Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2011-00573-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2011-00573-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-31-000-2011-00573-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 19001-23-31-000-2011-00573-02 (63347)
Demandante: SIE DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Guapi – Cauca.
Referencia: Acción de controversias contractuales
Tema: Caducidad del contrato estatal. Subtema 1. Régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados
por entes territoriales y empresas de servicios públicos a partir de la entrada en vigencia de la Ley 689
de 2001/control de la jurisdicción contenciosa sobre actos administrativos con que se ejercen facultades
excepcionales de la administración. Subtema 2. Presupuestos de existencia, validez y eficacia de los
actos administrativos. Subtema 2.1. La notificación irregular del acto administrativo no es causal de
nulidad. Subtema 3. Principio dispositivo y de congruencia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión No. 01,
el veintitrés (23) de agosto de 2018, que negó las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El doce (12) de diciembre de dos mil uno (2001) la sociedad SIE DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. [en adelante SIE] celebró con el municipio de Guapi Cauca [en adelante el
Municipio] contrato de concesión con el objeto de “regular las obligaciones, derechos y
actividades entre el Municipio de Guapi en su calidad de CONCEDENTE, y el
CONCESIONARIO para la gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción,
expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y sus actividades complementarias, de
conformidad con el régimen jurídico aplicable al contrato, (…) la oferta aceptada por el
CONCEDENTE y los pliegos de condiciones de la convocatoria pública No 01 de 2001.”1
El plazo de ejecución se fijó en veinte (20) años contados a partir de la suscripción del
acta de entrada en operación y el valor del contrato se pactó como “indeterminado”.
Tras suscribir un otrosí modificatorio al contrato, el diez (10) de diciembre de dos mil cinco
(2005), y afrontar diferentes dificultades durante su ejecución, que, según el demandante
incluyeron vías de hecho en que incurrió el alcalde de Guapi en abril de dos mil ocho
(2008) y la declaratoria de urgencia sanitaria en junio del mismo año, el Municipio,
mediante Resolución No. 391 del treinta (30) de diciembre de dos mil ocho (2008)2,
declaró la caducidad del contrato de concesión “por el grave incumplimiento de las
obligaciones contractuales del CONCESIONARIO que han afectado de manera grave y
directa la ejecución del contrato de concesión y que han conducido a su paralización,
consistente en el abandono unilateral e injustificado de la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado del municipio de Guapi.”
Aduce la parte actora, que esta decisión se notificó en dirección diferente [carrera 34 A
No. 37-48 sur de la ciudad de Bogotá] a la reportada para estos efectos en el certificado
1 Cláusula 2 del Contrato de Concesión. Folio 2 a 47 del cuaderno principal.
2 Folios 61 a 81 del cuaderno principal.
Radicado: 19001-23-31-000-2011-00573-02 (63347)
Actor: SIE de Colombia S.A. E.S.P.
de existencia y representación legal de SIE [calle 35 Sur No. 34D-21 de Bogotá] y del
domicilio que para notificaciones se acordó en el contrato de concesión [Transversal 70
no. 3 A – 81] y que, además, para la fecha en que se presentó la demanda no se había
liquidado el contrato. Arguye que “las actuaciones de hecho o de facto” del ente municipal
demandado le ocasionaron perjuicios económicos a SIE, pues le impidieron recuperar la
inversión efectuada para la ejecución del contrato de concesión, razón por la que ha
venido a esta jurisdicción en ejercicio de la acción de controversias contractuales con la
pretensión de que se declare la nulidad de la Resolución “No. 391 de 2008 (…), por cuanto
dicho acto administrativo nunca fue notificado debidamente y por lo tanto no puede ser
oponible.” y, en consecuencia, se declare el incumplimiento del contrato por parte del
municipio y se le condene a pagar los perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente y lucro cesante y a abstenerse de ejecutar las multas estipuladas en el
contrato.
El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda, en razón a
que la Sala de Decisión encontró que aun cuando la notificación “del acto acusado fue
irregular al haberse llevado a cabo por edicto cuándo la dirección procesal sí existía, no
es procedente anularla por esta sola circunstancia porque, como quedó visto, no es causal
de nulidad de los mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad.” Adicionalmente,
señaló que los argumentos atinentes a la desviación de poder y falsa motivación del acto
administrativo demandado no se acreditaron y por ende no se desvirtuó la presunción de
legalidad que le es propia al acto demandado. Por último, en punto del incumplimiento en
los pagos por parte del Municipio y su exigibilidad, señaló que la revisión integral de la
demanda evidenció que no se realizó la pretensión de liquidación judicial del contrato,
sumado a que no se aportaron con la demanda los elementos de prueba que den cuenta
de los pagos realizados y los dejados de realizar, por lo que, al ser rogada la justicia
contenciosa, no es posible acceder a dicha pretensión. Inconforme con el fallo, la parte
actora apeló la sentencia.
2. ANTECEDENTES
2.1. El cuatro (04) de noviembre de dos mil once (2011)3 la sociedad SIE DE COLOMBIA
S.A. E.S.P.4 presentó demanda de controversias contractuales5 contra el municipio de
Guapi Cauca, con las siguientes pretensiones:
Declarativas
1. Declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 proferida por el municipio de Guapi-Cauca “por cuanto
dicho acto administrativo nunca fue notificado debidamente y por tanto no puede ser oponible”
2. Declarar “el incumplimiento del contrato” de concesión por parte del Municipio de Guapi-Cauca a
consecuencia de la nulidad de la Resolución 391 de 2008.
DE CONDENA
Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene pagar al municipio de Guapi-Cauca los siguientes
Perjuicios Patrimoniales
Daño emergente 1. Inversiones realizadas por el concesionario durante los años 2001 a 2005 $ 654.166.552
TOTAL 2. Servicio prestado “desde Octubre, hasta Dic. De 2006”. $ 59.250.750
$1.084´005.085 3. Servicio prestado de enero a diciembre de 2007. $ 238.188.000
4. Servicio prestado “durante los meses de enero, febrero y mediados de marzo $ 49.830.833
Conceptos de 2008.
5. Valor inventario a Marzo de 2008. $ 82.3568.950
Lucro Cesante 1. Intereses corrientes por cinco años comprendido del 2001 al 2005 $ 719.583.207
3 Fecha que consta en el documento de presentación personal de la demanda y en el acta individual de reparto
visibles a folios 110 a 111 del cuaderno principal.
4 Certificado de Existencia y representación legal de SIE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. Folios 84 y 85 del Cuaderno
Principal.
5 Folios 88 a 109 del cuaderno principal.
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Actor: SIE de Colombia S.A. E.S.P.
Declarativas
2. Intereses corrientes de octubre a diciembre del año 2006 $ 65.175.825
TOTAL 3. Intereses corrientes de enero a diciembre del año 2007 $ 209.605.440
4. Intereses corrientes de los meses de enero, febrero y mediados de marzo de $ 32.889.009
$6.860´441.677 2008.
5. Valor inventario a Marzo de 2008. Intereses corrientes $ 72.660.676
Conceptos 6. Utilidad esperada 2002 ($96.191.246). Intereses corrientes por nueve años $ 190.458.667
7. Utilidad esperada 2003 ($193.512.440). Intereses corrientes por ocho años $ 340.581.894
8. Utilidad esperada 2004 ($300.947.607). Intereses corrientes por siete años $ 463.459.314
9. Utilidad esperada 2005 ($439.773.437). Intereses corrientes por seis años $ 580.500.936
10. Utilidad esperada 2006 ($615.357.496). Intereses corrientes por cinco años $ 676.893.245
11. Utilidad esperada 2007 ($803.871.981). Intereses corrientes por cuatro años $ 707.407.343
12. Utilidad esperada 2008 ($211.790.310). Intereses corrientes por tres años $ 139.781.604
2.1.1. En el acápite de Fundamentos de derecho6, la parte actora desarrolló lo atinente a
los preceptos que, en su sentir, enmarcan el ejercicio justo de la atribución excepcional
para declarar la caducidad del Contrato, con arreglo a los artículos 2, 6, 25, 29, 83, 90 y
124 de la Constitución, en concordancia con el 50 y 51 de la Ley 80 de 1993; para
remarcar que tales postulados no solo se incumplieron sino que se violentaron por parte
del Municipio al faltar a la imparcialidad y buena fe con que debió adelantar este
procedimiento. Especial énfasis realiza en punto de que se declaró “la caducidad del
contrato por medio de acto administrativo sin notificarlo en debida forma a la dirección que
para ello se dispuso en el contrato y mucho menos en la dirección para notificaciones que
se encuentra registrada en el certificado de existencia y representación.” Al efecto cita
apartes de las sentencias C-492 de 1992 y T-419 de 1994 relacionados con la notificación
personal como garantía esencial del debido proceso y el derecho de defensa, al tener por
finalidad garantizar el conocimiento formal de la existencia de un proceso o actuación
administrativa para que el afectado pueda hacer uso de los medios jurídicos idóneos para
la salvaguarda de sus intereses.
