Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2026-00032-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2026-00032-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2026-00032-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 18001-23-33-000-2026-00032-011
Accionante : Ximena Ramírez Pulido
Accionados : Nueva EPS y Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva
Acción : Tutela
Tema : Pago incompleto de licencia de maternidad
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva y Coordinación Administrativa de
Florencia contra el fallo de 6 de abril de 2026, emitido por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que accedió al amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela
y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de
este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. La accionante, quien actúa en nombre propio, interpuso el presente recurso de
amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida
digna, mínimo vital, dignidad humana, igualdad e integridad personal,
presuntamente vulnerados por la Nueva EPS y la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.
1
Expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 18001-23-33-000-2026-00032-01
Accionante: Ximena Ramírez Pulido
Accionados: Nueva EPS y Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva
3. Por consiguiente, solicitó «[o]rdenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial – Grupo de Nómina que, en 48 horas, reliquide nuevamente [su] licencia de maternidad
del mes de febrero de 2026, con base en [su] salario mensual completo de $18.758.582, sin
prorrateo por días del mes y se [l]e pague el retroactivo adeudado».
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante se puede evidenciar que, «[es] Juez Promiscuo Municipal de El Doncello
Caquetá, actualmente en licencia de maternidad desde el 28 de octubre de 2025, con una
asignación de salario mensual al inicio de la licencia de $ 17.858.013».
5. Que, «[e]n el mes de enero de 2026, se [l]e reconoció $18.758.582. Sin embargo, para el mes
de febrero de 2026, se [l]e pagó el valor de $16.943.235, desconociendo la diferencia», por lo
que, «[e]l […] 19 de febrero [siguiente], present[ó] petición ante la Oficina de Recursos Humanos
de Florencia Caquetá, al correo electrónico rechumflo@cendoj.ramajudicial.gov.co, para que se [l]e
informara el motivo por el cual [l]e habían realizado la pre-n[ó]mina con un valor diferente al 100%
de [su] salario devengado, quienes [l]e dieron respuesta in[dicándole] que tratándose de licencias,
“se reconocen los días conforme a la liquidación reportada por la EPS” y que, para febrero, la
EPS “reconoce un total de 28 días, los cuales serán tenidos en cuenta en la respectiva
liquidación de nómina”».
6. La actora expuso que lo anterior contraviene «[…] el artículo 236 del Código Sustantivo
del Trabajo [que] establece que toda trabajadora tiene derecho a dieciocho (18) semanas de licencia
remuneradas con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia; […] regla [que] parte del
salario mensual y no de un prorrateo por días (28, 30 o 31), por lo cual no procede reducir el pago
por la extensión del mes calendario».
7. Sostuvo que, «[l]a reducción injustificada de $1.815.347 en febrero [de] 2026 (de 18.758.582 a
16.943.235) compromete directamente [su] subsistencia […] y [la de] su hija […] (recién nacida en
lactancia), afectando gastos esenciales en alimentación, pañales, medicamentos y servicios básicos
durante período crítico de protección reforzada (Ley 2458/2025) ».
1.2 Contestaciones de la acción.
8. 1.2.1 La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva-
Coordinación Administrativa de Florencia3 adujo que la accionante se encontró
en licencia de maternidad desde el 28 de octubre de 2025 hasta el 2 de marzo de
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
3
Índice 00008 del expediente de Samai de primera instancia.
2
Radicado: 18001-23-33-000-2026-00032-01
Accionante: Ximena Ramírez Pulido
Accionados: Nueva EPS y Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva
2026, por un total de 126 días, los cuales fueron íntegramente reconocidos y
aplicados en nómina.
9. Que, aunque en enero de 2026 se pagó la suma de $18.758.582 y en febrero un
valor inferior ($16.943.235), dicha variación obedeció a la liquidación realizada con
base en los 28 días reconocidos por la EPS para ese mes, y no a una decisión
arbitraria.
10. Explicó que, el pago de la licencia de maternidad corresponde al Sistema General
de Seguridad Social en Salud, por lo que, procedió a aplicar en nómina solo la
información suministrada por la EPS.
11. 1.2.2 La Nueva EPS guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.3 Providencia impugnada4.
12. Mediante sentencia de 6 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Segunda de Decisión accedió al amparo deprecado, al considerar que, «[…]
para efectos laborales y prestacionales, el mes se computa de 30 días, así lo señaló el Ministerio del
Trabajo en el concepto 53034 del 31 de marzo de 2014 », por lo que, «[…] la reducción del valor
percibido por concepto de licencia de maternidad produjo una merma directa en [los] ingresos [de la
actora], con impacto inmediato en sus condiciones materiales de existencia, máxime cuando se trata
de una prestación destinada a sustituir el salario durante el periodo en el cual la madre se encuentra
temporalmente apartada de su actividad productiva».
