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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-003-2016-00149-01

Fecha
5 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-003-2016-00149-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de enero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: SEGUNDO. Declarar probada la excepción de PRESCRIPCIÓN respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 11 de julio de 2013. Y no probadas las excepciones de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE LA DEMANDADA y AUSENCIA DE VICIOS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO, propuestas por la UGPP. TERCERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 24947 del 30 de mayo de 2013 y RDP 37815 del 15 de agosto de 2013, mediante las cuales fue negado a la actora el reconocimiento de la pensión gracia. CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y liquidar a la señora Ruth Gladys Chavarro Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 40.761.543 una pensión gracia de jubilación en cuantía el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, 1 de febrero de 2012 al 30 de enero de 2013. QUINTO. CONDENAR a la demandada al reconocimiento y pago a favor de la señora Ruth Gladys Chavarro Rojas, las mesadas causadas y no pagadas desde la fecha en que adquirió el estatus, pero con efectos fiscales a partir del 11 de julio de 2013. SEXTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia. SÉPTIMO. La UGPP deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos señalados en los artículos 192, del CPACA. OCTAVO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme la motivación. NOVENO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 19 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-003-2016-00149-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001 23 33 003 2016 00149 01 (4265-2018)
Demandante: Ruth Gladys Chavarro Rojas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Docente Alfabetizador.
Ley 1437 de 2011
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 22 de enero de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

• Resolución nro. RDP 24947 del 30 de mayo de 2013 “por la cual se niega el
reconocimiento y pago de una pensión gracia”
• Resolución nro. RDP 37815 del 15 de agosto de 2013 “por la cual se resuelve
un recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución
nro. RDP 24947 del 30 de mayo de 2013”

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento y pago
de la pensión gracia, en cuantía del 75% del promedio devengado en el año anterior
al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, con la debida inclusión de todos
los factores, y que se reajuste el valor de las sumas adeudadas, conforme al IPC.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 18001-23-33-003-2016-00149-01
Demandante : Ruth Gladys Chavarro Rojas

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La señora Ruth Gladys Chavarro Rojas laboró como docente de carácter
nacionalizada y/o territorial por los siguientes periodos: desde el 15 de febrero hasta
el 30 de junio de 1980; del 1° de julio al 30 de septiembre de 1980 y desde el 28 de
junio de 1982 vigente a la fecha de presentación de la demanda.

Como docente suma más de 20 años de servicio, primero en educación para adultos
y después como nacionalizada. Que cumple los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, dado que acredita la edad -50 años- y el tiempo
de servicio o vinculación -20 años- el 30 de enero de 2013.

El día 26 de marzo de 2013 presentó ante la UGPP la solicitud de reconocimiento
pensional, petición que fue resuelta negativamente mediante Resolución nro. RDP
24947 del 30 de mayo de 2013. Contra el anterior acto administrativo se interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación; sin embargo, los mismos se
resolvieron a través de la Resolución RDP 37815 del 15 de agosto de 2013, donde
se confirmó la decisión inicial.

Las razones alegadas por la entidad demandada para negar el reconocimiento
pensional tienen que ver con la no vinculación en la docencia oficial antes del 31 de
diciembre de 1980; sin embargo, la entidad no tuvo en cuenta los documentos
presentados en debida forma a la UGPP.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 4, 5 13, 25, 29, 46,
48, 53, 58, 83, 128, 209 y 230 de la Constitución; artículos 1, 2, 4 y subsiguientes de
la Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928; artículo 3 de la Ley 37 de 1933;
artículo 1 de la Ley 33 de 1985; artículo 15 de la Ley 91 de 1989; artículo 19 - g de
la Ley 4ª de 1994; artículo 60 de la Ley 60 de 1993 y los artículos 11 y 279 de la Ley
100 de 1993.

En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, expone que se configura la violación a la ley como
causal de nulidad, debido a que las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933
le dieron el derecho a la demandante de pensionarse por ser docente nacionalizada
y haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.

Los supuestos fácticos y jurídicos que sirvieron de fundamento al acto acusado son
falsos, pues al desconocerse la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, se
incurrió en una verdadera vía de hecho por defecto fáctico. Además, al no valorarse
los medios probatorios aportados, la decisión se afectó de falsa motivación.

