Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-31-000-2012-00029-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-31-000-2012-00029-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-31-000-2012-00029-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reliquidación pensión de jubilación. Bonificación por
compensación, Decreto 610 de 1998
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de
la sentencia proferida el 24 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo del
Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jaime Fernando Solano Muñoz presentó demanda2 en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso-Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de la
Resolución PAP 0055444 del 30 de mayo de 2011, a través de la cual la Caja
1 En calidad de sucesor procesal de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en
liquidación. En adelante Ugpp.
2 La demanda se presentó el 1 de febrero de 2012 ante la Oficina Judicial de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Cauca.
3 En adelante CCA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
Nacional de Previsión Social, en liquidación4, negó la reliquidación de la pensión de
vejez con la inclusión de la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998 como factor salarial.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de la bonificación
por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, desde marzo de 2007,
dejando a salvo la posibilidad de la entidad demandada de repetir contra la nación
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los aportes
correspondientes; ii) la indexación de las sumas adeudadas; iii) el pago de los
intereses moratorios; vi) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 177
del CCA; y v) la condena en costas y agencias en derecho.
3. Asimismo, pidió que se inaplicara el acuerdo de transacción mediante el cual
aceptó que la DEAJ le nivelara el salario sobre el 70% de lo que por todo concepto
devengaban los magistrados de alta corte.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
4.1. Jaime Fernando Solano Muñoz se vinculó a la Rama Judicial desde el 1° de
septiembre de 1979 hasta el 30 de junio de 2006. Se desempeñó como magistrado
de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán desde el 1°
de noviembre de 2005 hasta el 30 de junio de 2006.
4.2. Antes del 31 de diciembre de 20045 suscribió un contrato de transacción con la
DEAJ en virtud del Decreto 4040 de 2004.
4.3. Mediante la Resolución 50149 del 23 de octubre de 2007 Cajanal EICE le
reconoció el derecho a la pensión a partir del 10 de marzo de 2007, la cual fue
reajustada a través de la Resolución 02389 del 26 de enero de 2009 en
cumplimiento de un fallo de tutela6.
4.4. Solicitó7ante Cajanal EICE el reconocimiento de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 y la reliquidación de la prestación
con inclusión del referido emolumento.
4.5. Mediante la Resolución PAP 055444 del 30 de mayo de 2011 Cajanal EICE le
4 En adelante Cajanal EICE.
5 No especificó la fecha del contrato.
6 No indicó el radicado.
7 No identificó la fecha de presentación de la petición ante la entidad.
2
Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
negó la petición anterior debido a que la referida bonificación no fue certificada como
factor salarial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y el
Decreto 610 de 1998.
6. En cuanto al concepto de violación expuso que el gobierno nacional a través del
Decreto 4040 de 2004 disminuyó el porcentaje de la bonificación por compensación
y desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, norma que solo permite
transar derechos laborales ciertos y discutibles. Al recibir la bonificación de gestión
judicial del 70% de lo que por todo concepto devengaba un magistrado de alta corte,
prevista en el Decreto 4040 de 2004 y no la bonificación por compensación en un
80%, regulada en el Decreto 610 de 1998 se le vulneró el derecho a la igualdad y
configuró un régimen diferencial sin justificación objetiva ni presupuestal para
funcionarios del mismo nivel, categoría y con iguales funciones.
1.2. Contestación de la demanda
7. Cajanal EICE se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos8:
7.1. La entidad reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación a Jaime
Fernando Solano Muñoz a través de la Resolución 50149 del 23 de octubre de 2007,
desde el 10 de marzo de 2007, la cual fue reajustada mediante la Resolución 20862
del 4 de junio de 2009 al ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y el previsto en el Decreto 546 de 1971. De tal manera que
los actos expedidos por la entidad se ajustaron a la normatividad aplicable.
7.2. No puede incluirse como factor salarial la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998 al no acreditarse que el demandante la hubiera
percibido durante el último año de servicio.
