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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-40-000-2017-00242-02

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-40-000-2017-00242-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 10 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Segundo: En su lugar, declarar la nulidad parcial del acto ficto presunto nacido del silencio administrativo negativo por la falta de respuesta de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a la petición de reconocimiento de una pensión de invalidez presentada por Hames Alveiro Samboní Mosquera el 28 de septiembre de 2016. Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a reconocer y pagar una pensión de invalidez a Hames 27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-40-000-2017-00242-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de enero de 2025

Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02 (6569-2022)
Demandante: Hames Alveiro Samboní Mosquera
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional

Tema: Pensión de invalidez para soldado regular. Subtema 1: principio de
favorabilidad en materia pensional. Subtema 2: Validez del dictamen de las juntas
regionales de calificación de invalidez, cuando es aportado con la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia proferida el
10 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta,
mediante la cual se negaron sus pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante ingresó al Ejército Nacional como soldado conscripto en 1998. En el
2000 pasó a ser soldado voluntario. En el año 2001 su comando fue hostigado por
grupos subversivos. En los hechos, una esquirla de granda lesionó su ojo izquierdo, el
cual le fue extirpado y en su lugar se le implantó una prótesis. El 16 de febrero de 2002
fue retirado del servicio debido a que mediante acta del 23 de enero de esa anualidad,
la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército le dictaminó una
pérdida de capacidad laboral del 58.5%. En 2016 solicitó al Ministerio de Defensa
Nacional el reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en un acta de
la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta del 30 de julio de 2013, que le
determinó una merma de la capacidad laboral del 88%. Sin embargo, la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez conceptuó que dicha calificación no corresponde con el
tipo de patología ni con el correcto uso del manual de calificación.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El accionante, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 30 de junio
de 2017, según el «acta individual de reparto» visible a f. 52 del archivo pdf denominado
«2_ExpedienteDigi_01CuadernoPpal1_0_20250129151424396.pdf», que está en el índice 151 de Samai
tribunales. La demanda se encuentra en las páginas 36 a 51 del referido archivo pdf.
1

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2. El demandante solicitó la nulidad del acto administrativo ficto producto del silencio
administrativo negativo en que incurrieron el Ministerio de Defensa Nacional y el
Ejército Nacional al no responder su petición del 28 de septiembre de 2016, en la que
solicitó el reconocimiento de una pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización
por disminución de la capacidad laboral.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara al Ministerio de
Defensa Nacional y al Ejército Nacional a: (i) reconocerle y pagarle de manera
indexada a partir de su retiro, una pensión de invalidez con los parámetros de la Ley
Marco 923 de 2004 y el Decreto Reglamentario 443 del mismo año, en cuantía del
85% del salario mínimo legal mensual vigente, más el 40%, a partir del retiro de la
institución, y subsidiariamente, una pensión de invalidez acorde al artículo 3, numeral
3.5, de la referida ley marco, (ii) reliquidarle la indemnización que le fue reconocida y
pagarle las diferencias en forma indexada, y (iii) pagarle 100 salarios mínimos legales
mensuales «como reparación de los perjuicios causados».

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) El accionante ingresó al Ejército Nacional como soldado conscripto en 1998. En el
2000 pasó a ser soldado voluntario, y en el 2002 se retiró del servicio por
incapacidad relativa y permanente. Al momento del ingreso al servicio «se
encontraba en óptimas condiciones de salud».

2) Debido a trauma ocular «que sufrió hallándose activo» en el Ejército, la Junta
Médica Laboral de Sanidad, mediante acta 031 del 23 de enero de 2002, le
dictaminó una disminución de la capacidad laboral del 58.50%.

3) El demandante no ha recibido tratamiento ni asistencia médica ni pago de pensión
de invalidez por parte de la demandada.

4) De acuerdo con el dictamen 12180755 del 30 de julio de 2013 de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Meta, se le determinó una pérdida de capacidad
laboral del 88%.

5) Hames Alveiro Samboní Mosquera no ha tenido recuperación alguna. Por lo tanto,
«ha dependido siempre, para su formulación médica y tratamiento, de sus
familiares».

6) El 28 de septiembre de 2016, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército
Nacional: (i) el reconocimiento de una pensión de invalidez y el reajuste de la
indemnización por disminución de la capacidad laboral, (ii) practicarle nuevos
exámenes médicos, (iii) brindarle atención médica, quirúrgica, hospitalaria y
terapéutica, (iv) reconocerle y pagarle de manera indexada a partir de su retiro, una
pensión de invalidez, (v) reliquidarle la indemnización que le fue reconocida, y (vi)
pagarle 100 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios morales.

7) Las entidades demandadas no respondieron su solicitud.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. El demandante citó como normas violadas las siguientes: de la Constitución Política,
los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230; del Código Sustantivo
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del Trabajo (CST), los artículos 9 y 25; del CPACA, los artículos 2 y 3; de la Ley 100
de 1993, el artículo 40; de la Ley Marco 923 de 2004, el artículo 3.5; del Decreto 94 de
1989, los artículos 15, 39, 47, 79, 86, 87, 88 y 90; del Decreto 1796 de 2000, los
artículos 2, 3, 27 y 39; del Decreto 1157 de 2014, el artículo 2; y del Decreto 4433 de
2014, el artículo 32.

6. En el concepto de violación expuso que el acto administrativo ficto demandado está
viciado de nulidad por las siguientes razones:

a) Los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho a que, en servicio activo o
retirados, se les proteja su salud cuando sufren una enfermedad o lesión en la
prestación del servicio, por lo que tienen derecho al reconocimiento de una pensión
y ser indemnizados, prestaciones que para él son compatibles.

b) El demandante sufrió un notable menoscabo en sus condiciones de salud y calidad
de vida cuando se encontraba en servicio activo. No obstante, en el acta de la Junta
Médico Laboral que le realizaron no se consignaron plenamente las lesiones que
sufrió, y que han evolucionado, mermando ostensiblemente su salud, al punto que
resultó no apto para el servicio.

c) El régimen especial del personal de la Fuerza Pública, Ley 923 de 2004 y decretos
reglamentarios 4433 de 2004 y 1157 de 2014, exigen como presupuesto sustancial
para la pensión de invalidez, una discapacidad mínima del 50%, sin perjuicio del
reconocimiento del reajuste a la indemnización. Normas que fueron adoptadas para
favorecerlos, debido a la especial naturaleza de la función y a la vulnerabilidad a la
que se exponen, por lo que considera que dichas normas deben ser más laxas y
favorables a las ordinarias.

d) Se debe reconocer el reajuste a la indemnización como consecuencia de la pensión
reconocida, debido a que son compatibles según el artículo 3 del numeral 3.12 de
la Ley 923 de 2004.

