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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2008-00066-01

Acción de controversias contractuales

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2008-00066-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 28 de marzo de 2014. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-31-000-2008-00066-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

2 de julio de 2021

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE COMPRAVENTA / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE / LESIÓN ENORME DE CONTRATO DE COMPRAVENTA / LEY DE REFORMA AGRARIA / ADQUISICIÓN DE TIERRAS / DERECHO DE ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA / FONDO DE TIERRAS PARA LA REFORMA RURAL / AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO / REGLAS PARA ESTABLECER EL VALOR DEL AVALÚO COMERCIAL / PRUEBA IDÓNEA / JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / OMISIÓN DE LA PRÁCTICA OFICIOSA DEL DICTAMEN PERICIAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA

En síntesis, el apelante tiene razón al sostener que la conducta que adoptaron los vendedores en la fase de formación del contrato no impedía declarar la lesión enorme. Con todo, esta no es una razón suficiente para revocar la sentencia impugnada y acceder a las pretensiones de la demanda. Según lo que se acaba de explicar, corresponde analizar si el dictamen pericial que se practicó era una prueba fiable para establecer el justo precio del bien en la fecha del contrato y si desvirtúa los fundamentos y las conclusiones del avalúo practicado por el IGAC, con base en el cual se formuló la oferta de compra. […] La Sala comparte el resultado de la valoración hecha por el a quo: la prueba pericial que se practicó no es fiable para deducir el justo precio del inmueble vendido al INCODER a la fecha del contrato, ni desvirtúa el avalúo practicado por el IGAC que sirvió de sustento al precio de la oferta de compra aceptada por los vendedores. […] [L]a prueba pericial que se practicó a solicitud de la parte actora no es fiable para deducir que el justo precio del inmueble era superior al duplo del valor pactado en el contrato de compraventa. Por último, ni el dictamen ni ningún otro elemento de juicio le permiten a la Sala, como pretende la parte recurrente, desestimar los fundamentos y conclusiones del avalúo practicado por el IGAC, con base en el cual el INCODER formuló la oferta de compra. […] Como el justo precio del inmueble en la fecha de la venta no es un punto oscuro o dudoso de la contienda, no era pertinente decretar de oficio otra prueba pericial, pues el ejercicio de este poder no se encaminaría al “esclarecimiento de la verdad”. Más bien, se dirigiría a suplantar a la parte en su carga de (i) probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido y (ii) controvertir las aducidas por la contraparte con el mismo propósito, mutando el proceso en un juicio de revisión oficiosa del avalúo, acción que no representa el objeto de una controversia contractual que gravita en torno a una pretensión rescisoria por lesión enorme. […] Por las razones anteriormente expuestas, se confirmará la decisión recurrida.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL

Según el artículo 82 del CCA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas. De otro lado, el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 establece que el juez competente para conocer de los litigios derivados de los contratos estatales es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La diferencia entre las partes concierne a un contrato que es estatal, pues fue celebrado por una entidad pública: el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. Por lo tanto, esta jurisdicción es competente para resolverla. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto establece que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los contratos de las entidades estatales, cuando la cuantía exceda los 500 SMMLV.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 129 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75

LESIÓN ENORME / CONFIGURACIÓN DE LA LESIÓN ENORME / LESIÓN ENORME DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

La lesión se define como un desequilibrio económico protuberante –concomitante al contrato, no sobrevenido– entre las ventajas que reporta y los sacrificios para obtenerlas, en virtud del cual el legislador dota de medios de defensa al perjudicado. El contrato de compraventa de bienes inmuebles es uno de los actos jurídicos en los que se sanciona la lesión enorme. Según el artículo 1947 del Código Civil, el vendedor la sufre cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, lo que le da derecho a pedir la rescisión del contrato. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión puede, a su arbitrio, consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima parte. Con fundamento en estos enunciados legales, se considera que la lesión enorme no es un vicio del consentimiento, porque basta que el precio acordado por los contratantes sea lesivo en la medida determinada por la ley para que opere esta figura. […] la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que esta figura, en relación con los contratos estatales, opera sin tomar en consideración las calidades o los actos de las partes contratantes, o su grado de sagacidad o diligencia, aspecto sobre el cual la Sala debe formular varias precisiones de cara a las particularidades de la contratación estatal y al régimen de adquisición de tierras regulado en el capítulo VI de la Ley 160 de 1994.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1947

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la figura de la lesión enorme en relación con los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de agosto de 2016, rad. 56288, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 15 de marzo de 2000, rad. 14415, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

LEY DE REFORMA AGRARIA / ADQUISICIÓN DE TIERRAS / DERECHO DE ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA / FONDO DE TIERRAS PARA LA REFORMA RURAL / AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO / REGLAS PARA ESTABLECER EL VALOR DEL AVALÚO COMERCIAL

El capítulo VI de la Ley 160 de 1994 fue reglamentado mediante el Decreto 2666 de 1994. En este cuerpo normativo, el Gobierno Nacional reguló, entre otras cosas, el concepto de avalúo (artículo 8); el modo de formular la oferta de compra y el contenido que debe tener (artículos 9 y 11); los requisitos que debe llenar la contestación de la oferta; y el trámite que se surte en caso de que se objete el avalúo del bien (artículos 12 y 13). La elaboración del avalúo comercial de los predios afectos a programas de reforma agraria fue reglamentada en el Decreto 1139 de 1995. En este instrumento se definió que el avalúo es el precio obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. En el artículo 3º, por otra parte, se establecieron las etapas que debían agotarse para determinar el avalúo comercial de un predio rural: (i) revisión previa de la información del expediente del INCODER relacionada con la identificación y el estudio técnico del inmueble; (ii) consulta de información complementaria relativa al predio en otras entidades oficiales o privadas de reconocida idoneidad; (iii) identificación predial y verificación de los aspectos físicos correspondientes mediante la práctica de una visita al predio respectivo; (iv) investigación de variables exógenas que influyan en el avalúo; (v) determinación de los precios de los elementos a evaluar aplicando los métodos de comparación y de reposición y adelantando una investigación del mercado en la zona donde se ubica el inmueble; (vi) actualización a la fecha de elaboración del avalúo de los valores obtenidos en la investigación indirecta y procesamiento estadístico de la investigación del precio por unidad de área; y (vii) liquidación del avalúo.

FUENTE FORMAL: LEY 160 DE 1994 - CAPÍTULO VI / DECRETO 2666 DE 1994 - ARTÍCULO 8 / DECRETO 2666 DE 1994 - ARTÍCULO 9 / DECRETO 2666 DE 1994 - ARTÍCULO 11 / DECRETO 2666 DE 1994 - ARTÍCULO 12 / DECRETO 2666 DE 1994 - ARTÍCULO 13 / DECRETO 1139 DE 1995

PRUEBA IDÓNEA / JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

Como se indicó antes, el medio de prueba idóneo para acreditar el justo precio del inmueble rural y desvirtuar el avalúo practicado por el IGAC es el dictamen rendido por un experto que valore el bien bajo las condiciones legales y reglamentarias vigentes al tiempo del contrato. En efecto, aunque para su demostración existe libertad probatoria, “la prueba pericial ocupa un lugar preponderante para determinar, de manera objetiva y con prescindencia de cualesquiera otras consideraciones, cuál era el valor del inmueble a la fecha en que se celebró el contrato”. El CPC contempló el dictamen pericial como un medio de prueba para verificar los hechos que interesan al proceso y que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La especialidad de los conocimientos que se requieren para la fijación de los hechos o para su calificación no implica, sin embargo, que el juez deba aceptar ciegamente las conclusiones del perito. La regulación legal de la prueba pericial no eximió al juez del deber de apreciar críticamente la firmeza del dictamen, cuandoquiera que, en el término concedido para su contradicción, las partes no lo objetaron por error grave o no pidieron aclarar o complementar su contenido. En esta línea, se ha sostenido que la relevancia de la prueba pericial en los casos en que se discute la lesión enorme no significa que “los resultados de dicho dictamen no estén sujetos a la valoración que de ellos debe llevar a cabo el fallador, quien ha de verificar la firmeza, precisión, calidad de fundamentos y demás elementos probatorios, de suerte tal que es el juzgador el que determina, apreciando todas las circunstancia del contrato que frente al caso resulten relevantes, ese justo valor”, todo ello a la luz de las reglas y parámetros que ha fijado la ley para la determinación del precio y su formulación como oferta de compra al titular del derecho de dominio que se pretende.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la relevancia de la prueba pericial en los casos en los que se discute la lesión enorme, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de abril de 2010, rad. 18014, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 19001-23-31-000-2008-00066-01(51434)

Actor: CLARA INÉS ANGULO DE MOSQUERA Y GILBERTO IRAGORRI ANGULO

Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Cauca.