Finalmente, menciona los artículos 1546, 1603, 1610 y 1884 del Código Civil como
normas generales aplicables a los contratos administrativos para concluir que el Municipio
no solo incumplió el contrato, “sino que también declaro (sic) la caducidad y no le notifico
(sic) en debida por forma (sic) al concesionario.” De donde colige la vulneración de los
“Artículos 9, 18 por aplicación indebida, 23, 26 -numerales 1,2 y 4; artículos 28, 50, 51 y
75 de la ley 80 de 1993.”
2.2. El diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2012)7, el Tribunal rechazó de plano
la demanda por caducidad de la acción, pues consideró que al pretender la nulidad
de la “Resolución No. 391 del 30 de diciembre de 2008, que declaró la caducidad y
liquidación del contrato de concesión celebrado entre el municipio de Guapi y la
Empresa de Servicios Públicos SIE DE COLOMBIA S.A.E.S.P. Dicha decisión al no
haberse notificado de manera personal, se procedió a notificarse (sic) por edicto, el cual
se fijó el día 20 de marzo de 2009 y se desfijó el día 17 de abril de 2009.” Razón por la
que el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, que
conforme a lo previsto en el artículo 136 del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998,
es de dos años, corre a partir de la ejecutoria del acto que se pretende nulitar. Para el
caso, el edicto con que se notificó la Resolución 391 de 2008 se desfijó el 17 de abril
de 2009, de modo que SIE contaba con cinco (5) días para interponer el recurso de
reposición, que transcurrieron entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril de 2009, por lo
que en “principio la caducidad de la acción operaba hasta el 24 de abril de 2011, pero
al haberse presentado solicitud de conciliación prejudicial el día 12 de marzo de 2010,
habían transcurrido 10 meses y 18 días (…) suspendiéndose dicho término por tres
6 Folios 102 a 105 del cuaderno principal.
7 Folios 113 a 119 del cuaderno principal.
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Radicado: 19001-23-31-000-2011-00573-02 (63347)
Actor: SIE de Colombia S.A. E.S.P.
meses hasta el 11 de junio de 2010, cuando se celebró la referida audiencia”. Como el
término se reanudó el 12 de junio de 2010, al sumar el tiempo restante de “1 año, 1 mes
y 12 días. (…) el término de caducidad operó el 25 de julio de 2011 (…) y al haberse
presentado la demanda el 04 de noviembre de 2011, el termino de caducidad se
encontraba ampliamente superado.” Decisión que se notificó en debida forma8.
2.3. El veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012)9 SIE apeló la decisión de rechazo
de plano arguyendo que “se debe tener en cuenta con fecha para iniciar a contabilizar
la operancia de la caducidad seria a partir del día 18 de agosto de 2010, fecha en que
el al alcalde del municipio de guapi en respuesta al derecho de petición, le comunica a
mi representado que el contrato de concesión se le había declarado la caducidad
contractual. Es así que para este servidor la caducidad entraría a operar el día 18 de
agosto de 2013 y no como lo sustenta el honorable Tribuna, pues como ya manifesté
no tuvo en cuenta la forma de notificación del acto administrativo.” (sic a todo). Al
respecto, trajo a colación el numeral 10 del artículo 136 del CCA, en cuanto a que el
término de caducidad de dos (2) años se cuenta “a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”.
2.4. El treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012)10 el Tribunal concedió el recurso
de apelación en el efecto suspensivo.
2.5. El quince (15) de agosto de dos mil doce (2012)11 esta Corporación admitió el recurso
de apelación y le impartió el trámite procesal pertinente.
2.6. El veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012)12 esta Corporación resolvió el
recurso de apelación y, al efecto, dispuso la revocación de “el auto del 19 de abril de 2012,
(…), mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción”. Arribó a esta
conclusión, en razón a que “ha sido reiterada la jurisprudencia al señalar que todas las
acciones que hubiere promover el contratista con ocasión de la ejecución del contrato,
debió formularlas a más tardar dentro de los dos años siguientes a su terminación o a su
liquidación, si ésta era necesaria, so pena de que operare el fenómeno de la
caducidad de la acción”. Bajo este entendimiento, precisó que en este caso la
Resolución 391 de 2008 ordenó liquidar el contrato de concesión: “acto administrativo que
quedó ejecutoriado el 24 de abril de 2009, así pues, la Sala contará el término de
caducidad desde la fecha límite en la cual el contrato podía ser liquidado por la
Administración, el cual, de acuerdo con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, era de cuatro
(4) meses de mutuo acuerdo y dos (2) meses de manera unilateral que debían contarse
desde la ejecutoria del acto que ordenó la liquidación del contrato.
En efecto: dicho acto se notificó por edicto el cual se fijó el 20 de marzo de 2009 y
desfijándose el 17 de abril del mismo año. Que a partir del día hábil siguiente a esta fecha
(20 de abril de 2009) la partes tenía 5 días hábiles para interponer los recursos
respectivos, los cuales vencían el 24 de abril del mismo año y a partir del 25 de abril de
2009 se empezaba a contabilizar el término de caducidad, el cual vencía el 25 de abril de
2011.
En el proceso se encuentra acreditado que el citado acto administrativo quedó
ejecutoriado el 24 de abril de 2009, de acuerdo con lo afirmado anteriormente, el término
máximo que tenía la administración para liquidar el contrato era de seis (6) meses, 4
meses de mutuo acuerdo y 2 meses de manera unilateral - contados a partir del 25 de
8 Folio 120 del cuaderno principal.
9 Folios 121 a 127 del cuaderno principal.
10 Folio 129 del cuaderno principal.
11 Folio 135 del cuaderno principal.
12 Folio 137 a 150 del cuaderno principal.
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Radicado: 19001-23-31-000-2011-00573-02 (63347)
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abril de 2009, los cuales se vencían el día 25 de octubre de 2009, así pues, el plazo
máximo con el cual contaba el contratista para demandar se vencía el 25 de octubre de
2011. Sin embargo, como la parte demandante presentó solicitud de conciliación el 12 de
marzo de 2010, en esta fecha se interrumpió el término de caducidad; declarándose fallida
la referida conciliación el 11 de junio de 2010, tal como se demuestra con la constancia
que expidió la Procuraduría.
En consecuencia, el término de caducidad se reanudó a partir del 12 de junio de 2010, es
decir que el tiempo que faltaba para cumplir los dos años, era de un (1) año cinco (5)
meses, los cuales vencían el 26 de enero 2012, y al haberse interpuesto la acción
contractual el 4 de noviembre de 2011, el término de caducidad de la acción no había
operado.”
2.7. El veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013)13 el Tribunal profirió auto
acatamiento a lo resuelto por esta Corporación, en cuanto revocó el rechazo de plano y
“dispuso ADMITIR la demanda”. De igual forma, con auto de cúmplase del veinticuatro
(24) de junio de dos mil trece (2013)14, el Tribunal dejó sin efectos la notificación que se
surtió al municipio de Guapi, a través del Gobernador del Cauca [“con el fin de que la
misma se surta personalmente con el representante legal del municipio.”], y la fijación en
lista, y dispuso, nuevamente, la notificación del auto admisorio al municipio por despacho
comisorio.
2.8. El nueve (9) de septiembre de dos mil trece (2013)15 el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Guapi- Cauca, notificó en forma personal al alcalde del Municipio de Guapi,
y al efecto le entregó copia del auto admisorio y de la demanda.
2.9. El ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013)16 El Tribunal Administrativo del
Cauca, para dar traslado a la demanda, fijó en lista el proceso por el término de diez
(10) días, esto es: hasta el día veintidós (22) del mismo mes y año, sin pronunciamiento
del ente territorial demandado.
2.10. El veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015)17 el Tribunal Administrativo del
Cauca en descongestión avocó conocimiento del proceso.
2.11. El cinco (05) de febrero de dos mil quince (2015)18, el Tribunal Administrativo del
Cauca en descongestión de conformidad con el artículo 209 del C.C.A., abrió el proceso
a pruebas y tuvo como tales las documentales aportadas con la demanda; ordenó
oficiar a la demandada para que aportara al proceso los documentos que la providencia
enlista del numeral 2.1 al 2.4519 y, finalmente, a través del apoderado de la parte actora,
ordenó citar a Maxcelendi Montaño Diuza y Brasilia Romero Sinisterra 20 para rendir
testimonio el diez (10) de abril de dos mil quince (2015).
