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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2010-00058-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2010-00058-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2015, por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa 32 Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369) Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo Demandado: INCODER Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho de la presente providencia. En consecuencia: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: SIN CONDENA en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-31-000-2010-00058-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 58369
Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058-01
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER (sucedido
por la Agencia Nacional de Tierras-ANT)
Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho

CONSEJO DE ESTADO-Competencia para conocer de asuntos agrarios. LEY 1152 DE 2007-Efectos de la
sentencia que declaró la inexequibilidad. BALDÍOS-Régimen constitucional y legal. BALDÍOS-Atributos jurídicos
de los terrenos. BALDÍOS-El reconocimiento de derechos del ocupante sólo se consolida con el acto de
adjudicación. BALDÍOS-El ocupante tiene una mera expectativa sobre el bien. LEY 160 DE 1994-Tránsito
legislativo frente al régimen legal anterior. LEY 160 DE 1994-Su aplicación abarca las situaciones jurídicas de
baldíos que no se consolidaron durante la vigencia del régimen legal anterior. MERA EXPECTATIVA-
Diferencias con las expectativas legítimas y los derechos adquiridos. ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS-Los
requisitos se definen conforme a la norma vigente al momento de la decisión.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a decidir el recurso de apelación, interpuesto por la parte
demandada, contra la sentencia del 16 de julio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que anuló los actos administrativos acusados, expedidos
por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en adelante INCODER.

I.SÍNTESIS DEL CASO

Luis Hernando Lenis Rengifo formuló demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el INCODER y pidió la anulación de las Resoluciones No. 0085 del
18 de junio de 2009 y 00132 del 6 de agosto del mismo año, que negaron la
adjudicación del terreno baldío denominado San Martín, ubicado en la vereda
Guacarí del municipio de López de Micay, departamento del Cauca. Como
restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la entidad demandada la
adjudicación del inmueble y se disponga la inscripción del título ante la oficina de
registro de instrumentos públicos competente. Sostuvo que los actos acusados
incurrieron en los vicios de infracción de las normas superiores en que debieron
fundarse y falsa motivación, en la medida en que omitieron aplicar el régimen de
transición previsto por el decreto reglamentario de la Ley 160 de 1994.

II. ANTECEDENTES

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

La demanda

El 23 de febrero de 20101, Luis Hernando Lenis Rengifo, por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
INCODER, para que se hicieran las siguientes declaraciones (transcripción literal,
incluidos posibles errores):

PRIMERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos emanados
de la DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL-INCODER:

A) Resolución No. 0085 de 18 de junio de 2009, por la cual se negó al demandante,
LUIS HERNANDO LENIS RENGIFO, la adjudicación de un terreno baldío
denominado SAN MARTÍN, ubicado en la Vereda Guacarí, jurisdicción del
municipio de Micay, departamento del Cauca.
B) Resolución No. 0132 de 6 de agosto de 2009, negativa del recurso de reposición
interpuesto por el señor Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Cauca en
contra de la resolución antes mencionada.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar que el demandante,
LUIS HERNANDO LENIS RENGIFO tiene derecho a la adjudicación del dominio
sobre el predio baldío denominado SAN MARTÍN, cuya ubicación, extensión
superficiaria y linderos se consignan en los hechos de esta demanda.

TERCERO: Ordenar, como consecuencia de la anterior pretensión si ella fuere
estimatoria, la inscripción de su sentencia en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos competente para que sirva al actor como título de dominio
del inmueble.

Hechos

Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

Luis Hernando Lenis Rengifo es ocupante del predio denominado San Martín,
ubicado en la vereda Guacarí del municipio de López de Micay, departamento del
Cauca, con extensión superficiaria de 313 hectáreas y 3933 metros cuadrados,
identificado por los siguientes linderos (se transcriben, incluidos posibles errores):

Se tomó como punto de partida No. 46 de coordenadas planas X= 830.010 m.Ny
Y= 940.256 m.E, ubicado sobre la Quebrada Guacaricito, sitio donde concurren las
colindancias de la entre (sic) comunidad negra de Manglares del río Micay y el
globo a deslindar. Norte: Del punto No. 45 se sigue por la quebrada Guacaricito
hasta el punto No. 47 de coordenadas planas X= 830.522 m.N y Y = 941.786 m.E,
en una distancia de 1622 metros y en colindancia con la comunidad negra de
Manglares del río Micay. Oriente: Del punto No. 47 se continúa en línea recta hasta
el punto No. 48 de coordenadas planas X= 829.227 m.N y Y = 942.193 m.E, en
distancia de 1357 metros y en colindancia con la comunidad negra de Manglares.

1 Cfr. Fl. 34, c. 4.

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Del punto 48, se sigue aguas abajo por la quebrada Guacaria hasta el punto No.
49 en distancia de 759 metros y en colindancia con la comunidad negra de
Manglares del río Micay. Del punto No. 49 se continúa en línea recta hasta
encontrar el brazo Candelaria del Río Micay, sitio donde se ubica el punto No. 50
de coordenadas planas X= 827.414 m.N y Y = 941.363 m.E, en una distancia de
1586 metros. Sur: Del punto No. 50 se continúa por el brazo Candelaria del río
Micay; en distancia de 1672 metros hasta encontrar el punto No. 51 de
coordenadas planas X = 828.713 m.N y Y = 940.713 m.E y en colindación (sic) con
el río en mención. Occidente: Del punto No. 52 se avanza aguas arriba por la
quebrada Jacobo hasta el punto No. 52 (árbol de nato mocho) de coordenadas
planas X = 829.075 m.N y Y = 940.865 m.E; en distancia de 524 metros y en
colindación (sic) con la comunidad negra de Manglares del río Micay. Del punto
No. 52 se sigue con un azimut de 31235´59.2 hasta el punto 46; en distancia de
1116 metros y en colindancia con la comunidad negra de Manglares del río Micay,
en donde encierra nuevamente en el punto de partida. El área del predio Aserrío
San Martín es de 313 Has. 3933 metros cuadrados.

Según el demandante, la ocupación del predio se ha extendido, por lo menos,
durante cuarenta años. Ha ejercido actos de explotación económica con el
aprovechamiento del bosque natural, a través del aserrío, que para el año de 1964
se encontraba en el delta del río Micay y posteriormente se trasladó a la sede actual,
es decir, la quebrada Jacobo, vereda de Guacarí. Esas actividades forestales
llegaron a generar empleos para unas 180 familias de la región.

El predio San Martín había integrado un terreno –de dominio privado– denominado
Comunidad San Juan de Micay, de extensión superficiaria aproximada de ciento
veinte mil hectáreas, que comprendía los municipios de López de Micay, Tambo y
Patía (departamento del Cauca), cuya propiedad estuvo en cabeza, entre otros, de
Cecilia Chaux viuda de Arboleda, Luz Nohemí Arboleda Chaux, Ana Cecilia
Arboleda Chaux, Ricardo León Arboleda Chaux. El inmueble Comunidad San Juan
de Micay fue objeto de un procedimiento administrativo de extinción del dominio
privado, que adelantó el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(INCORA) y concluyó con la Resolución No. 00527 del 13 febrero de 1967 –extintiva
del dominio–. Por ello, ese terreno ingresó al patrimonio del INCORA–Fondo
Nacional Agrario.

El 10 de octubre de 1989, el demandante radicó solicitud de titulación del predio
San Martín ante el INCORA, sede de Guapi (Cauca). Con ocasión del trámite de
esta petición, se publicó la existencia del trámite administrativo, conforme lo certificó
la Gerencia y la Secretaría Jurídica de la Regional Valle del Cauca del INCODER,
el 24 de agosto de 1992. De modo que, para entonces, estaban pendientes las
etapas de medición e inspección ocular del inmueble. No obstante, según el
demandante, el expediente se destruyó y debió reconstruirse para continuar el

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

trámite de la adjudicación.

Por otra parte, el Consejo Comunitario Manglares del Río Micay solicitó al INCORA
la titulación colectiva –como propiedad de la comunidad afrodescendiente– de un
gran globo de terreno baldío, que comprendía parte del predio objeto de la extinción
de dominio del año 1967 y que, incluso, abarcaba el área del inmueble San Martín.
Dada esta circunstancia, el demandante formuló incidente de oposición a la
titulación colectiva y, para ese efecto, alegó la ocupación económica del predio
desde antes de la vigencia de la Ley 70 de 1993. Por Resolución No. 0275 del 1 de
febrero de 2006, se excluyó de la titulación colectiva el área del Aserrío San Martín,
esto es, la extensión superficiaria de 313 hectáreas y 3933 mts2.

No obstante, la entidad demandada, mediante la Resolución No. 085 del 18 de junio
de 2009, negó la solicitud del demandante para la adjudicación del predio. Contra
esta decisión el afectado interpuso recurso de reposición, que se rechazó por auto
del 21 de julio de 2009. A su vez, el procurador 7 judicial, ambiental y agrario del
Cauca recurrió en reposición la Resolución No. 085 de 2009. La entidad demandada
negó la impugnación, mediante la Resolución No. 0132 del 6 de agosto de 2009.

En relación con el fundamento jurídico –las normas violadas y el concepto de
violación–, el demandante adujo que los actos acusados son nulos, porque
contravienen las normas superiores en que debieron fundarse y están falsamente
motivados, porque:

(a) Infringieron los mandatos del régimen de transición previsto en el artículo 60 del
Decreto 2664 de 1994, reglamentario de la Ley 160 de 1994, en materia de titulación
de baldíos y, con ello, dejaron de aplicar a la situación del peticionario las normas
pertinentes, esto es, el artículo 10 de la Ley 30 de 1988 y el artículo 6 del Decreto
2275 de 1988. Asimismo, los actos acusados trasgredieron los artículos 65, 66 y
112 de la Ley 160 de 1994; el artículo 73, inciso primero, del Decreto 01 de 1984
(CCA), que regula la revocación directa de actos administrativos de carácter
particular y los artículos 58 y 83 de la Constitución Política.