13. Agregó que, «[l]a Corte Constitucional ha sido enfática al sostener que la licencia de maternidad
hace parte del mínimo vital, pues parte del supuesto de que la mujer que da a luz interrumpe su
actividad laboral con ocasión del parto y el cuidado inicial del recién nacido. En tal contexto, dicha
prestación constituye, en la mayoría de los casos, el único ingreso previsible del cual depende la
garantía de subsistencia de la madre, del hijo recién nacido y del núcleo familiar », razón por la
cual «[…] la actuación desplegada por la entidad accionada, al pagar de manera incompleta la
licencia de maternidad correspondiente al mes de febrero de 2026, desconoció el carácter integral
de dicha prestación y comprometió injustificadamente el mínimo vital de la señora Ramírez Pulido y
de su hija recién nacida».
14. En consecuencia, dispuso:
Primero. Amparar los derechos fundamentales de seguridad social y mínimo vital de
la señora Ximena Ramírez Pulido y de su hija recién nacida, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta sentencia.
4
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
3
Radicado: 18001-23-33-000-2026-00032-01
Accionante: Ximena Ramírez Pulido
Accionados: Nueva EPS y Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva
Segundo. Ordenar a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva -Coordinación Administrativa de Florencia que
dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente decisión, realice las gestiones pertinentes para reliquidar y cancelar de manera
completa la licencia de maternidad correspondiente al mes de febrero de 2026 a la
señora Ximena Ramírez Pulido, reconociendo los treinta (30) días del mes laboral y
procediendo al pago del valor faltante que dejó de ser cancelado por haberse liquidado
únicamente veintiocho (28) días, sin imponer trámites adicionales ni exigir requisitos no
previstos en la ley.
La entidad podrá recobrar ante la Nueva EPS la suma que resulte del reajuste efectuado
y cancelado a la accionante, conforme a los procedimientos internos y normatividad
vigente.
[…].
1.4 La impugnación5.
15. Inconforme con esa determinación, la accionada Nación - Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva - Coordinación
Administrativa de Florencia la impugnó, para cuyo propósito sostuvo que, «[…]
incurr[ió] en un error de apreciación al declarar la vulneración del derecho al mínimo vital, pues
omit[ió] realizar un análisis de proporcionalidad y necesidad frente a las condiciones
socioeconómicas probadas de la accionante», quien «[…] percibe una asignación mensual de
16.943.235», que «[…] supera ampliamente el costo de las necesidades básicas (vivienda,
alimentación y salud) en el contexto colombiano, desvirtuando la "necesidad" de la intervención del
juez de tutela», por lo que, «[e]s jurídicamente desproporcionado afirmar que una diferencia de
$914.778 (correspondiente a 2 días de salario) pone en riesgo la subsistencia de una persona que
percibe más de 16 millones de pesos en un solo mes».
16. Agregó que, «[e]n el expediente no obra prueba alguna que demuestre que el pago de 28 días
impidió a la actora cumplir con sus obligaciones esenciales o que afectó la salud o dignidad de su
hija recién nacida».
17. Que, en todo caso, «[…] ha pagado a la accionante $75.949.105 por concepto de licencia,
frente a los $69.869.213 reconocidos por la EPS. Este "plus" asumido por el empleador demuestra
que no ha habido una actitud omisiva o vulneradora, sino un esfuerzo por mantener la estabilidad
económica de la Juez».
18. Señaló que, «[…] procedió de conformidad con el reporte oficial de la NUEVA EPS, la cual
liquidó y reconoció únicamente 28 días para el mes de febrero de 2026[, por lo que,] [n]o le es dable
al empleador, de manera unilateral y arbitraria, alterar los días reportados por la entidad de salud en
el sistema, pues esto generaría una inconsistencia contable y administrativa en el proceso de
5
Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia.
4
Radicado: 18001-23-33-000-2026-00032-01
Accionante: Ximena Ramírez Pulido
Accionados: Nueva EPS y Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
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recobro», por lo tanto, «[…] la responsabilidad por cualquier presunta deficiencia en la liquidación
de los días calendario de febrero recae sobre la NUEVA EPS, entidad que guardó silencio durante
el proceso».
