Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2026-00045-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2026-00045-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2026-00045-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 18001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Rubén Darío Durán Santanilla
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 14
de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de
Decisión.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 28 de abril de 20261 Rubén Darío Durán Santanilla, a nombre propio, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia que considera
vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia con ocasión de las
decisiones emitidas el 28 de abril de 2026 en la audiencia inicial, específicamente
en la etapa de decreto de pruebas.
La primera, mediante la cual se decretaron los testimonios solicitados por la entidad
demandante y se negó el interrogatorio de parte al señor Durán Santanilla; y la
segunda, que resolvió los recursos de reposición interpuestos contra esa decisión,
en el sentido de i) no reponer la decisión que decretó la prueba documental
mediante oficio dirigido a la Contraloría General de la República y las pruebas
testimoniales, y ii) reponer y, en su lugar, decretar la declaración de parte de Rubén
Darío Durán Santanilla, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad interpuesto por la
Universidad de la Amazonía, radicado con el No. 18001333300420250010200.
1
Índice 1 de SAMAI del expediente de primera instancia.
2
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 1390D3EDEF52EC49 34C0983918BDB495
EAFCCD0AD8640DF8 85EB4FE2D29EDDBE.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 18001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Rubén Darío Durán Santanilla
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia
2. Hechos
2.1. La Universidad de la Amazonía presentó demanda3 contra Rubén Darío Durán
Santanilla con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las Resoluciones No.
2022 del 30 de mayo de 2018 y No. 0901 del 18 de mayo de 2021. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras cosas, i) ordenar la suspensión
del pago de la diferencia entre la asignación salarial de un profesional universitario,
código 3020, grado 13, y la asignación salarial de un profesional especializado,
código 219, grado 19, que se le ha reconocido al demandado, como quiera que el
funcionario es titular del cargo de auxiliar administrativo, código 5120, grado 12; y
ii) reintegrar al demandado al cargo del cual es titular, para que perciba el salario y
demás prestaciones que le corresponden por su desempeño.
2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, en el marco de la audiencia
inicial celebrada el 28 de abril de 2026,4 decretó las pruebas documentales
solicitadas en la demanda y las testimoniales de Leila Isables González Salazar y
Wilmer Andrés Díaz Ramírez, con excepción del interrogatorio de parte al entonces
demandado. Contra dicha decisión, el hoy accionante interpuso recurso de
reposición frente a algunas de las pruebas documentales y testimoniales.
Igualmente, la parte demandante interpuso el mismo recurso, a juicio del hoy
accionante, de forma extemporánea.
2.3. Luego, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia resolvió i) no reponer las
decisiones relacionadas con el decreto de la prueba documental mediante oficio
dirigido a la Contraloría General de la República y con el decreto de las pruebas
testimoniales; y ii) reponer la decisión de negar la práctica de la declaración de parte
de Rubén Darío Durán Santanilla para, en su lugar, decretarla.
En la misma diligencia, se fijó fecha de audiencia de pruebas para el 18 de junio de
2026 a las 2:30 p.m.
3
Índice 3 de SAMAI del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, certificado B262D57AB6CCB7D8 315377CE6D652D33
6222323CB5906985 87F687895811581F, radicado 18001333300420250010200.
4
Índice 23 de SAMAI del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, certificado E67809823EECD0FC 96F90CC7F64EF992
180C6966768C57C3 72BF7A688E4B58BB, radicado 18001333300420250010200.
3
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 18001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Rubén Darío Durán Santanilla
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo:
3.1. La autoridad judicial accionada, al decretar el interrogatorio de parte del
demandado, incurrió en defecto sustantivo por ausencia de motivación, motivación
insuficiente o falsa motivación.
3.2. El juzgado incurrió en defecto procedimental absoluto al decretar las pruebas
solicitadas por la Universidad, excepto el interrogatorio de parte. Dicha decisión se
notificó en estrados y la apoderada de la Universidad no interpuso recurso alguno,
mientras que el apoderado del demandado presentó recurso de reposición frente a
algunas pruebas documentales y testimoniales. Al corrérsele traslado, la
Universidad formuló, de manera extemporánea, recurso de reposición contra la
negativa del interrogatorio de parte.