(b) El inmueble San Martin quedó con la condición de baldío desde la ejecutoria de
la Resolución No. 0527 de 13 de febrero de 1967, expedida por el INCORA, pues
con esa decisión se determinó la extinción del derecho de dominio privado sobre el
predio de mayor extensión denominado Comunidad San Juan De Micay, que incluía

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

el terreno en discusión. De ahí que la autoridad demandada, conforme al artículo 26
de la Ley 135 de 1961, vigente para la época de los hechos, estaba facultada para
adjudicar a los colonos presentes en el predio (ocupantes que no reconocen
dominio) las porciones que les correspondan, de acuerdo con las normas sobre
baldíos vigentes a la fecha de su establecimiento.

Respecto de la situación del demandante, es claro que la entidad demandada
reconoció su derecho de «ocupación» y explotación del baldío San Martín, al excluir
del procedimiento de titulación colectiva, en favor del Consejo Comunitario
Manglares del Río Micay, la extensión de tierra correspondiente a 313 hectáreas y
3933 mts2, decisión contenida en la Resolución No. 0275 del 1 de febrero de 2006.

La condición de bien baldío del terreno en controversia no es original, sino que
derivó de la decisión administrativa de extinción del dominio privado por ausencia
de explotación económica –la Resolución No. 527 de 1967–, pero la ocupación del
inmueble y su explotación se remonta al año 1964 y la solicitud de titulación del
baldío se presentó en octubre de 1989. Por ello, la Ley 160 de 1994 y sus decretos
reglamentarios no eran aplicables para la definición de la situación del predio, en la
medida en que esa normativa entró en vigor el 5 de agosto de 1994. De hecho, el
artículo 60 del Decreto 2664 de 1994 precisó el régimen de transición legislativo
para los trámites de adjudicación de baldíos y el desconocimiento de esa disposición
reglamentaria trajo consigo la aplicación retroactiva de la nueva ley agraria.

(c) De acuerdo con el «tenor literal» del artículo 60 del Decreto 2664 de 1994, los
procedimientos de titulación de baldíos o de recuperación de los indebidamente
ocupados, iniciados antes de la vigencia de la Ley 160 de 1994, las situaciones
jurídicas definidas o consumadas bajo la vigencia de la ley anterior, lo mismo que
los efectos producidos por tales actuaciones –antes de que entrara a regir la nueva
ley–, quedaron regulados por la Ley 135 de 1961, los Decretos 1265 de 1977 y 2275
de 1988, junto con las modificaciones introducidas con la Ley 30 de 1988.

Asimismo, conforme al artículo 10 de la Ley 30 de 1988, modificatorio del artículo
29 de la Ley 135 de 1961, la adjudicación de terrenos baldíos en favor de personas
naturales se autorizaba hasta el límite de 450 hectáreas, siempre que se hubiera
ocupado de manera previa con explotación económica. De ahí que, si la explotación
del predio por el peticionario se dio desde 1964 y la extensión de aquel era inferior
al límite legal, procedía la adjudicación. No obstante, la entidad demandada aplicó

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

la Ley 160 de 1994 al trámite administrativo y, con base en el artículo 56, negó la
solicitud, a pesar de que dicho precepto condicionada la adjudicación al reglamento
que expidiera el INCODER, lo cual sólo sucedió hasta el Acuerdo No. 037 de 7 de
diciembre de 2005, acto este que regló la adjudicación en Unidades Agrícolas
Familiares.

(d) El demandante actuó de buena fe y con observación de las normas vigentes que
el concedieron el derecho a la adjudicación del predio San Martín, al haber ejercido
la ocupación y explotación económica. Por el contrario, la entidad demandada obró
de manera «negligente», pues se tomó veinte años para decidir la petición de
titulación.

Contestación de la demanda

Por memorial del 7 de septiembre de 20102, el INCODER se opuso a las
pretensiones de la demanda. Sostuvo que el demandante no agotó en debida forma
la vía gubernativa, pues presentó extemporáneamente el recurso de reposición
contra la Resolución No.0085 de 2009. De allí que esa decisión quedó en firme.

Precisó que las normas invocadas por el demandante como definitorias de la
situación jurídica del predio, esto es, el artículo 10 de la Ley 30 de 1988 –
modificatorio de la Ley 135 de 1961– y el artículo 6 del Decreto 2275 de 1988 no
gobernaban el asunto, por cuanto el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994 prescribe
que el régimen anterior, que autorizaba la adjudicación de un bien baldío hasta por
450 hectáreas, sólo aplicaba para aquellos asuntos consolidados y definidos antes
de la vigencia de la Ley 160 de 1994. Dado que, en esta controversia, al momento
del vigor de la nueva ley, no había finalizado el procedimiento administrativo –pues
únicamente se habían completado algunas etapas–, la asignación de tierras estaba
sujeta a los límites establecidos en el artículo 56 de la Ley 160 de 1994 y la
Resolución No. 041 de 1996, es decir, entre 42 y 57 hectáreas, conforme al sistema
de Unidades Agrícolas Familiares.

Según la demandada, no se configuró la alegada violación de los artículos 65, 66 y
112 de la Ley 160 de 1994, pues la ocupación de tierras baldías es una situación de
hecho, por ello, la titulación que de estas haga el Estado corresponde al régimen
jurídico vigente cuando se adopta la decisión administrativa, circunstancia que

2 Cfr. Fl. 95-107, c. 4.

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

excluye la supuesta aplicación retroactiva de la ley nueva. Por oposición, haber
definido la asignación del predio San Miguel, con base en las Leyes 135 de 1961 y
30 de 1998, habría significado la aplicación ultraactiva de normas derogadas,
proceder este sí contrario a derecho, pues la ocupación de tierras, por sí sola, no
genera derechos sobre estas que se consolidan por el trascurso del tiempo, sino
que es necesario un título jurídico que así lo reconozca.

En ese orden de ideas, tampoco se presentó la trasgresión de los artículos 58 y 83
constitucionales, porque no existe un derecho adquirido en vigencia del régimen
legal anterior que deba protegerse. La situación del interesado, en relación con el
predio en discusión, sólo consistía en una «mera expectativa», cuya definición
corresponde a la autoridad administrativa competente, en los términos del régimen
legal vigente.

Tampoco es cierto que la Resolución No. 0275 de 2006, que culminó el
procedimiento de titulación colectiva en favor del Consejo Comunitario Manglares
del Río Micay, hubiera reconocido derecho alguno al demandante sobre el predio
San Martín. En realidad, tal decisión sólo excluyó un área de dicha asignación de
tierras, en la medida en que existía una situación originada por la ocupación de la
última extensión de tierra.

La entidad demandada formuló las excepciones de «falta de legitimación en la
causa por pasiva», porque el demandante no tenía derecho alguno amparado en
una norma jurídica, presupuesto de procedencia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, de acuerdo con el artículo 85 CCA. Asimismo, la falta
de configuración de las causales de nulidad de los actos administrativos, porque las
decisiones cuestionadas se ajustan al ordenamiento.

Concluyó que no es posible adjudicar el área como lo solicita el demandante (…),
puesto que no hay forma de individualizar la parte a que tendría derecho el ocupante si éste
no la delimita y que aun cuando cumple con los requisitos para que se la adjudique la U.A.F.
en la zona, el Instituto no puede suplir la voluntad del beneficiario, individualizando,
delimitando y adjudicando el área establecida por la ley en contra de la voluntad del
ocupante.

Sentencia de primera instancia

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Por providencia del 16 de julio de 20153, el Tribunal Administrativo del Cauca
declaró la nulidad de las Resoluciones No. 0085 del 18 de junio y 0132 del 6 de
agosto de 2009. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho,
ordenó a la entidad demandada expedir el acto de adjudicación del baldío San
Martín, en extensión de 313 hectáreas y 3933 m 2, conforme al régimen definido en
las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988. Negó las demás pretensiones de la demanda.

El Tribunal estimó que la normativa aplicable a esta controversia es la prevista en
el régimen anterior a la Ley 160 de 1994, porque el demandante, como persona
natural, al momento de la solicitud de adjudicación del baldío, demostró a la entidad
demandada la ocupación del terreno y la explotación económica del predio,
requisitos sustanciales necesarios en esa época para la titulación. Asimismo, el
interesado estaba incurso en los presupuestos del régimen de transición frente a la
nueva ley, de acuerdo con el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994.

Consideró que las pruebas dieron cuenta que el demandante tenía la condición de
ocupante del predio San Martín, cuya extensión corresponde a 313 hectáreas y
3933 m2, que el predio se encuentra ubicado en la vereda Guacarí del municipio de
López de Micay, en el departamento del Cauca, con el respectivo levantamiento
topográfico. También que más de dos tercios de la extensión de tierra tenían
explotación económica, porque se había constatado la presencia de herramientas y
utensilios para el aprovechamiento forestal.

En sustento de su conclusión, el Tribunal indicó que:

[L]a situación jurídica definida o consumada de que habla el primer inciso del art.
60 del Decreto 2664 de 1.994, se refiere a aquellos casos en los cuales ya están
integrados los elementos de la hipótesis normativa, restando solamente su
reconocimiento por la Administración; por estar ya reunidos tales elementos se
genera el derecho a su reconocimiento. En este caso el acto administrativo no es
creador del derecho, ni puede serlo, es simplemente un acto declarativo de su
existencia, no constitutivo del mismo. Mutatis mutandi, sería el caso del trabajador
o del empleado que ha integrado la totalidad de los elementos para solicitar y
obtener una pensión: tiene el tiempo de trabajo, el número de cotizaciones, o
aportes, la edad prevista en la ley, pero no tiene el acto administrativo que le
reconoce ese derecho. No podría en este caso una nueva ley desconocerle esa
situación jurídica ya consumada (…).

