Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-00-000-2010-00108-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-00-000-2010-00108-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 19001-23-00-000-2010-00108-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación número: 19-001-23-00-000-2010-00108-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A.
E.S.P.- CEC-.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
ES COMPETENTE PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE UNA
DECISIÓN PROFERIDA EN UN JUICIO DE POLICÍA, QUE
BUSCABA DIRIMIR UN CONFLICTO INTER PARTES, PREVIO
UN TRÁMITE REGULADO POR LA LEY, Y EN EL CUAL LA
AUTORIDAD DE POLICÍA SE COMPORTÓ COMO UN TERCERO
IMPARCIAL. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia de 31 de enero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina1, que declaró probada la
excepción de falta de jurisdicción y, en consecuencia, se inhibió
para resolver el litigio planteado.
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En adelante el Tribunal.
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Actora: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
I. ANTECEDENTES
I.1- La COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.,
• CEC-2, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, en adelante CCA, mediante apoderada, presentó
demanda contra el Municipio de Popayán, en la que formuló las
siguientes pretensiones:
PRETENSIONES
“[…] PRIMERA. Que es nulo el Decreto No. 000416 del
30 de septiembre de 2009, “Por medio del cual se
decreta un amparo policivo y se dictan otras medidas”
proferido por el Alcalde Municipal de Popayán.
SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior
declaración, se condene al Municipio de Popayán – Alcaldía
de Popayán, a pagar como indemnización a la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios COMPAÑÍA DE
ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P. – CEC, los
perjuicios materiales que se le causaron con la actuación de
la Alcaldía de Popayán, desde el 4 de octubre de 2009 fecha
desde la que no se tiene la gestión ni la administración del
servicio de distribución y comercialización de energía en el
Departamento del Cauca, hasta que se produzca el laudo
arbitral que dirima las diferencias presentadas entre
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. – CEDELCA S.A.
E.S.P. – CEC, las siguientes sumas:
1. Por concepto de daño emergente, es decir, por los gastos
en que incurrió y debe incurrir CEC S.A. E.S.P., desde el 4
de octubre de 2009, para mantener la operación de la
sociedad hasta la fecha de expedición del laudo arbitral, la
suma que determinen los peritos relacionados con los
siguientes rubros:
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En adelante la CEC.
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Actora: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
• Liquidación y pago de prestaciones sociales al exceso de
trabajadores de la Compañía, al ser asumidas las funciones
de estos, por el personal que designó CEDELCA S.A. E.S.P.
o por el gestor temporal del contrato.
-El valor de adquisición de equipos de oficina y de cómputo,
requeridos para atender su operación.
-El valor de la nómina mensual del personal requerido por
CEC S.A. E.S.P., para atender su funcionamiento desde el 4
de octubre de 2.009.
-El valor del canon mensual del contrato de arrendamiento
que debió suscribir para establecer su sede social u oficinas
de la administración desde el 4 de octubre de 2.009.
-El valor de los servicios públicos de energía eléctrica,
teléfonos, agua e internet, así como el servicio de seguridad
de la infraestructura arrendada para atender el desarrollo
de su objeto desde el 4 de octubre de 2.009.
• El valor de la liquidación de los subcontratos que debió
asumir, que no fueron tomados por el gestor temporal
designado por CEDELCA S.A. E.S.P. o por esta.
• El valor por concepto de STR, SDL y Energía Reactiva
correspondientes al mes de septiembre de 2.009, que fue
recibido por CEDELCA S.A. E.S.P. (APROX. $1.228.000.
000.oo)
-El valor por concepto de STR, SDL y Energía Reactiva
correspondientes a 4 días del mes de octubre de 2.009, que
fue recibido por CEDELCA S.A. E.S.P. (aprox. $152.000.
000.oo)
-El valor por concepto de energía prepagada por CEC S.A.
E.S.P., por el mes de octubre de 2.009.
-El valor que resulte de la conciliación por concepto de
subsidios y contribuciones aplicados al 30 de noviembre de
2.009 recibido por CEDELCA S.A. E.S.P.
-El valor de los ingresos recibidos por CEDELCA S.A. E.S.P.,
correspondientes al fondo de energía social.
-El valor de la liquidación del contrato con la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
-El valor de los intereses generados y pagados CEC S.A.
E.S.P., por la demora en los pagos a subcontratistas y a la
DIAN, generados por el incumplimiento derivado del
desalojo.
2. Por concepto de lucro cesante, o sea por la utilidad que
deja de percibir CEC S.A. E.S.P., definida como el EBITDA,
generado como Administradora y Gestora de la Red de
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica en el
Departamento del Cauca, desde el 4 de octubre de 2.009,
hasta la expedición del laudo arbitral que dirima las
diferencias contractuales entre las partes, la suma que se
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Actora: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
determine mediante dictamen pericial, tomando como base
los ingresos mensuales derivados de la facturación y
recaudo del servicio público de energía eléctrica.
TERCERA. Que se ordene al MUNICIPIO DE POPAYÁN –
ALCALDÍA DE POPAYÁN dar cumplimiento a la sentencia que
ponga fin a este proceso dentro del término señalado en el
artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTA. Que se condene al MUNICIPIO DE POPAYÁN –
ALCALDÍA DE POPAYÁN, a pagar sobre el valor total de las
sumas indemnizatorias a que fuere condenada intereses en
los términos del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.
QUINTA. Que se condene al MUNICIPIO DE POPAYÁN –
ALCALDÍA DE POPAYÁN, a pagar las costas y gastos del
presente proceso. […]”.
I.2- Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora,
adujo los siguientes hechos:
1. El 7 de octubre de 2008, la CEC, en calidad de gestor
(contratista) y la EMPRESA CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA
S.A., – CEDELCA E.S.P.3-, suscribieron contrato “para la gestión,
ampliación, rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo
de la infraestructura del servicio y demás actividades necesarias
para la prestación de los servicios de distribución y comercialización
de energía eléctrica en el Departamento del Cauca – Concurso
Público No. 001- CEDELCA – 2.008”, el cual inició el 1o. de
diciembre de 2008.
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En adelante CEDELCA.
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Actora: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
2º. Mediante comunicación de 9 de septiembre de 2009, el Agente
Especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para CEDELCA S.A. E.S.P. comunicó a la actora la
terminación unilateral del contrato de gestión, con fundamento en
su cláusula 20.
3º. La actora, a través de oficio de 9 de septiembre de 2009,
planteó a CEDELCA la posibilidad de darle aplicación a las cláusulas
22 y 23 del contrato de gestión, relativas al procedimiento de
resolución de conflictos, en el sentido de designar amigables
componedores para dirimir las diferencias o controversias surgidas
en relación con el presunto incumplimiento contractual y, en su
defecto, acudir a la conformación de un Tribunal de Arbitramento
designado por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., a quien se le
sometería su decisión.
4º. El 10 de septiembre de 2009, el Agente Especial designado por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para
CEDELCA, requirió a la demandante, el cumplimiento de lo
estipulado en el literal f)4 de la cláusula 20.3 del contrato de
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Dicho literal establece: “[…] El mismo día en que se declare la terminación del Contrato, cualquiera
que sea su causa, el Gestor se obliga a entregar los Activos del Gestor y la Infraestructura a CEDELCA
sin que pueda alegar derecho de retención alguno o no entrega de los activos y la Infraestructura por
cualquier otra causa. […]”.
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gestión, en el sentido de que se procediera a la entrega inmediata
de los activos del gestor y de la infraestructura a CEDELCA, a
través de su operador transitorio ETA SERVICIOS S.A. E.S.P.
5º. El 22 de septiembre de 2009 y sin haberse agotado la etapa
contractual prevista en las cláusulas 22 y 23 del contrato de
gestión, consistente en la designación de los amigables
componedores por parte de CEDELCA, el Agente Especial designado
por la mencionada Superintendencia requirió a la actora el
cumplimiento de lo previsto en el literal f) de la cláusula 20.3 del
contrato, esto es, la entrega de los activos del gestor y la
infraestructura.
6º. El Agente Especial Interventor de CEDELCA, mediante petición
de 28 de septiembre de 2009, con fundamento en el artículo 29 de
la Ley 142 de 11 de julio de 19945, solicitó a la Inspección de
Policía de Popayán el amparo policivo de los bienes inmuebles de
CEDELCA.
7º. El Inspector Urbano de Policía Municipal de Popayán, a través
de oficio núm. 488 de 30 de septiembre de 2009, comunicó a la
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“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
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Personería Municipal que el procedimiento solicitado por el agente
interventor debe ser adelantado por el alcalde municipal de
Popayán.
8º. Mediante oficio de 30 de septiembre de 2009, el agente
especial de CEDELCA solicitó al alcalde de Popayán, con
fundamento en el artículo 29 de la Ley 142, el amparo policivo con
el fin de obtener del gestor la restitución de la infraestructura y los
activos, al no atender la actora la obligación de entregar dichos
bienes como resultado de la terminación del contrato de gestión, y
porque, a su juicio, se estaba generando el entorpecimiento de la
prestación del servicio de energía eléctrica, poniendo con ello en
grave riesgo los activos de propiedad de CEDELCA.
9º. El 30 de septiembre de 2009, el alcalde encargado de Popayán,
con fundamento en el artículo 29 de la Ley 142, expidió el Decreto
núm. 000416, “Por medio del cual se decreta un amparo policivo y
se dictan otras medidas”, en el cual dispuso, en su parte resolutiva,
la práctica de una inspección ocular en las instalaciones de la sede
principal de CEDELCA, donde se encuentra ubicada la sociedad
actora, con el objeto de verificar la situación.
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10º. En la misma fecha, a las 5:50 p.m., en el despacho de la
Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria del municipio de
Popayán, se inició la diligencia de inspección ocular, ordenada en el
Decreto núm. 000416 acusado, en la sede principal de la actora.
La secretaria general de la CEC se opuso a su realización, al
considerar que la compañía se encuentra en las instalaciones en
virtud del contrato de gestión, cuyo objeto involucra el
arrendamiento de la infraestructura y que el amparo policivo no es
el procedimiento idóneo para acceder a lo que se pretende.