2.2. Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso argumentando que2: (i) de acuerdo con la normativa
vigente al momento de ocurrir los hechos, para acceder a la pensión de invalidez se
debe acreditar la pérdida de capacidad laboral del 75%, y (ii) no puede tenerse en
cuenta el dictamen rendido por la Junta Regional de Invalidez del Meta, porque los
miembros de la fuerza pública se encuentran excluidos de su ámbito de competencia.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta, mediante sentencia del 10 de
febrero 20223, resolvió no acceder a las pretensiones de la demanda y condenar en
costas a la parte actora, porque:

a) Encontró probado que el 28 de septiembre de 2016 el demandante solicitó, entre
otros, el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a la demandada,
situación que no fue refutada por la entidad, ni obra prueba de que haya emitido
una respuesta, por lo que consideró procedente declarar la configuración del acto

2
La contestación a la demanda está en las páginas 88 a 102 archivo pdf denominado
«2_ExpedienteDigi_01CuadernoPpal1_0_20250129151424396.pdf», que está en el índice 151 de Samai
tribunales.
3
Ff. 342 a 365 Samai tribunales y juzgados, índice 00002
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ficto o presunto, derivado del silencio administrativo negativo conforme el artículo
83 del CPACA.

b) El 23 de enero de 2002 la Junta Médico Laboral mediante acta núm. 031 determinó
a Hames Alveiro Samboní Mosquera una incapacidad relativa y permanente, no
apto para el servicio, y disminución de la capacidad laboral del 58.5%, por trauma
ocular penetrante en el ojo izquierdo con secuela de enucleación del ojo, ocurrida
en el servicio por acción directa del enemigo. Dicho dictamen fue confirmado dentro
de este proceso por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía a
través de acta núm. TML19-2-534 del 11 de diciembre de 2019.

c) Aunque el demandante acude a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Meta, la cual emite dictamen el 30 de julio de 2013 en el que le determina una
pérdida de capacidad laboral del 88%. El 14 de mayo de 2021 la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez emitió un nuevo dictamen, dentro del presente proceso,
en el que tuvo en cuenta las actas médico laborales de los organismos Militares y
de Policía, en cuyo análisis consignó que el dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Meta no corresponde con el tipo de patología ni con el
correcto uso del manual de calificación. Así mismo, realizó una calificación por el
Decreto 094 de 1989 con una disminución de la capacidad laboral del 58.50%,
imputable al servicio por acción directa del enemigo.

d) Actualmente los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez de los
miembros de la fuerza pública son los contenidos en el numeral 3.5 del artículo 3
de la Ley Marco 923 de 2004 y el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1157 de
2014, normas que no son aplicables al caso concreto ya que el retiro del servicio
de Samboní Mosquera fue el 20 de febrero de 2002, esto es, antes de su entrada
en vigencia, por lo que resultan aplicables las disposiciones vigentes a la fecha de
retiro del servicio. El demandante tiene un 58.50% de pérdida de capacidad laboral,
dictaminada por los organismos de la Dirección de Sanidad y la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en
el Decreto 1796 de 2000 al no contar con un porcentaje mínimo del 75% de pérdida
de capacidad laboral para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

2.4. Recurso de apelación

9. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que insistió en los argumentos de su demanda4. Además, agregó que
debió aplicarse el principio de favorabilidad y por consiguiente el artículo 38 de la Ley
100 de 1993.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 20215, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue
necesario el decreto de pruebas y no fueron solicitadas por las partes.

2.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

4
Ff. 370 a 375 Samai tribunales y juzgados, índice 00002
5
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley
1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante
la jurisdicción.
4

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

13. De acuerdo con lo expuesto, a la Sala le corresponde resolver como problema
jurídico si: ¿el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez dispuesta para los
miembros de la Policía Nacional de conformidad con el Decreto 1796 de 2000, norma
especial vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, o, por principio de
favorabilidad, se debe aplicar la Ley 100 de 1993, pues los órganos médico laborales
de sanidad militar y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le asignaron una
pérdida de la capacidad laboral del 58.50%?

14. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, las
disposiciones aplicables en materia de reconocimiento de la pensión de invalidez para
los miembros de la Fuerza Pública y el principio de favorabilidad. Para luego, estudiar
el caso en concreto.

3.3. Disposiciones aplicables en materia de reconocimiento de pensión de
invalidez a los miembros de la Fuerza Pública

15. El Decreto 2728 de 1968, «por el cual se modifica el régimen de prestaciones
sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas
Militares», estableció en el artículo 2 que para efectos de determinar, clasificar y
evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los Soldados y
Grumetes quedaban sometidos al «[r]eglamento General de Incapacidades,
Invalideces e Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional».

16. Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 se encargó en el título noveno de regular
la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de
Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos
desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus artículos 60, 61,
62 y 63. No obstante lo anterior, la prestación establecida respecto de los miembros
de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución en la capacidad
sicofísica de por lo menos el 75%.

17. A través de la Ley 5 de 1988, el Congreso de la República, de conformidad con el
ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución de 1886, revistió al Presidente de la
República de facultades extraordinarias por el término de un año, entre otras, para
reformar el estatuto de capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de
formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

18. El presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le confirió
la Ley 05 de 1988 profirió el Decreto 094 de 11 de enero de 1989, por el cual se reformó
el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones
del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
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soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, cuyo artículo 89, en cuanto a la pensión
de invalidez, dispuso:

«Artículo 89. Pensión de invalidez del personal de Oficiales, Suboficiales y agentes. A
partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una
incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75 % de
su capacidad psicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una
pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas
señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así:
a) El 50% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una
disminución del 75% de la capacidad sicofísica.
b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una
disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance el 95%.
c) El 100 % de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una
disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. (…)».

19. De acuerdo con el artículo citado, cuando el personal de oficiales, suboficiales y
agentes de la Fuerzas Militares adquieran una incapacidad durante el servicio que
implique pérdida igual o superior al 75% de su capacidad, tienen derecho mientras
subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público en
cuantía del 50% de las partidas establecidas en los respectivos estatutos de carrera,
en porcentaje del 75% cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de
la capacidad sicofísica que exceda el 75% y no alcance el 95%, y del 100 cuando la
disminución de la capacidad fuere igual o superior al 95%.

20. Posteriormente, el Decreto 1796 de 2000, en el artículo 48 dispuso que el
procedimiento y los criterios de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones,
seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta tanto se expidiera una nueva
regulación.

21. Es importante anotar, que la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de
seguridad social integral, respecto a la pensión de invalidez y su monto, estableció en
el artículo 40 lo siguiente:

«Artículo 40. Monto de la Pensión de Invalidez. El monto mensual de la pensión
de invalidez será equivalente a:
a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.
b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.
La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual.
La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a
pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado».