Recurso de apelación

3 Cfr. Fl. 207-231, c. pal.

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

La entidad demandada presentó recurso de apelación mediante escrito radicado el
11 de agosto de 20154, con el fin de que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Insistió en que
el interesado no recurrió oportunamente, en sede de la vía gubernativa, la
Resolución No. 0085 de 2009, pues la impugnación que presentó fue
extemporánea, por ello, dicho acto quedó en firme.

Sobre los motivos de inconformidad contra la decisión del Tribunal, reiteró las
razones de la contestación de la demanda y resaltó que, conforme al artículo 60 del
Decreto 2664 de 1994 –régimen de transición–, se deben aplicar las disposiciones
de la Ley 160 de 1994 y su reglamento a las situaciones jurídicas que se iniciaron
bajo el imperio de la ley anterior, pero que aún están en curso o no tienen definición
administrativa cuando dicha ley entró a regir –tal como sucedió en esta
controversia–. De modo que sólo cobijan los mandatos de las Leyes 135 de 1961 y
30 de 1988, junto con sus respectivos reglamentos, a aquellas situaciones sobre
baldíos cuya situación jurídica quedó definida o consumada al tiempo de la vigencia
de esos preceptos, mediante el respectivo acto administrativo.

Sostuvo que (se transcribe con posibles errores):

[D]ebe señalarse que no es la fecha desde la cual se inició la ocupación de un
baldío, el hecho que determina cuál es la norma aplicable al momento de proferir
la resolución final con la cual se decide el procedimiento de adjudicación, sino que
es la fecha en que la administración toma la decisión sobre el procedimiento, a
través de la expedición de un acto administrativo (resolución), el hecho que
determina cuál es la norma o las normas aplicables al asunto que se decide, que
no pueden ser otras que las vigentes en esa fecha, en razón de la temporalidad de
la norma, a menos que se trate de situaciones a las que expresamente deba
aplicarse la ultraactividad de la ley, como pretende el actor, de manera equivocada
cuando señala que las normas aplicables al caso que nos ocupa debía ser el
artículo 10 de la Ley 30 de 1988 y el artículo 6 del Decreto 2275 de 1988.
Si la teoría fuese cierta, en cuanto fuese el tiempo de ocupación de un baldío el
hecho que determine la norma a aplicar para que la administración adopte su
decisión sobre la solicitud de adjudicación de un predio, hoy las distintas
resoluciones que el INCODER profiera al culminar estos procedimientos –dada la
antigüedad con que algunos campesinos vienen ocupando predios baldíos–
tendría que basarse no solo en la Ley 30 de 1988, sino a (sic) algunas anteriores
a esa como la 135 de 1961, primera de 1968, cuarta de 1974 y otras, lo que
constituiría un absoluto desacierto jurídico y desdiría del atributo de generalidad
que comportan las leyes (sic) (…).

Trámite de segunda instancia

4 Cfr. Fl. 233 a 245, c. pal.

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

El 30 de agosto de 20165, previo a declarar fallida la audiencia de conciliación
[conforme al artículo 70 de la Ley 1395 de 2010] por falta de acuerdo entre las
partes, el Tribunal Administrativo del Cauca concedió el recurso de apelación. Por
auto del 13 de febrero de 2017, se admitió el recurso de apelación contra la
sentencia del 16 de julio de 20156. El 19 de julio de 2017 se reconoció a la Agencia
Nacional de Tierras–ANT como sucesora procesal del INCODER y se le requirió
para que designara un apoderado7. El 28 de junio de 2019, se reconoció personería
a la representante judicial de la sucesora procesal8. En la misma fecha se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión9.

La parte demandante alegó que debía confirmarse la sentencia de primera
instancia, porque la inusual tardanza de la entidad para resolver la solicitud de
adjudicación llevó a que se produjera un tránsito legislativo que, en todo caso, quedó
salvaguardado por el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994, de modo que la situación
quedó cobijada por las normas vigentes al tiempo de la petición de titulación10.

La ANT pidió que se revocará la sentencia apelada, porque al momento de la
expedición de los actos acusados no existía una situación consolidada o definida,
en relación con el predio San Martín. Recalcó que, conforme al artículo 65 de la Ley
160 de 1994, la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables sólo se adquiere
mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado, a través del Instituto
Colombiano de Reforma Agraria o quien haga sus veces, por ende, la definición de
la titulación tenía que hacerse conforme a la nueva ley, que restringe la extensión
de los predios a la extensión definida para las Unidades Agrícolas Familiares, esto
es, entre 42 a 57 hectáreas, por ello, los actos acusados están ajustados a las
normas superiores y están motivados conforme al derecho aplicable11.

El agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación conceptuó en
contra de las pretensiones de la demanda y del sentido del fallo de primera instancia.
Sostuvo que los actos acusados se ajustan a los mandatos de la Ley 160 de 1994,
norma vigente al tiempo de la resolución administrativa que negó la adjudicación del
baldío. Explicó que la ocupación de tales bienes no genera derechos a lo largo del
tiempo, como sucede con aquellos inmuebles particulares frente a los que se

5 Cfr. Fl. 323-324, c. pal.
6 Cfr. Fl. 336, c. pal.
7 Cfr. Fl. 338, c. pal.
8 Cfr. Fl. 372, c. pal.
9 Cfr. Fl. 373, c. pal.
10 Cfr. Fl. 345-378, c. pal.
11 Cfr. Fl. 379-384, c. pal.

10

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

configura el fenómeno jurídico de la prescripción adquisitiva, dado que los baldíos
tienen carácter imprescriptible por ser propiedad de la Nación.

Explicó que la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado es pacífica y
consistente, al señalar que la ocupación de baldíos no genera un derecho y que el
reconocimiento de la propiedad sólo se da en favor del ocupante, cuando la entidad
competente verifica el cumplimiento de los requisitos vigentes al tiempo de la
expedición de la respectiva resolución administrativa. Resaltó que el régimen de
transición previsto en el reglamento de la Ley 160 de 1994 no tiene el alcance dado
por el Tribunal, en la medida en que sólo abarca las situaciones definidas y
consolidadas en vigencia de las leyes anteriores, es decir, aquellas respecto de las
cuales ya existía un acto de adjudicación12.

El 4 de febrero de 2025 se interrumpió el proceso, de conformidad con el artículo
168 CPC, dado el conocimiento sobre el fallecimiento del apoderado de la parte
demandante y, en consecuencia, se requirió a esta para que designara un nuevo
apoderado13. Cumplido ese trámite, se reanudó la actuación y el expediente regresó
al Despacho para proveer14.

III. CONSIDERACIONES

I. Régimen procesal del litigio

1. Según lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los procesos promovidos ante esta
jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, «seguirán rigiéndose y
culminarán» por las normas procesales contenidas en el «régimen jurídico anterior»,
es decir, al Código Contencioso Administrativo (CCA), el Código de Procedimiento
Civil (CPC) y demás normas aplicables.

Dado que, en el presente asunto, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se interpuso el 23 de febrero de 201015, es aplicable el señalado régimen
jurídico, que abarca todas las actuaciones hasta su culminación, lo que incluye los

12 Cfr. Fl. 385-408, cp. pal.
13 Cfr. SAMAI, índice 52.
14 Cfr. SAMAI, índice 62.
15 Cfr. Fl. 34, c. 4.

11

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

trámites posteriores a la sentencia –adición, aclaración del fallo e incidentes–16.

II. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. El artículo 82 del CCA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la
actividad de las entidades públicas, incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos órganos del Estado. También, las controversias
que se originen en actos políticos o de Gobierno. En la medida en que el demandado
es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural–INCODER17 (hoy Agencia Nacional
de Tierras-ANT18), esta jurisdicción es competente para resolver el litigio.

3. En este punto, resulta importante poner de presente que la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en providencia del 29 de enero de 201019, hizo precisiones en
relación con la acción procedente y la autoridad competente para conocer de los
casos en los que se demandan algunos actos administrativos proferidos por la
autoridad agraria –INCODER–, entre otros, aquellos que niegan la adjudicación de
un baldío. En ese sentido se consideró que:

16 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 1 de julio de

2020, expediente 61155 [fundamento jurídico 1]; sentencia 20 de mayo de 2022, expediente 64181 [fundamento
jurídico 1]; auto de 18 de agosto de 2023, expediente 69761 [fundamento jurídico 1], C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Criterio reiterado recientemente por la Subsección C, auto del 24 de julio de 2024, expediente
59915 [fundamento jurídico 9].
17 Conviene destacar que, durante el desarrollo del proceso, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2365 de

2015, por el cual se suprimió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER, se ordenó su liquidación y
se dictaron otras disposiciones, la cual fue modificada por el Decreto 1850 de 2016. Lo anterior con fundamento
en la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, en particular el capítulo III
Transformación del Campo, en el que se dispuso la necesidad de contar con un arreglo institucional integral y
multisectorial que tenga presencia territorial, de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los
atributos del territorio, que permita corregir las brechas de bienestar y oportunidades de desarrollo entre
regiones rurales, se le otorgaron -artículo 107- facultades extraordinarias al Presidente de la República para: a)
Crear una entidad u organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional del sector
descentralizado, fijando su objeto y estructura orgánica, responsable de la administración de las tierras como
recurso para el desarrollo rural, de la política de acceso a tierras y la gestión de la seguridad jurídica para
consolidar y proteger los derechos de propiedad en el campo”, así como para “b) Crear una entidad u organismo
perteneciente a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional del sector descentralizado, fijando su objeto y estructura
orgánica responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo rural y agropecuario con el fin de acercar
al territorio la presencia institucional del orden nacional para la transformación del campo y adelantar programas
con impacto regional, lo que condujo la expedición de los Decretos-Ley 2363 y 2364 de 2015, con los que se
crearon la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, respectivamente.
Sobre la sucesión procesal del INCODER, se consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
auto del 17 de octubre de 2023, expediente 69979, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
18 Entidad creada mediante el Decreto–Ley 2363 de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 49.719 de 7 de

diciembre de 2015, que en su artículo 3 dispuso que la Agencia Nacional de Tierras-ANT tiene por objeto
ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad
jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y
disponer de los predios rurales de propiedad de la nación.
19 Expediente 37152, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