19. Por otra parte, indicó que, «[p]ara este tipo de reclamaciones, el ordenamiento jurídico prevé
la vía ordinaria laboral o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismos que
permiten un debate probatorio amplio sobre la correcta interpretación de los días calendario frente a
los días laborales».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
20. En virtud de los artículos 326 del Decreto ley 2591 de 19917 y 258 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 20199 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
21. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico.
22. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la omisión de
las entidades accionadas de pagar de manera completa la licencia de maternidad
de la actora, correspondiente al mes de febrero del año en curso; y, en caso
6
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
9
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Radicado: 18001-23-33-000-2026-00032-01
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afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la vida digna, mínimo vital,
dignidad humana, igualdad e integridad personal invocadas en la solicitud de
amparo.
2.4 Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela.
23. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que, solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que, aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario,
es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un
instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la
protección de los derechos, salvo que, se pretenda evitar la causación de un
perjuicio irremediable.
24. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional10 y ante la naturaleza
eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca
el amparo de un derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de
defensa que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición
de la acción.
25. De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa,
sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades
que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales fundamentales
a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la satisfacción de sus
intereses.
26. De manera que, la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la
acción constitucional frente al caso particular11.
27. Así entonces, también ha previsto la jurisprudencia constitucional que el recurso
10
Corte Constitucional, T-480 de 2011, entre otras.
11
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
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de amparo no es procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para
la protección de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para su amparo, estas deben ser suficientemente eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario la acción
de tutela procede de manera transitoria.
28. En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de
tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar
una violación a prerrogativas inalienables.
29. Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso concreto,
deben acreditarse los siguientes supuestos: «(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir,
no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se
cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción
es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna »12.
30. En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los anteriores requisitos se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los
derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez
competente decide de fondo la acción correspondiente13.
31. Asimismo, la jurisprudencia constitucional14 ha precisado que, el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es dable
exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se discute
la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al menos
someramente los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos que
motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al juez constitucional
no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción
de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
13
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de
diciembre de 2010.
14
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
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Radicado: 18001-23-33-000-2026-00032-01
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2.5 De la estabilidad laboral reforzada por maternidad.
32. La Constitución Política fijó una protección especial para la mujer durante la
época del embarazo y posterior al parto, en los siguientes términos:
«ART[Í]CULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y
después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de
este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia».
33. De igual forma, cabe precisar que, la mujer en estado de gravidez y su hijo, no
solo gozan de protección especial por mandato constitucional, sino también por lo
establecido en los diversos convenios y tratados internacionales que Colombia ha
ratificado.
34. En materia laboral, la legislación nacional en el Código Sustantivo del Trabajo
(artículo 235 y siguientes) dispuso medidas de protección a la mujer trabajadora
durante el embarazo y la lactancia.
35. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T-082 de 201215 sostuvo que
la protección reforzada para las mujeres en estado de embarazo o en periodo de
lactancia se traduce en que, durante este lapso la trabajadora no puede ser
desvinculada laboralmente debido a su condición:
En definitiva, el fuero de maternidad corresponde a una categoría jurídica en presencia
de la cual se activan en nuestro orden jurídico obligaciones y prohibiciones
excepcionales para el empleador, que concretan el mandato constitucional según el
cual debe otorgarse a la mujer embarazada una protección laboral reforzada, la cual
exige para su aplicación solo dos requisitos: (i) que exista una alternativa laboral que
respalde una relación laboral de la cual es parte la mujer gestante, y (ii) que la mujer se
encuentre en estado de embarazo o en periodo de lactancia (3 meses siguientes)
durante la relación laboral, de forma que si es despedida en estas condiciones, procede
de inmediato el reconocimiento de las medidas de protección derivadas del fuero de
maternidad.
36. Ahora bien, en la Sentencia SU-070 de 201316, la Corte Constitucional, sobre el
alcance de protección laboral reforzada a las mujeres embarazadas estableció las
siguientes reglas:
Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la adopción de medidas
protectoras en caso de cesación de la alternativa laboral, cuando se demuestre, sin alguna
15
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16
M. P. Alexei Julio Estrada.
8
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otra exigencia adicional: a) la existencia de una relación laboral o de prestación y, b) que la
mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al parto,
en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. De igual manera el alcance de la
protección se determinará según la modalidad de contrato y según si el empleador (o
contratista) conocía o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la
desvinculación.
37. Y, posteriormente, en la sentencia SU-075 de 201817, indicó:
«[…] la garantía de la estabilidad laboral reforzada para las mujeres en estado de
embarazo o en el periodo de lactancia constituye una acción afirmativa en favor de
aquellas que responde a la desventaja que afrontan, pues deben soportar los mayores
costos de la reproducción y de la maternidad, los cuales tradicionalmente son asumidos
únicamente por las mujeres.
