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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 18001-23-40-000-2021-00068-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 18001-23-40-000-2021-00068-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 18001-23-40-000-2021-00068-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

27 de marzo de 2025

Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez
Demandada: UGPP

Temas: Aportes al SPS. Enero a diciembre de 2016. Sujeción pasiva. Base
gravable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante1 contra la
sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caquetá, que decidió2:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda incoada por Víctor Manuel González Trochez en
contra de la […] UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presenten (sic)
proveído.

Segundo. Condenar en costas en la instancia a la parte actora. Las agencias en derecho se tasan
en el 3% del valor de las pretensiones de la demanda, de conformidad con el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 expedido por el CS de la J.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada expidió la Liquidación Oficial RDO-2019-030563, del 17 de septiembre de
2019, a través de la cual determinó los aportes al Sistema de Protección Social (en
adelante, SPS) a cargo del actor, correspondientes a los períodos de enero a diciembre
de 2016 y le impuso sanción por no declarar «por la conducta de omisión». La decisión fue
modificada por la Resolución RDC-2020-008514, del 25 de noviembre de 2020, toda vez
que la demandada aceptó la procedencia de costos y gastos [por un valor inferior al
declarado en el impuesto sobre la renta], lo que disminuyó el monto de los aportes y la
sanción.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:

1
Samai Tribunal, índice 28, certificado D1D4D4B2C887B5FD 15D68CD5A83389DA 440B9AD13BAC23EF 48EF597E7D26D156 (pdf), pp. 3 a 8.
2
Samai Tribunal, índice 23, certificado 95E35F64D9258BA4 B3C6E957EBE8D0C9 9DEAC83F146E2CB1 D560CD269DDEF22C (pdf), p. 34.
3
Samai CE, índice 2, certificado 16BB979F8C8EB782 0F92A594A002468F A70246D2AD7EB047 BC4249BCA50E4044 (pdf), pp. 110 a 125.
4
Samai CE, índice 2, certificado 16BB979F8C8EB782 0F92A594A002468F A70246D2AD7EB047 BC4249BCA50E4044 (pdf), pp. 64 a 93.
5
Samai CE, índice 2, certificado 16BB979F8C8EB782 0F92A594A002468F A70246D2AD7EB047 BC4249BCA50E4044 (pdf), pp. 3 a 4.

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1

Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Primero. Que es nulo el acto administrativo (…) Resolución RDC-2020-00851, del 25 [de noviembre
de] 2020, a través del cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación
Oficial RDO-2019-03056, del 17 de septiembre de 2019, acto administrativo de cierre del
procedimiento administrativo, mediante el cual la [demandada] determinó, liquidó y sancionó al
[demandante] con el pago al Sistema General de la Seguridad Social. Dicho actuar es improcedente,
por cuanto el tributo para los independientes sin contrato de prestación de servicios, en el año 2016,
no se encontraba regulado en ninguna norma de manera precisa y clara; y menos aún existía un
reglamento sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), para calcularlo. Adicionalmente que las
normas que cita la UGPP eran imposibles de aplicarse de acuerdo a la exposición y argumentación
del presente medio de control.

Segundo. Que son nulos los actos administrativos que se relaciona[n] a continuación: Liquidación
Oficial RDO-2019-03056, del 17 de septiembre de 2019, y la Resolución RDC-2020-00851 del 25
[de noviembre de] 2020, mediante los cuales la [demandada], determinó, liquidó y sancionó al
[demandante] con el pago al Sistema General de la Seguridad Social al Subsistema de Salud, dicho
actuar es improcedente por cuanto el tributo para los independientes sin contrato de prestación de
servicios, en el año 2016 no se encontraba regulado en ninguna norma de manera precisa y clara;
y menos aún existía un reglamento sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), para calcularlo.
Adicionalmente que las normas que cita la UGPP eran imposibles de aplicarse de acuerdo a la
exposición y argumentación del presente medio de control.

Tercero. Se ordene a la UGPP a modificar las sanciones por concepto de omisión e inexactitud por
evidenciarse que las bases de las sanciones no deben ser sobre el aporte del 100%, por no estar
reglado de manera clara, expresa e inequívoca el ingreso base de cotización.

Cuarto. Como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
indemnice por daños y perjuicios causados al [demandante], conforme a las cuentas de cobro de
servicios jurídicos en los cuales el contribuyente incurrió y las planillas integradas de liquidación de
aportes que canceló el demandante al Subsistema de Salud y Pensión, documentos que se adjuntan
al presente medio de control nulidad y restablecimiento del derecho.

Invocó como vulnerados los artículos 29, 150, 338 y 363 de la Constitución; 1, 2 y 3 de
la Ley 153 de 1887; 3, 52, 90, 157.1, 177 y 204 de la Ley 100 de 1993; 2, 3, 4, 5, 6 y 7
de la Ley 797 de 2003; 10 y 18 de la Ley 1122 de 2007; 33 de la Ley 1438 de 2011; 2.1
y 2.5 de la Ley 1562 de 2012; 179 de la Ley 1607 de 2012; 319 de la Ley 1819 de 2016;
714 del ET (Estatuto Tributario); 26 del Decreto 806 de 1998; 16 (letra c.) del Decreto
1406 de 1999; 1, 3 y 5 del Decreto 510 de 2003; 1 del Decreto 4982 de 2007; 13 del
Decreto 723 del 2013; 5 del Decreto 3033 de 2013; y la Resolución 2388 de 2016, así6:

-Tasación de perjuicios. Individualizó las pérdidas ocasionadas por la demandada a título
de daño emergente por (i) honorarios de representación judicial y (ii) los aportes al SPS
durante el 2016, más los intereses moratorios causados hasta la devolución del dinero.

-Inexistencia de reglamentación de los elementos tributarios de los aportes al SPS para
los independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital. Alegó la
violación a los artículos 150 y 338 de la Constitución y al principio de legalidad, pues la
demandada determinó, fiscalizó y sancionó el pago de aportes al SPS sin que existieran
los elementos del tributo (sujetos activo y pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa)
a cargo de los citados trabajadores. En específico, sostuvo que los rentistas de capital e
independientes sin contrato de prestación de servicios «comerciantes con actividad CIUU 0141
cría de ganado bovino y bufalino» no tenían definidas las condiciones « de pago» al sistema en
2016 con los distintos tipos de independiente a cargo de los operadores del pago de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (en adelante, PILA). Cuestionó que la
autoridad afirmó erróneamente que los elementos de la obligación eran claros y precisos,
dado que las normas citadas como sustento no recopilaban tales aspectos, de modo que
la entidad acomodó y conectó disposiciones para convalidar una investigación sin
fundamentos.
6
Samai CE, índice 2, certificado 16BB979F8C8EB782 0F92A594A002468F A70246D2AD7EB047 BC4249BCA50E4044 (pdf), pp. 3 a 57.

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2

Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Sobre el hecho generador -luego de definirlo a la luz de la sentencia C-987 de 19997 y
los artículos 3 y 204 de la Ley 100 de 1993-, defendió que ninguna de las enunciadas
normas desarrolló tal aspecto y agregó que, si en forma hipotética incorporasen «la base
gravable y la tarifa», aquellas solo aplicaban a «los trabajadores [con] vínculo laboral», de ahí que
la demandada confundió los antedichos aspectos de la obligación tributaria y acudió a un
precepto exclusivo para trabajadores con vínculo laboral. Añadió que, según el parágrafo
2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional debía reglamentar la base
gravable, lo cual no había ocurrido para el 2021. Reprodujo el artículo 26 del Decreto 806
de 1998 y arguyó que, si bien podía concluirse que el hecho generador de las
contribuciones al subsistema en salud para los trabajadores independientes era la
capacidad de pago, tal interpretación era incorrecta porque cada elemento del tributo
debía ser claro y preciso, sin perjuicio que dicha afirmación fuese imposible de aplicar
por ser muy general. Resaltó que la letra d ibidem -la cual refirió que los independientes
con ingresos iguales o superiores a 2 smmlv eran cotizantes- fue declarada nula con la
sentencia del 19 de agosto de 20048, por lo que era una «afirmación genérica que no
corresponde al hecho generador», máxime si el citado decreto no tenía la capacidad para
regular tal elemento. Mencionó que la aceptación a la prenotada tesis implicaba que
cualquier ingreso obtenido por un independiente estaría gravado con aportes al SPS.

Subrayó una antinomia entre la letra d. del artículo 26 ejusdem y el parágrafo 2 del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la base de cotización debió reglamentarse por el
Gobierno Nacional y tal disposición no existía en 2020, por lo que no era posible que la
demandada citara como fundamento del hecho generador el aparte del artículo 26 del
mencionado decreto, pues aquel fue anulado y luego derogado por el artículo 89 del
Decreto 2353 de 2015. Tras reproducir el artículo 2 de la Ley 793 de 2003, señaló que la
norma refería al hecho generador de los aportes para los independientes sin contrato de
prestación de servicios y rentistas de capital, por lo que reforzó que la posición de la
Administración no seguía normas claras ni precisas. Posteriormente, transcribió los
ordinales 1 y 5 de la letra a) del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y afirmó que su
contraparte partió de una premisa errada, en la medida que la norma estableció como
afiliados obligatorios al subsistema de riesgos laborales a los dependientes e
independientes con contrato de prestación de servicios, pero no fijó con precisión la
obligación de afiliación para los independientes sin contrato de prestación de servicios y
rentistas de capital. Así, concluyó que para los comerciantes dedicados a la «cría de ganado
bovino y bufalino» y rentistas de capital no existía el hecho generador de los aportes al SPS.