La controversia concierne a un contrato de compraventa de un inmueble celebrado con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante, INCODER), con motivo del cual los vendedores alegaron sufrir una lesión enorme y pidieron que la entidad pública completara el justo precio del bien. El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones, porque consideró que el dictamen pericial que se practicó en el proceso no era una prueba fiable para establecer el valor del predio en la fecha de celebración del contrato.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 28 de marzo de 2014, en la que el Tribunal Administrativo del Cauca dispuso:

“Primero: Se niegan las pretensiones de la demanda dirigida en contra del INCONDER [sic], de acuerdo con lo expuesto.

Segundo: Sin costas al tenor del artículo 171 del C.C.A.

Tercero: Por Secretaría, liquídense y devuélvanse los gastos del proceso”.

Esta sentencia decidió la demanda presentada por Clara Inés Angulo de Mosquera y Gilberto Iragorri Angulo (en adelante, los vendedores), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación:

Pretensiones

La parte demandante pidió que se pronuncien las siguientes declaraciones y condenas:

“Primera: Que los señores Clara Inés Angulo de Mosquera y Gilberto Iragorri Angulo, sufrieron lesión enorme en el contrato de compraventa celebrado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, de que da cuenta la Escritura Pública # 2320 del 2 de noviembre de 2006, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Popayán, debidamente registrada el día 17 de noviembre de 2006, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 120-31025 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán.

Segunda: Que previa determinación, mediante avalúo pericial del justo precio del inmueble a la época del contrato, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER complete y pague a los demandantes Clara Inés Angulo de Mosquera y Gilberto Iragorri Angulo, de las condiciones civiles anotadas, la diferencia que resulte del pago inicial pactado en la Escritura Pública # 2320 del 2 de Noviembre de 2006 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Popayán; en los términos del artículo 1948 del Código Civil.

Tercera: Que se condene al demandado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, a pagar a favor del demandante, los intereses a la tasa legal, sobre el valor determinado como diferencia del justo precio, liquidados desde la presentación de la demanda y hasta el pago total de la obligación, al tenor de lo dispuesto por el art. 1948 del Código Civil.

Cuarta: Que se condene al demandado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER al pago de las costas y costos del proceso”.

Hechos

En apoyo de sus peticiones, la parte demandante relató los siguientes hechos:

El 2 de noviembre de 2006, los vendedores y el INCODER celebraron un contrato de compraventa con el objeto de transferir el derecho de dominio sobre un inmueble ubicado en la vereda Las Piedras del municipio de Popayán, denominado Lote 5 El Recreo. El acuerdo se formalizó en la escritura pública 2320 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Popayán.

Los vendedores y el INCODER pactaron un precio de $335’300.320, que se pagaría de la siguiente forma: (i) el 60%, equivalente a $201’180.192, con la emisión de bonos agrarios redimibles en cinco vencimientos anuales sucesivos, y (ii) el saldo, $134’120.128, con dinero en efectivo.

El INCODER pagó el precio convenido y los vendedores entregaron materialmente el inmueble.

El 17 de noviembre de 2006, ante la oficina de registro de instrumentos públicos de Popayán, se registró la escritura pública de compraventa en el folio de matrícula inmobiliaria 120-3105.

Señaló que la decisión de los vendedores de ofrecer el predio al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, cuyas funciones asumió el INCODER, obedeció a las presiones de los comuneros del cabildo indígena San Ignacio, que invadieron el inmueble.

Adujo que, a la fecha de celebración del contrato, el valor del inmueble era superior a los $700’000.000, por lo que los vendedores sufrieron una lesión enorme.

Finalmente, precisó que los vendedores no pretendían la rescisión del contrato de compraventa sino que se completara el justo precio, habida cuenta de que el INCODER adquirió el inmueble por motivos de utilidad pública.

Fundamentos de derecho

La parte actora citó las siguientes disposiciones jurídicas como fundamento de sus pretensiones: Código Civil, artículos 1946, 1947 y 1952; y Código Contencioso Administrativo (“CCA”), artículos 87, 131, 132.8, 136, 137, 138 y 139. Igualmente, trajo a colación una sentencia de la Sección Tercera de esta Corporación para sustentar la tesis de que la lesión enorme es aplicable a los contratos estatales de compraventa de inmuebles.

Los argumentos de defensa de la parte demandada

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y planteó las siguientes defensas:

En primer lugar, formuló la excepción de “inexistencia de un contrato de venta abiertamente lesivo”. En su fundamentación, indicó que la señora Clara Inés Angulo adquirió su cuota parte del inmueble en el año 1998 por un precio de $27’312.000. Adujo que ella y el señor Gilberto Iragorri Angulo eran los dueños del bien, por lo que “podría pensarse que para el año 1998 el predio ascendía a $56’624.000”. Agregó que en 1999 los vendedores pagaron un avalúo practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante, IGAC), que tasó su precio en $265’467.000. Por último, indicó que en marzo de 2006 el INCODER ordenó realizar un nuevo avalúo, que arrojó un valor comercial de $335’300.320. Con base en lo anterior, concluyó que el contrato no fue lesivo para los vendedores, pues el valor del predio, en un lapso de seis años, se “cuadruplicó”.

En segundo lugar, formuló la excepción de “legalidad en el trámite para la adquisición y el avalúo”. Sobre este punto, indicó que, por disposición de la Ley 160 de 1994, en los procesos de compra directa adelantados por el INCODER, el precio máximo de enajenación corresponde al avalúo practicado por las personas legalmente habilitadas para cumplir esa función. Añadió que el avalúo practicado por el IGAC en marzo de 2006 consultó distintas fuentes de información y estuvo precedido de una investigación directa del inmueble. Destacó, además, que en este ejercicio se “consideró el aspecto de invasiones de los predios por parte de los indígenas de la región como un aspecto de incidencia bajo, que no se refleja en el valor comercial”. En este orden de ideas, concluyó que el INCODER no podía pagar un valor superior al que fijó el IGAC, por tratarse de un procedimiento reglado en el que no se podía definir libremente el precio de venta.

Finalmente, propuso la excepción de “improcedencia de la lesión enorme”. Al respecto, indicó que los vendedores aceptaron voluntariamente la oferta de compra que formuló el INCODER, y no objetaron, pudiendo hacerlo, el avalúo hecho por el IGAC. Con fundamento en estas ideas, señaló que era “sorprendente” que se afirmara que la compraventa fue lesiva, máxime cuando los demandantes no aportaron soportes técnicos que validen esa apreciación y que desvirtúen el avalúo practicado por el IGAC.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

Para justificar su decisión de negar las pretensiones de la demanda, el Tribunal Administrativo del Cauca expresó los siguientes argumentos:

En primer lugar, afirmó que el dictamen pericial es el medio de prueba idóneo para determinar el justo precio del inmueble en la fecha de celebración del contrato.
Precisó que el dictamen rendido en el proceso fue elaborado por un abogado que, a su vez, designó un auxiliar de apoyo, cuya profesión no se acreditó; sin embargo, destacó que esta situación no fue objetada por las partes oportunamente.