7.3. En caso de prosperar las pretensiones de la demanda el juez deberá autorizar a
Cajanal a descontar al demandante, previo al pago del retroactivo, el 25% de los
aportes sobre factores salariales no cotizados desde el 1° de abril de 1994, fecha
en que la Ley 100 de 1993 impuso al trabajador dicha obligación.
7.4. Proceden las excepciones de i) «inexistencia de la obligación demandada y cobro de
lo no debido»; ii) «ausencia de vicios en los actos administrativos demandados»;
8
Cuaderno 1. Folios 68 a 76.
3
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Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
iii) «prescripción» de las obligaciones pensionales causadas con más de 3 años de
anterioridad a la presentación de la demanda; y iv) «exoneración de pago de
intereses previstos en el artículo 177 del CCA».
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia proferida el 24 de agosto de
2015 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó
lo siguiente9:
«Primero: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS
propuestas por la entidad accionada de inexistencia de la obligación demandada y cobro
de lo no debido. administrativos. prescripción. art. 177 del C.C.A. ausencia de vicios en
los actos exoneración de pago de intereses del art. 177 del C.C.A.
Segundo: DECLARAR la NULIDAD de la Resolución PAP 055444 de 30 de Mayo de
2011, mediante la cual se resolvió negativamente el derecho de petición de reliquidación
de la pensión con la inclusión de la bonificación por compensación, expedida por LA
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL-CAJANAL EN LIQUIDACIÓN.
Tercero: ORDENAR a LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EN
LIQUIDACIÓN, que como consecuencia de la nulidad declarada en esta decisión del
acto demandado, a título de restablecimiento del derecho, proceda a RELIQUIDAR Y
PAGAR la pensión del demandante doctor JAIME FERNANDO SOLANO MUÑOZ,
incluyendo como factor salarial la diferencia del 10% de la "Bonificación por
Compensación (decreto 610 de 1998) y la bonificación por gestión judicial (decreto 4040
de 2004 declarado nulo el 14 de diciembre de 2011" para alcanzar el 80% de lo que
devengan los Magistrados de Altas Cortes, como lo prevén los Decretos números 610 y
1239 de 1998, para lo cual se le deberá cancelar las diferencias existentes en la forma
y términos establecidos por el citado Decreto 610, desde el 10 de marzo de 2007 y en
adelante: descontando los aportes correspondientes para el sistema de seguridad social,
quedando la entidad de previsión accionada facultada para solicitar al empleador
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL efectué los aportes
correspondientes y a descontar de las sumas a pagar los aportes que le corresponden
al trabajador accionante. Sumas que deberá pagar la entidad demandada al accionante
debidamente indexados mes a mes conforme al I.P.C. certificado por el DANE.
Cuarto: ORDENAR que los valores a pagar deberán actualizarse en los términos del
art. 178 C.C.A., tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al
consumidor certificados por el DANE, conforme a lo expresado en la parte motiva y con
reconocimiento de los intereses en la forma prevista, en el numeral 4 del artículo 195 de
la Ley 1437 de 2011. en concordancia con el inciso segundo del articulo 192 ibidem, a
partir de la ejecutoria de la sentencia, a la tasa DTF o a la tasa comercial, según el
periodo de la mora.
Quinto: DISPONER que en firme este pronunciamiento se expida copia para LA CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, a fin de que dé
cumplimiento a esta sentencia en la forma indicada por el art. 176 de la misma
Codificación.
9 Folios 123 a 138 vto.
4
Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
Sexto. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Séptimo: ABSTENERSE de imponer condena en costas en este proceso por no
haberse causado.
Octavo: ORDENAR que en firme la presente decisión, previa cancelación de la
radicación, se ARCHIVE el proceso.» (sic)
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos10:
9.1. Jaime Fernando Solano Muñoz era beneficiario de la pensión de jubilación
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado
en el último año de servicio, de conformidad con los artículos 6 del Decreto 546 de
1971 y el 36 de la Ley 100 de 1993.
9.2. Para determinar la base de la pensión de jubilación con dicha asignación, en
virtud del artículo 12 del Decreto 717 de 197811 se debe incluir el salario mensual
fijado por la ley y todas las sumas que percibiera el funcionario como retribución por
sus servicios a menos de que se tratara de un factor excluido por la ley.