Frente al sujeto activo, citó la sentencia C-987 de 1999 y destacó que los actos
demandados se fundaron en los artículos 52, 90 y 177 de la Ley 100 de 1993. Resaltó
que la inexistencia de un hecho generador claro y preciso imposibilitaba la determinación
de los sujetos activo y pasivo -hipotéticamente las administradoras de pensiones serían
los sujetos activos-. Agregó que del artículo 52 ídem no se vislumbraba la obligatoriedad
de los aportes al SPS (pensión y salud) a cargo de los independientes sin contrato de
prestación de servicios. En idéntico sentido, advirtió que para los efectos del Sistema
General de Pensiones (SGP) no existía la definición de afiliados, incluidos los
«independientes sin contrato de prestación de servicios», dado que no existía hecho generador.

Aludió a las sentencias C-412 de 19969 y C-155 de 200310 para definir el sujeto pasivo,
refirió las disposiciones invocadas en la liquidación oficial y manifestó que los artículos
16 letra c. del Decreto 1406 de 199911; 157, ordinal 1 de la letra a) de la Ley 100 de 1993

7
Corte Constitucional, sentencia C-98 de 1999, MP: Alejandro Martínez Caballero.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de agosto de 2004, exp. 11001-03-25-000-2002-0175-01(3403-02), CP: Ana Margarita Olaya
Forero.
9
Corte Constitucional, sentencia C-412 de 1996, MP: Alejandro Martínez Caballero.
10
Corte Constitucional, sentencia C-155 de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
11
Hoy compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780, del 6 de mayo de 2016.

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Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

y los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003 no determinaban al rentista de capital como
sujeto pasivo de los aportes al SPS. Por su parte, el independiente sin contrato de
prestación de servicios estaba supeditado al «concepto de capacidad de pago, el cual es general
y ambiguo». En ese sentido, defendió que las prenotadas normas no definían el sujeto
pasivo del tributo, sobre todo porque tales disposiciones solo describían la calidad de
trabajador independiente de manera superflua y de manera completamente diferente al
de rentista de capital. Respecto de estos últimos, manifestó que eran afiliados voluntarios.

En relación con la base gravable, citó la sentencia C-412 de 1996 y alegó que no estaba
tipificada para los independientes ni rentistas de capital, lo cual generaba que la base
gravable de las contribuciones fuese «imposible de realizar». Subrayó que del parágrafo 2
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 podía abstraerse que desde 1993 el Gobierno
Nacional debió reglamentar el sistema de presunción de ingresos para los
independientes. Por lo tanto, señaló como irresponsable que la demandada hubiera
citado el artículo referido cuando no tenía relación con la base gravable del tributo, pues
dejó de lado los artículos 18 de la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de 2011, que
exhortaron al Gobierno Nacional la reglamentación de la presunción de ingresos de los
independientes. A renglón seguido, destacó que el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley
100 de 1993 y los artículos 4 y 5 de la Ley 797 de 2003 no tenían relación alguna con la
base gravable de los aportes al SPS de los independientes sin contrato de prestación de
servicios y los rentistas de capital. Afirmó que, si bien el artículo 6 ibidem cobijaba a los
independientes sin contrato de prestación de servicios, este enfatizó que cotizarían sobre
los ingresos declarados en consonancia con el «ingreso percibido», pero la norma no fijó
con claridad el alcance de tal expresión. Además, la disposición establecía que la base
de cotización no podía ser inferior a 1 smmlv, lo que significaba que los independientes
podían cotizar sobre 1 smmlv, en consideración a que el precepto analizado era difuso,
impreciso y quebrantaba «el significado y concepto del elemento de la base gravable del tributo».

Manifestó que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 -posterior a toda la normatividad
citada- era prevalente para resolver la controversia. Sin embargo, la demandada no aplicó
el procedimiento allí determinado y la omisión reglamentaria del Gobierno Nacional
impedía la fiscalización a los afiliados como trabajadores independientes. Expuso que el
artículo 135 ejusdem dispuso que los independientes debían calcular sus aportes al SPS
con base en el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, el cual podía disminuirse
con las expensas que cumplieran los requisitos del artículo 107 del ET, los cuales no eran
pagables en forma anticipada sino mes vencido. Además, la norma determinó la
reglamentación de un sistema de presunción de ingresos con su metodología sobre la
cual fiscalizaría la demandada, lo cual no fue efectuado y, por lo tanto, no se aplicó en
este asunto. Agregó que solo hasta la expedición del artículo 3.2.7.6. del Decreto 1273
de 2018 se concretaron las planillas que permitieron el «pago vencido» de los aportes al
SPS, lo cual resolvió la imposibilidad de realizarlos de manera anticipada a salud bajo el
mismo sistema de pensiones debido a la «exigencia errada que se encontraba en el artículo 3 del
Decreto 510 de 2003, lo cual estuvo vigente hasta la expedición de la Ley 1753 de 2015.

Luego, transcribió el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 para resaltar que, tratándose de
independientes sin contrato de prestación de servicios, su cotización debía corresponder
a los ingresos percibidos, los cuales tenían relación directa con su declaración ante la
respectiva administradora, debía ser anual y dentro de los dos primeros meses de cada
vigencia, no obstante, el procedimiento era improcedente y materialmente imposible
porque: (i) el valor de los ingresos declarados era un promedio y resultaba imposible
conocer rentas que no se habían causado; (ii) la puesta en marcha de la norma era
ilógica, en tanto los independientes podían tener meses con pérdidas e ingresos
diferentes a los reportados inicialmente, lo que los obligaría a corregir todos los periodos

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Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
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en el mes siguiente del pago con sus respectivos intereses de mora calculados a la tasa
máxima, en tanto dicho sistema no estaba diseñado para los independientes sin contrato
de prestación de servicios o rentistas de capital; y (iii) el aporte y pago al SPS de los
independientes se realizaba mes anticipado, de ahí que era imposible aplicar la norma
debido a que se desconocía la base gravable sobre la cual se aplicaba la tarifa. Advirtió
que el artículo 3 ejusdem no desarrolló la base imponible para el pago de los aportes al
SPS frente a los independientes o rentistas de capital, pese a que la lectura del articulado
vislumbró un tope mínimo y máximo de cotización, pues la base no era clara ni precisa.

En cuanto a la tarifa, acudió a la definición de la sentencia C-537 de 199512, transcribió
los artículos 20 de la Ley 100 de 1993, 2 del Decreto 510 de 2003, 1 del Decreto 4982
de 2007 y 10 de la Ley 1122 de 2007 e indicó que, si bien aquella fue definida en la ley,
esta debía aplicarse sobre el ingreso base de cotización (IBC) -que tampoco era claro ni
preciso-, de manera que resultaba imposible poner en práctica la correspondiente tarifa.

-Vulneración del principio «nadie está obligado a lo imposible» por ser imposible declarar y
pagar los aportes al SPS (…). Precisó que, desde un punto de vista práctico, era
imposible cumplir con la obligación de declarar y pagar los aportes al sistema en 2016
conforme al artículo 13 del Decreto 723 de 2013, pues los trabajadores independientes
debían realizarlo mes anticipado y no había certeza de los ingresos mensuales, costos y
gastos porque estos no existían. Así, luego de transcribir los artículos 1 y 3 del Decreto
510 de 2013 -disposiciones que sustentaron la actuación-, abogó por la imposibilidad de
aplicarse en la práctica por ser mes anticipado y dada la inexistencia de reglamentación
para los independientes sin contrato de prestación de servicios. Subrayó que la
vulneración al prenotado principio era tan contundente que solo hasta la expedición del
Decreto 1273 de 2018 se habilitó a los independientes sin contrato de prestación de
servicios a realizar los aportes al SPS mes vencido, lo que no cubrió a los rentistas de
capital. Afirmó que la autoridad exigía el pago, pero omitió que para el operador del pago
solo existía un tipo de independiente hasta las Resoluciones 2388 y 5858 de 2016.

Agregó que era imposible exigirle a un independiente sin contrato de prestación de
servicios que su IBC fuera distinto al de un independiente con contrato de prestación de
servicios, en la medida que los asesores de los operadores del pago PILA indicaban que,
por ostentar dicha naturaleza, el IBC era del 40%, lo cual no era desconocido por el
Gobierno Nacional o la demandada, pues con la expedición del artículo 135 de la Ley
1753 del año 2015 se ratificó que todos los independientes podían cotizar -mínimo- sobre
el 40% del IBC. Así, concluyó que el marco normativo de los actos vulneró la obligación
gubernamental de definir reglas y elementos claros para el aporte al sistema y perjudicó
al contribuyente, quien debía ajustar las planillas con intereses por el pago anticipado.

