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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2026-00043-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2026-00043-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 7 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Caquetá de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2026-00043-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 18001-23-33-000-2026-00043-01
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de Florencia
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad –subsidiariedad. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.

La Sala decide la impugnación 1 presentada por La Previsora S.A., en calidad de
convocante, en contra del fallo de tutela proferido el 7 de mayo de 20262 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

La Previsora S.A. radicó tutela3 en procura de la protección de sus derechos al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, los que considera
vulnerados con ocasión de las actuaciones procesales, relativas a su notificación y
vinculación, ocurridas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 18001333300120220031300.

1.2.- Hechos

1.2.1.- La Previsora expidió diversas pólizas de seguro multirriesgo, con ocasión de las
cuales la Contraloría General de la República la vinculó y condenó como tercero
civilmente responsable dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 2016-01298.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 68F6FE0334363B69
A20F5D68B69595AB E1F3255B746940FA 034E51B301082E96.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 9A7D7F78E443C9A6

1C3E3CC197F980F9 6B47BCA05ED0C33C 6748D476A677A491.
3 Obra escrito de tutela a folios 1-22 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

BDD27E4D32807235 2A345263B43FFC50 0427CC92EC1DF5D9 2E72D4C3B2A57DC6.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 18001-23-33-000-2026-00043-01
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de Florencia

Dicho proceso se adelantó por un daño al departamento del Caquetá derivado de
presuntas irregularidades en el suministro de medicamentos para pacientes con
hemofilia. En los actos administrativos sancionatorios, el ente de control declaró
responsables fiscales a Hugo Alejandro Rincón Uribe y Ada Esmeralda Cabrera Muñoz.
Como consecuencia de estas decisiones, la aseguradora pagó las sumas de
$217.749.951 y $2.810.558,01. El 12 de agosto de 2022 los servidores mencionados
instauraron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Contraloría con el fin de revocar las sanciones impuestas, proceso al cual se le asignó el
radicado No. 180013333001202200313004.

1.2.2.- El Tribunal Administrativo del Caquetá admitió el medio de control el 30 de marzo
de 2023, pero se abstuvo de ordenar la notificación de la compañía aseguradora. Luego,
el proceso fue remitido por competencia al Juzgado 1º Administrativo de Florencia,
autoridad que avocó conocimiento y convocó a la audiencia inicial. La Previsora explicó
que conoció el proceso el 24 de noviembre de 2025 y, tras presentar un memorial el 3 de
marzo de 2026 para intervenir como coadyuvante, el despacho accionado negó su
solicitud por extemporaneidad durante la audiencia inicial llevada a cabo el 10 de marzo
de 20265.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

La empresa tutelante alega que la autoridad accionada incurrió en un defecto
procedimental absoluto al omitir etapas esenciales del proceso, concretamente por
prescindir de su notificación personal y del respectivo traslado de la demanda; aduce que
su vinculación como litisconsorte facultativo fue solicitada de manera expresa desde el
escrito introductorio y que dicha omisión desconoce los mandatos previstos en los
artículos 171, 172 y 224 de la Ley 1437 de 2011, normatividad que impone al juez el
deber imperativo e insustituible de ordenar la vinculación de los sujetos con interés directo
desde el auto admisorio de la demanda. Por otra parte, sostiene que se estructuró una
violación directa de la Constitución, toda vez que la falta de integración del contradictorio
conculca sus garantías superiores.

4 A folios 2-9 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado BDD27E4D32807235
2A345263B43FFC50 0427CC92EC1DF5D9 2E72D4C3B2A57DC6.
5 Ibidem.