A renglón seguido, indicó que ese dictamen pericial, practicado a petición de la demandante, no era una prueba fiable para sostener que efectivamente los vendedores sufrieron una lesión enorme. Para sustentar esta conclusión, expresó las siguientes razones:

El perito estableció un valor unitario por hectárea, pero no especificó la “fuente económica que tuvieron en cuenta para el efecto”. Adicionalmente, no precisó si el valor del inmueble que calculó ($702’080.960) corresponde a precios corrientes de la fecha del dictamen (2010) o a precios constantes del año en que se perfeccionó el contrato (2006).

El perito no acompañó los documentos que presuntamente tuvo en cuenta para determinar el valor del inmueble, como los reportes de las consultas en lonjas de propiedad raíz y los contratos de compraventa celebrados sobre predios aledaños.

El dictamen contiene una apreciación subjetiva y carente de fundamento que le resta credibilidad: los propietarios debieron vender el predio al Estado colombiano para la implementación de programas de reforma agraria por un precio inferior al real, pues de lo contrario perderían “todo el patrimonio invertido en el sector agropecuario”.

En segundo lugar, aseveró que los vendedores, desde el año 1999, ofertaron al INCODER el inmueble. Destacó que en el año 2006, cuando fue atendida su propuesta, la entidad les advirtió que podían rechazar el valor ofertado y objetar el avalúo practicado por el IGAC. Remató señalando que los vendedores aceptaron sin reservas la oferta y no impugnaron el avalúo, razón adicional para negar las pretensiones.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante pidió que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Para sustentar el recurso, expresó las siguientes razones de inconformidad:

Argumentó que la lesión enorme es un vicio objetivo del contrato de compraventa relacionado con el precio, el cual opera con independencia de los actos desplegados por los sujetos contratantes. Con base en ello, afirmó que los razonamientos del Tribunal, referidos al comportamiento de los vendedores antes de la celebración del negocio jurídico, no podían fundamentar la decisión de negar las pretensiones.

En lo relativo al justo precio del inmueble, indicó que “el dictamen no fue objetado por error grave por la parte demandada y menos solicitada su aclaración o complementación”.

Aseveró que si el Tribunal consideraba insuficiente el dictamen pericial practicado en el proceso, debió decretar oficiosamente otro. Para fundamentar este aserto, señaló que el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) y el artículo 169 del CCA le imponían este deber con el fin de esclarecer puntos oscuros y dudosos de la contienda, dado que la prueba pericial, como reconoció el Tribunal, es el principal elemento de juicio para definir si los vendedores sufrieron una lesión enorme. En esta línea, citó una providencia de la Sección Tercera de esta Corporación (Exp. 22.355) y varios pronunciamientos de la Corte Constitucional (T-417 de 2008, T-654 de 2009, T-1013 de 2010 y T-950 de 2011) que, a su juicio, ratifican que el Tribunal debió decretar de oficio la prueba.

Adujo que el deber de decretar otro dictamen pericial se fundamentaba, además, en la contradicción que había entre los avalúos practicados por el IGAC y el valor establecido por el perito en su dictamen. Señaló que solo de esta forma se podía esclarecer la verdad y emitir un fallo de fondo.

Sostuvo que, en la motivación de la sentencia, “pareciera que el Tribunal le quitó credibilidad al dictamen porque quien lo efectuó es un abogado”. Agregó que las reservas del Tribunal frente a la idoneidad del perito no eran imputables a la parte demandante, sino a la oficina de apoyo judicial que conformó la lista de auxiliares de la justicia. Así, adujo que la parte actora actuó con el convencimiento legítimo de que el auxiliar inscrito en la lista era una persona calificada para elaborar el dictamen. Concluyó que esta era una razón adicional para que el Tribunal, de oficio, ordenara la práctica de otro.

Por último, pidió que la sentencia de segunda instancia acceda a las pretensiones y que, para ese fin, se decrete de oficio otro dictamen pericial bajo la siguiente consideración: “no se está solicitando que se practique a solicitud de parte una prueba pericial en segunda instancia, pues el artículo 214 del CCA no lo permitiría para este caso concreto, sino que sea la Sección Tercera del Consejo de Estado quien (…) decrete una nueva prueba”.

El 6 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca concedió el recurso de apelación, el cual fue admitido por esta Corporación el 13 de agosto del mismo año. El 8 de octubre se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

En sus alegaciones, la parte demandante insistió en los mismos planteamientos en que fundó la impugnación de la sentencia. La agente del Ministerio Público sostuvo que el fallo debía confirmarse, pues, como concluyó el Tribunal, los fundamentos del dictamen no eran precisos y sólidos. Agregó que la justicia de lo contencioso administrativo es rogada y que el Tribunal no incurrió en ninguna equivocación, porque valoró todas las pruebas aportadas y la carga de acreditar la lesión era de la parte demandante. La entidad demandada guardó silencio.

CONSIDERACIONES

Jurisdicción y competencia

Según el artículo 82 del CCA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas. De otro lado, el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 establece que el juez competente para conocer de los litigios derivados de los contratos estatales es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La diferencia entre las partes concierne a un contrato que es estatal, pues fue celebrado por una entidad pública: el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. Por lo tanto, esta jurisdicción es competente para resolverla.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto establece que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los contratos de las entidades estatales, cuando la cuantía exceda los 500 SMMLV. En la fecha de presentación de la demanda –5 de febrero de 2008– esta cuantía equivalía a $230’750.000. La pretensión de mayor valor se estimó en una suma superior: $350’000.000; por lo tanto, la Sala es competente para resolver el recurso, pues el proceso tiene vocación de doble instancia.

El objeto de la apelación

Con el objeto de resolver el recurso de apelación, la Sala analizará si la sentencia de primera instancia debe ser revocada, debido a que (i) la lesión enorme es un vicio de naturaleza objetiva, por lo que la conducta adoptada por los vendedores antes de la celebración del contrato no era un criterio relevante para negar las pretensiones; (ii) el dictamen pericial que se rindió no fue objetado por la entidad demandada; y (iii) el Tribunal debió decretar oficiosamente otra prueba pericial si la que se practicó no era fiable para inferir el justo precio del inmueble rural que adquirió el INCODER.

Análisis del caso

Para resolver los problemas que plantea el recurso de apelación, se procederá de la siguiente forma. En primer lugar, se examinará la naturaleza de la lesión enorme y su aplicación en los procesos de negociación directa de inmuebles rurales destinados al desarrollo de programas de reforma agraria. En segundo lugar, se analizará si el Tribunal debió deferir a las conclusiones expresadas en el dictamen pericial, puesto que el INCODER no lo objetó por error grave. Finalmente, de haber lugar a ello, se estudiará si debió decretarse de oficio otro dictamen pericial, en consideración a que la prueba practicada no se consideró fiable para acreditar el justo precio del inmueble.

La naturaleza jurídica de la lesión enorme y el procedimiento de negociación directa de inmuebles rurales

La lesión se define como un desequilibrio económico protuberante –concomitante al contrato, no sobrevenido– entre las ventajas que reporta y los sacrificios para obtenerlas, en virtud del cual el legislador dota de medios de defensa al perjudicado. El contrato de compraventa de bienes inmuebles es uno de los actos jurídicos en los que se sanciona la lesión enorme. Según el artículo 1947 del Código Civil, el vendedor la sufre cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, lo que le da derecho a pedir la rescisión del contrato. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión puede, a su arbitrio, consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima parte.