22. La Ley 100 de 1993, estableció entonces, para el reconocimiento de pensión de
invalidez que: (i) cuando la disminución de la capacidad laboral de la persona sea igual
o superior al 50% e inferior al 66% el monto es del 45% del ingreso base de liquidación,
más el 1.5% adicional por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese
acreditadas con posterioridad a la primeras 500 semanas contribuidas; y (ii) cuando la
disminución de la capacidad laboral fuera igual o superior al 66% el monto de la
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prestación sería de 54% del ingreso base de liquidación más el 2% por cada 50
semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a la
primeras 800 semanas aportadas. Igualmente, estableció que tal pensión no puede
ser superior al 75% del ingreso base de liquidación y tampoco inferior al salario mínimo
legal mensual vigente.

23. Luego, la Ley Marco 923 de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literal «e» de la Constitución de 1991, señaló las normas, objetivos y
criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, y en su
artículo 3, numeral 3.5, estipuló que el derecho para acceder a la pensión de invalidez
y su monto será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la
capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los organismos
médico-laborales militares y de policía de acuerdo con criterios diferenciales según las
circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral y, advirtió, que en
todo caso no se podría establecer como requisito para acceder al derecho, una
disminución de la capacidad laboral inferior al 50% y el monto de la pensión en ningún
caso será menor al 50% de las partidas computables para la asignación de retiro.

24. Igualmente, en el artículo 6 se establecieron los efectos temporales de dicha norma
en lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez. Al respecto
la norma puntualizó que, dichas prestaciones serían reconocidas para los hechos
ocurridos desde el 7 de agosto del 2002, es decir que dispuso efectos retroactivos para
la aplicación de la ley. Este artículo fue objeto de pronunciamiento de la Corte
Constitucional en sentencia C-924 del 2005, providencia en la cual se estudió una
acción pública de inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la vulneración del
derecho a la igualdad. En esa oportunidad, la Corte Constitucional declaró exequible
el artículo 6 de la Ley 923 del 2004 y, por lo tanto, consideró que la citada norma no
vulneraba el derecho a la igualdad en tanto «la retroactividad prevista por el legislador,
no se orienta a brindar protección a unas personas que hubiesen estado desprovistas
de ella, sino que busca permitir que, dentro de las limitaciones que impone la situación
de las finanzas públicas, algunas de tales personas, en razón de la proximidad de sus
circunstancias con el momento del tránsito legislativo, pudiesen beneficiarse de las
condiciones previstas en el nuevo régimen».

25. En desarrollo de la Ley Marco 923 de 2004, el ejecutivo dictó el Decreto 4433 de
ese mismo año, por medio del cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública. En los artículos 30 y 31 reguló lo relativo a la
pensión de invalidez del personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y
personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas
Militares, y originada en combate o actos meritorios, así:

«Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine
una disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento
(75%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del
vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio,
mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:

7

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Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional

30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al ochenta y cinco por
ciento (85%).
30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al noventa y cinco por
ciento (95%).
30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de
la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o
su equivalente en la Policía Nacional.
Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales,
previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000 serán reconocidas por el Ministerio de
Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por
invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales
de su vida, condición esta que será determinada por los organismos médico-laborales
militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la pensión se
aumentará en un veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución de esta
pensión, se descontará este porcentaje adicional.

Artículo 31. Liquidación de la pensión de invalidez originada en combate o actos
meritorios del servicio. En virtud de la naturaleza especial de las circunstancias en que
puede originarse la disminución de la capacidad laboral, la pensión de invalidez de que
trata el artículo anterior se incrementará en los porcentajes que a continuación se
indican, cuando se originen en combate, o en actos meritorios del servicio, o por acción
directa del enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público
o en conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto
propio del servicio en cumplimiento de una orden de operaciones, los cuales serán
descontados para efectos de la sustitución pensional:

31.1 El tres por ciento (3%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al ochenta por ciento (80%).
31.2 El tres punto cinco por ciento (3.5%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta por ciento (80%) e inferior al ochenta y cinco por
ciento (85%).
31.3 El cuatro por ciento (4%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual
o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al noventa por ciento (90%).
31.4 El cuatro punto cinco por ciento (4.5%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al noventa por ciento (90%) e inferior al noventa y cinco por
ciento (95%).
31.5 El cuatro punto cinco por ciento (4.5%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea superior al noventa y cinco por ciento (95%) y el pensionado por invalidez
no requiera del auxilio previsto en el parágrafo tercero del artículo 30 del presente
decreto».

26. Conforme al anterior precepto normativo, cuando mediante Junta Médico-Laboral o
Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de oficiales,
suboficiales, soldados profesionales y personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, se les determine una disminución
de la capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio activo, tendrán
derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los 3 meses de alta, cuando
se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro
Público les pague una pensión mensual de invalidez, liquidada en 75% de las partidas
computables correspondientes cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual
o superior al 75% e inferior al 85%, calculada en el 85% de la base prestacional cuando
la disminución de la capacidad sea superior a dicho porcentaje e inferior al 95%, y con
base en el 95% de las partidas cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual
o superior a tal porcentaje.
8

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27. La Sala aclara en este puto, que esta Sección, mediante sentencia del 23 de octubre
de 20146, declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, pues, con base
en lo dispuesto en el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley Marco 923 de 2004 coligió,
entre otros motivos allí expuestos, que el Gobierno Nacional desbordó la potestad
reglamentaria que le fue otorgada para regular la materia.

28. En razón de dicha declaratoria de nulidad, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
1157 de 20147, el cual dispuso lo siguiente:

«Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante
Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de
Policía, realizada por los organismos médico-laborales militares y de policía, se
determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución
de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en
servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los
tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la
incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será
reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la
Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a
continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que
correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, así:

2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento
(75%).

2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y
cinco por ciento (85%).

2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y
cinco por ciento (95%).

2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).» [se
resalta]

29. Acorde con lo anterior, conviene destacar las siguientes características que
actualmente determinan el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez para
los miembros de la fuerza pública: (i) la exigencia de un porcentaje mínimo de pérdida
de capacidad laboral del 50%; y (ii) este debe generarse por lesiones o afecciones
médicas ocurridas o contraídas durante el servicio, lo cual no significa que tenga que
estructurarse de manera absoluta durante este, pues hay ciertas patologías que
pueden ir empeorando y es posible que la merma de capacidad sicofísica aumente
con el paso del tiempo. En otras palabras, el sistema de aseguramiento que
proporciona la respectiva institución de cara a la contingencia de invalidez, le otorga
cobertura al empleado durante el tiempo que permanezca vinculado en servicio activo
y por los eventos que se presenten o se desarrollen a lo largo de este, sin que pueda
exigirse que sus efectos se consoliden plenamente en el mismo periodo.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia 23 de octubre de 2014, exp. 2007-00077-01(1551-07).
7
«[P]or el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de
invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública».
9

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30. En suma, el derecho a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública
surge cuando se genera una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%
por lesiones o afecciones generadas durante el servicio, con independencia de su
origen8, es decir, que las patologías deben ocurrir durante el servicio activo, así no
sean por causa o con ocasión de la actividad militar9.