11º. El 1o. de octubre de 2009, la demandante, con fundamento en
un derecho de petición, solicitó al Alcalde municipal de Popayán,
información sobre los fundamentos fácticos y jurídicos que dieron
lugar a la diligencia de inspección ocular, así como la cesación del
procedimiento de amparo policivo, toda vez que no se presentaban
actos que entorpecieran o amenazaran perturbar el ejercicio de los
derechos de CEDELCA, por cuanto la CEC era la prestadora del
servicio público de energía eléctrica hasta la fecha; sin embargo no
fue resuelto dicho derecho de petición.
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12º. El 4 de octubre de 2009 se llevó a cabo la diligencia de
desalojo en la CEC, y el sellamiento de las instalaciones con sellos
de la compañía de vigilancia SERVAGRO.
13º. Desde el 4 de octubre de 2009, la actora no tiene la gestión,
ni la administración, ni la prestación de los servicios de distribución
y comercialización de energía eléctrica en el departamento del
Cauca, a pesar de que el término de duración del contrato era de
20 años, contados a partir del acta de entrega.
I.3- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los
artículos 6º y 29 de la Constitución Política; 84 y 85 del Código
Contencioso Administrativo; y 29 de la Ley 142.
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
Sostuvo que procede la nulidad del acto administrativo cuando haya
sido expedido por funcionario u organismo incompetente, pues el
origen del procedimiento policivo ejecutado radica en que la
terminación unilateral del contrato planteó para las partes una
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controversia sobre el presunto incumplimiento de este, que debía
ser resuelto mediante el procedimiento de resolución de conflictos
establecido en la cláusula 22 del Contrato de Gestión.
Señaló que si la causa de la no entrega de los activos y de la
infraestructura radicaba en una controversia sobre el desarrollo del
contrato por un presunto incumplimiento que debía ser resuelto por
la justicia arbitral u ordinaria, no podía ser decidido por una acción
policiva, so pena de estar actuando sin competencia para ello, como
ocurrió en el presente caso.
Expresó que al expedirse el Decreto núm. 000416 de 2009
acusado se resolvió una situación contractual por vía de actuación
policiva, con lo que se invade otra jurisdicción con absoluta carencia
de competencia para ello.
Adujo que la tenencia legal de que era titular la CEC, de los activos
y de la infraestructura era invulnerable y le confería el derecho a
permanecer en ella hasta cuando se resolviera la controversia
contractual, por vía de un tribunal de arbitramento, para que fuera
este quien determinara si se venía o no presentando un
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cumplimiento en la ejecución del contrato, pues así se acordó en el
mismo.
Indicó que la vía policiva no podía resolver o definir esta
controversia mediante la concesión de un amparo policivo, que sólo
tiene por objeto la restitución del “statu quo”, pues no tenía
competencia para ello.
Anotó que las controversias contractuales tienen su propia
jurisdicción, ya sea la ordinaria o la arbitral, y en el presente caso
para decidir si se presentaba un incumplimiento del contrato.
Manifestó que el amparo policivo se concedió arbitrariamente y sin
motivación, por cuanto los supuestos de hecho necesarios para su
concesión no se cumplían, pues la ocupación, a que se refiere el
artículo 29 de la Ley 142, requiere necesariamente que se dé
contra la voluntad o sin el consentimiento de la empresa de
servicios públicos; que se hubiere llevado a cabo por particulares; y
la existencia de actos que entorpezcan o amenacen perturbar el
ejercicio de sus derechos.
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Advirtió que en ningún aparte del decreto acusado que se
demanda, se verifica la ocurrencia de alguna de estas situaciones
para alegar ocupación, toda vez que la ocupación implica la
realización de actos por parte del ocupante con las características
indicadas.
Anotó que la tenencia y la ocupación de los inmuebles se derivaba
de un derecho del gestor adquirido por virtud de un contrato
válidamente celebrado y no por una situación de ocupación de
hecho, clandestina, violenta o de mala fe, que son los elementos
constitutivos de la ocupación a que se refiere el artículo 29 de la
Ley 142, fundamento para la procedencia del amparo policivo.
Alegó que al no verificarse por parte del alcalde de Popayán el
hecho de la ocupación, que debe ser previo al amparo con que se
busca restablecer el statu quo, no existió motivación en la
expedición del Decreto núm. 000416 de 2009 acusado.
Señaló que fue violado el derecho al debido proceso de la actora,
con la actuación adelantada por la alcaldía de Popayán, en la
concesión del amparo policivo solicitado por CEDELCA, por cuanto
no se le dio la oportunidad de controvertir la manifestación de
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CEDELCA sobre la negativa a la devolución de infraestructura y los
activos, alegada en la solicitud del amparo policivo; no se probó la
ocupación de los inmuebles de propiedad de CEDELCA, sin su
consentimiento o contra su voluntad; no se le dio oportunidad de
controvertir ese hecho; no se probó la amenaza o perturbación en
la prestación del servicio de energía eléctrica, no se le dio la
oportunidad de pronunciarse; no se tuvieron en cuenta las pruebas
que solicitó la opositora, ni se concedieron los recursos de
reposición y apelación, ni se dio trámite a la oposición de desalojo.
I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1. El MUNICIPIO DE POPAYÁN, mediante apoderado, contestó la
demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo,
en esencia, lo siguiente:
Que el contrato de gestión fue terminado por CEDELCA desde el 9 de
septiembre de 2009, fecha a partir de la cual surge la obligación de
reintegrar los bienes, tal y como lo disponía el mismo contrato; por lo
tanto, el municipio solo fue un garante del cumplimiento de esta
entrega para garantizar la prestación del servicio público.
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Señaló que no hay explicación alguna que justifique que el municipio
deba responder por una utilidad que no se iba a causar, ya que el
contrato había sido terminado por la entidad contratante (persona
distinta al municipio).
Explicó que la medida policiva se realizó por petición de CEDELCA,
como consecuencia de la terminación del contrato, hecho del cual fue
ajena el ente territorial, a quien se pretende reclamar la indemnización
de perjuicios.
Adujo que la discusión de la utilidad dejada de percibir hasta la
constitución del tribunal de arbitramento es estrictamente contractual,
no es atribuible a terceros, razón por la cual el municipio carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues el amparo policial no es la
forma de terminación anormal, sino, una medida consecuencial del
mismo ante la renuencia del excontratista a restituir los bienes afectos
al servicio.
Aclaró que se discute una medida policiva, adoptada mediante el
Decreto núm. 000416 de 2009, acto por medio del cual se adoptó
un amparo policivo, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 142 y
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el Decreto 2239 de 16 de junio de 20096, en el cual se establece el
procedimiento para adelantar las solicitudes de amparo policivo
promovida por las empresas de servicios públicos.
Indicó que, siendo una medida policiva expedida por autoridad
administrativa, no pueden ser juzgadas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, toda vez que el acto acusado tiene
naturaleza jurisdiccional de conformidad con el artículo 82 del CCA.
Alegó que los daños que se llegaren a causar por la medida policiva
dan lugar a una acción de reparación directa, la cual eventualmente
podría tener como título de imputación el error judicial, por lo que
propuso la excepción de acción inadecuada para indemnización de
presuntos perjuicios.
Precisó que el Decreto núm. 000416 de 2009, por el cual adopta
una medida o amparo policivo, no puede ser cuestionado por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que no es la
competente para analizar la legalidad del acto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 82 del CCA.
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“Por el cual se establece el procedimiento para adelantar las solicitudes de amparo policivo
promovidas por las empresas de servicios públicos”.
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I.4.2. CEDELCA, mediante apoderado, también contestó la demanda y
para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia,
lo siguiente:
Que no se puede reconocer bajo ningún concepto perjuicios materiales
derivados del contrato de gestión suscrito, debido a que el
procedimiento policivo es de exclusiva órbita del municipio de Popayán.
Señaló que entre CEDELCA y la actora existe una cláusula
compromisoria. que excluye el ejercicio a la justicia ordinaria frente a
un eventual litigio entre ellas, por lo que a la fecha aún se encuentra
en el tribunal de arbitramento, que dirime el incumplimiento de dicha
actora frente a CEDELCA, tendiente a hacer efectivo el reconocimiento
de la cláusula penal.
Indicó que las pretensiones formuladas por la demandante son
totalmente inoponibles a CEDELCA, toda vez que se encuentra en
curso, ante el tribunal de arbitramento, el litigio que se reclama dentro
del presente proceso.
Expresó que la actora solicitó la nulidad del Decreto núm. 000416 de
30 de septiembre de 2009 y del procedimiento policivo realizado en
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razón a la legítima fuerza pública usada el 4 de octubre de 2009; sin
embargo, dicha conducta se desplegó dentro del proceso ejecutado por
el municipio de Popayán.
Propuso las siguientes excepciones:
-Falta de legitimidad por pasiva, al estimar que las pretensiones de la
demanda guardan estricta correspondencia con la demanda que la
actora presentó en su contra ante el tribunal de arbitramento. Además,
la actuación de CEDELCA fue en ejercicio de lo dispuesto en el artículo
29 de la Ley 142, el cual le compete exclusivamente su trámite al
municipio de Popayán, dentro del marco del procedimiento policivo.
-Non bis in ídem, toda vez que se adelantan dos procesos por los
mismos hechos, aunque la demanda de conocimiento arbitral dirime,
entre otros aspectos, el ajuste al debido proceso de la terminación
unilateral del contrato de gestión suscrito entre CEDELCA y la
demandante.
-Falta de jurisdicción y/o competencia del Tribunal Contencioso
Administrativo para pronunciarse frente a CEDELCA por existencia de
cláusula compromisoria en el contrato de gestión, por cuanto la
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cláusula compromisoria nace de la voluntad de las partes con el fin de
excluir la jurisdicción, remitiendo las situaciones litigiosas a la decisión
de particulares.
-Total acatamiento y respeto del debido proceso en el procedimiento de
amparo policivo, ya que el municipio de Popayán respetó el derecho de
defensa y debido proceso de la CEC, dentro del procedimiento policivo
adelantado.