Con fundamento en estos enunciados legales, se considera que la lesión enorme no es un vicio del consentimiento, porque basta que el precio acordado por los contratantes sea lesivo en la medida determinada por la ley para que opere esta figura. Así, por ejemplo, si se celebra un contrato de compraventa por menos de la mitad del justo precio, el vendedor conoce cuál es ese valor y no media una circunstancia constitutiva de fuerza determinante de su consentimiento, de todas formas resulta procedente pedir que se declare la lesión.

A tono con esta consideración, la lesión enorme se entiende como un vicio objetivo. La institución se funda exclusivamente sobre la noción de justo precio, y el desequilibrio –en las proporciones definidas legalmente– es suficiente para que se desplieguen sus efectos. La Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad del artículo 1948 del Código Civil, expresó que la configuración legal de la lesión como un vicio objetivo significa que “tan solo se establece su presencia mediante la confrontación matemática entre el precio convenido y el justo precio de la cosa en el momento del negocio (…) por lo que la consideración de la buena o mala fe es irrelevante, por lo que aquella se presume”. Igualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que esta figura, en relación con los contratos estatales, opera sin tomar en consideración las calidades o los actos de las partes contratantes, o su grado de sagacidad o diligencia, aspecto sobre el cual la Sala debe formular varias precisiones de cara a las particularidades de la contratación estatal y al régimen de adquisición de tierras regulado en el capítulo VI de la Ley 160 de 1994

Según consta en la escritura pública 2320 del 2 de noviembre de 2006, otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo Notarial de Popayán, el precio pactado en el contrato de compraventa del predio denominado Lote 5 El Recreo se fundamentó en lo dispuesto en la Ley 160 de 1994. Por esta razón, resulta necesario reseñar brevemente los fundamentos de esta norma y el procedimiento consagrado para la adquisición de inmuebles rurales por parte del INCODER.

La Ley 160 de 1994, por medio de la cual se creó el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino, fue promulgada con base en el artículo 64 de la Constitución Política, que estableció el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de este segmento de la población. En el ordinal primero del artículo 1º de la ley se dispuso que uno de sus fines consistía en reformar la estructura social agraria a través de procedimientos dirigidos a dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que estableciera el Gobierno Nacional. Por su parte, el artículo 12.9 determinó que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria – INCORA, como ejecutor exclusivo del subsistema de adquisición y adjudicación de tierras, tendría la función de ejecutar directamente los programas de adquisición de tierras mediante negociación directa con los propietarios en la forma prevista en el capítulo VI de la misma ley.

El procedimiento de adquisición de tierras regulado en el capítulo VI de la Ley 160 de 1994 tiene las siguientes características:

La dotación de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional constituye motivo de interés social y utilidad pública para la adquisición y expropiación de bienes rurales de propiedad privada (artículo 31).

Para su adquisición, la entidad pública encargada debe practicar las diligencias necesarias para la identificación y valoración de los predios rurales correspondientes (artículo 32.1). El precio máximo de negociación es el fijado en el avalúo comercial que para tal fin se contrate con personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas para ello, de acuerdo con lo reglamentado por el Gobierno Nacional (artículo 32.2).

La entidad pública debe formular una oferta de compra a los propietarios del predio que se entrega personalmente o, en su defecto, mediante correo certificado. La oferta de compra debe inscribirse en la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo correspondiente dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se efectúe la comunicación (artículo 32.2). Recibida la comunicación, el propietario del inmueble rural dispone de un término de diez días para aceptarla o rechazarla. Dentro de este mismo plazo, y por una sola vez, el destinatario de la oferta puede objetar el avalúo por error grave o por haberse expedido con una antelación superior a un año. Las objeciones, de presentarse, deben ser resueltas por peritos diferentes a los que practiquen el avalúo inicial (artículo 32.3).

Si se logra un acuerdo en relación con la oferta, se celebra un contrato de promesa de compraventa, y el negocio prometido debe perfeccionarse con el otorgamiento de la escritura pública respectiva en un término no superior a dos meses (artículo 32.5). Agotada la etapa de negociación directa sin alcanzarse un acuerdo de voluntades, el INCODER queda habilitado para ordenar, mediante resolución motivada, que se adelante la expropiación del predio y de los demás derechos reales constituidos sobre él. La negociación directa es, pues, un paso previo a la expropiación judicial (artículo 32.6). La oportunidad, los requisitos de la demanda y las demás particularidades del proceso de expropiación judicial se regularon en el artículo 33 de la Ley 160 de 1994.

El capítulo VI de la Ley 160 de 1994 fue reglamentado mediante el Decreto 2666 de 1994. En este cuerpo normativo, el Gobierno Nacional reguló, entre otras cosas, el concepto de avalúo (artículo 8); el modo de formular la oferta de compra y el contenido que debe tener (artículos 9 y 11); los requisitos que debe llenar la contestación de la oferta; y el trámite que se surte en caso de que se objete el avalúo del bien (artículos 12 y 13).

La elaboración del avalúo comercial de los predios afectos a programas de reforma agraria fue reglamentada en el Decreto 1139 de 1995. En este instrumento se definió que el avalúo es el precio obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. En el artículo 3º, por otra parte, se establecieron las etapas que debían agotarse para determinar el avalúo comercial de un predio rural: (i) revisión previa de la información del expediente del INCODER relacionada con la identificación y el estudio técnico del inmueble; (ii) consulta de información complementaria relativa al predio en otras entidades oficiales o privadas de reconocida idoneidad; (iii) identificación predial y verificación de los aspectos físicos correspondientes mediante la práctica de una visita al predio respectivo; (iv) investigación de variables exógenas que influyan en el avalúo; (v) determinación de los precios de los elementos a evaluar aplicando los métodos de comparación y de reposición y adelantando una investigación del mercado en la zona donde se ubica el inmueble; (vi) actualización a la fecha de elaboración del avalúo de los valores obtenidos en la investigación indirecta y procesamiento estadístico de la investigación del precio por unidad de área; y (vii) liquidación del avalúo.

Como se ve, el precio de los inmuebles rurales en la etapa de negociación directa se determina en un exigente y objetivo procedimiento reglado.

En el expediente está probado que el contrato de compraventa entre los vendedores y el INCODER estuvo precedido de ese proceso. Mediante el oficio 01103 del 25 de agosto de 2006, el INCODER pidió que se practicara el avalúo y le remitió al IGAC la escritura pública y el certificado de tradición y libertad del predio denominado Lote 5 El Recreo. El IGAC, a través de comunicación del 2 de octubre de 2006, remitió al INCODER el informe en el que avaluó el inmueble en $335’300.320. El 11 de octubre de 2006, se comunicó a los vendedores la oferta de compra y se dejó expresa constancia de que disponían de un término de diez días para aceptarla o rechazarla, o bien para objetar el avalúo del IGAC por error grave. El INCODER remitió a la oficina de registro de instrumentos públicos de Popayán el original de la oferta de compra para su registro en el folio de matrícula inmobiliaria, la cual efectivamente se realizó como se deduce de la anotación 11 del 23 de octubre de 2006.

En el expediente también está probado que los vendedores, en la misma fecha de comunicación de la oferta de compra (11 de octubre de 2006), la aceptaron expresa e irrevocablemente y renunciaron al término previsto en la Ley 160 de 1994 para comunicar esta decisión u objetar el avalúo en que se sustentó la propuesta de negocio jurídico. Con todo, por las razones que se expresan enseguida, esta actuación de los destinatarios de la oferta no podía fundamentar la decisión de negar las pretensiones de la demanda, como concluyó el Tribunal.