Además, estas deben ausentarse temporalmente de su cargo para ejercer la
maternidad, especialmente las primeras labores de cuidado de los niños recién nacidos.
Ello, a su turno, representa un desincentivo para el empleador, pues la contratación de
mujeres que ejerzan ambos roles simultáneamente (el de trabajadora y el reproductivo)
se ha percibido por algunos como un detrimento del objetivo productivo y eficiente de
una empresa. Por tanto, el ejercicio del rol reproductivo implica una desventaja para las
mujeres en el mercado laboral.
[…] Así, con el propósito de equilibrar las condiciones laborales entre hombres y
mujeres y evitar la discriminación de aquellas, se profirió la Ley 53 de 193818, que fue
la primera norma en Colombia en establecer la protección laboral de la mujer en estado
de embarazo, al prohibir su despido por dicho motivo 19. Su objetivo era contrarrestar la
desventaja en la que se encontraban las mujeres que eran despedidas por su estado
de gravidez, el cual era visto en ese entonces como una incapacidad para llevar a cabo
sus labores y como un costo para los empleadores, ya que las trabajadoras debían
ausentarse del empleo para atender el parto. Lo anterior, generaba una inestabilidad
laboral que ponía a la mujer en situación de indefensión en razón de los costos de la
reproducción20.
Posteriormente, los Decretos 1632 de 1938 y 2350 de 1938 establecieron,
respectivamente: (i) la obligación de solicitar el permiso de un inspector de trabajo para
despedir a una mujer embarazada; y, (ii) en caso de no obtener dicha autorización, la
presunción de que el despido se había dado por causa del embarazo.
Consecutivamente, el Decreto 2663 de 1950 codificó estas disposiciones en un solo
cuerpo normativo y esencialmente fueron reproducidas en el Código Sustantivo del
Trabajo (en adelante, CST)21.
[…] A continuación, el artículo 8° de la Ley 73 de 1966 determinó la nulidad del despido
que el empleador efectúe durante la licencia de maternidad sin el cumplimiento de los
requisitos legales. Por su parte, la Ley 50 de 1990, que también modificó el artículo 239
del CST, aumentó el periodo de licencia de maternidad a 12 semanas, extendió las
protecciones para la madre y el padre adoptantes que no tuvieran esposa o compañera
permanente y amplió el número de semanas de indemnización de despido por
embarazo22.
17
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18
Reglamentada por los Decretos 1632 de 1938, 2350 de 1938 y 953 de 1939.
19
Ley 53 de 1938, Artículo 2. “No podrá despedirse de su oficio a ninguna persona empleada u obrera, por motivos de
embarazo o lactancia y se conservará el puesto a la que se ausente por causa de enfermedad proveniente de su estado”.
20
Ramírez Bustamante, Natalia, ¿Poder o desventaja? El derecho de las mujeres a no ser despedidas durante el embarazo:
Análisis legislativo y jurisprudencial de la protección a la mujer durante el embarazo 1938-2008, 2008.
21
El Código Sustantivo del Trabajo compila los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951.
22
Ley 50 de 1990, artículo 35 que modifica el artículo 239 del CST. “3. La trabajadora despedida sin autorización de las
autoridades tiene derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de (60) días, fuera de las indemnizaciones
y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, además, el pago de las (12) semanas de descanso
remunerado de que trata este capítulo, si no lo ha tomado”.
9
Radicado: 18001-23-33-000-2026-00032-01
Accionante: Ximena Ramírez Pulido
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Luego, la Ley 1468 de 2011 reformó las normas del CST en relación con el despido de
la mujer embarazada, al añadir el derecho a disfrutar del pago de las 14 semanas de
descanso remunerado si la mujer no ha disfrutado su licencia de maternidad, con ciertas
extensiones en casos de hijos prematuros o partos múltiples 23 y, además, se
introdujeron modificaciones en la sanción, de acuerdo con el tipo de contrato.
Recientemente, la Ley 1822 de 2017 extendió la licencia de maternidad a 18 semanas
y puntualizó que el despido de la mujer gestante o lactante debe contar con autorización
del Ministerio del Trabajo. Igualmente, precisó algunas nociones en relación con el
derecho a disfrutar del pago de la licencia de maternidad, pero mantuvo en esencia la
regulación prevista anteriormente24.
