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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 18001-23-33-002-2017-00180-01

Pérdida de investidura de diputado por violación al régimen de incompatibilidades: no se configura por ser miembro del Consejo…

Fecha
19 de abril de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 18001-23-33-002-2017-00180-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 18001-23-33-002-2017-00180-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

19 de abril de 2018

CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN – Naturaleza jurídica / CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN – Características / INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN - No tienen el carácter de empleados públicos, son particulares que ejercen funciones consultivas

[S]e trata de órganos puramente consultivos del Estado, que no son entidades públicas necesariamente y dentro de las características de estas entidades se establecieron las siguientes: i) Organismos o entidades creados por la Constitución Política. ii) Son instancias de planeación. iii) Tienen funciones eminentemente consultivas. iv) Sus conceptos no son obligantes para las autoridades. v) Son cuerpos colegiados y participativos vii) Integrados por personas que representan los sectores económicos, sociales, ecológicos, eduactivos, culturales y comunatarios, los cuales son designadas por el gobernador o el alcalde de una terna que presenten las correspondientes autoridades u organizaciones. viii) Son organismos con autonomía funcional que carecen de personería jurídica y autonomía presupuestal. […] [L]a Sección precisó que los integrantes de los consejos territoriales de planeación no tienen el carácter de empleados públicos, dado que de conformidad con lo previsto en la Ley 152, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la doctrina del Departamento Nacional de Planeación, estas personas son particulares que ejercen funciones consultivas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de febrero de 2014, Radicación 85001-23-31-000-2012-00062-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADO POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Ejercicio como empleado público de autoridad dentro de los 12 meses anteriores a la elección. Elementos configurantes / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADO POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – No se configura porque los miembros de los Consejos Departamentales de Planeación por el sector salud no tienen el carácter de empleados públicos, sino de particulares que ejercen funciones consultivas

[L]os integrantes de los consejos territoriales de planeación no tienen el carácter de empleados públicos, por lo tanto, no es posible afirmar que por el hecho de haber sido designado el diputado demandado como miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud, hubiera incurrido en la inhabilidad alegada. Dado el carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, la Sala debe aplicar restrictivamente las causales que la determinan. Entonces, esta Sala no encuentra que se hubiera configurado el segundo de los elementos de la causal alegada, esto es, por violación al régimen de inhabilidades, dado que: i) de las pruebas allegadas al proceso no se puede probar que el diputado demandado hubiera ejercido como miembro del Consejo Departamental de Planeación, ii) si en gracia de discusión se hubiera demostrado dicha calidad, se reitera que los miembros a estos organismos no son empleados públicos. En consonancia con lo explicado, esta Sala no encuentra que se hubiera configurado el segundo de los elementos o requisitos de la causal de pérdida de investidura alegada, esto es, por violación al régimen de inhabilidades, dado que no está probado el ejercicio del cargo como miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud y, además, por el solo hecho de ejercer dicho cargo, no se puede afirmar que se trate de un empleado público que ejerza autoridad civil o administrativa en el Departamento del Caquetá. La Sala estima que como los supuestos fácticos del caso sub examine, no se subsumen en el segundo de los elementos o requisitos configurativos de la causal de inhabilidad alegada, no hay lugar a analizar los otros elementos de la misma, ni el elemento de la culpabilidad que debe ser analizada en este tipo de procesos.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADO POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES – No se configura por ser miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud, porque ese organismo no es una entidad que pertenezca al sector central o descentralizado del departamento

Está probado en el expediente que, el señor César Augusto Torres Ríos fue designado por el Gobernador del Departamento del Caquetá, mediante Decreto Nro. 00658 de 29 de mayo de 2012, como miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud. Atendiendo la naturaleza jurídica de los consejos territoriales y con el fin de determinar si estos órganos o entidades corresponden al sector central o descentralizado de cualquier nivel, la Sección en la sentencia de 13 de febrero de 2014, anteriormente referenciada, destacó que, establecida, como lo está la naturaleza y características de los consejos territoriales de planeación y el hecho de que no manejan presupuesto alguno, resulta indiscutible que tales organismos no pertenecen a los sectores central o descentralizado del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo. En ese sentido, la Sala reitera que como lo consejos territoriales de planeación no son organismos o entidades que pertenezcan al sector central o descentralizado del respectivo departamento, hace que, el hecho de que el diputado demandado hubiera sido miembro del Consejo Departamental de Planeación, no podría resultar incurso en la incompatibilidad prevista en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 617. En consonancia con lo explicado, esta Sala no encuentra que se hubiera configurado el segundo de los elementos o requisitos de la causal de pérdida de investidura alegada, esto es, por violación al régimen de incompatibilidades, dado que el Consejo Departamental de Planeación, no es una entidad u organismo que pertenezca al sector central o descentralizado del Departamento del Caquetá.

PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Naturaleza / PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Finalidad / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADO - No es causal la comisión de una falta disciplinaria / CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - No lo es la infracción a las normas disciplinarias / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Esta Sección ha precisado que una misma conducta puede ser causal para adelantar una acción disciplinaria, una pérdida de investidura y aún una acción penal, pero son objeto de procesos independientes, que la autoridad competente debe examinar de conformidad con las normas que gobiernan la respectiva acción. De ahí que las consecuencias de la prosperidad de cada una de estas acciones sean diferentes. […] En ese sentido, la Sala mediante sentencia de 23 de junio de 2017 sostuvo que la Constitución de 1991 al establecer la institución de pérdida de investidura no consideró la infracción a las normas disciplinarias como causal que diera lugar a dicha sanción, así como tampoco fue el propósito del legislador prever que las faltas disciplinarias, en que pudieran incurrir los miembros de corporaciones públicas, tuvieran como consecuencia la pérdida de su investidura. […] Conforme lo anterior, no hay lugar a decretar la pérdida de investidura del diputado demandado por violación al régimen de incompatibilidades descrito en el literal a) del numeral 1º del artículo 39 de la Ley 734, dado que las incompatibilidades de los diputados que configuran la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 se encuentran descritas, entre otras, en el artículo 34 ibídem. Las incompatibilidades descritas en la norma disciplinaria dan lugar a una sanción disciplinaria pero no constituyen causal de pérdida de investidura para los diputados.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 339 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 340 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 342 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 33 NUMERAL 3 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 34 NUMERAL 3 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 1 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 6 / LEY 152 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación numero: 18001-23-33-002-2017-00180-01(PI)

Actor: GUSTAVO ADOLFO MURCIA PÉREZ

Demandado: CESAR AUGUSTO TORRES RÍOS

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADO DEL CAQUETÁ

Referencia: No se encuentra acreditada la violación de las causales de pérdida de investidura, por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 y en la incompatibilidad descrita en el numeral 3º del artículo 34 ibidem, lo cual constituye causales de pérdida de la investidura para los diputados por virtud de los numerales 1º y 6° del artículo 48 de la Ley 617. La pérdida de investidura es improcedente con fundamento en normativa disciplinaria. Reiteración jurisprudencial.