12

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Al realizar un nuevo análisis de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en
el Decreto que la reglamenta, se advierte que a lo largo de las mismas (sic) se
prevé la existencia de diversos procedimientos administrativos a través de cuyas
regulaciones se señalan los actos administrativos con los cuales están llamados a
finalizar, así como se consagran los recursos que en cada caso pueden
interponerse en la vía gubernativa al tiempo que se identifican las acciones a (sic)
ejercer por parte del interesado contra las correspondientes decisiones de la
Administración, sin que haya lugar a efectuar una interpretación extensiva de tales
disposiciones legales y reglamentarias.
Así, contra el acto administrativo por medio del cual se decide de fondo el
procedimiento sobre recuperación de baldíos indebidamente ocupados o
apropiados, se establece el recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes
a la notificación del acto y se define la procedencia de la acción de revisión en
única instancia ante el Consejo de Estado, cuyo término de caducidad es de 15
días, plazo que ha de contabilizarse a partir de la ejecutoria del respectivo acto.
Por otra parte, las mismas disposiciones legales y reglamentarias se ocupan de
regular, de manera diferente e independiente, el procedimiento administrativo
encaminado a revocar de manera directa la adjudicación de un baldío, trámite
respecto del cual la regulación especial contenida en la Ley 1152 de 2007 y en el
Decreto Reglamentario 230 de 2008, aplicables al presente caso, no determinaron
expresamente la procedencia de una acción específica contra los respectivos
actos administrativos de revocatoria.
Entonces no es posible asimilar el acto administrativo por medio del cual se decide
de fondo el procedimiento de recuperación de baldíos –impugnable a través del
recurso de reposición y de la acción de revisión– con aquél a través del cual se
decide la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación.
En aras de garantizar el acceso a la Administración de Justicia y ante el silencio
de la Ley Agraria y de su decreto reglamentario respecto de los mecanismos de
defensa y de impugnación procedentes contra el acto de revocatoria directa de
bienes baldíos, debe aplicarse la regla general prevista en el Código Contencioso
Administrativo pues de mantener la tesis que en esta oportunidad se pretende
variar, se estaría creando jurisprudencialmente una situación que resulta
desfavorable y restrictiva para el directamente perjudicado con tal decisión, puesto
que los términos legales para ejercer la acción se reducirían a 15 días si la
procedente fuere la acción de revisión en lugar de mantener el plazo de 4 meses,
legalmente consagrado como regla general para el ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, así como se alteraría también la competencia para
conocer del asunto en tanto al Consejo de Estado le corresponde conocer
privativamente y en única instancia de la acción de revisión mientras que a los
Tribunales Administrativos les ha sido asignada la competencia para asumir, en
primera instancia, de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en los
casos en los cuales la cuantía del asunto supere el monto equivalente a 300
SMMLV.

4. En el mismo sentido, en providencia del 3 de marzo de 2010, la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en concordancia con el criterio jurisprudencial citado
[providencia del 29 de enero de 2010], determinó que:

(…) el Consejo de Estado carece de competencia para conocer de este asunto en
única instancia, toda vez que el acto que revoca de manera directa la adjudicación
de un baldío no inicia ni culmina las diligencias administrativas de extinción de
dominio, clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos previstas
en los numerales 8, 9 y 11 del artículo 128 del C.C.A.

13

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Si bien el numeral 2º del artículo citado, le asigna competencia a esta Corporación
para conocer en única instancia, de las demandas que se presenten en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos
expedidos por autoridades del orden nacional que carezcan de cuantía, en este
caso, el acto administrativo por medio del cual se revocó de manera directa la
adjudicación de un terreno baldío sí tiene cuantía, la cual está determinada por el
valor del bien inmueble inicialmente adjudicado.
(…)
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del C.C.A.,
se ordenará la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Meta, por ser
esta la autoridad judicial competente para conocer del presente asunto.

5. Conforme al criterio jurisprudencial expuesto, el Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para conocer del presente asunto, de
conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual tiene competencia para
decidir los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia
por los Tribunales Administrativos. Asimismo, esta Corporación es competente en
razón a la cuantía –artículo 134E del CCA–, pues el valor de la pretensión material
mayor20 supera los 300 SMLMV exigidos por el artículo 132.3 del CCA, esto es,
$154’500.00021.

6. Con esa perspectiva, la Subsección C de la Sección Tercera conoce del asunto,
dadas las reglas de reparto establecidas en el Acuerdo 80 de 2019, artículo 13 –
Sección Tercera–, las cuales indican que conocerá, entre otros asuntos, de: «Los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias
enunciadas en el numeral primero», es decir, «nulidad de actos administrativos que
versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros».

Cuestión previa

7. Para la Sala resulta importante destacar que la Ley 1152 de 2007 22, por la cual
se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, se reformó el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural-INCODER y se dictaron otras disposiciones, estuvo vigente
durante el desarrollo del procedimiento administrativo que llevó a la expedición de
los actos acusados, es decir, las Resoluciones No. 0085 del 18 de junio y 0132 del
6 de agosto de 2009 [que negó la adjudicación del predio denominado «San Martín»
y que negó una reposición respectivamente].

8. En el trámite del proceso judicial, la Corte Constitucional, en sentencia C-175 de

20 La cual corresponde a la suma de $300’000.000.
21 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 300.
22 Publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007

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200923, declaró inexequible dicha ley, por no haberse adelantado en debida forma
al trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes24;
no obstante, esta determinación produjo efectos hacia el futuro, en los términos del
artículo 45 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de Justicia–, tal
como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de esa misma
Corporación25:

Ante esa situación, se debe recordar la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación en cuanto a que la declaratoria de inexequibilidad de una norma
implica la reincorporación al ordenamiento jurídico de las disposiciones por ella
derogadas siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del Texto
Fundamental. Esto es así en cuanto una declaratoria de inexequibilidad conlleva
la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma que ha sido encontrada
contraria a la Carta y ante ello se debe determinar el peso específico que les asiste
a los principios de justicia y seguridad jurídica y establecer si el fallo tiene efectos
únicamente hacia futuro o si también cobija situaciones consolidadas en el pasado,
evento en el cual restablecen su vigencia aquellas disposiciones que habían sido
derogadas por la norma declarada inconstitucional.

9. De modo que, por efecto de la inexequibilidad, recobraron vigencia las
disposiciones que derogó dicha ley [1152 de 2007] –artículo 178–, entre las que se
encuentra la Ley 160 de 1994, norma aplicable en materia agraria.

Acción procedente
10. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía procesal idónea,
como lo prevé el artículo 85 del CCA, para que toda persona que se crea lesionada
en un derecho amparado en una norma jurídica pueda pedir que se declare la
anulación del acto administrativo y se le restablezca en su derecho.

11. En el presente asunto, se solicita declarar la nulidad de: i) la Resolución No.
0085 del 18 de junio de 2009, que negó al demandante la petición de adjudicación
del terreno baldío San Martín y ii) la Resolución 0132 del 6 de agosto de 2009, que
negó el recurso de reposición interpuesto por el procurador 7 judicial, ambiental y

23 Sentencia del 18 de marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 En la sentencia se señaló: Conclusión // 38. La Ley 1152 de 2007 configura una regulación integral y
sistemática sobre el desarrollo rural y el uso y aprovechamiento de la propiedad agraria, régimen jurídico que
debió someterse al trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en razón de
la especial connotación que el territorio tiene para estos pueblos, al igual que por la existencia de disposiciones
particulares y concretas en el EDR que los afectan directamente. (…) 40. Debido a la pretermisión del requisito
de consulta previa, la norma acusada deviene inexequible en su integridad. Ello debido a que, en razón de
constituir, por expreso mandato del Legislador, un régimen general y sistemático en materia de uso y
aprovechamiento de los territorios rurales, (i) no resulta viable diferenciar entre las normas que afectan
directamente a las comunidades y aquellas que no tienen ese efecto, amén de la posibilidad que en casos
concretos cualquier disposición del EDR contraiga esa afectación; y (ii) la exclusión, en virtud de su
inexequibilidad, de las normas que hagan referencia nominal a los pueblos indígenas y tribales, generaría un
régimen discriminatorio en contra de los mismos, puesto que contribuiría a un déficit de protección jurídica,
contrario a los derechos que la Constitución reconoce a dichas minorías étnicas.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-501 de 2001 [fundamento jurídico V. B], M.P. Jaime Córdova Triviño y

Sentencia C-1548 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre muchas otras.

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agrario del Cauca.

12. Como primer aspecto, es importante señalar que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 50 del CCA, son actos definitivos los que resuelven directa
o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado entre los actos
administrativos definitivos y los de trámite, así: «los primeros son declaraciones
unilaterales, que pueden ser generales o particulares, con efectos jurídicos directos
y en ejercicio de la función administrativa, lo que quiere decir que crean, modifican
o extinguen una situación jurídica; mientras que los segundos sencillamente no
alteran derechos y deberes, pues, por no ser conclusivos, se restringen a impulsar
el trámite en sede administrativa»26.

Por lo anterior, únicamente las decisiones de la autoridad administrativa producto
de la conclusión de un procedimiento [junto con los que deciden los recursos
procedentes], o los actos de trámite que hacen imposible la continuación de esa
actuación, son susceptibles de ser controlados por parte de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, de modo tal que los actos de trámite o preparatorios
distintos de los antes señalados se encuentran excluidos de dicho control.

Con todo, no se debe dejar de mencionar que en materia agraria el legislador previó
el control jurisdiccional de algunos actos que, por regla general, no tienen el carácter
de definitivos o que hacen imposible continuar con la actuación, como son las
decisiones que inician las diligencias administrativas de extinción de dominio,
clarificación, deslinde y recuperación de baldíos, contra las que procede la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, en única
instancia -numeral 8 del artículo 128 del CCA-, ninguno de los cuales se enmarca
en el escenario de la litis planteada27.