-Inaplicación de normas (…) vigentes para el periodo fiscalizado (…). Adujo que la
demandada no acudió al parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el parágrafo
del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, de ahí que
ejerció sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias en forma «improcedente» porque no
existía una reglamentación clara y precisa para los independientes sin contrato de
prestación de servicios o los rentistas de capital por la prenotada inacción del Gobierno.

Calificó como erróneo entender que su contraparte podía tomar los ingresos reportados
en la declaración del impuesto sobre la renta y cruzarlos con la seguridad social dado
que: (i) el impuesto sobre la renta correspondía al ejercicio de un año y lo aportes al SPS
eran mensuales y, para el mes de febrero, este se calculaba hasta enero del otro año
según el artículo 25 del Decreto 1406 de 1998; (ii) los aportes al SPS para el 2016
12
Corte Constitucional, sentencia C-537 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara.

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requerían una reglamentación que no existió, pues no podían tratarse todas las
actividades económicas de la misma forma y con una misma planilla de pago; y (iii) solo
se permitía el pago de los aportes al SPS con un solo tipo de cotizante, ya que no existían
las distintas clases de independientes de la actualidad. Finalmente, destacó que los
pagos al sistema no convalidaban los errores de la entidad, sino que evitaban el aumento
de los intereses.

-Inaplicación de la letra f. del artículo 2 del Decreto 758 de 1990. Adujo que la demandada
no tuvo en cuenta la excepción al pago de aportes al subsistema de pensión prevista en
la citada norma, la cual excluía a los trabajadores por cuenta propia. Al efecto, aludió a
la definición de tales sujetos del artículo 329 del ET para la época de los hechos, así
como al artículo 340 ídem, el cual mencionó que a las actividades agropecuarias -su
actividad económica incorporada en el RUT- les aplicaba una determinada tarifa.

-Inaplicación del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, pues [la demandada] omitió el
deber de regirse conforme a las reglas de firmeza de las declaraciones tributarias. Expuso
que la investigación se basó en la declaración de renta, de modo que debía aplicarse el
artículo 714 del ET por remisión normativa y los ingresos, costos y gastos estaban en
firme porque el prenotado denuncio había adquirido dicha condición. Igualmente,
mencionó que la declaración de renta no podía fraccionarse e interpretarse en forma
sesgada, como lo hizo la UPPG, quien únicamente tomó los ingresos allí reportados.

-Vulneración del artículo 5 de la Ley 797 de 2003. Señaló que la demandada, al distribuir
el ingreso reportado en la declaración de renta en los 12 meses del periodo fiscalizado a
efectos del cálculo del IBC, interpretó erróneamente sus facultades porque los aportes
debían realizarse conforme a los ingresos realmente percibidos, depurados con los
costos y gastos del respectivo mes. Por ello, estimó que haberse distribuido en la
liquidación oficial los ingresos brutos reportados en la declaración de renta por
$6.888.191.000 en los 12 meses del año ($574.015.916,67 mensual) «es irresponsable y
falto de técnica jurídica», pues no se tuvo en cuenta que podían generarse pérdidas o la
ausencia o variación de ingresos que llevarán a pagar los aportes al SPS con el tope de
25 smmlv, lo cual no tenía soporte en ninguna norma legal o reglamentaria.

Adujo que, acorde con el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, la base mínima era de un
smmlv y la máxima de 25 smmlv, cálculo que debía hacerse mensualizado y no anual.
Insistió en que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 previó el establecimiento de un
sistema de presunción, que era el que debía ajustarse a los valores declarados en renta,
lo cual no se hizo. Además, el ajuste de la diferencia con renta era una operación carente
de reglamentación, pues la norma no excluía los costos reportados y la demandada no
estaba en capacidad de desvirtuar los costos declarados en renta, para el caso
$6.742.405.000, ni estaba facultada para presumir o «prorratear» un ingreso mensual
derivado del reporte de unos ingresos anuales por la ausencia de un reglamento. Sostuvo
que se soslayó lo previsto en el artículo 745 del ET, por lo que solicitó que se excluyeran
los valores de los ingresos que fueron mensualizados en cuantía de $947.198.167 [se
refiere a la parte residual de los ingresos, cuya periodicidad no fue acreditada y la
demandada distribuyó en los 12 meses del año], en la medida que los funcionarios solo
podían hacer aquello para lo cual los facultaba la ley, de lo contrario incurrirían en
prevaricato.

-En los años 2014, 2015 y 2016, los operadores de pago de los aportes al SPS solo
manejaban un solo tipo de planilla para todos los independientes. Señaló que consultó,
a través del ejercicio del derecho de petición a varios « operadores de pago PILA que operaron
en el año 2016» (SOI, Asopagos y aportes en línea), respecto de la planilla de pago que

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Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

utilizaban los trabajadores independientes, de cuyas respuestas «se demuestra una vez más
que el sistema de seguridad Social para los independientes sin contrato de prestación de servicios o
rentistas de capital era muy complejo proyectar sobre que IBC debía cotizar cada mes, así mismo reportar
en los dos primeros dos (2) mes de cada año si iba a tener alguna variación de ingresos para ser reportados
en estos periodos y por último determinar si era sobre el 100%, el 40% o sobre un salario mínimo legal».
Agregó que, a partir de la Ley 1753 del año 2015, el gobierno reglamentó a los
independientes y aclaró que el IBC era mínimo del 40% del total de los ingresos después
de depurar los costos y gastos permitidos por el artículo 107 del ET. Además, anotó que,
en el mes de diciembre de 2016, el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 2388 del
2016, que creó nuevas planillas y diferenciaba la actividad de cada independiente.

-Pago como extinción de la obligación. Manifestó que no le fue reconocido en el proceso
de fiscalización el pago de los aportes del año 2016 por $12.865.900 acorde con los
artículos 792 y siguientes del ET y el artículo 1626 del Código Civil [pagos efectuados
con posterioridad a la liquidación oficial]. Sostuvo que aportó el 100% de los valores
solicitados por la Administración y reiteró que el fin de tales pagos no era convalidar la
cadena de errores cometidas por la entidad, sino evitar la causación de intereses de
mora.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora13, por cuanto estimó que ejerció
sus facultades conforme a las disposiciones vigentes al momento de expedir los actos y,
además, el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad de estos ni con los hechos
ni con las pruebas, en línea con esto, solicitó condenar en costas al demandante.

Previo a desarrollar los argumentos de la contestación, advirtió que se oponía al
reconocimiento de gastos por ser atribuibles a la omisión de actora por no tener
organizada y completa la información solicitada por la demandada. Sobre la pretensión
concerniente a los gastos de defensa jurídica, adujo que no se causaron y no aparecían
demostrados en el expediente. Alegó que no se ocasionó daño emergente, porque la
entidad actuó en cabal cumplimiento de las normas que regían la materia. Luego, expuso
a título de «sensibilización frente a la obligatoriedad de afiliación y pago de aportes al sistema», las
generalidades del Sistema General de la Seguridad Social, su base constitucional, las
garantías para los habitantes del territorio colombiano en materia pensional, salud y
riesgos laborales y el alcance de los principios que rigen al sistema que se encuentran
contemplados en la Ley 100 de 1993. Por otro lado, explicó el contexto y la normatividad
de su creación con el propósito de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los
aportantes al SPS de declarar, liquidar y pagar de forma correcta, adecuada y oportuna
dichas contribuciones. Luego, describió sus facultades para satisfacer ese encargo legal.

-Frente a la inexistencia de los elementos del tributo. Aportes al SPS. Contestó de manera
conjunta los cargos planteados por el actor frente a la indefinición de los elementos
(hecho generador, sujetos activo y pasivo, base gravable y tarifa) de los aportes al SPS14.
Al respecto, solicitó desestimar los argumentos planteados por el actor. Citó las
sentencias C-711 de 200115 y del 31 de mayo de 201216, explicó el alcance del principio
de legalidad tributaria y refirió que los aportes al SPS (en salud y pensión) son
contribuciones parafiscales que se regulan por los principios de imposición contemplados
en la Constitución. Bajo esa premisa, subrayó que los artículos 150 y 338 ejusdem
establecen que el poder tributario recae en el legislador y concluyó que los trabajadores
independientes se encuentran obligados a afiliarse al SPS cuando se encuentre
13
Samai CE, índice 2, certificado AAB429BA5E3114C3 23D0EA9220ACDF7F 6F112D8172FF8339 5531C8893F3C5DC8 (pdf), pp. 3 a 47.
14
Previo a pronunciarse de fondo, advirtió que dichos cargos referidos no se expusieron en el recurso de reconsideración.
15
Corte Constitucional, sentencia C-711 de 2001, MP: Jaime Araujo Rentería.
16
Consejo de Estado, sentencia del 31 de mayo de 012, exp. 18015, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

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demostrado que poseen ingresos o capacidad de pago (lo cual ocurrió en el caso
concreto), de acuerdo con los artículos 15, 17, 19, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993
(modificados por los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 797 de 2003); 66 del Decreto 806 de
1998; 33 de la Ley 1438 de 2011, y 3 del Decreto 510 de 2003. Aseveró que en los
artículos 19 y 204 ibidem se estableció, para efectos de los subsistemas en salud y
pensión, la metodología aplicable para determinar el IBC cumpliendo con suficiencia el
principio de legalidad en materia tributaria.