[…] Por último, es pertinente resaltar que esta Corporación, en sede de control abstracto
de constitucionalidad, ha proferido dos decisiones particularmente relevantes sobre esta
materia.
Por una parte, mediante la Sentencia C-470 de 199725, la Corte Constitucional declaró
la exequibilidad del artículo 239 del CST en el entendido de que carece de todo efecto
el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al
parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente,
quien debe verificar si existe justa causa probada para el despido 26. Por otra, a través
de la Sentencia C-005 de 201727 se condicionó la constitucionalidad de los numerales
1º del artículo 239 y 1º del artículo 240 del CST. En este caso, se extendió la prohibición
de despido y la exigencia de permiso para llevarlo a cabo al trabajador que tenga la
condición de cónyuge, compañero permanente o pareja de la mujer en período de
embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel 28.
[…] Como se evidencia a partir del anterior recuento normativo, la estabilidad laboral
reforzada para las trabajadoras en estado de gestación es una respuesta a la
discriminación histórica que han afrontado las mujeres en el ámbito laboral, quienes
fueron y aún son despedidas por causa del embarazo. Así, en razón de la situación de
desventaja histórica a la que ha sido sometida la mujer trabajadora −el despido en razón
del embarazo−29, el fuero de maternidad se encamina a potenciar su estabilidad en el
trabajo y su posibilidad de permanecer en la fuerza laboral cuando ejerce su rol
reproductivo.
2.6 Solución al caso concreto.
38. En el asunto sub judice lo primero que advierte la Sala es que, la inconformidad
de la actora consiste en que, aunque pudo disfrutar de su licencia de maternidad
desde el 28 de octubre de 2025 hasta el 2 de marzo de 2026, en el mes de febrero
le fue cancelado su sueldo conforme a 28 días y no a 30, desconociendo «[…] el
artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo [que] establece que toda trabajadora tiene derecho a
23
Ley 1468 de 2011, artículo 4º que adiciona un numeral al artículo 239 del CST. “4. En el caso de la mujer trabajadora
además, tendrá derecho al pago de las (14) semanas de descanso remunerado a que hace referencia la presente ley, si no
ha disfrutado de su licencia por maternidad; en caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas
adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el
nacimiento a término”.
24
Ley 1822 de 2017, artículo 2 que modifica el artículo 239 del CST en los siguientes apartes: Adiciona al numeral primero “1.
Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de
Trabajo que avale una justa causa.” y “4. En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute
de la semana preparto obligatoria, y/o de algunas de las diecisiete (17) semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las
semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas adicionales y, en
caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a
término”.
25
M.P. Alejandro Martínez Caballero
26
Sentencia C-470 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
27
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28
Sentencia C-005 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
29
Sentencia C-470 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
10
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dieciocho (18) semanas de licencia remuneradas con el salario que devengue al momento de iniciar
su licencia; […] regla [que] parte del salario mensual y no de un prorrateo por días (28, 30 o 31), por
lo cual no procede reducir el pago por la extensión del mes calendario».
39. En criterio de la accionante, «[l]a reducción injustificada de $1.815.347 en febrero [de] 2026
(de 18.758.582 a 16.943.235) compromete directamente [su] subsistencia […] y [la de] su hija […]
(recién nacida en lactancia), afectando gastos esenciales en alimentación, pañales, medicamentos
y servicios básicos durante período crítico de protección reforzada (Ley 2458/2025) », lo que
trasgrede sus garantías superiores a la vida digna, mínimo vital, dignidad humana,
igualdad e integridad personal.
40. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que, la jurisprudencia
constitucional30 ha señalado que, la acción de amparo resulta improcedente cuando
existen otros medios de defensa, salvo que, se acredite la configuración de un
perjuicio irremediable, puesto que, de acontecer, el amparo constitucional es el
instrumento adecuado para adoptar medidas urgentes en aras de evitarlo.
41. Y que, el requisito de subsidiariedad debe aplicarse con menor rigor cuando la
tutela concierne a sujetos de especial protección constitucional, dado que, exigirles
que acudan a otros mecanismos para obtener la salvaguarda de sus derechos
fundamentales involucra una carga desproporcionada, por no compadecerse de su
estado de vulnerabilidad31.