-Inexistencia de nexo causal, al considerar que el desalojo decretado
por el alcalde del municipio de Popayán no es del resorte de CEDELCA
S.A. E.S.P.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 31 de enero de 2025, el TRIBUNAL declaró
probada la excepción de falta de jurisdicción y, en consecuencia, se
inhibió para resolver el litigio planteado, al considerar que en el
caso bajo estudio no se supera el presupuesto de procedibilidad
para el estudio de fondo de las pretensiones de nulidad, por cuanto
el Decreto núm. 000416 de 30 de septiembre de 2009, “Por
medio del cual se decreta un amparo policivo y se dictan otras
medidas”, expedido por el Alcalde Municipal de Popayán, no es
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pasible de ser demandado ante la jurisdicción contencioso
administrativa, por tratarse de un acto expedido en un juicio de
policía, “lo que claramente excepciona su conocimiento y fallo por
esta jurisdicción”7.
Para el efecto, el a quo razonó así:
Señaló que el artículo 82 del CCA establece el objeto de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la misma “no
juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley”.
Indicó que la actora pretende se declare la nulidad del Decreto
000416 de 30 de septiembre de 2009, mediante el cual el
alcalde municipal de Popayán, a solicitud de CEDELCA, decretó el
amparo policivo establecido en el artículo 29 de la Ley 142.
Precisó que las decisiones emitidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley no son susceptibles de control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin desconocer que
unos son los actos administrativos de autoridades de policía y otros
7
No hubo pronunciamiento del Tribunal de primera instancia con respecto a las demás excepciones
propuestas.
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los judiciales.
Frente a los actos administrativos de autoridades de policía y los
actos judiciales, trajo a colación la sentencia de la Sección Tercera8,
en la que se puntualizó:
“[…] Los actos administrativos de las autoridades de policía
son los tendientes a la preservación del orden, la
tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones
económicas de convivencia social, los cuales por su
naturaleza están sujetos al control judicial de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Respecto al segundo tipo
de actos, los judiciales de las autoridades de policía, señaló
que se diferencian totalmente de los anteriores por cuanto
se expiden en función judicial y para dirimir un conflicto.
[…]”.
Afirmó que se constata que el Decreto núm. 000416 de 30 de
septiembre de 2009 fue expedido para dar solución al conflicto
planteado por CEDELCA, en cumplimiento del artículo 29 de la ley
142 de 1994, con el fin de obtener la restitución de la
infraestructura y los activos que se encontraban a cargo de la CEC,
en virtud de un contrato de gestión que había sido terminado
unilateralmente por parte de CEDELCA.
Sostuvo que los juicios de policía tienen naturaleza jurisdiccional
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”,
sentencia de 29 de julio de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, núm. único de radicación 2000-
01481-01 (27088).
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porque cumplen la función de dirimir un conflicto. Los amparos
policivos posesorios resuelven una controversia suscitada entre
particulares en relación con la perturbación del status de un sujeto
respecto de la posesión o tenencia de bienes. Por ello, representan
un “remedio” de carácter temporal, que se mantiene mientras el
juez civil no decida otra cosa, y, por ello, las providencias que se
profieran en el marco de esos juicios no son objeto de control de la
jurisdicción contencioso administrativo.
Precisó que de conformidad con en el inciso 3° del artículo 82 CCA,
modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 1º
de la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de
policía regulados especialmente por la ley, exclusión que se
mantuvo en el numeral 3 del artículo 105 del CPACA, en los mismos
términos del CCA.
Advirtió que, si bien la demandante presentó demanda, en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para dirimir
un conflicto que le causó un perjuicio; no obstante, por disposición
legal, el litigio planteado no es pasible de discutirse ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que la
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decisión emitida por el alcalde del municipio de Popayán fue
adoptada dentro de un proceso jurisdiccional de policía.
Concluyó que, teniendo en cuenta el carácter jurisdiccional del
proceso policivo surtido por la administración del municipio de
Popayán, el Decreto núm. 000416 de 30 de septiembre de
2009 goza de la misma condición, por lo que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en ese
juicio, según lo previsto en el inciso 3° del artículo 82 del CCA.
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, acceder a las pretensiones contenidas en la
demanda.
Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:
Adujo que jamás existió una actuación jurisdiccional por parte de la
Alcaldía de Popayán, quien desde un principio violó el debido
proceso y sus derechos fundamentales, al generar un acto
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administrativo, esto es, el Decreto núm. 000416 de 30 de
septiembre de 2009.
Indicó que el a quo erró, al determinar dicho acto se expidió en un
juicio policivo, sin verificar los hechos y calidad de las personas
intervinientes en la actuación, las cuales son personas privadas que
desarrollan funciones propias de los órganos del Estado, como la
prestación del servicio público de energía, la cual sí es de
conocimiento de lo contencioso administrativo, en virtud del inciso
primero del artículo 82 del CCA.
Expresó que la administración municipal de Popayán no actuó en
función del poder policivo, sino en ejecución de sus competencias
administrativas, razón por la cual el Decreto núm. 000416 de 30
de septiembre de 2009 es un acto administrativo, el cual es
susceptible que su competencia sea de la jurisdicción contencioso
administrativa.
Señaló que la Alcaldía Municipal de Popayán desbordó el sentido
jurídico y jurisdiccional del amparo policivo, pues los actos y hechos
narrados en la solicitud de la medida de CEDELCA no eran de su
competencia funcional y jurisdiccional, en virtud del contrato
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suscrito entre CEDELCA y la actora, ya que el conflicto suscitado
versa sobre aspectos contractuales que impiden el conocimiento y
desarrollo dentro del juicio policivo, el cual tampoco ocurrió.
Advirtió que se pretendió dar apariencia de una actuación
jurisdiccional a un acto administrativo, para así desconocer los
derechos de las garantías emanadas de un contrato de gestión,
ampliación, rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo
de la infraestructura del servicio y demás actividades necesarias
para la prestación de los servicios de distribución y comercialización
de energía en el departamento del Cauca, ejecutadas por la actora,
consignando en ese acto una falsa motivación y una presunta
falsedad ideológica en documento público, por tratarse de un acto
administrativo disfrazado de acto jurisdiccional.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. La parte actora, en la oportunidad pertinente, presentó
alegatos de conclusión en los cuales, en síntesis, reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
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IV.2. En esta etapa procesal, el Municipio de Popayán, CEDELCA
S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del Decreto
núm. 000416 de 30 de septiembre de 2009, expedido por el
alcalde Encargado de Popayán, “Por medio del cual se decreta un
amparo policivo y se dictan otras medidas”.
El Tribunal declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y,
en consecuencia, se inhibió para resolver el litigio planteado, al
considerar que el Decreto núm. 000416 acusado no es pasible
de ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa,
por tratarse de un acto expedido en un proceso policivo de carácter
judicial, “lo que claramente excepciona su conocimiento y fallo por
esta jurisdicción”.
Por su parte, la parte actora adujo que la administración municipal
de Popayán no actuó en función del poder policivo, sino en
ejecución de sus competencias administrativas, razón por la cual, el
Decreto núm. 000416 de 2009 acusado es un acto
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administrativo, el cual es competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa.
Asimismo, señaló que el a quo erró al determinar que dicho acto se
expidió en un juicio policivo sin verificar los hechos y calidad de las
personas intervinientes en la actuación, las cuales son personas
privadas que desarrollan funciones propias de los órganos del
Estado, como la prestación del servicio público de energía, la cual sí
es de conocimiento de lo contencioso administrativo, en virtud del
inciso primero del artículo 82 del CCA.
Precisado lo anterior, es del caso advertir que la Sala es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra los fallos de primera instancia en aquellos temas que
constituyeron la oposición específica a la decisión de los Tribunales.
De este modo, el estudio y la competencia del fallador de segunda
instancia se limitará a examinar los reproches invocados en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia.
V. ACTO DEMANDADO
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En el presente asunto es cuestionado el siguiente decreto:
“[…] DECRETO No. 000416 DEL 2009
(30 SEPTIEMBRE DE 2009)
EL ALCALDE ENCARGADO DE POPAYÁN en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas en el artículo 29 de la ley 142 de 1994 y,
CONSIDERANDO
El Artículo 29 de la ley 142 de 1994, estipula: "Amparo
Policivo. Las autoridades nacionales, departamentales y
municipales, tanto civiles como de policía, inmediatamente
se lo solicite una empresa de servicios públicos, le
prestarán su apoyo para hacer que se le restituyan
los inmuebles que los particulares hayan ocupado
contra la voluntad o sin conocimiento de la empresa;
o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen
perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos.
La autoridad respectiva ordenará el retiro de los
ocupantes del inmueble o el cese de la perturbación,
o de la amenaza de ella, conminando a los perturbadores
con multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos
mensuales, por cada semana o fracción de demora
transcurrida desde la fecha de la respectiva resolución, y sin
perjuicio de otras medidas previstas en las leyes. En todo
caso, en ejercicio de tales procedimientos, se respetará el
principio del debido proceso garantizado por el artículo 29
de la Constitución Política”.
Por oficio de fecha 30 de septiembre del año en curso, la
Dra. María Teresa Cabarico Almario, Agente Especial,
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA SA. ESP.-CEDELCA
S.A. ESP., solicita con fundamento en el artículo 29
antes citado, el amparo policivo inmediato, consagrado
en dicha norma, con el fin de obtener del Gestor la
restitución de la Infraestructura y los Activos, que
actualmente están en manos de la compañía DE
ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. ESP -CEC.
La petición la sustenta, entre otros en los siguientes
aspectos:
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• "CEC no ha atendido la obligación de entregar dichos
bienes, consecuencia de la terminación del Contrato de
Gestión suscrito con CEDELCA S.A. ESP., contenida en las
cláusulas 20.3, literal f) y 4.8 del mismo, hecho que está
generando el entorpecimiento de la prestación del servicio
de energía eléctrica, poniendo con ello en grave riesgo los
activos propiedad de CEDELCA S.A. ESP., y el suministro de
energía a los usuarios finales.
• Es de resaltar que es un hecho notorio y de público
conocimiento que la negativa de CEC a entregar los bienes
de propiedad de CEDELCA, conduce a la afectación de la
prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica, el cual como todos los servicios públicos
domiciliarios goza de protección especial de conformidad
con las normas de carácter constitucional y legal que
regulan la materia; lo que hace imprescindible la inmediata
y efectiva acción de protección del amparo policivo, con el
fin de salvaguardar los derechos ciudadanos a tener
garantizada la efectiva y eficiente prestación de este
servicio”.