Frente a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, precisó que
dicha norma fijó el alcance, bajo una perspectiva aclaratoria, del IBC en materia de
pensiones que no modificaba lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 ni se
arrogaba competencias originarias del legislador en materia tributaria, ya que precisó lo
que debía entenderse por ingresos efectivamente percibidos (lo que goza de presunción
de legalidad a la luz de artículo 88 del CPACA). Por otra parte, el artículo 3 del Decreto
510 de 2003 incluyó una homologación de la base de cotización en los aportes a los
subsistemas en salud y pensiones que fue controlada por la jurisdicción contencioso-
administrativo17 y se mantuvo eficaz al haberse concluido que no se excedió la potestad
reglamentaria por unificarse las bases de cotización para los subsistemas de salud y
pensiones, en la medida en que se reprodujo el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

Seguidamente, citó la sentencia C-064 de 200518 que, a propósito del análisis de
constitucionalidad del artículo 5 de la Ley 797 de 2003, se refirió a la homologación de
las bases gravables en materia de salud y pensiones. En ese orden, señaló que, contrario
a lo sostenido por el actor, existía definición legal de la base gravable de los aportes al
SPS para los trabajadores independientes en los artículos 19 y 204 de la Ley 100 de
1993. Reiteró que el Decreto 510 de 2003 « igualó la base» para los subsistemas en salud
y pensión, precepto que fue objeto de control por parte de la jurisdicción y en el cual se
estableció como IBC los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado (aquellos que
recibe para su beneficio personal), pudiéndose detraer de estos las erogaciones
incurridas para desarrollar su actividad lucrativa que cumplan los requisitos del artículo
107 del ET. Así, concluyó que no existía violación de los artículos 150 y 338 de la
Constitución. Agregó que tampoco se vulneró el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, pues
si bien el acto demandado aludía a la misma, que consagraba la obligación para los
independientes que desempeñaran actividades laborales de alto riesgo de afiliarse al
sistema de riesgos laborales, lo cierto era que en el caso concreto no se determinó
ninguna obligación por riesgos laborales.

Recordó que a la demandada el legislador le otorgó, mediante el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, facultades y funciones para verificar la correcta, oportuna y completa
autoliquidación y pago de los aportes al SPS de los trabajadores, dependientes e
independientes, afiliados al sistema. Por ello, citó dos pronunciamientos del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y concluyó que se encontraba regulada de manera
específica la obligación de los trabajadores independientes y de los rentistas de capital
de afiliarse y cotizar a los subsistemas de salud y pensión con base en sus ingresos
efectivamente percibidos (IBC).

-Frente a la vulneración del principio general del derecho «nadie está obligado a lo imposible».
Transcribió el artículo 13 de la Ley 723 de 2013 y señaló que este reglamentó la afiliación
al subsistema de riesgos laborales de los trabajadores y los independientes que laboraran
en actividades de alto riesgo lo que, reiteró, no correspondía a lo exigido en los actos
demandados, los cuales estaban referidos a salud y pensiones. Por otra parte, citó el
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2010, exp. 11001-03-25-000-2003-00269-01(2524-03 y 2800-03), CP:
Gerardo Arenas Monsalve.
18
Corte Constitucional, sentencia C-064 de 2005, MP: Clara Inés Vargas Hernández.

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procedimiento para reportar las variaciones del IBC en aquellos periodos ya pagados
según lo previsto en el artículo 2 del Decreto 3085 de 2007. Recalcó que el artículo 33
de la Ley 1438 de 2011 estableció unas reglas de presunción de capacidad de pago e
ingresos para efectos de los aportes al SPS. Así, concluyó que aun cuando el aporte se
realizara de manera anticipada no era óbice para que se hiciera en debida forma, en tanto
este se podía corregir y según los artículos 4, 5, 8, 11 y 15 de la Resolución 1747 de
2008, expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud), los
independientes por cuenta propia que no tenían contrato de prestación de servicios,
incluidos los comerciantes y los rentistas de capital, si podían realizar pagos al sistema
(siendo aplicable a partir de julio de 2016 el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015).

Para el caso concreto, recalcó que el actor no registró pagos por los subsistemas de
salud y pensión a pesar de estar afiliado al SSSI (Sistema de Seguridad Social Integral),
por lo que incurrió en mora para los periodos de julio a diciembre de 2016 y en los meses
de enero a junio de 2015 (SIC) presentó inexactitud, pues lo hizo por un valor inferior al
que legalmente le correspondía; por ello, concluyó que sí debía realizar los aportes.

-Frente a la inaplicación del parágrafo 2 del artículo 2004 de la Ley 100 de 1993,
parágrafo del artículo 18 de la Ley 1122 del 2007 y del artículo 33 de la Ley 1438 de
2011. Precisó que el cálculo del IBC para los trabajadores independientes para el año
2016 fue regulado en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 6
de la Ley 797 de 2003). Por otra parte, la forma de calcular dicha base se reglamentó a
través del artículo 1 del Decreto 510 de 2003 y se reemplazó por el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015 pudiéndose deducir las erogaciones incurridas que tuvieran relación de
causalidad con la actividad productora de renta, necesidad y proporcionalidad, según lo
previsto en el 107 del ET. Por ello, concluyó que el actor estaba sujeto a las
contribuciones al SPS según los artículos 19 de la Ley 100 de 1993, 135 de la Ley 1753
de 2015 y 107 del ET. Con base en lo explicado, la demandada manifestó que tomó los
ingresos informados por el actor en su declaración de renta del año 2016, a partir de lo
cual se tuvo como probados $6.88.191.000, los cuales distribuyó equitativamente en los
12 meses del año, según lo previsto en el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999.

Precisó que, si bien el legislador ordenó al Gobierno Nacional la reglamentación del
artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, respecto al sistema de presunción de ingresos, no
era cierto que esta no fue reglamentada, en tanto el IBC corresponderá a los ingresos
[de los independientes] que no pueden ser otros que los declarados en la autoliquidación
del impuesto sobre la renta, conforme fueron determinados en el caso concreto, junto con
los soportes oportunamente allegados, de manera que no creó una forma de definirlos ni
adelantó ajenas a su competencia.

Respecto a los «costos», puso de presente que el parágrafo del artículo 244 de la Ley
1955 de 2019 ordenó a la demandada determinar un esquema de presunción de costos
para los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebraran un
contrato diferente a la prestación de servicios personales que implicara la
subcontratación y/o compra de insumos o expensas (sin que se afectara la facultad de
imputar las deducciones y costos procedentes según lo previsto en el artículo 107 del
ET), en desarrollo de lo cual la Administración expidió las Resoluciones 1400 de 2019 y
209 de 2020, a través de las cuales adoptó un esquema de presunción de costos para
los transportadores de carga por carretera y demás trabajadores independientes por
cuenta propia, el cual era aplicable a los procesos de fiscalización en curso y a los que
se iniciaran sin importar la vigencia fiscal, según se dispuso en el inciso 1 del parágrafo
2 del artículo 139 de la Ley 2010 de 2019. Advirtió que lo anterior fue aplicado a la actora,
esto es, la Resolución 209 de 2019, por no haber una situación jurídica consolidada.

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En cuanto a los «costos soportados» por la actora, resaltó que, de conformidad con los
artículos 107 y 771-2 del ET, se podían detraer las erogaciones que cumplieran con los
requisitos de causalidad, necesidad, proporcionalidad y estuvieran debidamente
soportadas en facturas de venta. Tras ello, puso de presente que el actor era una persona
natural perteneciente al régimen común, cuya actividad económica es la «141-cría de
ganado bovino y bufalino», quien con ocasión del recurso de reconsideración soportó costos
por $3.435.315.374, mientras que los costos presuntos ascendían a $5.090.373.150.
Considerado lo anterior, la entidad aplicó el resultado más favorable para el aportante, lo
que significó que para los períodos febrero a julio19, agosto y octubre de 2016 se tomarán
los costos presuntos y para enero, septiembre, noviembre y diciembre los costos
soportados, para un total de costos reconocidos de $6.069.508.289, de lo cual, manifestó
que, el IBC a cargo del actor por todos los meses de 2016 correspondía a la suma de
$3.592.853 [La sala advierte que esta afirmación es equívoca]20.

-Frente a la omisión de las reglas de firmeza de la declaración del impuesto sobre la
renta. Sostuvo que no se violó el artículo 714 del ET por cuanto la norma a aplicar era el
parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, el cual estableció que la competencia
para iniciar las acciones sancionatorias y de determinación por parte de la demandada
deberá ejercerse dentro de los 5 años siguientes contados a partir de la fecha en que el
aportante debió declarar y no declaró, declaró valores inferiores o se configuró el hecho
sancionable. Por ende, subrayó que no pretendió usurpar las funciones de la
Administración tributaria ni cuestionar la veracidad de los datos informados en la
declaración de renta del año 2016, pues solo tomó de ella los ingresos reportados a
efectos de establecer la capacidad de pago y determinar el IBC para la liquidación de los
aportes al SPS. Finalmente, advirtió que no todos los costos y gastos reportados en la
liquidación del impuesto sobre la renta eran procedentes para la determinación del IBC
«por tratarse de depuraciones diferentes» y el aportante debía acreditar que sus expensas
cumplían con los requisitos del artículo 107 del ET y allegar sus soportes.