13 Folio 155 del cuaderno principal.
14 Folio 160 del cuaderno principal.
15 Folio 183 del cuaderno principal.
16 Folio 185 a 188 del cuaderno principal.
17 Folio 189 del cuaderno principal.
18 Folios 190 y 191 del cuaderno principal y 1 y 2 del Cuaderno de pruebas.
19 Se cumplió con el oficio 182 del 20 de febrero de 2015 dirigido al Alcalde municipal de Guapi-Cauca, que obra a
folios 3 y 4 del cuaderno de pruebas. En él se pidió ubicar al apoderado de la demandante “En caso que lo solicitado
demande expedición de copias” y se concedió un término improrrogable de 7 días para dar respuesta.
20 Se cumplió con boleta de citación oficio del 20 de febrero de 2015 que obra a folios 5 y 6 del cuaderno de pruebas.
No obstante, en la audiencia pública de la diligencia de recepción de testimonios, que se realizó en la fecha señalada,
el apoderado de la parte actora desistió de esta prueba “ante la imposibilidad de ubicar las residencias” de las
testigos -folios 193 a 195 del cuaderno principal-.
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Actor: SIE de Colombia S.A. E.S.P.
2.12. El dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015)21 el Tribunal Administrativo del
Cauca en descongestión, aceptó el desistimiento de la prueba testimonial que presentó
el apoderado de la parte demandante, debido a “la imposibilidad de ubicar a las
señoras, MAXCELENDI MONTAÑO DIUZA y BRASILIA ROMERO SINISTERRA”, y,
conforme a lo dispuesto en el artículo 210 del C.C.A. ordenó correr traslado a las
partes por el término común de diez (10) días para que presentaran sus alegatos
de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto de mérito.
2.13. Dentro del término de traslado, la parte actora22 presentó sus alegatos de
conclusión en los que reiteró lo argumentado en la demanda y afirmó que los hechos
que le sirvieron de sustento se encontraban probados, por lo que apuntaló que el
Municipio incurrió en “abuso de poder mediante medidas de hecho” y en forma
injustificada “se tomó las instalaciones de la empresa concesionaria, declaró la
caducidad del contrato, y no lo notifico (sic) legalmente a mi poderdante y por último ha
omitido adelantar la liquidación del contrato.” Agregó que la sentencia de primera
instancia debía ordenar de oficio la liquidación del contrato de concesión para evitar un
nuevo proceso con ese objeto. Por su parte, el Municipio y Ministerio Público
guardaron silencio.
2.14. El dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016)23 el Tribunal Administrativo
del Cauca avocó conocimiento del presente asunto en razón a que las medidas de
descongestión culminaron el 31 de diciembre de 2015 y, el veintinueve (29) de junio de
dos mil dieciséis (2016)24 remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Casanare para
fallo, en atención a las medidas de descongestión implementadas por el Consejo
Superior de la Judicatura mediante “Acuerdo No. PSAA16-10529 del 14 de junio de
2016”.
2.15. El primero (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016)25 el Tribunal Administrativo
de Casanare avocó conocimiento del proceso.
2.16. El quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017)26 el Tribunal Administrativo de
Casanare declaró “la nulidad parcial del proceso, a partir del auto fechado el 16 de abril
de 2015, inclusive (fl.196 cuaderno principal), para que en su lugar se rehaga la
actuación a partir de allí, es decir, para que se surta en debida forma la etapa probatoria
y luego se corra traslado para alegar de conclusión y se profiera sentencia”. Al efecto,
consideró que la etapa probatoria se surtió solo de manera formal, pues únicamente se
aceptó el desistimiento de la prueba testimonial y, sin la práctica e incorporación de las
pruebas documentales decretadas, se corrió traslado para alegar de conclusión, razón
por la que dispuso devolver el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia27.
2.17. El nueve (9) de agosto de dos mil diecisiete (2017)28 el Tribunal Administrativo del
Cauca ordenó notificar por estado29 el auto del quince (15) de junio de dos mil diecisiete
(2017) que “declaró la nulidad parcial del proceso a partir del auto fechado 16 de abril de
2015 inclusive”.
21 Folio 196 del cuaderno principal.
22 Folio 208 del cuaderno 2.
23 Folio 196 del cuaderno principal.
24 Folio 210 del cuaderno 2.
25 Folios 214 y 215 del cuaderno 2.
26 Folios 218 a 221 del cuaderno 2.
27 Folio 222 del cuaderno 2.
28 Folio 224 del cuaderno 2.
29 Estado 135 del 11 de agosto de 2017, visible a folio 225 del cuaderno 2.
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Radicado: 19001-23-31-000-2011-00573-02 (63347)
Actor: SIE de Colombia S.A. E.S.P.
2.18. El veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017)30 el Tribunal
Administrativo del Cauca dispuso31 librar los oficios y adelantar las actuaciones
necesarias para recaudar las pruebas documentales decretadas con “auto del 5 de
febrero de 2015” 32, pues las testimoniales fueron desistidas expresamente.
2.19. El veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018)33 el Tribunal Administrativo
del Cauca, al encontrarse vencido el periodo probatorio34, en los términos del artículo
210 del C.C.A. corrió traslado común a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que emitiera concepto.
2.20. Dentro del término de traslado, la parte actora35 presentó sus alegatos de
conclusión en los que reiteró que los hechos de la demanda se encontraban probados;
insistió en la configuración de vías de hecho por la toma “de la empresa donde operara
el concesionario” en abril de 2008; en la violación del debido proceso administrativo
derivada de que la caducidad del contrato que “nunca fue notificada, ni a la dirección
contractual y mucho menos a la dirección comercial del concesionario”. Finalmente,
iteró que el fallo deberá “ordenar la liquidación del contrato, toda vez que esta clase de
contratos, requiere o impone un trámite adicional de liquidación y evitar con ello un
nuevo proceso liquidatario del contrato.” Por su parte, el Municipio y Ministerio
Público guardaron silencio.
2.21. El veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018)36 el Tribunal Administrativo
del Cauca, dictó sentencia de primera instancia, en la que denegó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte actora. El fallador de primera instancia arribó
a esta conclusión a partir de las siguientes premisas:
• La demanda pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 391 de 2008 que
declaró la caducidad del contrato de concesión celebrado entre el municipio de Guapi
y SIE de Colombia S.A. E.S.P. el 12 de diciembre de 2001 en razón,
fundamentalmente, a que no fue debidamente notificada, al punto que la parte actora
sólo se enteró de su contenido con la comunicación del pliego de cargos que, por los
mismos hechos, le realizó la Superintendencia de Servicios Públicos.
• Señala que el municipio actuó con desviación de poder y falsa motivación en el
ejercicio de sus facultades excepcionales pues no se configuró causal alguna para la
declaratoria de caducidad del contrato.
Frente al primer tópico, el Tribunal señaló que el artículo 48 del C.C.A., entonces vigente,
conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, representa una garantía de publicidad
de los actos administrativos (Art. 209 de la C.P. y art. 3 del C.C.A.) cuya inobservancia
conlleva a su ineficacia; pues, tratándose de actos de carácter particular y concreto, la
indebida notificación torna inoponible la decisión administrativa, pues nadie está obligado
a cumplir una disposición que desconoce. No obstante, señala el a quo: “aunque la
notificación del acto acusado fue irregular al haberse llevado a cabo por edicto cuando la
dirección procesal sí existía, no es procedente anularla por esa sola circunstancia porque,
30 Folio 224 del cuaderno 2.
31 Estado 188 del 27 de octubre de 2017, visible a folio 228 del cuaderno 2.
32 Con oficio 548 del 01 de noviembre de 2017, que obra a folios 7 y 8 del cuaderno de pruebas, y con el oficio 008
del 23 de enero de 2018, que obra a folio 9 del cuaderno de pruebas se reiteró el oficio 182 del 20 de febrero de
2015 dirigido al Alcalde municipal de Guapi-Cauca, que obra a folios 3 y 4 del cuaderno de pruebas. El municipio
atendió el requerimiento con oficio SHM-2018-08 de fecha 19 de febrero de 2018, que se radicó junto con 105 folios
anexos ante el Tribunal administrativo del Cauca el 05 de abril de 2018, documentos que obran a folios 10 a 119 del
cuaderno de pruebas.
33 Folio 230 del cuaderno 2.
34 Estado 089 del 25 de mayo de 2018, visible a folio 231 del cuaderno 2.
35 Alegatos de conclusión demandante, radicados el 31 de mayo de 2018. Folios 232 a 240 del cuaderno 2.
36 Folios 243 a 261 del cuaderno 4.
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Actor: SIE de Colombia S.A. E.S.P.
como quedó visto, no es causal de nulidad de los mismos sino un requisito de eficacia y
oponibilidad.” Presupuestos respecto de los que la sentencia precisó que: “la parte actora
ha expresado que se enteró del contenido del acto cuando le fue notificado el pliego de
cargos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en el mes de marzo de
2010, frente a lo cual se puede concluir que la notificación sí se materializó, al menos, por
conducta concluyente.”