Es competencia del Alcalde como representante legal del
Municipio, hacer cumplir la constitución y la ley, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 de la
Constitución Política.
En virtud de lo anterior,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la práctica de una
inspección ocular a las instalaciones de la sede principal de
CEDELCA S.A. ESP., donde actualmente se encuentra
ubicado CEC S.A. ESP., la cual se realizará a través de la
Secretaria de Gobierno, con el objeto de verificar la
situación.
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez surtida la práctica de la
Inspección ocular, ordénese el amparo policivo establecido
en el artículo 29 de la Ley 142 de 1994.
ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia, ordénese de
manera inmediata a la compañía DE ELECTRICIDAD DEL
CAUCA SA. ESP -CEC., el cese de la perturbación
efectuada, restituyendo la Infraestructura y los
Activos, a CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. ESP. -
CEDELCA S.A. ESP. […]”. (Destacado fuera de texto).
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V.2. PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala determinar si, con base en los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, es procedente revocar la
sentencia de 31 de enero de 2025, mediante la cual el a quo
declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y, en
consecuencia, se inhibió para resolver el litigio planteado, al
considerar que el Decreto núm. 000416 de 30 de septiembre
de 2009 acusado no es objeto de control ante la jurisdicción
contencioso administrativa, en tanto que se trata de una decisión
proferida en un juicio de policía regulado especialmente por la ley,
o, si por el contrario, se debe asumir el conocimiento del decreto
demandado.
DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA CONOCER DE LAS
DECISIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES DE POLICÍA
Las autoridades policivas (como las inspecciones, alcaldes o
gobernadores) por regla general ejercen funciones propiamente
administrativas, inherentes al poder de policía del cual se
encuentran investidas, dentro de los precisos límites legales. Sus
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actos están sujetos al control jurisdiccional, como cualquier acto
administrativo.
Excepcionalmente actúan en función jurisdiccional, cuando dirimen
los procesos civiles de policía dirigidos a amparar la posesión, la
tenencia o la servidumbre, eventos en los cuales, sus actos
constituyen decisiones de naturaleza jurisdiccional, proferidas por
funcionarios administrativos –de policía-, en ejercicio de funciones
excepcionalmente atribuidas al poder ejecutivo que, por ser de
carácter judicial, escapan al control de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Sobre el particular, cabe mencionar que el artículo 82, inciso 3, del
CCA (hoy artículo 105, numeral 3, del CPACA)9 establece que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las
decisiones proferidas en juicios civiles de policía
especialmente regulados por la ley.
Frente a este aspecto, en sentencia de 8 de marzo de 200710, la
9
“[…] Artículo 105. Excepciones
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:
[...]
3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. […]”.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de
marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, núm. único de radicación 15883.
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Actora: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
Sección Tercera señaló:
“[…] La jurisprudencia de la Sección Tercera en distintos
pronunciamientos ha determinado que los juicios civiles
de policía y especialmente el amparo policivo
posesorio11 tienen carácter judicial; igualmente ha
diferenciado entre la función propiamente administrativa
que cumplen las autoridades de policía y la función judicial
ejercida por las mismas. En igual sentido se ha pronunciado
la Corte Constitucional12; en sus diferentes fallos ha
reiterado que los juicios civiles de policía, iniciados para
protección del “statu quo”, constituyen manifestaciones del
poder judicial del Estado.
Bajo este contexto es claro que cuando las autoridades
policivas adelantan un juicio de lanzamiento, actúan en
función jurisdiccional, como un verdadero juez, quien actúa
imparcialmente frente a los intereses opuestos de las partes
en conflicto.
Pero cuando la controversia que se suscita por la ocupación
de hecho se traba no entre dos particulares, como es lo
usual, sino entre un particular y la propia entidad pública
municipal y es esa misma Administración quien adelanta el
juicio de lanzamiento para recuperar el bien de su propiedad,
cabe preguntar si tal actuación es de carácter judicial y si, en
consecuencia, escapa al control jurisdiccional?
La respuesta debe ser negativa, por cuanto en este evento, la
Administración no actúa en ejercicio de competencias
jurisdiccionales, sino como autoridad administrativa en
ejercicio del poder de policía; en consecuencia, dichos actos
están sometidos a control jurisdiccional, el cual se ejerce por
parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal
como lo sostuvo la Sección Tercera del Consejo de Estado en
asunto similar, referido a la restitución de un bien de uso
público, cuyos apartes pertinentes se transcriben a
continuación:
11
Sentencias dictadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado de 3 de mayo de 1990; Exp.
5.911; de 5 de mayo de 1995, Exp. 3130 y de 5 de septiembre de 1996, Exp. 3960 de 1996.
12
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias dictadas por la Corte Constitucional: T-
048 del 14 de febrero de 1995; T - 289 del 5 de julio de 1995; T-149 del 23 de abril de 1998; T- 127
del 1 de marzo de 1999 y T- 629 del 30 de agosto de 1999.
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“3º. Así las cosas, observa la sala que en el caso de autos
no se trata de juicios policivos, pues no hay conflicto
entre dos partes que sea dirimido por la autoridad
policiva, como bien puede suceder en los amparos
posesorios. En el evento de restitución de bienes de uso
público, la autoridad administrativa no actúa como juez,
entendiendo esta institución en su sentido lato, es decir
como aquella que dirime imparcialmente,
controversias entre dos partes que persiguen
intereses opuestos.
4º. Estando claro que en el presente evento no se trata de
un juicio policivo, procede ahora definir a quién compete el
conocimiento de los conflictos que por dichas actuaciones se
originan entre un particular y el Estado. Estima la Sala que
dicha competencia corresponde a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues esta se halla precisamente
instituida, entre otras cosas, para “juzgar las controversias
y litigios administrativos originados en la actividad de las
entidades públicas (…)”13 (Negrilla por fuera del texto
original) […]” (Destacado fuera de texto).
Dicha posición fue reiterada en sentencia de 25 de mayo de 201114
por la Sección Tercera, de la siguiente manera:
“[…] De conformidad con lo anterior, el artículo 82 del
Código Contencioso Administrativo establece que dicha
jurisdicción “no juzga las decisiones proferidas en juicios de
policía regulados especialmente por la ley”. Lo cual se
explica por cuanto dichas “autoridades dirimen
conflictos jurídicos entre particulares y, por tanto,
ejercen materialmente una función jurisdiccional,
aunque con carácter provisional, mientras el juez ordinario
adopta una decisión definitiva”15 (Negrilla fuera del texto)
Así, tradicionalmente se ha entendido que “las
providencias dictadas en juicios de policía
13
Providencia citada por e doctor Carlos Betancur Jaramillo, en la obra Derecho Procesal
Administrativo, Sexta Edición, Señal Editora, Medellín, 2002, Pág. 119.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 25 de mayo de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, núm. único de radicación
15001-23-31-000-2001-00819-01 (23916).
15
Ibídem.
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constituyen verdaderas excepciones en cuanto las
funciones de las autoridades administrativas. Las
resoluciones de policía en estos casos no son actos
administrativos, constituyen decisiones de naturaleza
jurisdiccional, proferidas por funcionarios
administrativos – de policía-, en ejercicio de
funciones excepcionalmente atribuidas al poder
ejecutivo. En esta medida se justifica su no control por
parte de la jurisdicción contencioso administrativa, y se
explica por consiguiente la no violación al principio del
control a la legalidad de los actos administrativos”16
(Negrilla fuera del texto)
En tal sentido, en la sentencia T-418 de 1998 la Corte
Constitucional estableció lo siguiente:
“2.2. Esta consagrado en la legislación (art. 82 C.C.A.), y
así lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia que cuando
se trata de procesos policivos para amparar la
posesión, la tenencia o una servidumbre, las
autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y
las providencias que dicten son actos jurisdiccionales,
excluidos del control de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y no actos
administrativos”17 (Negrilla fuera del texto) […]”.
(Destacado fuera de texto).
Y en sentencia de 28 de febrero de 202018, la Sección Tercera
puntualizó lo siguiente:
“[…] De conformidad con la jurisprudencia constitucional19,
esta Subsección ha entendido que la exclusión del
16
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 1ª Ed., 2004, p. 86.
17
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-149 de 1998.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 28 de febrero de 2020, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, núm. único de radicación:
25000-23-26-000-2007-00527-01(46791).
19
“2.1.7 Sin embargo, no todas las actuaciones emprendidas por la Rama Ejecutiva en ejercicio de la
función de policía, tienen control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tanto las
decisiones adoptadas en desarrollo de juicios de policía de naturaleza civil, como cuando se interviene
en asuntos destinados a amparar provisionalmente la posesión, la tenencia o una servidumbre o los
asuntos de carácter penal, se encuentran expresamente excluidos de dicho control en virtud de lo
dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo , según el cual tal Jurisdicción
carece de competencia para juzgar las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía
regulados por la ley. Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que, en estos casos, las medidas de
policía son de efecto inmediato en punto a evitar que se perturbe el orden y la tranquilidad pública.
Se trata de medidas de carácter precario y provisional, cuya única finalidad es devolver el statu quo
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juzgamiento de las decisiones proferidas en juicios policivos
se justifica en cuanto:
“Los juicios de policía tienen naturaleza jurisdiccional
porque cumplen la función de dirimir un conflicto. Los
amparos policivos posesorios resuelven una
controversia suscitada entre particulares en relación
con la perturbación del status de un sujeto respecto
de la posesión o tenencia de bienes. Por ello,
representan un ‘remedio’ de carácter temporal, que
se mantiene mientras el juez civil no decida otra cosa,
y, por ello, las providencias que se profieran en el
marco de esos juicios no son objeto de control de la
jurisdicción contencioso administrativa”20-21.