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Expediente: 18001-23-33-000-2026-00043-01
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de Florencia

La parte actora explica que el trámite se admitió sin impartir la orden de notificación
requerida y, posteriormente, el Juzgado 1º Administrativo de Florencia fijó fecha para la
audiencia inicial, por lo cual actuó de manera prematura y al margen del procedimiento
legal. Lo anterior, por cuanto el artículo 180 del estatuto procesal administrativo exige el
vencimiento previo del término de traslado para convocar dicha diligencia, lapso que
respecto a la entidad aseguradora nunca trascurrió. Con sustento en la doctrina del
Consejo de Estado y en los precedentes de la Corte Constitucional, la accionante afirma
que la falta de notificación oportuna configura una irregularidad procesal grave y una
causal de nulidad insanable al amparo de los artículos 133 y 135 del CGP.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos el auto admisorio del 30 de marzo de 2023 en
el que se omitió ordenar la notificación a los litisconsortes facultativos, el auto del 21 de
noviembre de 2025 que convocó a la audiencia inicial y la referida audiencia inicial llevada
a cabo el 10 de marzo de 2026 en la que se negó la vinculación de La Previsora S.A.; y
(iii) ordenar a la accionada proferir un nuevo auto admisorio que ordene la notificación
personal de los litisconsortes facultativos e inicie el término de traslado, reconozca a la
accionante como coadyuvante y convoque a la audiencia inicial solo una vez vencido
dicho traslado.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 22 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a las partes.

2.2.- El Juzgado 1º Administrativo de Florencia explicó que la tutela cuestiona la negativa
de reconocer a La Previsora S.A. como coadyuvante de la parte actora dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Precisó que el Tribunal Administrativo del
Caquetá admitió la demanda el 30 de marzo de 2023 sin vincular a la aseguradora y luego
devolvió el expediente al juzgado criticado. Al continuar el trámite, el despacho expidió el
auto del 21 de noviembre de 2025 para fijar la fecha de la diligencia inicial, mientras que
la solicitud de intervención se presentó hasta el 3 de marzo de 2026. Con base en ello,
aplicó el artículo 224 de la Ley 1437 de 2011, disposición que limita la oportunidad

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Expediente: 18001-23-33-000-2026-00043-01
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de Florencia

procesal para invocar la coadyuvancia hasta antes de proferir el auto que convoca a la
referida audiencia. Señaló que la compañía de seguros no ostenta la calidad de
litisconsorte necesario ni adquirió reconocimiento previo como parte o interviniente en la
causa ordinaria.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 7 de mayo de 2026,
declaró improcedente el amparo al considerar que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad. Afirmó que el asunto analizado se centró en la decisión adoptada en la
audiencia inicial del 10 de marzo de 2026, mediante la cual el juzgado accionado negó
por extemporánea la solicitud de intervención de La Previsora S.A. como coadyuvante,
al presentarse por fuera del término previsto en el artículo 224 del CPACA. Reconoció
que existió una irregularidad procesal en el trámite ordinario, que consiste en que tal
negativa se notificó por estrados y se indicó erradamente que no procedía el recurso de
apelación, pese a que la aseguradora no era parte reconocida en el proceso, no tenía el
deber de asistir a la diligencia y el numeral 6 del artículo 243 del CPACA sí permite apelar
el auto que niega la intervención de terceros. No obstante, indicó que esta anomalía no
habilita de forma automática el amparo, pues la accionante omitió poner la situación en
conocimiento del juez natural mediante los mecanismos procesales idóneos,
concretamente a través del incidente de nulidad por indebida notificación, el cual
resultaba adecuado para solicitar la corrección de la actuación.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida la empresa accionante presentó impugnación, en la
cual alegó que la primera instancia incurrió en una valoración errada del requisito de
subsidiariedad y en una contradicción interna, pues aceptó las irregularidades procesales
del juzgado, pero exigió el agotamiento de mecanismos ordinarios inidóneos. Argumenta
que el yerro estructural no fue cometido por el Juzgado 1º Administrativo de Florencia,
sino por el propio Tribunal Administrativo del Caquetá, corporación que profirió el auto
admisorio de la demanda. Señaló que esta omisión compromete la imparcialidad objetiva
del juez de tutela al juzgar su propia actuación y configura un defecto procedimental
absoluto por la pretermisión de las etapas de notificación y traslado previstas en los
artículos 171 y 172 del CPACA. Asimismo, advirtió una violación directa de la Constitución

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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de Florencia

Política, toda vez que se le privó del derecho a la defensa y de acceso a la administración
de justicia en un proceso en el que tiene interés patrimonial directo.