Puntualiza el fallo que “resulta contrario a toda lógica el hecho que aun cuando en la
Resolución demandada se ordenó la restitución de la infraestructura destinada para la
materialización del objeto del contrato de concesión, la sociedad apenas se hubiere
enterado de la aplicación de la cláusula excepcional luego de más de un año de haberse
expedido", y aun aceptando que solo en esa fecha tuvo conocimiento del acto la
demandante, ese solo hecho no constituye causal de anulación del acto.
Respecto a la desviación de poder o la falsa motivación, el fallador de primera instancia
concluyó que las pruebas que militan en el expediente dan cuenta de que el acto
administrativo de caducidad fue debidamente sustentado, pues se erigió sobre el
incumplimiento grave del contrato de concesión que llegó a tal punto de afectación que el
municipio debió declarar la emergencia sanitaria, debido a que, “mediante visitas a la
empresa”, se estableció que la parte actora no contaba con suficiente personal para la
prestación del servicio, ni tampoco para el mantenimiento de las plantas de tratamiento,
actividad que solo se hacía de manera intermitente, al punto que en ocasiones no tenía la
planta de tratamiento de agua potable en funcionamiento, por lo que suministró “agua no
apta para el consumo humano, entre otras circunstancias”, de manera que la prueba que
obra en el expediente no da cuenta de una situación diferente a la planteada en la
Resolución de caducidad del contrato, con lo cual no evidenció el fallador de primera
instancia causal alguna que invalide la presunción de legalidad que le es propia al acto
administrativo acusado.
Finalmente, frente al incumplimiento en los pagos por parte del ente territorial, puntualizó
que la demanda no incluyó dentro de sus pretensiones la de liquidación judicial del
contrato y “al ser la justicia contenciosa de carácter rogada (sic), y sin que tampoco se
cuente con elementos de prueba que den cuenta fehaciente de los pagos realizados, o
contrario sensu, de los dejados de realizar, tampoco es del caso acceder a esta
pretensión.”
2.22. Notificada la sentencia37, el veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)38
la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que, en esencia, manifestó que
contrario a lo resuelto por el Tribunal, está demostrada la falsa motivación de la resolución
que decretó la caducidad del contrato y, en razón a la inoponibilidad del acto “no era
procedente la ocupación de las instalaciones del acueducto, por cuanto, el acto
administrativo, no había sido notificado legalmente, empero hubo una desviación de
poder, y mediante vías de hecho, se tomaron las instalaciones, sacaron a los trabajadores
de la sociedad demandante, y el Municipio comenzó a operar ilegalmente el acueducto”,
en razón a que “el acto administrativo mediante el cual se ordenó la caducidad del contrato
de concesión, no era eficaz, ni tenía validez, ni se encontraba ejecutoriado, para que el
municipio hubiese procedido como lo hizo.” Al punto, cita doctrina y jurisprudencia referida
a los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, la liquidación unilateral
del contrato y el enriquecimiento sin causa de la entidad pública.
37 Folios 262 a 264 del cuaderno 4.
38 Folios 265 a 272 del cuaderno 4.
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Actor: SIE de Colombia S.A. E.S.P.
2.23. El diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019)39, el Tribunal concedió el
recurso de apelación.
2.24. El once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019)40, esta Corporación admitió el
recurso formulado y, luego, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que
aquellas alegaran y este conceptuara en esta instancia41.
2.25. El término de traslado corrió en silencio de las partes y del Ministerio Público42.
3 CONSIDERACIONES
3.1 Presupuestos procesales
3.1.1 Jurisdicción y competencia
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad
contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el
artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto
de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía
pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera
los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA, esto es, $267.800.00043.
3.1.2 Acción procedente
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios
originados de una relación contractual (arts. 1546, 1602 CC y 87 CCA).
3.1.3 Demanda en tiempo
Como se señaló en precedencia [numeral 2.6 de los antecedentes], se trata de un
presupuesto procesal que fue analizado por esta Corporación al resolver el recurso de
apelación que se interpuso contra el auto que rechazó de plano la demanda por
caducidad, fue así como con auto del veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012)44
dispuso su revocación pues, tras realizar el estudio de este fenómeno jurídico, la Sala
consideró que la demanda se interpuso en tiempo.
3.1.4 Legitimación en la causa
La sociedad SIE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. y el Municipio de Guapi - Cauca están
legitimados en la causa por activa y por pasiva, pues celebraron el doce (12) de
diciembre de dos mil uno (2001) el contrato de concesión para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, como concesionario y
concedente, respectivamente, con lo cual son los extremos de la relación contractual
que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.
39 Folio 274 del cuaderno 4.
40 Folio 279 del cuaderno 4.
41 Folio 281 del cuaderno 4.
42 Folio 282 del cuaderno 4.
43 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2011 ($535.600) por 500.
44 Folio 137 a 150 del cuaderno principal. Del de agosto de
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Actor: SIE de Colombia S.A. E.S.P.
3.2 Régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre SIE y el municipio de
Guapi – Cauca.
El “CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAPI Y
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (CONCESIONARIA)”, en cuya ejecución se
expidió la Resolución No. 391 del 30 de diciembre de 2008 “POR MEDIO DE LA CUAL
SE DECLARA LA CADUCIDAD DE UN CONTRATO”, fue celebrado el doce (12) de
diciembre de dos mil uno (2001), en vigencia de la Ley 142 de 1994, por medio de la
cual se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios, cuyo artículo 31,
modificado por la Ley 689 del 28 de agosto de 2001, dispuso que:
“Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a
los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se
regirán por el parágrafo 1 del artículo 3 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo
en lo que la presente Ley disponga otra cosa”.
Por su parte, el artículo 39 de la citada Ley 142 de 1994 reguló los contratos especiales
para la gestión de los servicios públicos, enunciando, entre estos, el siguiente:
“39.3.- Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y el
goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o
concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que
ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más
usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales
estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para
prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones
de empresas los bienes o servicios que reciban.
“(…).
“PARÁGRAFO. Modificado por el art. 4, Ley 689 de 2001. Salvo los contratos de que
trata el numeral 39.1., todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por
el derecho privado. Los que contemplan los numerales 39.1., 39.2. y 39.3., no podrán ser
cedidos a ningún título, ni podrán darse como garantía, ni ser objeto de ningún otro contrato,
sin previa y expresa aprobación de la otra parte.” (Resaltados fuera de texto).
Ahora bien, la cláusula segunda del contrato a que se refiere esta litis establece: “El objeto
del presente Contrato es regular las obligaciones, derechos y actividades entre el
Municipio de Guapi en su calidad de CONCEDENTE, y el CONCESIONARIO para la
gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, expansión, reposición y
mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y sus actividades complementarias, de conformidad con el régimen jurídico
aplicable al contrato, los términos y condiciones que se establecen en el mismo, la oferta
aceptada por el CONCEDENTE y los pliegos de condiciones de la convocatoria pública
No 01 de 2001.”
Como se observa, el contrato que ocupa la atención de la Sala bien puede enmarcase
dentro del supuesto contemplado en el ordinal 39.3 en referencia, en atención a que fue
suscrito por un ente estatal45 para entregar en concesión a una sociedad conformada
bajo la forma de empresa de servicios públicos -E.S.P-, la operación de los servicios
públicos de Acueducto, Alcantarillado y sus actividades complementarias en el municipio
de Guapi - Cauca.
Podría pensarse entonces que el régimen contractual aplicable en este caso es el
contenido en las normas de derecho privado. Sin embargo, esta corporación ya se
45 Conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993 “Se denominan entidades estatales: a) (…) los municipios (…)”.
10
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pronunció al respecto, y precisó que se debe tener presente que a partir de la entrada
en vigencia de la Ley 689 de 200146, si una entidad territorial celebraba un contrato con
empresas de servicios públicos (incluidas las modalidades del artículo 39.3 de la ley
142), tal negocio jurídico se regirá para todos los efectos por el Estatuto General de la
Contratación Pública, veamos:
“11. (…) Las entidades están autorizadas a celebrar contratos –denominados
especiales– para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destinan
especialmente a prestar los servicios públicos, o «concesiones» o similares, o para
encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para
prestar los servicios públicos, entre otros (art. 39.3). Los municipios pueden acordar,
pues, la entrega o «concesión» de los bienes afectos al servicio y no de la atribución de
prestar los servicios públicos –cualquier otro operador puede lícitamente prestar el
servicio en la misma área–. La regla prevista en el artículo 39.3 –que autoriza a los
municipios a entregar los bienes afectos al servicio a un operador–, impone –como
contrapartida– a los prestadores la obligación de invertir en el mantenimiento y
recuperación del bien público explotado –inciso 3 del art. 25.