13. En esa medida, para la Sala, es evidente que los actos acusados tienen el
carácter de definitivos, en cuanto, por un lado, se concluyó el procedimiento para
negar la solicitud de «titulación del terreno baldío San Martín ubicado en la vereda
Guacarí, corregimiento Noanamito, jurisdicción del municipio de López de Micay,
departamento del Cauca28 [Resolución 0085] y, por otro lado, se resolvió el recurso

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de octubre de 2024, expediente 54485

[fundamento 3], C.P. Nicolás Yepes Corrales.
27 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 29 de enero de 2010,

expediente 37152 [fundamento jurídico 2].
28 Cfr. Fl. 2-6, c. 4.

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de reposición interpuesto por el procurador 7 judicial, ambiental y agrario del Cauca,
en el sentido de negarlo [Resolución 0132]29.

14. Ahora bien, la parte demandada, tanto al contestar la demanda, como al
presentar el recurso de apelación contra la sentencia del 16 de julio de 2015,
sostuvo que el demandante no agotó en debida forma vía gubernativa, pues en
relación con la Resolución No. 0085 de 2009 no interpuso el recurso de reposición
en tiempo. Ello, por cuanto la decisión se notificó el 25 de junio de 2009 y la
impugnación se interpuso hasta el 21 de julio de 2009, es decir, por fuera del término
establecido en el artículo 51 CCA, motivo por el cual se rechazó.

Con todo, se pone de presente que, de acuerdo con el referido artículo 51,
solamente el recurso de apelación, en los casos en que sea procedente, es
indispensable para agotar la vía gubernativa. Dado que el procedimiento de
adjudicación de baldíos únicamente tiene previsto el recurso de reposición contra el
acto que accede o deniega la titulación30, es claro que no se configuró la falta de
agotamiento de la vía gubernativa como requisito para acceder a la jurisdicción, en
los términos del artículo 135 CCA.

En ese orden de ideas, el medio de control adecuado contra los actos acusados es
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del
CCA.

Caducidad de la acción

15. El artículo 136 del CCA prevé el plazo en el que se debe ejercer el derecho de
acción y desde cuándo comienza a correr dicho término, so pena de que una vez
fenecido no se pueda formular el medio de control, dada la naturaleza del fenómeno
jurídico de la caducidad31, tal como lo ha señalado de manera reiterada la
jurisprudencia de esta Sección32, dicha figura procesal,

(…) se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los
29 Cfr. Fl. 8-10, c. 4.
30 Cfr. Artículo 25 del Decreto 2664 de 1994: (…) Contra esta providencia procede únicamente y por la vía

gubernativa, el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación (…).
31 El artículo 6 del CPC establece: Observancia de Normas Procesales. Las normas procesales son de

derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán
ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa
de la ley (se destaca).
32 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2017, expediente

39435 [fundamento jurídico 1.4].

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sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones
judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los
interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio
dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en
tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo
su derecho33 (énfasis fuera del texto).

En consonancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la
caducidad de la acción o medio de control:

(…) ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por
la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad
de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La
caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede
renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente34.

16. En lo que respecta a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el
numeral 2 del artículo 136 del CCA prevé que la demanda deberá presentarse
dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación,
notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo, según el caso.

17. En la presente controversia, el acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición, esto es, la Resolución No. 0132 del 6 de agosto de 2009 se notificó
personalmente al interesado el 21 de agosto del mismo año35. La solicitud de
conciliación, como requisito de procedibilidad, se presentó el 28 de septiembre de
2009 y el 15 de febrero de 2010 se celebró la respectiva audiencia de conciliación,
sin que se llegara a acuerdo alguno, según da cuenta la Constancia No. 045 de
2010, expedida por la Procuraduría 40 Judicial II para asuntos administrativos ante
el Tribunal Administrativo del Cauca36. Como la demanda se formuló el 23 de febrero
de 2010, esta fue oportuna37.

Legitimación en la causa

18. La legitimación en la causa en el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, según lo dispuesto en el artículo 85 CCA, se reservó
a toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, previsto por una

33 Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009.

Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.
34 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009 [fundamento jurídico 4]. En igual sentido se puede

consultar la sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3], al decidir sobre la constitucionalidad del artículo
136 del CCA.
35 Cfr. Fl.10, c. 4.
36 Cfr. Fl. 15-16, c. 4.
37 Cfr. Fl. 34, c. 4.

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
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norma jurídica, con ocasión de la expedición de un acto administrativo particular, de
modo que podrá pedir que se declare su nulidad y se restablezca el derecho. Así
las cosas, en este asunto la legitimidad está dada:

Por activa

19. El señor Luis Hernando Lenis Rengifo está legitimado en la causa por activa,
porque inició el procedimiento de adjudicación del predio San Martín, petición que
se negó mediante los actos acusados.

Por Pasiva

20. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural–INCODER, sucedido por la Agencia
Nacional de Tierras, está legitimado en la causa por pasiva, dada su calidad de
autoridad que expidió los actos administrativos acusados –Resoluciones No. 0085
del 18 de junio de 2009 y 0132 del 6 de agosto de 2009–.

III. Caso concreto

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los actos acusados incurrieron en las causales
de nulidad de infracción de las normas superiores en que debieron fundarse y falsa
motivación jurídica, al haber desconocido el régimen de tránsito legislativo entre,
por un lado, las Leyes 135 de 1961 modificada por la Ley 30 de 1998 y, por otro
lado, la Ley 160 de 1994.

21. El concepto de la violación se relató en los antecedentes de esta providencia y
se puede sintetizar en una única proposición –dado que la cuestión radica en
determinar el régimen legal aplicable al momento de la expedición de los actos
acusados–, esto es, a la solicitud de adjudicación del predio San Martín se debió
aplicar las disposiciones de la Ley 135 de 1961, modificada por la Ley 30 de 1988,
por cuanto autorizaban la adjudicación de un bien baldío a quien lo ocupara y
explotara económicamente, hasta una extensión de 450 hectáreas. En ese orden
de ideas, conforme al régimen de transición previsto en el artículo 60 del Decreto
2664 de 1994, reglamentario de la Ley 160 de 1994, en este asunto, según la parte
demandante, no procedía la aplicación de las limitaciones sustanciales de la Ley

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Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

160 de 1994, en cuanto restringieron la extensión de adjudicación de baldíos a
Unidades Agrícolas Familiares, entre 42 y 57 hectáreas. Dadas estas premisas, que
entrañan una discusión en cuanto al derecho aplicable a los actos acusados, la Sala
procederá al estudio del caso concreto.

Régimen legal aplicable para la decisión sobre la adjudicación del baldío San
Martín

22. Tienen el carácter de bienes baldíos, los terrenos ubicados dentro del territorio
nacional que carecen de otro dueño38, por lo que aun desde la Constitución Nacional
de 1886, se estableció la propiedad del Estado sobre estos, al prescribirse que:

Artículo 202.- Pertenecen a la República de Colombia.
1. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la
Unión Colombiana en 15 de abril de 1886;
2. Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio
recobra la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros
por dichos Estados, o a favor de éstos por la Nación a título de indemnización;
3. Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el
territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan
adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas.

De acuerdo con los artículos 674 y 675 del Código Civil, los baldíos son bienes
públicos de la Nación ubicados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables,
dado que las autoridades los conservan para transferir su propiedad a quienes reúnan
la totalidad de las exigencias establecidas en la ley –siempre y cuando estas se
mantengan–, con apoyo en el postulado según el cual constituye un fin del Estado
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios,
para mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina39. Precisamente
dicho postulado se concreta en los artículos 63 y 64 de la actual Constitución Política,
que disponen el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de los bienes de
la Nación; al tiempo que ordenan la promoción del acceso progresivo a la propiedad
de la tierra, por parte del campesinado y de los trabajadores agrarios.

23. Con esa perspectiva, de tiempo atrás, se tiene determinada una regulación de
carácter especial a la apropiación de tierras baldías, como se advierte desde los
artículos 60 y 61 de la Ley 110 de 1912, en cuanto dispusieron:

38 Cfr. Ley 110 de 1912, artículo 44: Son baldíos, y en tal concepto pertenecen al Estado, los terrenos situados

dentro de los límites del territorio nacional que carecen de otro dueño, y los que habiendo sido adjudicados con
ese carácter, deban volver al dominio del Estado, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 56.
39 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-536 de 1997.

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Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Artículo 60: Los terrenos baldíos no son enajenables a título de venta.
Artículo 61: El dominio de los baldíos no puede adquirirse por prescripción
(énfasis fuera del texto).

Con ese mismo derrotero, el numeral 4 del artículo 407 CPC, vigente para la época
de los hechos, prevé:

La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o
de propiedad de las entidades de derecho público.

De modo que, de manera consistente y reiterada, el ordenamiento jurídico
colombiano, en las normas que se han expedido sobre la materia, tiene determinado
un criterio diferenciador entre los bienes comunes [particulares] y los bienes
estatales, en la medida en que estos últimos no son enajenables y están revestidos
del atributo de la imprescriptibilidad. Por ello, tanto en el régimen constitucional
anterior a 1991, como en el vigente, los elementos que definen la esencia de los
bienes baldíos no han variado, ni siquiera a raíz de los diferentes cambios
legislativos sobre la materia. Así lo ha puesto de presente la jurisprudencia
constitucional40:

El juez debe llevar a cabo una interpretación armónica de las diferentes normas
existentes en torno a tan específico asunto, tales como los artículos 1 de la Ley
200 de 1936; 65 de la Ley 160 de 1994, 675 del Código Civil, y 63 de la Constitución
Política, sin desconocer que existe una presunción iuris tantum [admite prueba en
contrario] en relación con la naturaleza de bien baldío (...) la legislación agraria
posterior ha reivindicado la imprescriptibilidad de las tierras baldías, atendiendo los
imperativos y valiosos objetivos que promueven el sistema de reforma y desarrollo
rural, y que justifican un régimen diferenciado y focalizado en favor de los
trabajadores del campo (énfasis fuera del texto).