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 28 de septiembre de 2017, mediante la cual negó la solicitud pérdida de investidura presentada contra el señor César Augusto Torres Ríos, Diputado del Departamento del Caquetá, elegido para el período constitucional 2016-2019.

1.- Antecedentes
1.1.- La demanda
1.1.1.- El ciudadano Gustavo Adolfo Murcia Pérez solicitó la pérdida de la investidura de César Augusto Torres Ríos, Diputado del Departamento del Caquetá, por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 y en la incompatibilidad descrita en el numeral 3º del artículo 34 ibidem, lo cual constituye causales de pérdida de la investidura para los diputados por virtud de los numerales 1º y 6°, respectivamente, del artículo 48 de la Ley 617, esto es, por ser miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud, cargo que ejerce autoridad civil en el respectivo departamento, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección y después de dicha elección. 1.1.2.- Como sustento de la solicitud, el demandante relata que el señor César Augusto Torres Ríos, mediante Decreto nro. 001623 de 9 de septiembre de 2011, fue escogido como miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud durante ocho (8) años, cargo que ejerce autoridad civil en el Departamento del Caquetá, dado que representa los intereses de la sociedad civil y del sector de la salud. Agrega que el señor Torres Ríos debió renunciar a dicho cargo durante los doce (12) meses anteriores a su elección como Diputado del Caquetá. 1.1.3.- Afirma que, el señor César Augusto Torres Ríos incurrió en la incompatibilidad alegada, toda vez que al momento de ser elegido como Diputado del Departamento del Caquetá, era miembro del Consejo Departamental de Planeación, ostentando los dos cargos de manera simultánea. 1.1.4.- Sostiene que el diputado demandado, como miembro del Consejo Departamental de Planeación, vulneró el numeral 1º, literal a), del artículo 39 de la Ley 734 de 5 de febrero de 2002, al intervenir y participar, en nombre propio y de terceros, en actuaciones administrativas en las cuales tiene interés directo el Departamento del Caquetá. 1.2.- Contestación de la demanda por parte del diputado demandado
El diputado demandado, mediante apoderado, y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, procedió a contestar la demanda de pérdida de investidura, solicitando que se negaran las pretensiones. 1.2.1.- Inicia su defensa, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, argumentando que estas carecen de sustento jurídico y fáctico, comoquiera que versa sobre supuestos de hecho ocurridos con anterioridad al proceso de elección popular y posesión del señor César Augusto Torres Ríos como Diputado del Caquetá, razón por la cual la acción electoral debió interponerse dentro de los treinta (30) días siguientes a su elección. 1.2.2.- Propuso la excepción de falta de legitimación de la causa por pasiva, argumentando que en el Decreto Nro. 001623 de 9 de septiembre de 2011 se mencionan los nombres de unas personas las cuales fueron designadas como miembros del Consejo Departamental de Planeación, sin identificarlas con su respectivo número de cédula de ciudadanía, razón por la cual no puede afirmarse que el nombre de alguna de ellas, efectivamente corresponda al diputado demandado en el presente proceso. 1.2.3.- Manifestó que, el señor César Augusto Torres Ríos fue elegido en legal forma y no se encuentra incurso en una inhabilidad o incompatibilidad que amerite la cancelación de su credencial como Diputado del Caquetá, para el periodo 2016-2019. 1.2.4.- Sostuvo que, si bien con la solicitud de pérdida de investidura se allegó copia del Decreto Nro. 001623 de 9 de septiembre de 2011, dicho acto administrativo no ha nacido a la vida jurídica, ni ha producido efectos respecto del diputado demandado, dado que no especifica de manera clara el nombre y número de identificación del demandado, así como tampoco dicho acto le fue comunicado al mismo tal como lo disponen los artículos 43 a 45 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la fecha en que este fue expedido.

1.2.5.- Advirtió que, pese a que el señor César Augusto Torres Ríos fue nombrado como miembro del Consejo Departamental de Planeación, nunca ha representado al sector salud en el citado consejo, ni ha aceptado la supuesta postulación a dicho cargo, así como tampoco se posesionó ni ejerció función alguna como miembro del mismo; por ende, el diputado demandado no tuvo la intensión de ejercer autoridad civil ni de representar los intereses del sector salud del Departamento del Caquetá en esa entidad u organismo. 1.2.6.- Finalmente, puso de presente que, las pruebas allegadas al proceso demuestran que el diputado demandado no participó de manera activa como miembro del Consejo Departamental de Planeación, dado que el 15 de mayo de 2015 el Presidente de dicha entidad le informó al Secretario Departamental de Planeación, que el señor César Augusto Torres Ríos había presentado “inasistencia absoluta”, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2012 y el 12 de mayo de 2016. 1.3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante providencia de 28 de septiembre de 2017, resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda […]”. 1.3.1.- El a quo puso de presente que, en el caso sub examine está demostrado que el señor César Augusto Torres Ríos fue elegido como Diputado del Departamento del Caquetá para el periodo 2016-2019; asimismo está probado que fue designado como miembro del Consejo Departamental de Planeación, mediante Decreto Nro. 001623 de 9 de septiembre de 2011, designación de la que fue reemplazado el 23 de febrero de 2016 cuando se nombró como representante del sector salud al señor Fernando Marlés. 1.3.2.- En cuanto a la inhabilidad alegada, esto es, ser empleado público o ejercer autoridad civil en el respectivo departamento dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección como diputado, el Tribunal precisó que la condición de miembro del Consejo Departamental de Planeación no implica el ejercicio de un cargo público sino que es ejercido por particulares, conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional, mediante sentencia C-015 de 1996. El carácter de empleado público no se adquiere por el hecho de ser miembro del Consejo Nacional de Planeación o de consejos departamentales de planeación, sin perjuicio de que algunos de sus miembros puedan tener con antecedencia tal calidad, pero no en razón de su pertenencia al mentado consejo sino porque siendo empleados públicos, también sean miembros del Consejo Departamental de Planeación, en representación de las entidades territoriales o de ciertos sectores. 1.3.3.- Señaló que el artículo 34 de la Ley 152 de 15 de julio de 1994 establece que el Consejo Departamental de Planeación estará conformado por los miembros que haya designado el Gobernador del Departamento, de las ternas presentadas por las organizaciones, sectores y grupos poblacionales. Dichos consejos, como mínimo, deberán estar integrados por representantes de su jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios. 1.3.4.- Afirmó que el hecho de que el señor César Augusto Torres Ríos hubiera sido designado por el Gobernador del Departamento del Caquetá, mediante Decreto Nro. 001623 de 9 de septiembre de 2011, como miembro del Consejo Territorial de Planeación, no lo hace inmerso dentro de la inhabilidad de que trata el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617, dado que dicho cargo no tiene la condición de empleado público. 1.3.5.- Con relación a la incompatibilidad prevista en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 617, esto es, ser miembro de consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, manifestó que para que esta se configure es necesario que la junta o consejo, a la cual haga parte el diputado demandado, pertenezca al sector central o descentralizado de cualquier nivel del departamento.