En primer lugar, conforme se explicó antes, la lesión enorme tiene un carácter objetivo. El vendedor afectado por ella puede pedir que se complete el justo precio del inmueble con independencia de la conducta que adoptó en la etapa preparatoria del negocio jurídico. Así, el hecho de que los vendedores aceptaran la oferta y no objetaran el avalúo practicado por el IGAC no constituye un obstáculo para declarar la lesión enorme, si eso fuera procedente.

En segundo lugar, la Ley 160 de 1994 no excluyó expresa o tácitamente –como tampoco lo hacía la Ley 135 de 1961– la aplicación de la lesión enorme. Sobre este punto, como anota el apelante, la Sección Tercera de esta Corporación ha manifestado que (i) la institución es aplicable en los contratos estatales de compraventa de inmuebles rurales; (ii) si bien, en principio, se debe acatar el precio que fija el IGAC, lo cierto es que frente a un contrato abiertamente lesivo e inequitativo para una de las partes contratantes, cabe declarar la lesión enorme para corregir esa circunstancia; y (iii) la lesión enorme no resulta improcedente cuando el precio de la compraventa se determina con arreglo a parámetros fijados por el legislador.

Finalmente, si bien la Ley 160 de 1994 estableció un término para presentar objeciones al avalúo, el legislador no instituyó la objeción como un requisito de procedibilidad para acudir ante el juez del contrato estatal a fin de que declare la lesión enorme.

La conclusión que se acaba de expresar no implica, sin embargo, que el procedimiento para la determinación del precio del inmueble carezca de relevancia. No. Como recientemente lo explicó la Subsección en un caso referido a la enajenación voluntaria de un inmueble urbano (fase previa de la expropiación judicial regulada en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997), cuando el precio de compra se determina en un procedimiento reglado (como es el caso de la adquisición de tierras regulada en el capítulo VI de la Ley 160 de 1994) se reduce en gran medida la posibilidad de que se lesionen los derechos de ambos contratantes, pues se busca que el precio que paga la entidad pública sea cierto, justo, actual y serio. De tal circunstancia se infiere que el afectado por la lesión enorme tenga a su cargo probar no solo el precio que reclama, sino que tal precio es el resultado de las mismas variables y ponderaciones exigidas en la ley y el reglamento para la determinación del precio de compra, lo que de paso servirá para revelar los vicios del avalúo con base en el cual se determinó el precio de la oferta inicial de compra y el impacto en su cuantificación, a la luz de los límites previstos en el artículo 1946 del Código Civil. De esta manera, la prueba que se aduzca para ese fin debe ser, en línea de principio, un dictamen pericial rendido por un experto que avalúe el bien bajo las mismas condiciones legales y reglamentarias vigentes al tiempo del contrato, pues solo de esta manera se podrá elaborar un juicio de comparación que permita revelar la lesión que se aduce.

En síntesis, el apelante tiene razón al sostener que la conducta que adoptaron los vendedores en la fase de formación del contrato no impedía declarar la lesión enorme. Con todo, esta no es una razón suficiente para revocar la sentencia impugnada y acceder a las pretensiones de la demanda. Según lo que se acaba de explicar, corresponde analizar si el dictamen pericial que se practicó era una prueba fiable para establecer el justo precio del bien en la fecha del contrato y si desvirtúa los fundamentos y las conclusiones del avalúo practicado por el IGAC, con base en el cual se formuló la oferta de compra.

La fiabilidad de la prueba pericial practicada en el proceso para acreditar el justo precio del inmueble

Según lo expuesto en los antecedentes, el Tribunal concluyó que la prueba pericial que se practicó no era fiable para afirmar que el justo precio del inmueble en la fecha del contrato era más del duplo del que las partes acordaron ($335’300.320). La demandante impugnó esta conclusión con el argumento de que el dictamen no fue objetado por el INCODER.

Como se indicó antes, el medio de prueba idóneo para acreditar el justo precio del inmueble rural y desvirtuar el avalúo practicado por el IGAC es el dictamen rendido por un experto que valore el bien bajo las condiciones legales y reglamentarias vigentes al tiempo del contrato. En efecto, aunque para su demostración existe libertad probatoria, “la prueba pericial ocupa un lugar preponderante para determinar, de manera objetiva y con prescindencia de cualesquiera otras consideraciones, cuál era el valor del inmueble a la fecha en que se celebró el contrato”.

El CPC contempló el dictamen pericial como un medio de prueba para verificar los hechos que interesan al proceso y que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La especialidad de los conocimientos que se requieren para la fijación de los hechos o para su calificación no implica, sin embargo, que el juez deba aceptar ciegamente las conclusiones del perito. La regulación legal de la prueba pericial no eximió al juez del deber de apreciar críticamente la firmeza del dictamen, cuandoquiera que, en el término concedido para su contradicción, las partes no lo objetaron por error grave o no pidieron aclarar o complementar su contenido. En esta línea, se ha sostenido que la relevancia de la prueba pericial en los casos en que se discute la lesión enorme no significa que “los resultados de dicho dictamen no estén sujetos a la valoración que de ellos debe llevar a cabo el fallador, quien ha de verificar la firmeza, precisión, calidad de fundamentos y demás elementos probatorios, de suerte tal que es el juzgador el que determina, apreciando todas las circunstancia del contrato que frente al caso resulten relevantes, ese justo valor”, todo ello a la luz de las reglas y parámetros que ha fijado la ley para la determinación del precio y su formulación como oferta de compra al titular del derecho de dominio que se pretende.

Así, a diferencia de lo expresado por el apelante, el hecho de que el dictamen pericial no hubiere sido objetado en el proceso no es una condición suficiente para que el juez acepte, sin más, las conclusiones expresadas en él, puesto que, al valorar la prueba, debe constatar, entre otros, que el perito efectivamente contaba con las calidades y calificaciones requeridas para su elaboración, que realizó adecuadamente las operaciones periciales, que fundamentó y explicó sus resultados siguiendo los parámetros de ley y, de ser el caso, que respondió las solicitudes de aclaración o complementación de las partes. Solo entonces, en virtud de los conocimientos que posee el experto, se puede deferir a su opinión.

Precisado lo anterior, la Sala observa que, mediante auto del 24 de febrero de 2010, el Tribunal corrió traslado del dictamen rendido por Carlos Ignacio Muñoz Manzano a solicitud de los vendedores. El perito tasó el valor del inmueble vendido en $702’080.960 y, como puso de presente el recurrente, el INCODER no objetó el dictamen, ni pidió su aclaración o complementación (cosa que tampoco hizo la parte demandante). No obstante, por las razones que se acaban de expresar, esta no es una razón suficiente para revocar la sentencia impugnada.

A lo anterior se agrega que el Tribunal justificó por qué no aceptó las conclusiones del perito. La Sala comparte el resultado de la valoración hecha por el a quo: la prueba pericial que se practicó no es fiable para deducir el justo precio del inmueble vendido al INCODER a la fecha del contrato, ni desvirtúa el avalúo practicado por el IGAC que sirvió de sustento al precio de la oferta de compra aceptada por los vendedores.

El dictamen elaborado por Carlos Muñoz Manzano no permite afirmar que el justo precio del inmueble, en la fecha de venta, fuera de $702’080.960, por las siguientes razones:

En el apartado denominado “Generalidades del predio”, el perito presentó el avalúo de la siguiente forma. En primer lugar, señaló que en la finca El Recreo existía una casa de un solo piso, con muros de bahareque y en regular estado de conservación, que valoró así: “Área total: 83 M2 * $100.00 m2 = $8.300.000”. A renglón seguido, incluyó la siguiente información: “Cercas Perimetrales: $12.960.000”. Por último, para registrar el costo total del terreno, introdujo este cuadro:

Clase
IV
78.8%
15 hectáreas
Valor unitario: $3.600.000
Valor total: $450.000.000
Clase
V
2.6%
10 hectáreas
Valor unitario: $3.000.000
Valor total: $30.000.000
Clase
VI
18.6%
83 hectáreas 6.754 metros
Valor unitario: $2.400.000
Valor total: $200.000.000

A partir de estos elementos, concluyó: “Avalúo total: $702.080.960”.