El régimen de estos contratos especiales (art. 39) fue modificado parcialmente con
la Ley 689 de 2001. La redacción original del parágrafo del artículo 39 preveía que el
derecho privado era el régimen contractual de esos contratos. Las modificaciones que
hizo la Ley 689 de 2001 a los artículos 31 y 39 de la Ley 142 de 1994 alteraron
parcialmente su régimen jurídico.
En efecto, el parágrafo del artículo 31 –adicionado por el artículo 3– dispuso que
los contratos celebrados por entes territoriales y empresas de servicios públicos,
para que estas últimas asumieran la prestación de uno o de varios servicios
públicos domiciliarios, o para que sustituyeran en la prestación a otra que entrara en
causal de disolución o liquidación, se regirían para todos sus efectos por el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública. A su vez, el parágrafo del
artículo 39 fue modificado para señalar que salvo los contratos del parágrafo del artículo
«39» y el numeral 39.1 de esa ley, los contratos previstos en ese artículo se regían por
el derecho privado (art. 4). La Sala –al interpretar sistemáticamente esas disposiciones–
concluyó que la modificación al parágrafo del artículo 39 de la ley 142 hizo referencia al
estatuto de contratación de la administración pública para los contratos del «parágrafo
del artículo 31» y no a los del «parágrafo del artículo 39».
De ahí que, el régimen de contratación aplicable –después de la Ley 689 de 2001– a los
contratos previstos en el artículo 39.3 de la ley 142 sigue siendo, en principio, el derecho
privado. Sin embargo, aquellos que celebren los entes territoriales con las empresas de
servicios públicos para que estas asuman la prestación o para que sustituyan en la
prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación (incluidas las
modalidades del artículo 39.3 de la ley 142), se regirán para todos los efectos por el
Estatuto General de la Contratación Pública y la selección siempre debe realizarse
mediante licitación pública47.
En consecuencia, después de la entrada en vigencia de la Ley 689 de 2001, si una
entidad territorial celebraba un contrato de operación de los que trata el artículo
39.3, ese contrato se regía por la Ley 80 de 1993. No obstante, si el contrato de
operación era celebrado antes de la Ley 689 de 2001, el régimen aplicable era el derecho
privado.”48
46 El artículo 25 de la Ley 689 del 28 de agosto de 2001, estableció: “Vigencia. Esta ley entrará a regir dos (2) meses
después de su promulgación, y deroga todas las normas que le sean contrarias”. Con lo cual, entró en vigencia el
28 el octubre de 2001.
47 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 2008, Rad. 19001-23-31-000-2005-00005-01(AP) [fundamento
jurídico 3.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional,
2018, pp. 159-160, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.
48 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera, subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2023,
proferida dentro del proceso de controversias contractuales radicado 05001-23-31-000-2000-03414-01 (39188) promovido por TRASH
BUSTERS S.A. E.S.P. contra el municipio de Puerto Berrío.
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3.3. Sobre el control de la jurisdicción contenciosa respecto de los actos con que
se ejercen las facultades excepcionales de la administración.
En cuanto atañe a la Resolución 391 del 30 de diciembre de 2008, con la que el
municipio de Guapi declaró la caducidad del contrato de concesión que celebró con SIE
el doce (12) de diciembre de dos mil uno (2001) para la operación de los servicios
públicos domiciliarios de “Acueducto, Alcantarillado y sus actividades
complementarias”, se tiene que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, al determinar “los
Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto
Contractual”, en su numeral 2 dispone, que las entidades al celebrar un contrato:
“Pactaran las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación,
interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de
caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que
constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, o la explotación y
concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de
explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.
(…)
En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden
pactadas aun cuando no se consignen expresamente.” (Resaltados fuera de texto).
Estos poderes excepcionalesde la administración operan Ex Leye, como lo ha
precisado esta Subsección al decir:
“En materia contractual, la administración tiene la dirección y control de la
celebración y ejecución del contrato, función que desarrolla, entre otras formas, a
través de las cláusulas exorbitantes, caracterizadas, esencialmente, por la
inaplicabilidad de algunos principios contractuales del derecho civil, toda vez que,
precisamente, al practicarse quebrantan la igualdad y conmutatividad propias del
acuerdo de voluntades (…) El fundamento de estos poderes, reservados a la
administración, es el interés general, deducible de la teleología de los extremos del
contrato estatal. En efecto, la entidad pública que acude al negocio jurídico, directa o
indirectamente, espera un beneficio colectivo, y el contratista, por su parte, pretende con
la suscripción del acuerdo incrementar su patrimonio. (…) las cláusulas excepcionalesson
-de acuerdo con la Ley 80 de 1993-: la interpretación unilateral de los documentos
contractuales y de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción de
modificaciones a lo pactado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la
reversión y el sometimiento a las leyes nacionales. En este orden de ideas, las cláusulas
excepcionalesle otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés
colectivo. Ahora bien, con la Ley 80 de 1993, su existencia opera tanto ex leye como
ex contractu, dependiendo del acuerdo que se trate. (…) Que estos poderes operan
ex leye significa que se integran a los contratos aun cuando no se pacten, porque la
norma los incorpora directamente en algunos negocios, concretamente los que
tienen por objeto: el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la
prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y los
contratos de obra. En estos casos la norma es impositiva, al advertir que para el
efectivo cumplimiento de los fines de la contratación las entidades “pactarán” estos
poderes; no obstante, si no se estipulan, el inciso tercero del mismo numeral señala
que se entienden pactadas aunque no se consignen expresamente.
(….)”49(Resaltados fuera de texto).
Bajo esta cuerda, se concluye que la Resolución 391 de 2008 con la que el Municipio
49 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de octubre de 2013 proferida dentro del
proceso radicado: 23001-23-31-000-2000-02857-01(24697)
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de Guapi, en ejercicio de una facultad excepcional declaró la caducidad del contrato de
concesión de servicios públicos que ocupa la atención de esta subsección se rige por
la Ley 80 de 1993 y está sujeta al control de esta jurisdicción.
3.4 Problema jurídico
De acuerdo con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil (CPC) —aplicable en
esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188750-51— el “recurso de apelación
tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer
grado y la revoque o reforme”. Siendo claro que merced a los principios dispositivo y de
congruencia y a lo establecido en el artículo 357 del CPC “la apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar
la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.
3.2. En el sub examine, el recurso de alzada fue interpuesto únicamente por la parte
actora, quien insistió en la procedencia de las pretensiones formuladas en la demanda52,
que en esencia se contraen a que se declare la nulidad de la Resolución 391 de 2008
proferida por el municipio de Guapi a consecuencia de no haberse notificado en debida
forma y, derivado de ello, declarar el incumplimiento del contrato de concesión celebrado
entre las partes de este contencioso. En consecuencia, delimitado como queda el motivo
de apelación a la desestimación de los efectos que al actor pretende derivar de la falta de
notificación del acto cuestionado, el problema jurídico por resolver queda confinado a los
siguientes precisos términos:
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el
municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que
celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia
de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera
irregular?
En caso de que la respuesta a esta cuestión sea de signo positivo, corresponderá a la
Sala determinar si se incumplió el Contrato de Concesión por parte del Municipio de
Guapi – Cauca y, de ser así, si hay lugar a la indemnización de perjuicios de orden
patrimonial que se reclaman con la demanda.
4. Hechos probados
Antes de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revelar los hechos
que, para ello, sean relevantes y que se encuentran probados, con los documentos
aportados al plenario.
4.1. El doce (12) de diciembre de dos mil uno (2001)53 el municipio de Guapi Cauca
celebró con la sociedad SIE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. contrato de concesión, sin
número de identificación, con el objeto de “regular (…) la operación, rehabilitación,
50 LEY 153 de 1887. “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]”
(subrayado fuera del texto original).
51 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de
2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
52 Apartado 2.22.
53 Texto del Contrato de Concesión. Folio 2 a 47 del cuaderno principal y 20 a 71 del cuaderno 3 - pruebas.
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construcción, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y sus actividades
complementarias”, con un plazo de ejecución de veinte (20) años, contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de entrada en operación de los bienes que el concedente
transfiere al concesionario y por un valor indeterminado.
4.2. El cinco (5) de enero de dos mil dos (2002)54, las partes del contrato suscribieron el
“ACTA DE ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUAPI (C) A LA EMPRESA
CONCESIONARIA SIE DE COLOMBIA S.A. E.S.P.”. Por lo tanto, el plazo contractual
fijado, en principio, finalizaba el cinco (5) de enero de dos mil veintidós (2022).
4.3. El dieciocho (18) de julio de dos mil dos (2002)55, SIE presento el primer informe
trimestral de ejecución del contrato de concesión.
4.4. El diez (10) de abril de dos mil dos (2002)56, SIE presentó el segundo informe
trimestral de ejecución del contrato de concesión.