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Demandante : Ruth Gladys Chavarro Rojas

La actora cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913
y demás concordantes, toda vez que sus nombramientos fueron expedidos por la
Secretaría de Educación del Caquetá.

1.4. Contestación de la demanda1

La entidad demandada UGPP-, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad
de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Indicó que los actos
administrativos acusados se ajustan a derecho y son respetuosos de las normas que
regulan la pensión gracia.

Dentro del expediente obra certificado de información laboral de fecha 30 de mayo
de 2013 expedido por la Secretaría de Educación de Florencia – Caquetá, donde se
evidencia que la demandante laboró desde el 15 de febrero hasta el 30 de agosto de
1980 (sic) y desde el 1° de julio al 30 de septiembre de 1980 como docente de básica
primaria con vinculación nacionalizada; sin embargo, se evidencian serias
inconsistencias al confrontarse con las Resoluciones nos. 0106 del 13 de marzo y
0679 de 1980, ya que las mismas indican el nombramiento de maestros
alfabetizadores de adultos y son pagados con fondos nacionales, razón por la que
los tiempos en cuestión no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento
pensional.

Finalmente, propuso las excepciones de “inexistencia de la obligación demandada”,
“ausencia de vicios en el acto administrativo demandado”, “prescripción” y
“genérica”.

1.5. Sentencia de primera instancia2

El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia de 22 de enero de 2018, negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la
parte actora.

Como sustento de su decisión, consideró el Tribunal de primera instancia que a pesar
de que el certificado de historia laboral expedido en el Formato del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales especifica que el tipo de vinculación de la accionante en el
año 1980 es de carácter nacionalizado, en el sub examine se evidenció que la señora
Chavarro Rojas ejecutó su labor de docente alfabetizadora con recursos
provenientes de fondos nacionales. En virtud de lo anterior, el tiempo acreditado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, equivalente a 8 meses y 15 días, no es
válido para el cómputo de la pensión gracia, debido a que no obedece a una
vinculación nacionalizada o territorial.

1 Folios 81 a 83 del expediente físico.
2 Folios 131 a 138 del expediente físico.

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Demandante : Ruth Gladys Chavarro Rojas

1.6. Recurso de apelación3

El apoderado judicial de la demandante interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, en tanto considera que el Tribunal
de primera instancia incurrió en un defecto fáctico al declarar que la vinculación
desempeñada por la señora Chavarro Rojas fue nacional, toda vez que el acervo
probatorio fue indebida e injustificadamente desestimado, pues no se tuvieron en
cuenta los certificados de tiempo de servicio o historia laboral emitidos por el Fondo
de Prestaciones Sociales en la que manifiesta que el tipo de vinculación es
nacionalizada.

Indica que las certificaciones expedidas por las entidades territoriales, en ningún
momento refrendan que la señora Chavarro Rojas es docente del orden nacional,
véase que dichas pruebas documentales no hacen incurrir en error, dado que esa
afirmación se ajusta a la verdad real de la controversia.

Itera que las vinculaciones de la actora son del orden nacionalizado, puesto que fue
nombrada por el secretario de Educación del Departamento del Caquetá y no por le
Ministerio de Educación Nacional, posterior al proceso de nacionalización.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto de 26 de febrero de 2019, se dispuso correr traslado a las partes para
que presentaran alegatos de conclusión.

Así, la apoderada de la UGPP 4 solicitó desatender las pretensiones de la
demandante, en tanto aduce que a pesar que el certificado de historia laboral
expedido en el formato del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales especifica que
el tipo de vinculación de la accionante en el año 1980 es de carácter nacionalizado,
en el sub lite se pudo evidenciar que ejecutó su labor como docente alfabetizadora
con recursos que fueron asumidos por fondo nacionales, por lo que el tiempo
acreditado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 no es válido para el cómputo
de los 20 años de servicios.

Por su parte, el apoderado de la señora Ruth Gladys Chavarro Rojas5 reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, es decir que su poderdante
acredita cabalmente los requisitos para acceder a la pensión gracia.

Mientras que el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación
guardó silencio.

3 Folios 167 a 175 del expediente físico
4 Folios 234 a 237 del expediente físico.
5 Folios 226 a 228 del expediente físico.