-Frente a la inaplicación de la letra f. del artículo 2 del Decreto 758 de 1990. Expuso que
el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003)
determinó los trabajadores independientes como afiliados en forma obligatoria al
Subsistema de Pensiones, siendo la única excepción que la persona que nunca hubiese
estado afiliada a dicho subsistema tuviera 50 años o más en el caso de las mujeres o 55
años o más en el caso de los hombres. Así, concluyó que el actor no se encontraba en
dicha situación, lo que corroboró con las bases de datos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, Asofondos y el RUAF (Registro Único de Afiliados) las cuales arrojaron el
siguiente resultado: (i) edad: 44 años, (ii) fecha de afiliación al Subsistema en Salud: 7
de septiembre de 2011 como beneficiario, (iii) fecha de afiliación al Subsistema de
pensiones: no registra afiliación y (iv) no se encuentra pensionado por vejez. Por lo
anterior, la demandada concluyó que el actor se encontraba obligado a afiliarse y cotizar
al Subsistema de pensiones. Igualmente, desestimó la vulneración de la letra f) del
artículo 2 del Decreto 758 de 1990, en tanto perdió vigencia con la entrada en vigor de
los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993. Recalcó que era obligación de todos los
ciudadanos estar afiliados al SPS bien dependientes, independientes o en el régimen
contributivo. En este caso, era obligación la afiliación como independiente, pues según

19
Acorde con los antecedentes, los costos presuntos se aplican de febrero a agosto de 2014 y por el mes de octubre.
20
Acorde con algunos apartes del acto que desató el recurso de reconsideración y el correspondiente SQL, en realidad, el IBC de los meses de enero,
septiembre y diciembre fue equivalente al salario mínimo mensual, mientras que en los meses de febrero a agosto y octubre correspondió al tope máximo
de aportes (25 smmlv) y en el mes de noviembre el IBC equivalió a $8.168.287, lo cual resultó de mensualizar con la periodicidad demostrada, ingresos
por valor de $5.940.992.833 y atribuir mensualmente en forma proporcional el remanente de ingresos por valor de $947.198.167 -cuya periodicidad no
fue acreditada-, para un total de ingresos anuales de $6.888,191.005 que corresponden a los declarados en el impuesto de renta, y luego descontar
costos por $6.069.508.289 -mayor costos entre el presunto y el soportado-, y aplicar el 40% -. El cálculo descrito, es coincidente con el monto del aporte
que le fue determinado en la parte resolutiva del acto que decidió el recurso de reconsideración.

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el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, el actor era declarante del impuesto sobre la renta
y era responsable de liquidar y pagar los aportes a los subsistemas en salud y pensión.

-Frente a la vulneración del artículo 5 de la Ley 797 de 2003. Consideró que debía
desestimarse dicho argumento, puesto que fundamentó su decisión en las normas
vigentes aplicables a la determinación del IBC para los trabajadores independientes,
entre los que se encuentran aquellos por cuenta propia. Reiteró que para fijar los ingresos
anuales devengados por el actor recurrió a la información reportada en su declaración de
renta del año 2016 ($6.888.191.000), los que prorrateó en los 12 meses del periodo al no
haberse probado los efectivamente percibidos mensualmente. Sin embargo, aceptó la
explicación de la distribución de los ingresos por $5.940.992.833, pero respecto de la
diferencia de $947.198.167 no se acreditó su periodicidad.

-Frente al pago como extinción de la obligación. Previno que, si bien encontró que el actor
realizó pagos, no podían tenerse en cuenta en tanto estos ocurrieron con posterioridad a
la notificación del acto oficial, ya que se trataba de un hecho no debatido en este proceso.

Sentencia apelada

El tribunal21 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.

-Frente a los pagos registrados por el demandante a los subsistemas de salud y pensión
según la base de datos de planillas de liquidación de aportes PILA. Tras observar que el
demandante se afilió a Subsistema en Salud el 7 de septiembre de 2011 y al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida el 12 de diciembre de 2018, advirtió que no
realizó de forma oportuna la declaración y pago de sus aportes al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pensiones por el año 2016, puesto que esto solo se dio con
posterioridad a la expedición de la liquidación oficial (21 de noviembre de 2019).

-Respecto de sí para el año 2016 se encontraban regulados los elementos del tributo
[aportes al SPS] para independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas
de capital. Luego de definir el concepto de «hecho generador», estimó que los trabajadores
independientes debían vincularse a los subsistemas en salud y pensiones «por el simple
hecho de percibir ingresos dineros provenientes de cualquier actividad económica». Al respecto,
transcribió los artículos 3, 4, 13, 19, 52, 90 y 204 de la Ley 100 de 1993 y concluyó que
los elementos de los aportes al SPS estaban determinados para los trabajadores
independientes por cuenta propia sin contrato de prestación de servicios, acorde con lo
siguiente; (i) sujeto activo: el Estado; (ii) sujeto pasivo: persona natural que percibe
ingresos por la realización de cualquier actividad económica como dependiente o
independiente, esto es, que tengan capacidad de pago; (iii) base gravable: los
trabajadores independientes (aquellos que no se encuentren vinculados mediante
contrato laboral, prestación de servicios o como servidores públicos) cotizaran sobre sus
ingresos declarados ante la entidad a la cual se afilien no siendo posible que sea inferior
a 1 smmlv, por periodos mensuales (art. 35 del Decreto 1406 de 1999) y con la posibilidad
de imputar las deducciones y costos (art. 107 del ET), y (iv) tarifa: se encuentra regulada
en los artículos 20 (pensiones) y 204 (salud) de la Ley 100 de 1993.

-Frente a la imputación de costos y gastos para la conformación del IBC respecto de los
independientes. Afirmó que, según el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, los
trabajadores independientes por cuenta propia y con contrato diferente al de prestación
de servicios que recibieran ingresos iguales o superiores a 1 smmlv debían cotizar mes
vencido al SPS sobre un IBC mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos,
21
Samai Tribunal, índice 23, certificado 95E35F64D9258BA4 B3C6E957EBE8D0C9 9DEAC83F146E2CB1 D560CD269DDEF22C (pdf), pp. 1 a 35.

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pudiendo deducir las expensas generadas en la correspondiente actividad, siempre que
cumplan con los requisitos del artículo 107 del ET.

En el marco anterior, resaltó que el debate versaba sobre el valor probatorio de la
declaración de renta en relación con la acreditación de costos y gastos en el marco del
proceso administrativo de determinación de aportes al SPS. Para ello, advirtió que la
jurisprudencia de esta corporación previó que la acreditación de tales conceptos requería
de un ejercicio probatorio en el que se demostrara el cumplimiento de los requisitos del
artículo 107 ejusdem. En ese orden, observó que la demandada le solicitó al actor, sin
éxito, que allegase los soportes necesarios para la acreditación de las disminuciones que
pretendía que le fueran reconocidas para la determinación del IBC. Así, considero que
resultaba insuficiente la mera declaración de renta como único soporte de los gastos y
costos, pues se trataba de dos trámites distintos (uno para efectos del impuesto sobre la
renta y, el otro, para los aportes al SPS), de modo que su firmeza era irrelevante.

-Frente a la nulidad de los actos. En primer lugar, estimó demostrado que el actor ejercía
una actividad comercial,22 lo que lo hacía sujeto pasivo de los aportes al SPS como
trabajador independiente. Concluyó que la categoría de trabajadores independientes
comprendía a los comerciantes según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1406 de
1996. Asimismo, encontró probado que el actor: (i) no efectuó los aportes al SPS por el
periodo comprendido entre enero a diciembre de 2016 y solo efectuó pagos después de
la liquidación oficial; (ii) presentó su autoliquidación del impuesto sobre la renta del año
gravable 2016 donde reportó ingresos por $6.888.191.000, costos por $6.742.405.000,
una renta líquida gravable por valor de $64.032.000 y un impuesto a pagar de $6.209.000;
(iii) era un trabajador independiente sin contrato de prestación de servicios o por cuenta
propia, y (iv) tenía capacidad de pago según lo reportado en la citada autoliquidación.

Con base en lo anterior, consideró desvirtuados los primeros cargos de nulidad de la
demanda, consistentes en: (i) la indefinición de los elementos del aporte al SPS para los
trabajadores en cuestión; (ii) que se confundieron los conceptos de hecho generador,
base gravable y tarifa al exigir al actor los aportes al SPS; y (iii) que no existía obligación
de efectuar tales contribuciones por parte de los trabajadores por cuenta propia. Por otro
lado, transcribió apartes de la sentencia del 11 de noviembre de 2021 ibidem y coligió
que la obligación de cotizar al SPS por parte de los trabajadores independientes se
encuentra regulada desde la expedición de la Ley 100 de 1993.

