Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-31-000-2009-00026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión de vejez por actividades de alto riesgo: regulación legal/PENSIÓN DE VEJEZ POR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO – Beneficiarios
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-31-000-2009-00026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-31-000-2009-00026-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25 de abril de 2019
PENSIÓN DE VEJEZ POR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO – Regulación legal/PENSIÓN DE VEJEZ POR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO – Beneficiarios / COTIZACIÓN ESPECIAL EN PENSIÓN POR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La pensión especial de vejez por exposición al alto riesgo que reconoce el Sistema General está regulada en dos disposiciones, una general contenida en el Decreto 2090 de 2003, y otra especial establecida en el Decreto 1223 de 2008 para los miembros del DAS (suprimido) y los del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que cumplan funciones permanentes de policía judicial, escoltas y chóferes del mismo. Razón por la cual, para éstos últimos exige un número inferior de semanas especiales, es decir en el caso de la regla general 700 semanas y para la especial 650.(…) en virtud a que el actor se desempeñaba en un cargo que tiene la connotación de ser de alto riesgo, la Fiscalía General de la Nación debía efectuarle una cotización especial, cuyo monto es el previsto para el Sistema General de Pensiones por la HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/59814950?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 100 de 1993 (artículos 18 y 21) más 6 puntos adicionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Decreto 1835 de 1994(…)En este punto, la Sala destaca que el actor se encontraba en el régimen de transición establecido en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, pues se estaba vinculado al CTI de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Técnico Judicial II desde el 1 de julio de 1992, es decir, antes de la entrada en vigencia del citado decreto.En este orden, la Sala observa que de conformidad con el referido artículo 2 del Decreto 1835 de 1994, el cargo de Técnico Judicial II se encontraba enmarcado dentro de las actividades consideradas de alto riesgo, y teniendo en cuenta que para la fecha de expedición del decreto en mención, esto es, 4 de agosto de 1994, el demandante prestaba sus servicios al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para esta fecha, es posible concluir que tiene derecho según al artículo 12 ibídem al reconocimiento de la cotización por alto riesgo para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1992 y el 12 de octubre de 1994, es decir hasta cuando efectivamente laboró como Técnico Judicial II, cuyo monto es el previsto para el Sistema General de Pensiones por la HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/59814950?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 100 de 1993 (artículos 18 y 21) más 6 puntos adicionales.
FUENTE FORMAL : CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO -ARTÍCULO 268 / DECRETO 1835 DE 1994 / DECRETO LEY 2090 DE 2003 / LEY 1223 DE 2008 / LEY 860 DEL 2003
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 19001-23-31-000-2009-00026-01(4110-15)
Actor: NÉSTOR DE JESÚS GALLEGO GAONA
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tema: Cotización especial de los aportes a pensión por concepto de las actividades de alto riesgo por cargos desempeñados como Técnico Judicial II y Técnico Criminalístico en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
Decisión: Confirma decisión del a quo
ASUNTO
Ha venido el proceso de la referencia con informe de la Secretaria de la Sección, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 4 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Primera de Decisión, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Néstor de Jesús Gallego Gaona contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones
El señor Néstor de Jesús Gallego Gaona, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda encaminada a obtener la nulidad del Oficio DSAYF 2307 del 31 de octubre de 2008, proferido por la Analista de Personal de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Popayán, a través del cual se le negó la cotización de los aportes a pensión por alto riesgo, en razón a que el cargo desempeñado por aquel como Técnico Criminalístico no era considerado como tal.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) el reconocimiento de la cotización de los aportes a pensión según el régimen especial de alto riesgo, por sus labores desempeñadas como Técnico Judicial II y Técnico Criminalístico del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación; ii) la liquidación de los aportes a pensión según dicho régimen, cuyos valores se deberán consignar al fondo de pensiones al que se encuentre afiliado, debidamente actualizados junto con sus intereses de mora; y iii) condenar en costas.
1.2. Hechos
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado de la parte demandante, así:
Señaló que el señor Néstor de Jesús Gallego Gaona ha laborado continuamente al servicio de la Fiscalía General de la Nación en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) desde el 3 de octubre de 1988, fecha en la que ingresó a realizar el curso de Agentes Investigadores en Bogotá, del cual terminó como Auxiliar Técnico.
Precisó que con posterioridad fue nombrado como Técnico Judicial, cargo que desempeñó hasta el año 1990, y una vez se produjo el cambio de instrucción criminal a Fiscalía General de la Nación, se le designó como Investigador Judicial.
Sostuvo que en el año de 1992 fue nombrado como Técnico Judicial II, en el cual laboró hasta cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo 077 de 1994, a través del cual suprimió de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación 768 cargos de Técnico Judicial II y dispuso la creación, entre otros, de 333 empleos de Técnico Criminalístico, cargo en el que fue nombrado en octubre de dicha anualidad.
Manifestó que con la expedición del Decreto 1835 de 1994, en el artículo 2, se determinaron las actividades que son consideradas de alto riesgo, dentro de las cuales se entienden las desempeñadas por los funcionarios de la Jurisdicción Penal en los cargos de Investigadores Judiciales I y II, Técnicos Judiciales I y II y Escoltas I y II del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente señaló que el 29 de julio de 2008, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la cotización de los aportes a pensión por alto riesgo en razón a que siempre desarrolló actividades de policía judicial y era claro el riesgo al que se vio sometido día a día en su actividad laboral, la cual fue negada a través del Oficio DSAYF 2307 del 31 de octubre de 2008, proferido por la Analista de Personal de la Dirección de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Popayán, puesto que el cargo desempeñado por aquel como Técnico Criminalístico no era considerado de alto riesgo.
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación
La parte demandante citó como disposiciones vulneradas las siguientes:
Los artículos 1, 13, 25, 29, 53, 54 y 218 de la Constitución Política y 36 del Código Contencioso Administrativo; las Leyes 860 de 2003 y 1223 de 2008; y el Decreto 1835 de 1994.
Manifestó que la entidad vulneró los derechos del actor al no aplicarle el régimen que ampara a los empleados de la Fiscalía General de la Nación, en especial a los del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y, en consecuencia, le negó la cotización de los aportes a pensión por alto riesgo, con lo que desconoció que la labor desempeñada en los cargos de Técnico Judicial y Técnico Criminalístico es de tal naturaleza.
