o a sus
condiciones dignas de subsistencia. En segundo lugar, si bien la peticionaria adelantó
gestiones administrativas ante las entidades correspondientes, no acreditó los motivos
por los cuales el medio de defensa judicial ordinario resulta ineficaz para proteger sus
derechos. Por consiguiente, la controversia encaminada a integrar los tiempos
presuntamente omitidos adquiere un carácter estrictamente litigioso que debe dirimir el
juez ordinario de la causa, lo que impone reiterar la improcedencia de la acción respecto
a este asunto específico.

3.5.- Con estas precisiones, se reitera que las acciones judiciales ante la jurisdicción
ordinaria resultan ser mecanismos eficaces que tiene a su alcance la parte actora, sin
que esté demostrada su insuficiencia o falta de idoneidad.

4.- Carencia actual de objeto por hecho superado frente al derecho de petición

4.1.- Se debe destacar, en primer lugar, que la Corte Constitucional, en repetidas
ocasiones10, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando, frente a

10 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.

10

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez se
torna inane. Específicamente, esta figura ocurre cuando se presenta un daño
consumado11, un hecho superado12 o una situación sobreviniente13.

4.2.- En relación con el derecho fundamental de petición, la actora cuestionó que, a pesar
de las múltiples solicitudes elevadas para la corrección y actualización de sus registros
pensionales, Colpensiones se abstuvo de proferir una contestación de fondo, clara y
congruente con sus pedimentos.

4.3.- Al evaluar los documentos aportados con el escrito de tutela, esta Sala observa que,
el 17 de febrero de 2025, la actora elevó una solicitud ante Colpensiones 14 con el
propósito de obtener la corrección de 19 periodos específicos de aportes pensionales
presuntamente omitidos en su historia laboral, comprendidos entre diciembre de 2002 y
julio de 2023. En atención a dicho requerimiento, mediante oficio SEM2025-057990 del 5
de marzo de 202515, la entidad accionada emitió una respuesta genérica, en la cual se
limitó a informar que revisó y corrigió las inconsistencias de los ciclos cotizados, sin emitir
un pronunciamiento individualizado sobre los meses reclamados por la ciudadana.

11 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez

no puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro.
Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional. M.P. Alexei Julio Estrada.
12 Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como

consecuencia del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta
inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las
sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero
Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras. En lo relacionado con la terminación de la
afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
13 Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección solicitada

no se hace relevante, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque la nueva situación
no da lugar a conceder el derecho. La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad
de carencia actual de objeto, cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de
2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (M.P.
Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos), entre otras.
14 Obra petición en el archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para tribunales y juzgados administrativos, en el

índice 3, con certificado F9F6C43E1804E8FA A39FD42DCC4094EC C7462E12113CF1C6 A5491BA34B1BCAB9 del
expediente 18001233300020260000200.
15 Obra respuesta en el archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para tribunales y juzgados administrativos, en el

índice 3, con certificado 9088D0AF3547F0F3 5D0F2029654C9768 56292F6E75DA7585 F5B1A45A2D58A18C del
expediente 18001233300020260000200.

11

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

Ante la persistencia de los vacíos en sus registros, la peticionaria presentó otra solicitud
el 20 de junio de 2025 16 para reclamar la corrección de aportes incompletos
correspondientes a 13 ciclos exactos: enero de 2002, agosto y septiembre de 2004,
enero, febrero y marzo de 2007, marzo de 2011, mayo de 2020, enero de 2021, febrero
y marzo de 2021, y enero y abril de 2023. Para atender esta petición, Colpensiones
profirió el oficio SEM2025-264076 del 2 de octubre de 202517. En este documento, la
administradora indicó que el ciclo de enero de 2002 se encuentra debidamente acreditado
y explicó que, frente a los periodos de agosto a septiembre de 2004 y de enero a marzo
de 2007, los pagos efectuados por el empleador resultaron insuficientes para cubrir los
valores totales; por tal motivo, conforme a la normativa, precisó que los aportes se
aplicaron a saldos pendientes, situación que genera la contabilización inexacta de días.

4.4.- En esa medida, esta Subsección, al analizar los pedimentos formulados el 20 de
junio de 2025 en contraste con la contestación otorgada en octubre del mismo año,
advierte una omisión material y evidente por parte de Colpensiones. En efecto, la entidad
guardó silencio frente a los ciclos reclamados de marzo de 2011, mayo de 2020, enero
de 2021, febrero y marzo de 2021, enero de 2023 y abril de 2023. Esta falta de
pronunciamiento sobre 7 de los 13 periodos solicitados permite concluir, sin asomo de
duda, que la respuesta proferida es incompleta. En consecuencia, se torna evidente que
la administradora inobservó los presupuestos de congruencia y resolución de fondo
exigidos por la jurisprudencia constitucional, circunstancia que configura una vulneración
directa al derecho fundamental sub judice.