La impugnante explicó que la nulidad resulta ineficaz, porque la falta de notificación del
auto admisorio constituye una nulidad insanable conforme al artículo 136 del CGP, y
porque el juez ordinario carece de competencia para retrotraer la actuación hasta la
providencia del tribunal. Añadió que la inactividad frente al recurso de apelación obedeció
a la advertencia equivocada del juzgado sobre su improcedencia, situación amparada en
el principio de buena fe procesal.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 7 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591
de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos

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de procedibilidad6 y de procedencia7 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4.- El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley.

Conforme con la disposición referida, el trámite constitucional aludido es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa judicial
para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en principio, impide
que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches contra actos
administrativos o para generar erogaciones económicas, toda vez que ese tipo de
pretensiones tienen la posibilidad de ser discutidas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente
procede el pedido cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz8 el
derecho fundamental, o este no es idóneo, por no ofrecer una solución integral y no
resolver el conflicto en toda su dimensión 9 ; así también cuando el accionante se
encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable10, caso en el cual la tutela funge
como mecanismo transitorio.

6 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
7 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
8 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de

improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
9 Sentencia T-471 de 2017.
10 Se tiene como perjuicio irremediable aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad

de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.

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4.2.- En el caso concreto, la empresa tutelante cuestiona, en esencia, que la autoridad
accionada (i) incurrió en un defecto procedimental absoluto al omitir etapas esenciales
del proceso, específicamente por prescindir de su notificación personal y del respectivo
traslado de la demanda; (ii) desconoció los artículos 171, 172 y 224 de la Ley 1437 de
2011 al no ordenar su vinculación como litisconsorte facultativo; (iii) configuró una
violación directa de la Constitución ante la falta de integración del contradictorio; (iv) actuó
de manera prematura y al margen del procedimiento al fijar fecha para la audiencia inicial
sin el vencimiento previo del término de traslado de la demanda, conforme lo exige el
artículo 180 del estatuto procesal administrativo; y (v) estructuró una irregularidad
procesal y una causal de nulidad insanable al amparo de los artículos 133 y 135 del CGP
por la falta de notificación oportuna.

4.3.- En atención a lo expuesto, se observa que la parte actora cuestiona su falta de
notificación dentro del proceso No. 18001333300120220031300, así como la negativa
del despacho accionado de permitir su participación como coadyuvante. Sobre este
particular, la Sala considera necesario determinar, en primer lugar, si la posición procesal
de la aseguradora permite advertir una vulneración evidente de sus derechos
fundamentales, evento en el cual cabría la posibilidad de flexibilizar el requisito de
subsidiariedad. Al margen de lo anterior, esta corporación estima que la accionante debió
acudir previamente a los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento
jurídico, específicamente al incidente de nulidad, para controvertir las presuntas
irregularidades alegadas, tal como se explicará a continuación.

4.4.- Al revisar las actuaciones procesales, se observa que el Tribunal Administrativo del
Caquetá profirió el auto admisorio de la demanda el 30 de marzo de 2023, providencia
en la cual analizó la petición de la parte actora orientada a vincular a La Previsora como
litisconsorte facultativo por activa. Al respecto, la autoridad consideró innecesaria la
participación de la aseguradora al estimar que la controversia podía dirimirse sin su
concurrencia, toda vez que el litigio no exigía una resolución homogénea y la entidad solo
ostentaba la calidad de tercera civilmente responsable por la suscripción de unas pólizas.
Posteriormente, se reasignó el conocimiento del asunto al Juzgado 1º Administrativo de
Florencia, que expidió el auto del 21 de noviembre de 2025 para fijar la fecha de la
audiencia inicial. En el desarrollo de dicha diligencia, celebrada el 10 de marzo de 2026,
el despacho resolvió la solicitud elevada el 3 de marzo anterior por el apoderado de La

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Previsora, quien pretendía la intervención de la compañía como coadyuvante. El juzgado
decidió negar la petición por extemporánea, con sustento en que el artículo 224 de la Ley
1437 de 2011 limita la oportunidad procesal para solicitar la coadyuvancia hasta antes de
la expedición del auto que convoca a la audiencia inicial, hito procesal que había ocurrido,
además, advirtió en estrados que contra esa decisión no procedía el recurso de
apelación11.