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De otro lado, en fecha del 26 de octubre de 20236, se dictó auto para mejor proveer
requiriendo a la Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá, para que
allegara los siguientes documentos:

a) Copia de los actos de nombramiento y posesión como docente de Ruth Gladys Chavarro
Rojas, identificada con cédula de ciudadanía 40.761.543, de acuerdo con las diferentes
vinculaciones que mantuvo desde 1980 a la actualidad.
b) Certificado de tiempos de servicios como docente de Ruth Gladys Chavarro Rojas,
identificada con cédula de ciudadanía 40.761.543, en el que conste tanto fechas de inicio
como de terminación de cada una de las vinculaciones, en caso de que aún se encuentre
adscrita a la educación, deberá ser precisado en la mencionada certificación junto a la
naturaleza del vínculo (nacional, nacionalizado o territorial).
c) Certificación en la que se indique con claridad la naturaleza de la institución educativa y la
plaza en la cual la demandante prestó sus servicios como docente.
d) Certificado que especifique de dónde provenían los dineros con los que fueron pagados los
salarios y prestaciones durante el tiempo de servicio de Ruth Gladys Chavarro Rojas como
docente.
e) Certificación de factores salariales devengados por la demandante entre los meses de enero
de 2012 y enero de 2013.

Requerimiento que se materializó en oficios nos. 8196 del 5 de diciembre de 20237,
803 del 5 de febrero de 20248 y 3631 del 19 de marzo de 20249; no obstante, la
Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, guardó silencio.

Tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de
nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas
las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 11 , la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la

6 Actuación visible en el índice 44 de SAMAI
7 Actuación visible en el índice 54 de SAMAI
8 Actuación visible en el índice 55 de SAMAI
9 Actuación visible en el índice 57 de SAMAI
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis
se encuentra limitado a los argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Ruth Gladys
Chavarro Rojas, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acreditó las exigencias para dicho
reconocimiento.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de
los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión
o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con antelación al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance
indicado a continuación de cada uno de ellos:

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Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los docentes de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el
particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto
de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de
1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. […].»12.

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la
Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de

1997.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (38052014).

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presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad
de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa
del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto
del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de
manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y
además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a
los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y
endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además
del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal14; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente
claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales,
o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la
Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema
general de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de
2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».13

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 15 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. Del docente alfabetizador

El Decreto 2277 de 1979 «por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la
profesión docente» establece en su artículo 2 el ejercicio de la profesión docente en
los siguientes términos:

«Artículo 2. PROFESION DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión docente se
denominan genéricamente educadores.
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales
de educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición
a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos de
supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y
orientación de educando, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades
de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que
determine el reglamento ejecutivo».

De lo anterior, se entiende con mediana claridad que la labor de alfabetizador de
adultos hace parte de la profesión docente, lo cual resulta válida para el cómputo de
la pensión gracia, sin ninguna discriminación o precisión en el sentido de que tales
programas sean del orden nacional.

Esa misma postura ha sido adoptada por esta Corporación en reiterada
jurisprudencia. Para el efecto, en sentencia del 26 de octubre de 2023, radicado
interno 5277-2018 se precisó lo siguiente:

15 Se entiende que es hasta el 31 diciembre de 1980, como lo establece la ley 91 de 1989.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 18001-23-33-003-2016-00149-01
Demandante : Ruth Gladys Chavarro Rojas

«En este orden de ideas, se precisa que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido
que las tareas desempeñadas por los docentes alfabetizadores para adultos sí implican el
ejercicio de la actividad docente, toda vez que estas se relacionan con el proceso de educación
formal el cual, según se advierte en los Decretos 128 de 1977 y 2277 de 1979, se encuentran
sujetas a la regulación legal del sistema educativo y a las directrices impartidas por el Ministerio
de Educación Nacional». (Negrilla fuera de texto)

2.4 Actuación administrativa

La demandante, actuando por intermedio de apoderada, el día 26 de marzo de
201316 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual
fue negada a través de la Resolución RDP 024947 del 30 de mayo de 201317; como
argumento, señaló que al 31 de diciembre de 1980 la señora Chavarro Rojas no se
encontraba vinculada a la docencia oficial, pues el periodo comprendido entre el 15
de febrero al 30 de septiembre de 1980, certificado por la Secretaría de Educación
del Caquetá, fue pagado con fondos nacionales, razón por la que no puede ser tenido
en cuenta.