3.4. El principio de favorabilidad en el estudio de situaciones ocurridas antes de
la expedición del Decreto 1157 de 2014

31. La Constitución establece en su artículo 53 que los jueces deben optar por la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho. La jurisprudencia constitucional ha definido dos
manifestaciones de este principio. En primer lugar, el principio de favorabilidad en
sentido escrito, en virtud del cual el juez que pueda elegir entre dos o más normas
vigentes que regulen una misma circunstancia, debe optar por aquella norma que más
beneficie al trabajador. En segundo lugar, el principio in dubio pro operario o de
favorabilidad en sentido amplio implica que, ante múltiples interpretaciones de una
misma disposición, el juez debe escoger la más provechosa para el empleado10.

32. Ahora bien, no cualquier duda habilita al juez para escoger una norma o
interpretación determinada. La duda debe ser seria y objetiva, derivada de la solidez
jurídica de las posturas encontradas. La duda debe ser además respecto de un
aspecto normativo y no fáctico11. Asimismo, deben concurrir las interpretaciones en
juego en un caso concreto, es decir, las normas concurrentes y su hermenéutica deben
ser aplicables a los mismos supuestos de hecho12.

33. Es importante mencionar que el principio de favorabilidad ha sido reconocido por la
misma OIT en su Constitución, cuando para el eventual conflicto entre un Convenio de
la OIT y una norma de derecho interno, remite precisamente a la regla de la mayor
favorabilidad, en los siguientes términos: «En ningún caso podrá considerarse que la
adopción de un convenio o una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de
un convenio por un Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o
acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que la que
figuren en el convenio o en la recomendación». En similar sentido, el artículo 5.2. del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el artículo 32
de la Carta Social Europea, establecen la prevalencia del principio de favorabilidad.

34. Como lo ha expresado la Corte Constitucional en las sentencias T-389 de 2009, T-
583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559 de 2011, T-100 de 2012, T-360 de
2012, T-063 de 2013, T-596 de 2013, SU-769 de 2014, T-408 de 2016 y T-219 de
2021, entre otras, el principio de favorabilidad constituye un imperativo constitucional
de aplicación directa, por parte de las autoridades administrativas y judiciales
encargadas de definir y examinar derechos propios del sistema general de seguridad
social, pues se encuentra consagrado de manera explícita en el artículo 53 de la Carta
Política.

8
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: del 18 de julio
de 2019, radicado: 050012333000201501359 01 (4887-2016); del 11 de julio de 2020, radicado: 25001-23-42-000-
2012-02051-01(0565-17) y del 20 de mayo de 2021, radicado: 50001-23-31-000-2010-00461-01(6256-19), entre
otras.
9
En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado: 25000-23-42-000-
2013-00285-01(0351-18).
10
Sentencia SU-140 de 2019.
11
Sentencias T-130 de 2014, T-088 de 2018 y SU-140 de 2019.
12
Sentencias T-545 de 2004, T-248 de 2008, T-090 de 2009, entre otras.
10

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35. LaCorte Constitucional en variada jurisprudencia ha definido el principio de
favorabilidad:

«El principio de favorabilidad -que tiene origen en la Constitución-, ha sido concebido
entonces como un mecanismo para resolver los conflictos entre normas laborales o
interpretaciones vigentes derivadas de las fuentes formales a las que se remite el
derecho laboral. En ese sentido, se ha entendido como un límite a la autonomía judicial
pues, cuando exista la posibilidad de interpretar o aplicar las normas del ordenamiento
laboral que puedan resolver el mismo problema jurídico, el juez debe preferir las que
brinden mayor protección a los derechos de los trabajadores o pensionados pues, de
lo contrario, desconocería el mandato que el Constituyente creó y el legislador reiteró
en la normatividad laboral. De allí que de no aplicarse el precepto jurídico favorable de
manera preferente, se incurre en violación directa de la Constitución.

En suma, el principio de favorabilidad es una herramienta contenida en la Constitución
Política y la ley laboral, que tiene como finalidad dirimir los conflictos laborales que
surjan tanto de la aplicación de fuentes formales de derecho como de su interpretación.
Así pues, cuando concurren diferentes interpretaciones y sobre ello existe duda
razonable respecto de la aplicación de las interpretaciones sobre las normas, el
operador debe optar por la que resulte más favorable a la condición del trabajador o
pensionado, para no transgredir el mandado constitucional y legal»13.

36. En aplicación del principio de favorabilidad, la Corte Constitucional y esta Sección
en anteriores ocasiones han optado por la inaplicación de los regímenes exceptuados
en materia de seguridad social, cuando se demuestra que sin razón justificada las
diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato
desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al
régimen común de la Ley 100 de 1993, lo cual configura una evidente discriminación
que impone el retiro de la normatividad especial.

37. Así lo ha sostenido la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-348 de
24 de julio de 1997:

«En general, esta Corporación ha considerado que la consagración de regímenes
especiales de seguridad social, como los establecidos en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, no vulnera la igualdad, en la medida en que su objetivo reside, precisamente,
en la protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí
señalados. Salvo que se demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria, las
personas vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a
éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general».

38. C-461 del 12 de octubre del 2005:

«(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de
regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la
Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección
igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento
diferenciado lejos de ser discriminatorio favorece a los trabajadores a los que
cobija. Pero si se determina que, al permitir la vigencia de regímenes especiales, se
perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de
trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento
dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción
con el artículo 13 de la Carta».

39. Posteriormente, en sentencia C-461 del 12 de octubre del 2005 reiteró:

13
Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2022.
11

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«(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de
regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la
Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección
igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento
diferenciado lejos de ser discriminatorio favorece a los trabajadores a los que
cobija. Pero si se determina que, al permitir la vigencia de regímenes especiales, se
perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de
trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento
dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción
con el artículo 13 de la Carta».

40. Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia
del 5 de junio del 201414, argumentó que:

«En el sub-lite resulta evidente que el régimen general que regula la pensión de
invalidez es mucho más favorable que el especial aplicable a los miembros de las
Fuerzas Militares y de Policía Nacional porque el primero solo exige una pérdida de la
capacidad laboral igual o superior al 50%, mientras que el segundo, requiere una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%.

Lo anterior en razón a que se trata de una prestación que no depende de otra contenida
en el régimen especial y por tanto, es susceptible de un juicio de igualdad para
establecer la discriminación dado que se cumplen los siguientes presupuestos:

1. La prestación es autónoma y separable del conjunto de beneficios contenidos al
interior del ordenamiento especial, 2. Los requisitos exigidos para su otorgamiento son
más rigurosos que los dispuestos en el régimen común, y 3. No está prevista una
dádiva que compense el trato diferente.