La magnitud equivalente al “avalúo total” no corresponde al precio que se calculó por la edificación situada en el predio ($8’300.000), las denominadas cercas perimetrales ($12’960.000) y el costo total del terreno ($680’000.000). La suma de esas cifras es de $701’260.000.

El perito no justificó cómo calculó el costo unitario del metro cuadrado de la edificación. Tampoco explicó a qué obedece la diferencia entre el cálculo efectuado por el IGAC sobre esta construcción ($6’960.000) y el que presentó en su dictamen ($8’300.000), o las razones por las que la edificación “en regular estado de conservación” se valorizó entre septiembre de 2006 (fecha de elaboración del informe del IGAC) y el mes de febrero de 2010 (fecha del dictamen).

El perito no explicó cómo obtuvo el costo del metro lineal de cerca de púa sobre postes vivos, ni los ejercicios que llevó a cabo para medir la longitud de las cercas perimetrales, pues lo único que manifestó es que “existen aproximadamente unos 10.000 metros”.

Por otro lado, el dictamen no señaló el criterio que se tuvo en cuenta para agrupar en las clases IV, V y VI el área total del terreno. Además, el perito no hizo una sola mención al avalúo practicado por el IGAC, en el que se incluyó una distribución diferente en función de cuatro clases agrológicas: Tipo III: 44 hectáreas; Tipo IV: 91 hectáreas; Tipo VI: 48 hectáreas; y Tipo VII: 35,67 hectáreas.

Como destacó el Tribunal, el perito tampoco explicó la metodología y las fuentes de información con base en las cuales determinó el costo unitario por hectárea de las “clases” IV, V y VI. No solo el cálculo fue inopinado, sino que tampoco señaló por qué los valores unitarios que empleó en el avalúo son mayores a los que tuvo en cuenta el IGAC en su ejercicio de valoración (Clase agrológica III: $2’000.000, IV: $1’800.000, VI: $1’000.000 y VII: $800.000).

El dictamen no contiene información de la que se pueda deducir que la valoración del inmueble se refiere “al tiempo del contrato” (2 de noviembre de 2006) y no al tiempo de la elaboración del informe (febrero de 2010), porque no hizo alusión concreta y clara a las condiciones del bien al momento de la enajenación.

No deja de llamar la atención que todas las fotografías que se acompañaron al dictamen, con las que se sustentó la investigación directa del predio, tengan una marca de impresión del 2 enero de 2008, fecha para la cual el Tribunal aún no había decretado la prueba pericial.

El perito manifestó que efectuó consultas en “las lonjas, notarías y compraventas realizadas en esa época”. No obstante, no indicó cuáles fueron los documentos (escrituras, avalúos, etc.) que obtuvo en razón de esa investigación indirecta, ni los relacionó y mucho menos los anexó al dictamen. Esta omisión impide establecer si los predios tenían similares características al inmueble enajenado y si su valor era comparable.

Finalmente, el perito omitió seguir las etapas previstas en el artículo 3º del Decreto 1139 de 1995, reglamentario de la Ley 160 de 1994, para la determinación del avalúo. Como resultado de ello, no revisó la información contenida en el expediente del INCODER relacionada con el estudio técnico del inmueble; no investigó las variables exógenas que influyen en el avalúo, como los usos autorizados del suelo; no actualizó a la fecha de elaboración del avalúo los valores obtenidos en la investigación indirecta; tampoco llevó a cabo el procesamiento estadístico de la investigación directa del precio por unidad de área con el fin de establecer un valor confiable; y, en el acápite relativo a la “metodología” incluyó apreciaciones subjetivas que no sustentó con ningún elemento de juicio que repose en el expediente, las cuales, en todo caso, además de que carecen de relevancia por la naturaleza objetiva de la lesión, no correspondería definirlas al perito sino al juez.

En resumen, el dictamen pericial que se rindió no permite afirmar que el justo precio del inmueble, a la fecha de venta, era de $702’080.960. Los fundamentos de esta conclusión se abrevian en dos proposiciones: (i) el precio indicado en el dictamen no se deduce de premisas expuestas con precisión y exhaustividad, sino de apreciaciones del fuero interno del experto que impiden considerar justificadas sus conclusiones, y (ii) el perito no elaboró el dictamen bajo las condiciones legales establecidas para este tipo de compraventas, a pesar de que la Ley 160 de 1994 y los Decretos 2666 de 1994 y 1139 de 1995 contemplaron una abanico de reglas para la determinación seria, justa y objetiva del precio de adquisición de inmuebles rurales afectos al desarrollo de programas de reforma agraria. Las anteriores razones son suficientes para no acoger sus conclusiones.

Por otra parte, ni el dictamen pericial ni ninguna otra prueba del expediente desvirtúan el contenido del avalúo practicado por el IGAC, con base en el cual el INCODER formuló la oferta de compra y, posteriormente, las partes acordaron el precio del contrato. Por el contrario, revisado el contenido de este documento –que fue aportado por la entidad demandada– la Sala concluye que el mismo se apegó a las reglas establecidas en la Ley 160 de 1994 y en los Decretos 2666 de 1994 y 1139 de 1995:

El IGAC, amén de revisar la información básica del inmueble (localización, planchas, propietarios, número catastral, títulos de adquisición) y analizar el estudio técnico respectivo, presentó prolijamente la información del sector: nivel socioeconómico, comercialización, vías de acceso, servicios públicos, situación de orden público y perspectivas de valorización.

Estudió las características del predio tomando como base el área de levantamiento y agrupando los terrenos en cuatro clases agrológicas que comprenden los siguientes factores: relieve, pendiente, erosión, inundabilidad, pedegrosidad, salinidad, fertilidad, drenaje y nivel freático. Igualmente, para su avalúo, agrupó los suelos en cuatro unidades fisiográficas.

Precisó las actividades económicas que podían desarrollarse en las distintas partes del globo y las posibilidades de mecanización de los distintos segmentos del terreno.

Analizó el plan de ordenamiento territorial (Acuerdo 06 del 5 de agosto de 2002) y la presencia de comunidades indígenas como variables exógenas relevantes en el ejercicio de valoración.

Efectuó el procesamiento de los datos y reportó los resultados de (i) la investigación económica del predio como unidad productiva; (ii) la investigación indirecta sobre los avalúos realizados en 9 predios aledaños a la finca el Recreo; (iii) la investigación directa; (iv) las entrevistas con dos peritos afiliados a lonjas de propiedad raíz y otros dos vinculados a entidades financieras con operaciones en la zona; y, (v) las encuestas formuladas para ese fin con indicación del promedio aritmético, la desviación estándar, la moda y el valor promedio de cada unidad fisiográfica de la finca.

A partir de estos elementos, liquidó el avalúo y presentó los cálculos del valor de terreno, clasificándolos por unidad fisiográfica, área y costo unitario. En punto a la construcción, precisó la vida útil de la edificación, el estado de deterioro y el porcentaje de depreciación aplicado para definir el valor por metro cuadrado.

Recapitulando: el hecho de que el INCODER no objetara el dictamen rendido por Carlos Ignacio Muñoz Manzano no significaba que el Tribunal debía aceptar sus conclusiones. Lo que de paso también obliga a llamar la atención sobre el hecho de que el demandante tampoco lo hubiera hecho, pues en esta materia la carga de la prueba que le asiste no se cumple solo con promover que se decrete la prueba, sino con lograr que la prueba que se practique cumpla con las exigencias que permitan asignarle un grado de certeza suficiente para soportar las determinaciones pretendidas.