Inconforme con la respuesta, la docente interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación18; sin embargo, la UGPP mediante Auto ADP 010178 del 10
de julio de 201319 los rechazó por extemporáneos.

Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de queja20, el cual
fue resuelto favorablemente en la Resolución RDP 037815 del 15 de agosto de
201321. De igual manera, al estudiar de fondo el recurso de apelación, se confirmó
la Resolución RDP 024947 que negó el reconocimiento pensional.

2.5 Caso concreto

Para resolver el problema jurídico planteado, procede la Sala a verificar si la actora
cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas
complementarias, y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento
de la acreencia pensional en discusión.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que la señora Ruth Gladys
Chavarro Rojas nació el 30 de enero de 1963, razón por la cual, el 30 de enero de

16 Folio 5 del expediente físico.
17 Folios 20 y 21 del expediente físico.
18 Folios 23 a 30 del expediente físico.
19 Folios 32 y 33 del expediente físico.
20 Folio 34 del expediente físico.
21 Folios 35 a 37 del expediente físico.

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2013 cumplió 50 años de edad22, aspecto que en todo caso no fue cuestionado por
la UGPP.

• Buena conducta

Sobre este ítem, se tiene que la señora Chavarro Rojas desempeñó su labor docente
con honradez, consagración y buena conducta, teniendo en cuenta que la entidad
demandada no alegó que la demandante hubiere incurrido en alguna causal de mala
conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente ni que percibiera otra
asignación incompatible con la pensión reclamada.

• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios.

• Docente alfabetizador: 15 de febrero hasta 30 de junio de 1980 y 1° de
julio al 30 de septiembre de 1980.

De la Resolución nro. 0106 del 13 de marzo de 198023 expedida por el secretario de
Educación del Departamento del Caquetá y el jefe de Educación de Adultos del
mismo departamento, es claro que la señora Ruth Gladys Chavarro Rojas fue
nombrada orientadora de adultos en la escuela la Bocana de Florencia – Caquetá, a
partir del 15 de febrero de 1980, con pagos provenientes de fondos nacionales. El
mentado acto de nombramiento es el siguiente:

22 Copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 18 del expediente físico.
23 Folios 10 a 13 del expediente físico.

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De igual manera, el mismo secretario de Educación del Caquetá mediante
Resolución nro. 0579 del 4 de septiembre de 198024, nombró a la señora Chavarro
Rojas como docente alfabetizadora de adultos en la escuela la Bocana a partir del
1° de julio de 1980. Al tenor, la resolución es:

24 Folio 14 del expediente físico.

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Para corroborar los anteriores nombramientos, la Secretaría de Educación
Departamental del Caquetá en Formato Único para la Expedición de Historia laboral
del 26 de junio de 201325, certificó que el tipo de vinculación ostentada por la docente
Ruth Gladys Chavarro Rojas fue nacionalizada durante los siguientes periodos: i)
desde el 15 de febrero hasta el 30 de junio de 1980, nombramiento efectuado
mediante Resolución nro. 106 de 13 de marzo de la anualidad en cita y ii) desde el
1° de julio hasta el 30 de septiembre de 1980, nombramiento realizado mediate
Resolución nro. 579 de 4 de septiembre de 1980. Dicha certificación es del siguiente
tenor:

25 Folios 107 a 108 del expediente físico.

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Los anteriores periodos laborados fueron en condición de docente alfabetizador,
labor que, según la jurisprudencia ya citada de esta Corporación, y el artículo 2 del
Decreto 2277 de 1979, se encuentra incluida en la definición de profesión docente.

En cuanto la condición de docente nacionalizado, esta Sala ha precisado con
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, que tienen ese carácter aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975».

Sumado a lo anterior, esta Corporación en la ya citada sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201826, concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la expedición
de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de
aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la
norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de ese orden
a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10
de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por
el ente local y los gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

En el asunto bajo análisis no existe duda que la docente ostentó una vinculación
nacionalizada, lo anterior, dado que acreditó haber trabajado con una entidad
territorial -Secretaría de Educación del Caquetá- con posterioridad a la expedición
de la Ley 43 de 1975 por medio de la cual se adelantó el proceso de nacionalización,
de acuerdo con los actos administrativos de vinculación y la certificación expedida
por la misma autoridad en el formato Único para la Expedición de Historia laboral del
26 de junio de 2013.