4.5.- En ese sentido se debe precisar que el artículo 171 del CPACA, en sus numerales
1 y 3, dispone que el juez, al admitir la demanda, debe ordenar la notificación personal a
la parte demandada y a los sujetos que posean un interés directo en el resultado del
proceso. De este mandato normativo se desprende que en el medio de control intervienen
la parte actora, la demandada y los terceros con interés directo, quienes ostentan una
verdadera vocación de parte y sin cuya comparecencia resulta inviable proferir sentencia
ante la afectación directa de sus prerrogativas.

Por otro lado, el artículo 224 del mismo estatuto adjetivo habilita la participación de otros
terceros distintos a los mencionados, cuya vinculación no obedece a un mandato judicial
sino a un acto voluntario, con lo cual se permite la intervención de coadyuvantes,
litisconsortes facultativos o intervinientes ad excludendum desde la admisión de la
demanda y hasta antes de la expedición del auto que fija fecha para la audiencia inicial.
Sobre esta segunda categoría de terceros, en virtud del principio de integración normativa
con los artículos 60 y 63 del CGP, se advierte que los coadyuvantes, litisconsortes
facultativos y los intervinientes excluyentes pueden formular pretensiones propias
mediante demanda independiente, asumen el trámite en el estado en que se encuentre
y, en consecuencia, no existe la obligación de notificarles el auto admisorio de la
demanda, a diferencia de los terceros con interés directo del artículo 171 del CPACA,
cuya falta de notificación constituye un vicio procesal que acarrea la nulidad y obliga a
retrotraer la actuación.

De acuerdo con el escrito de tutela, los demandantes del proceso ordinario solicitaron
desde la interposición de la demanda la vinculación de La Previsora S.A. en calidad de
litisconsorte facultativo por activa. No obstante, la misma aseguradora aclaró que, al no
ocurrir dicha notificación en la admisión, acudió directamente ante el juez de conocimiento

11 Afolios 316-318 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado BDD27E4D32807235
2A345263B43FFC50 0427CC92EC1DF5D9 2E72D4C3B2A57DC6.

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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
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mediante un memorial del 3 de marzo de 2026 para pedir su intervención procesal como
coadyuvante.

En virtud de los antecedentes señalados y del marco normativo expuesto, se advierte,
prima facie, que, bajo la calidad de coadyuvante reclamada por la misma tutelante, no es
evidente una actuación arbitraria por parte de la jurisdicción ordinaria al abstenerse de
ordenar su vinculación y notificación personal desde el auto admisorio de la demanda. Lo
anterior, toda vez que el artículo 224 del CPACA establece que dicha figura procesal no
le impone al funcionario judicial el deber imperativo de integrar el contradictorio, pues la
concurrencia del coadyuvante obedece a un acto voluntario en el cual el interviniente
asume el trámite en el estado en que se encuentre. En ese mismo sentido, tampoco
resulta palmario una irregularidad en la decisión del juzgado accionado al negar la
solicitud de intervención de La Previsora, pues esta fue radicada con posterioridad a la
expedición del auto que fijó la fecha para la realización de la audiencia inicial, momento
en el cual la oportunidad temporal prevista en la normativa aplicable ya había precluido.

4.6.- Ahora bien, como se indicó, este escenario constitucional no es el adecuado para
dirimir una controversia de carácter procesal como la referida, pues, en efecto, el
incidente de nulidad es la vía legalmente fijada para plantear esta queja. Las causales de
nulidad se definen como irregularidades que invalidan las actuaciones jurisdiccionales
con el fin de garantizar el debido proceso, cuyo trámite se rige por el CPACA y,
subsidiariamente, por el CGP.

