RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-31-000-2007-00254-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2007-00254-01

Acción de reparación directa

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2007-00254-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esta es, la proferida el 28 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión Nº 4, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-31-000-2007-00254-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

16 de mayo de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN DIRECTA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Daño al denunciante / INASISTENCIA ALIMENTARIA - Privación de valores adeudados / CUOTA ALIMENTARIA - Dejada de pagar por el denunciado / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO

En el caso bajo estudio se evidencia que la [demandante] (…) apeló la sentencia, con el fin de que sea revocada, debido a que, según su criterio, con la declaración de la prescripción de la acción penal se le privó de obtener los valores adeudados por las cuotas alimentarias dejadas de pagar (…), por tanto, a su juicio, resulta clara la evidencia del daño causado, el cual es imputable a la entidad demandada, que permitió que prescribiera la acción.

DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Competencia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Fundamento normativo / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en casos de reparación directa por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consultar providencia de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00(34985), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CADUCIDAD - Ejercicio oportuno de la acción

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8, consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. En este asunto, se demandó a la Rama Judicial por la falla del servicio que habría cometido como consecuencia de la prescripción de la acción penal dentro del proceso adelantado (…) por el delito de inasistencia alimentaria.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Procedencia

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO INDEMNIZABLE - Deber acreditación de perjuicio cierto / DAÑO HIPOTÉTICO - No indemnizable / DAÑO EVENTUAL - No procede reparación / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala, “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado. (…) Como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección respecto del daño, este debe ser cierto; es decir, “no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar providencias de 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; y de 6 de junio de 2012, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón. Referente a los presupuestos del daño antijurídico indemnizable, consultar providencia de 25 de marzo de 2015, Exp. 32570, C.P. Hernán Andrade Rincón.

REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - Daño indemnizable / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos que se deben acreditar por el demandante para que el daño reclamado sea indemnizable, consultar providencia de 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; y de 6 de junio de 2012, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón.

INASISTENCIA ALIMENTARIA - Bien jurídico tutelado / DELITOS CONTRA LA FAMILIA / DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA - El bien jurídico que se protege no es el patrimonio económico

En relación con el punible de inasistencia alimentaria, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse en diversas ocasiones, en las que ha explicado cuál es su naturaleza, el bien jurídico protegido y la finalidad de adelantar un proceso penal, por este delito. (…) De lo anterior se colige que el tipo penal de inasistencia alimentaria no tenía como finalidad proteger el bien jurídico del patrimonio de la persona beneficiaria de los alimentos, sino de “la familia”, en virtud del principio constitucional de la solidaridad, por el cual se deben alimentos entre quienes sean cónyuges o tengan vínculo de parentesco, es decir, lo que se cuestiona es la afectación de las relaciones familiares. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el delito de inasistencia alimentaria, consultar sentencia de la Corte Constitucional, de 20 de mayo 1997, Exp. C-237, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

CONFIGURACIÓN DE LA INASISTENCIA ALIMENTARIA - Eventos. Sustracción dolosa de la obligación / INASISTENCIA ALIMENTARIA - Carencia de recursos económicos

[E]l tipo penal de inasistencia alimentaria únicamente se configuraba en los casos en que el deudor de los alimentos se sustraía del pago de su obligación de manera dolosa -sin justificación alguna-, situación que no se encontraba demostrada en el proceso penal aquí cuestionado, debido a que en todas las declaraciones otorgadas por el señor (…) su principal argumentó de defensa se fundó en la incapacidad económica para poder cumplir con el monto de la cuota de alimentos, debido a que había perdido su trabajo y, por ende, cumplía con su obligación de manera proporcional a los ingresos que recibía en trabajos informales o variables.

DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA / FINALIDAD DEL PROCESO PENAL - No comporta mecanismo jurídico para garantizar el pago de lo adeudado

[S]i bien el proceso penal iniciado por la comisión del delito de inasistencia alimentaria pretendía conminar al infractor de la ley para que realizara el pago de los alimentos, lo cierto es que la conclusión del proceso, como ultima ratio, devenía en una sentencia con pena privativa de la libertad y una multa por la comisión del delito, pero no en un mecanismo jurídico para exigir, obligar o garantizar el pago de la deuda, debido a que, para ello, como bien se menciona en precedencia, existía la competencia los procesos ejecutivos civiles que, por su naturaleza, permitían perseguir el pago de las sumas adeudadas.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / TITULARIDAD DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / EFECTOS DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL - Fundamento normativo

[La Ley 600 del 2000] instauró la acción civil como un mecanismo idóneo de resarcimiento de los daños para quienes se consideraran víctimas de la conducta delictiva, (lo que incluía el pago de los perjuicios causados por la conducta punible), (…) según lo consagrado en el artículo 45 de dicha norma. (…) En esa misma línea, el artículo 137 del mismo estatuto procesal definió la finalidad pretendida al constituirse como parte civil en el proceso penal, la cual consistía en “obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible” y, además, se estableció un término amplio a quien se considerara perjudicado, para constituirse como tal.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 45 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 137

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL - Inexistente / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Ausencia de demostración del daño / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO - El demandante debía constituirse como parte civil en el proceso penal