En este orden de ideas, el artículo 82 del Código
Contencioso Administrativo aparta al juzgador de lo
contencioso-administrativo, del juicio a las decisiones de
carácter jurisdiccional proferidas en procesos policivos, en
cuanto estas tienen un carácter provisional22 y no hacen
tránsito a cosa juzgada material, por lo que el daño que
pudieran producir no tiene un carácter definitivo. No ocurre
lo mismo, sin embargo, cuando el daño proviene de la
inejecución de la medida policiva, que no constituye una
decisión jurisdiccional, sino una actuación administrativa
para su cumplimiento23.
[…]
3.1.5. En definitiva, en este asunto, la parte actora no
cuestiona la inejecución de la orden proferida en un
procedimiento policivo de lanzamiento, lo que constituye la
omisión de una actuación administrativa, sino una decisión
de carácter jurisdiccional adoptada por las
autoridades de administrativas en un procedimiento
policivo de lanzamiento, la cual es un acto
mientras el juez ordinario competente para decidir sobre la titularidad de los derechos reales en
controversia, decide definitivamente sobre ellos. Por esta razón, la doctrina ha afirmado que estas
decisiones hacen tránsito a cosa juzgada ‘formal’”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-241 de
2010.
«20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de mayo de 2011, Rad. 23.916
[fundamento jurídico 1.1]».
21
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de octubre de 2018, exp.
33229. Reiterado en la sentencia del 30 de abril de 2019, exp. 55113.
22
En este sentido, el artículo 127 del Decreto 1355 de 1970 prevé que: “Las medidas de policía para
proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa”.
23
Así ocurrió, por ejemplo, en el asunto resuelto mediante la sentencia de la Subsección C del 30 de
septiembre de 2019 (exp. 45592), en el que los demandantes pretendían que se declarara la
responsabilidad administrativa del ente territorial demandado, por los daños y perjuicios ocasionados
“por el no desalojo administrativo real o material de los invasores de un predio denominado DON
KARINCA que en vida tenía Miguel Tejeda Vásquez (padre de los demandantes) unos derechos de
posesión y mejoras reconocidos por la Ley”.
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jurisdiccional provisorio que solamente hace tránsito a
cosa juzgada formal, al punto que –como se observa en
copia auténtica de escrito introductorio respectivo24– Elsa y
Campo Elías Galvis González iniciaron proceso civil
declarativo, en el que pretenden que se declare que el
predio Las Mercedes les pertenece, porque habría operado
la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Por lo
tanto, la Sala se declarará inhibida para conocer de la
presente demanda. […]”. (Destacado fuera de texto).
Por su parte, esta Sección, en providencia de 25 de enero de
201825, sostuvo que el criterio imperante del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional es que las actuaciones de
las autoridades administrativas en desarrollo de juicios
civiles de policía, comportan el ejercicio de función
jurisdiccional, toda vez que resuelven conflictos jurídicos
inter partes y en esa medida las decisiones emitidas en su
trámite constituyen actos de carácter jurisdiccional, mientras
que las actuaciones administrativas propiamente dichas
corresponden a las determinaciones que de manera unilateral la
administración profiere en procura de la protección de la
tranquilidad, de la salubridad y del orden público, en los siguientes
términos:
“[…] Esta Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse
24
Folios 6 a 8 del cuaderno 3.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 25 de
enero de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2016-00834-
01.
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Actora: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
en relación con la distinción entre los asuntos de naturaleza
administrativa de policía y los juicios de policía, estos últimos
a los que se les ha asignado la naturaleza jurisdiccional, en
los siguientes términos:
“Sobre este punto, la Sala considera necesario distinguir los
actos que ponen fin a actuaciones administrativas
correspondientes a procedimientos de policía, esto es, las
que obedecen al ejercicio de las facultades de control,
vigilancia y sanción de las autoridades sobre las actividades
de los particulares, las cuales constituyen el ejercicio de una
potestad administrativa, conocida como policía
administrativa, de aquellas decisiones señaladas en el inciso
tercero del artículo 82 del C.C.A, resultantes de juicios
policivos, especialmente regulados por la ley y en donde la
autoridad policiva actúa como juez frente a determinados
conflictos jurídicos causados por conductas de los
particulares en sus relaciones cotidianas o de vecindad, que
la doctrina y la jurisprudencia han tendido a tratar como
actos jurisdiccionales. Mediante esas decisiones, las
autoridades de policía (inspecciones, alcaldes o
gobernadores, según el caso) dirimen contiendas entre
particulares sobre asuntos de incidencias jurídicas menores,
especialmente señalados y regulados por la ley.26
En este mismo sentido, la Sección Tercera del Consejo de
Estado en sentencia de 13 de septiembre de 2001, radicación
No. 12915, Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez,
precisó la naturaleza jurisdiccional de las decisiones emitidas
en juicios policivos:
“Los juicios policivos tienen indudablemente, la naturaleza
de judiciales. A esto se debe que en el Código Contencioso
Administrativo haya previsto que los actos expedidos en los
juicios civiles de policía, entre otros, no son objeto de
control ante la justicia de lo Contencioso Administrativa. En
diversas oportunidades la Sala se ha pronunciado sobre el
carácter judicial de los juicios civiles de policía y
especialmente sobre el amparo policivo posesorio; ha
diferenciado entre la función propiamente administrativa
desarrollada en materia de policía y la función judicial
ejercida por tales autoridades. De lo anterior resulta
importante resaltar, desde otro punto de vista, que la
mayoría de las actuaciones de autoridades administrativas
26
Ver también las sentencias: exp. No. 6854 de 17 de mayo de 2001 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, exp. No. 5507 de 5 de diciembre de 2002, M.P. Camilo Arciniegas Andrade y Exp. No. 0207
de 17 de agosto de 2006, M.P. Camilo Arciniegas Andrade de la Sección Primera del Consejo de
Estado.
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de policía sí son objeto de control de esta jurisdicción, salvo
como ya se explicó cuando esas autoridades actúan en
función judicial. En esos dos sentidos la Sección Primera de
esta Corporación resaltó, en auto proferido el día 29 de
marzo de 1996, que unos son los actos administrativos de
las autoridades de policía y otros son los actos judiciales de
esas mismas autoridades. Indicó que los actos
administrativos de las autoridades de policía son los
tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad, la
seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de
convivencia social, los cuales por su naturaleza están
sujetos al control judicial de la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Respecto al segundo tipo de
actos, los judiciales de las autoridades de policía, señaló
que se diferencian totalmente de los anteriores, por cuanto
se expiden en función judicial y para dirimir un conflicto.
(...)”
En este sentido la Corte Constitucional en sentencia C-063 de
2005, precisó:
La función de policía está sometida, como toda función
pública, al principio de legalidad, y por su carácter
administrativo es objeto de control jurisdiccional, por parte
de la jurisdicción especial de lo contencioso administrativo.
No obstante, por excepción las autoridades administrativas
que ejercen dicha función pueden ejercer funciones
jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
116 de la Constitución, modificado por el Art. 1º del Acto
Legislativo No. 03 de 2002, en virtud del
cual “excepcionalmente la ley podrá atribuir función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas. Sin embargo, no les será
permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar
delitos”.
En concordancia con esta disposición, el Art. 82 del
Código Contencioso Administrativo, modificado por el
Art. 30 de la Ley 446 de 1998, que trata del objeto de
la jurisdicción contencioso administrativa, establece
que ésta “no juzga las decisiones proferidas en
juicios de policía regulados especialmente por la
ley”. Esta disposición tiene como fundamento jurídico
que en tal situación aquellas autoridades dirimen
conflictos jurídicos entre particulares y, por tanto,
ejercen materialmente una función jurisdiccional,
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aunque con carácter provisional, mientras el juez
ordinario adopta una decisión definitiva.
A este respecto la Corte Constitucional ha expresado:
“2.2. Esta consagrado en la legislación (art. 82 C.C.A.), y
así lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia de que
cuando se trata de procesos policivos para amparar la
posesión, la tenencia o una servidumbre, las
autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y
las providencias que dicten son actos jurisdiccionales,
excluidos del control de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y no actos
administrativos.
Como se vio, el criterio imperante del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional es que las
actuaciones de las autoridades administrativas en
desarrollo de juicios civiles de policía, comportan el
ejercicio de función jurisdiccional, toda vez que
resuelven conflictos jurídicos inter partes y en esa
medida las decisiones emitidas en su trámite
constituyen actos de carácter jurisdiccional, mientras
que las actuaciones administrativas propiamente dichas
corresponden a las determinaciones que de manera
unilateral la administración profiere en procura de la
protección de la tranquilidad, de la salubridad y del orden
público. […]” (Destacado fuera de texto).
Posteriormente, en auto de 3 de mayo de 201927, la Sección
Primera reiteró el anterior criterio, para lo cual hizo referencia a:
(i) los juicios de policía y sus diferencias con los asuntos de
naturaleza administrativa de policía; (ii) el carácter judicial de los
juicios civiles de policía y, especialmente, sobre el amparo policivo
posesorio; (iii) que los actos judiciales de las autoridades de policía
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 3 de
mayo de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 70001-23-33-000-2017-00201-
01.
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se diferencian totalmente de los actos administrativos, por cuanto
se expiden en función judicial y para dirimir un conflicto; y (iii) que
los juicios civiles de policía se caracterizan por resolver un conflicto
inter partes, en el cual la autoridad de policía se comporta como un
tercero imparcial, así:
“[…] 5.2.1. Juicios de policía y sus diferencias con los
asuntos de naturaleza administrativa de policía
Esta Corporación, en su Sección Tercera, ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en relación con la distinción
entre los asuntos de naturaleza administrativa de policía y
los juicios de policía, estos últimos a los que se les ha
asignado la naturaleza jurisdiccional, en los siguientes
términos:
«[…] 22. A lo anterior, podría objetarse, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 82 del C.C.A28, que en tanto los
juicios policivos tienen naturaleza judicial, las decisiones
que se adoptan en desarrollo de los mismos no son
demandables ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Sin embargo, esta objeción no es de recibo
porque desconoce que la exclusión establecida en la norma
constituye una excepción a la regla general que somete
todos los actos de las autoridades administrativas al control
de los jueces y tribunales de esta jurisdicción, por lo cual su
aplicación es restrictiva29.
23. De ahí que la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, con apoyo en reiterados
pronunciamientos de la Sección Primera de esta
28
C.C.A., artículo 82: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente en la ley”.