4.5. El 1 de noviembre de 2004 las partes del contrato llevaron a cabo una reunión en las
instalaciones de SIE en la ciudad de Bogotá, en la que analizaron temas relacionados con
la suspensión y reinicio de la operación del servicio y sus causas, de la que se levantó el
documento titulado Acta 00157.
4.6. Los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2004 las partes del contrato llevaron a cabo
una reunión en las instalaciones de SIE en la ciudad de Bogotá, en la que continuaron la
agenda de los temas relacionados con la ejecución del contrato, en particular lo
relacionado con los pagos del pago de los aportes del municipio establecidos en la
cláusula 13 del contrato y el régimen tarifario de la cláusula 20, de la que se levantó el
documento titulado Acta 00358.
4.7. Los días 11 y 12 de diciembre de 2004 las partes del contrato se reunieron en las
instalaciones de SIE en la ciudad de Bogotá, en la continuaron la agenda de los temas
relacionados con el régimen tarifario previsto en la cláusula 20 del contrato, respecto del
cual se señaló, “el Ministerio contrato una consultaría (sic) para que realizara este estudio
tarifario, dentro del diagnostico que se hizo al municipio reafirma que necesariamente se
deben actualizarlas y subsidiar las tarifas” (sic a todo) de estas reuniones se levantaron
dos actas titulados Acta 004 y 005, respectivamente59.
4.8. El dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco (2005) las partes suscribieron un otrosí
con el que, en esencia, modificaron y adicionaron las cláusulas 13, 14 y 25 del contrato
de concesión entre ellas celebrado60, de esta forma se adicionó el contrato de concesión
en mil millones de pesos ($1.000´000.000) “De acuerdo a los convenios 152/04 y 586/05,
la Nación a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, programa
BID – PLAN PACIFICO, aportará la suma de $ 740.000.000.00, con una cofinanciación
del Municipio de $260.000.000.00 para financiar el POI denominado “Plan de choque
para la optimización del acueducto y alcantarillado de la cabecera municipal de Guapi”,
conforme a los componentes y costos que en ese documento se detallan, SIE se obligó
“a contratar la ejecución de este plan de choque de acuerdo a los diseños,
54 Folio 72 del cuaderno 3 - pruebas.
55 Folios 73 a 79 del cuaderno 3 - pruebas.
56 Folios 80 a 91 del cuaderno 3 - pruebas.
57 Folios 96 a 97 del cuaderno 3 – pruebas.
58 Folio 99 del cuaderno 3 – pruebas.
59 Folio 101 y 102 del cuaderno 3 – pruebas.
60 Folios 48 a 54 del cuaderno principal y 105 a 111 del cuaderno 3 – pruebas.
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especificaciones técnicas, el presupuesto aprobado y un plazo no superior a nueve meses
a partir del 1ro de Enero de 2006” y a constituir las garantías para amparar los nuevos
recursos asignados; de igual forma se modificó la estructura tarifaria del contrato (cláusula
25) y acordaron que con la firma del otrosí y su cumplimiento “no habrá lugar a
reclamación o reconocimiento adicional por ningún concepto”.
4.9 El diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005) 61 el Municipio de Guapi solicitó
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial autorización para realizar en
favor de SIE la cesión parcial del proyecto “Plan de choque para la optimización del
acueducto y alcantarillado de la cabecera municipal de Guapi” Convenios OEI 152/04 y
586/05”, y el veintitrés (23) de mayo de dos mil siete (2007) 62, según consta en el acta
suscrita por las partes del contrato, hizo entrega “del aporte municipal para el Plan de
choque de acueducto y alcantarillado de la cabecera municipal de Guapi, Cauca, a SIE
DE COLOMBIA S.A. E.S.P.”
4.10 El treinta (30) de diciembre de dos mil ocho (2008), mediante Resolución 39163 el
municipio de Guapi declaró la caducidad del contrato de concesión celebrado con SIE “por
el grave incumplimiento de las obligaciones contractuales del CONCESIONARIO que han
afectado de manera grave y directa la ejecución del contrato de concesión y que han
conducido a su paralización, consistente en el abandono unilateral e injustificado de la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado del municipio de Guapi, tal como
consta en el acta de visita calendada el o6 de marzo de 2008, de conformidad con la parte
motiva de la resolución.” En consecuencia, ordenó: hacer efectivas las pólizas de
cumplimiento por la configuración del siniestro amparado; “TERMINAR” y “LIQUIDAR” el
contrato de concesión; la reversión al concedente de los bienes adquiridos, mejorados o
construidos por el concesionario y restituir la infraestructura destinada para la prestación
del servicio; compulsar copias a los órganos de control del departamento del Cauca:
“FISCALÍA, PROCURADURÍA Y CONTRALORIA para que realicen las indagaciones e
investigaciones que consideren pertinentes”, para lo cual dispuso la remisión del
expediente administrativo del contrato de concesión y, finalmente ordenó “NOTIFICAR
personalmente la presente resolución al ingeniero JOSE SEBASTIAN GUERRERO F.
Representante Legal de SIE DE COLOMBIA S.A. E.S.P., cuya dirección de notificación
es: Carrera 34 A No. 37 – 48 Sur, Bogotá – Colombia” y a la compañía de seguros
generales Cóndor S.A.
4.11 Copia de la “NOTIFICACIÓN POR EDICTO” que realizó la “SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA” “al señor
JOSE SEBASTIAN GUERRERO FONSECA, representante legal de SIE DE
COLOMBIA S.A. E.S.P. y a toda la comunidad” “DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 391
DEL 30 DE CICIEMBRE 2008”64 (SIC). Que la transcripción de la parte resolutiva del acto
administrativo y en la que consta que el Edicto se fijó en “lugar visible de la Alcaldía de
Guapi Cauca (Cartelera), hoy 20 de Marzo de 2009 a las 8:00 a.m., por un término de
veinte (20) días hábiles.” Y que se desfijó a “las 5:30 del día 17 del mes de abril de 2009”.
5 CONSIDERACIONES Y RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
De acuerdo con el derrotero fáctico expuesto y el hecho de que la nulidad de la Resolución
No 391 de 2008, con la que el municipio de Guapi declaró la caducidad del contrato de
concesión para la operación del servicio público de acueducto y alcantarillado celebrado
con SIE, está sujeta al control de esta jurisdicción65, este juzgador dirimirá el presente
61 Folios 113 a 117 del cuaderno 3 – pruebas.
62 Folios 113 a 117 del cuaderno 3 – pruebas.
63 Folios 61 a 78 del cuaderno principal.
64 Folios 79 a 81 del cuaderno principal.
65 Conforme lo explicado en la consideración 3.3. de esta providencia.
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asunto a partir de la respuesta al problema jurídico planteado, para lo cual resulta
pertinente analizar lo atinente a los requisitos de existencia, validez y eficacia del acto
administrativo, en tanto, la argumentación del recurso se erige básicamente sobre la
base que “el acto administrativo, mediante el cual se ordenó la caducidad del contrato
de concesión, no era eficaz, ni tenía validez, ni se encontraba ejecutoriado, para que el
municipio hubiese procedido como lo hizo. En otras palabras, no era procedente la
ocupación de las instalaciones del acueducto, por cuanto, el acto administrativo, no
había sido notificado legalmente”66.
5.1 Sobre los presupuestos de existencia, validez y eficacia de los actos
administrativos
De tiempo atrás esta corporación ha señalado de manera uniforme que en los actos
administrativos67 se distinguen los presupuestos del epígrafe de este acápite,
relacionados con la competencia [órgano], objeto [lícito y posible] y forma, que de manera
sucinta podemos precisar así.
Los de existencia, son aquellos requerimientos sin los cuales el acto no nace a la vida
jurídica. Al respecto la Corte Constitucional ha puntualizado:
“La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la
Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como
lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí
mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz.
De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se
da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está,
a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.”68
Los de validez, por su parte, hacen relación al acatamiento íntegro de los requisitos
formales y materiales que el ordenamiento jurídico exige para cada acto administrativo en
particular. Al punto, ha dicho esta Corporación: “son aquellas condiciones de un acto
existente que determinan que sea valorado positivamente por encontrarse ajustado al
ordenamiento o, con otras palabras, que si el acto es sometido a un juicio de validez no
permiten que le sobrevenga una valoración negativa.” 69
Los presupuestos de eficacia, a su turno, se refieren específicamente a aquellos
necesarios para que el acto produzca efectos jurídicos de manera inmediata o posterior,
según esté o no sometido a un plazo o condición.