[E]xaminadas en conjunto las actuaciones desplegadas dentro del proceso penal que sirvió como fundamento de la presente acción y las normas aplicables al asunto, para la Sala no se evidencia el daño que, según la demandante, le causó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido la Rama Judicial, al declarar la prescripción del proceso penal, debido a que no se constituyó como parte civil en la oportunidad prevista. (…) En definitiva, a la ahora demandante no le asistía ningún tipo de interés económico en el proceso penal en el que funda sus pretensiones indemnizatorias, al no ser un sujeto procesal, pues esta condición solo era posible reconocerla si se hubiera constituido en parte civil, lo que no hizo, de modo que el daño alegado, a lo sumo, podría ser entendido como eventual e hipotético y, por ello, no indemnizable. (…) De todo lo expuesto es posible concluir que se está en presencia de una falta de prueba del daño antijurídico que se alega como imputable al Estado, por lo cual el juzgador se encuentra relevado de cualquier otro tipo de consideraciones y, por ende, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 19001-23-31-000-2007-00254-01(51326)

Actor: LINA FERNANDA VILLADA MERCHÁN

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: APELACIÓN DE SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PRUEBA DEL DAÑO – El demandante debe constituirse como parte civil en el proceso penal para derivar un daño patrimonial de su terminación anormal / DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA – El bien jurídico protegido es la “familia” no el “patrimonio económico”.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Cauca – Sala de Descongestión Nº 4, que negó las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 4 de septiembre de 2007, la señora Lina Fernanda Villada Merchán, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido esa entidad por “la injustificada extinción de la acción penal por prescripción”, dentro del proceso adelantado en contra del señor Carlos Alberto Villada Montoya por el delito de inasistencia alimentaria, la cual se decretó a través de providencia del 3 de enero de 2006, proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal del Circuito de Popayán.

Como consecuencia de la anterior declaración solicitó el reconocimiento y pago de las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de treinta millones de pesos ($30’000.000).

De igual modo, por concepto de perjuicios morales, debido al “profundo dolor sufrido con ocasión de la grave omisión en que incurrió la administración de justicia”, solicitó la suma de 100 S.M.L.M.V.

1.1. Hechos

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

Se afirmó que el Juzgado Primero Civil de Menores de Manizales, mediante sentencia del 18 de agosto de 1988, ordenó al señor Carlos Alberto Villada Montoya suministrar alimentos a su hija menor Lina Fenarda Villada Merchán, en una suma equivalente al 35% de su salario mensual, las primas y bonificaciones que recibía; así como el embargo del 50% de las cesantías para garantizar el pago de la obligación.

La señora Martha Elsy Merchán de Villada, en representación de su hija, Lina Fernanda Villada Merchán, interpuso denuncia penal, el 24 de mayo de 1999, en contra del señor Carlos Alberto Villada Merchán, por el delito de inasistencia alimentaria.

Así las cosas, la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Inzá, Cauca, profirió resolución de acusación en contra del denunciado, el 6 de julio del 2000, por el delito de inasistencia alimentaria.

La parte actora adujo que, tras agotar diversas diligencias propias del trámite penal, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán, por medio de providencia del 3 de enero de 2006, decretó la extinción de la acción penal por prescripción, a favor del señor Carlos Alberto Villada Montoya, por haber transcurrido más de 5 años desde la resolución de acusación, sin que se hubiera finalizado la etapa de juicio.

La demandante afirmó que la prescripción de la acción se produjo por la omisión de la entidad demandada, debido a que permitió, por su negligencia, la terminación anormal del proceso, lo cual la privó de la posibilidad de recibir el pago de los dineros adeudados por el procesado. Al respecto manifestó que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“A la fecha de declaratoria de prescripción, el padre acusado, debía a su hija una suma que actualizada debe ascender a no menos de veinticinco millones ($25`000.000), además de que el agotamiento del proceso prescrito, hizo incurrir a mi cliente en gastos derivados de las costas y agencias en derecho que sufragó para diligenciar su asunto. Por otro lado dichos recursos estaban destinados para cubrir los gastos mínimos de subsistencia de la señoría Lina Fernanda Villada Merchán, por lo que su perdida le causó un gravísimo dolor moral derivada de la angustia y desprotección económica que generó el sentirse sin dicho apoyo”.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Admisión de la demanda y notificación

2.1.1. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante auto del 3 de agosto de 2009, admitió la demanda, declaró la nulidad de lo actuado por el Juzgado 5 Administrativo de Popayán y ordenó notificar a la parte demandada y al Ministerio Público.

2.1.2. La demanda se notificó en debida forma a la Rama Judicial y al Ministerio Público.

2.2. Contestación de la demanda

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y estructuró su defensa bajo dos supuestos: i) el error judicial y ii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En relación con el supuesto error judicial contenido en la decisión que declaró la prescripción del proceso, adujo que las decisiones adoptadas por el juez en su función jurisdiccional gozaban de total autonomía e independencia y, además, afirmó que en el caso concreto se ajustaron al ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, en relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, alegó que la sola ocurrencia del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal no es un elemento probatorio suficiente para determinar la falla del servicio alegada, y que esta se debe entender como una garantía en favor del procesado.

Por último, propuso las siguientes excepciones: i) falta de causa para demandar, porque no existía certeza acerca de la falla del servicio alegada, ii) inexistencia de perjuicios, porque las decisiones judiciales estuvieron soportadas en las normas legales vigentes y iii) excepción innominada.