29
Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-321 de 1995 expresó que “por tratarse de
una norma excepcional [se refiere al inciso 3º del artículo 82 del C.C.A.], en cuanto excluye del
control jurisdiccional actos dictados por autoridades que pertenecen a la administración, como son los
funcionarios de policía, debe interpretarse en su sentido estricto. Por lo tanto, solamente las
providencias dictadas en juicios de policía de carácter penal o civil, como resultado de las llamadas
contravenciones civiles, o penales de policía (contravenciones especiales de policía, reguladas por el
Título IV del Código Nacional de Policía, Ley 30 de 1986, Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley
23 de 1991) están excluidas del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…)”. En el
mismo sentido, se pronunció la Corte en las sentencias T-149 de 1998 y C-063 de 2005.
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Corporación30, haya señalado que existen importantes
diferencias entre las funciones de orden administrativo y las
de carácter jurisdiccional que cumplen las autoridades
administrativas:
Sobre este punto, la Sala considera necesario distinguir los
actos que ponen fin a actuaciones administrativas
correspondientes a procedimientos de policía, esto es, las
que obedecen al ejercicio de las facultades de control,
vigilancia y sanción de las autoridades sobre las actividades
de los particulares, las cuales constituyen el ejercicio de una
potestad administrativa, conocida como policía
administrativa, de aquellas decisiones señaladas en el inciso
tercero del artículo 82 del C.C.A, resultantes de juicios
policivos, especialmente regulados por la ley y en donde la
autoridad policiva actúa como juez frente a determinados
conflictos jurídicos causados por conductas de los
particulares en sus relaciones cotidianas o de vecindad, que
la doctrina y la jurisprudencia han tendido a tratar como
actos jurisdiccionales. Mediante esas decisiones, las
autoridades de policía (inspecciones, alcaldes o
gobernadores, según el caso) dirimen contiendas entre
particulares sobre asuntos de incidencias jurídicas menores,
especialmente señalados y regulados por la ley31 […]»
En este mismo sentido, en sentencia de 13 de septiembre
de 2001, radicación núm. 12915, Consejera Ponente María
Elena Giraldo Gómez, precisó la naturaleza jurisdiccional de
las decisiones emitidas en juicios policivos:
«[…] Los juicios policivos tienen indudablemente, la
naturaleza de judiciales. A esto se debe que en el Código
Contencioso Administrativo haya previsto que los actos
expedidos en los juicios civiles de policía, entre otros, no
son objeto de control ante la justicia de lo
Contencioso Administrativa. En diversas
oportunidades la Sala se ha pronunciado sobre el
carácter judicial de los juicios civiles de policía y
especialmente sobre el amparo policivo posesorio; ha
diferenciado entre la función propiamente
administrativa desarrollada en materia de policía y la
función judicial ejercida por tales autoridades. De lo
anterior resulta importante resaltar, desde otro punto de
30
Consejo de Estado, Sección Primera, autos de 17 de mayo de 2001, exp. 6854, C.P. Gabriel
Eduardo Mendoza; y de 29 de marzo de 1996, exp. 3650, C.P. Manuel Urueta Ayola; sentencias de 5
de diciembre de 2002, exp. 5507, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, y de 17 de agosto de 2006, exp.
0207, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, entre otras.
31
Sentencia de 1º de noviembre de 2007, exp. 2006-00905-01(ACU), C.P. María Nohemí Hernández.
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vista, que la mayoría de las actuaciones de
autoridades administrativas de policía sí son objeto
de control de esta jurisdicción, salvo como ya se
explicó cuando esas autoridades actúan en función
judicial. En esos dos sentidos la Sección Primera de esta
Corporación resaltó, en auto proferido el día 29 de marzo
de 1996, que unos son los actos administrativos de las
autoridades de policía y otros son los actos judiciales
de esas mismas autoridades. Indicó que los actos
administrativos de las autoridades de policía son los
tendientes a la preservación del orden, la
tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las
condiciones económicas de convivencia social, los
cuales por su naturaleza están sujetos al control judicial de
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Respecto al
segundo tipo de actos, los judiciales de las autoridades
de policía, señaló que se diferencian totalmente de
los anteriores, por cuanto se expiden en función
judicial y para dirimir un conflicto […]»
El artículo 105 del CPACA establece: “Excepciones. La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá
de los siguientes asuntos: (…) 3. Las decisiones proferidas
en juicios de policía regulados especialmente por la ley”.
En contraste, los procedimientos administrativos de policía,
como es el caso de los procesos de restitución del espacio
público, que obedecen al ejercicio de las facultades de
control, vigilancia y sanción de las autoridades sobre las
actividades de los particulares, las cuales constituyen el
ejercicio de una potestad administrativa sancionatoria, sí
son decisiones susceptibles de control judicial.
[...]
Es del caso destacar que, tal y como se expuso en el
acápite anterior, los juicios civiles de policía se
caracterizan por resolver un conflicto inter partes, en
el cual la autoridad de policía se comporta como un
tercero imparcial. […]” (Destacado fuera de texto)
Igualmente, en auto de 16 de abril de 202632, la Sección Primera
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 16 de
abril de 2026, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta, núm. único de radicación 15001 23 33 000 2024
00171 01.
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precisó: (i) que cuando las autoridades diriman una controversia
entre dos partes en conflicto, previo un trámite especialmente
regulado por la ley, se estará en presencia de una decisión
proferida en juicio de policía, la cual se sustrae al conocimiento de
esta jurisdicción; y ii) que cuando se trata de procesos policivos
para amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, las
autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y, por ende, las
providencias que dicten en su ejercicio, son actos jurisdiccionales,
por lo que no serían susceptibles de ser enjuiciadas ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Así discurrió la Sala:
“[…] « Atendiendo lo anterior, la Sala deberá entonces
revisar si esa función de policía que cumplió la autoridad
demandada, es de orden administrativo o de carácter
jurisdiccional ya que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 82 del CCA, respecto del objeto de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, ésta no juzga las
decisiones proferidas en juicios de policía, para lo cual se
traen los siguientes apartes de decisiones de la Corporación
en que se ha analizado el asunto, partiendo del reciente
pronunciamiento proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en el que se dijo:
“En relación con la naturaleza jurídica de tales actos, en
sentencia de 20 de septiembre de 2002, reiterada con
posterioridad, la Sección Primera del Consejo de Estado
estableció que los actos de cierre de establecimientos por
parte de las autoridades de policía, en cumplimiento de la
aludida función, no comportan ejercicio de función
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jurisdiccional ni constituyen ejercicio de una potestad
sancionatoria.
Al respecto, pese a que no es del objeto de la presente
controversia, debe precisarse que en la citada providencia,
al resolver la excepción de falta de jurisdicción planteada en
dicho proceso, se indicó lo siguiente:
«... Debe la Sala comenzar por resolver la excepción de
falta de jurisdicción. Para sustentarla, la parte demandada
sostiene que la orden de cierre del establecimiento...
constituye la decisión de un juicio de policía y, por tanto, no
es justiciable en sede contencioso-administrativa, según lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 82 del CCA., que
reza:
‘La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las
decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley.’
En materia de policía, la regla general es la naturaleza
administrativa de las decisiones. Solamente cuando las
autoridades diriman una controversia entre dos
partes en conflicto, previo un trámite especialmente
regulado por la ley, se estará en presencia de una
decisión proferida en juicio de policía, la cual se
sustrae al conocimiento de esta jurisdicción. Al
respecto, ha dicho el Consejo de Estado:
‘Lo hasta aquí afirmado es a todas luces concordante con
los principios tutelares que guían nuestro Estado de
Derecho, dentro de los cuales brilla aquél que afirma la
separación de los poderes públicos, y que incluye a la
policía en la Rama Ejecutiva, llamada por tanto a proferir
normalmente actos administrativos, y en muy contadas
excepciones, a proferir sentencias judiciales’...
“3o. Así las cosas, observa la Sala que en el caso de autos
no se trata de juicios policivos, pues no hay conflicto entre
dos partes que sea dirimido por la autoridad policiva, (…).
4o. Estando claro que en el presente evento no se trata de
un juicio policivo, procede ahora a definir a quien compete
el conocimiento de los conflictos que por dichas actuaciones
se originen entre un particular y el Estado. Estima la Sala
que dicha competencia corresponde a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, pues ésta se halla instituida
entre otras cosas, para ‘juzgar las controversias y litigios
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administrativos originados en la actividad de las entidades
públicas (artículo 12 del Decreto 2304 de 1989, que
subroga el artículo 82 del CCA.).’
En el caso sub-iudice, la orden de cierre definitivo no fue
dictada por las autoridades distritales en ejercicio de
funciones jurisdiccional, sino netamente administrativas,
pues entre las autoridades y el administrado existía una
relación directa e inmediata, en la cual podían aquellas
ejercer sus poderes para garantizar que los usos del suelo
se conformaran a las normas urbanísticas, que son de
orden público. En consecuencia, los actos acusados son
verdaderos actos administrativos, justiciables mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho...»
De manera que, si bien los actos aquí demandados fueron
expedidos por autoridades de policía, estos no comportan
una función jurisdiccional ni se profieren en virtud de la
potestad sancionatoria de las mismas, puesto que no se
emitieron en virtud de un juicio de policía, en la medida de
que dirimieron una controversia entre dos partes en
conflicto”.(la subraya es de la Sala).
En el mismo sentido se pronunció la Sección Tercera de
esta Corporación, que en sentencia de 29 de julio de 2013,
señaló:
“Sobre este punto, la Sala considera necesario distinguir los
actos que ponen fin a actuaciones administrativas
correspondientes a procedimientos de policía, esto es, las
que obedecen al ejercicio de las facultades de control,
vigilancia y sanción de las autoridades sobre las actividades
de los particulares, las cuales constituyen el ejercicio de una
potestad administrativa, conocida como policía
administrativa, de aquellas decisiones señaladas en el
inciso tercero del artículo 82 del C.C.A, resultantes de
juicios policivos, especialmente regulados por la ley
y en donde la autoridad policiva actúa como juez
frente a determinados conflictos jurídicos causados
por conductas de los particulares en su relaciones
cotidianas o de vecindad, que la doctrina y la
jurisprudencia han tendido a tratar como actos
jurisdiccionales. Mediante esas decisiones, las autoridades
de policía (inspecciones, alcaldes o gobernadores, según el
caso) dirimen contiendas entre particulares sobre asuntos
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de incidencias jurídicas menores, especialmente señalados y
regulados por la ley”33.