Visto lo anterior, la prueba pericial que se practicó a solicitud de la parte actora no es fiable para deducir que el justo precio del inmueble era superior al duplo del valor pactado en el contrato de compraventa. Por último, ni el dictamen ni ningún otro elemento de juicio le permiten a la Sala, como pretende la parte recurrente, desestimar los fundamentos y conclusiones del avalúo practicado por el IGAC, con base en el cual el INCODER formuló la oferta de compra. En este contexto, se abordará el tercer y último problema que plantea el recurso de apelación: el presunto deber de decretar una prueba de oficio para determinar el justo precio del activo enajenado.

La improcedencia de decretar oficiosamente una prueba para establecer el justo precio del inmueble en la fecha del contrato

El último reparo que formuló el apelante consiste en que el Tribunal debió decretar de oficio otra prueba pericial, si el dictamen que se rindió en el proceso no acreditaba debidamente que el justo precio del bien en la fecha del contrato era más del doble que el valor pactado.

A nivel legal, hay dos disposiciones relevantes sobre las condiciones para el decreto oficioso de esta prueba. Por una parte, el artículo 169 del CCA, modificado por el Decreto 2304 de 1989, que estableció: “En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista. Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda”. Por otra parte, el artículo 233 del CPC, aplicable al proceso contencioso administrativo, que en su inciso segundo prevé: “cuando el Tribunal o el juez considere que el dictamen [decretado y practicado] no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión”.

Más allá de la discusión sobre la facultad o el deber de decretar oficiosamente pruebas –en el cual se inscriben diferentes concepciones del proceso judicial–, lo cierto es que esas disposiciones legales autorizan el ejercicio de este poder probatorio del juez, a condición de que los elementos de juicio disponibles en el expediente no aporten un grado relevante de corroboración a la hipótesis fáctica en conflicto, en este caso, el justo precio del inmueble en la fecha de venta. De allí que el artículo 169 del CCA aluda a “puntos oscuros o dudosos de la contienda” y el 233 del CPC establezca que resulta procedente ordenar otro –segundo– dictamen pericial, si se trata de una prueba necesaria para adoptar la decisión.

Como se analizó anteriormente (párr. 37), el avalúo practicado por el IGAC, con fundamento en el cual se pactó el precio del contrato, se elaboró de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia, sus conclusiones están soportadas en el análisis de las condiciones del bien al momento de la venta y no hay elementos de juicio que permitan deducir que el precio determinado a través de ese avalúo ($335’300.320) no era justo, real y serio. Como el justo precio del inmueble en la fecha de la venta no es un punto oscuro o dudoso de la contienda, no era pertinente decretar de oficio otra prueba pericial, pues el ejercicio de este poder no se encaminaría al “esclarecimiento de la verdad”. Más bien, se dirigiría a suplantar a la parte en su carga de (i) probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido y (ii) controvertir las aducidas por la contraparte con el mismo propósito, mutando el proceso en un juicio de revisión oficiosa del avalúo, acción que no representa el objeto de una controversia contractual que gravita en torno a una pretensión rescisoria por lesión enorme.

Para finalizar, se advierte que las decisiones judiciales citadas en el recurso de apelación no llevan a revocar la sentencia impugnada. Tales pronunciamientos se dieron en casos que no son análogos desde el punto de vista fáctico y jurídico a la controversia que se resuelve en este proceso, en el que hay una prueba (el avalúo practicado por el IGAC) que determinó, con base en las reglas establecidas a nivel legal y reglamentario, cuál era el justo precio del inmueble en la fecha del contrato, y que no fue desvirtuada. Para demostrar el anterior aserto, a continuación se resumen las circunstancias fácticas y los problemas jurídicos que se analizaron en las decisiones citadas por la parte demandante en el recurso de apelación:

En la sentencia T-417 de 2008, la Corte Constitucional declaró la nulidad de todo lo actuado en un proceso verbal de pérdida de intereses por el otorgamiento de un crédito hipotecario. Esta decisión se adoptó porque el juez de segunda instancia omitió cumplir el deber legal que le imponía el artículo 10 de la Ley 446 de 1998: decretar de oficio una prueba pericial en el proceso civil, cuando los conceptos de profesionales especializados (no dictámenes periciales) aportados por las partes se contradijeran.

En la sentencia T-654 de 2009, la Corte Constitucional dejó sin efectos todos los actos procesales que se adelantaron desde el auto admisorio de la demanda en un proceso en que se pidió la nulidad del acto de elección del alcalde de Puerto Libertador. El juez administrativo negó las pretensiones de la demanda porque no se aportó copia auténtica de los formularios E-10 y E-11 de las mesas de votación. Según la Corte, atendidas las circunstancias del caso, la “facultad libre de decretar pruebas de oficio” mutaba en “una obligación constitucional”, pues el juez, a ciencia y paciencia de que no eran copias auténticas, admitió la demanda y no le señaló al demandante esta deficiencia formal ni le concedió un término para corregirla, sino que aguardó el desarrollo de todo el proceso para terminar adoptando “una decisión materialmente inhibitoria basada en la ausencia de un requisito de carácter simplemente formal”.

En la sentencia T-1013 de 2010, la Corte Constitucional dejó sin efectos todo lo actuado, a partir del auto que declaró concluida la etapa probatoria, dentro del proceso ordinario de declaración de pertenencia promovido por un particular, en el cual intervino el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en Liquidación. Según la Corte, la decisión del juzgado civil de declarar que el particular adquirió el dominio por prescripción y la del Tribunal Superior de confirmar esa providencia implicaron un defecto fáctico, ya que no se valoraron todas las pruebas obrantes en el expediente sobre la naturaleza jurídica del bien, aspecto determinante para analizar si podía adquirirse el dominio por prescripción. También se destacó que, además de la valoración conjunta de todos los elementos de juicio aportados por las partes, los jueces ordinarios pudieron decretar pruebas de oficio, decisión que se justificaría por la “protección de los bienes de propiedad estatal, en la medida en que interesa a la comunidad en general”.

En la sentencia T-950 de 2011, la Corte Constitucional dejó sin efectos los autos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante los cuales inadmitió la acción de revisión promovida por José Moreno Pineda contra la sentencia que declaró su responsabilidad penal. La razón de esta decisión fue que la autoridad judicial incurrió en un exceso ritual manifiesto al exigir que la copia del fallo condenatorio estuviera autenticada por el secretario del juzgado y la constancia de ejecutoria por el juez de conocimiento, a pesar de que había certeza de su contenido con la copia de la sentencia expedida y autenticada por el jefe del archivo central de los juzgados de Bogotá y la secretaria del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas. La Corte señaló que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá también incurrió en un defecto fáctico, pues cualquier duda sobre las circunstancias de tiempo y modo que explicaban el origen de la constancia de ejecutoria de la sentencia se habría solucionado con un mínimo de iniciativa probatoria del Tribunal.

Finalmente, en el auto del 16 de mayo de 2002, la Sección Tercera resolvió un recurso de queja y estimó bien denegado el recurso de apelación que se interpuso contra una providencia que, a su vez, negó las solicitudes de aclaración y complementación de un dictamen pericial decretado de oficio en un proceso de responsabilidad médica. En esta providencia solo se hizo una referencia incidental (obiter dictum) a la facultad de decretar pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad.

Como se ve, las decisiones judiciales citadas por el apelante se adoptaron en casos que no guardan ninguna semejanza jurídica o fáctica con el litigio que se resuelve en esta oportunidad. Las reglas de decisión que se construyeron en esas providencias judiciales –unas en las que el análisis sobre la facultad de decretar de oficio pruebas sí tuvo relevancia, y otras en las que la referencia este poder fue simplemente incidental– no constituyen, entonces, precedentes ni antecedentes que deban ser aplicados para la solución del caso, y mucho menos que conduzcan a revocar la sentencia de primera instancia.