Conforme a ese criterio jurisprudencial, que tiene de fondo la distinción entre un bien
privado y uno baldío, es claro que, para dirimir una controversia sobre la titulación
de un terreno estatal en favor de un particular, se debe tener en cuenta que la
aplicación y el alcance de las normas sobre baldíos no puede ser producto de una
lectura aislada de un determinado precepto, verbigracia la norma reglamentaria que
dispone una transición legislativa, sino que tiene que obedecer a una interpretación
armónica e íntegra del ordenamiento (artículo 30 CC). Por ello, de manera
reiterada, la jurisprudencia ha puesto de presente la diferenciación entre la figura de
la posesión [que opera sobre los bienes particulares] y la ocupación [que opera
sobre los bienes de la Nación]. Esta separación entre una y otra figura no surgió con

40 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-549 de 2016.

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ocasión de la expedición de la Ley 160 de 199441, sino que ha persistido en el
ordenamiento jurídico anterior y actual. En efecto:

En tal sentido, los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936 no entran en contradicción
directa con las referidas normas del Código Civil, el Código Fiscal, el Código
General del Proceso, la Ley 160 de 1994 y la Constitución Nacional, ya que al
leerse en conjunto se descubre que el conflicto entre estas es apenas aparente.
Lo anterior, debido a que la presunción de bien privado se da ante la explotación
económica que realiza un poseedor, y, como se observó, en lo que se refiere a
los bienes baldíos no se puede generar la figura de la posesión sino de la
mera ocupación.
(...)
Así las cosas, el yerro advertido por el registrador era evidente en tanto la decisión
Judicial recaía sobre un terreno que carecía de un propietario registrado, por lo
cual era razonable pensar que se trataba de un bien baldío, tal y como lo presumen
el Código Fiscal y la Ley 160 de 1994. De igual manera, en la nota devolutiva se
advirtió que los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la
calidad de poseedores sino una simple expectativa, de acuerdo al marco legal
vigente42 (énfasis fuera del texto).

Así las cosas, la diferenciación entre ocupante y poseedor y las consecuencias que
de ello se desprenden es anterior al régimen de la Ley 160 de 1994. De hecho,
desde el artículo 12 de la Ley 200 de 1936 se estableció tal distinción con el
propósito de hacer viable la prescripción adquisitiva de un predio particular, que se
tenía por baldío:

Artículo 12. Establécese una prescripción adquisitiva del dominio en favor de quien,
creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en los términos del
artículo 1o. de esta Ley, durante cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad
privada no explotados por su dueño en la época de la ocupación, ni comprendidos
dentro de las reservas de la explotación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo
artículo.

Así es claro que el legislador, al establecer el artículo citado, autorizó una posibilidad
para la prescripción adquisitiva [sobre un predio particular] cuando, a pesar de
creerse de buena fe que se trata de un bien baldío, en realidad, corresponde a un
terreno privado. Consecuentemente, la norma en cita ratifica que para el
ordenamiento jurídico –incluso anterior a la Ley 160 de 1994–, la situación de hecho
frente a un baldío, originada en la ocupación, no otorga al ocupante derecho
adquisitivo alguno sobre el predio. Por demás, conforme al recuento normativo y
jurisprudencial hecho, surge la incontestable conclusión que para el régimen
constitucional anterior al año 1991 y, por ende, la normativa previa a la Ley 160 de
1994, y para el régimen constitucional y legal vigente, los baldíos, por esencia,
gozan del atributivo absoluto de la imprescriptibilidad.

41 Promulgada el 5 de agosto de 1994.
42 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-549 de 2016.

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Esta conclusión tiene soporte en la autoridad de la cosa juzgada constitucional,
conforme al artículo 243 superior. En efecto, la sentencia C-530 de 1996 de la Corte
Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del numeral 4 del artículo 407 CPC,
determinó la sujeción de esa previsión al ordenamiento, porque:

No se quebranta la igualdad, porque quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño,
no está en la misma situación en que estaría si el bien fuera de propiedad de un
particular. En la medida en que se impide que los particulares se apropien de los
bienes fiscales, se asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender las
necesidades de la comunidad. No hay acción para que se declare que se ha
ganado por prescripción el dominio de un bien que la ley declara imprescriptible,
porque no hay derecho (énfasis por fuera del texto)43.

24. Aún más, revestida de la misma autoridad de la cosa juzgada constitucional, la
Corte Constitucional, en sentencia C-595 de 1995, precisó que las tierras baldías
sólo se pueden adquirir cuando la autoridad competente adjudique el inmueble al
beneficiario44, mandato jurídico que excluye la posibilidad de que se consolide un
derecho sobre un baldío por el simple transcurso del tiempo. De ahí que la
imprescriptibilidad de tales bienes no se erigió con la entrada en vigor de la Ley 160
de 1994, sino que es anterior, por ello, la mera ocupación de un terreno baldío no
genera derecho alguno. Por el contrario, es indispensable un reconocimiento de la
respectiva autoridad45.

La interpretación histórica y sistemática de las normas sobre baldíos (artículo 30
CC), así como la jurisprudencia constitucional, llevan a establecer una clara
distinción entre las figuras de la posesión y la ocupación para adquirir bienes
privados y para ser beneficiario de la adjudicación de bienes baldíos. Por un lado,
los predios de dominio particular son susceptibles de consolidar derechos por el
simple transcurrir del tiempo, reputándose el interesado por esta mera situación
jurídica como dueño y siendo viable el proceso declarativo. Por otro lado, respecto
de los ocupantes o colonos de baldíos no es posible la figura de la prescripción

43 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-530 de 1996 [fundamento jurídico cuarto].
44 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-595 de 1995 que determinó la exequibilidad de los artículos 3 de la Ley

48 de 1882, 61 de la Ley 110 de 1912, el inciso segundo del artículo 65 y el inciso segundo del artículo 69 de la
Ley 160 de 1994.
45Cfr. Esta conclusión también tiene sustento en decisiones de esta Corporación. Confrontar, Consejo de

Estado-Sección Tercera, sentencia del 11 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-26-000-1996-03031- 01(13031),
según la cual: «Es la consecución de los objetivos mencionados, lo que permite afirmar que la propiedad rural
ha tenido en Colombia un verdadero proceso de “publicación”. Si bien es cierto que algunos de sus elementos
siguen soportándose en el derecho civil, también es verdad, que precisamente por la función social y ecológica
que le es inherente, en la actualidad no puede observarse desde un prisma exclusivamente individualista. Por
tanto, es una evidencia constatable la mayor intervención del Estado en dos fases perfectamente diferenciadas:
1. En la delimitación que el legislador hace del derecho de propiedad, restringiendo las facultades de sus
titulares para posibilitar su ejercicio, y; 2. mediante la creación de estructuras administrativas que se encargan
no sólo de asegurar que los objetivos de la llamada “reforma agraria" se cumplan, sino también de cerciorarse
que las limitaciones impuestas por la norma legal, para conseguir que el interés individual sea acorde con los
intereses colectivos, no sean burladas».

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adquisitiva, por ello, el simple paso del tiempo no genera derecho alguno, dado que
fuera de la ocupación, la ley exige otros requisitos, de conformidad con las
determinaciones legislativas sobre los terrenos con vocación agraria (artículos 64 y
150.18 C. Pol.).

25. Con la prescripción adquisitiva de dominio se atiende el postulado de la función
social de la propiedad, conforme al artículo 58 constitucional, pero también, en
materia agraria, se cumple con dicha función desde otra perspectiva. En efecto, con
la posesión46 se obtienen derechos adquiridos o expectativas legítimas, de acuerdo
con el plazo señalado en la ley vigente sin que se pueda desconocer por normas
posteriores. Para los ocupantes de baldíos sólo existe una «mera expectativa»,
hasta tanto tengan la respectiva adjudicación, de conformidad al marco legal
vigente. Aquí se establece una diferenciación fundamental entre el derecho común
y el régimen de adjudicación y apropiación de las tierras baldías (artículos 64 y
150.18 C. Pol.).

La situación de un ocupante de un predio baldío, por sí sola, no tienen el alcance
de consolidar una situación jurídica. Por ello, desde el Decreto–Ley 1250 de 1970,
que contiene el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos vigente al momento
de los hechos, artículo 2 determinó que se requiere para el registro del respectivo
acto de adjudicación, el título [resolución administrativa], pues sólo esta da cuenta
del derecho de dominio que allí se reconoce. Por tanto, únicamente por la vía del
acto administrativo de adjudicación se consolida el derecho de dominio particular
sobre un predio agrario. Para ahondar en claridad sobre esta materia, el legislador,
disipó cualquier duda que pudiera existir, mediante el artículo 57 de la Ley 1579 de
2012, actual Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, que ordena la «apertura
de matrícula inmobiliaria de bienes baldíos» y para ese efecto dedica un capítulo en
dicha normativa.

26. Por consiguiente, en materia agraria, el derecho al dominio particular sobre un
predio baldío sólo se configura con la adjudicación, circunstancia que excluye el
título adquisitivo de la prescripción. Así, la adjudicación, que no la ocupación, es la
vía jurídica que consolida el derecho individual sobre un bien baldío.
Consecuentemente, el acto administrativo de la autoridad agraria (bien sea el
INCORA, el INCODER y ahora la ANT), tiene un carácter constitutivo. Por ello, la
autoridad, una vez verifica los requisitos, de conformidad con la normativa vigente

46 Art. 762 C.C.

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al momento de la decisión, constituye el derecho bajo una serie de parámetros o
condiciones, propias del régimen agrario. Ello es así, no solo porque los baldíos son
imprescriptibles, sino, también, por el interés público que estos tienen, característica
que, incluso, permite la revocación directa del acto de adjudicación cuando se
presentan ciertos eventos47.