9.3. La bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 es un
derecho adquirido, cierto, indiscutible, irrenunciable, intransigible y vigente para los
magistrados de tribunal y demás servidores de la rama judicial. Sin embargo, la
DEAJ efectuó los aportes en aplicación del régimen del Decreto 4040 de 2004
anulado mediante la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado con efectos retroactivos. Así, el contrato de
transacción suscrito entre el demandante y la DEAJ no puede ser tenido en cuenta
al transgredir el derecho a la igualdad.
9.4. La DEAJ debió efectuar los aportes correspondientes sobre esos valores en
virtud del artículo 22 de la Ley 100 de 1993. Tal omisión no imponía su exclusión en
la liquidación de la pensión de jubilación debido a que la entidad de previsión estaba
facultada para efectuarlos de conformidad con el artículo 24 ejusdem, la
jurisprudencia del Consejo de Estado y el principio de solidaridad; y no pueden
recaer en el trabajador las consecuencias negativas por la mora del empleador en
el pago de los aportes.
9.5. El demandante tiene derecho a la inclusión del 80% de lo que por todo concepto
devengaba un magistrado de alta corte como factor salarial en la liquidación
pensional.
10 Cuaderno 1. Folios 141 a 177.
11 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios
y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración
correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones».
5
Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
9.6. No operó el fenómeno de la prescripción, comoquiera que fue necesario que se
produjera un cambio jurídico, que ocurrió con la expedición de la sentencia en virtud
de la cual se declaró la nulidad del Decreto 4040 de 200412 sobre el cual se
fundamentaba el contrato de transacción [el 14 de diciembre de 2011]; por lo tanto,
el término prescriptivo solo empezó a correr a partir de esa fecha.
1.4. El recurso de apelación
10. La Ugpp presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente 13:
10.1. La entidad liquidó de forma correcta la pensión reconocida al demandante en la
Resolución PAP 055444 del 30 de mayo de 2011, con el 75% de la asignación
mensual más alta devengada en el último año de servicio, con los factores de salario
devengados, conforme con lo establecido en los artículos 6 del Decreto 546 de 1971
y 12 del Decreto 717 de 1978, por lo cual no procedía a declarar la nulidad de dicho
acto.
10.2. El demandante obtuvo el reconocimiento de la bonificación de gestión judicial
en los términos del artículo 2 del Decreto 4040 de 2004 mediante un contrato de
transacción en el cual se estipuló que dicho emolumento correspondería al 70% y
que renunciaba a presentar reclamaciones judiciales futuras relacionadas con la
bonificación por compensación, habida cuenta que ambas prestaciones son
incompatibles.
10.3. El contrato de transacción cumplió con los requisitos formales y legales, que
dieron lugar a que devengara una prestación distinta de la reclamada en este
proceso; por lo tanto, el a quo erró al desconocer su validez, y con esa decisión se
ocasionó un detrimento al erario al acceder de forma fraudulenta al reconocimiento
de una prestación a la que el actor renunció voluntariamente.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
11. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia14.
12. El demandante guardó silencio en esta oportunidad15.
1.6. El Ministerio Público
12 Se produjo en el proceso identificado con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, CP Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
13 Cuaderno 1. Folios 189 a 193.
14 Cuaderno 2. Folios 303 a 311.
15Así se desprende del informe secretarial del 29 de abril de 2021. Cuaderno 2. Folio 312.
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Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
13. El agente delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto16.
1.7. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado17
14. La ANDJE solicitó que se negaran las pretensiones de reliquidar la pensión de
vejez, en los siguientes términos18:
14.1. El ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen de
transición corresponde al previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100
de 1993, teniendo en cuenta únicamente los factores salariales sobre los cuales se
realizaron aportes al Sistema General de Pensiones, conforme con el Decreto 1158
de 1994.