En el caso que nos ocupa, el propio recurrente circunscribe su reclamo tendiente a nulitar
la Resolución que dispuso la caducidad del contrato, no a un presupuesto de validez sino
de eficacia, en particular a su debida notificación, pues echa en falta que esta se hubiera
realizado de manera personal y no por Edicto, como está acreditado se realizó [hecho
66 Folio 2687 cuaderno 4.
67 “En el caso de los actos administrativos, existen diferentes puntos de vista para definir lo que se entiende por
éstos, dentro de los cuales sobresalen el criterio formal y orgánico y el criterio material de los mismos. En cuanto al
criterio formal y orgánico, la noción del acto administrativo está dispuesta en función del órgano que lo expide, pues
parte de la base de que las decisiones ejecutorias sólo pueden ser dictadas por los entes que constitucional y
legalmente detentan el poder público, sin importar que sean de carácter público o privado, siendo ésta la regla
general. Por su parte, el punto de vista material se funda en la naturaleza de las modificaciones que las decisiones
impriman en el orden jurídico, sin importar el órgano que la dicte, siempre y cuando tal decisión se de cómo resultado
del ejercicio de una función pública, pues esta debe corresponder a la voluntad unilateral del Estado, imponible a los
particulares aún sin su consentimiento, para crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular.” Consejo de
Estado, sección cuarta, sentencia del 18 de junio de 2014. Radicación número: 70001-23-31-000-2004-00381-
01(17988)
68 Sentencia C-069 de 1995.
69 Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012. Radicación número:
54001-23-31-000-1999-0111-01 (23358).
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probado 4.11]. Es así, que el grueso del recurso se endereza a cuestionar la oponibilidad
del acto administrativo de carácter particular y concreto.
Pues bien, la eficacia, a diferencia de la validez, se proyecta a los efectos del acto en
procura del logro de su finalidad y objeto, de forma que un acto legalmente producido e
íntegramente válido está llamado a producir el efecto jurídico que persigue, por lo que
merced a su publicidad resulta oponible, no solo a quienes va directamente dirigido, sino
también frente a terceros.
5.2. Sobre la notificación de los actos administrativo como materialización del
principio de publicidad.
La institución procesal de la notificación tiene como objeto asegurar la materialización del
principio de publicidad, y en tal virtud, garantiza el derecho constitucional fundamental del
debido proceso y, de contera, el derecho de defensa.
Huelga anotar que “De conformidad con la abundante y decantada jurisprudencia de la
Corporación, bien es sabido, que aunque el acto administrativo nazca a la vida jurídica
habiendo cumplido los requisitos de validez, tales como su conformidad con el
ordenamiento jurídico superior y con las normas sustanciales especiales, su emisión por
el órgano competente y con la observancia del procedimiento correspondiente; ello no
significa que goce de eficacia, pues un acto administrativo es eficaz, en la medida en que
cumpla con la formalidad posterior a su nacimiento para poderlo hacer efectivo. Tal aptitud
surge no solo de su presunción de legalidad, sino además de su publicidad y de su
firmeza, elementos a través de los cuales adquiere potencialidad. Concretamente, la
publicidad del acto administrativo, se erige como principio rector de carácter constitucional
de las actuaciones administrativas; por manera, que se constituye en obligación de la
Administración ponerlo en conocimiento de sus destinatarios, con el fin de que no solo se
enteren de su contenido y lo observen, sino que demás, puedan impugnarlo a través de
los recursos y acciones correspondientes. Existen formas varias formas de publicidad del
acto administrativo tales como la comunicación, cuando se trata de dar a conocer las
decisiones o respuestas que pongan fin a la actuación administrativa iniciada por petición
en interés general; la publicación, para dar a conocer los actos administrativos generales
o la decisión particular a terceros indeterminados no intervinientes en la decisión
administrativa, cuando los pueda afectar en forma directa e inmediata; la ejecución,
cuando se trata de decisiones que requieran cumplimiento inmediato.”70
5.3. Sobre la notificación de los actos de carácter particular y concreto.
Respecto de las modalidades de notificación de los actos administrativos de carácter
particular y concreto, esta corporación ha dicho: “Dentro de las diversas formas en que se
puede notificar un acto, encontramos la notificación personal, que es el más importante
de los medios de notificación y que es preferente sobre cualquier otro tipo, porque
garantiza que el sujeto destinatario efectivamente se entere del contenido de la decisión
administrativa, por eso está reservada para los actos de mayor importancia. Es así como
el artículo 44 del C.P.C. exige que las decisiones que pongan término a una actuación
administrativa se notifiquen por esta vía.”71
Descendiendo al caso concreto, para la fecha en que se expidió la Resolución No. 391 de
2008, se encontraba vigente el Código Contencioso Administrativo, cuyo artículo 44
establecía el deber y forma de notificación personal y, en aquellos eventos en que no era
70 Consejo de Estado. Sección segunda, subsección "A", fallo del 21 de noviembre de 2011. Radicación número:
44001-23-31-000-2002-00728-01(0592-05).
71 Consejo de Estado. Sección segunda - subsección "A", fallo del 11 de noviembre 2009. Radicación número: 25000-
23-25-000-2003-04242-01(1127-07).
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posible realizarla, el artículo 45 ibídem, preveía las condiciones para realizarla la
notificación por edicto, como sucedánea de la primera72.
5.4. Sobre la improcedencia de anular un acto administrativo a consecuencia de una
notificación irregular.
Como quedó dicho, la notificación hace relación a un requisito de forma del acto
administrativo cuyo propósito no es otro que garantizar su publicidad. En tal virtud, de
llegar a configurarse un vicio o defecto devenido de una notificación practicada de manera
irregular, tal actuación afectaría la eficacia, pero no la validez del acto. Sobre el particular
esta corporación ha precisado:
“[l]a falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos […] no
es causal de nulidad de los mismos; en efecto, dicha notificación es necesaria, cuando
así lo señala la ley […], como una condición de su eficacia; es decir en tanto constituye una
de las etapas del procedimiento que tiene por objeto dar firmeza a la decisión administrativa,
la cual —a su turno— es requisito necesario para su ejecución válida. En otros términos, la
notificación del acto administrativo no dice la relación con su validez jurídica la cual
no sufre variación por el hecho de que se haya cumplido con la obligación de
notificarlo legalmente o se haya prescindido de dicha diligencia; el acto administrativo
que nació viciado no se sanará porque, con posterioridad, se notifique legalmente; y al
revés, el acto que nace válido no pierde validez porque se deje de notificar o porque
la notificación sea irregular. Es una simple aplicación del principio según el cual el examen
de validez jurídica de los actos administrativos que hace el contralor judicial se debe
efectuar, por regla general, en el momento de su nacimiento, de modo que las
circunstancias posteriores no afectan una situación inicial.”73
5.5. Respuesta al Problema jurídico principal
Conforme a las consideraciones que anteceden, en el caso bajo estudio obra prueba en
el expediente [hecho probado 4.10] que la Alcaldía del municipio de Guapi – Cauca ordenó
notificar personalmente la Resolución No. 391 del 30 de diciembre de 2008 al
representante legal de SIE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. a la “Carrera 34 A No. 37 – 48 Sur,
Bogotá – Colombia”. Lo que corresponde con lo manifestado en el hecho vigésimo tercero
de la demanda74 al decir: “De dicha caducidad es de anotar, que nunca fue notificada y
el municipio manifiesta haber realizado la notificación a la carrera 34 A No 37-48 sur de la
ciudad de Bogotá, notificación esta que nunca se podría realizar ya que como primera
medida la dirección para notificaciones de la empresa es la calle 35 sur No 34D-21 como
consta en el certificado de existencia y representación legal y en el contrato de concesión
72 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 18 de marzo de 2010, con radicación
número: 11001-03-06-000-2010-00015-00(1989). señaló: “(…) la “notificación” hace referencia a los actos
administrativos de carácter particular y concreto, esto es, los que crean, modifican o extinguen un derecho en cabeza
de una persona, natural o jurídica, bien por la actuación oficiosa de la administración o como resultado de una
petición en interés particular, previo el procedimiento regulado en el C.C.A. La persona, natural o jurídica, afectada
positiva o negativamente por la decisión de la Administración, es la destinataria de tal decisión y debe ser informada
en forma directa y oportuna, para garantizar sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso; el modo
de hacerlo, por disposición legal, es la diligencia de notificación personal revestida de unos requisitos formales que
tienen un efecto jurídico especial pues su incumplimiento o su cumplimiento defectuoso hace ineficaz la notificación
y, de contera, también hace ineficaz la decisión administrativa respecto del interesado. Vale decir que es la eficacia
del acto administrativo, en últimas, el bien jurídico tutelado con el conjunto de exigencias formales que integran, por
disposición legal, su notificación. (…) El artículo 45 del C.C.A. prevé la notificación por edicto si, enviada la
comunicación de que trata el artículo 44 del mismo Código, transcurren cinco (5) días hábiles y el interesado no
comparece. Como las actuaciones y decisiones administrativas no pueden quedar supeditadas a la voluntad
del particular, cuando se han agotado los medios establecidos para que comparezca y garantizarle sus
derechos, la ley da al edicto los efectos de la notificación personal. De todas las actuaciones que integran el
trámite de la notificación personal debe dejarse la prueba en el respectivo expediente, porque la Administración debe
tener la constancia de que realizó la diligencia presencial o, en su defecto, fijó el edicto correspondiente, en aras de
la efectividad de los derechos de defensa y debido proceso del interesado y de la eficacia de sus propias decisiones.”