Por lo anterior, se aplicará el principio de favorabilidad para proceder al reconocimiento
de la pensión de invalidez a favor del demandante con base en el Sistema General de
Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 dado que padece una disminución de la
capacidad laboral del 53.98%, por lo tanto, fue retirado del servicio en forma temporal
y por disminución de la capacidad psicofísica».

41. La Subsección A de esta Corporación, en sentencia del 3 de mayo de 201815, en un
caso en el cual se solicitó el reconocimiento de pensión de invalidez a un soldado
consideró lo siguiente frente a las normas aplicables:

«Según el análisis normativo realizado en los acápites precedentes, es preciso concluir
que como las lesiones que originaron la pérdida de capacidad laboral del actor son fruto
de hechos acaecidos con anterioridad al 7 de agosto de 2002, su caso no puede regirse
por lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 ni en los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de
2014.

Así las cosas, en principio podría decirse que el régimen aplicable al caso del señor
John Freddy Mesa Quiñones en materia de pensión de invalidez es el especial
contenido en el Decreto 094 de 1989, cuyo artículo 90 exige a los soldados de las
fuerzas militares una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% a
efectos de acceder a la pensión de invalidez, requisito que no cumple el demandante
como quiera que su calificación asciende a 59.76%.

No obstante, sostener tal posición implicaría avalar la aplicación de las normas
desfavorables del régimen especial que establecen desmejoras injustificadas, por lo
que es viable aplicar, por favorabilidad, el régimen general de pensiones tal como lo
sostuvo el Tribunal Administrativo.

14
Expediente 25000-23-25-000-2003-06786-01(1706-12).
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de mayo de 2018, exp. 2012-00059-
01(3189-17).
12

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En conclusión: El señor John Freddy Mesa Quiñones, en virtud del principio de
favorabilidad, tiene derecho a la pensión de invalidez en los términos descritos en los
artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993, como quiera que le resulta más beneficioso.
Esto permite aseverar que la decisión del a quo se encuentra ajustada a derecho y, por
lo tanto, no le asiste razón al Ejército Nacional cuando afirma en la alzada que el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluye la aplicación, a través del principio de
favorabilidad, del régimen general contenido en ella».

42. Bajo estos supuestos, advierte la Sala la posibilidad de que, por vía de excepción,
se deje de lado la aplicación de regímenes especiales de seguridad social cuando
estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por el sistema
general contenido en la Ley 100 de 1993.

43. En suma, como la Ley 100 de 1993 resulta ser más favorable que el régimen
especial de la Fuerza Pública, es preciso atender a la interpretación armónica que
requiere el artículo 279 del mismo estatuto, y aplicar las disposiciones del régimen
general al caso bajo estudio, pues precisamente en virtud del referido principio el
operador jurídico en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más
normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho debe optar por
aquella que sea más benéfica para el trabajador.

44. Así las cosas, la situación pensional por invalidez de un miembro de las Fuerzas
Militares se rige por la norma aplicable para la fecha en la que el respectivo órgano
médico laboral determina la fecha de estructuración, y a su vez que, cuando por
principio de favorabilidad le sea favorable el régimen general de pensiones, por
resultarle más beneficioso, sí se podría acudir al mismo.

45. En aplicación de los anteriores lineamientos jurisprudenciales, se ha procedido a la
aplicación del principio de favorabilidad cuando el régimen especial vigente establece
beneficios inferiores a los dispuestos en el régimen general aplicable al común de la
población, sin que exista causa válida para este tratamiento diferencial, en razón a que
la situación discriminatoria riñe con los principios de igualdad y favorabilidad que erigen
el Estado Social de Derecho.

3.5. Estudio del caso concreto

3.5.1. Hechos probados

46. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer lo
siguiente:

1) El accionante ingresó al Ejército Nacional el 30 de octubre de 1998 como soldado
voluntario16.

2) El 29 de julio de 2002 sufrió trauma ocular penetrante en el ojo izquierdo por onda
explosiva y pérdida de agudeza visual, por lo que fue llevado a cirugía el mismo día,
de conformidad con la historia clínica del Hospital Militar Central. Con secuelas
psiquiátricas de trastorno por estrés postraumático severo y trastorno depresivo mayor
severo, según dictamen del médico psiquiatra particular Oswaldo Matta del 12 de julio
de 2013.

3) Debido al trauma ocular «que sufrió hallándose activo» en el Ejército, la Junta Médica
Laboral de Sanidad mediante acta 031 del 23 de enero de 2002, le dictaminó una

16
F. 24 Samai tribunales y juzgados, índice 00002.
13

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disminución de la capacidad laboral del 58.50%, por lo que resultó no apto para la
actividad militar:
«III. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS (AFECCIÓN POR EVALUAR- DIAGNÓSTICO.
ETIOLOGÍA TRATAMIENTOS VERIFICADOS- ESTADO ACTUAL: PRONÓSTICO- FIRMA
MEDICO)

FECHA: 12/12/2001 SERVICIO OFTALMOLOGÍA

AFECCIÓN POR EVALUAR: PACIENTE REMITIDO POR LA SANIDAD MILITAR EL 29 DE
JULIO/01 POR HABER SUFRIDO TRAUMA OCULAR PENETRANTE OJO IZQUIERDO POR
ONDA EXPLOSIVA, EL MISMO DÍA REALIZA EXPLORACIÓN ENCONTRANDO
EXPOSICIÓN UVEAL A TRAVÉS DE HERIDA CORNEAL QUE INICIA LAS 11 HORARIO Y
LLEGA HASTA 7 HORARIO, SE REALIZA CIERRE PRIMARIO.
POR REPORTE DE ECOGRAFÍA DE DESORGANIZACIÓN. DE SEGMENTO POSTERIOR Y
POTENCIALES VISUALES EVOCADOS QUE REPORTAN SEVERA DISMINUCIÓN DE
AMPLITUDES E INICIO DE PTHISIS BULBI SE DECIDE ENUCLEACIÓN OJO IZQUIERDO EL
11-09-01, DIAGNÓSTICO: 1, TRAUMA OCULAR PENETRANTE QUO IZQUIERDO, 2,
ENUCLEACIÓN OL SECUNDARIO A 1, ETIOLOGÍA:
ONDA EXPLOSIVA, ESTADO ACTUAL: A,V, OD: 20/20 01: ENUCLEADO, EXAMEN
EXTERNO: HENDIDURAS PAL PEBRALES SIMETRIACAS, MOVIMIENTOS OCULARES OD:
SIN LIMITACIÓN, OI: PRÓTESIS CON DESPLAZAMIENTO 1 MILÍMETRO EN TOPOS LOS
CUADRANTES, BIOMICROSPIA. OD; SEGMENTO ANTERIOR SANO, Ol:
MUNON EN BUEN ESTADO SIN SIGNOS DE INFECCIÓN, (FDO), CR. MED. HUGO PEREZ
VILLARREAL.