En el anterior pronunciamiento, se continuó aludiendo a
reiteradas decisiones en las que se especificó que los juicios
policivos tienen indudablemente la naturaleza de judiciales,
y que es por ello que, los juicios civiles de policía, entre
otros, no son objeto de control ante esta Jurisdicción, como
lo señaló expresamente el artículo 82 del Decreto 01 de
1984.
Se transcribe la mencionada norma:
“ARTÍCULO 82. (Texto modificado por la Ley 446 de 1998):
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para juzgar las controversias y litigios
administrativos originados en la actividad de las Entidades
Públicas, y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se
ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales
Administrativos y los Juzgados Administrativos de
conformidad con la Constitución y la ley.
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias
que se originen en actos políticos o de Gobierno.
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no
juzga las decisiones proferidas en juicios de policía
regulados especialmente por la ley.
Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la
Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
no tendrán control jurisdiccional” (La subraya es de la
Sala).
Así entonces, no hay duda para esta Sala que las
decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley, no son susceptibles de
control ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, sin desconocerse, claro está, que unos
son los actos administrativos de las autoridades de policía y
otros los judiciales.
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de julio de 2013, C.P. Danilo
Rojas Betancourth, Rad. 2000-01481-01(27088), en el que señala retomar argumentos de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, con apoyo en la Sección Primera y acoge lo expuesto en la siguiente
decisión: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1º de noviembre de 2007, C.P. María
Nohemí Hernández Pinzón, Rad. 2006-00905-01(ACU).
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Para diferenciarlos, se tiene que:
“(…) los actos administrativos de las autoridades de policía
son los tendientes a la preservación del orden, la
tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones
económicas de convivencia social, los cuales por su
naturaleza están sujetos al control judicial de la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Respecto al segundo tipo
de actos, los judiciales de las autoridades de policía, señaló
que se diferencian totalmente de los anteriores, por cuanto
se expiden en función judicial y para dirimir un conflicto
(…)”34.
De allí mismo, se concluye que los actos de policía de
naturaleza administrativa, son aquellos tendientes a la
preservación del orden, la tranquilidad, la seguridad, la
salubridad y las condiciones económicas de convivencia
social y, los de naturaleza jurisdiccional son los que
resuelven controversias entre las partes.
Por otro lado se tiene que, de conformidad con
reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional35,
cuando se trata de procesos policivos para amparar la
posesión, la tenencia o una servidumbre, las
autoridades de policía ejercen función jurisdiccional
y, por ende, las providencias que dicten en su
ejercicio, son actos jurisdiccionales, por lo que visto
lo que antecede, no serían susceptibles de ser
enjuiciadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo:
“Está consagrado en la legislación y así lo ha admitido la
doctrina y la jurisprudencia de que cuando se trata de
procesos policivos para amparar la posesión, la
tenencia o una servidumbre, las autoridades de
policía ejercen función jurisdiccional y las
providencias que dicten son actos jurisdiccionales,
excluidos del control de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y no actos
administrativos. En razón de lo anterior y dada la
naturaleza material de actos jurisdiccionales que tienen las
referidas providencias, cuando se alegue la tutela del
debido proceso, por estimarse violado con motivo de la
actuación de las autoridades de policía en el trámite de los
34
Ib.
35
Sentencias T-048 de 1995, T-149 de 1998, T-115 de 2004, T-1023 de 2005.
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procesos policivos, para que aquella prospere es necesario
que se configure una vía de hecho, en los términos que ha
precisado la jurisprudencia de la Corte, pues en esta clase
de procesos las autoridades de policía, para el ejercicio de
sus competencias, están amparadas por la autonomía e
independencia que la Constitución reconoce a los jueces. Es
decir, que como titulares eventuales de la función
jurisdiccional, en la situación específica que se les somete a
su consideración, gozan de un margen razonable de libertad
para la apreciación de los hechos y la aplicación del
derecho. No es posible, en consecuencia, pretender que a
través de la tutela el juez constitucional se convierta en una
instancia revisora obligada de las decisiones de las
autoridades de policía, porque ello implicaría sustituir la
competencia de dichos funcionarios y desconocer la
autonomía e independencia que les son propias. Por
consiguiente, sólo cuando se configure una vía de hecho en
la actuación policiva puede el juez de tutela invalidar la
respectiva providencia y ordenar el restablecimiento del
debido proceso.”36 »37 (Subrayas y negrillas de la Sala).
“[…]” (Destacado fuera de texto).
Además de lo anterior, se debe destacar que en sentencia T-425 de
9 de octubre de 202138, la Corte Constitucional se refirió a la
naturaleza jurisdiccional de las decisiones proferidas en los
procesos policivos (trámites de amparo policivos),
establecidos en el artículo 29 de la Ley 142, y puntualizó que
se trata de actos que no son impugnables ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3. Procedencia excepcional de la tutela contra
decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia39
36
Sentencia T-149 de 1998, reiterada en la T-1023 de 2005.
37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Proceso radicado 05001
23 31 000 2003 02704 01. Consejera Ponente: Rocío Araujo Oñate
38
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, Expediente T-
9.959.919.
39
Ver, Corte Constitucional, Sentencia SU288 de 2022.
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Funciones jurisdiccionales asignadas a las
autoridades administrativas40
El inciso tercero del artículo 116 de la Constitución
(modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, art. 1º),
señala que “excepcionalmente la ley podrá atribuir función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas. Sin embargo, no les será
permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar
delitos”.
Igualmente, el artículo 13 de la Ley 270 de 199641,
modificado por el artículo 6º de la Ley 1285 de 200942, en
el numeral 2, dispone que las autoridades
administrativas ejercen función jurisdiccional “respecto de
conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas
sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes”.
Asimismo, señala que tales autoridades no podrán, en
ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento
de carácter penal.
Por último, el parágrafo 3º del artículo 24 de la Ley 1564 de
201243 dispone que “[l]as autoridades administrativas
tramitarán los procesos a través de las mismas vías
procesales previstas en la ley para los jueces. Las
providencias que profieran las autoridades
administrativas en ejercicio de funciones
jurisdiccionales no son impugnables ante la
jurisdicción contencioso administrativa”.
De lo expuesto, se concluye que conforme al artículo 116
Superior, el Legislador puede otorgar excepcionalmente
funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas
para que decidan controversias entre particulares como
terceros imparciales, con la autonomía e independencia
predicable de los jueces de la República y bajo la garantía
del derecho fundamental al debido proceso44.
3.2. Las decisiones adoptadas en ejercicio de la
función de policía tienen naturaleza jurisdiccional.
Reiteración de jurisprudencia45
40
Ver, Corte Constitucional, Sentencia SU288 de 2022.
41
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
42
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.
43
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
44
Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 2017 y T-438 de 2021.
45
Corte Constitucional, Sentencia T-438 de 2021.
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El poder de policía corresponde al conjunto de normas de
carácter general, impersonal y abstracto, mediante las
cuales el Estado regula los procesos policivos civiles que se
orientan a crear condiciones sociales para asegurar el orden
público, a través de la preservación de la salubridad, la
tranquilidad y la seguridad46.
La Constitución se refiere, en varias de sus normas, al
poder de policía entendido como potestad de
reglamentación general; a la función de policía consistente
en la gestión administrativa que concreta el mencionado
poder; y a la actividad de policía que implica la ejecución
coactiva47.
Por su parte, esta Corporación ha sostenido que
algunas decisiones que se adoptan en el ejercicio de
la función de policía tienen carácter judicial, motivo
por el cual el juez administrativo no tiene control
sobre ellas. Cuando se trata de procesos policivos
para amparar la posesión, la tenencia o una
servidumbre, las autoridades de policía ejercen
función jurisdiccional y las providencias que dictan
son actos jurisdiccionales48. Dado su carácter
jurisdiccional, la procedibilidad de la acción de tutela está
condicionada a los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, toda
persona puede reclamar ante los jueces, mediante la acción
de tutela, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o,
en los casos que establezca la ley, de los particulares49,
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Como se dijo, este mecanismo de protección procede contra
cualquier autoridad que, con sus actuaciones u omisiones,
vulnere o amenace derechos constitucionales
fundamentales, incluidas, por supuesto, las autoridades
46
Corte Constitucional, Sentencia T-024 de 1994 y T-438 de 2021.
47
Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 2010 y T-438 de 2021.
48
Corte Constitucional, Sentencias T-1104 de 2008, T-267 de 2011 y T-176 de 2019.
49
El inciso quinto del artículo 86 establece que la tutela también procede, en los casos que señale el
legislador, contra particulares encargados de la prestación de servicios públicos, o cuando afecten de
manera grave y directa el interés colectivo, o respecto de quienes el accionante se halle en estado de
indefensión o de subordinación.
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judiciales, en cuanto autoridades de la República, las
cuales, sin excepción, están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades,
como lo dispone el artículo 2 de la Constitución.
Bajo tales supuestos constitucionales y los artículos 6 del
Decreto Ley 2591 de 1991, 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos50, la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales51, dada la
naturaleza judicial de las citadas autoridades52 puesto que,
en tales casos, “la adecuada protección de los principios y
valores constitucionales implica un ejercicio de ponderación
entre la eficacia de la mencionada acción –presupuesto del
Estado Social y Democrático de Derecho, y la vigencia de la
autonomía e independencia judicial, el principio de cosa
juzgada y la seguridad jurídica”53. Por lo anterior, ha
señalado que:
“la acción de tutela contra sentencias judiciales es un
instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas
situaciones en que la decisión del juez incurre en graves
falencias, de relevancia constitucional, las cuales tornan la
decisión incompatible con la Constitución. En este sentido,
la acción de tutela contra decisión judicial es concebida
como un ‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de
corrección’ del fallo cuestionado, lo que se opone a que se
use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia”54.