14.2. La Corte Constitucional ha precisado que el IBL no forma parte del régimen de
transición [SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018] y el Consejo de
Estado en la sentencia proferida el 28 de agosto de 201819 reiteró que para liquidar
la pensión de los beneficiarios del régimen de transición debe aplicarse lo dispuesto
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. De esta manera, solo se deben
incluir en la liquidación los factores efectivamente cotizados, en garantía del
principio de solidaridad, de la correspondencia entre aportes y beneficios, y de la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
15. Se circunscribe a resolver ¿si Jaime Fernando Solano Muñoz tiene derecho al
reajuste de la pensión de jubilación con inclusión de la bonificación por
compensación, teniendo en cuenta como base el 80% de lo que por todo concepto
devenga un magistrado de alta corte, en virtud del Decreto 610 de 1998, pese a la
suscripción del contrato de transacción con la DEAJ mediante el cual aceptó el
reconocimiento de la bonificación de gestión judicial en un 70% y renunció a
reclamar la bonificación por compensación?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La bonificación por compensación
16 Ejusdem.
17
En adelante ANDJE.
18 Samai, índice 35.
19 Consejo de Estado. Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortes.
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Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
16. El artículo 13 de la Constitución Política en desarrollo del derecho a la igualdad,
señaló que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación y que el Estado deberá promover las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva, así como adoptar las medidas necesarias para su
defensa.
17. En esa medida y ante la notoria desigualdad salarial existente entre algunos
grupos de servidores públicos, el gobierno nacional en ejercicio de sus facultades,
especialmente las señaladas en el literal b) del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992,
expidió el Decreto 610 de 1998, mediante el cual creó la «[b]onificación por
compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y
a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura», la
cual «sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes»[se resalta].
18. Lo anterior en consideración a que, para el año fiscal de 1998, la remuneración
de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, contencioso
administrativo, nacional y superior militar; los magistrados auxiliares de la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura;
los abogados auxiliares del Consejo de Estado; los fiscales y jefes de unidad ante
el Tribunal Nacional; los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el
tribunal de distrito, y los jefes de unidad de fiscalía ante tribunal de distrito equivalía
al 46%, en comparación con la que percibían los magistrados de las altas cortes.
Por ende, acordó un esquema que gradualmente permitiera superar la desigualdad
económica entre los dos niveles mencionados, iniciando en un 60% para el año
1999, para posteriormente aumentar en un 70% en el año 2000, y finalmente llegar
al 80% en el año 2001, de lo que por todo concepto devengaran anualmente los
magistrados de las altas cortes.
19. Asimismo, mediante el Decreto 1239 de 199820, el gobierno nacional extendió los
beneficios a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y al secretario judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
20 «Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998».
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Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
20. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 2668 del 31
de diciembre de 199821, que a la postre dio origen a una serie de decretos que
reglamentaron la bonificación por compensación en forma anual22.
21. No obstante, mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001 se declaró
nulo el Decreto 266823; situación que generó que los decretos 610 y 1239 de 1998
regresaran al ordenamiento jurídico.
22. Posteriormente, el gobierno nacional mediante el Decreto 4040 de 2004 24 creó
para el mismo grupo de servidores [a que aludía el Decreto 610] la llamada
«Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación
básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama
Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional». En
este se estableció, a su vez, su incompatibilidad con la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 199425.
23. Además, en aquel acto se señaló que podrían optar por el reconocimiento y pago
de esta bonificación los servidores señalados en la norma, siempre y cuando se
encontraran en una de las siguientes situaciones:
23.1. Quienes habían iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y desistieran de sus pretensiones, para lo cual debían renunciar
expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del
artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; y
23.2. Los que no hubieran efectuado tales reclamaciones y suscribieran contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la bonificación por
compensación.
24. Así las cosas, para este grupo de servidores se crearon dos regímenes, el
primero señalado en el Decreto 610 de 1998 que creó la bonificación por
21 «por el cual se derogan los Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998».
22 Los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de
2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, derogado por el Decreto 2726 del 17 de
diciembre de 2001, derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002, derogado por el Decreto
3570 del 11 de diciembre de 2003.
23 Proferida dentro del proceso con radicado 395-99, conjuez ponente Álvaro Lecompte Luna.
24 «Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios».