Quien promueva un incidente de nulidad debe cumplir los requisitos del artículo 135 del
CGP, que consisten en tener legitimación, invocar una causal expresa, fundamentar los
hechos y solicitar pruebas. Las causales anulativas son taxativas, motivo por el cual el
juez debe rechazar de plano las solicitudes fundamentadas en irregularidades distintas a
las previstas en la ley o en la Constitución. Dentro del catálogo legal, el numeral 8 del
artículo 133 del estatuto procesal general consagra la nulidad por la falta o indebida
notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, la omisión de
emplazamientos legales o la indebida citación del Ministerio Público y de otros sujetos
obligatorios, disposición que también vicia las actuaciones posteriores que dependan de
providencias distintas al auto admisorio cuando estas se dejan de notificar. Finalmente,
se reconoce la existencia de una nulidad de rango constitucional derivada del artículo 29
de la Constitución Política, la cual tiene un carácter procesal y se configura de manera

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exclusiva con la transgresión de las garantías procedimentales y del derecho de
contradicción y defensa.

4.7.- En esa medida, se reitera que no es en este escenario iusfundamental en el que
deben ventilarse los reproches objeto de estudio, por lo que el amparo deviene
improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad. Al respecto, es preciso
advertir que, si la tutelante consideraba que existía una indebida notificación o una falta
de integración del contradictorio, su primera intervención en el proceso ordinario debía
orientarse a proponer la declaratoria de nulidad de lo actuado mediante el respectivo
incidente procesal. Por el contrario, la accionante optó por solicitar su reconocimiento
como coadyuvante, figura que ostenta unas características procesales optativas y cuya
omisión de convocatoria por parte del despacho no implica, per se, una irregularidad que
vicie el trámite. Bajo ese hilo argumentativo, se observa que La Previsora ni siquiera ha
promovido el incidente de nulidad establecido para lograr su propósito, situación que
desvirtúa la necesidad de una intervención excepcional por vía de tutela. Con estas
precisiones, se destaca que el incidente de nulidad procesal resulta ser un mecanismo
eficaz que tuvo a su alcance la parte actora, sin que se pueda alegar su insuficiencia o
falta de idoneidad, pues la acción constitucional no es la vía para subsanar la inacción o
los equívocos de los interesados en el ejercicio de sus cargas procesales.

En adición a lo anterior, tampoco se avista la configuración de un perjuicio irremediable
que le imponga a esta Sala constitucional el deber de actuar en detrimento de la
competencia que ostentan los jueces naturales.

4.8.- Finalmente, es preciso señalar que, con ocasión del fallo de primera instancia, surgió
un debate sobre la procedencia del recurso de apelación frente al auto que denegó la
intervención de La Previsora. Al respecto, se destaca que la empresa tuvo conocimiento
previo de la fecha de la audiencia inicial, toda vez que se enteró del auto que la fijó el 24
de noviembre de 2025 12 . Por consiguiente, resultaba imperativo que la parte actora
compareciera a la audiencia para ejercer su defensa o, ante la convicción de una
irregularidad en la integración del contradictorio, promoviera el incidente de nulidad
procesal antes de la celebración de la actuación. No obstante, al verificar el curso
procesal, se evidencia que la accionante omitió tanto participar en la diligencia como
proponer la causa anulativa de forma previa a esta para lograr dicha participación. Por

12 Como consta a folio 9 del escrito de tutela.

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ende, carece de sustento la discusión sobre la posibilidad de recurrir la decisión, puesto
que, en caso de estimarse que el auto era apelable, el remedio procesal debió elevarse
por la parte afectada en estrados, una vez agotados todos los mecanismos para
garantizar su intervención en dicha diligencia.

5.- En consecuencia, se observa que los cargos formulados en la solicitud de amparo no
satisfacen el requisito general de subsidiariedad, razón por la cual el amparo deprecado
resulta improcedente. En ese orden, se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 7 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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