En el caso presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 340 de la Constitución Política, la actividad del Consejo Departamental de Planeación no implica la adopción de decisiones sino la emisión de conceptos y recomendaciones, dado que se trata de un cuerpo consultivo que sirve como foro para la discusión del plan departamental de desarrollo y no de un órgano directivo. 1.3.6.- Indicó que, el artículo 34 de la Ley 152 dispone que los consejos de planeación son entes de carácter consultivo, que presentan recomendaciones a la administración territorial en la formulación de los respectivos planes de desarrollo. Estarán integrados por las personas que designe el gobernador o el alcalde de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que definan las asambleas o concejos según el caso; como mínimo deberán estar integrados por representantes de su jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios. 1.3.7.- Estimó que, al confrontar los hechos objeto de censura con la descripción típica de la incompatibilidad alegada, no se encontró que el diputado demandado hubiera incurrido en la prohibición contenida en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 617, es decir, ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento. 1.3.8.- Finalmente indicó que, la incompatibilidad establecida en el artículo 39 de la Ley 734 no se configura en el caso sub examine, dado que no se encuentra probado que el diputado demandado hubiera intervenido, en nombre propio o ajeno, en asuntos o actuaciones administrativas en los que tenga interés el Departamento del Caquetá. 1.4.-El recurso de apelación
Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandante, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque dicha providencia judicial y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura del señor César Augusto Torres Ríos como Diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá, esgrimiendo las siguientes inconformidades: 1.4.1.- La parte demandante insiste en afirmar que el diputado demandado incurre en la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617, dado que el señor César Augusto Torres Ríos, al momento de inscribirse como candidato para ser elegido Diputado del Caquetá, era miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud, cargo que ejerce autoridad civil en el respectivo departamento al representar ante dicho consejo los intereses de la sociedad. 1.4.2.- Manifiesta que el diputado demandado incurrió en la incompatibildiad prevista en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 617, dado que el demandado al momento de ser elegido como Diputado del Caquetá, era miembro del Consejo Departamental de Planeación. 1.4.3.- Estima que el a quo le dio plena credibilidad a unos testimonios que han querido desvirtuar la participación del señor Torres Ríos en el Consejo Departamental de Planeación, afirmando la inasistencia absoluta a las sesiones del consejo y la inexistencia de la notificación del acto de nombramiento, así como la aceptación a la designación como miembro del Consejo Departamental de Planeación. 1.4.4.- Finalmente, afirma que el Tribunal omitió hacer una análisis serio, responsable y crítico de las pruebas allegadas al proceso, las cuales demuestran que el señor César Augusto Torres Ríos si perteneció e hizo parte del Consejo Departamental de Planeación, desde su designación mediante Decreto Nro. 00658 de 29 de mayo de 2012, hasta la modificación de ese decreto mediante Decreto nro. 000137 de 23 de febrero de 2016, actos administrativos que no fueron tachados de falsos.

1.5.- Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del agente del Ministerio Público
De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Magistrado Sustanciador del proceso, mediante auto de 22 de noviembre de 2017, admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia y ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto. 1.5.1.- La demandante no allegó los alegatos de conclusión
1.5.2.- La parte demandada tampoco allegó los alegatos de conclusión. 1.5.3.- El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa intervino en esta instancia, mediante escrito de 19 de enero de 2018, solicitó, luego de un estudio integral del proceso judicial, confirmar la sentencia de primera instancia, de acuerdo con los siguientes argumentos: Estimó que los elementos que se requieren para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 son los siguientes: i) calidad: la elección como diputado del departamento, ii) temporalidad: el ejercicio como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar debe darse dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, iii) funcional: que haya ejercido como empleado público con funciones de autoridad civil y, iv) territorial: que las funciones desempeñadas se hubiesen realizado en el respectivo departamento. En cuanto al primer elemento, el Procurador puso de presente que dentro del expediente se pudo evidenciar el formulario E-26 correspondiente al resultado del escrutinio de las elecciones locales del 25 de octubre de 2015 del Consejo Nacional electoral, en el que consta que el señor César Augusto Torres Ríos fue elegido como Diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá, para el periodo constitucional 2016 – 2019. Con relación al segundo elemento de la inhabilidad alegada, precisó que está demostrado en el proceso que el señor César Augusto Torres Ríos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección de diputado, se encontraba designado como miembro del Consejo Departamental de Planeación hasta el 23 de febrero de 2012, como consta en la modificación parcial del Decreto Nro. 658 de 29 de mayo de 2012, por el cual se modificó parcialmente el Decreto Nro. 264 de8 de marzo de 2012. Frente a la autoridad civil ejercida como miembro del Consejo Departamental de Planeación, afirmó que, teniendo en cuenta lo previsto por los artículos 340 de la Constitución Política y 34 de la Ley 152, relacionada con la naturaleza jurídica de estas entidades, se trata de un órgano consultivo que sirve de foro para la discusión del plan nacional de desarrollo y, en el caso concreto, esas funciones no comportan el ejercicio de autoridad civil, ni de dirección, designación y remoción de empleados, ni potestades correccionales que enmarquen el ejercicio de autoridad administrativa, relacionadas con la celebración de convenios, contratos, ordenación de gastos y la adopción de decisiones relativas a resolver situaciones administrativas de los servidores públicos. En ese sentido, manifiesta que no concurren los elementos de la inhabilidad alegada. En cuanto a la segunda causal de pérdida de investidura alegada, esto es, a la incompatibilidad descrita en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 617, sostuvo que para su configuración deben concurrir: i) la calidad del sujeto, es decir, ser miembro de juntas o consejos directivos del nivel central o descentralizado de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo, y ii) territorial: que las funciones desempeñadas se hubiesen realizado en el respectivo departamento.

Estima que la incompatibilidad alegada no se configura, toda vez que los consejos departamentales de planeación no se equiparan a juntas o a consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel, y tampoco son instituciones que administran tributos, tasas o contribuciones. Finalmente, en cuanto a la incompatibilidad prevista en el artículo 39 de la Ley 734, estima que se trata de un régimen distinto que debe ser analizado por el operador jurídico disciplinario y no por la institución autónoma de pérdida de investidura.