En cuanto al IBC, consideró: (i) que los actos acusados se fundamentaron en el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015 para determinar el IBC; (ii) que dicha norma permitió la
cotización al SPS para los trabajadores independientes mes vencido, desvirtuando así lo
alegado por el actor respecto de la imposibilidad de pagar los aportes, y que esto solo se
logró hasta el 2018, y (iii) que no era cierto que la Administración hubiera citado o
sustentado su actuación en el artículo 26 del Decreto 806 de 1996. Además, consideró
que: (iv) no se vulneró la letra f) del artículo 2 del Decreto 758 de 1990, en tanto dicha
norma perdió vigencia con ocasión de la entrada en vigor del artículo 17 de la Ley 100
de 1993 y la Ley 797 de 2003 -artículo 9-, disposiciones que modificaron los requisitos
para acceder a la pensión por vejez; (v) que el actor percibió ingresos superiores a 1
smmlv para el 2016, lo que demuestra su capacidad de pago en calidad de trabajador
independiente y «por lo tanto sus ingresos declarados debieron corresponder a los periodos
mensuales», y (vi) por lo anterior, no cobraba relevancia lo dispuesto en el artículo 33 de
la Ley 1438 de 2011, pues el actor a través de su declaración de renta certificó sus
ingresos para el año 2016 que constituyeron la base de los aportes al SPS.

22
El tribunal tuvo por probado que el actor ejerció las actividades de: (i) cría y reproducción de ganado bovino y bufalino, (ii) el engorde de ganado bovino
y búfalos en corrales, (iii) la producción de leche cruda de vaca y de búfala, y (iv) la producción de semen bovino y bufalino.

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12

Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Resaltó que la demandada tuvo en cuenta la declaración de renta del actor, así como las
pruebas aportadas durante el procedimiento administrativo para la liquidación de los
aportes al SPS, en línea con lo cual aclaró que el valor de los ingresos reportados en la
declaración de renta ($6.888.191.000) fue superior al que logró demostrar el actor
($5.940.992.883) por lo que la Administración distribuyó la diferencia de manera
equitativa en los 12 meses del año y, por lo explicado, el a quo consideró improcedente
que el actor censurara los actos demandados fundándose en la firmeza de la declaración
del impuesto sobre la renta en tanto: (i) no pueden confundirse ambos tributos, (ii) se
encontró que los valores reportados como ingresos y costos no cumplían con el artículo
107 del ET, y (iii) cuando se le requirió para que aportara los soporte de las deducciones,
no lo hizo; sin embargo, la Administración tuvo por probados costos por $6.069.508.289.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la actora alegó de forma general su
inconformidad con los valores calculados por la demandada como IBC sin explicar cuáles
valores debieron haber sido reconocidos o rechazados, lo cual le impedía emitir
pronunciamiento puntual sobre los valores o montos dinerarios señalados en los actos,
máxime cuando no se aportó con la demanda el soporte de las deducciones pretendidas.

Consideró procedente la sanción «por omisión en declarar», pues si bien el actor efectuó sus
aportes al SPS, ello ocurrió con posterioridad a la notificación de la liquidación oficial.
Descartó la procedencia de la causal de exculpación por error en la interpretación del
derecho aplicable, puesto que con la Ley 1753 de 2015 el 9 de junio de 2015, aplicable
para la vigencia 2016, era claro que los trabajadores independientes -como el actor-
debían efectuar la declaración y pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

-Frente a las costas. A partir de la sentencia del 10 de mayo de 201823 y a partir de los
artículos 188 del CPACA y 365 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012)
concluyó que la derrota del actor en el juicio soportaba la condena en costas, que
determinó en el equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda acorde con el
Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

Recurso de apelación

El demandante recurrió24 la decisión del tribunal. Cimentó su inconformidad en lo
siguiente: (i) «nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse – artículo 29 constitucional /
violación de literal B del artículo 156 de la Ley 100 de 1993. Inexistencia de la base gravable » y (ii) «causal
de exculpación – exoneración de la sanción por error de derecho aplicable – incumplimiento por parte del
Gobierno en reglamentar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 e inexequibilidad declarada por la Corte
Constitucional de la misma norma».

-Inexistencia de la base gravable. Adujo que el Tribunal fue enfático al momento de
detallar la existencia de los elementos del tributo en cuanto a los trabajadores
independientes con contratos diferentes al de prestación de servicios y dio un recorrido
normativo con el fin de probar la existencia del hecho generador, los sujetos pasivo y
activo, la tarifa y la base gravable, sin embargo, respecto de esto último su argumentación
fue corta y las normas citadas no resolvían de fondo el problema planteado, en tanto para
las vigencias 2015 y 2016 no existía ninguna norma que reglamentara la base gravable
de los trabajadores independientes con contrato diferente al de prestación de servicios.
Bajo esa premisa, censuró que el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, que utilizó el a quo
como fundamento de la decisión, de ninguna manera respondía al interrogante respecto
de la base gravable aplicable a los trabajadores independientes sin contrato de prestación

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de mayo de 2018, exp. 19001-23-33-000-2014-00128-01(1936-16), CP: William Hernández
Gómez.
24
Samai Tribunal, índice 28, certificado D1D4D4B2C887B5FD 15D68CD5A83389DA 440B9AD13BAC23EF 48EF597E7D26D156 (pdf), pp. 3 a 8.

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13

Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

de servicios, por cuanto dicha norma solo dispuso que esta no podía ser inferior a 1
smmlv. Adujo que la norma daba a entender que era el mismo contribuyente quien
establecía su IBC, pues se tomaba el declarado ante la entidad donde estuviera afiliado.

Planteó que la sentencia no tuvo en cuenta la ausencia de reglamentación del artículo
135 de la Ley 1753 de 2015 (exigida por la letra b. del artículo 156 de la Ley 100 de 1993),
lo cual solo fue cumplido hasta el 1 de octubre de 2018 con la entrada en vigor del artículo
3.2.7.6. del Decreto 1273, del 23 de julio de 2018. Afirmó que esto violaba la letra b. del
artículo 156 ejusdem, que impuso al SSSI una reglamentación previa de las cotizaciones
para hacer exigible la obligación de cotización a cualquier ciudadano, por lo que de no
existir tal reglamentación no serían exigibles los referidos aportes al SPS. Acotó que el
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 fue la «primera norma (…) que permitió (…) el pago vencido
de los aportes a seguridad social», pero solo fue aplicable con ocasión del Decreto 1273 de
2018, mientras que los Decretos 3085 de 2007, 510 de 2003 y 1406 de 1999 no
reglamentaron el referido artículo.

En ese marco, calificó como desatinado que el tribunal citara artículos que por sí mismos
evidenciaban los problemas planteados y el vacío normativo sobre la reglamentación de
la base gravable de los aportes al SPS de los trabajadores independientes con contrato
diferente al de prestación de servicios y, en vez de analizarlos, se limitó a resolverlos con
la simple cita de las disposiciones. Aseveró que la inexistencia de norma que estableciera
de manera precisa la base gravable para los trabajadores independientes sin contrato de
prestación de servicios fue reconocida por el consejero Milton Chaves García en el
salvamento de voto que presentó en la sentencia del 05 de octubre de 202325 y precisó
que dicha ausencia reglamentaria solo se resolvió hasta el año 2022 mediante la
expedición del Decreto 1601 de 2022, mediante el cual fue creado el esquema de
presunción de ingresos y con la Ley 2277 de 2022, toda vez que el artículo 135 de la Ley
153 de 2015 fue declarado inconstitucional mediante la sentencia C-068 de 2020.

Mencionó que la imposibilidad del pago mes vencido debido a una reglamentación tardía
del artículo 135 ibidem no era atribuible al contribuyente, no siendo posible que la UGPP
fundamentara su cobro en normas reglamentarias que ya habían perdido su vigencia,
como el artículo 6 del Decreto 510 de 2003 y el Decreto 1406 de 1999 (arts. 25 a 36),
ambas contrarias a normas de superior jerarquía (Ley 797 de 2003 y parágrafo 2 del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993) y al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
Seguidamente, sostuvo que era tan «…contundente la vulneración del principio (…) “Nadie está
obligado a lo imposible”» que el pago de los aportes al SPS solo pudo ser realizado a partir
del 1 de octubre de 2018 con ocasión de la expedición del Decreto 1273 de 2018 (que
incorporó el pago mes vencido de los aportes al SPS para los independientes sin contrato
de prestación de servicios. Al efecto, señaló que el tribunal y la demandada
desconocieron la inexistencia de la reglamentación de trabajadores independientes por
cuenta propia frente al «pago vencido» previsto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015,
haciendo caso omiso de las situaciones de incertidumbre del contribuyente que solo se
definieron tardíamente en 2018 y acusó a la demandada de usar vacíos legales para
determinar de manera abusiva el IBC a su cargo a través de «operaciones que carecen de
legitimidad, sustento jurídico y coherencia» en perjuicio del contribuyente.