Sin embargo, la jueza resolvió confirmar el decreto de las pruebas documentales y
testimoniales y, pese a la extemporaneidad del recurso de la demandante, revocó
la negativa inicial y decretó el interrogatorio de parte. El apoderado del demandado
interpuso recurso de apelación contra esta decisión, pero desistió de él al advertir
que no procedía recurso alguno.
3.3. La providencia inicial y la que confirma el decreto de la prueba testimonial
incurrieron en defecto sustantivo, porque inaplicaron las reglas de los artículos 212
y 213 del CGP, pues la Universidad de la Amazonía no enunció el domicilio de los
testigos, su dirección de residencia ni los hechos concretos de la demanda sobre
los cuales versarían los testimonios, ya que se debe señalar qué hechos concretos
de la demanda se pretende acreditar con cada testigo.
Asimismo, la solicitud del decreto de los testimonios no cumple con el requisito de
pertinencia exigido por el artículo 168 del CGP y tampoco es una prueba pertinente
para determinar la legalidad de los actos administrativos demandados.
3.4. Las decisiones censuradas desconocieron el precedente judicial del Consejo
de Estado, Sección Segunda, contenido en el auto del 20 de agosto de 2025,
radicado 6374-2024.
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Accionante: Rubén Darío Durán Santanilla
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4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Dejar sin efecto las providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia-Caquetá el 28 de abril de 2026 en audiencia inicial en su fase de decreto de
pruebas y mediante las cuales decretó las testimoniales solicitadas por la demandante
(tanto en la decisión inicial como la que resuelve recurso de reposición del demandado
confirmando la decisión) y la que resuelve recurso de reposición del demandante
revocando la decisión inicial y decretando interrogatorio de parte al demandado.
Providencias dictadas dentro del proceso con radicación restablecimiento del derecho
18001333300420250010200 en el medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho y que tiene como demandante Universidad de la Amazonia y demandado Rubén
Darío Duran Santanilla, procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
por reunirse los requisitos generales y casuales especiales para el amparo de mis
derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad entre otros vulnerados.”5
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 29 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela, y se vinculó
a la Universidad de la Amazonía. También se dispuso la notificación a las partes y
a la vinculada.
5.2. La Universidad de la Amazonía6 señaló que no hubo extemporaneidad alguna,
porque el recurso se interpuso dentro de la misma audiencia inicial, en la
oportunidad procesal idónea para hacerlo, el traslado verbal en estrados, conforme
a los artículos 318 y 372 del Código General del Proceso. Tampoco existió
desistimiento previo, ya que la apoderada de la Universidad nunca lo manifestó, sino
que se reservó la oportunidad de recurrir tras el traslado del recurso del demandado,
escenario legítimo.
De su lado, sostuvo que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el requisito
de subsidiariedad, porque el accionante dispone de los siguientes mecanismos
ordinarios: i) en la audiencia de pruebas (artículo 181 del CPACA), programada para
el 18 de junio de 2026, podrá ejercer su derecho de contradicción, tachar testigos,
controvertir las pruebas testimoniales y objetar el interrogatorio de parte si considera
vulnerados sus derechos; ii) los recursos previstos contra la sentencia que ponga
5
Índice 5 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 4E96D69CFBD7B6B1 49FFEC67B645F4CA
EE78A4F110CF1ECA 750B678032097276.
6
Índice 9 de SAMAI, certificado D4D9A1E79809536B 0E359D0805902689 4D07244BCCD836FD 75CAB539A805128A, ibid.
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fin al proceso, en cuya oportunidad podrá invocar la totalidad de las irregularidades
probatorias que ahora pretende ventilar por vía de tutela; y iii) las nulidades
procesales reguladas en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso,
que constituyen el cauce idóneo para alegar vicios procedimentales que considere
insubsanables.
Igualmente, manifestó que el actor no demostró la configuración de un perjuicio
irremediable.