ORÍGEN DE LOS RECURSOS.

Ahora bien, los recursos con los cuales se financiaba dicha vinculación eran de la
Nación, sin embargo, conforme a lo considerado en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, el hecho que los salarios hayan sido
provenientes de la Nación no es prueba para concluir que el vínculo es nacional27,
pues lo esencialmente relevante, es la vinculación territorial o nacionalizada de la
plaza; aspecto frente al cual no existe duda en este caso.

26 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (38052014).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 19001-23-33-000-2017-00126-01 (0926-2019) y la
Sentencia SU CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018.
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En consecuencia, le asiste razón a la parte demandante cuando en el recurso afirma
que tuvo vinculación laboral como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre
de 1980, pues los periodos comprendidos entre el 15 de febrero al 30 de junio de
1980 y el 1° de julio al 30 de septiembre de 1980, en los que la señora Chavarro
Rojas trabajó bajo la modalidad de alfabetizadora de adultos, suman un total de 7
meses y 14 días, los cuales son válidos para la sumatoria del reconocimiento de la
pensión gracia.

• Desde el 28 de junio de 1982 hasta el 9 de marzo de 2013 -certificación
de activo en la entidad-

Si bien este periodo no fue objeto de apelación y tal como lo sostuvo el a quo «como
quiera que no existe controversia en relación a la calidad de nacionalizada a partir
de 1982, respecto de la cual se acredita más de 30 años de servicio», para efectos
de la acreditación del tiempo de servicio para obtener la pensión, se tiene, que según
el certificado expedido por la Secretaría de Educación de Florencia de fecha 9 de
marzo de 201328, la señora Ruth Gladys Chavarro Rojas vinculada como docente
nacionalizada permanecía activa a dicha fecha, con las siguientes novedades:

28 Folio 45 del expediente físico.

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En ese orden de ideas, el periodo laborado en comento, el cual está debidamente
acreditado por lo expuesto en precedencia, acredita el tiempo de servicio requerido
para obtener la pensión gracia. Pues, se advierte que la vinculación de la señora
Ruth Gladys Chavarro Rojas con el municipio de Florencia – Caquetá, por los
periodos transcurridos entre el 28 de junio al 25 de agosto de 1982; 26 de agosto de
1982 al 9 de febrero de 1983; 10 de febrero de 1983 al 29 de enero de 1989; 30 de
enero de 1989 a 4 de febrero de 1996; 5 de febrero al 29 de agosto de 1996; 30 de
agosto de 1996 al 7 de agosto de 2003; 8 de agosto al 30 de diciembre de 2003; 31
de diciembre de 2003 al 25 de junio de 2007; 26 de junio de 2007 al 28 de agosto de
2011 y del 29 de agosto de 2011 hasta el 9 de marzo de 2003(fecha en que se
expidió el certificado donde aparece activo en su vinculación), -suman 30 años, 8
meses y 4 días de servicio-, para un total de 31 años, 3 meses y 4 días, teniendo
en cuenta los 7 meses y 14 días de servicio con ocasión de la vinculación laboral
anterior al 31 de diciembre de 1980. Ello, sin perjuicio del tiempo en que ha
permanecido activa en el servicio docente.

Pues bien, respecto del cumplimiento de los requisitos antes mencionados, advierte
la Sala que la señora Ruth Gladys Chavarro Rojas sí estuvo vinculada como docente
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980. Véase que de conformidad
con los certificados de historia laboral y los actos de nombramientos aportados al
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plenario, es claro que la demandante trabajó como docente en el Departamento del
Caquetá desde el 15 de febrero hasta el 30 de junio de 1980 y desde el 1° de julio
hasta el 30 de septiembre de 1980.