IV. CONCLUSIONES:

A. DIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES: TRAUMA OCULAR
PENETRANTE OJO IZQUIERDO, POSTERIOR A ONDA EXPLOSIVA, TRATADO POR
OFTALMOLOGÍA. QUE DEJA COMO SECUELA: A) ENUCLEACIÓN OJO IZQUIERDO.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad.
LE DETERMINA INCAPACIDAD RELATIVA Y PERMANENTE. NO APTO PARA ACTIVIDAD
MILITAR.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL CINCUENTA Y
OCHO PUNTO CINCO POR CIENTO (58,5%).

D. Imputabilidad del servicio.

LESION 1, OCURRIÓ EN EL SERVICIO POR ACCIÓN DIRECTA DEL ENEMIGO (LIT. S) (A.T)
ACUERDO INFORMATIVO ADMINISTRATIVO No. 028/01». (sic).

4) El Tribunal Médico−Laboral de Revisión Militar y de Policía a través de acta núm.
TML19-2-534 MDNSG-41.1 del 11 de diciembre de 2019 ratificó los resultados del acta
núm. 031 del 23 de enero de 2002 realizada por la Junta Médico−Laboral.

5) La última unidad en la que estuvo apostado fue el Batallón de Contraguerrillas núm.
12, ahora denominado Batallón de Combate Terrestre núm. 12 con sede en Florencia
Caquetá17.

6) Mediante Orden Administrativa de Personal OAP1016 del 20 de febrero de 2002 fue
retirado por incapacidad relativa y permanente, y cumplió los tres meses de alta el 25
de abril de 2002, cuando fue retirado definitivamente del servicio18.

17
Ff. 22 a 23 Samai tribunales y juzgados, índice 00002.
18
F. 24 Samai tribunales y juzgados, índice 00002.
14

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Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional

7) Con la demanda fue aportado dictamen 12180755 el 30 de julio de 201319 expedido
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, en el que le determinó una
pérdida de capacidad laboral del 88%, con fundamento en los siguientes argumentos:

«HAMES ALBEIRO SAMBONI MOSQUERA: El doctor LUIS HERNEYDR AREVALO
radica solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral del paciente el día 13
de julio del 2013. Informe Administrativo de lesiones N° 28 el 07 de agosto de 2001.
Trauma penetrante ojo izquierdo por onda explosiva. Oftalmología Paciente remitido
por sanidad militar el 20 de julio de 2001, por haber sufrido trauma ocular penetrante
ojo izquierdo por onda explosiva, el mismo día se realiza exploración encontrando
exposición uveal a través de la herida corneal que inicia los horarios y llega hasta 7
horarios. Se realiza cierre primario. Ecografía, desorganización del segmento posterior,
potenciales visuales evocados registra severa disminución de amplitudes e inicio de
prótesis bulbo, se decide enucleación. DX Trauma ocular penetrante ojo izquierdo.

2.⁠ ⁠Enucleación Ol secundaria. EXAMEN FISICO ENCONTRAMOS: Cabeza, presenta
prótesis ocular izquierda. Ojo derecho único. Calificación de la pérdida de capacidad
laboral. Decreto 04/98. 1. Enucleación ojo izquierdo, Numeral 6-055 índice 19 (88.0%)
Lesión adquirida en el servicio, por causa y razón del mismo. (AT). DLT: 88.0%
Estructuración fecha».

8) Al expediente se incorporó y se practicó en audiencia de pruebas el dictamen de
determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional núm.
12180755-8537 del 14 de mayo de 2021, realizado a Samboní Mosquera por la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez20, en el que se concluyó:

«De acuerdo con todo lo anterior se realiza la calificación por el decreto 094 de 1989
tal como corresponde así:

1. Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones: Trauma ocular penetrante de ojo
izquierdo que requirió enucleación y colocación de prótesis ocular izquierda.

2. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de la capacidad psicofísica para
el servicio: le determina una incapacidad relativa y permanente. No apto para la
actividad militar. No reubicaciones.

3. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral: le produce una disminución de
la capacidad laboral de 58.50%

4. Imputabilidad al servicio. Literal C. en el servicio por acción directa del enemigo (AT)
de acuerdo con el informativo administrativo No. 028 realizado por el batallón de
Contraguerrillas No. 12 del 7 de agosto de 2001.

5. Fijación de los correspondientes índices: numeral 6.055 índice 15.

[…]

Pérdida de la capacidad laboral 58.50%
Origen: accidente Riesgo: de trabajo Fecha de estructuración: 29/07/2001.

[…]»

3.5.2. Análisis sustancial de la Sala

19
Ff. 13 a 15 Samai tribunales y juzgados, índice 00002.
20
Visible en el archivo pdf denominado «04CuadernoPruebasdeOficio(.pdf) NroActua 15», que está en el índice
151 de Samai tribunales.

15

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47. Como ha sido expuesto, en el presente asunto el demandante pretende el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez como exsoldado regular, para lo
cual pidió que se le conceda con el Decreto 094 de 1989, la Ley Marco 923 de 2004 y
el Decreto 4433 del mismo año, o en su defecto, solicitó, en el recurso de apelación,
la aplicación de la Ley 100 de 1993 por principio de favorabilidad. Alegó que:

(i) la Junta Médico-Laboral de Sanidad Militar, a través de acta 031 del 23 de enero
de 2002, le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral el 58.50%;

(ii) ese porcentaje no le alcanzaba para obtener la pensión de invalidez porque de
acuerdo con el Decreto 094 de 11 de enero de 1989, la pensión de invalidez para
los miembros de la Fuerza Pública procede cuando las autoridades médico-
laborales determinen una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 75%,
y

(iii) la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta mediante dictamen
12180755 el 30 de julio de 2013, le determinó una pérdida de capacidad laboral de
88%.

48. Precisado lo anterior, la Sala trae a colación la orientación de la Corte Constitucional
según la cual, el uniformado o exuniformado puede solicitar una revaloración si
considera que su estado de salud se ha agravado considerablemente y la enfermedad
que le sobrevino es causa directa del servicio, siempre y cuando presente uno de los
tres presupuestos que ha fijado la misma Corte para determinar la procedencia de
dicha revaloración, a saber:

(i) Que exista una conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición
patológica atribuible al servicio;

(ii) que dicha condición recaiga sobre una patología susceptible de evolucionar
progresivamente, y

(iii) que la misma se refiera a un nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro21.

49. En ese orden, la Sala no desconoce que pueden existir casos en los que la persona
no ha sido declarada en estado de invalidez en el dictamen médico inicial, pero resulta
procedente una recalificación para determinar si puede estarlo años después, por un
empeoramiento progresivo de la patología que adquirió mientras prestó sus servicios
a la Fuerza Pública, caso en el cual debe procederse a una nueva valoración de la
capacidad laboral que sea integral e incluya conceptos médicos actualizados y que la
disminución sea imputable al servicio.