Relató que la «realidad procesal», conforme a los numerales 4 y siguientes del Auto
AI 42-04-2026 y al Auto AI 43-04-2026, es la siguiente: a) la jueza decretó las
pruebas y notificó la decisión en estrados; b) en el mismo acto, otorgó el uso de la
palabra al apoderado del demandado, quien interpuso y sustentó recurso de
reposición contra parte del decreto probatorio (minutos 19:46 a 34:34 de la
grabación); c) acto seguido, dentro de la misma audiencia y como lo prevén el
numeral 9 del artículo 372 del CGP y el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, corrió
traslado del recurso a la apoderada de la Universidad, quien i) se opuso a la
prosperidad del recurso del demandado y ii) interpuso recurso de reposición contra
la negativa al decreto del interrogatorio de parte (minutos 34:43 a 38:56); y d) la
jueza nuevamente corrió traslado del recurso de la Universidad al apoderado del
demandado, quien tuvo plena oportunidad de oponerse, como en efecto lo hizo.
Por otro lado, señaló que la negativa inicial al decreto del interrogatorio de parte se
basó en un error material, pues la juez creyó que la prueba la pedía el demandado,
cuando en realidad lo hizo la demandante, de manera que la corrección de ese error
mediante reposición es procesalmente irreprochable.
Aseveró que el apoderado del hoy accionante: i) intervino en el traslado del recurso
de la Universidad y se opuso, sin alegar extemporaneidad como cuestión previa; ii)
anunció apelación y luego desistió expresamente, reconociendo su improcedencia;
iii) al cierre de la audiencia, en el segundo control de legalidad (Auto AI 44-04-2026),
manifestó no tener objeciones sobre la legalidad del trámite. Por ende, en aplicación
de los artículos 135 y 136 del CGP y del artículo 207 del CPACA, cualquier vicio, de
haber existido, quedó saneado.
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5.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia7 afirmó que el apoderado del
entonces demandado no manifestó argumento alguno relacionado con la
“extemporaneidad” del recurso presentado por la Universidad de la Amazonía.
Advirtió que la irregularidad del argumento para negar, inicialmente, la práctica del
interrogatorio de parte obedeció a que su despacho se confundió respecto de la
parte que elevó tal solicitud, y que los argumentos esbozados no correspondían al
evento en el que esta es pedida por la contraparte con fines de confesión, como
ocurre en este caso. Dicha situación necesariamente debía ser subsanada, con o
sin el recurso de la parte demandante, dado que la decisión debía ser congruente
con la determinación de quién era el solicitante de la prueba.
En consecuencia, señaló que la solicitud de la prueba de interrogatorio de parte y la
testimonial cumplieron con los requisitos legales para su decreto y resultaban
pertinentes, conducentes y útiles para probar los hechos y pretensiones de la
demanda.
Finalmente, indicó que la acción de tutela no debe configurarse como una tercera
instancia judicial ni suplir al juez natural de la causa.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 14 de mayo de 20268, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de
Decisión, declaró improcedente la acción de tutela al no cumplir con los requisitos
de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
El a quo constitucional sostuvo que respecto de la pretensión de dejar sin efectos la
providencia que revocó la decisión que había negado la solicitud de interrogatorio
de parte y, en su lugar, accedió a su práctica, el demandante disponía de otro
mecanismo judicial como lo es el recurso de reposición.
Señaló que la juez inicialmente negó la solicitud de interrogatorio de parte bajo la
equivocada convicción de que había sido el propio demandado quien solicitó su
comparecencia, lo cual consideró improcedente a la luz del artículo 184 del CGP. Sin
7
Índice 10 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado A8C1436930420C41 6D96A549CE2C14A3
0980A3353444BBE0 C32B3B7C3E8666A2.
8
Índice 13 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 9CB6DA4DD07374F0 A525BC57771E4635
DB633C77BB27D04B 701438731A59E999.
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embargo, una vez la apoderada de la Universidad de la Amazonía puso de presente,
mediante recurso de reposición, que la solicitud había sido formulada por la entidad
en calidad de contraparte, la funcionaria judicial accedió a los argumentos
propuestos y repuso la decisión, decretando la práctica del interrogatorio de parte.