2.- Consideraciones de la Sala
2.1.- Competencia y procedibilidad de la acción pérdida de investidura
Esta Sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de diputados: por una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2, de la Ley 617, que establece la segunda instancia para tales procesos y, por la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 25 de enero de 1995, según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado. En el expediente se encuentra copia del formato E-26 del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declaró electo al señor César Augusto Torres Ríos como Diputado del Departamento del Caquetá, para el período 2016-2019, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015, lo cual lo hace sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura. 2.2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar, si el diputado demandado incurrió en las causales de pérdida de investidura, previstas en los numerales 1º y 6º del artículo 48 de la Ley 617, esto es, por haber infringido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos, respectivamente, en los numerales 3 de los artículos 33 y 34 de la Ley 617, en razón de que fue miembro del Consejo Departamental de Planeación y a pesar de resultar elegido como diputado, no renunció oportunamente a dicho consejo. Para resolver el problema planteado, la Sala pone de presente que la pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio, lo cual implica que el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad, esto es, verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y la culpabilidad. En ese sentido, la Sala analizará: i) la causal de inhabilidad alegada, los elementos constitutivos de la misma y el análisis de estos en el caso concreto, junto con las pruebas allegadas al proceso, ii) la causal de incompatibilidad alegada, los elementos constitutivos de la misma y el análisis de estos en el caso concreto, junto con las pruebas allegadas al proceso y, iii) el análisis de la presunta incompatibilidad en que incurrió el diputado demandado descrita en el artículo 39 de la Ley 734. 2.3. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades
Se atribuye al Diputado demandado la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617, por haber infringido el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617. El tenor de estas normas es el siguiente: LEY 617 DE 2000
“[…] ARTICULO 33. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:
[…]
3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento […]".
[…] Artículo 48. Pérdida de Investidura de Diputados, Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […]
6.- Por las demás causales expresamente previstas en la ley. […]”.

Esta Sección, en varias oportunidades ha reiterado que la violación al régimen de inhabilidades si constituye causal de pérdida de investidura de los diputados, conforme los siguientes razonamientos:
“[…] 5.5.1.-Delimitado el problema jurídico que se impone resolver, la Sala encuentra que debe empezar por reiterar su posición jurisprudencial en cuanto a que la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades sí constituye causal de pérdida de investidura en tratándose de concejales y diputados. Para el efecto resulta pertinente traer a colación la sentencia de 4 de septiembre de 2014 proferida por esta Sección en el trámite de pérdida de investidura radicado con el número 2013-00249 en la cual se precisó:
“5.6.2.- Así, uno de los aspectos analizados en el aludido pronunciamiento judicial fue el relacionado con el hecho de que en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no se incluyó la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de la investidura. Una primera aproximación al tema llevaba a considerar que el legislador quiso proscribir esa circunstancia como evento constitutivo de pérdida de investidura tal y como lo sostiene la sentencia apelada. Sin embargo, esa tesis pareciera desconocer que la misma norma no excluye las demás causales de pérdida de investidura consagradas en otras disposiciones cuando en el numeral 6 señala que podrá perderse la investidura “por las demás causales expresamente previstas por la Ley”. 5.6.3.- Por consiguiente, es forzoso concluir que las causales de pérdida de investidura de diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales, no se limitan a las consagradas en los numerales 1 a 5 del referido artículo 48 de la Ley 617 de 2000, ya que deben tenerse en cuenta las demás establecidas en otras leyes.

En este sentido, el pronunciamiento de esta Corporación al que se está haciendo alusión expresó:
“No puede desconocerse que ésta es norma posterior y contiene una relación de los diversos eventos en que Diputados, Concejales Distritales y Municipales y miembros de las Juntas Administradoras Locales, perderán su investidura, entre los cuales, si bien se omitió la violación del régimen de inhabilidades no por ello puede concluirse que haya sido voluntad del legislador suprimir dicha causal en lo concerniente a los Concejales, que es la materia a la que se contrae el presente asunto, pues en el numeral 6, ibídem, quedó plasmada la posibilidad de que otras normas también pudieran consagrar causales de pérdida de investidura para esta categoría de servidores públicos, por lo que, frente a una situación como la aquí dilucidada, necesariamente hay que remitirse a la reglamentación contenida en la Ley 136 de 1994, que en lo referente a dichas causales, en el artículo 55, numeral 2, sí prevé como propiciatoria de la comentada consecuencia jurídica, la violación del régimen de inhabilidades, así como también consagra, con ese mismo efecto, en el numeral 1, dando alcance al artículo 291 de la Constitución, la aceptación o desempeño de cargo público, causal regulada de manera especial en este último estatuto al igual a como acontece con la prevista en el artículo 110, ibídem, relacionada con las contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos por parte de quienes desempeñan funciones públicas.” 3”
5.5.2.- Como puede verse, el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 consagra la posibilidad de acudir a la integración normativa para efectos de establecer y determinar otras causales de pérdida de investidura de los concejales, diputados y miembros de juntas administradoras al señalar que además de las causales allí previstas en los numeral 1 a 5 podrán tenerse en cuenta las demás consagradas en otras leyes, posición que a su vez reitera lo dicho mediante sentencias de 24 de abril de 2003 4 y de 24 de agosto de 20065 en las que se sostuvo:
«De tal manera que no obstante que el artículo 48 de la Ley 617, en lo que toca con los Diputados no consagró expresamente como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades, como la violación de dicho régimen sí constituye causal de pérdida de investidura para los Congresistas lo es también para aquéllos en la medida en que comparten dicho régimen, por la remisión que hace el artículo 299 constitucional.”. Lo anterior se sustenta en lo expresado en la sentencia S-140 a que se ha hecho referencia, en el sentido de que “Tal norma constitucional permitió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 8 de agosto de 2000, expediente núm. S-140, con ponencia de la Consejera doctora María Elena Giraldo Gómez, sostuviera la tesis según la cual mientras el legislador no dictara un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades para los Diputados más riguroso, en comparación con el de los Congresistas debe acudirse al de éstos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los Congresistas, en lo que corresponda.” La anotada posición jurisprudencial de la Sala fue reiterada en sentencia de la misma, de 15 de mayo de 2003, expediente núm.