25 «Decreto 4040 de 2004, Artículo 2, Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos
fiscales a partir del 1º de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por Compensación,
que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los servidores citados
en el presente artículo» [Se resalta].
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Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
compensación con carácter permanente, que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales igualaba hasta el 80% de lo que por todo
concepto percibían los magistrados de alta corte; y otro, en el que se concedió una
bonificación de gestión judicial en iguales condiciones pero que solo alcanzaría el
hasta 70% de esos ingresos [tal y como lo señala el Decreto 4040 de 2004].
25. No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia proferida
el 14 de diciembre de 201126 declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, pues
consideró, entre otras razones, que violaba los principios tutelares de la Constitución
Política de Colombia, en tanto que los destinatarios del Decreto 610 de 1998
adquirieron un derecho que el gobierno nacional no podía suprimir con uno
regresivo, y menos aún a través de una transacción sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
26. Al respecto, la Sala de Conjueces advirtió que tal y como se había señalado en
anteriores pronunciamientos27 aquella situación [la de tener dos regímenes para un
mismo grupo de servidores] generaba un trato desigual y discriminatorio. Al
respecto, señaló:
«En tales condiciones, para una misma categoría de servidores que están en un mismo
plano de igualdad, en cuanto en virtud de la soberanía, tienen la facultad de administrar
justicia, ejecutando la misma labor, teniendo el mismo horario, idénticas funciones y
responsabilidades, deben cumplir los mismos requisitos y calidades generales y
específicas para desempeñar el cargo, dos normas aún vigentes, el decreto 610 de 1998
y el decreto 4040 de 2004, establecieron a su vez dos regímenes laborales referentes
al monto de la asignación mensual, que se diferencian en que en el primero, el salario
es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado por los Magistrados de las Altas
Cortes.
De tal manera, la norma posterior, el decreto 4040 de 2004, creó una desigualdad
manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un
trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una
transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.
Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político,
económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido
constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles». [Se resalta].
27. Además, en aquella oportunidad, la Sala reiteró que «los destinatarios del decreto
610 de 1998, […] ganaron el derecho a la bonificación allí establecida desde que
ingresar[on] al servicio de la Rama Judicial en sus condiciones de Magistrados, no
26 Radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, NI 10067-2005, demandante: Jairo Hernán Valcárcel,
conjuez ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.
27 Al efecto citó la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del conjuez Luis Eduardo Pineda Palomino,
sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 2009-00603.
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pudiéndose mediante otra norma o acto jurídico afectárseles tal derecho, por estar
cobijados por el principio mínimo fundamental de derecho del trabajo, de la irrenunciabilidad
de los derechos laborales por sus titulares, y por ello, no podrá un tercero, - el Estado o los
particulares - suprimirlos, pues, su carácter de derecho humano fundamental así lo impone,
quedando amparados por la regla pro operario “De la Condición Más Beneficiosa”,
consagrada en el artículo 53 inc. 5º de la Constitución Política».
28. De acuerdo con lo anterior, concluyó que el decreto demandado afectaba
esencialmente el derecho de igualdad entre servidores del mismo nivel o rango sin
justificación alguna; disminuía inequitativamente la remuneración mensual de
aquellos que tienen el mismo derecho que sus pares judiciales; y le «abr[ía] camino
al quebrantamiento de un postulado fundamental en estas relaciones de trabajo, como es
el de que no se puede transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles».
29. En sentencia del 18 de mayo de 2016, la sala de conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación señaló que solo a partir de la declaratoria de nulidad
del Decreto 4040 de 2004 [dispuesta en la sentencia del 14 de diciembre de 2011,
que cobró ejecutoria el 27 de enero de 2012] es que se «superó la discusión en relación
con la vigencia simultánea entre el régimen contemplado en el decreto 610 de 1998,
denominado “Bonificación por Compensación”, dirigido a algunos servidores de la rama
judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa, que con
anterioridad a la publicación del decreto se encontraran desempeñando los cargos
enumerados [allí]».