2.3. Llamamiento en garantía

La Rama Judicial, mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2010, solicitó llamar en garantía a la señora Lucy Damar Martínez Peña, quien, en ejercicio de su cargo de Juez Segundo Penal Municipal de Popayán conoció del proceso penal adelantado en contra del señor Villada Montoya y declaró la prescripción de la acción penal.

El Tribunal Administrativo del Cauca admitió el llamamiento en garantía solicitado y ordenó la notificación de la señora Martínez Peña; sin embargo, el 9 de septiembre de 2010 ordenó continuar adelante con el proceso, sin la vinculación de la llamada en garantía, por haber precluido la oportunidad que se tenía para tal fin, de conformidad con el artículo 57, en concordancia con el 56 del C.P.C.

2.4. Etapa probatoria, alegatos de conclusión

A través de providencia del 28 de septiembre de 2010, el Tribunal a quo decretó la mayoría de las pruebas solicitadas y negó la prueba pericial requerida por la parte actora para tasar los perjuicios causados y al respecto consideró: “acreditada la responsabilidad de la entidad demandada, los perjuicios serán tasados y liquidados por el Tribunal”; una vez vencido el período probatorio, por auto del 11 de febrero de 2011, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

La Rama Judicial reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y sostuvo que las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán se ajustaron al ordenamiento procesal vigente.

La parte demandante y el Ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 28 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión Nº 4, negó las pretensiones de la demanda.

Sobre el particular sostuvo que, si bien se demostró que se presentó una mora en las actuaciones adelantadas por la Rama Judicial en el proceso penal, dicha situación, por sí misma, no era suficiente para demostrar la ocurrencia del daño antijurídico. Al respecto adujo que no era posible afirmar la existencia de una dilación injustificada del trámite procesal y, además, cuestionó que, al observar las actuaciones adelantadas en el proceso penal, no se podía derivar que este fuera la causa eficiente del daño alegado por la demandante.

La sentencia fue notificada por edicto fijado el 4 de abril de 2014 y desfijado el 8 del mismo mes y año.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Parte demandante

Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2014, la parte actora manifestó su inconformidad y adujo que el Tribunal a quo se limitó a enumerar las actuaciones judiciales adelantadas, sin percatarse de la realidad procesal, en las que se evidencia la falta de una mínima diligencia para resolver de fondo el asunto. Al respecto argumentó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Son aproximadamente 18 meses en los que el proceso inexplicablemente no tuvo actuación alguna, tiempo que hubiese sido suficiente para tramitarlo en debida forma y fallarlo de fondo, aún más cuando la Juez consideró en la diligencia que había serios indicios del incumplimiento del padre en la cuota alimentaria.

“(…).

“La falta de justificación en el proceso penal adelantado en contra del padre de mi representada constituye una omisión por parte del Juez en conocimiento, pues dejó que la acción penal prescribiera al no proferir decisión de fondo, dejando a la parte actora sin posibilidades de recuperar los valores adeudados por concepto de cuotas alimentarias.

“(…).

“Estos argumentos, sumados a las consideraciones jurisprudenciales allegadas, nos develan que en el caso concreto existió un claro e injustificado incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar la actuación por parte del funcionario competente (…) y dicha mora desbordó el concepto de plazo razonable (…)” (se destaca).

Por último, solicitó que se revocara la sentencia objeto del recurso de apelación y se accediera a las pretensiones de la demanda.

2. Trámite de segunda instancia

2.1. El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante auto del 16 de mayo de 2014; posteriormente, fue admitido por esta Corporación el 22 de julio del mismo año.

2.2. Por último, el 28 de agosto de 2014 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la que el Ministerio Público solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia, porque, según su criterio, a pesar de la declaración de prescripción del proceso penal, ello no se generó por una negligencia del juzgado de conocimiento, sino por lo siguiente: i) la complejidad del proceso; ii) la orfandad probatoria y iii) el comportamiento omisivo del recurrente.

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

IV. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia de la Sala

A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.

2. Oportunidad de la acción

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8, consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

En este asunto, se demandó a la Rama Judicial por la falla del servicio que habría cometido como consecuencia de la prescripción de la acción penal dentro del proceso adelantado en contra del señor Carlos Alberto Villada Montoya por el delito de inasistencia alimentaria, la cual fue declarada por medio de auto del 3 de enero de 2006.

La Sala advierte que en el expediente no obra la constancia de ejecutoria del proveído por medio del cual se declaró la prescripción de la acción penal; ante esta situación, el conteo de los términos se realizará a partir del día siguiente a su expedición.

Así las cosas, la caducidad comenzó a correr a partir del 4 de enero de 2006, de modo que el plazo para ejercer el derecho de acción, en término, era el 4 de enero de 2008 y como la demanda se radicó el 4 de septiembre de 2007, resulta claro que se presentó de manera oportuna.

3. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

3.1. Legitimación en la causa de la demandante

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentra demostrado que la señora Martha Elsy Merchán de Villada, en representación de su hija menor Lina Fernanda Villada Merchán, presentó denuncia penal en contra del señor Carlos Alberto Villada Montoya, por el delito de inasistencia alimentaria y, además, se puede evidenciar que la señora Lina Fernanda Villada Merchán promovió el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa por activa.