8707, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, en la cual concluye que “Trasladadas las anteriores apreciaciones jurídicas (refiriéndose a las del fallo de 23 de abril de 2002 de Sala Plena atrás transcritas) al caso de los diputados a las asambleas departamentales, encuentra la Sala que no existe razón alguna para considerar que la violación al régimen de inhabilidades no constituya causal de Pérdida de la Investidura para estos servidores públicos.»
5.5.3.- Al amparo de los precedentes jurisprudenciales antes referidos, la Sala reitera su posición en lo relativo a la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades como causal de pérdida de investidura de los diputados, y en consecuencia pasará a resolver los demás alegatos expuestos en el recurso de apelación, para lo que será necesario detenerse a precisar la naturaleza de la pérdida de investidura y a partir de allí verificar si se configura la inhabilidad prevista en el artículo 33.4 de la Ley 617 de 2002 para que se predique la violación al régimen de inhabilidades […]” (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Bajo el contexto fáctico y jurídico antes referido, procede la Sala a realizar el análisis de los elementos que configuran la causal endilgada a efectos de determinar si procede o no decretar la pérdida de la investidura del demandado. En ese orden, se encuentra que la causal se estructura siempre que se den los elementos o supuestos necesarios para ello, esto es:
(i) Que el candidato a la Asamblea Departamental haya sido empleado público,
(ii) Que las funciones que desempeñe como empelado público impliquen ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar,
(iii) Que esa jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar se haya ejercido en el respectivo departamento y,
(iv) Que esa jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar se haya ejercido durante los 12 meses anteriores a la elección. 2.3.1. Análisis de los elementos constitutivos de la causal de inhabilidad alegada y de las pruebas allegadas al proceso
i) La calidad de candidato del demandado a la Asamblea Departamental del Caquetá y la calidad de empleado público por ser miembro del Consejo Departamental de Planeación
La calidad de candidato a la Asamblea Departamental del Caquetá se encuentra acreditada mediante el formato E-26 del Consejo Nacional Electoral, por el cual se declaró electo al señor César Augusto Torres Ríos como Diputado del Departamento del Caquetá, para el período 2016-2019, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015, lo cual lo hace sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura. Lo anterior pone de manifiesto que el señor César Augusto Torres Ríos fue candidato a Diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá para las elecciones que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015, para el periodo constitucional 2016-2019. Para probar la calidad de empleado público, el demandante allegó copia del Decreto Nro. 000658 de 29 de mayo de 2012, mediante el cual el Gobernador del Departamento del Caquetá modifica parcialmente el Decreto Nro. 000264 de 8 de marzo de 2012 y designa al señor César Augusto Torres Ríos como miembro del Consejo Departamental de Planeación para el sector salud. Asimismo, allegó el oficio sin número de 23 de mayo de 2017, mediante el cual el Secretario de Planeación y las TIC Departamental certifica que, de acuerdo con el Decreto Nro. 000658 de 29 de mayo de 2012 “por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 00264 del 8 de marzo de 2012”, el Gobernador del Caquetá designó al señor César Augusto Torres Ríos como miembro del Consejo Departamental de Planeación para el sector salud.

También obra el oficio de 12 de mayo de 2015, mediante el cual el Presidente del Consejo Departamental de Planeación informó al Secretario de Planeación Departamental que el señor César Augusto Torres Ríos nunca asistió a las reuniones del consejo durante el actual periodo constitucional. Obra copia del Decreto Nro. 00137 de 23 de febrero de 2016, mediante el cual el Gobernador del Departamento del Caquetá, modificó parcialmente el Decreto Nro. 00658 de 29 de mayo de 2012, y designó al señor Fernando Marlés como miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud. Está probado entonces, que el señor César Augusto Torres Ríos fue designado por el Gobernador del Caquetá, como miembro del Consejo Departamental de Planeación para el sector salud, pero no existe prueba de la aceptación del cargo por parte del diputado demandado y mucho menos que hubiera ejercido en el cargo. Ahora bien, si en gracia de discusión, el diputado demandado hubiera ejercido el cargo de miembro del Consejo Departamental de Planeación es necesario establecer si se trata de un empleo público, para lo cual la Sala debe analizar la naturaleza jurídica de estos organismos. En ese orden de ideas, el inciso 2º del artículo 339 de la Constitución Política establece que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Con miras a lograr el cumplimiento de este deber, el inciso 3º del 340 de la Carta dispone que en las entidades territoriales habrán consejos de planeación, según lo determine la ley, los cuales, juntamente con el Consejo Nacional, conformarán el sistema nacional de planeación. Con fundamento en estas normas constitucionales y en lo dispuesto en el artículo 342 ibídem, el Congreso promulgó la Ley 152 de 19 de julio de 1994, cuyos capítulos VIII a XI regulan los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Los artículos 33 y 34 de esta ley establecen los consejos territoriales de planeación y confían a alcaldes y gobernadores, la designación de sus miembros que deberán ser representantes de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios. La Sección, en sentencia de 13 de febrero de 2014, analizó la naturaleza jurídica de los consejos territoriales de planeación, precisando que se trata de órganos puramente consultivos del Estado, que no son entidades públicas necesariamente y dentro de las características de estas entidades se establecieron las siguientes:
i) Organismos o entidades creados por la Constitución Política.
ii) Son instancias de planeación.
iii) Tienen funciones eminentemente consultivas.
iv) Sus conceptos no son obligantes para las autoridades.
v) Son cuerpos colegiados y participativos
vii) Integrados por personas que representan los sectores económicos, sociales, ecológicos, eduactivos, culturales y comunatarios, los cuales son designadas por el gobernador o el alcalde de una terna que presenten las correspondientes autoridades u organizaciones.
viii) Son organismos con autonomía funcional que carecen de personería jurídica y autonomía presupuestal. En efecto, la Sección en la sentencia referenciada dijo lo siguiente:
“[…] En cuanto a los Consejos Territoriales de Planeación, cabe anotar que a menudo se requieren órganos puramente consultivos del Estado, que no necesariamente son entidades públicas como tales y a las cuales no se ha asignado autoridad o potestad civil o administrativa alguna, como es el caso de los Consejos mencionados, cuyo origen se encuentra en los principios participativos de la Constitución Política de 1991, en donde se exige previo a la aprobación del Plan de Desarrollo Nacional y los planes territoriales el análisis de los proyectos de los mismos en “un foro deliberante y libre que representa a los asociados”.