30. De acuerdo con lo anterior, advirtió que ante la coexistencia de 2 regímenes
salariales diferentes [contenidos en los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004], no
podía aludirse a la exigibilidad del derecho a reclamar [en los términos del decreto
3135 de 1968], pues no era posible establecer cuál de ellos era el exigible; de
manera que concluyó que esta exigibilidad se «reputa[ba] sólo hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a
partir del 28 de enero de 2012».
31. Por otro lado, analizó el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, en virtud del cual advirtió
que el régimen de la prima especial de servicios allí contenida no hizo distinción
entre salario y prestaciones sociales, pues aludió únicamente a ingresos laborales
totales; de acuerdo con lo cual, concluyó que el auxilio de cesantías debía ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
servidores mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tendrían
derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.
32. Además, precisó que este régimen tiene una clara incidencia en la determinación
de la bonificación por compensación de los servidores públicos que se encontraban
sujetos al Decreto 610 de 1998, pues esta norma previó la nivelación salarial al 60%,
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70% y 80% «de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado» para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente. En este
sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención
a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de
200328, no existían razones para que se hiciera «abstracción de la misma, o de
cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar
el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los
servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998» (sic).
33. En ese sentido, concluyó que «e[ra] necesario que el monto percibido por los
Magistrados de las Altas Cortes por [concepto de prima especial], y que haya sido liquidado
teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los Congresistas, debe ser un factor para
determinar el valor de la bonificación por compensación».
34. Finalmente, el gobierno nacional expidió otra serie de decretos que asignaban
unos valores fijos anuales por concepto de bonificación por compensación, y que
fueron derogados secuencialmente por decretos posteriores29, hasta llegar al
Decreto 1102 de 201230, por la cual dispuso que a partir del 27 de enero de 2012,
la bonificación por compensación que venían percibiendo con carácter permanente
los servidores de la rama judicial, la justicia penal militar, la Fiscalía General de la
Nación y agentes del ministerio público equivaldría a un valor que sumado a la
asignación básica y demás ingresos laborales igualara al 80% de lo que por todo
concepto devengaran anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura;
y que esta sólo constituiría factor salarial para efecto del ingreso base de cotización
del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
35. Además, en aquel acto se dispuso que como consecuencia de la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores que venían percibiendo la
bonificación de gestión judicial percibirían, a partir de la fecha de ejecutoria de esa
sentencia, la bonificación por compensación en los mismos términos y condiciones
señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° de ese decreto [artículo 2].
28 Que declaró inexequible el aparte del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 que aludía a que esta prima
no tendría carácter salarial.
29 Decretos 4040 de 2004, 944 de 2005, 401 de 2006, 630 de 2007, 670 de 2008, 735 de 2009, 1400
de 2010,
1051 de 2011, 887 de 2012, y 1102 de 2012.
30 «Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios».
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2.2.2. La incidencia de la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de
1992 en la bonificación por compensación
36. La Ley 4ª de 1992 creó una prima especial para servidores de la rama judicial,
de la justicia penal militar, de la Fiscalía General de la Nación y los agentes del
ministerio público. Al respecto, previó lo siguiente:
Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador
General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una
prima especial de servicios, sin carácter salarial31, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros
del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública».
37. En desarrollo de esta norma, el gobierno nacional profirió el Decreto 10 de
199332, en cuyo artículo 1 estableció que la prima especial de servicios debía
corresponder a «la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los
miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella»;
y señaló además que para establecerla «se entiende que los ingresos laborales totales
anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter permanente,
incluyendo la prima de Navidad» [artículo 2].
38. Con la creación de esta prima especial se buscó equiparar los derechos
percibidos por los servidores señalados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 a lo
que por todo concepto devengaran los congresistas.