Así mismo, desconoció el derecho que le asiste al demandante a que una vez reconocido el régimen especial, se ordene la liquidación de los aportes a pensión según lo establecido en el Decreto 1835 de 1994, que estableció el alto riesgo para algunos cargos específicos, entre ellos, los desempeñados por el señor Néstor de Jesús Gallego Gaona.
Sostuvo que debe tenerse en cuenta que el actor se desempeñó como Técnico Judicial II del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hasta junio de 1994, no obstante que para el 4 de agosto de 1994, fecha de publicación del Decreto 1835 de 1994, ya no existía el mencionado cargo, el cual fue suprimido a través del Acuerdo 077 de 1994 de la Sala Administrativa del Consejo superior de la Judicatura.
Finalmente, señaló que la Ley 1223 de 2008, determinó que los servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, de que trata el artículo 2 del Decreto 1835 de 1994, o quienes hayan desempeñado cargos equivalentes, y que se les efectuó la cotización especial señalada en el artículo 12 del referido decreto; se les reconocerían los aportes efectuados y tendrán derecho a la pensión de vejez establecida en la ley, siempre y cuando completaran 650 semanas continuas o discontinuas de cotización de alto riesgo.
1.4. Contestación a la demanda
La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que carecen de fundamentos de hecho y de derecho, pues el acto acusado no constituye un verdadero acto administrativo susceptible de ser controvertido, por cuanto no se adoptó decisión alguna con él ni se trató de la culminación de una actuación administrativa, únicamente se limitó a informar sobre la estricta aplicación de la Ley 1223 de 2008, sin que hubiera creado, modificado o extinguido una situación jurídica al actor.
Manifestó que si en gracia de discusión llegaré a aceptarse que el acto acusado corresponde a un verdadero acto administrativo, frente a éste no se agotó la vía gubernativa dentro del término legal establecido por la normativa para interponer los recursos del caso, lo que daría lugar a proferir un fallo inhibitorio.
Sostuvo que en el acto acusado la entidad procedió a dar estricta aplicación al régimen prestacional de los servidores públicos del personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que cumplen funciones de policía judicial de manera permanente, así como escoltas y conductores, en razón de las actividades de alto riesgo que desplegaban, que no es otro, que el estipulado en la Ley 1223 de 2008.
Señaló que el reconocimiento del régimen especial pensional para actividades de alto riesgo se desprende de la concurrencia de ciertos requisitos, tales como: i) ejercer cargos a los cuales se les hayan atribuido funciones permanentes de policía judicial, o desempeñarse como escolta o conductor; ii) haber cumplido 55 años de edad; y iii) haber cotizado el número de semanas establecido para el sistema general de seguridad social en pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Además, que dentro del mínimo de 1.000 semanas de cotización al sistema general se acredite la cotización de alto riesgo por un término mínimo de 650 semanas, que corresponde al monto señalado en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994, definida en el parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 1223 de 2008.
1.5. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Primera de Decisión, mediante sentencia del 4 de junio de 2015 resolvió: i) decretar la nulidad del acto acusado; ii) a título de restablecimiento del derecho, condenar a la entidad demandada a reconocer y cotizar a favor del actor la prima de alto riesgo durante el tiempo que se desempeñó como Técnico Judicial II, es decir, desde el 1 de julio de 1992 al 12 de octubre de 1994, para lo cual dispuso que se debería efectuar la liquidación de los aportes respectivos a pensión, conforme al régimen especial de alto riesgo, cuyos valores se consignarían en el fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el demandante; y iii) negar las demás pretensiones.
Para el efecto, consideró que el acto acusado es un verdadero acto administrativo que decidió de fondo la petición formulada por el actor y, por consiguiente, susceptible de ser controvertido por vía judicial.
Manifestó, que las funciones de los cargos de Técnico Judicial II y Técnico Criminalístico fueron las mismas para 1992 y 1994 y que conforme al contenido del artículo 2 del Decreto 1835 de 1994, los cargos de Técnico Judicial II estaban catalogados como de alto riesgo, razón por la cual, si se tiene en cuenta que a la entrada en vigencia de la referida norma, a saber, 4 de agosto de 1994, el actor desempeñaba dicho cargo, coligió que le asiste el derecho a que se le reconozca la cotización por alto riesgo por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1992 y el 12 de octubre de 1994, fecha hasta que ocupó dicho empleo.
Finalmente, indicó que no resulta procedente el reconocimiento de la cotización por alto riesgo para los periodos subsiguientes al 13 de octubre de 1994, pues no obra prueba en el plenario que permita establecer que las funciones de Técnico Criminalístico que desempeñó desde tal fecha y hasta el 18 de enero de 2005, eran iguales o similares a las de un Técnico Judicial II, conclusión idéntica que resulta alrededor de los cargos desempeñados como Investigador Criminal IV e investigador Criminal VII.
1.6. Recurso de apelación
La entidad demandada interpuso recurso de apelación sin presentar un cargo concreto contra la sentencia del a quo, simplemente sustenta con los mismos argumentos presentados al oponerse a la demanda, reiterando, en síntesis, que no se encuentra demostrado dentro del plenario que el actor haya desarrollado función alguna de las que se desarrollan como actividad riesgosa, por lo que no es beneficiario de lo establecido en el Decreto 1835 de 1994.
1.7. Alegatos en segunda instancia
La parte demandada presentó alegatos de conclusión, en donde reiteró los mismos argumentos desarrollados en la contestación a la demanda y en el recurso de apelación.
La parte demandante no presentó alegatos de conclusión y el agente del Ministerio Público ante esta Corporación no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Problemas jurídicos
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala deberá dilucidar como problemas jurídicos:
Si al señor Néstor de Jesús Gallego Gaona le asiste el derecho a que la Fiscalía General de la Nación le reconozca la cotización de los aportes a pensión por concepto de las actividades de alto riesgo en el periodo de tiempo que desempeñó los cargos de Técnico Judicial II y Técnico Criminalístico en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
De manera asociada, si el acto acusado es susceptible de control judicial en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Previo a resolver el problema jurídico principal, en lo que tiene que ver con el asociado, respecto del argumento de la entidad demandada, según el cual el acto acusado no le definió la situación al demandante, la Sala, una vez estudiado el contenido del Oficio DSAYF 2307 del 31 de octubre de 2008, proferido por la Analista de Personal de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Popayán, considera que contiene la voluntad de la administración respecto del reconocimiento de la cotización de los aportes a pensión por alto riesgo y por ello, se constituye en un verdadero acto administrativo susceptible de ser demandado ante esta jurisdicción.