3.2. Legitimación de la demandada

En el caso bajo estudio, las omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con su legitimación material, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita definir si existió o no una participación efectiva de esa entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

4. El objeto del recurso de apelación

En el caso bajo estudio se evidencia que la señora Lina Fernanda Villada Merchán apeló la sentencia, con el fin de que sea revocada, debido a que, según su criterio, con la declaración de la prescripción de la acción penal se le privó de obtener los valores adeudados por las cuotas alimentarias dejadas de pagar por el señor Carlos Alberto Villada, por tanto, a su juicio, resulta clara la evidencia del daño causado, el cual es imputable a la entidad demandada, que permitió que prescribiera la acción.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si en el sub lite se encuentran acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la acción u omisión de la entidad demandada.

5. El caso concreto

5.1. Cuestión previa

A las diligencias adelantadas en virtud del proceso penal, que sirvió como fundamento de la demanda de reparación directa, por versar sobre hechos ocurridos durante 1999, le resultaban aplicables las disposiciones procesales contenidas el Decreto 2700 de 1991; sin embargo, a partir del 25 de julio de 2001 empezó a regir la Ley 600 del 2000, la cual, en su artículo 535, derogó expresamente el “Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1991 (…) sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente”, de tal modo que, a partir de la referida fecha, el proceso penal objeto de análisis debía tramitarse con observancia de las disposiciones previstas en la Ley 600.

Frente a la aplicación de las normas en cita, la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“En relación con las normas procesales de efectos sustanciales, la resolución del conflicto por un tránsito de leyes en el tiempo, en términos generales, resulta de fácil solución cuando quiera que se tengan dos enunciados que formen parte de dos o más sistemas de procedimiento similares. No genera ningún inconveniente, por ejemplo, el enfrentamiento entre las reglas del Decreto 050 de 1987 y las del Decreto 2700 de 1991, o entre las de éste y las de la Ley 600 del 2000.

“El estudio y escogencia de la pauta benigna surge evidente, porque se parangonan sistemas y estructuras de procedimiento penal semejantes, que regulan las mismas materias y parten de los mismos presupuestos.

“En efecto, en los estatutos indicados, en general, se toma como base un mismo régimen, conocido como inquisitivo con tendencia acusatoria (…).

“Para citar algunos ejemplos, todos regulan, con similares presupuestos, trámite y finalidades, la indagación previa, la instrucción, la vinculación del imputado por medio de indagatoria o declaratoria de persona ausente, las medidas de aseguramiento, el cierre de la investigación y la acusación. Y las actuaciones del fiscal que afectan derechos se entienden como providencias interlocutorias judiciales, pasibles de los recursos ordinarios” (se destaca).

De otro lado, si bien el proceso penal se prolongó hasta el 3 de enero del 2006 -fecha en la cual se encontraba vigente la Ley 906 de 2004- lo cierto es que esta no resultaba aplicable al proceso analizado en virtud de lo establecido en su artículo 533, en el cual se estableció que el código regiría “para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005 (…)” (se destaca).

Por otra parte, la Sala no puede desconocer que el juez natural del proceso penal, fundó la decisión de prescripción del proceso penal de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 600 del 2000, por tanto, debe ser bajo esta codificación que se estudien las consecuencias de la prescripción de la acción penal.

Así las cosas, es posible concluir que en el proceso penal adelantando en contra del señor Villada Montoya la norma procesal aplicable a las actuaciones realizadas, a partir del 25 de julio de 2001, correspondió a la Ley 600 del 2000.

5.2. Hechos probados

La Sala, de conformidad con el material probatorio debidamente allegado al expediente, encuentra acreditado que:

El Juzgado Primero Civil de Menores del Circuito de Manizales, por medio de sentencia del 10 de agosto de 1988, ordenó al señor Carlos Alberto Villada Montoya pagar la suma correspondiente al 35% del sueldo mensual que llegara a devengar y de las primas y bonificaciones que le pagaran, a su hija menor Lina Fernanda Villada Merchán, por concepto de alimentos.

El 24 de mayo de 1999, la señora Elsy Merchán de Villada, en representación de su hija menor Lina Fernanda Villada Merchán, formuló una denuncia penal en contra del señor Carlos Alberto Villada Montoya por el delito de inasistencia alimentaria.

El 22 de noviembre de 1999, el señor Villada Montoya rindió indagatoria ante la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Municipales de Manizales, en la cual manifestó que él no se había sustraído de su obligación, sino que, debido a que perdió el trabajo que tenía, había cumplido en la medida de lo posible, y adujo que tenía recibos de consignación por trescientos diez mil pesos ($310.000), correspondientes al último año.

De igual modo, obran en el expediente penal varios recibos de consignación del señor Carlos Alberto Villada Montoya en favor de la señora Martha Elsy Villada de Merchán desde 1992 hasta 1999, por concepto de “embargo de alimentos”.

El 20 de diciembre de 1999, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Popayán impuso una medida de caución prendaria al señor Carlos Alberto Villada Montoya, la cual fue pagada por el investigado el 6 de enero del 2000.

Posteriormente, la señora Martha Elsy Merchán de Villada presentó ampliación de la denuncia y aseguró que el procesado no se encontraba a paz y salvo con el pago de las cuotas de alimentos de la menor Lina Fernanda Villada Merchán; de igual modo, adujo que tenía dudas de haber recibido los depósitos que el señor Villada Montoya afirmó haber pagado y que sustentó en diversos recibos allegados al expediente; por último, se comprometió a arrimar al expediente otras consignaciones que tenía en su poder, pero que, según la denunciante, se trataban de años anteriores.