[…]
Por demás, es importante tener en cuenta que el 12 de abril
de 2023, ISA presentó, vía correo electrónico, la solicitud
de amparo policivo ante la Alcaldía Municipal de
Valledupar55. En efecto, de acuerdo con el artículo 2º del
Decreto 1575 de 2011, la autoridad competente para
50
Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005 y SU-425 de 2016.
51
Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, SU-424 de 2016, SU-037 de 2019, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-771 de 2003, T-949 de 2003, T-018 de 2008, T-743 de 2008, T-310 de 2009, T-
451 de 2012, T-078 de 2019, T-334 de 2021 y T-152 de 2022, entre muchas otras, mediante las
cuales la posición fijada ha sido reiterada.
52
El artículo 116 de la Constitución les asigna la función de administrar justicia.
53
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, T-451 de 2012 y T-283 de 2013.
54
Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 2009.
55
Expediente Digital T-9.959.919. 13Anexos.pdf, p. 101.
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conocer del amparo policivo es, en primer orden, el Alcalde
o su delegado, con el apoyo de la Policía Nacional. Por lo
dicho, dado que las decisiones adoptadas en el marco del
amparo son las que se cuestionan, la Sala considera, al
igual que lo hicieron los jueces de instancia en sede tutela,
que tanto la Alcaldía como la Secretaría de Gobierno de
Valledupar también están legitimadas por pasiva dentro del
proceso de la referencia.
[…]
Por su parte, el proceso de amparo policivo, regulado
en el artículo 29 de la Ley 142 de 1994, y
reglamentado por el Decreto 1575 de 2011, busca
detener una perturbación ocasionada con la intención
de impedir la construcción de un proyecto56.
Dado que las pretensiones en el caso concreto se
dirigen únicamente contra las decisiones del
inspector de policía adoptadas durante el trámite del
amparo policivo, resulta evidente que la querellante no
contaba con otros recursos o medios de defensa judiciales
que pudieran considerarse idóneos y eficaces. En efecto,
frente a la resolución Nro. 10 de 23 de agosto de 2023, por
medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, no
procedía recurso de apelación conforme al artículo 9 del
decreto 1575 de 201157. Además, tal como se dijo más
arriba, se trata de actos que no son impugnables ante
la jurisdicción contencioso-administrativa58.
[…]
En el caso concreto, se destaca que “las decisiones tomadas
por el Inspector fueron basadas en la normatividad vigente”
contenida en dicha normativa. Al respecto, es importante
tener en cuenta que el artículo 29 de la Ley 142 de
1994 señala que “las autoridades nacionales,
departamentales y municipales, tanto civiles como de
policía, inmediatamente se lo solicite una empresa de
56
Decreto 1575 de 2011. Artículo 5º. La solicitud de amparo policivo deberá reunir los siguientes
requisitos: 1. El nombre del funcionario a quien se dirige. 2. La identificación de quien solicita la
protección o amparo policivo. 3. El nombre de la persona o personas en contra de quienes se dirige la
acción, si fueren conocidas. 4. La identificación del predio que ha sido objeto de ocupación o
perturbación. 5. Las pruebas o elementos que acreditan el interés o derecho para solicitar el amparo.
6. La prueba sumaria de las condiciones y demás circunstancias en que se produce la perturbación u
ocupación del bien.
57
Artículo 9° del decreto 1575 de 2011: “En caso de que se niegue el amparo, la decisión deberá ser
notificada a la empresa por edicto que se fijará por el término de tres (3) días hábiles, contados a
partir del día hábil siguiente de la determinación. Contra la decisión que niega la solicitud de amparo
policivo, procede el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto ante el mismo funcionario que
la profirió, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. Dicho recurso
deberá resolverse en un término que no podrá ser superior a tres (3) días hábiles”.
58
Parágrafo 3º del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012
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servicios públicos, le prestarán su apoyo para hacer
que se le restituyan los inmuebles que los
particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin
conocimiento de la empresa; o para que cesen los
actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en
cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos”. Lo
anterior, se complementa con el artículo 57 de la misma
Ley que faculta a las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios para “pasar por predios ajenos, por
una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o
tuberías necesarias; ocupar temporalmente las zonas que
requieran en esos predios; remover los cultivos y los
obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos;
transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y,
en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias
para prestar el servicio”.
El artículo 29 de la Ley 142 de 1994 fue reglamentado
por el Decreto 2239 de 2009, que determinó el
procedimiento para que el amparo policivo sea
efectivo y oportuno. Con el mismo objetivo, fue
posteriormente modificado por el Decreto 1575 de 2011,
con el fin de “contar con un mecanismo más eficaz y que
adicionalmente cobije las áreas declaradas de utilidad
pública e interés social, necesarias para la ejecución de los
planes, proyectos y obras para la prestación de los servicios
públicos”.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con la falta de
motivación alegada por la demandante, la Sala considera
que las resoluciones proferidas por el Inspector de Policía
Rural de Valencia de Jesús fueron motivadas con
independencia de que se compartan o no los argumentos
utilizados al efecto.
Finalmente, la Sala no pasa por alto las afirmaciones
realizadas por una de las querelladas según la cual “no se
oponen ni ha impedido el desarrollo de las obras”. Sin
embargo, de acuerdo con el material probatorio obrante en
el expediente, lo cierto es que se ha imposibilitado el
ingreso al predio para dar inicio a las obras. […]”
(Destacado fuera de texto).
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CASO CONCRETO
En el presente caso, se advierte que se pretende la nulidad del
Decreto núm. 000416 de 30 de septiembre de 2009 acusado,
expedido en el marco de un procedimiento de amparo policivo
promovido por la empresa de servicios públicos CEDELCA, con
fundamento en el artículo 29 de la ley 142, en contra de la actora,
en su condición de empresa prestadora de servicios públicos, para
que cesara la perturbación efectuada y se restituyera la
infraestructura y los activos del inmueble que ocupaba la actora,
toda vez que la demandante no había atendido la obligación de
entregar dichos bienes, como consecuencia de la terminación
unilateral de contrato de gestión, suscrito entre las mencionadas
partes.
De conformidad con la jurisprudencia transcrita, para la Sala es clara
la naturaleza jurisdiccional de la decisión contenida en el Decreto
demandado, que se adoptó en el trámite del amparo policivo
regulado por el artículo 2959 de la Ley 142, en el entendido de que
59
“[…] ARTÍCULO 29. AMPARO POLICIVO. Las autoridades nacionales, departamentales y
municipales, tanto civiles como de policía, inmediatamente se lo solicite una empresa de
servicios públicos, le prestarán su apoyo para hacer que se le restituyan los inmuebles que
los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin conocimiento de la empresa; o para
que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio
de sus derechos.
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la decisión proferida dentro del mismo se realizó en ejercicio de la
función jurisdiccional que se le ha conferido a las autoridades
administrativas de policía para dirimir controversias surgidas entre
dos partes que persiguen intereses opuestos, con el objeto de que
cesara la perturbación efectuada y se restituyera la infraestructura
y los activos del inmueble que ocupaba la actora.
En otras palabras, en este caso la Alcaldía de Popayán, como
autoridad de policía y en ejercicio de la función jurisdiccional,
expidió el Decreto núm. 000416 demandado para dirimir una
controversia entre dos partes en conflicto, en relación con la
tenencia de bienes, previo un trámite especialmente regulado por la
Ley 142, por lo que no cabe duda de que se trata de una decisión
proferida en juicio de policía regulado especialmente por la ley, la
cual se sustrae al conocimiento de esta jurisdicción, de conformidad
con el artículo 82, inciso 3, del CCA.
Al respecto, cabe mencionar que si bien es cierto que en dicho
procedimiento el amparo policivo fue solicitado por una empresa de
La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de la perturbación,
o de la amenaza de ella, conminando a los perturbadores con multas de uno (1) a cinco (5) salarios
mínimos mensuales, por cada semana o fracción de demora transcurrida desde la fecha de la
respectiva resolución, y sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes. En todo caso, <sic> en
ejercicio de tales procedimientos, se respetará el principio del debido proceso garantizado por el
articulo <sic> 29º de la Constitución Política. […]” (Destacado fuera de texto).
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servicio público, también lo es que en este caso: (i) la autoridad de
policía dirimió un conflicto inter partes, esto es, entre una empresa
de servicio público (CEDELCA) y el particular que ocupaba el
inmueble en conflicto (CEC), por la no entrega de los activos y de la
infraestructura, mas no por una controversia en relación con un
presunto incumplimiento contractual; (ii) se adoptó en un trámite
especialmente regulado por el artículo 29 de la Ley 142; y (iii) la
autoridad de policía se comportó como un tercero imparcial (un
juez), por lo que actuó en función judicial, razón por la cual no cabe
duda de que se trata de una decisión proferida en un juicio de
policía, la cual se sustrae al conocimiento o control de esta
jurisdicción.
En consecuencia, es claro que la decisión censurada se enmarca en
el trámite propio de un juicio de policía y no en uno administrativo
de conocimiento de lo contencioso administrativo, en virtud de lo
previsto en el inciso primero60 del artículo 82 del CCA, como lo
adujo el apelante.
Conforme a lo indicado, habida cuenta que el Decreto núm.
60
“[…] ARTÍCULO 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las
controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce
por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de
conformidad con la constitución y la ley. […]”.
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000416 acusado, se expidió en el marco de un juicio de policía,
que buscaba dirimir un conflicto inter partes para que cesara la
perturbación efectuada por la actora sobre un bien inmueble, previo
un trámite especialmente regulado por el artículo 29 de la Ley 142,
y en el cual la autoridad de policía se comportó como un tercero
imparcial, dicho acto no es susceptible de control ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como acertadamente
lo advirtió el Tribunal de primera instancia.
En atención a las anteriores consideraciones, la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo no es competente para pronunciarse
respecto del decreto cuya nulidad se pretende, en atención a lo
previsto en el inciso 3 del artículo 82 del CCA, así como en la
jurisprudencia sobre la materia.
En consecuencia, la Sala ordenará CONFIRMAR la sentencia
apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este
proveído.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que
de conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la
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conducta asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala
fe en la actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de enero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
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58
Número único de radicación: 19-001-23-00-000-2010-00108-01
Actora: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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