Ahora bien, resuelto el problema jurídico asociado se entrara a resolver el central, para lo cual se atenderá el siguiente estudio: i) sobre la actividad de alto riesgo para la salud del trabajador; y ii) del caso en concreto.
2.2. Sobre la actividad de alto riesgo para la salud del trabajador
• Antecedentes en el Código Sustantivo del Trabajo
Previo a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, los artículos 268 a 272 del Código Sustantivo de Trabajo, preveían una pensión especial de jubilación en razón de la actividad riesgosa. A saber:
“ARTICULO 268. Lo dispuesto en este Capítulo no se aplica a los trabajadores ferroviarios que en cuanto a jubilación se regirán por el estatuto especial que posteriormente se dicte. Mientras tanto, continúan rigiendo las disposiciones vigentes en la actualidad”.
Por su parte el artículo 269, establecía:
“ARTICULO 269. Las radiooperadores que presten servicios a los patronos de que trata este Capítulo tienen derecho a la pensión de jubilación aquí regulada, después de veinte (20) años continuos o discontinuos de trabajo, cualquiera que sea su edad, pero los servicios en dicho lapso deben haber sido prestados en la actividad de operador de radio exclusivamente”.
El anterior artículo fue modificado por el artículo 10 del Decreto 617 de 1954, el cual quedó así:
“ARTICULO 10. El artículo 269 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
Artículo 269. Operadores de radio, cable y similares. 1. Los Operadores de radio, de cable y similares que presten servicios a los patronos de que trata este Capítulo, tienen derecho a la pensión de jubilación, aquí regulada, después de veinte (20) años continuos o discontinuos de trabajo, cualquiera que sea su edad.
2. La calidad de similares de que trata el numeral 1 de este artículo, será declarada, en cada caso, por la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial del Ministerio del Trabajo”.
A su vez el artículo 270, consagraba:
“ARTICULO 270. OTRAS EXCEPCIONES. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplica a los aviadores de empresas comerciales, a los trabajadores de empresas mineras que presten sus servicios en socavones, y a los dedicados a labores que realicen a temperaturas anormales”.
El artículo 271, disponía:
“ARTICULO 271. Los trabajadores que hayan servido no menos de quince (15) años continuos en las actividades indicadas en los dos artículos anteriores, tienen derecho a la jubilación al llegar a los cincuenta (50) años de edad, siempre que en esa fecha se encuentren al servicio de la respectiva empresa”.
Finalmente, el artículo 272 contemplaba:
“ARTICULO 272. EXCEPCION ESPECIAL. 1. Los profesionales y ayudantes de establecimientos particulares dedicados al tratamiento de la tuberculosis tienen derecho a la pensión de jubilación cumplir quince (15) años de servicios continuos, cualquiera que sea su edad”.
2. Si el servicio ha sido discontinuo la pensión se reconoce después de haber completado veinte (20) años de servicio y cincuenta (50) años de edad.
(…)”
De lo anterior, se tiene que en su momento se consideraron como actividades de alto riesgo las desempeñadas por: i) los trabajadores ferroviarios; ii) operadores de radio, cables y similares; iii) aviadores de empresas comerciales; iv) trabajadores de empresas mineras que presten sus servicios en socavones; v) los que realizan labores a temperaturas anormales; y vi) los profesionales o ayudantes de establecimientos particulares dedicados al tratamiento de la tuberculosis, estableciendo para ellos unos requisitos especiales para adquirir el derecho a la pensión.
• Ley 100 de 1993
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo establecido en el artículo 289 se derogaron los regímenes de alto riesgo reconocidos en los artículos 268 a 272 del Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual se dispuso en el artículo 140 sobre el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, lo siguiente:
“ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad”.
De conformidad con lo anterior, el Gobierno expidió el Decreto 1835 de 1994, “Por el cual se reglamentan la actividades de alto riesgo de los servidores públicos”, a través del cual reglamentó algunas de las actividades de alto riesgo para los servidores públicos de todos los niveles, el cual en sus artículos 1 y 2 dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 1º. CAMPO DE APLICACION. El Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios se aplica a los servidores públicos de todos los niveles, de conformidad con el Decreto 691 de 1994. Igualmente les son aplicables las normas consagradas en los Decretos 1281 de 1994 y 1295 de 1994.
Sin perjuicio de lo anterior, y en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, el presente decreto contiene las normas especiales sobre actividades de alto riesgo de todos los servidores públicos, salvo aquellos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes serán objeto de decisión especial.
En virtud del Decreto 691 de 1994, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin perjuicio de los servidores beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la misma, no se reconocerán pensiones especiales diferentes a las previstas en el presente decreto y en el Régimen General de Actividades de Alto Riesgo.
PARAGRAFO. El régimen de pensiones especial sólo le será aplicable a los servidores públicos a los que se refiere este decreto, siempre que permanezcan afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.
Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad se regirán por las normas propias de este, salvo en lo que respecta al monto de las cotizaciones que se regirán por lo dispuesto en el presente decreto.”
ARTÍCULO 2º. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
En el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS:
Personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente.
En la Rama Judicial.
Funcionarios de la Jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces penales del circuito, Fiscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales l y ll, jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales l y ll, técnicos judiciales l y ll y escoltas l y ll.
(…)”. (Resaltado fuera del texto original).
De lo anterior, se tiene que en el artículo 2 del Decreto 1835 de 1994 se señalaban como actividades de alto riesgo las desarrolladas por determinados funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los que se encuentran las desempeñadas por los Técnicos Judiciales I y II.
En su artículo 4, se indicó su régimen de transición, así:
“ARTICULO 4o. REGIMEN DE TRANSICION. Artículo corregido por el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0898_1996.htm" \l "1" 1o. del Decreto 898 de 1996. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1835_1994.htm" \l "2" 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador”.
Esta norma, en su artículo 5 especificó para cada actividad los requisitos para acceder a la pensión de vejez, para lo cual estableció en el caso de los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, los siguientes:
“ARTICULO 5o. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSION DE VEJEZ. Los servidores públicos que laboren en las actividades previstas en los numerales 2 y 3 del artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1835_1994.htm" \l "2" 2o. de este decreto, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:
55 años de edad si es hombre y 50 años de edad si es mujer, y
2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1o. de este artículo”.