Por las razones anteriormente expuestas, se confirmará la decisión recurrida.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 28 de marzo de 2014.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente enlace: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de marzo de 2000. Exp. 14.415. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Folio 673, c. ppal. Folio 679, c. ppal. Folio 581, c. ppal. Folios 683 a 685, c. ppal. El artículo 1º del Decreto 4902 del 21 de diciembre de 2007, vigente en la fecha de presentación de la demanda, señaló que el INCODER es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa y financiera. Esta naturaleza jurídica del INCODER ya se había definido en el artículo 1º del Decreto 1300 de 2003, mediante el cual se creó la entidad. En el curso del proceso, como consecuencia de la publicación del Decreto 2365 del 7 de diciembre de 2015, sobrevino la extinción del INCODER como persona jurídica. El Despacho conductor, en auto del 18 de octubre de 2017, dispuso: “TIÉNESE como sucesor procesal del INCODER a la Agencia Nacional de Tierras” (folio 761, c. ppal.). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de junio de 2017. M.P Aroldo Quiroz Monsalvo. SC10291-2017. Consideración jurídica No. 3. Código Civil, art. 1947: “El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella”. Código Civil, artículo 1948.
“Alejándose así de la teoría de la lesión como un vicio más del consentimiento, la lesión existirá independientemente de que el contratante haya tenido conocimiento de lo inequitativo del precio, o de que haya actuado bajo constreñimiento o engaño, o de que circunstancias apremiantes lo hayan impelido a contratar. Es suficiente, se repite, la discrepancia entre el precio justo y el precio convenido, siempre y cuando, por supuesto, la desigualdad traspase los límites establecidos en el  HYPERLINK "https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2177/vid/43010756/node/1947" \h artículo 1947 del  HYPERLINK "https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2177/vid/43010756" \h Código Civil”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 9 de diciembre de 1999. Exp. 5368. M.P Manuel Ardila Velásquez. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de agosto de 2016. Exp. 56.288. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Consideración jurídica No. 7. Corte Constitucional. Sentencia C-153 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consideración jurídica No. 1. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de marzo de 2000. Exp. 14.415. C.P. Ricardo Hoyos Duque.
“Cuarto.- PRECIO Y FORMA DE PAGO. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 160 de 1994, artículos 8 y 19 del Decreto 2666 de 1994, el monto del avalúo comercial practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el acta de audiencia pública de negociación celebrada el 13 de octubre de 2006, en la ciudad de Popayán, se fijó el PRECIO de negociación en la suma de (…) $335.300.320”. Folio 8, c. 1. El 21 de mayo de 2003, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 1292 y 1300, en virtud de los cuales ordenó la supresión y liquidación del INCORA, y creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, respectivamente. En los considerandos del Decreto 13000 de 2003 se precisó: “dentro del Programa de Renovación de la Administración Pública, el Gobierno Nacional ordenó la supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat, del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI y del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, razón por la cual se hace necesario crear una entidad de Desarrollo Agropecuario y Rural que cumpla con los objetivos de las entidades suprimidas [INCODER]”.

Así, pues, el INCODER asumió las funciones que cumplía el INCORA en relación con la ejecución de programas para el “adecuado uso y aprovechamiento de las aguas y las tierras rurales aptas para la explotación forestal y agropecuaria, así como de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, impulsando esquemas de acceso y en donde sea necesario, corrigiendo la estructura de tenencia con miras a garantizar su distribución ordenada y su uso racional, en coordinación con los organismos públicos y entidades competentes” y con “la expropiación de predios, mejoras y servidumbres de propiedad rural privada o pública, cuando se determine su interés social” (artículo 4, núm. 5 y 7). Para el sub judice el INCODER. En la actualidad esa función recae en la Agencia Nacional de Tierras. Como se indicó antes, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 2365 de 2015, se dispuso la supresión y liquidación del INCODER. El Decreto Ley 2363 de 2015 (art. 4.10) radicó en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras la competencia de “adelantar los procesos de adquisición directa de tierras en los casos previstos en la Ley”, para lo cual debe seguirse el procedimiento regulado en el artículo 32 de la Ley 160 de 1994 que no ha sufrido modificaciones. Folio 409, c. 3. Folios 414 a 466, c. 3. Folios 469 a 472, c. 3. Folio 475, c. 3. Folio 5, c. 1.
“Yo, CLARA INES ANGULO DE MOSQUERA (…) actuando en nombre propio y en representación del señor GILBERTO IRAGORRI ANGULO (…), como propietarios del predio denominado ‘LOTE 5 EL RECREO’, ubicado en el municipio de POPAYÁN, por medio del presente escrito manifiesto que ACEPTAMOS LA OFERTA DE COMPRA formulada por el Jefe de Oficina de Enlace Territorial No. 4 del INCODER; de igual manera le comunico que renunciamos a los términos descritos en la Ley 160 de 1994, para aceptación o rechazo de la oferta”. Folio 473, c. 3. La Ley 160 de 1994, que estaba vigente cuando se inició el procedimiento de adquisición del inmueble y cuando se celebró el contrato estatal de compraventa, derogó la Ley 135 de 1961 “sobre reforma social agraria”, que en su artículo 61 dispuso un procedimiento relativamente similar para la adquisición de tierras. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de marzo de 2001. Exp. 14.415. C.P Ricardo Hoyos Duque. Criterio acogido por la Subsección A en la sentencia del 31 de agosto de 2017 (Exp. 38.411). Sobre este aspecto, la Subsección ha dicho: “Igualmente, es oportuno destacar que, si bien la Ley 135 de 1961 estableció un término para presentar objeciones al avalúo, lo cierto es que esa oportunidad no fue concebida por el legislador como un requisito de procedibilidad para acudir ante el juez del contrato en procura de lograr la declaratoria de lesión enorme, pues así no lo señaló la ley y, por ello, el hecho de que no se hubiere agotado tal posibilidad en el curso del proceso de enajenación voluntaria tampoco constituye impedimento para resolver, en sede judicial, esa reclamación”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de agosto de 2017. Exp. 38.411. C.P Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consideración jurídica 4.2. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2020. Exp. 45.771. C.P José Roberto Sáchica Méndez. Consideración jurídica 3.3. Al respecto, véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de junio de 2006. Rad. 1998-17323-01. Tesis reiterada recientemente en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de junio de 2016. SC8456-2016. M.P Ariel Salazar Ramírez. CPC, art. 233. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de agosto de 1995. Exp. 3457. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de abril de 2010. Exp. 18.014. C.P: Mauricio Fajardo Gómez. En la doctrina: Nieva Fenoll, Jordi. La valoración de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 2010, pp. 305 – 307.

El dictamen se sustentó en 6 páginas (folios 540 a 546, c. 3). Folio 438, c. 3. Indicó que: “los valores [no indicó cuales] no representan el costo real de los predios adquiridos para los programas en mención y los propietario [sic] se vieron abocados a vender a cualquier valor, o perder todo el patrimonio invertido en el sector agropecuario” (folio 546, c.3)
Folios 416 a 417, c. 3. Folios 420 a 429, c. 3. Folios 430 a 431, c. 3. Folios 432 a 434, c. 3. Folio 435 a 438, c. 3. Folios 440 a 443, c. 3. CCA, art. 168: “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008. M.P Margo Gerardo Monroy Cabra
Corte Constitucional. Sentencia T-654 de 2009. M.P María Victoria Calle. Corte Constitucional. Sentencia T-1013 de 2010. M.P María Victoria Calle. Corte Constitucional. Sentencia T-950 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 16 de mayo de 2002. Exp. 22.355. C.P Ricardo Hoyos Duque.

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