73 Consejo de Estado. Sección Tercera. Fallo del 26 de septiembre de 1996. Radicado 2431.
74 Folio 12 Cuaderno principal.
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se acordó como domicilio para notificaciones la transversal 70 No 3 A - 81 y no la que
menciona el municipio (34 A No 37-48 sur de la ciudad de Bogotá).”
También está acreditado que, en cumplimiento del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, el municipio realizó la notificación de la Resolución No. 391 de 2008 por
Edicto que se fijó por espacio de veinte (20) días hábiles comprendidos entre el “20 de
marzo de 2009” y el “17 del mes de abril de 2009” [hecho probado 4.11]. Calenda que
esta Corporación tuvo como fecha en que se notificó el acto administrativo en mención, a
efecto de realizar el cómputo del término de caducidad de la acción con base en el cual
consideró que este fenómeno procesal no había operado y dispuso la revocación del auto
que rechazó la demanda por caducidad de la acción [Antecedente 2.6 de esta
providencia].
Al extrapolar los presupuestos referidos en precedencia al caso sub examine, la Sala
concluye que comparte el análisis y la decisión de primera instancia, razón por la que la
confirmará, pues aun cuando le asiste razón a la parte actora, en cuanto advierte que la
notificación del acto de contenido particular y concreto que nos ocupa, no debió realizarse
por edicto, sino que ha debido surtirse de manera personal, bien en la dirección reportada
en el Certificado de Existencia y representación legal de SIE, esto es en la “CL 35 SUR
NO. 34D-21” 75, o en la registrada en el Contrato de Concesión, a saber: “transversal70
No. 3ª – 81” 76 , lo cierto es que, como se explicó con antelación, esta situación irregular
y de forma no afecta la validez del acto sino su eficacia y, por tal razón, no constituye per
se una causal de nulidad de la multicitada resolución de caducidad del contrato. Aunado
a que, resulta ostensible que la publicidad del acto se cumplió y su notificación sí se
materializó, comoquiera que la parte actora pudo acudir ante la jurisdicción a cuestionar
la legalidad de la actuación administrativa adelantada por el ente municipal.
De todo lo dicho se deduce como corolario que la respuesta al problema jurídico
planteado es de signo negativo y, en tal virtud, fundada, como estuvo la apelación, en la
supuesta nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato, y en las consecuencias
que dicha nulidad tendría sobre los actos posteriores de la administración contratante,
por sustracción de materia, no habría lugar a revisar lo atinente al incumplimiento del
contrato, ni lo referido a la indemnización de perjuicios deprecada.
Sin embargo, la Sala, habida consideración de la tangencial alusión que hizo la recurrente
a la prueba que habría traído a este contencioso para acreditar la falsa motivación, ha
estudiado la prueba documental y ha encontrado que no milita en el expediente prueba
alguna que enerve y, menos aún desvirtué, la motivación del acto administrativo que
declaró la caducidad del contrato, pues los documentos que obran en expediente no son
demostrativos de una situación fáctica distinta a la narrada por el ente territorial en la
resolución cuestionada, en punto del incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales en que el municipio sustentó su decisión.
Merece la pena remarcar, que más allá de la cita que el recurrente hace de una sentencia
de esta Corporación77, la deshilvanada alusión a la “desviación o abuso de poder” y a las
“causales de nulidad establecidas en el régimen común”, que realiza en la apelación; lo
cierto es que antes que sustentar y probar tales causales, nuevamente insiste en que
“existió desviación del poder, no solo al tomarse las instalaciones de la empresa de
acueducto, sino en el procedimiento de notificación efectuado erróneamente, (…) a una
dirección que no existía dentro del proceso”. Situación que no amerita un nuevo análisis
por parte de la Sala, comoquiera que, el demandante no probó que la demandada hubiera
75 Folio 84 Cuaderno principal.
76 Folio 47 Cuaderno principal.
77 Folio 270 del cuaderno principal.
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actuado con desviación o abuso de poder en la expedición del acto acusado. Sabido es,
que quien alega tales vicios tiene la obligación de demostrarlos con suficiencia, de manera
que conduzca al operador judicial al convencimiento sobre su existencia. Es así que la
jurisprudencia constitucional ha sido coincidente en señalar que: “se requiere, por
consiguiente, que se alegue [la desviación de poder] y se demuestre por el demandante,
en cada caso, que la finalidad perseguida por el legislador es contraria a las normas que
en concreto recogen los valores, los principios, los derechos, los deberes y los fines
constitucionales”78
Por tanto, la Sala no encuentra motivo para declarar probada la pretendida desviación de
poder y falsa de motivación a que alude el recurrente y, por contera, la presunción de
legalidad que le es propia a la Resolución 391 de 2008 no se ve afectada.
Por otra parte, dado que el texto de la alzada incluye un acápite que argumenta, sin mayor
claridad, aspectos referidos a la “LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO”, se reitera al
recurrente lo dicho por el Tribunal de primera instancia, en cuanto a que la demanda no
incluyó dentro sus pretensiones, la de liquidación del contrato y, de contera, tampoco
cumplió con la carga de la prueba79 para tales efectos. Al punto, basta con remarcar que,
de conformidad con el principio dispositivo, característico de esta jurisdicción, esta
Corporación ha sido pacífica al advertir que los jueces de lo contencioso administrativo
carecen por completo de facultades para variar la causa petendi que se plantea en la
demanda, con fundamento en que la modificación del petitum y del marco fáctico
implicaría un “desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso”80.
Corresponde, entonces, al operador jurídico resolver las pretensiones de la demanda, en
consonancia con sus fundamentos fácticos y jurídicos, y con base en las pruebas regular
y oportunamente aportadas al proceso, tal como lo dispone el artículo 281 del Código
General del Proceso, norma que se refiere al principio de congruencia que deben respetar
los jueces al momento de proferir las respectivas sentencias.
Resulta importante destacar que la imposibilidad de variar la causa petendi no solamente
recae en los jueces, sino también en las partes en litigio, quienes no pueden modificar lo
alegado en la demanda por fuera de las oportunidades procesales previstas para tal
efecto. Al punto, esta corporación ha dicho:
(...) no le es dable al juez ni a las partes modificar la causa petendi mediante señalamientos
alegados por fuera de las etapas procesales previstas legalmente para ello, esto es, la
demanda, su corrección o adición, momentos que la ley dispuso para que se precise la
extensión, contenido y alcance de la controversia que se propone y frente a los cuales se
garantiza la oportunidad de la contraparte para pronunciarse al respecto.
(...)(...) Como se evidencia, el fundamento que se plantea en la demanda y en el recurso de
apelación son distintos, lo que quiere decir que aquello que se alega ante esta instancia no
fue parte de la discusión sustancial respecto de la cual se trabó la litis.
(...). Así las cosas, dado que: i) no se encontró que las pretensiones de la demanda se
hubieren fincado en las inconformidades que ahora señala en la apelación; ii) que éstas
estuviesen comprendidas dentro de las que sí se alegaron en el escrito de demanda; iii) que
se hubieren adicionado a la demanda en la oportunidad procesal prevista para ello; o iv) que
comporten un aspecto que de oficio deba ser resuelto por el juez, no es posible abordar su
conocimiento en esta instancia, pues, por las razones que ya se expresaron, hacerlo
78 sentencia C-456 de 1998, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa
79 Conforme al artículo 167 del CPC, vigente cuando se presentó la demanda: “Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente No. 34.357; reiterada, entre
otras, con la sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente No. 54.407; en fallo del 13 de agosto de 2020,
expediente No. 59.791 y en sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente No. 64.865.
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implicaría desconocer el principio de congruencia y violar el derecho de defensa de la
contraparte.”81
De acuerdo con lo anterior, conviene señalar que, con la demanda y su correspondiente
corrección o adición, la parte actora tiene la oportunidad de fijar el alcance de la
controversia que plantea, de manera que, con posterioridad a esas etapas procesales no
puede caprichosamente cambiar el petitum y el contexto fáctico y jurídico de lo expuesto
inicialmente.
En definitiva, esta Colegiatura confirmará el fallo proferido por el Tribunal de primera
instancia, que negó las pretensiones de la demanda, puesto que en las condiciones en
las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un
pronunciamiento positivo al respecto.
6 COSTAS
No hay lugar a la imposición de costas debido a que en el presente asunto no se evidenció
actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 171 del CCA,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para proceder de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
Sala de Decisión No. 01, el veintitrés (23) de agosto de 2018, que negó las pretensiones
de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
FSR/4C
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2021,
expediente No. 50.728.
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