50. Sin embargo, esa nueva valoración, tiene que hacerse por las autoridades médico-
laborales de las Fuerzas Militares o de Policía, que son las competentes según la
legislación especial aplicable, o en su defecto por las juntas regionales o nacionales
de calificación de invalidez, ya que de acuerdo con lo consignado en el parágrafo único
del artículo 1 del Decreto 1352 de 201322, los miembros de las Fuerza Militares o de
Policía pueden acudir esos organismos para solicitar su actuación como peritos:

«Artículo 1. Campo de aplicación. El presente decreto se aplicará a las siguientes
personas y entidades:
(…)

21
Sentencias T-373 de 2018, T-499 de 2020 y T-249 de 2021.
22
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan
otras disposiciones.
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Parágrafo. Se exceptúan de su aplicación el régimen especial de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez como peritos».

51. Así las cosas, no hay duda alguna en el derecho que le asiste al demandante de
que las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares o de Policía, o las juntas
de calificación de invalidez, puedan realizar una revaloración de su condición médica
posterior al retiro del servicio activo como militar.

52. En ese sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
sostenido que «... el juez [también] puede tener en cuenta los dictámenes de las juntas
regionales de calificación de invalidez frente a miembros de la Fuerza Pública, el cual
será valorado con fundamento en el sistema de libre apreciación de las pruebas»23.

53. Ahora bien, en cuanto la existencia en el proceso de pluralidad de dictámenes sobre
la valoración de la disminución en la capacidad laboral de uniformados, la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que «[c]uando existen conceptos
médicos que discrepan en cuanto a la disminución de la capacidad laboral del
funcionario (el emitido en el trámite administrativo y el de los peritos designados en el
proceso), la Sala ha sostenido que debe darse prelación al dictamen que emitan los
peritos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como medio de prueba,
lo que no acontece con las evaluaciones médicas realizadas en los trámites
administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez. […]»24.

54. En línea con lo expuesto, el operador judicial está obligado a analizar en conjunto
los dictámenes aportados, sin embargo, el referido estudio debe tener en cuenta las
consideraciones expuestas en precedencia y un razonamiento lógico y fundamentado
en los conceptos de los especialistas sobre los hechos relatados y las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de las valoraciones realizadas al exuniformado, esto siempre
y cuando se dé prelación al dictamen que emitan los peritos dentro del proceso, dado
que puede ser controvertido como medio de prueba.

55. En el caso concreto la Sala precisa que en el curso del proceso se practicó como
prueba pericial, dictamen de la pérdida de capacidad laboral del demandante, por parte
de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 14 de mayo de 2021, en el que
se concluyó un diagnóstico de trauma ocular penetrante de ojo izquierdo que requirió
enucleación y colocación de prótesis izquierda, que generó una incapacidad relativa y
permanente, no apto para actividad militar, con una disminución de la capacidad
laboral del 58.50% en el servicio por acción directa del enemigo; el cual determinó de
forma clara la evolución de las secuelas sufridas por el accidente y efectuó un análisis
integral de sus condiciones de salud y relación con el servicio; prueba que tendrá en
cuenta la Sala por ser la decretada y practicada dentro del proceso, con traslado de
parte.

56. En este punto, la Sala resalta que el dictamen de la pérdida de capacidad laboral
del demandante, elaborado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 14
de mayo de 2021, critica a la Junta Regional del Meta «quienes mediante dictamen
12180755 del 30/07/2013 dan una pérdida de capacidad laboral de 88,0%, calificación
que [según la Junta Nacional] no corresponde ni con el tipo de patología que presenta
el paciente ni con el correcto uso del manual de calificación: Decreto 094 de 1989, toda
vez que describen utilizar el numeral 6-055 no obstante asignan como índice de lesión
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de 2021, exp. 25000-23-42-000-2015-
01812-01(1895-2017).
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de noviembre de 1998, exp. 13774,
También Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 2012-01112-01.

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19». La Junta Nacional agrega que «el numeral 6-055 en el mencionado manual de
calificación solo tiene como único valor posible un índice de 15; es decir que no existe
el 19 en la calificación por ese numeral, por lo cual hay aquí un error en el uso del
manual». Finalmente, la Junta Nacional señala que «desconoce de donde se obtuvo
el 88% toda vez que los 19 índices por ellos erróneamente asignados en la tabla que
corresponde obtener el índice de lesión TABLA A para la edad del paciente al finalizar
el tratamiento 21 años hubiera correspondido a 95%».

57. De manera que para este caso, el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez del 14 de mayo de 2021 permitió desvirtuar las conclusiones de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Meta, y se le da prelación al peritazgo al
encontrarlo creíble, fue emitido por expertos autorizados en una entidad que hace las
veces de auxiliar de la justicia; se sustentó en documentos públicos como la historia
clínica y en las actas de las autoridades médico laborales de la Fuerza Pública,
constituye una prueba conducente, pertinente y útil para decidir y no fue controvertido
ni objetado por las partes.

58. Así las cosas, la Sala concluye que como las lesiones que originaron la pérdida de
capacidad laboral del demandante acaecieron el 29 de junio de 2001, su caso no se
rige por la Ley 923 de 2004 ni por los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014, que
resultan posteriores. Por consiguiente, en principio, le sería aplicable el Decreto 094
de 1989, que exigía para el reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros
de la Fuerza Pública una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 75%,
requisito que, como se vio, no cumple el demandante.

59. No obstante, se debe precisar que Samboní Mosquera se retiró definitivamente del
servicio por incapacidad relativa y permanente el 25 de abril de 2002 y tuvo una merma
en la capacidad laboral del 58.50%, todo en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo
que, en aplicación oficiosa del principio de favorabilidad, le resulta más beneficioso el
contenido normativo referente a la pensión de invalidez del mencionado régimen
general de pensiones.

60. Por lo anterior, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder a la nulidad del acto ficto
presunto negativo demandado y, como restablecimiento del derecho, disponer el
reconocimiento de la pensión de invalidez a Hames Alveiro Samboní Mosquera a partir
del retiro definitivo del servicio, el 25 de abril de 2002, pero con los efectos fiscales
posteriores por la prescripción trienal, como se pasa a explicar más adelante.

61. El monto de la pensión de invalidez deberá calcularse por la demandada, con
aplicación integral de la Ley 100 de 1993, especialmente el artículo 40 que instituye:

«Artículo 40. Monto de la pensión de invalidez. El monto mensual de la pensión
de invalidez será equivalente a:
a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.
b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.
La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual.

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La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a
pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado».