42. Dentro de dichos sujetos de especial protección se encuentran contempladas las
mujeres embarazadas o en estado de gestación, por lo que, la Corte
Constitucional32 determinó que, entre los casos en los que se debe flexibilizar la
exigencia de procedibilidad de subsidiariedad, están los relacionados con el fuero
de maternidad, cuyos fundamentos constitucionales son:
«(i) El derecho de las mujeres a recibir una especial protección durante la
maternidad33, el cual se encuentra previsto en el artículo 43 de la Constitución. Dicha
norma señala expresamente que las mujeres tienen derecho a gozar de especial
asistencia y protección del Estado durante el embarazo y que deben recibir un subsidio
30
Sentencia SU-712 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31
Corte Constitucional, sentencia T-1 de 2021.
32
Sentencia SU-075 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
33
En relación con este fundamento normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional ha destacado que
esta protección también se deriva de instrumentos internacionales. “Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos
en su artículo 25 señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”, mientras que el
artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por Colombia
mediante la Ley 74 de 1968, señala que “se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto”. Por su parte, el artículo 12.2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), señala que “los Estados Partes garantizarán
a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario” (Sentencia SU-070 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada).
11
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alimentario, en caso de desempleo o desamparo 34. Así, la jurisprudencia constitucional
ha destacado que este enunciado implica a su vez dos obligaciones a cargo del Estado:
la especial protección de la mujer embarazada y lactante −sin distinción−, y un deber
prestacional que consiste en otorgar un subsidio cuando esté desempleada o
desamparada. En este sentido, se trata de una protección general para todas las
mujeres gestantes35.
(ii) La protección de la mujer embarazada o lactante de la discriminación en el
ámbito laboral, la cual ha sido destacada por esta Corporación en reiteradas
oportunidades36. El fin de la salvaguarda en este caso es impedir la discriminación que,
a raíz del embarazo, pueda sufrir la mujer, específicamente la terminación o la no
renovación del contrato por causa o con ocasión de esa condición o de la lactancia 37.
De este modo, el fuero de maternidad, encuentra también su sustento en la cláusula
general de igualdad de la Constitución38 que proscribe la discriminación por razones de
sexo, así como en el ya mencionado artículo 43 Superior, que dispone la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Adicionalmente, la prohibición de discriminación en el ámbito laboral de las mujeres en
estado de embarazo ha sido ampliamente desarrollada por numerosos instrumentos
internacionales, entre los cuales se destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDESC) (artículo 26), la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH) (artículos 20 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (PIDESC) (artículos 2° y 6°), la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do Pará–
(artículos 4° y 6°) y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (artículo 11). Así mismo, los Convenios y
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son un referente
especialmente relevante en materia de igualdad y no discriminación de las mujeres en
el empleo39.
(iii) La protección del derecho fundamental al mínimo vital y a la vida se erige
también en un sustento normativo de la estabilidad laboral reforzada de la mujer en
estado de embarazo, como lo ha reiterado este Tribunal 40. Este derecho, como bien
jurídico de máxima relevancia constitucional, implica no solo la protección de la mujer
durante la etapa gestacional, sino también se extiende a la protección al ejercicio pleno
de la maternidad.
[…]
(iv) Por último, la relevancia de la familia en el orden constitucional es una
justificación adicional de la especial protección de la mujer gestante y lactante 41».
34
“Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna
clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y
recibirá de éste subsidio alimentario si entones estuviese desempleada o desamparada. El estado apoyará de manera
especial a la mujer cabeza de familia.”
35
Sentencia T-238 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; Sentencia SU-070 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
36
Ver, entras otras, Sentencias T-221 de 2007 (Humberto Antonio Sierra Porto), T-159 de 2008 (M.P. Mauricio González
Cuervo), y T-088 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
37
Sentencia C-470 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esta decisión, la Corte indicó que “sin una protección
especial del Estado a la maternidad, la igualdad entre los sexos no sería real y efectiva, y por ende la mujer no podría
libremente elegir ser madre, debido a las adversas consecuencias que tal decisión tendría sobre su situación social y laboral”.
38
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religación, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real, efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
39
En materia de igualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, conviene resaltar, entre otros, los Convenios 3, 111,
156 y 183 y la Recomendación 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Convenio 183 prohíbe enfáticamente
“al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o
después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por
motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la
prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias
o la lactancia incumbirá al empleador”.
40
Ver, entre otras, las Sentencias C-005 de 2017 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); SU-070 de 2013. (M.P. Alexei Julio
Estrada); C-470 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-694 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
41
Sentencia C-005 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
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43. Con base en lo anterior, la sentencia de primera instancia, respecto al requisito
de la subsidiariedad, sostuvo que:
[…] la acción de tutela resulta improcedente, en principio, para resolver controversias
relacionadas con el reconocimiento de prestaciones económicas. No obstante, en lo
concerniente a la licencia de maternidad, [la Corte Constitucional] ha precisado que su
falta de pago o pago incompleto puede llegar a comprometer de manera directa los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, tanto de la madre como de su
hijo menor.