Como características de los Consejos Territoriales de Planeación se pueden señalar las siguientes: 1. Están consagrados en el artículo 340 de la Constitución como parte del Sistema Nacional de Planeación. 2. Se definen como instancias de planeación en el artículo 33 de la Ley 152 de 1994. 3. Tienen unas funciones eminentemente consultivas definidas en el artículo 35 de la Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, donde se determina que serán las mismas definidas para el Consejo Nacional de Planeación, en cuanto sean compatibles. Lo anterior implica que corresponde a los Consejos Territoriales de Planeación: (i) analizar y discutir el proyecto del Plan de Desarrollo; (ii) organizar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de Desarrollo, mediante la organización de reuniones en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política (iii) absolver las consultas que, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, formule el Gobierno departamental o distrital o las demás autoridades de planeación durante la discusión del proyecto del plan, sin que la función consultiva de los Consejos Territoriales de Planeación se agote en la fase de discusión del Plan de Desarrollo, pues se extiende también a las etapas subsiguientes en relación con la modificación de dichos planes (iv) formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan y (v) conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno. Cabe anotar que las funciones de los Consejos Territoriales de Planeación solo pueden ser definidas por medio de ley orgánica, y no le es posible a las asambleas departamentales o concejos municipales o distritales asignarles otras diferentes como lo enfatizó la Corte Constitucional en sentencia C-524 de 2003. 4. Sus conceptos no obligan a la autoridad respectiva, pues si bien los gobernadores y alcaldes deben presentar el proyecto de plan de desarrollo en forma simultánea al Consejo de Gobierno o cuerpo que haga sus veces y al Consejo Territorial de Planeación, así como enviar copia de esta información a la respectiva corporación de elección popular, conforme lo previsto en los numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994, si transcurriere un mes sin que el respectivo Consejo Territorial se hubiere reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, considerará surtido el requisito en esa fecha. 5. Son cuerpos participativos y colegiados conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 34 de la Ley 152 de 1994 que dispone: Artículo 34. Consejos Territoriales de Planeación. Los Consejos Territoriales de Planeación del orden departamental, distrital o municipal, estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso. (Resalta la Sala)
6. Estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso; como mínimo, deberán estar conformados por representantes de su jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios. 7.Son organismos con autonomía funcional que carecen de personería jurídica y autonomía presupuestal, según lo establece el parágrafo del artículo 35 de la Ley 152 de 1994 cuyo tenor es:
“Parágrafo. La dependencia de planeación de la correspondiente entidad territorial prestará al respectivo Consejo, el apoyo administrativo y logístico que sea indispensable para su funcionamiento”.

Al respecto vale la pena recordar las precisiones que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-524 de 2003 al declarar la exequibilidad de esta norma cuando manifestó:
“ (…) las normas acusadas consagran un mecanismo institucional para garantizar el normal funcionamiento de los consejos de planeación, a través del cual se aseguran los recursos que requieran para su actuación. Ellas contienen una obligación para el Departamento Nacional de Planeación y las dependencias de planeación de las entidades territoriales, que no es facultativa ni discrecional, de brindarles el apoyo administrativo y logístico indispensable para su funcionamiento. La expresión “que sea indispensable” incluida en las normas acusadas contiene un elemento valorativo y teleológico exigible a las dependencias de planeación nacional y de las entidades territoriales para garantizar la autonomía y el normal funcionamiento de los consejos de planeación y la eficacia del Sistema Nacional de Planeación. Por lo tanto, el incumplimiento de este deber jurídico, que se desprende de la Constitución, podrá acarrearles algún tipo de responsabilidad para las autoridades de planeación, en los términos previstos en la Constitución y la ley, pero tal omisión, por corresponder a aspectos inherentes a la aplicación de la ley, no constituye un vicio de inconstitucionalidad. De otro lado, esta Corporación considera que del carácter consultivo de las actuaciones a cargo del Consejo Nacional de Planeación, de su papel como foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y de la conformación del Sistema Nacional de Planeación no se desprende la exigencia constitucional para que el legislador deba reconocerle personalidad jurídica ni asignarle presupuesto propio, pues su autonomía funcional como instancia de planeación no está indisolublemente ligada a este tipo de reconocimiento sino a la garantía de las condiciones necesarias para atender eficientemente su objeto misional. Así mismo, como lo expresa el Procurador General de la Nación, en el ordenamiento constitucional no existe exigencia alguna que condicione la conformación del Sistema Nacional de Planeación con entidades que cuenten con personalidad jurídica y presupuesto propios. De tal suerte que, a partir del artículo 340 de la Carta Política, la autonomía de los consejos de planeación y la dinámica del Sistema Nacional de Planeación no están supeditadas al reconocimiento de personalidad jurídica propia a cada uno de ellos.(…) (Resalta la Sala)[…]”. En la misma sentencia, la Sección precisó que los integrantes de los consejos territoriales de planeación no tienen el carácter de empleados públicos, dado que de conformidad con lo previsto en la Ley 152, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la doctrina del Departamento Nacional de Planeación, estas personas son particulares que ejercen funciones consultivas. Al respecto, la Sección dijo lo siguiente:
“[…] En cuanto a los Consejos Territoriales de Planeación, cabe anotar que a menudo se requieren órganos puramente consultivos del Estado, que no necesariamente son entidades públicas como tales y a las cuales no se ha asignado autoridad o potestad civil o administrativa alguna, como es el caso de los Consejos mencionados, cuyo origen se encuentra en los principios participativos de la Constitución Política de 1991, en donde se exige previo a la aprobación del Plan de Desarrollo Nacional y los planes territoriales el análisis de los proyectos de los mismos en “un foro deliberante y libre que representa a los asociados”. Siguiendo esta línea de pensamiento concluye la Sala que los integrantes de los Consejos Territoriales de Planeación no tienen el carácter de empleados públicos […]”.

Siguiendo lo anterior, la Sala reitera que los integrantes de los consejos territoriales de planeación no tienen el carácter de empleados públicos, por lo tanto, no es posible afirmar que por el hecho de haber sido designado el diputado demandado como miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud, hubiera incurrido en la inhabilidad alegada. Dado el carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, la Sala debe aplicar restrictivamente las causales que la determinan. Entonces, esta Sala no encuentra que se hubiera configurado el segundo de los elementos de la causal alegada, esto es, por violación al régimen de inhabilidades, dado que: i) de las pruebas allegadas al proceso no se puede probar que el diputado demandado hubiera ejercido como miembro del Consejo Departamental de Planeación, ii) si en gracia de discusión se hubiera demostrado dicha calidad, se reitera que los miembros a estos organismos no son empleados públicos. En consonancia con lo explicado, esta Sala no encuentra que se hubiera configurado el segundo de los elementos o requisitos de la causal de pérdida de investidura alegada, esto es, por violación al régimen de inhabilidades, dado que no está probado el ejercicio del cargo como miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud y, además, por el solo hecho de ejercer dicho cargo, no se puede afirmar que se trate de un empleado público que ejerza autoridad civil o administrativa en el Departamento del Caquetá. La Sala estima que como los supuestos fácticos del caso sub examine, no se subsumen en el segundo de los elementos o requisitos configurativos de la causal de inhabilidad alegada, no hay lugar a analizar los otros elementos de la misma, ni el elemento de la culpabilidad que debe ser analizada en este tipo de procesos. Por las razones anteriormente expuestas, este cargo no prospera. 2.4. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatibilidades, prevista en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 617
Se imputa al Diputado demandado la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617, por haber infringido el régimen de incompatibilidades previsto en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 617. El tenor de la incomestas normas es el siguiente:

LEY 617 DE 2000
“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”.
“[…] ARTICULO 34. DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Los diputados no podrán: […]
3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo. […]”.