4.5.- Ahora bien, en el curso de esta instancia Colpensiones presentó informe 18 para
acreditar el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 30 de enero de 2026. La entidad
precisó que acató la orden de primera instancia mediante el Oficio 2026_3174225 del 17
de febrero de 202619, el cual fue notificado al correo electrónico de la accionante. En esa
contestación, la autoridad explicó, respecto de los periodos de enero a marzo de 2007,

16 Obra petición en el archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para tribunales y juzgados administrativos, en el

índice 3, con certificado AA7EF0945DF597EA 73D916BFBFE14A4C 6EE3BD215B82D4CD 5D747127D3D80C06 del
expediente 18001233300020260000200.
17 Obra respuesta en el archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para tribunales y juzgados administrativos, en el

índice 3, con certificado 300E3E681AD01315 21C66F36B323D286 6ADA68BAFB5C85C3 ADB7F17A918ECF19 del
expediente 18001233300020260000200.
18 Obra informe en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 4, con certificado B03953CFF9C69897

70947588E9A285DB B1EA42CEACFFCCBB 311BD2F2116A1D1B.
19 Obra documento en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 4, con certificado 78DF100DC56B5EED

84F2111D4410FC97 1C157C20EFA9507F D75F753102FFB5B2.

12

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

marzo de 2001 y marzo de 2011, que la peticionaria se encontraba afiliada al fondo
privado AFP Horizonte, hoy Porvenir, por lo cual la responsabilidad del recaudo y la
custodia de la información recae sobre dicho fondo. No obstante, aclaró que tales ciclos
se encuentran acreditados en la historia laboral conforme a los reportes del empleador y
al traslado efectuado por la administradora privada. En relación con los ciclos de enero a
marzo de 2021, enero, abril y julio de 2023, febrero de 2024 y mayo de 2025, indicó que
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizó aportes de manera incompleta,
pues los pagos resultaron insuficientes para cubrir el valor de las cotizaciones, situación
que produjo intereses pendientes por pagar y la contabilización de periodos inexactos.

En esa medida, la autoridad advirtió que no procede la corrección por tratarse de una
deuda presunta del empleador, quien ya fue requerido para el pago de los aportes
pendientes. Adicionalmente, señaló que los errores u omisiones en el reporte de
novedades son responsabilidad exclusiva del aportante, de modo que la actualización de
los periodos mencionados depende de la culminación del proceso de depuración de la
deuda. Finalmente, manifestó su imposibilidad legal para cargar semanas en el sistema
sin el sustento de una cotización efectivamente recibida, por lo que, si la gestión de cobro
ante el empleador no es exitosa, no habrá lugar a la corrección reclamada.

4.6.- Con base en lo expuesto, la Sala concluye que en el sub judice se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado. Ello, por cuanto, en cumplimiento del fallo
de primera instancia, Colpensiones revisó la actuación y emitió un pronunciamiento
expreso sobre los periodos previamente omitidos. Tal circunstancia le resta relevancia
jurídica a los reproches atinentes a la falta de respuesta de fondo y torna inocua la
adopción de órdenes adicionales orientadas a proteger la garantía deprecada.

Aunado a ello, si bien la autoridad accionada manifestó acatar la orden judicial sin
perjuicio de mantener su impugnación, esta Subsección ha sostenido de forma reiterada
que en estos eventos procede la declaratoria de la carencia actual de objeto. La
satisfacción efectiva de un derecho y el cese de la vulneración constituyen el efecto
material del cumplimiento, finalidad que resulta inherente a la naturaleza de protección
urgente de la acción de tutela. En ese sentido, la cesación de la afectación
iusfundamental prevalece sobre el interés de la autoridad de continuar el debate procesal
en sede de segunda instancia, máxime cuando en los acápites previos se constató que,

13

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: María Inés Trujillo Murcia
Accionados: Colpensiones y otros

en efecto, la administradora sí conculcó el derecho de petición al proferir una contestación
inicial incompleta.

5.- En este orden de ideas, la Sala advierte que los reproches formulados en la solicitud
de amparo son, en su totalidad, improcedentes. De un lado, las quejas relativas a las
presuntas inconsistencias en la historia laboral no cumplen con el requisito de
subsidiariedad; de otro, frente a los reparos sobre la falta de respuesta de fondo, se
configura una carencia actual de objeto por hecho superado. En consecuencia, se
revocará la providencia impugnada y, en su lugar, se declarará la improcedencia de la
acción.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 30 de enero de 2026 20 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo
constitucional, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
Aclara voto

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

20 Obra
sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado BFD93E651C45C7C4
95A46EC2EFF64A6E D5D3852FFB994766 0C4B04C643F77DB7.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.