En efecto, en la Sentencia T-278 de 2018, la Alta Corporación señaló que cuando la
madre depende exclusivamente de los ingresos derivados de su actividad laboral y no
cuenta con otra fuente de ingresos, la imposibilidad de desempeñar su trabajo durante
el período de licencia y, por ende, la ausencia de ingresos remuneratorios, transforma
la licencia de maternidad en una prestación social de carácter fundamental. Ello, por
cuanto se encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo integral de la madre y
del recién nacido, al constituir el único ingreso que permite satisfacer sus necesidades
básicas de subsistencia.
Señaló que se debe tener en cuenta dos aspectos para verificar la procedencia de la
acción de tutela para reclamar el pago de la licencia de maternidad, como lo es tiempo
para su interposición y la afectación del mínimo vital de la madre y su hijo:
De esta forma, esta Corporación ha reconocido a la acción de tutela como el medio
idóneo de defensa para reclamar el pago de una prestación económica como la
licencia por maternidad, si se verifican o se tienen en cuenta dos aspectos
relevantes: primero, que la acción se interponga dentro del año siguiente al
nacimiento y segundo, que se compruebe por cualquier medio la afectación del
mínimo vital de la madre y su hijo. Así mismo la Corte ha establecido que la licencia
por maternidad hace parte del mínimo vital, la cual está ligada con el derecho
fundamental a la subsistencia, por lo que se presume que su no pago vulnera el
derecho a la vida digna.
44. En ese orden de ideas, en primera instancia se concluyó que, en este caso, era
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio ante la posible
vulneración del mínimo vital de la accionante y de su hija recién nacida, argumento
que, para la Sala, carece de asidero jurídico, porque:
45. (i) Con la Resolución 050 del 4 de noviembre de 202542 el Tribunal Superior del
Distrito judicial de Florencia le concedió a la actora licencia remunerada de
maternidad posparto por el término de 126 días comprendidos entre el 28 de octubre
de 2025 al 2 de marzo de 2026, es decir, que para la fecha en que radicó la acción
de tutela de la referencia (13 de marzo de 2026), dicho período ya se había
cumplido, lo que demuestra la ausencia de un perjuicio irremediable que conllevara
a su utilización de manera transitoria y urgente en aras de evitarlo.
42
Íncide 00003, del archivo denominado «04Anexos(.pdf) NroActua 3», páginas 17-19, del cuaderno de primera instancia de
Samai.
13
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46. (ii) El 19 de febrero de 2026, la demandante presentó solicitud 43 ante «Recursos
Humanos - Caquetá - Florencia», al correo electrónico
rechumflo@cendoj.ramajudicial.gov.co, encaminada a que se le explicara a qué se
debía la disminución en la liquidación de la nómina de ese mes ( $16.943.235) en
comparación con la de enero ($18.758.582), frente a lo cual, el mismo día la referida
entidad le indicó que, «[…] para aquellos servidores que cuentan con licencias o incapacidades,
se reconocen los días conforme a la liquidación reportada por la EPS »44; sin que se evidencie
que, con posterioridad a esa respuesta haya peticionado directamente a la EPS,
siendo la encargada del pago de su licencia y a la que se le atribuyó la aludida
disminución en febrero, lo que conlleva a concluir que no agotó debidamente la
reclamación administrativa, pues, en vez de ello acudió inmediatamente a la acción
de tutela, alegando un flagrante quebranto a su mínimo vital.
47. (iii) En atención al marco normativo y jurisprudencial relacionado con la
estabilidad laboral reforzada por maternidad citado en párrafos precedentes, se
colige que la situación de la accionante no implica una vulneración a su alcance, si
se tiene en cuenta que, nunca fue despedida o trasladada ni se vio involucrada en
algún caso de discriminación con ocasión de su embarazo, puesto que, por el
contrario, su nominador, sin problema alguno le concedió la licencia deprecada en
el cargo que ocupaba y con el sueldo correspondiente a aquel, y esta le fue pagada
de manera íntegra por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva-Coordinación Administrativa de Florencia, excepto por dos días del mes
de febrero, cuya disminución obedece tan solo a un poco más de $1.500.000 de los
$18.758.582 que devenga como juez y que, en todo caso, equivale a la liquidación
suministrada por su EPS.
48. (iv) No se puede olvidar que, en el artículo 8° del Decreto ley 2591 de 199145, se
dispone que:
[…] Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
[…]. (Énfasis propio).