Así las cosas, el 6 de julio del 2000, la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Inzá profirió resolución de acusación en contra del señor Carlos Alberto Villada Montoya, por la presunta comisión del delito de inasistencia alimentaria y remitió el expediente, por competencia, a los Juzgados Penales Municipales de Popayán.

Se encuentra probado que la señora Martha Elsy Merchán de Villada otorgó poder a la abogada Luz Dary Rodríguez Meneses para que presentara demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal, sin que obre constancia alguna de que dicha actuación se hubiera adelantado, ni que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán hubiera aceptado dicha constitución.

Posteriormente, el juzgado de conocimiento programó audiencia pública para el 28 de mayo de 2002; sin embargo, el procesado allegó al expediente una solicitud para que le fuera designado un abogado defensor de oficio, debido a que su antiguo apoderado había fallecido y no tenía medios económicos para contratar otro, por lo que el juzgado procedió a aplazar la audiencia y a nombrarle abogado.

Así las cosas, el 28 de octubre de 2002, se llevó a cabo audiencia de conciliación entre el señor Carlos Alberto Villada Montoya y Martha Elsy Merchán de Villada, en la cual se obtuvo un acuerdo entre las partes y se estableció como plazo máximo para cumplir con lo acordado el 27 de diciembre del mismo año, por lo que se aprobó el acuerdo presentado y se suspendió la actuación hasta la fecha establecida para cumplir con lo pactado.

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán anexó al expediente la relación de tutelas de las cuales debió conocer entre diciembre de 2002 y septiembre de 2005.

El 21 de octubre de 2004 se reanudó el proceso y se citó a los sujetos procesales para audiencia preparatoria, el 4 de noviembre del mismo año, pero no se pudo realizar por inasistencia de las partes; posteriormente se reprogramó y se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2005 y se dispuso la audiencia de juicio para el 14 de octubre del mismo año.

El 14 de octubre de 2005 no se pudo realizar la audiencia de juicio por la inasistencia del abogado defensor del procesado y se realizó el 23 de noviembre del mismo año, diligencia en la cual la Fiscalía y el abogado defensor realizaron sus alegaciones finales y coincidieron en que el procesado se encontraba en mora del pago de las cuotas de alimentos en favor de la menor Lina Fernanda Villada Merchán.

De manera previa a dictar sentencia, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán, por medio de providencia del 3 de enero de 2006, advirtió que había ocurrido el fenómeno procesal de la prescripción de la acción penal por haber transcurrido más de 5 años desde que la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación, sin que existiera decisión que resolviera el asunto, por lo cual procedió a declarar su extinción en favor del señor Carlos Alberto Villada Montoya.

5.2. El daño antijurídico

El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala, “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado. En este sentido la Sala ha discurrido así:

“[P]orque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”.

En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”.

Como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección respecto del daño, este debe ser cierto; es decir, “no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”. Así pues en la misma providencia se dispuso:

“La sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo”.

En este caso, la parte actora manifestó que el daño antijurídico consiste en la imposibilidad obtener el pago de la suma adeudada por su padre y que le fue ocasionado por la Rama Judicial, dado que, mediante providencia del 3 de enero de 2006 se declaró prescrita la acción penal en favor del señor Carlos Alberto Villada Montoya, por el delito de inasistencia alimentaria.

La Sala considera que en este caso no se demostró que la señora Lina Fernanda Villada Merchán hubiese padecido un daño antijurídico, por los motivos que se explicarán a continuación.

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.

En el presente caso no se encuentran acreditados esos elementos del daño, derivados de la prescripción del proceso penal y que supuestamente no le permitieron a la demandante obtener el pago de las cuotas alimentarias que le debía su padre.

Para la Subsección, en el sub lite, el daño que se alegó es incierto, eventual e hipotético y, por ende, no indemnizable, como se procederá a explicar.

En primer lugar, la Sala considera que se debe hacer un análisis del proceso penal adelantado y el tipo penal investigado -inasistencia alimentaria-, el cual para la época de los hechos se encontraba tipificado en el artículo 263 del Decreto ley 100 de 1980.

En relación con el punible de inasistencia alimentaria, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse en diversas ocasiones, en las que ha explicado cuál es su naturaleza, el bien jurídico protegido y la finalidad de adelantar un proceso penal, por este delito.

Así, la Corte Constitucional, por medio de sentencia C-237 de 1997, declaró exequible el artículo 236 del Decreto ley 100 de 1980 que consagraba el delito de inasistencia alimentaria. Al respecto afirmó (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):

“[C]omo se dijo antes, el fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y su finalidad es la subsistencia de los beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma acusada es la familia y no el patrimonio. A pesar de que dicha obligación se traduce, finalmente, en una suma de dinero, no se castiga a quien la incumple, por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio, y poner en peligro la estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario.

“(…).

“Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal); en consecuencia, tampoco este último cargo está llamado a prosperar” (se destaca).

De lo anterior se colige que el tipo penal de inasistencia alimentaria no tenía como finalidad proteger el bien jurídico del patrimonio de la persona beneficiaria de los alimentos, sino de “la familia”, en virtud del principio constitucional de la solidaridad, por el cual se deben alimentos entre quienes sean cónyuges o tengan vínculo de parentesco, es decir, lo que se cuestiona es la afectación de las relaciones familiares.