Pese a ello, una vez corrido el traslado correspondiente, el apoderado del hoy
accionante no interpuso recurso alguno contra la decisión que resolvió la reposición,
a pesar de que la norma es clara en señalar que cuando el auto contiene puntos no
decididos con anterioridad, pueden interponerse los recursos procedentes frente a
esos aspectos nuevos.
En este contexto, al acceder a la solicitud probatoria se introdujo un aspecto que no
había sido decidido en el auto inicialmente recurrido, frente al cual el actor podía
ejercer nuevamente el recurso de reposición. De igual forma, tenía a su disposición
el incidente de nulidad, en la medida en que consideraba que la actuación
desplegada vulneraba su derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, concluyó que la acción de tutela resultaba improcedente, tanto como
mecanismo principal y definitivo como de manera transitoria.
Por otro lado, respecto a la pretensión de dejar sin efecto las providencias proferidas
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia en audiencia inicial realizada el
28 de abril de 2026, en lo concerniente al decreto de las pruebas documentales y
testimoniales solicitadas por la Universidad, advirtió que el apoderado del señor
Rubén Darío Santanilla hizo uso del único recurso ordinario procedente, el de
reposición, el cual, como se evidenció, fue resuelto en forma adversa.
Consideró que frente a ello no se cumple el requisito de relevancia constitucional.
Así, sostuvo que los reproches del actor se sustentan en la inconformidad con la
valoración jurídica realizada por la juez natural respecto de la conducencia,
pertinencia y utilidad de los medios de prueba, así como en la supuesta
inobservancia de los requisitos previstos en los artículos 212 y 213 del Código
General del Proceso y del precedente fijado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, en auto del 20 de agosto de 2025, radicación 6374-2024.
Sin embargo, indicó que dicho asunto ya fue objeto de análisis y decisión por parte
de la autoridad judicial competente, dentro del trámite del medio de control de
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nulidad y restablecimiento del derecho, en ejercicio de las facultades que el
ordenamiento jurídico le atribuye para la dirección del proceso y el decreto de
pruebas.
En ese sentido, determinó que la acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye una tercera instancia ni un mecanismo para reabrir debates probatorios
ya resueltos por el juez natural.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación9,
en el que reprodujo en gran parte lo dicho en el escrito de la acción de tutela, y
adicionalmente, argumentó lo siguiente:
7.1. La decisión censurada de decretar pruebas testimoniales desconoció el
precedente judicial del Consejo de Estado, Sección Segunda, contenido en el auto
del 20 de agosto de 2025, radicado 6374-2024, y de la Corte Suprema de Justicia
en la sentencia STC14216-2024 de 2024.
7.2. La acción de tutela sí cumple los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional, pues respecto de la decisión que revocó la que había negado la
solicitud de interrogatorio de parte para, en su lugar, decretarla, no procede recurso
de apelación ni tampoco recurso de reposición, al no tratarse de un asunto nuevo;
aunado al hecho de que la nulidad procesal no es procedente frente a la decisión
que resuelve los recursos de reposición y apelación. De otro lado, frente a la
decisión que decretó las pruebas testimoniales, la verificación del cumplimiento de
los requisitos del artículo 212 del CGP tiene trascendencia constitucional, pues su
inobservancia implica una afectación del derecho al debido proceso.
7.3. El juzgado, al resolver de fondo un recurso de reposición interpuesto
extemporáneamente por la Universidad de la Amazonia (cuando la recurrente
manifestó su conformidad con la decisión que negó la solicitud probatoria y expresó
que no interponía recursos), vulneró el principio de preclusión de las etapas
9
Índice 17 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 0D87D8C850710E9B BE504C26B6A3EC96
B3308FCC4D6EB549 164C0AC16E364ABE.
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procesales y el derecho al debido proceso, pues lo primero que debió hacer fue
rechazar por extemporáneo el recurso y abstenerse de resolverlo de fondo.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 27 de mayo de 202610, el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 14 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Segunda de Decisión.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se establecerá si se incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
3. Carencia actual de objeto
En lo relativo a la supuesta vulneración al derecho de petición del actor, resulta
necesario reiterar que el Alto Tribunal Constitucional, en repetidas ocasiones 11, ha
indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las
pretensiones esbozadas en la acción de tutela cualquier orden emitida por el juez
10
Índice 19 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado BC9C10B784AAA3F7 793B668A4F001716
6E352483D8D3C2BB A1AB2D27BCBD8430.