En ese sentido, al tener validez el tiempo de servicio antes referenciado -30 años, 8
meses y 4 días de servicio -, y teniendo de presente el periodo laborado por la
señora Ruth Gladys Chavarro Rojas con antelación al 31 de diciembre de 1980 -7
meses y 14 días de servicio-, es claro que la demandante cumple con el requisito
de los 20 años de servicio como docente nacionalizada que establece la Ley 114 de
1913, inclusive tomándose como fecha de corte, el día en que se expidió el
certificado de activo en la entidad -esto es, 9 de marzo de 2013-.

Así las cosas, como quiera que los puntos objeto de reparo planteados por la
demandante en el recurso de apelación, prosperan, se procederá a revocar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en líneas anteriores.

Lo dicho anteriormente, es suficiente para declarar imprósperas las excepciones de
inexistencia de la obligación y ausencia de vicios del acto demandado propuestas
por la demandada.

En su lugar, se declarará la nulidad de nulidad de las Resoluciones RDP 24947 del
30 de mayo de 2013 y RDP 37815 del 15 de agosto de 2013, mediante las cuales
fue negado a la actora el reconocimiento de la pensión gracia, en consecuencia, se
condenará a la UGPP reconocer y pagar a la señora Ruth Gladys Chavarro Rojas,
una pensión gracia de jubilación con el 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, junto
con los reajustes a que haya lugar, sin perjuicio del estudio de las mesadas que se
encuentren prescritas, estudio que se abordará seguidamente.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que
es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas pensionales,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente
a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de
prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

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2.6. Prescripción de mesadas pensionales

La prescripción de las mesadas pensionales conforme a lo previsto en los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, se establece en un
término de tres años a partir de la exigibilidad del derecho, término que se interrumpe
por una sola vez con la reclamación administrativa.

En el sub examine, el derecho se hizo exigible el 1° de febrero de 2013, es decir, el
día siguiente en que la actora cumplió los 50 años, fecha en la que adquirió el estatus
pensional.

La señora Ruth Gladys Chavarro Rojas presentó la reclamación administrativa ante
la UGPP el 26 de marzo de 2013, interrumpiendo el término de la prescripción por
un lapso igual, es decir que tenía plazo para presentar la demanda hasta el 26 de
marzo de 2016; sin embargo, lo hizo el 11 de julio de ese año, en consecuencia, se
encuentran prescritas las mesadas anteriores al 11 de julio de 2013.

2.7. Conclusión

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que la docente Ruth
Gladys Chavarro Rojas cumplió con todos los requisitos establecidos en las Leyes
114 de 1913 y 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación para ser
beneficiaria de una pensión gracia. Esto es, no existen reproches sobre la buena
conducta en el desempeño de la labor, cumplió 50 años el 30 de enero de 2013,
laboró en el magisterio oficial como docente nacionalizada por más de 20 años, y
acreditó su vinculación como nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

2.8. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la parte
vencida, comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
su imposición, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respeto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en estos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso análisis, de la revisión de los
argumentos planteados por la parte demandada en el trámite de la primera instancia,
no se observa dicha situación; de igual manera, se encuentra que se sustentaron las
razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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III.FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de enero de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar,
se dispone:

SEGUNDO. Declarar probada la excepción de PRESCRIPCIÓN respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 11 de julio de 2013. Y no probadas las
excepciones de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE LA DEMANDADA y
AUSENCIA DE VICIOS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO,
propuestas por la UGPP.

TERCERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 24947 del 30 de mayo
de 2013 y RDP 37815 del 15 de agosto de 2013, mediante las cuales fue negado a
la actora el reconocimiento de la pensión gracia.

CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP reconocer y liquidar a la señora Ruth Gladys Chavarro
Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 40.761.543 una pensión gracia
de jubilación en cuantía el 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, 1 de
febrero de 2012 al 30 de enero de 2013.

QUINTO. CONDENAR a la demandada al reconocimiento y pago a favor de la
señora Ruth Gladys Chavarro Rojas, las mesadas causadas y no pagadas desde la
fecha en que adquirió el estatus, pero con efectos fiscales a partir del 11 de julio de
2013.

SEXTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el inciso final del artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta
los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la
fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.

SÉPTIMO. La UGPP deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos
señalados en los artículos 192, del CPACA.

OCTAVO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme la motivación.

NOVENO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta
providencia.

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Demandante : Ruth Gladys Chavarro Rojas

DÉCIMO . Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente en comisión.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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