-Exoneración de la sanción por error de derecho aplicable. Alegó la configuración de la
causal de exculpación como eximente de responsabilidad, en tanto la base gravable
establecida por el legislador para los aportes al SPS respecto de los trabajadores
independientes sin contrato de prestación de servicios no fue reglamentada por el

25
Consejo de Estado, sentencia del 05 de octubre de 2023exp. 26673, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

Gobierno. Así, concluyó que se le debía exonerar del pago tanto del tributo como de la
sanción que corresponda a los períodos de enero a diciembre de 2016.

Subsidiariamente, solicitó la exoneración de la sanción por configurarse la causal de
exculpación, debido a la falta de precisión y/o claridad de las normas sobre los elementos
del tributo de los aportes al SPS respecto de los trabajadores independientes sin contrato
de prestación de servicios y rentistas de capital para el año 2016. Para sustentar su
posición, citó la sentencia del 11 de junio de 202026 con el objetivo de definir el alcance
de la configuración de la causal de exculpación sancionatoria por incurrir en error en la
interpretación del derecho aplicable y transcribió un apartado de la sentencia del 11 de
noviembre de 202127, con el propósito de acreditar que la ley no fue clara en incluir a los
comerciantes y rentistas de capital como sujetos pasivos [de los aportes al SPS].

Planteó que era evidente que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que fue declarado
inexequible por medio de la sentencia C-068 de 2020, solamente fue reglamentado por
medio del artículo 3.2.7.6 del Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, esto es, dos años
después del periodo fiscalizado. Así, el error alegado consistía en la falta de
reglamentación del pago vencido de la citada ley, aunado a la falta de reglamentación de
la presunción de ingresos para los independientes sin prestación de servicios. Por ello,
expuso como plausible que pudiera concluirse que, ante el incumplimiento reglamentario,
el actor no estaba obligado a afiliarse a los subsistemas en salud y pensiones, de manera
que el juicio de comprensión sobre la obligación era razonable. Así, tanto la falta de
reglamentación como la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma legal referida le
propició una «presunta errónea creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico».

Pronunciamientos finales

El ministerio público y la demandada guardaron silencio en esta etapa procesal. Por su
parte, el actor28 reiteró el contenido del recurso de apelación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación
planteados por el demandante en contra de la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones.

Problemas jurídicos

2- Corresponde a la Sala definir si para el año 2016 la base gravable para efectuar
aportes al SPS por parte de los trabajadores independientes con contrato diferentes al
de prestación de servicios, –entre ellos, aquellos cuya actividad económica era la
explotación ganadera como es el caso del actor-, no estaba claramente definida y en
consecuencia estos trabajadores no estaban obligados a efectuar tales aportes.

Previamente, advierte la Sala que, si bien el apelante planteó la configuración de la causal
de exculpación de la sanción por error en la interpretación del derecho aplicable, tal
asunto no hará parte del análisis en esta instancia por corresponder a un cargo novedoso,
en tanto no fue planteado en la demanda, pues tal como ha señalado la Sección en

26
Consejo de Estado, sentencia del 11 de junio de 2020, exp 21640, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
27
Consejo de Estado, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp. 47719, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28
Samai CE, índice 15, certificado C451783F89BF57F3 87C9EFF3A02D22EF 996F8BF86D71423E E3701955BCF38A97 (pdf), pp. 1 a 9.

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Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

reiteradas oportunidades29, al juez de segundo grado le está vedado estudiar y decidir
cargos nuevos que no fueron planteados en las oportunidades procesales procedentes,
en garantía del derecho al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de la
contraparte, en tanto esta no tuvo la oportunidad de conocer y controvertir el aspecto que
se propone como novedoso. Adicionalmente, se advierte que estando debidamente
integrado el quórum decisorio de la Sección, no será requerida la intervención del conjuez
que había sido designado para el efecto.

Análisis del caso concreto

3- Sostiene el apelante que, contrario a lo analizado por el tribunal, para las vigencias
2015 y 2016 no existía ninguna norma que reglamentara la base gravable de los
trabajadores independientes con contrato diferente al de prestación de servicios. En tal
sentido, el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 -utilizado por el a quo como fundamento de
la decisión-, tampoco resolvía el interrogante respecto de la base gravable aplicable a
tales trabajadores independientes, por cuanto dicha norma solo dispuso que la base no
podría ser inferior a 1 smmlv. Además, señaló que se daba a entender que el mismo
contribuyente era quien establecía su IBC, pues se tomaría el ingreso declarado ante la
entidad a la que esté afiliado.

A tales efectos, adujo que no se tuvo en cuenta la ausencia de reglamentación del artículo
135 de la Ley 1753 de 2015 (exigida por la letra b. del artículo 156 de la Ley 100 de 1993),
lo cual solo fue cumplido hasta el 1 de octubre de 2018 con la entrada en vigor del artículo
3.2.7.6. del Decreto 1273, del 23 de julio de 2018. Por otra parte, alegó que la letra b. del
artículo 156 ejusdem impuso al SSSI una reglamentación previa de las cotizaciones para
hacer exigible la obligación de cotización a cualquier ciudadano, por lo que de no existir
tal reglamentación no serían exigibles los referidos aportes al SPS, pues nadie estaba
obligado a lo imposible. Acotó que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 fue la «primera
norma (…) que permitió (…) el pago vencido de los aportes a seguridad social», pero que solo resultó
aplicable con ocasión del Decreto 1273 de 2018, no siendo los Decretos 3085 de 2007,
510 de 2003 y 1406 de 1999 -que perdieron vigencia-, los reglamentarios del artículo
legal referido. Por ello, resaltó que de las propias normas que citó el tribunal se
evidenciaban los problemas planteados en la demanda y el vacío normativo que existió
respecto de la base gravable de los aportes al SPS de los trabajadores independientes
con contrato diferente al de prestación de servicios, pero que el tribunal solo las enunció
sin analizarlas de fondo.

En la misma línea, aseveró que la inexistencia de una norma que estableciera la base
gravable para los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios fue
reconocida por el consejero Milton Chaves García en el salvamento de voto a la sentencia
del 05 de octubre de 202330. Además, precisó que dicha ausencia reglamentaria solo se
resolvió hasta el año 2022 con el Decreto 1601 de 2022 -que creó el esquema de
presunción de ingresos- y con la Ley 2277 de 2022, pues el artículo 135 de la Ley 153
de 2015 fue declarado inconstitucional mediante la sentencia C-068 de 202031. Cuestionó
la imposibilidad de pagar mes vencido dada la tardía reglamentación del artículo 135
ibidem, lo que fue desconocido por la demandada y el tribunal. Por ello, consideró «…
contundente la vulneración del principio (…) “Nadie está obligado a lo imposible», pues el pago de los
aportes al SPS solo pudo realizarse a partir del 1 de octubre de 2018 con ocasión de la
expedición del Decreto 1273 de 2018 -que incorporó el pago mes vencido de los aportes
29
Sentencias del 26 de julio de 2012 (exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), 28 de noviembre de 2014 y 01 de agosto de 2019 (exps.
19031 y 24074, CP: Jorge Octavio Ramírez); del 19 de febrero y 29 de abril de 2020 (exps. 22748, 23677 y 22085, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez);
del 16 de noviembre de 2023, del 07 de marzo y 20 de junio de 2024 (exps. 27886, 27822 y 28106, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello); y del 08 de
febrero y del 13 de junio de 2024 (exps. 27843 y 27826, CP: Wilson Ramos Girón).
30
Consejo de Estado, sentencia del 05 de octubre de 2023exp. 26673, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
31
Corte Constitucional, sentencia C-068 de 2020, MP: Diana Fajardo Rivera.

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de los independientes sin contrato de prestación de servicios-. Criticó que la demandada
fundamentó el cobro de los aportes con normas reglamentarias no vigentes (decretos
540 de 2003 y 1406 de 1999); las cuales, en todo caso, eran contrarias a los artículos
204 de la Ley 100 de 1993, 6 de la Ley 797 de 2003 y 135 de la Ley 1753 de 2015.

En el otro extremo, la demandada sostuvo que el actor se encontraba en la obligación de
afiliarse y pagar los aportes al SPS. Sobre el particular, defendió que en el período sub
judice el legislador había definido clara y precisamente los elementos del tributo (sujetos
activo y pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa). Aseguró que los artículos 135
de la Ley 1753 de 2015 y 19 y 204 de la Ley 100 de 1993 establecieron los elementos de
los aportes al SPS respecto de los trabajadores independientes por cuenta propia con
contrato diferente al de prestación de servicios para el año 2016, sin que fuese oponible
la falta de reglamentación del sistema de presunción de ingresos.

Por su parte, el a quo compartió los argumentos de la Administración, pues encontró que
los elementos de los aportes al SPS se encontraban determinados respecto de los
trabajadores independientes por cuenta propia sin contrato de prestación de servicios,
para la época de los hechos. Precisó que los sujetos pasivos de las contribuciones
parafiscales referidas eran las personas naturales que percibieran ingresos por la
realización de cualquier actividad económica -como dependiente o independiente-,
iguales o superiores a 1 smmlv; esto es, que detentaran capacidad de pago y que su
base gravable correspondía a los ingresos declarados ante la entidad a la cual se
afiliaran, con la posibilidad de imputar costos y deducciones. Validó la procedencia de los
ingresos base de los aportes determinados por la Administración a partir de la declaración
de renta del 2016 y precisó que, aunque no se aportaron los soportes que dieran cuenta
de las deducciones y costos, la demandada tuvo como probados costos por
$6.069.508.289.