27. Al descender estas consideraciones a la situación del demandante, se advierte
que la ocupación del predio San Martín, por sí sola, no generó derecho alguno sobre
el inmueble, dado que Luis Hernando Lenis Rengifo no tiene la calidad de poseedor
–situación prohibida debido a la naturaleza del bien– y, por tanto, ningún derecho
adquirido se desprende de tal ocupación. Se insiste en que, conforme al artículo 2
del Decreto-Ley 1250 de 1970, vigente para la época de los hechos, los actos de
adjudicación son objeto de registro, de modo que el título de propiedad lo constituye
la resolución de adjudicación.

Dado que la situación de ocupación del baldío impedía al demandante tener un título
que lo acreditara como propietario, la única vía que tenía para consolidar el derecho
de dominio sobre el predio era la adjudicación, por parte de la autoridad
administrativa, en la medida en que el predio San Martín es un bien fiscal y no
privado48. La simple ocupación es uno de los requisitos que debe analizar la
autoridad administrativa para otorgar derechos sobre un baldío, pero no es el único
presupuesto para reconocer el dominio particular, pues ello requiere la constatación
de otras situaciones como la extensión del terreno, su ubicación, la propiedad del
interesado respecto de otros predios con vocación agrícola, etc.

28. Ahora bien, el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 prevé que el cómputo del
término de prescripción para el poseedor que no se hubiere completado aún al
tiempo de promulgarse otra norma que la modifique «podrá ser regida por la primera
ó la segunda, á voluntad del prescribiente». Este mandato, que se aplica a los
bienes o derechos susceptibles de la prescripción, no se extiende a la definición de
la situación de los bienes baldíos, dado su carácter imprescriptible. Por su parte, el
artículo 42 de la misma norma dispone que lo que una ley posterior declara
absolutamente imprescriptible no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella; aunque

47 Artículo 72 de la Ley 160 de 1994: «(…) Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA

podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas
con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos. En este caso no
se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación
se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo (…)».
48 Esta condición del predio no es objeto de controversia. Por demás, así está determinada no solo en los actos

acusados, sino en otras decisiones de la autoridad agraria, cfr. Fl. 280, c. 5, 73-75, c. 2.

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el prescribiente hubiere principiado á poseerla conforme á una ley anterior que autorizaba
la prescripción (sic).

Así, en la medida en que los baldíos tienen un régimen especial, pues no es posible
su adquisición por vía de la prescripción, y el reconocimiento del derecho de dominio
sólo se configura con el acto administrativo que así lo determine, el artículo 65 de la
Ley 160 de 1994 prescribe, con claridad absoluta, por una parte, que la propiedad
de los terrenos baldíos adjudicables sólo puede adquirirse mediante título traslaticio
de dominio otorgado por el Estado, a través del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad. Por otra parte,
que los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de
poseedores conforme al Código Civil, por ello, frente a la adjudicación por el Estado
sólo existe una mera expectativa.

Este mandato se armoniza con el artículo 101 de la misma normativa, que dispone
que todas las adjudicaciones o ventas de tierras que haga la autoridad agraria se
efectuarán mediante resolución administrativa, la que, una vez inscrita en la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo respectivo, constituirá título
suficiente de dominio y prueba de la propiedad. Por ello, es indiscutible que sólo el
acto de adjudicación de un baldío permite predicar respecto de este un derecho por
parte del interesado, cualquier situación anterior a la resolución de adjudicación
configura una mera expectativa.

29. Según el demandante, su derecho sobre el predio San Martín se consolidó en
vigencia de las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988. Por tanto, el reconocimiento la
adjudicación sobre ese terreno, aunque se hubiera dado en vigencia de la Ley 160
de 1994, debió tener como presupuestos sustanciales los previstos en el régimen
legal anterior. No obstante, con base en lo hasta aquí razonado, la tesis del
demandante carece de sustento jurídico, en la medida en que sólo mediante el acto
de adjudicación del baldío se consolida un derecho particular sobre este. En el
mismo sentido, si en gracia de discusión se aceptara la consolidación de algún
derecho, al tiempo de la vigencia del régimen anterior a la Ley 160 de 1994, lo cierto
es que el artículo 42 de la Ley 153 de 1887 descarta esa posibilidad, toda vez que
lo que se considera imprescriptible con una ley posterior no puede ser oponible, así
se haya cumplido con el término señalado en el régimen anterior. Por ello, el
ocupante no podría alegar el tiempo de ocupación cumplido con el régimen anterior,
ni la explotación económica, para así demandar de la autoridad agraria la

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adjudicación del bien, en los términos previstos por el régimen anterior y no
conforme a la normativa vigente al momento de la decisión administrativa.

Por contera, no le asiste razón al demandante cuando afirma que los actos
acusados están viciados de nulidad, por haber aplicado de manera retroactiva los
artículos 65 y 56 de la Ley 160 de 1994, pues estos definieron el marco sustancial
aplicable a la adjudicación del predio, conforme a los requisitos establecidos por el
legislador, en el marco del desarrollo de las políticas públicas para la distribución de
la tierra agraria. Se insiste en que la situación del demandante, hasta antes de la
definición de la petición de adjudicación, estaba en el escenario de una mera
expectativa y no de un derecho consolidado.

30. Los actos acusados debían tener como marco legal aplicable –normas
superiores en que debían fundarse o motivación de derecho–, los requisitos
señalados en la Ley 160 de 1994. Así, la adjudicación de la tierra obedecía al marco
de la Unidad Agrícola Familiar, con base en la Resolución 041 de 1996, esto es, un
parámetro de adjudicación entre 42 a 57 hectáreas. Al tiempo de la expedición de
los actos acusados no era jurídicamente posible otorgar una extensión mayor, como
sí lo permitía el artículo 29 de la Ley 135 de 1961, modificado por el artículo 10 de
la Ley 30 de 1988, que autorizaba la adjudicación de hasta 450 hectáreas.

La demanda afirma que el señor Lenis Rengifo tenía la expectativa legítima49 de la
adjudicación de toda la extensión del predio San Martín, es decir, las 313 hectáreas
y 3933 m2, porque la solicitud se presentó en vigencia de las Leyes 135 de 1961 y
30 de 1988, junto con sus decretos reglamentarios. En ese sentido, la parte
demandante sostiene que se violó el régimen de transición previsto en el artículo 60
del Decreto Reglamentario 2664 de 1994 que, precisamente, dio desarrollo a la Ley
160 de 1994.

Pues bien, la norma reglamentaria invocada dispone que:

Tránsito de legislación. En los procedimientos de titulación de baldíos o de
recuperación de los indebidamente ocupados, iniciados antes de la vigencia de la
Ley 160 de 1994, las situaciones jurídicas definidas o consumadas bajo la vigencia
de la ley anterior, lo mismo que los efectos producidos por tales situaciones antes
de que entrara a regir la ley nueva, quedan sometidos a la Ley 135 de 1961 y los
Decretos 2275 de 1988 y 1265 de 1977, con las modificaciones introducidas hasta
la Ley 30 de 1988.

49Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-037 de 17 precisa que esta corresponde a las probabilidades o
esperanzas que tiene una persona de adquirir un derecho en el futuro, si no se produce un cambio importante
en el ordenamiento jurídico.

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Se aplicarán las disposiciones de la Ley 160 de 1994 y las del presente Decreto, a
las situaciones jurídicas que se iniciaron bajo el imperio de la ley anterior, pero que
aún estaban en curso o no se habían definido cuando aquella entró a regir, lo
mismo que a sus efectos (énfasis fuera del texto).

La interpretación armónica y sistemática de este precepto, conforme a lo razonado
en esta providencia, permite establecer dos consecuencias: (i) las situaciones
jurídicas sobre bienes baldíos consolidadas hasta antes de la vigencia de la Ley 160
de 1994, es decir, aquellas definidas o consumadas por existir una decisión
administrativa, se gobiernan por el régimen jurídico anterior y conforme a este
conservan sus efectos legales. (ii) Las situaciones jurídicas sobre baldíos que
iniciaron conforme a las previsiones del régimen anterior, pero que no estaban
definidas antes de la vigencia de la Ley 160 de 1994, esto es, respecto de las cuales
no se había expedido la respectiva decisión administrativa, se gobiernan por la ley
nueva.

Este entendimiento de la norma de transición parte del supuesto, según el cual, una
norma reglamentaria no puede ir más allá de la ley que reglamenta, so pena de
infringirla e incurrir en exceso de la potestad reglamentaria. Por ello, el artículo 60
del Decreto 2664 de 1994 –reglamentario de la Ley 160 de 1994– no puede
entenderse por fuera del mismo marco legal, en cuanto dispone que los ocupantes
de tierras baldías sólo consolidan su derecho con el respectivo acto de adjudicación
y, mientras este no exista, se encuentran en un escenario de mera expectativa
(artículo 65 de la Ley 160 de 1994).

Asimismo, la jurisprudencia constitucional, en materia del tránsito legislativo, ha
precisado que este se sujeta a los postulados de razonabilidad, proporcionalidad y
confianza legítima50. De modo que el régimen de transición, de cara a un cambio
legislativo, está instituido para proteger la creencia de una persona de que la
regulación que le otorga un derecho seguirá vigente dentro del ordenamiento
jurídico. Con esa perspectiva, la sentencia C-663 de 2007 definió el régimen de
transición como: «(...) una probabilidad cierta de consolidación futura del
correspondiente derecho, si se mantienen las condiciones establecidas en una ley
determinada».

Ahora bien, la misma jurisprudencia constitucional, en sentencia C-038 de 2004,
delimitó la noción de mera expectativa, en contraposición a una expectativa legítima.

50 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-789 de 2002.