Además, de la cita jurisprudencial en comento se desprende que el tipo penal de inasistencia alimentaria únicamente se configuraba en los casos en que el deudor de los alimentos se sustraía del pago de su obligación de manera dolosa -sin justificación alguna-, situación que no se encontraba demostrada en el proceso penal aquí cuestionado, debido a que en todas las declaraciones otorgadas por el señor Villada Montoya su principal argumentó de defensa se fundó en la incapacidad económica para poder cumplir con el monto de la cuota de alimentos, debido a que había perdido su trabajo y, por ende, cumplía con su obligación de manera proporcional a los ingresos que recibía en trabajos informales o variables.

En ese sentido, a la Sala no le es posible afirmar, sin duda alguna, que el proceso penal finalizaría con sentencia condenatoria en contra del señor Carlos Alberto Villada Montoya y, especialmente, que con dicha decisión se le iba a garantizar el pago de las sumas adeudadas a la menor Lina Fernanda Villada Merchán.

De otra parte, la Corte también se pronunció respecto a la posibilidad de suspender e incluso desistir del proceso penal, ante un eventual acuerdo de las partes que permitiera garantizar la protección de los derechos del menor -como ocurrió en el sub lite-. En ese sentido a través de la sentencia C-141 de 2001, afirmó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):

“El artículo 136 del Código del Menor prevé que: ‘(…). El acta de conciliación y el auto que la apruebe, prestarán mérito ejecutivo mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en la ley.’ Adicionalmente, la ley prevé la posibilidad de iniciar un proceso penal en contra del quien incumple una obligación alimentaria, y la conducta se castiga con arresto y multa (art. 263 del Código Penal); específicamente cuando el sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria es un menor (…).

“(…). En el contexto del proceso que se estudia, esta figura [la conciliación] cumple una doble función: por una parte, es una advertencia a quien falta a su obligación alimentaria ya que, una vez el representante del menor desiste, y con ello extingue la acción penal iniciada en contra del infractor (art. 77 Código Penal), tiene una oportunidad para reparar su comportamiento delictivo, y asumir las responsabilidades que tiene para con el menor. Obviamente esta medida busca la efectividad del cumplimiento de la obligación alimentaria, pues el imputado o procesado es consciente de que existe una investigación o un proceso en su contra (existe el riesgo de terminar en la cárcel) pero aún conserva su libertad para trabajar y así satisfacer las necesidades del menor a quien debe alimentos: de ninguna manera es útil al menor desprotegido, que aquella persona responsable de ver por sus necesidades se encuentre privada de la libertad y por eso, más se guardan sus intereses si se da libertad a aquél, aunque sea temporalmente y con la amenaza inminente de un proceso penal, para que cumpla lo que le corresponde”.

“En el evento de continuar o reincidir en el incumplimiento, nuevamente es posible acudir a la justicia; como ya se ha reiterado, en sus fallos la Corte pretendió aumentar la posibilidad de iniciación de acciones penales en defensa de los menores (…), y esta vez el caso se llevará adelante hasta sus últimas consecuencias - cárcel, multa, antecedentes penales -porque, como lo dice la norma, ese desistimiento sólo es posible por una vez” (se destaca).

Así las cosas, se puede concluir que, si bien el proceso penal iniciado por la comisión del delito de inasistencia alimentaria pretendía conminar al infractor de la ley para que realizara el pago de los alimentos, lo cierto es que la conclusión del proceso, como ultima ratio, devenía en una sentencia con pena privativa de la libertad y una multa por la comisión del delito, pero no en un mecanismo jurídico para exigir, obligar o garantizar el pago de la deuda, debido a que, para ello, como bien se menciona en precedencia, existía la competencia los procesos ejecutivos civiles que, por su naturaleza, permitían perseguir el pago de las sumas adeudadas.

De igual modo, la Corte Constitucional reconoció en la misma sentencia la importancia de los mecanismos de arreglo directo, como la conciliación, que permitían -por lo menos en una ocasión- la suspensión del proceso, ello en atención al amparo especial de los intereses del menor que, sin duda alguna, tiene mayor protección cuando quienes le deben alimentos se encuentren libres para poder trabajar y, de este modo, cumplir con sus obligaciones y no, por el contrario, cuando los deudores son condenados a una pena privativa de la libertad como consecuencia de la sentencia penal.

Sumado a lo anterior, la Sala, en relación con la constitución como parte civil, en el proceso penal, de la ahora demandante o de su representante legal, y de conformidad con lo que se encuentra probado en el proceso, concluye que, si bien la señora Martha Elsy Merchán de Villada, en representación de su hija menor Lina Fernanda Villada Merchán, otorgó poder a la abogada Luz Dary Rodríguez Meneses para que presentara demanda de constitución como parte civil en el proceso penal, lo cierto es que no obra en el expediente ninguna actuación en tal sentido, es decir, no se observa que la parte actora hubiere presentado la demanda como parte civil, que la misma se admitió y que se le hubiese reconocido tal condición en el proceso penal.

En efecto, la Ley 600 del 2000 (norma aplicable) reconocía como sujetos procesales a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público, al sindicado, al defensor, a la parte civil, al tercero incidental y al tercero civilmente responsable, y como la señora Martha Elsy Merchán de Villada, en representación de Lina Fernanda Villada Merchán, actuó como denunciante, es claro que no podía ser reconocida como sujeto procesal.