Por su parte, en su artículo 12 estableció el monto de las cotizaciones para las actividades de alto riesgo, de la siguiente manera:
“ARTICULO 12. MONTO DE LAS COTIZACIONES. El monto de la cotización para las actividades de alto riesgo de que trata este decreto, es el previsto para el sistema general de pensiones por la HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/59814950?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 100 de 1993 más 6 puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de la rama judicial y el Ministerio Público, y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades empleadoras de que trata este decreto”.
En conclusión, dada la dispersión normativa en cuanto a los beneficios de las pensiones de alto riesgo, éstas fueron compiladas para el sector público en el Decreto 1835 de 1994, en el que se especificaron los requisitos a acreditar para acceder a ella, y los beneficiarios del régimen de transición. En tanto que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la finalidad era agrupar en el Sistema General todas las prestaciones que cubren los riesgos de vejez, y en este caso la pensión especial de vejez por exposición al alto riesgo.
• Modificación del régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo
Con la expedición del Decreto Ley 2090 de 2003, se redefinió el concepto de actividad de alto riesgo así:
“ARTÍCULO 1º. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo”.
De lo anterior, se tiene que el concepto de alto riesgo se entiende como aquella que afecte la salud del trabajador o disminuya su expectativa de vida. El preámbulo del citado decreto indica, “(q)ue de conformidad con los estudios realizados se han determinado como actividades de alto riesgo para el Sistema General de Pensiones aquellas que generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador, independiente de las condiciones en las cuales se efectúe el trabajo”.
Conforme a lo anterior, en el artículo 2 del citado decreto se definieron como actividades de alto riesgo las siguientes:
“ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.
2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.
4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.
6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública”.
En ese mismo orden, se estipuló exclusivamente para aquellos trabajadores que se dediquen en forma permanente durante por lo menos 700 semanas de cotización especial, las condiciones para acceder a la pensión especial de vejez, así:
“ARTÍCULO 3o. PENSIONES ESPECIALES DE VEJEZ. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 4o. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993_pr001.html" \l "36" \t "_blank" 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0797_2003.html" \l "9" \t "_blank" 9o de la Ley 797 de 2003.
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años”.
• Creación de la pensión especial de vejez por exposición al alto riesgo para el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación
Mediante la Ley 860 de 2003, se reformaron algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones y se dictaron otras, dentro de las cuales, se creó una pensión de vejez por exposición al alto riesgo para el personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Por su parte, mediante la Ley 1223 de 2008, se adicionó a la Ley 860 del 2003, a otro grupo de trabajadores que por virtud del convenio con la Fiscalía General de la Nación y en apoyo de la Justicia Penal Militar, debían desempeñar funciones permanentes de policía judicial, actividad que según los estudios técnicos aportados por el legislador fue encontrada como de alto riesgo.
Así las cosas, como los miembros que cumplen funciones permanentes de policía judicial, escoltas y conductores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por virtud del parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1223 de 2008, tienen derecho a una pensión de vejez por exposición al alto riesgo, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:
“PARÁGRAFO 1o. Pensión de vejez por exposición a alto riesgo. Los servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– de la Fiscalía General de la Nación, que cumplen funciones permanentes de Policía Judicial, escoltas y conductores del CTI, dada su actividad de exposición a alto riesgo, que efectuaron la cotización especial señalada en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 y la que se define en la presente ley, durante por lo menos 650 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en el parágrafo siguiente.
Los servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigación de que trata el artículo 2o del Decreto 1835 de 1994 o quienes han desempeñado los cargos equivalentes y se les efectuó la cotización especial señalada en el artículo 12 del mencionado decreto, se les reconocerán los aportes efectuados y tendrán derecho a la pensión de vejez establecida en la presente ley siempre y cuando completen las 650 semanas continuas o discontinuas de cotización de alto riesgo.
De igual forma los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación que cumplen funciones permanentes de Policía Judicial, escoltas y conductores del CTI que efectúen la cotización especial señalada en la presente ley durante por lo menos 650 semanas continuas o discontinuas tendrán derecho a la pensión de vejez establecida en la presente ley.
PARÁGRAFO 2o. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de vejez por exposición a alto riesgo de los servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- de la Fiscalía General de la Nación, que cumplen funciones permanentes de Policía Judicial, escoltas y conductores del CTI. La pensión de vejez, se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993_pr001.html" \l "33" \t "_blank" 33 de la Ley 100 de 1993
La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.
PARÁGRAFO 3o. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para el personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación de que trata la presente ley, será el previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993, modificado por la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "1" 797 de 2003, mas diecinueve (19) puntos adicionales a cargo del empleador.
(…)”
El fundamento técnico tenido en cuenta por el legislador, se encuentra en la Gaceta 141 de 2008, del que se resalta el siguiente aparte:
“El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), es la única institución de Policía Judicial que apoya a la justicia penal militar, por convenio suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el Comando General de las Fuerzas Militares para adelantar la investigación criminal y criminalística con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares en los que se presenten situaciones en las que se producen hechos que revisten las características del homicidio al cual se refiere el artículo 103 del Código Penal. Actividad que implica el desplazamiento de los investigadores a las diferentes zonas del país donde se presenten enfrentamientos de la fuerza pública con alzados en armas o personas al margen de la ley para adelantar el apoyo investigativo y criminalístico.
Estas actividades de Policía Judicial implican de por sí una disminución de la expectativa de vida saludable de los servidores del CTI, por lo que se justifica una pensión de alto riesgo, por cuanto se encuentran expuestos con hechos y productos de origen de la delincuencia que implica el manejo cotidiano de agentes químicos, biológicos, cadáveres, entre otros.
Por ser un servicio de primera necesidad que se ofrece 365 días al año, 24 horas al día con el objetivo de contrarrestar la delincuencia y ofrecer mejores servicios de investigación al ciudadano, los funcionarios del CTI se ven sometidos a extensas jornadas laborales, descansos no suficientemente reparadores, el no goce de vacaciones por necesidades del servicio, traslados que disgregan el núcleo familiar, recreación y eventos deportivos y culturales limitados, entre otras, producidos por los continuos requerimientos y necesidades del servicio, situaciones que producen manifestaciones de tipo emocional, cognitivo y comportamental, que disminuyen su expectativa de vida saludable”. (Subraya fuera del texto original)
En conclusión, respecto al personal del cuerpo técnico de investigaciones (CTI) de la Fiscalía General se expidieron las siguientes disposiciones en materia de seguridad social:
Decreto 1835 de 1994 (Derogado)
Decreto 2090 de 2003
Ley 1223 de 2008, modificatoria del Decreto 2090 de 2003
Beneficiarios de la Fiscalía General de la Nación.
Funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía:
(i) Profesionales judiciales especiales, (ii) profesionales universitarios judiciales I y II, (iii) jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, (iv) técnicos judiciales I y II y (v) escoltas I y II.
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, (i) que cumplen funciones permanentes de policía judicial, (ii) escoltas y (iii) conductores.
Requisitos pensionales
Edad: 55 si es hombre y 50 si es mujer.
Semanas: 1.000 semanas de cotización especial en una actividad de alto riesgo.
Edad: 55
Semanas: (i) 700 de cotización especial (ii) número mínimo establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993_pr001.html" \l "36" \t "_blank" 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0797_2003.html" \l "9" \t "_blank" 9o de la Ley 797 del 2003.
Edad: 55 años.
Semanas: (i) 650 semanas de cotización especial y (ii) Número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993_pr001.html" \l "33" \t "_blank" 33 de la Ley 100 de 1993.
En ambos casos se puede reducir un año de edad por cada 60 semanas cotización especial adicionales a las mínimas exigidas.
Por otra parte, al estudiar el recuento normativo en torno a la labor desempeñada por algunos de los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, es de anotar que la Ley 1223 de 2008 adicionó un artículo a la Ley 860 de 2003, y no al Decreto 2090 de 2003, por lo que en principio pareciera que el riesgo regulado en el decreto con fuerza de ley se refiera exclusivamente a aquellas situaciones que impactan la salud del trabajador por su permanente exposición, y que la Ley 1223 de 2008 hiciera referencia a un riesgo diferente derivado de la profesión.
No obstante, al comparar el campo de aplicación en ambas normas se evidencia que se refieren a la misma temática, tal y como se ve en el siguiente cuadro:
Decreto 2090 de 2003 (Deroga el Decreto 1835 de 1994)
Ley 1223 de 2008 (Adiciona el artículo 2 de la Ley 860 de 2003)
“Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo.”
“Artículo 1°:Adiciónese la Ley 860 de 2003 en los siguientes términos
Artículo Nuevo. Definición y campo de aplicación. Este articulado define el régimen de pensiones para el personal del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– de la Fiscalía General de la Nación, que cumplen funciones permanentes de Policía Judicial, escoltas y conductores del CTI, teniendo en cuenta que conforme a estudios y criterios técnicos desarrollan actividades de alto riesgo que les generan disminución de expectativa de vida saludable por la labor que realizan.
Al personal de la Fiscalía General de la Nación que labore en las demás áreas o cargos, se le aplicará, el régimen del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.”
De lo anterior, se observa que la pensión especial de vejez por exposición al alto riesgo que reconoce el Sistema General está regulada en dos disposiciones, una general contenida en el Decreto 2090 de 2003, y otra especial establecida en el Decreto 1223 de 2008 para los miembros del DAS (suprimido) y los del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que cumplan funciones permanentes de policía judicial, escoltas y chóferes del mismo. Razón por la cual, para éstos últimos exige un número inferior de semanas especiales, es decir en el caso de la regla general 700 semanas y para la especial 650.
2.3. Caso concreto
Está demostrado en el expediente que el actor fue nombrado en provisionalidad mediante la Resolución CTPJ-703 del 20 de septiembre de 1988, como Agente Investigador Grado 6, en su condición de Alumno del Segundo Curso de Formación de Agentes Investigadores del Cuerpo Técnico de Policía judicial (acta de posesión 439 sin fecha), siendo vinculado en propiedad como Agente Investigador Grado 09, a través de la Resolución CTPJ-0090 del 23 de febrero de 1989 (acta de posesión 672 del 1 de marzo de 1989).
Según constancia de servicios 29435 del 22 de febrero del 2011, suscrita por la Analista de la Oficina de Personal de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Popayán, el demandante inició sus servicios como Técnico Judicial II en la Dirección Seccional del CTI de Popayán el 1 de julio de 1992.
Por la Resolución 0-1485 del 29 de diciembre de 1993, la Fiscalía General de la Nación nombró al demandante en el cargo de Técnico Judicial II del cual tomó posesión mediante acta 009 del 26 de enero de 1994, proferida por la Dirección Administrativa y Financiera de Popayán de dicha entidad.
Mediante la Resolución 0-2198 del 30 de septiembre de 1994, expedida por la Fiscalía General de la Nación, se nombró al demandante en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Popayán en el cargo de Técnico Criminalístico (acta de posesión 165 del 13 de octubre de 1994), pues a través del Acuerdo 077 de 1994, se aprobó la supresión de 768 cargos de Técnico Judicial II y la creación de 333 cargos de Técnico Criminalístico, precisando que aquellos servidores que se desempeñaban en los puestos suprimidos debían ser nombrados en los creados, cargo del cual tomó posesión el 13 de octubre de 1994.
De conformidad con la constancia de servicios 29435 del 22 de febrero del 2011, suscrita por la Analista de la Oficina de Personal de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Popayán, el actor laboró desde el 19 de enero de 2005 como Investigador Criminal IV en la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Popayán.
Por medio de la Resolución 0-2629 del 7 de mayo del 2008, la Fiscalía General de la Nación, dispuso nombrar al demandante en el cargo de Investigador Criminalístico VII de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de investigación de Popayán en provisionalidad (acta de posesión 168 del 12 de mayo de 2008).
El 29 de julio de 2008, el actor solicitó asesoría, orientación u/o explicación con relación a la aplicación de la Ley 1223 de 2008, que fue resuelta por el Oficio DNCTI 412697 del 5 de agosto de la misma anualidad, expedido por la Fiscalía General de la Nación, informándole que no es la entidad competente para resolver la petición, sugiriéndole comunicarse con el competente para que le informen si el cargo de Técnico Judicial se consideró en su momento como equivalente al de Técnico Criminalístico y si, en consecuencia, sobre el mismo se efectuó la cotización especial señalada en el Decreto 1835 de 1994.
Por el Oficio O.P. 7649 del 6 de agosto del 2008, suscrito por la Jefe de la Oficina de Personal de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Popayán, se dio traslado de la anterior petición presentada por el actor a la Dirección Administrativa y Financiera de la misma entidad y seccional.