En ese orden, se encuentra que la causal se estructura siempre que se den los elementos o supuestos necesarios para ello, esto es:
(i) Tener la calidad de diputado
(ii) Que el diputado sea miembro de una junta o de un consejo directivo del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o
(iii) Que el diputado sea miembro de una junta o consejo directivo de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del departamento. 2.4.1. Análisis del elemento constitutivo de la causal de incompatibilidad alegada y de las pruebas allegadas al proceso
i) La calidad de Diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá
Como se analizó en acápites anteriores, la calidad de Diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá del señor César Augusto Torres Ríos, se encuentra acreditada con el formato E-26 del Consejo Nacional Electoral.
ii) Que el diputado sea miembro de una junta o de un consejo directivo del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento
Está probado en el expediente que, el señor César Augusto Torres Ríos fue designado por el Gobernador del Departamento del Caquetá, mediante Decreto Nro. 00658 de 29 de mayo de 2012, como miembro del Consejo Departamental de Planeación por el sector salud. Atendiendo la naturaleza jurídica de los consejos territoriales y con el fin de determinar si estos órganos o entidades corresponden al sector central o descentralizado de cualquier nivel, la Sección en la sentencia de 13 de febrero de 2014, anteriormente referenciada, destacó que, establecida, como lo está la naturaleza y características de los consejos territoriales de planeación y el hecho de que no manejan presupuesto alguno, resulta indiscutible que tales organismos no pertenecen a los sectores central o descentralizado del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo. En ese sentido, la Sala reitera que como lo consejos territoriales de planeación no son organismos o entidades que pertenezcan al sector central o descentralizado del respectivo departamento, hace que, el hecho de que el diputado demandado hubiera sido miembro del Consejo Departamental de Planeación, no podría resultar incurso en la incompatibilidad prevista en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 617. En consonancia con lo explicado, esta Sala no encuentra que se hubiera configurado el segundo de los elementos o requisitos de la causal de pérdida de investidura alegada, esto es, por violación al régimen de incompatibilidades, dado que el Consejo Departamental de Planeación, no es una entidad u organismo que pertenezca al sector central o descentralizado del Departamento del Caquetá. La Sala estima que como los supuestos fácticos del caso sub examine, no se subsumen en ninguno de los elementos o requisitos configurativos de la causal de incompatibilidad alegada, no hay lugar decretar la pérdida de investidura del diputado demandado por este cargo. Por las razones anteriormente expuestas, este cargo no prospera. 2.5. Análisis de la presunta incompatibilidad en que incurrió el diputado demandado descrita en el literal a) del numeral 1º del artículo 39 de la Ley 734
La parte demandante manifiesta que el diputado demandado violó la incompatibilidad descrita en el literal a) del numeral 1º del artículo 39 de la Ley 734, al intervenir y participar, en nombre propio y de terceros, en actuaciones administrativas en las cuales tiene interés directo el Departamento del Caquetá. En efecto, el literal a) del numeral 1º del artículo 39 de la Ley 734 establece como una de las incompatibilidades de los diputados: “[…] a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos […]”. Para la Sala este cargo no tiene vocación de prosperar, por las siguientes consideraciones:

El artículo 34 de la Ley 617 es la norma que establece los supuestos jurídicos constitutivos de las incompatibilidades aplicables a los diputados, cuya configuración dan lugar a la causal de pérdida de investidura de estos servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del artículo 48 ibidem. Esta Sección ha precisado que una misma conducta puede ser causal para adelantar una acción disciplinaria, una pérdida de investidura y aún una acción penal, pero son objeto de procesos independientes, que la autoridad competente debe examinar de conformidad con las normas que gobiernan la respectiva acción. De ahí que las consecuencias de la prosperidad de cada una de estas acciones sean diferentes. En esa oportunidad, la Sección sostuvo lo siguiente:
“[…] Ahora bien, la acción disciplinaria es independiente de la acción de pérdida de investidura, siendo la primera de carácter administrativo y la otra de naturaleza jurisdiccional, lo cual ha reiterado en diferentes fallos, como lo expresa el del 22 de abril de 2004, referencia 2002-09494-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, que dice: “La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han puesto de presente la autonomía de la acción de pérdida de la investidura frente a las demás acciones que puedan originarse por los hechos que se encuadren en las causales previstas para ella, de modo que en lo concerniente a la acción disciplinaria conserva esa autonomía, más cuando ésta se da en sede administrativa y por ende no hace tránsito a cosa juzgada, mientras que aquélla es de carácter jurisdiccional y su decisión produce efecto de cosa juzgada. (…)”. Una misma conducta puede ser causal para adelantar una acción disciplinaria, una pérdida de investidura y aún una acción penal pero son objeto de procesos independientes, que la autoridad competente debe examinar de conformidad con las normas que gobiernan la respectiva acción. Las consecuencias de la prosperidad de cada una de estas acciones son diferentes y en el presente caso es la pérdida de la investidura. […]”
En ese sentido, la Sala mediante sentencia de 23 de junio de 2017 sostuvo que la Constitución de 1991 al establecer la institución de pérdida de investidura no consideró la infracción a las normas disciplinarias como causal que diera lugar a dicha sanción, así como tampoco fue el propósito del legislador prever que las faltas disciplinarias, en que pudieran incurrir los miembros de corporaciones públicas, tuvieran como consecuencia la pérdida de su investidura. Así sostuvo la Sala:
“[…] Así mismo, al revisar los antecedentes de la Ley 734, se advierte que no fue propósito del legislador prever que las faltas disciplinarias gravísimas en que incurrieran los miembros de corporaciones públicas tuvieran como consecuencia la pérdida de su investidura. Conforme aparece en el texto del proyecto de ley número 19 de 2000 Senado (artículo 43) y número 129 Cámara (artículo 44), las sanciones disciplinarias a las que estarían sometidos los servidores públicos serían las siguientes: destitución e inhabilidad general, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, suspensión, multa, y amonestación escrita, atendiendo cada una de ellas a la gravedad de la falta disciplinaria cometida, siendo la sanción de destitución e inhabilidad general la aplicable tratándose de faltas gravísimas. En las ponencias para primero y segundo debate en Senado y Cámara, así como en la Conciliación en Plenaria, no se hace ninguna modificación a ese proyecto que esté dirigida a incluir la pérdida de investidura como sanción por la comisión de faltas gravísimas. De otro lado, el artículo 33 de la Ley 617, que contiene el régimen de inhabilidades de los diputados, no dispone en ninguno de sus numerales en forma expresa que no podrá ser inscrito ni elegido en ese cargo de elección popular quien haya cometido una falta disciplinaria.