11
Se toma de la sentencia T-038 de 2019.
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sería inane. Específicamente, esta figura tiene lugar cuando se presenta un daño
consumado12, un hecho superado13 o una situación sobreviniente14.
4. De la situación sobreviniente en el caso concreto
4.1. La carencia actual de objeto por la situación sobreviniente, en términos de la
Corte Constitucional, se configura cuando “las circunstancias fácticas que originaron
la acción varían porque el actor asume una carga que no le correspondía, un tercero
satisface la pretensión principal, el accionante ha perdido interés en el resultado del
proceso o resulta imposible llevar a cabo las pretensiones”15.
4.2. En el sub examine, el interesado, en primer lugar, considera que sus derechos
fundamentales fueron transgredidos por la autoridad judicial accionada, porque
incurrió en defecto procedimental al decretar las pruebas solicitadas por la
Universidad, excepto el interrogatorio de parte. Dicha decisión se notificó en
estrados y la apoderada de la universidad no interpuso recursos, mientras que el
apoderado del demandado presentó el de reposición frente a algunas pruebas
documentales y testimoniales. Al dársele traslado, la Universidad, de manera
extemporánea, formuló recurso de reposición contra la negativa del interrogatorio
de parte.
Sin embargo, aduce que la juez resolvió confirmar el decreto de las pruebas
documentales y testimoniales y, pese a la extemporaneidad del recurso de la
demandante, revocó la negativa inicial y decretó el interrogatorio de parte.
12
Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no
puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el
asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
M.P. Alexei Julio Estrada.
13
Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se percibe cuando, como consecuencia del
obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención
del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los
casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece “[s]i,estando en curso
la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
14
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría
que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que
no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a
cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”.
15
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2025. Véase, también en la sentencia T-053 de 2025.
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Por otro lado, a su juicio, la providencia inicial y la que confirma el decreto de la
prueba testimonial incurrieron en defecto sustantivo, porque inaplicaron las reglas
de los artículos 212 y 213 del CGP, pues la Universidad de la Amazonía no enunció
el domicilio de los testigos, su dirección de residencia ni los hechos concretos de la
demanda sobre los cuales versarían los testimonios.
Asimismo, la solicitud del decreto de los testimonios no cumple con el requisito de
pertinencia exigido por el artículo 168 del CGP y tampoco es una prueba pertinente
para determinar la legalidad de los actos administrativos demandados.
4.3. No obstante, pese a que la parte tutelante alegó la configuración de varias
causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado
que el actor y titular de los derechos fundamentales invocados falleció el 3 de junio
de 2026, conforme consta en la parte motiva de la providencia emitida por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia en el marco de la audiencia de pruebas
celebrada el 18 de junio de 202616, quien relató que “[e]l apoderado del demandado,
mediante memorial del 13 de junio de 2026 – día inhábil – en el que informó que,
Rubén Darío Durán Santanilla falleció el pasado 3 de junio de 2026, aportando el
registro civil de defunción con indicativo serial No. 110235902”; resulta evidente que,
durante el curso procesal de la segunda instancia, acaeció el hecho jurídico de la
muerte del titular de los derechos fundamentales invocados.
4.4. Como consecuencia, al haberse extinguido la personalidad jurídica de quien en
vida actuó como demandante, este juez constitucional ya no puede impartir una
orden encaminada a salvaguardar sus derechos fundamentales, en tanto esta
resultaría inocua. En consecuencia, se impone a esta Sala declarar la carencia
actual de objeto por situación sobreviniente.
5. Por las razones expuestas, la acción tuitiva resulta improcedente, como lo
concluyó el a quo; en consecuencia, se confirmará el proveído impugnado, aunque
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
16
Índice 31 de SAMAI del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, certificado CD47BD08A6AB8DBA 6759063304804C85
FEE075B0D0C534B4 E6FF190B69DE9AD0, radicado 18001333300420250010200.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 18001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Rubén Darío Durán Santanilla
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 14 de mayo de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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