En concordancia con lo anterior, la disposición normativa mencionada en precedencia instauró la acción civil como un mecanismo idóneo de resarcimiento de los daños para quienes se consideraran víctimas de la conducta delictiva, (lo que incluía el pago de los perjuicios causados por la conducta punible), la que, según lo consagrado en el artículo 45 de dicha norma “(…) podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas, por el Ministerio Público o por el actor popular cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos” (se destaca).

En esa misma línea, el artículo 137 del mismo estatuto procesal definió la finalidad pretendida al constituirse como parte civil en el proceso penal, la cual consistía en “obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible” (se destaca) y, además, se estableció un término amplio a quien se considerara perjudicado, para constituirse como tal, el cual, de conformidad con el artículo 47 ibídem se consagró “La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento”.

De este modo, examinadas en conjunto las actuaciones desplegadas dentro del proceso penal que sirvió como fundamento de la presente acción y las normas aplicables al asunto, para la Sala no se evidencia el daño que, según la demandante, le causó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido la Rama Judicial, al declarar la prescripción del proceso penal, debido a que no se constituyó como parte civil en la oportunidad prevista.

Si bien el artículo 56 la Ley 600 del 2000 contemplaba la posibilidad de que en la sentencia penal -que resultara condenatoria- se liquidaran los perjuicios causados con la conducta delictiva, ello solo procedía en el caso en que se hubieren probado y, como se manifestó en precedencia, el mecanismo idóneo para probar dichos perjuicios se contemplaba a partir de la constitución como parte civil.

Por lo anterior, es evidente que la ahora demandante no podía derivar del proceso penal adelantado una afectación cierta y concreta de sus derechos por las sumas de dinero supuestamente dejadas de percibir, pues al no ostentar la condición de sujeto procesal, y atendiendo las particularidades del proceso penal, no le era dable esperar el pago de las sumas adeudadas.

Precisa la Sala que, si bien la señora Martha Elsy Merchán de Villada, en representación de su hija menor Lina Fernanda Villada Merchán, fue quien promovió el proceso penal al presentar la respectiva denuncia, lo cierto es que esa sola actuación no permitía que se le reconocieran perjuicios, en el desarrollo del proceso, como consecuencia del delito de inasistencia alimentaria y, por ende, no podía alegar un daño cierto por la decisión de precluir la investigación contra el señor Villada Montoya, al considerar frustradas las posibilidades de que se le respondiera por las cuotas de alimentos dejadas de pagar.

Así las cosas, la señora Martha Elsy Merchán de Villada -denunciante-, en representación de su hija Lina Fernanda Villada Merchán, -ahora demandante- debió haberse constituido en parte civil, para que una vez admitida la demanda respectiva, en los términos del artículo 50 de la Ley 600 de 2000, hubiera hecho uso del derecho de contradicción, esto es, interponer los recursos de ley para insistir ante el juzgado de conocimiento para solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudo causar la conducta punible.

En otras palabras, la denunciante tuvo la oportunidad de constituirse en parte civil, es decir, ser reconocida como sujeto procesal dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Villada Montoya, por el delito de inasistencia alimentaria y, de ser procedente, obtener una condena a su favor por los perjuicios que se le pudieron causar como consecuencia del delito denunciado.

En definitiva, a la ahora demandante no le asistía ningún tipo de interés económico en el proceso penal en el que funda sus pretensiones indemnizatorias, al no ser un sujeto procesal, pues esta condición solo era posible reconocerla si se hubiera constituido en parte civil, lo que, como quedó establecido, no hizo, de modo que el daño alegado, a lo sumo, podría ser entendido como eventual e hipotético y, por ello, no indemnizable.

Por último, si la parte actora decidió no constituirse como parte civil en el proceso penal, dicha situación no le impedía, de manera definitiva, obtener una reparación de las cuotas de alimentos adeudadas por el señor Carlos Alberto Villada Montoya, debido a que la demandante tenía la posibilidad de reclamar las sumas adeudas a partir de, por lo menos, dos procesos ejecutivos ante la jurisdicción civil, a partir de las siguientes decisiones a su favor que prestaban merito ejecutivo: i) la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil de Menores, el 18 de agosto de 1988, que ordenó al señor Carlos Alberto Villada Montoya pagar el 35% de sus ingresos en favor de la menor Lina Fernanda Villada Merchán y ii) el acuerdo conciliatorio del 28 de octubre de 2002, en el cual se fijó una nueva cuota de alimentos en favor de la ahora demandante.

Dicho de otro modo, a pesar de que la señora Villada Merchán y su representante decidieron no constituirse como parte civil en el proceso penal, aún tenían la oportunidad de acudir a la jurisdicción ordinaria civil para demandar y solicitar el respectivo pago, por parte del señor Carlos Alberto Villada Montoya, de las cuotas alimentarias adeudadas y que correspondían a una obligación periódica, que no se agotaba en un solo momento, sino que se renovaba en el tiempo, por tanto, se debían de manera sucesiva.

De todo lo expuesto es posible concluir que se está en presencia de una falta de prueba del daño antijurídico que se alega como imputable al Estado, por lo cual el juzgador se encuentra relevado de cualquier otro tipo de consideraciones y, por ende, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada.

6. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esta es, la proferida el 28 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión Nº 4, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Despachos creados por medio de Acuerdo No. PSAA12 - 9524 del 21 de junio de 2012 y que conoció el asunto proveniente del mismo Tribunal – Sala permanente. Folios 13 a 18 del cuaderno principal. Folio 19 del cuaderno principal. De conformidad con el poder que obra a folios 2 y 3 del cuaderno principal. Correspondientes a las sumas adeudadas por el procesado y que no tuvo posibilidad de recibir como consecuencia de la prescripción de la acción penal. Folio 14 del cuaderno principal. De manera previa a la admisión de la demanda, el asunto correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo de Popayán que tramitó la demanda y, posteriormente, por auto del 23 de octubre de 2008 -folios 50 a 55 del cuaderno principal- declaró su falta de competencia para conocer del asunto y remitió el proceso al Tribunal Administrativo del Cauca. Folio 61 del cuaderno principal. Folio 69 del cuaderno principal. Folio 68 del cuaderno principal. Folios 72 a 80 del cuaderno principal. Folios 26 y 27 del cuaderno del llamamiento en garantía. Artículo 57: “Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores”. Artículo 56: “Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable. La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que éste comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días. El denunciado podrá presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la denuncia, y en el mismo solicitar las pruebas que pretenda hacer valer (…)” (se destaca). Folio 93 a 95 del cuaderno principal. Folio 98 del cuaderno principal. Folios 109 a 132 del del cuaderno de segunda instancia. Folio 133 del cuaderno de segunda instancia. Folios 134 a 141 del cuaderno de segunda instancia. Folio 143 del cuaderno de segunda instancia. Folios 148 y 149 del cuaderno de segunda instancia. Folio 151 del cuaderno de segunda instancia. Folios 153 a 158 del cuaderno de segunda instancia. Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015, x) 269 A de 2017 y xi) 080 de 2019. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. Folio 19 del cuaderno principal. Debido a que la Ley fue publicada el 24 de julio del 2000 y, de conformidad con el artículo 536 de la misma, a cuyo tenor se dispuso: “Este Código entrará en vigencia un año después de su promulgación”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de marzo de 2006, expediente 24300, M.P. Marina Pulido de Barón. Folios 503 a 510 del cuaderno de pruebas número 3. Folios 499 y 500 del cuaderno de pruebas número 3.

En virtud del despacho comisorio librado por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Popayán, que obra a folio 522 del cuaderno de pruebas número 3. Folios 526 y 527 del cuaderno de pruebas número 3. Folios 532 a 551 del cuaderno de pruebas número 3. Folios 553 a 558 del cuaderno de pruebas número 3. Folios 567 y 568 del cuaderno de pruebas número 3. Folio 575 del cuaderno de pruebas número 3. Folios 598 a 609 del cuaderno de pruebas número 4. Poder que obra a folio 611 del cuaderno de pruebas número 4. Folio 622 del cuaderno de pruebas número 4. Folio 629 del cuaderno de pruebas número 4. El cual se presentó ante el Juzgado para la diligencia de posesión el 20 de agosto de 2002, folio 631 del cuaderno de pruebas número 4. Folio 644 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 645 a 647 y 650 a 652 del cuaderno de pruebas número 4. Folio 648 del cuaderno de pruebas número 4. Folio 649 del cuaderno de pruebas número 4. Folio 657 del cuaderno de pruebas número 4. Folio 658 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 667 a 669 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 687 a 689 del cuaderno de pruebas número 4. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, exp. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) radicado No 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) radicado No 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) radicado No 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 250002326000 2001 02469 01 (32.570), M.P. Hernán Andrade Rincón. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. Artículo 263: “Inasistencia alimentaría. El que se substraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en arresto de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil a cien mil pesos”. Postura reiterada en la sentencia C-984 de 2002, en la que se demandó la inconstitucionalidad del artículo 233 de la Ley 599 del 2000 -inasistencia alimentaria-, el cual reproducía, en esencia, el mismo contenido del artículo 596 del Decreto Ley 100 de 1980. Que de acuerdo con el artículo 263 del Decreto Ley 100 de 1980 -citado en precedencia- no podía exceder a cien mil pesos. De conformidad con lo manifestado en la sentencia de primera instancia por el Tribunal a quo, en la cual se adujo que se desconocía actuación alguna en relación con este aspecto. Folio 611 del cuaderno de pruebas número 4. De conformidad con lo explicado en precedencia y, además, porque el poder presentado por la denunciante para constituirse como parte civil en el proceso penal corresponde al 22 de mayo de 2002, fecha en la que ya se encontraba vigente la Ley 600 del 2000. Ley 600 del 2000, Titulo IV, artículos113 y siguientes. Reiteración criterio jurisprudencial del Consejo establecido en Sentencia del Consejo de Estado, Subsección A, expediente 41244 del 23 de marzo de 2017.

Artículo 56: “En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el juez procederá a liquidarlos de acuerdo a lo acreditado en la actuación y en la sentencia condenará al responsable de los daños causados con la conducta punible. Además, se pronunciará sobre las expensas, las costas judiciales y las agencias en derecho si a ello hubiere lugar” (se destaca).
“Artículo 50. Admisión de la demanda y facultades de la parte civil. Admitida la demanda de parte civil, ésta quedará facultada para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias de que trata este artículo”.

PAGE \* MERGEFORMAT1

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.