3.1- Previo a abordar el problema jurídico, se advierte que en esta oportunidad la
demandante no reclamó el reconocimiento de costos y gastos diferentes a los
reconocidos por la demandada con ocasión a la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, ni cuestionó la atribución proporcional del remanente de ingresos por
valor de $947.198.167 razón por la que no se pronunciará la Sala sobre tales aspectos.
Así, el análisis se circunscribirá a definir si, como lo afirma la apelante, para el año 2016
la base gravable para efectuar aportes al SPS por parte de los trabajadores
independientes con contrato diferentes al de prestación de servicios, – entre ellos,
aquellos cuya actividad económica era la explotación ganadera-no estaba claramente
definida y, por lo tanto, estos trabajadores no estaban obligados a efectuar tales aportes.

4- A los efectos anteriores, partirá la Sala de señalar que, en virtud de la letra c. del
artículo 14 del Decreto 1406 de 199932, se entiende por trabajador independiente toda
persona natural que «…no se encuentre vinculado laboralmente a un empleador, mediante contrato
de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria ». A modo de contexto, la Sala precisa
que la base imponible para los independientes halla su regulación, en el caso del
subsistema pensional, en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por
los artículos 3 y 6 de la ley 797 de 2003, según los cuales el IBC de los trabajadores
independientes será el equivalente a un valor igual o superior a 1 smmlv, pues la norma
«presupone la existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer
obligatoria su cotización», conforme lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia del 19
de noviembre de 2003 (C-1089/03, MP: Álvaro Tafur Galvis). A partir de ello, la Ley 797
de 2003 precisó que, para trabajadores independientes no vinculados mediante contrato

32
Hoy compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780, del 6 de mayo de 2016.

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de prestación de servicios, la base de cotización correspondería a «los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos ».

Por su parte, el IBC en la cotización al subsistema de salud encuentra su regulación en
el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que conminó al Gobierno a
reglamentar un sistema de presunción de ingresos para la determinación de la base
imponible de los trabajadores independientes, el cual debía basarse en información sobre
el nivel de educación, experiencia laboral, actividades económicas, región de operación
y patrimonio de los individuos. En cumplimiento de lo anterior, fue emitido el artículo 4 del
Decreto 1070 de 1995, que otorgó competencia a la Superintendencia Nacional de Salud
para establecer el citado sistema, lo cual derivó en la expedición de la Resolución 9 de
1996. Después, el artículo 66 del Decreto 806 de 1998 -derogado- detalló que la base de
cotización de los trabajadores independientes se determinaba según el sistema de
presunción de ingresos definido por la Superintendencia de Salud y, en ningún caso,
dicho monto podía ser inferior al 12% de 2 smmlv. Luego, el artículo 25 del Decreto 1406
de 1999 determinó que, al momento de afiliación, las EPS debían aplicar cuestionarios a
los trabajadores independientes para determinar «las bases presuntas mínimas de los aportes
que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS», sin perjuicio de admitir que cuando los
«ingresos reales» del aportante fueran superiores a los resultantes de la aplicación de las
presunciones, «los aportes deben hacerse sobre los ingresos reales».

Posteriormente, en lo que interesa particularmente a este proceso, el legislador reguló
en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 la base de cotización de los trabajadores
independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a la
prestación de servicios que percibieran ingresos mensuales iguales o superiores a 1
smmlv -quienes debían cotizar mes vencido- estableciendo que los aportes se
efectuarían sobre un IBC mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos (sin
incluir el IVA), previa la deducción de las expensas generadas en el desarrollo de la
actividad económica, que cumplieran los requisitos del artículo 107 del ET. Si bien en el
inciso segundo del precepto que se comenta se previó que de resultar el IBC así
determinado, menor al del sistema de presunción de ingresos establecido por el Gobierno
aplicará este último, es lo cierto que en el marco de las normas reseñadas en precedencia
lo prevalente son los ingresos efectivamente percibidos y, a tal fin, la norma debe
interpretarse armónicamente con el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, acorde con el
cual no solo se presume la capacidad de pago cuando el contribuyente sea declarante
del impuesto sobre la renta, sino que cuando existan diferencias entre los valores
declarados ante la DIAN y los aportes al sistema, estos últimos deben ser ajustados.

Respecto de la argumentación del apelante referida a que el artículo 135 de la Ley 1753
de 2015 fue declarado inconstitucional, se aclara que, en efecto, mediante la sentencia
C-219, del 22 de mayo de 2019 (MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez), la Corte
Constitucional hizo tal declaratoria por la violación del principio de unidad de materia, su
efecto fue diferido a las siguientes dos legislaturas y, aunque el precepto fue derogado
por la Ley 1955 de 2019 e incorporado nuevamente en su artículo 24433, lo cierto es que
para la vigencia discutida -2016- este se encontraba vigente y era plenamente aplicable.

5- Bajo el anterior contexto normativo, encuentra la Sala que no son hechos
controvertidos por las partes que el apelante: (i) desarrolla la actividad económica «CIIU
0141 – cría de ganado bovino»34; (ii) no liquidó y pagó aportes al SPS durante el año 2016
correspondientes a los periodos de enero a diciembre de 2016; (iii) declaró en su
autoliquidación del impuesto sobre la renta, correspondiente al año gravable 2016,
33
Esta norma también fue declarada inconstitucional por medio de la sentencia C-068 del 19 de febrero de 2020 (MP: Diana Fajardo Rivera). Actualmente
su regulación está incorporada en el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022. Para la vigencia discutida se encontraba vigente.
34
Samai CE, índice 19, certificado 3EBEFFE01C2BB8A5 0F2850BE0B55F60C 0AA8B1FB02FBC883 2316A5A6A796580B (file) 2 (file) 1 (pdf), p. 24.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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ingresos brutos operacionales por $6.888.191.00035; (iv) el 21 de noviembre de 2019
realizó el pago por $12.865.000 por concepto de aportes al SPS por periodo gravable
2016 (con posterioridad a la liquidación oficial y previo al acto que resolvió el recurso de
reconsideración); (v) que la demandada, durante la discusión administrativa, aceptó la
periodicidad acreditada respecto de ingresos por valor de $5.940.992.883 y distribuyó el
remanente por valor de $947.198.117 proporcionalmente en los 12 meses de 2016, para
un total de ingresos de $6.888.191.005 que correspondían a los ingresos reportados en
la declaración de renta de 2016 (iv) mediante el acto que desató el recurso de
reconsideración, la autoridad aplicó los costos presuntos de la actividad ganadera
[Resolución 209, del 12 de febrero de 2020, en el equivalente al 73.9% aplicado al ingreso
mensual]; sin embargo, a la vez aceptó los mayores valores que por costos acreditó el
actor con soportes, es decir en los períodos en que el valor probado resultó superior al
valor del costo presunto, tomó el valor probado.

Así, en el mes de enero, septiembre, noviembre y diciembre aceptó costos soportados,
mientras que, en los restantes meses, tomó los costos presuntos. Depurados los ingresos
mensualmente con tales costos aplicó el 40% para cuantificar el IBC que terminó siendo
en los meses de enero, septiembre y diciembre equivalente al salario mínimo mensual -
pese a que la depuración dio un resultado negativo, por ser mayores los costos que los
ingresos-, mientras que en los meses de febrero a agosto y octubre el IBC se ubicó en el
tope máximo (25 smmlv) y en el mes de noviembre equivalió a $8.168.287. Advierte la
Sala que el cálculo de los aportes con el IBC determinado en la forma ante descrita es
coincidente con el monto determinado como aportes en la parte resolutiva del acto que
resolvió el recurso de reconsideración.

5.1-De conformidad con lo señalado, la Sala encuentra acreditado que el apelante se
encontraba en la categoría de trabajador independiente con contrato distinto al de
prestación de servicios, que obtuvo ingresos superiores a 1 smmlv durante todos los
periodos del año 2016 y que no declaró y pago sus contribuciones parafiscales durante
dicho lapso, sin que ello sea atribuible a la inexistencia o falta de claridad en la definición
de la base gravable, pues como fue analizado en precedencia, el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015 expresamente determinó la forma de calcular el IBC, norma que pese a su
declaratoria de inconstitucionalidad estuvo vigente para el período fiscalizado, según se
explicó.

Conclusión

6- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de
esta sentencia que para el periodo 2016, los trabajadores independientes con contratos
distintos al de prestación de servicios debían tributar acorde con las previsiones del
artículo 135 de la Ley 1735 de 2015, norma vigente para la época de los hechos.

Costas

7- Por no estar probado en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

35
Samai CE, índice 19, certificado 3EBEFFE01C2BB8A5 0F2850BE0B55F60C 0AA8B1FB02FBC883 2316A5A6A796580B (file) 2 (file) 1 (pdf), p. 27.

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www.consejodeestado.gov.co
19

Radicado: 18001-23-40-000-2021-00068-01 (28464)
Demandante: Víctor Manuel González Tróchez

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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