A través del Oficio OJ 004124 del 26 de agosto de 2008, proferido por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación y dirigido a la Jefe de la Oficina de Personal de la misma entidad, Seccional Popayán, se concluyó con relación a la petición presentada por el actor, lo siguiente:
“(…)
En concepto de esta Oficina, la respuesta que se debe dar a los peticionarios es que, el artículo 1º de la Ley 1223 de 2008, establece unos requisitos objetivos para la procedencia del reconocimiento del régimen especial de alto riesgo que ella consagra, y que siendo ellos concurrentes y obligatorios, en ausencia de uno, no procede el beneficio.
Entonces, si sus cargos se encuentran dentro de los beneficiarios de la Ley 1223 de 200, y desean acogerse al régimen especial reglado por ella, deberán continuar cotizando hasta completar los mínimos de 650 semanas, de que trata el parágrafo 1º de la disposición, en el régimen de prima media.
(…)”
El 10 de octubre de 2008, el demandante solicitó:
“(…) se de (sic) respuesta exacta y estricto cumplimiento a los peticionado en el oficio P.O. No. 7649 de fecha agosto 06 de 2008 suscrito por la doctora Ximena Londoño Jaramillo, Jefe Oficina Personal de la Fiscalía General de la Nación y radicado en su seccional con el No. 5584 de fecha 29-08-08, en razón a un derecho de petición elevado ate el despacho de la directora Nacional administrativa y Financiera y al cual se le dio traslado a su dependencia teniendo en cuenta que los allí mencionados funcionarios son servidores que dependen administrativamente de la seccional a su cargo.
De igual manera expresarle, que la respuesta enviadas por el Analista de Personal Seccional Popayán, no satisface lo peticionado y no cubre ni resuelve la inquietud que da origen al derecho constitucionalmente invocado.
(…)”
Mediante el Oficio DSAYF 2307 del 31 de octubre de 2008, suscrito por Analista de Personal de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Popayán, se dio respuesta a la anterior solicitud formulada por el actor, en los siguientes términos:
“Para su conocimiento y fines pertinentes remito a usted (es) oficio OJ 004124 de agosto 26 de 2008, en donde la doctora Gina Astrid Salazar emite concepto jurídico, con respecto a la aplicación de la Ley 1223 de julio de 2008.
Con respecto a la cotización de alto riesgo en los periodos que usted (es) desempeñaron el cargo de Técnico Criminalístico, como usted (es) lo expresan en sus oficios, el cargo no era considerado de alto riesgo y por lo tanto nuestra oficina de acuerdo a la normatividad existente solo puede aportar ésta cotización a los cargos que sean reconocidos como tal
(…)”
A través del Oficio 127 del 22 de febrero de 2011, expedido por el Director de la Oficina Popayán de PORVENIR S.A., se informó al tribunal de conocimiento que el actor estuvo vinculado al fondo de pensiones obligatorias desde el 1º de agosto de 1995 hasta el 2 de abril de 2004, fecha en la que trasladó sus aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y que en el tiempo que estuvo vinculado no realizó aportes adicionales por concepto de cotización de alto riesgo.
De conformidad con las Constancias de Servicios Prestados del 22 de febrero de 2011, expedidas por la Analista de la Oficina de Personal de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Popayán, las resoluciones de nombramiento y las actas de posesión, el demandante fue nombrado en la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación como: i) Técnico Judicial II desde el 1 de julio de 1992 y desde 26 de enero de 1994; ii) Técnico Criminalístico desde el 13 de octubre de 1994; iii) Investigador Criminal IV desde el 19 de enero de 2005; y iv) Investigador Criminal VII desde el 12 de mayo de 2008.
El 26 de agosto de 2014, la Analista de la Sección de Talento Humano de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de la Dirección Seccional de Apoyo a la Gestión del Cauca de la Fiscalía General de la Nación, hizo constar:
“Que revisado el MANUAL DE FUNCIONES de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, se constató que los cargos solicitados en su Oficio nro. 433–M del 19 de agosto del 2014, del Expediente nro. 2009-00026 de REPARACION DIRECTA, Demandante NESTOR DE JESUS GALLEGO GAONA, las funciones del cargo TECNICO CRIMINALISTICO son totalmente diferentes a las funciones del cargo de TECNICO JUDICIAL II. (…)”
El 16 de marzo de 2015, la Analista de la Sección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, certificó:
“Que según el MANUAL DE FUNCIONES de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION dentro de la planta del CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION CTI existían los cargos TÉCNICO CRIMINALISTICO y TÉCNICO JUDICIAL II, para el año 1994 y hasta el 12 de Enero de 2005.
Que los cargos en mención tienen funciones específicas totalmente diferentes la una de la otra las cuales están determinadas en dicho MANUAL.
Que el funcionario NESTOR DE JESUS GALLGO GAONA identificado con la cc# 17.445.779 fue incorporado a la planta de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION el 1º de julio de 1992 en el cargo de TECNICO JUDICIAL II.
Posteriormente según Resolución # 0-2198 del 30 de Septiembre de 1994 fue nombrado en la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Popayán en el cargo de TÉCNICO CRIMINALISTICO.”
Finalmente, mediante el Oficio DS–10–12–STH–0459 del 13 de mayo de 2015, el Profesional de Gestión II Analista de la Sección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, anexó la Resolución 0–1102 del 17 de junio del 2002, en donde se estipulan la identificación del cargo y las funciones específicas de los cargos Técnico Judicial II y Técnico Criminalístico, para la vigencia de loa años 1992 y 1994.
Con respecto al problema jurídico planteado, a partir del análisis de las pruebas referidas, se encuentra acreditado que el actor prestó sus servicios a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, así:
Desde
Cargo
Descripción
Dependencia
01-07-1992
506002
Técnico Judicial II
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Popayán
26-01-1994
507001
Técnico Judicial II
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Popayán
13-10-1994
Técnico Criminalístico
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Popayán
19-01-2005
511004
Investigador Criminal IV
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Popayán
12-05-2008
512507
Investigador Criminal VII
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Popayán
Lo anterior, permite establecer que el señor Néstor de Jesús Gallego Gaona se desempeñó como Técnico Judicial II de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Popayán desde el 1 de julio de 1992 al 12 de octubre de 1994, cargo que según el Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994, se encontraba enmarcado dentro de las actividades consideradas como de alto riesgo. Dice la norma:
“ARTICULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. En desarrollo del artículo HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr004.htm" \l "140" 140 de la HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/59814950?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
(…)
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces penales del circuito, Fiscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales l y ll, jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales l y ll, técnicos judiciales l y ll y escoltas l y ll.