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Así, se explicó que:

Esto significa que, como esta Corte lo ha indicado reiteradamente, la ley no puede
desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una
regulación anterior, pero en cambio puede modificar regulaciones abstractas,
aunque estas impliquen erosionar las probabilidades o esperanzas que alguna
persona tenía de obtener algún día un derecho, si la normatividad modificada
hubiera permanecido inalterada51.
(...)
Así mismo, aclaró que las expectativas pueden ser objeto de alguna consideración
protectora del legislador, con el fin de evitar que los cambios de legislación generen
situaciones desiguales e inequitativas o de promover o de asegurar beneficios
sociales para ciertos sectores de la población, en fin, para perseguir cualquier otro
objetivo de interés público o social.52
La Corte Constitucional en sentencia C-242 de 2009 también señaló:
Las meras expectativas consisten en probabilidades de adquisición futura de un
derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador,
con sujeción a parámetros de justicia y de equidad. En las meras expectativas,
resulta probable que los presupuestos lleguen a consolidarse en el futuro.

En el mismo sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 8
de febrero de 2019, estimó:53

(...) Es claro que el principio de irretroactividad está íntimamente ligado con el
concepto de derechos adquiridos, esto es, aquellas situaciones individuales o
subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley y que, por
consiguiente, han creado en favor de sus titulares un derecho o situaciones
jurídicas consolidadas que deben ser respetadas y de ahí que una ley posterior no
puede afectar lo que se ha obtenido bajo la vigencia de otra ley expedida con
anterioridad.
Así, entonces, los derechos adquiridos se diferencian de las meras expectativas,
en tanto éstas simplemente son esperanzas o probabilidades que tiene una
persona de adquirir —en el futuro— un derecho; de manera que, al no haberse
consolidado como tal —como un derecho-, la mera expectativa puede ser objeto
de modificaciones, alteraciones o cambios, según el caso.

31. En cuanto a la libertad configurativa del legislador, en demandas impetradas por
reparación directa por el hecho de legislador por los cambios normativos que alteran
las expectativas, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de
agosto de 2015, estimó:54

(...) El legislador, como ha quedado puesto en evidencia, tenía la competencia, en
uso de su potestad de configuración legislativa, de modificar retroactivamente una
mera expectativa de prórroga de los contratos de concesión de espacios públicos
de televisión, (...)
(...) Si bien el ordenamiento ampara tanto las expectativas legítimas, creadas con
ocasión de los procesos de contratación iniciados por las entidades estatales,

51 Cfr. entre otras, Corte Constitucional, sentencias C-789 de 2002, C-781 de 2003, C-663 de 2007, C-556 de

2009.
52 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-540 de 2008.
53 Cfr., Consejo de Estado-Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2019, rad. 11001-03-

26-000-2015-00163-00(55827).
54 Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2015, Rad. 25000-23-

26-000-1999-00007-01(22637).

29

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

como su régimen jurídico, el legislador ante una mera expectativa tiene libremente
la facultad de configuración legal para derogar las prórrogas ilimitadas del uso de
bienes y prestación de servicios reservados al Estado, por parte de concesionarios,
fundado en la necesidad de democratizar el uso del espacio electromagnético -
como lo advirtió la Corte Constitucional y las motivaciones del legislador- máxime
cuando existía un número limitado de frecuencias y un sistema que privilegiaba
únicamente a quienes ya habían tenido la posibilidad de explotarlo.
La Sala advierte que cuando se produzcan verdaderas expectativas legítimas o
derechos adquiridos en el marco de una relación contractual, al legislador le asiste
siempre el deber de protegerlas y reparar el daño causado por su afectación, lo
que no ocurre frente a las meras expectativas. no protegidas jurídicamente.
(…)
No puede perderse de vista que una ley es retroactiva cuando afecta hechos,
derechos o situaciones jurídicas consolidados, razón por la que irretroactividad de
la ley no se predica frente a las meras expectativas. Si los efectos que el legislador
le imprimió a la ley desde su promulgación afectan derechos adquiridos o
expectativas legítimas, esto es, aquellas situaciones con características de validez
y eficacia, perfeccionadas o en proceso de perfección bajo el imperio de un marco
legal anterior, el Estado está llamado a responder, contrario sensu, si la ley
declarada exequible cercena meras expectativas o posibilidades. es decir,
situaciones inciertas e intangibles, no se pueden, en consecuencia, llamar al
Estado-legislador a responder por eventuales daños (énfasis fuera del texto).

32. En este punto, la Sala se aparta de la consideración del Tribunal para justificar
su entendimiento sobre el régimen de transición previsto en el artículo 60 del
Decreto 2664 de 1994, al asemejarlo a ciertas situaciones de tránsito legislativo, en
materia de seguridad social y régimen laboral. En efecto, existe jurisprudencia
abundante que precisa la necesidad de observar un régimen de transición por las
expectativas legítimas que tienen los trabajadores55. No obstante, las
consideraciones referidas a la protección de derechos prestacionales o laborales no
se pueden trasladar, sin más razón que su simple invocación, a otros regímenes
como el que gobierna los baldíos que, por su naturaleza y protección constitucional,
tienen una regulación diferente.

En el mismo sentido, la Sala advierte que algunas decisiones de esta Corporación
–adoptadas por una subsección diferente– han prohijado el mismo criterio de la
sentencia apelada, en punto del entendimiento del régimen de transición contenido
en el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994. No obstante, tales decisiones no
configuran un criterio unificado que deba seguirse y tampoco reparan en las razones
constitucionales y legales que aquí se exponen, para efectos de dar alcance al
tránsito legislativo que supuso la derogatoria de las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988
por la Ley 160 de 199456.

55 Ver, entre otras, sentencias de la Corte Constitucional C-418/14, C-754/04, C-177/05, C-789/02, C-540/08,

T-798/12. C-228/11 T-662/11.”
56 Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2016, Rad. 37824 y

sentencia del 8 de julio de 2016, Rad. 35928.

30

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Aún más, el criterio expuesto en esta providencia es consistente con una decisión
reciente a la Sala, esto es, la sentencia del 14 de julio de 2025, Rad. 66891, puso
de presente que en materia de explotación minera, bienes estos que también se
reputan propiedad de la Nación, la definición de derechos particulares sobre estos
sólo se consolida con la respectiva decisión administrativa que así lo disponga.

33. Por demás, la Ley 160 de 1994 no dispuso alguna particularidad en cuanto a un
régimen de transición sobre los requisitos para el otorgamiento de la titulación
agraria. Tampoco defirió tal regulación al reglamento. Así se sigue del artículo 112
que prescribe: La presente Ley rige a partir de su promulgación.
Consecuentemente, las situaciones que aún no estaban consolidadas mediante una
decisión administrativa necesariamente deben regirse por esta normatividad.

En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática de la norma y
coherente con jerarquía del ordenamiento, no es posible hacer alusión a un régimen
de transición en cuanto al cumplimiento de requisitos para la adjudicación de
baldíos. De ahí que el artículo 60 de del Decreto 2664 de 1994 debe ser interpretado
y aplicado conforme a su legalidad y tenor literal, en cuanto dispone que las
situaciones originadas en el régimen anterior, pero frente a las cuales no se ha
adoptado una decisión administrativa, se deben regir por la Ley 160 de 1994. De
modo que la transición legislativa sólo ampara a los baldíos adjudicados antes de
entrar a regir la Ley 160 de 1994, pero no a aquellos que, aunque satisfechos los
presupuestos para su adjudicación, esta no se hizo al tiempo de la vigencia de las
leyes anteriores.

Por ello, para los baldíos efectivamente adjudicados bajo el amparo de la Ley 135
de 1961 se seguirán respetando los derechos adquiridos57, aplicando los
procedimientos administrativos y registrales que dieren lugar conforme a la
normatividad anterior. Es en ese entendido que la Ley 160 de 1994 no puede
aplicarse retroactivamente y, por tanto, el artículo 60 del Decreto 2664 de 1994
dispone claramente que las situaciones no consolidadas simple y llanamente
entrarían a regirse por la Ley 160 de 1994.

El alcance del régimen de transición allí establecido no ampara las meras
expectativas de la ocupación de un baldío. Por el contrario, cierto es que el

57 ARTÍCULO 39 Ley 135 de 1887. Los actos 6 contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley

podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecía para su justificación (…).

31

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

legislador estaba facultado para modificar el ordenamiento y por tal razón no hizo
distinción en cuanto a ocupantes con mayor o menor tiempo en el baldío, en cuanto
a las condiciones de los sujetos, si se trataba de amparar sólo a los que presentaron
solicitud o a los que estaban próximos a presentarla (artículo 150.18 C. Pol.). En el
mismo orden de ideas, si la ley nueva, al establecer los parámetros o criterios
definidos para adjudicar un baldío, no excluyó aquellos terrenos que tenían unos
requisitos cercanos o lejanos, para permitir aplicar la ley derogada con efectos
ultraactivos, de ello se sigue que el ánimo del legislador no fue generar
disposiciones de transición a las meras expectativas.

Por todo lo anterior, aunque se tiene que la solicitud de adjudicación se presentó en
1989, cuando estaba vigente la Ley 135 de 1961 y sus modificaciones, el
reconocimiento del derecho debía hacerse conforme al marco de la Ley 160 de
1994, que estaba en vigor al momento de la adopción de los actos acusados. De
manera consecuente, no se configuraron los vicios alegados respecto de los actos
acusados, por infracción de las normas en que debieron fundarse y falsa motivación
jurídica. Por ello, la Sala encuentra prosperidad en los argumentos del recurso de
apelación contra la sentencia del 16 de julio de 2015 y se dispondrá su revocatoria
y la negación de las pretensiones de la demanda.

Costas

34. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de
las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de
1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2015, por el Tribunal
Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa

32

Radicación: 19001-23-31-000-2010-00058- 01 (58369)
Demandante: Luis Hernando Lenis Rengifo
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de la presente providencia. En consecuencia:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
PRESIDENTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE58
NICOLÁS YEPES CORRALES
MAR/VF

58 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

33

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