43
Íncide 00003, del archivo denominado «04Anexos(.pdf) NroActua 3», página 15, del cuaderno de primera instancia de
Samai.
44
Íncide 00003, del archivo denominado «04Anexos(.pdf) NroActua 3», página 14, del cuaderno de primera instancia de
Samai.
45
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
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49. Es decir, se reitera, solo cuando se considere que se incurre en un perjuicio
irremediable que requiera de medidas urgentes para evitarlo, haciendo ineficaces
los demás medios de defensa, la acción de tutela puede proceder de manera
transitoria, lo cual en esta instancia judicial no se observa que esté configurado.
50. Al respecto, cabe precisar que la Corte Constitucional, a través de la sentencia
T-971 de 2001, señaló:
Además, la vía de la tutela es acción residual y subsidiaria que no está llamada a
proceder como mecanismo alterno o sustituto de las vías legales de protección de
derechos fundamentales46.
3.1.2. Es cierto, no obstante, como afirman los jueces de primera y segunda instancia,
que en algunas oportunidades la acción de tutela resulta procedente, de forma
transitoria, cuando existiendo recursos jurídicos ordinarios, es ésta la única vía de la
que se dispone para evitar que de la vulneración o la amenaza de los derechos
fundamentales pueda generarse un perjuicio irremediable.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al señalar las
condiciones que resultan imprescindibles para que la tutela proceda bajo tal supuesto:
El concepto de perjuicio irremediable ha sido perfilado nítidamente por esta
Corporación en jurisprudencia sistemáticamente reiterada desde 1993, en la cual se
dijo:
“Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión
de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
“A). El perjuicio ha de ser inminente […].
“B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de
ser urgentes […].
“C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale
a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona. […].
“D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad. […].
[…].
3.1.3. Las condiciones establecidas por la Corte para que la acción de tutela proceda
como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales, así
existan mecanismos ordinarios de protección para los mismos, buscan que la utilización
de la tutela se reserve para los propósitos para los que fue instituida por el Constituyente
de 1991. (Énfasis propio).
51. Ahora bien, en gracia de discusión, de considerarse, como se hizo en primera
instancia, que el pago incompleto de la licencia de maternidad puede conllevar a la
vulneración del mínimo vital de la madre y la recién nacida, cabe precisar que, la
46
Ver la Sentencia T 287 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
15
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Corte Constitucional47 ha señalado que: «se presume la afectación del mínimo vital de un
trabajador, en el evento en el que no recibe su salario y este corresponde al mínimo legal mensual
vigente, o cuando esta remuneración es su única fuente de ingreso, constituyéndose así en un
elemento fundamental para sufragar los gastos relacionados con su digna subsistencia y la de su
familia, correspondiéndole a la EPS en el caso concreto desvirtuar dicha presunción ».
52. En el caso concreto, para la Sala, esas dos hipótesis no se cumplen, comoquiera
que: i) la accionante no devenga un salario mínimo legal mensual vigente, sino $
18.758.582, es decir, más de 9 smlmv y, ii) aunque manifiesta que dichos ingresos
son su única fuente de subsistencia, lo cierto es que no acreditó que la diferencia
salarial que se le dejó de pagar en el mes de febrero, esto es, $1.815.347, le hubiera
impedido sufragar sus gastos y los de su hija o, haya puesto en peligro su digna
subsistencia, de tal forma que resultara urgente y necesaria su protección a través
de la acción de tutela.
53. Lo anterior no significa que, por tener un salario alto, a la tutelante se le pueda
efectuar el pago incompleto de su licencia de maternidad, independientemente de
cuál sea la diferencia, sino que ello corresponde al análisis propio que se debe
efectuar dentro del medio de control idóneo para el efecto (jurisdicción laboral o,
nulidad y restablecimiento del derecho, al que debe acudir una vez realice la
reclamación administrativa ante la EPS y no obtenga una respuesta o esta sea
negativa).
54. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial»48.
III. DECISIÓN
55. Por las razones señaladas, comoquiera que, para la Sala, contrario a lo indicado
en primera instancia, en este caso no se supera el requisito de la subsidiariedad, se
revocará el fallo impugnado, que accedió al amparo deprecado, para, en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.
47
Sentencia T-523 de 2020, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
48
Artículo 86 de la Carta Política.
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56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 6 de abril de 2026, emitida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que accedió al amparo
deprecado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, por las razones consignadas en la parte considerativa.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Segunda de Decisión y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
17
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