(…)”. (Resaltado fuera del texto original).
Así las cosas, y en virtud a que el actor se desempeñaba en un cargo que tiene la connotación de ser de alto riesgo, la Fiscalía General de la Nación debía efectuarle una cotización especial, cuyo monto es el previsto para el Sistema General de Pensiones por la HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/59814950?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 100 de 1993 (artículos 18 y 21) más 6 puntos adicionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Decreto 1835 de 1994, que disponían:
“ARTICULO 12. MONTO DE LAS COTIZACIONES. El monto de la cotización para las actividades de alto riesgo de que trata este decreto, es el previsto para el sistema general de pensiones por la HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/59814950?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 100 de 1993 más 6 puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de la rama judicial y el Ministerio Público, y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades empleadoras de que trata este decreto.
ARTICULO 13. BASE DE COTIZACION E INGRESO BASE DE LIQUIDACION. La base para calcular las cotizaciones de los funcionarios y el ingreso base de liquidación serán los establecidos en los artículos HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "18" 18 y HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "21" 21 de la HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/59814950?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 100, y sus reglamentos”.
En este punto, la Sala destaca que el actor se encontraba en el régimen de transición establecido en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, pues se estaba vinculado al CTI de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Técnico Judicial II desde el 1 de julio de 1992, es decir, antes de la entrada en vigencia del citado decreto.
En este orden, la Sala observa que de conformidad con el referido artículo 2 del Decreto 1835 de 1994, el cargo de Técnico Judicial II se encontraba enmarcado dentro de las actividades consideradas de alto riesgo, y teniendo en cuenta que para la fecha de expedición del decreto en mención, esto es, 4 de agosto de 1994, el demandante prestaba sus servicios al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para esta fecha, es posible concluir que tiene derecho según al artículo 12 ibídem al reconocimiento de la cotización por alto riesgo para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1992 y el 12 de octubre de 1994, es decir hasta cuando efectivamente laboró como Técnico Judicial II, cuyo monto es el previsto para el Sistema General de Pensiones por la HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/59814950?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 100 de 1993 (artículos 18 y 21) más 6 puntos adicionales.
Así mismo, del cuadro relacionado previamente, se evidencia que el actor también se desempeñó como Técnico Criminalístico de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Popayán desde 13 de octubre de 1994 al 18 de enero de 2005, cargo que según el Decreto 1835 de 1994 y las Leyes 860 de 2003 y 1223 de 2008 no tiene la connotación de ser de alto riesgo y, en consecuencia, no se podían efectuar las cotizaciones de los aportes a pensión según el régimen especial de alto riesgo, a menos que haya ejercido funciones iguales o similares a las de Profesionales Judiciales Especiales, Profesionales Universitarios Judiciales l y ll, Jefes de Sección de Criminalística, Investigadores Judiciales l y ll, Técnicos Judiciales l y ll y Escoltas l y ll, tal y como lo establece el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 1223 de 2008, que dice:
“(…)
Los servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigación de que trata el artículo 2o del Decreto 1835 de 1994 o quienes han desempeñado los cargos equivalentes y se les efectuó la cotización especial señalada en el artículo 12 del mencionado decreto, se les reconocerán los aportes efectuados y tendrán derecho a la pensión de vejez establecida en la presente ley siempre y cuando completen las 650 semanas continuas o discontinuas de cotización de alto riesgo.
(…)”
Al respecto, la Sala observa que no obra prueba en el plenario que permita establecer que las funciones de Técnico Criminalístico que desempeñó el actor del 13 de octubre de 1994 al 18 de enero de 2005, eran iguales o similares a las de un Técnico Judicial II, situación idéntica que se presenta con relación a los cargos desempeñados como Investigador Criminal IV e investigador Criminal VII, razón por cual se comparte lo planteado por el a quo respecto a la negativa del reconocimiento de la cotización por alto riesgo para los periodos subsiguientes al 13 de octubre de 1994.
Ahora bien, es de señalar que las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad y, por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.
Por todo lo anterior, se confirmará con modificación la sentencia del 4 de junio de 2015 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala primera de Decisión, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el entendido que se ordenará a la entidad demandada, a favor del señor Néstor de Jesús Gallego Gaona, el reconocimiento de la cotización de los aportes a pensión según el régimen especial de alto riesgo por su desempeño como Técnico Judicial II, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1992 al 12 de octubre de 1994.
Finalmente, se accederá a reconocimiento de personería para actuar a apoderado debidamente acreditado de la parte demandada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN, la sentencia del 4 de junio del 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Primera de Decisión, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantada por el señor Néstor de Jesús Gallego Gaona en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, cuyo numeral SEGUNDO quedará así:
“SEGUNDO.- ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que reconozca a favor del señor NÉSTOR DE JESÚS GALLEGO GAONA la cotización de los aportes a pensión según el régimen especial de alto riesgo por su desempeño como Técnico Judicial II, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1992 al 12 de octubre de 1994.
Para el efecto, la entidad deberá efectuar la liquidación de los aportes respectivos a pensión, conforme al régimen especial de alto riesgo, cuyos valores se consignarán en el fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el señor NÉSTOR DE JESÚS GALLEGO GAONA.
SEGUNDO: RECONOCER personería para actuar a la abogada Martha Cecilia Gómez Acevedo, identificada con la cédula de ciudadanía 31.891.520 expedida en Cali – Valle del Cauca y tarjeta profesional 43.708 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación – Fiscalía General de la Nación, en los términos y para los fines del poder conferido.
TERCERO: Por intermedio de la Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen, y dejar las constancias respectivas.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión, por los señores Consejeros.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Del 19 de febrero del 2016, visible a folio 321 del cuaderno principal del expediente. Folio 29 del cuaderno Nro. 2 del expediente. La abogada Teresa Eugenia Lemos Bermeo. Decreto 01 de 1984. Artículo 85. “Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”. Folios 30 a 33 del cuaderno principal.
“Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos.”
(…)
“Artículo 2. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. En desarrollo del Artículo 140 de la Ley 100 de 1993, solo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
(…)
2. En la Rama Judicial: Funcionarios de la jurisdicción penal: Magistrados, Jueces Regionales, Jueces penales del circuito, Fiscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II.