Los antecedentes legislativos de esta norma dan cuenta igualmente que el legislador no consideró incluir en la ley tal circunstancia como causal de pérdida de investidura de los disputados de las asambleas departamentales, según se puede apreciar en el Acta de Plenaria 07 del 29 de agosto de 2000, relativa a la conciliación de los proyectos de ley números 46 de 1999 Cámara y 199 de 1999 Senado. Así mismo, para ahondar razones, es pertinente anotar que al establecerse en la Constitución Política la institución de la pérdida de investidura de los Congresistas (actual artículo 183 de la Constitución Política), el constituyente no consideró la infracción a las normas disciplinarias como causal que diera lugar a dicha sanción. En el informe de la ponencia sobre el Estatuto del Congresista presentado ante la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente por los constituyentes Alfonso Palacio Rudas, Hernando Yepes Arcila, Álvaro Echeverri Uruburu, Antonio Galán Sarmiento, Arturo Mejía Borda, Roisembrer Pabón Pabón y Luis Guillermo Nieto Roa, en el que, entre otros temas, se incluye la pérdida de investidura, se propusieron solamente como causales que daban lugar a ella las siguientes: la violación del régimen de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses; la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a seis (6) reuniones plenarias en las que se voten proyectos de actos legislativos o de ley o mociones de censura a los ministros; y no posesionarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la instalación de la cámara respectiva o de la fecha en que fueren llamados a ocupar el cargo (art. 7º) . Dentro de las inhabilidades, no se incluyó norma alguna que considerara como tal la comisión de faltas disciplinarias de ninguna clase (artículos 1º a 3º). En las sesiones de la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, se incluyeron con posterioridad como causales de pérdida de investidura de los Congresistas, además, la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias debidamente comprobado. En estos debates tampoco se hizo mención a la comisión de faltas disciplinarias como causal de pérdida de investidura. Por ende, es evidente que carece de sustento jurídico la causal de pérdida de investidura que se aduce contra los demandados […]”. Conforme lo anterior, no hay lugar a decretar la pérdida de investidura del diputado demandado por violación al régimen de incompatibilidades descrito en el literal a) del numeral 1º del artículo 39 de la Ley 734, dado que las incompatibilidades de los diputados que configuran la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 se encuentran descritas, entre otras, en el artículo 34 ibidem. Las incompatibilidades descritas en la norma disciplinaria dan lugar a una sanción disciplinaria pero no constituyen causal de pérdida de investidura para los diputados. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que los argumentos del recurso de apelación presentados en contra de la sentencia de primera instancia no tienen vocación de prosperar y, en consecuencia, se procederá a confirmar dicha decisión. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 19 de abril de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
LEY 617 DE 2000
“[…] Artículo 33.- De las inhabilidades de los Diputados. No podrán ser inscrito como candidato ni elegido diputado: […]
3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento […]”.
“[…] Artículo 34.- De las incompatibilidades de los Diputados. Los Diputados no podrán: […]
3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo […]”. LEY 617 DE 2000
“[…] Artículo 33.- De las inhabilidades de los Diputados. No podrán ser inscrito como candidato ni elegido diputado: […]
3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento […]”.
“[…] Artículo 34.- De las incompatibilidades de los Diputados. Los Diputados no podrán: […]
3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo […]”. ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
Auto de enero 25 de 1.995, Expediente AC-2220, M.P. Carlos Betancur Jaramillo. Folios 23-33, cuaderno principal. La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-424 de 2016, precisó que el juez de este proceso sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA. Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 23001-23-33-004-2015-00489-01(PI). Actor: FRANCISCA LÓPEZ DIZ. Demandado: JUAN CAMILO CORRALES SALEME. Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA – JUICIO DE CARÁCTER SANCIONATORIO - NO SE CONFIGURA LA INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN CUANDO EXISTE DUDA SOBRE LA NATURALEZA CONTRACTUAL DEL ACTO JURÍDICO. 3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia de 23 de julio de 2002, expediente No. IJ 024 C.P. Gabriel Eduardo Mendoza. 4 Expediente: 2002-1067. M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo. 5 Expediente: 2005-1477. M.P. Dr. Rafael E.

Ostau De Lafont Pianeta.

Folio 14-16, cuaderno principal
Folio 5, cuaderno principal
Folio 21, cuaderno principal
Folio 51, cuaderno principal
Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo
Expediente: 85001-23-31-000-2012-00062-01, Actor: Jonny Eddison Arenas Toro, Demandado: Carmen Cecilia Bernal Peroza, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno
Cfr: Corte Constitucional, sentencia C-15 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Ley 152 de 1994. Artículo 12. Funciones del Consejo Nacional de Planeación. Son funciones del Consejo Nacional de Planeación:
1. Analizar y discutir el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.
2. Organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la organización de reuniones nacionales y regionales con los Consejos Territoriales de Planeación en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar efizcazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política.
3. Absolver las consultas que, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, formule el Gobierno Nacional o las demás autoridades de planeación durante la discusión del proyecto del plan. (Nota: Las expresiones señaladas con negrilla en este numeral fueron declaradas exequibles condicionalmente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-524 de 2003, en relación con los cargos analizados en la misma.).
4. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan.
5. Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno.
C-524 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
M.P. Jaime Córdoba Triviño
M.P. Jaime Córdoba Triviño
Sentencia C-15 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Departamento Nacional de Planeación “El Papel de los Consejos Territoriales de Planeación (CTP)” Guía para autoridades territoriales y ciudadanía. Colección Guías para la Gestión Pública Territorial No. 6. Disponible en:
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=SbUX8SkeMLQ%3D&tabid=1434

Sentencia de 13 de febrero de 2014, Expediente: 85001-23-31-000-2012-00062-01, Actor: Jonny Eddison Arenas Toro, Demandado: Carmen Cecilia Bernal Peroza, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno
Sentencia de 30 de octubre de 2008, Radicación número: 63001-23-31-000-2007-00148-01(PI), Actor: JAIME LEONIDAS ZAPATA HENAO, M.P. MARTHA SOFIA SANZ TOBON.
Expediente: 88001-2333-000-2016-00075-01, Actor: Miguel García Urueta, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1)
Gaceta del Congreso número 291 de 27 de julio de 2000.
Gaceta del Congreso número 263 de 4 de junio de 2001.
Gacetas del Congreso 315 de 10 de agosto de 2000 y 474 de 27 de noviembre de 2000.
Gacetas del Congreso 263 de 4 de junio de 2001 y 626 de 6 de diciembre de 2001.
Gaceta del Congreso número 74 de 3 de abril de 2002.
Gaceta del Congreso número 358 del 8 de octubre de 2000.
Gaceta Constitucional número 51, de 16 de abril de 1991, páginas 25 y s.s.
La Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente continuó con el estudio de este mismo tema en sesión celebrada el 29 de abril de 1991, sin introducir modificación alguna relativa a tener como causal de pérdida de investidura de los Congresistas la infracción de las normas disciplinarias.
Celebradas los días 25 y 28 de mayo y 6 de junio de 1991. Sesiones digitalizadas por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.

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