3.5.3. Prescripción

62. El artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, establece la prescripción de las acciones
que emanen de derechos laborales en tres años contados a partir de que la prestación
se hizo exigible, así como su interrupción por un lapso igual por el reclamo efectuado
por el interesado:

«Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual».

63. Porsu parte, el artículo 151 del Código Procesal Laboral también dispuso la
prescripción de las acciones procedentes de las leyes sociales:

«Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años,
que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso
igual».

64. En el presente asunto, el derecho pensional se hizo exigible a partir del día siguiente
del retiro definitivo por pérdida de la incapacidad laboral, 26 de abril de 2002, pero la
reclamación administrativa se presentó solo hasta el 28 de septiembre de 2016, por lo
que se declararan prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al
28 de septiembre de 2013.

3.6. El reajuste de la indemnización

65. En cuanto al reajuste de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral, la
Sala precisa que la demanda no formula pretensión relacionada con el estudio de la
legalidad de acto administrativo por medio de la cual le fue reconocida por el Ejército
Nacional dicha indemnización.

66. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 22 de
marzo de 201825, indicó:

«En este particular, la jurisprudencia de la sección, así como definió la autonomía de
la pretensión indemnizatoria y su eventual reajuste frente a la pensión de invalidez,
también precisó que, si no se demandaba el acto relacionado con la primera al ser una
prestación definitiva y unitaria, no había camino distinto a proferir decisión inhibitoria
exclusivamente sobre este punto, y justo las providencias citadas en el capítulo anterior
dan cuenta de ello, así:

«Así las cosas, es claro que si el actor quería controvertir la indemnización por
disminución de la capacidad sicofísica tenía que haber demandado el acto
administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta respecto de dicha
prestación económica, esto es, la Resolución 44970 del 19 de mayo de 2005. No

25
Exp. 2012-01417-01.
19

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obstante, no existe ninguna pretensión tendiente a cuestionar la validez de dicho acto,
tal y como lo evidenció el juez de primera instancia.

Tales argumentos hacen inviable emitir un pronunciamiento sustancial sobre la materia
y, por consiguiente, resulta innecesario pasar al estudio del tercer problema jurídico
planteado» (…)

Así las cosas, la ausencia de pretensión anulatoria contra la Resolución 147361 del 11
de diciembre de 2012, por la cual se le reconoció al demandante una indemnización
por disminución de la capacidad laboral, y no haberse intentado la conciliación
extrajudicial, no es posible que la Sala evalúe si procede su reajuste conforme se
insistió en la alzada interpuesta.

Por ello, para el caso concreto no es posible dilucidar si es compatible la pensión de
invalidez con la indemnización por disminución de la capacidad laboral, porque para
ésta última pretensión, la parte demandante no cumplió las condiciones procesales
necesarias para emitir un juicio de fondo».

67. Por lo anterior, dentro del sub examine no hay sustento para pronunciarse frente al
reajuste de la indemnización por pérdida de la capacidad laboral y, por ende, tampoco
le asiste la razón en este sentido la parte actora.

68. Aunado a lo anterior, en esta oportunidad la Sala también reiterará26 la tesis según
la cual la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica y la pensión de
invalidez son incompatibles porque, en virtud de las características del régimen
prestacional de las fuerzas militares, emerge que la contingencia que protege la
primera de tales prestaciones se encuentra cubierta con el reconocimiento pensional.
De acuerdo con ello, en uno y otro caso la fuente de la obligación sería una pérdida de
la capacidad laboral permanente, de manera que no resultaría admisible justificar un
doble reconocimiento prestacional con base en la misma causa.

69. Para la Sala es evidente que si, producto de una lesión o enfermedad, un miembro
de la Fuerza Pública adquiere una pérdida de la capacidad laboral, podrá ser
beneficiario de la indemnización por disminución de la capacidad laboral en los grados
menores de perturbación (<50%), o de la pensión de invalidez, en los más elevados,
pero no de las dos a la vez. Luego entonces, la víctima de la lesión que da lugar al
reconocimiento de la pensión de invalidez no puede ser indemnizada por la
disminución de su capacidad laboral, pues, se enriquece sin justa causa, ya que se
incrementaría de manera injusta su patrimonio, porque con dicha prestación el Estado
ya le ha resarcido el daño causado en su salud, sin que haya lugar a indemnización
adicional por no existir fuente legal justificada que lo permita. En ese sentido, las dos
prestaciones son predeterminadas, es decir, están previstas en el régimen laboral del
servicio, luego no solo tienen la misma causa, sino que responden a la misma fuente.

3.7. Conclusión de la decisión

70. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez por la
pérdida de su capacidad laboral del 58.50%, en aplicación del principio de
favorabilidad, de conformidad con las normas establecidas en el régimen pensional
general contenido en la Ley 100 de 1993, de manera integral, desde la fecha del retiro
del servicio, pero con efectos fiscales a partir del 28 de septiembre de 2013 por
prescripción trienal. Sin embargo, la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,

26
Ver la sentencia del 20 de noviembre de 2024, emitida por esta Subsección en el expediente 50001-23-31-000-
2009-00017-02 (2904-2022), en la que se reconstruye la línea jurisprudencial sobre la materia.

20

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de las sumas que debe pagarle al demandante por concepto de retroactivo de la
pensión de invalidez, descontará lo que le pagó - si lo hizo - por concepto de
indemnización debidamente actualizado. Las sumas que resulten deberán ser
actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida para el efecto, según la cual el
valor presente (R) se determinará de multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo
que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha del retiro del
servicio del demandante). La fórmula que debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

3.8. Costas

71. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario27 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, si no
que, para condenar en costas es necesario realizar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse
que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las
cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la
parte demandada haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 10 de febrero de 2022
por el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

Segundo: En su lugar, declarar la nulidad parcial del acto ficto presunto nacido del
silencio administrativo negativo por la falta de respuesta de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional a la petición de reconocimiento de una pensión de invalidez
presentada por Hames Alveiro Samboní Mosquera el 28 de septiembre de 2016.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional a reconocer y pagar una pensión de invalidez a Hames

27
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
21

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Radicación: 18001-23-40-000-2017-00242-02
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional

Alveiro Samboní Mosquera de conformidad con la Ley 100 de 1993, por aplicación del
principio de favorabilidad, a partir del 26 de abril de 2002, pero con efectos fiscales a
partir del 28 de septiembre de 2013, por prescripción trienal. Sin embargo, la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de las sumas que debe pagarle al
demandante por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez, descontará -
debidamente actualizado -, lo que le pagó - si lo hizo -, por concepto de indemnización.
Las sumas que resulten deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula
establecida para el efecto, según la cual el valor presente (R) se determinará de
multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por
el índice inicial (vigente a la fecha del retiro del servicio del demandante). La fórmula
que debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto: No condenar en costas a la parte demandada.

Sexto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

GPB / ICLB / EdelaOssa

22

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