(…)”
Folios 33 a 46 del cuaderno Nro. 2 del expediente.
“Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos.”
“Por la cual se adiciona el Régimen de Pensión de Vejez por Exposición a Alto Riesgo a que se refiere la Ley 860 de 2003, para algunos Servidores Públicos del Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación.”
“Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos.”
(…)
“Artículo 2. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. En desarrollo del Artículo 140 de la Ley 100 de 1993, solo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
(…)
2. En la Rama Judicial: Funcionarios de la jurisdicción penal: Magistrados, Jueces Regionales, Jueces penales del circuito, Fiscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II.
(…)”
“Artículo 12. MONTO DE LAS COTIZACIONES. El monto de la cotización para las actividades de alto riesgo de que trata este Decreto, es el previsto para el sistema general de pensiones por la Ley 100 de 1993 más 6 puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de la rama judicial y el Ministerio Público, y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades empleadoras de que trata este Decreto. Cuando se trate de afiliados beneficiados por los regímenes de transición especiales descritos en los Artículo 4o., 7o., 9o. y 10o., de este Decreto, el régimen de cotizaciones ser el ordinario, señalado para pensiones por la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, excepto cuando el servidor público desarrolle cualquiera de las actividades de alto riesgo señaladas en el Artículo 2 del presente Decreto, en cuyo caso se causaran las cotizaciones especiales adicionales antes señaladas.”
Folios 280 a 285 del cuaderno Nro. 2 del expediente. Folios 205 a 221 del cuaderno principal del expediente. Folios 224 a 235 del cuaderno principal del expediente. Folios 310 a 320 del cuaderno principal del expediente. Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias: i) Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia del 12 de junio de 2008. Expediente 16288, C.P. Dra. Ligia López Díaz; ii) Corte Constitucional, entre otras: Sentencia SU-201 de 1994, MP Dr.
Antonio Barrera Carbonell; sentencia T-945 de 2009, MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto; sentencia T-1012 de 2010 MP Dra. María Victoria Calle Correa. Con relación a la diferencia entre esta tipología de actos, en la sentencia T-945 de 2009 mencionada, indicó la Corte Constitucional: “También se han distinguido los actos administrativos según el contenido de la decisión, en actos de trámite o preparatorios y actos definitivos. Los primeros no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y en la mayoría de los casos no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas”; y iii) Sección Segunda de esta Corporación, sentencia del 2 de febrero de 2012. Consejera ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Radicación 230012331000201100337 02 (2085-11). Actor: Trinidad de las Mercedes Lora Paternina. Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FONPREMAG).
“Por el cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo”.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
“ARTÍCULO 289. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1966, el artículo 5o. de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del art. 7o. de la HYPERLINK "http://go.vlex.com/vid/430907845?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 71 de 1988, los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr008.html" \l "260" 260, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr009.html" \l "268" 268, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr009.html" \l "269" 269, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr009.html" \l "270" 270, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr009.html" \l "271" 271 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr009.html" \l "272" 272 del Código de Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o adicionen”. Sentencia C – 663 del 2007 “Antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, las actividades de alto riesgo eran reguladas de forma diversa, según se tratara de trabajadores del sector privado o del público. Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se dio origen al establecimiento de un nuevo régimen en la materia para los trabajadores de alto riesgo, que excluyó algunas actividades laborales previamente tenidas en cuenta en esta categoría, (vgr. los trabajadores dedicados al tratamiento de la tuberculosis, los periodistas, los aviadores civiles, entre otros), y definió nuevas normas que se aplicarían tanto para el sector público como para el privado (Decreto 1281 de 1994) y Decreto 1835 de 1994). Posteriormente, el Decreto 2090 del 2003, tuvo la pretensión de unificar el régimen de trabajadores de alto riesgo, cobijando tanto a trabajadores del sector privado como del sector público en una normativa conjunta.
Bajo ese supuesto, derogó integralmente los Decretos 1281 de 1994 y 1835 del mismo año, entre otros.”
“Por la cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboren en dichas actividades.”
Numeral 5º declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 1125 - 04.
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se adiciona el Régimen de Pensión de Vejez por Exposición a Alto Riesgo a que se refiere la Ley 860 de 2003, para algunos Servidores Públicos del Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación.”
Folios 26 – 28 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 25 del cuaderno de pruebas del expediente. Folios 30 – 32 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 29 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 22 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 38 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 37 del cuaderno de pruebas del expediente. Folios 34 a 36 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 33 del cuaderno de pruebas del expediente. Folios 13 a 20 del cuaderno principal del expediente. Folio 22 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 39 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 40 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 7 del cuaderno Nro. 2 del expediente. Folios 8 y 9 del cuaderno Nro. 2 del expediente. Folio 6 del cuaderno Nro. 2 del expediente. Folios 59 a 67 del cuaderno Nro. 2 del expediente. Folios 4 – 5 del cuaderno Nro. 2 del expediente. Folio 2 del cuaderno Nro. 2 del expediente. Folios 15 a 20 del cuaderno de pruebas del expediente. Folios 22 a 46 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 161 del cuaderno de pruebas del expediente. Folio 189 del cuaderno Nro. 2 del expediente. Folios 196 a 203 del cuaderno Nro. 2 del expediente.
“ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. <Inciso 4. y parágrafo modificados por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "5" 5 de la Ley 797 de 2003. (El artículo 5 de la Ley 797 de 2003 transcribe todo el artículo). El nuevo texto es el siguiente:> La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual. El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el HYPERLINK "http://go.vlex.com/vid/42845853?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Código Sustantivo del Trabajo. El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0004_1992.html" \l "1" 4a. de 1992. El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales. Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario. En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión. PARÁGRAFO 1o.
En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base. En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Las personas que perciban ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, podrán ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que éste le complete la cotización que les haga falta y hasta un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con lo previsto en la presente ley”.
“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo”.
“ARTICULO 4o. REGIMEN DE TRANSICION. Artículo corregido por el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0898_1996.htm" \l "1" 1o. del Decreto 898 de 1996. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1835_1994.htm" \l "2" 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador”.
“Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos”.
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se adiciona el Régimen de Pensión de Vejez por Exposición a Alto Riesgo a que se refiere la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0860_2003.html" \l "1" 860 de 2003, para algunos Servidores Públicos del Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación”.
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