39. Valga recordar que la prima especial tiene incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación, en tanto el Decreto 610 de 1998 previó que esta
bonificación sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales debía igualar inicialmente al 60% de los ingresos laborales que
31 Aparte tachado [sin carácter salarial] declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, conjuez ponente Ligia Galvis Ortiz. Lo anterior por cuanto
la Ley 332 de 1996 que le otorgó carácter salarial a la prima especial de servicios para los servidores
señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y otros más, sin tener en cuenta a los previstos en
el artículo 15, para quienes se conservó el carácter no salarial de dicha prima, lo que produjo una
inconstitucionalidad sobreviniente. Además, en el fallo se estableció lo siguiente:
«La presente decisión produce efectos en las cotizaciones y liquidación de las pensiones de
jubilación de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Procurador General de la Nación, el Fiscal
General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Defensor del Pueblo, servidores
contemplados en el artículo 15 de la ley 4a de 1992.
3. La prima especial de servicios constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de
la pensión de jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que regulan el régimen
prestacional de los funcionarios señalados».
32 «por el cual se regula la prima especial de servicios».
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por todo concepto percibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
2.3. Caso concreto
40. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
40.1. Según constancia expedida el 28 de febrero de 2007 33 por el presidente y el
secretario del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Jaime Fernando
Solano Muñoz laboró en la Rama Judicial así:
Cargo fecha de inicio fecha final
Juez segundo promiscuo municipal de Patía, El Bordo 1° de septiembre de 1979 31 de agosto de 1985
Juez segundo penal del circuito de Patía, El Bordo 1° de septiembre de 1985 15 de octubre de 1989
Juez superior de Patía, El Bordo 16 de octubre de 1989 30 de junio de 1992
Juez tercero penal del circuito de Patía, El Bordo 1° de julio de 1992 12 de enero de 1997
Juez segundo penal del circuito de Patía, El Bordo 13 de enero de 1997 30 de septiembre de
2002
Juez penal del circuito de Patía, El Bordo 1° de octubre de 2002 31 de agosto de 2005
Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del 1° de septiembre de 2005 30 de junio de 2006
Distritito Judicial de Popayán
40.2. El 13 de marzo de 2007 solicitó a Cajanal el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación34.
40.3. A través de la Resolución 50149 del 23 de octubre de 200735, Cajanal reconoció
y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia por vejez a Jaime Fernando Solano
Muñoz, efectiva a partir del 10 de marzo de 2007.
40.4. Mediante la Resolución 02389 del 26 de enero de 200936 Cajanal EICE reliquidó
la pensión de vejez reconocida y elevó la cuantía, en cumplimiento de un fallo de
tutela37 proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán el 23 de junio
de 2008 que ordenó que se reliquidara la prestación con la asignación salarial más
elevada del último año de servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 546
de 1971 y con la inclusión de todos los factores salariales devengados. En
consecuencia, se incluyeron los siguientes factores: sueldo, bonificación de gestión
judicial, primas de navidad, vacacional, de servicios y especial de servicios, y la
bonificación por servicios prestados en porcentaje del 100 %, de acuerdo con lo
dispuesto en la referida sentencia constitucional. De acuerdo con lo anterior, la
cuantía resultó en $11.447.581,38 efectiva a partir del 10 de marzo de 2007.
33 Cuaderno 1. Folios 2 y 3.
34
Cuaderno 3. Folios 11 y 13.
35
Cuaderno 3, folios 35 a 37.
36
Cuaderno 3. Folios 54 a 56.
37 De radicado 2008-00202-00.
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40.5. A través de la Resolución 20862 del 4 de junio de 2009, Cajanal modificó el acto
anterior con el fin de aumentar el valor de la prestación, la cual resultó en
$11.449.830,63. Lo anterior, comoquiera que advirtió que «se incurrió en error
involuntario en la citada resolución al momento de liquidar la prestación toda vez que al
incluir la prima de servicios como factor de salario para el año 2006 se indicó la suma de
$ 202.517,00, siendo lo ordenado por el fallo de tutela la suma de $ 205.516,00».
40.6. Con Resolución PAP 003674 del 30 de marzo de 2010, Cajanal aplicó los límites
previstos en el Decreto 510 de 2003 [25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de efectividad] y, en tal sentido, modificó el acto anterior en
sentido de señalar que la prestación se otorgaría por la suma de $10.842.500.
40.7. El 11 de marzo de 201138 Jaime Fernando Solano Muñoz solicitó a Cajanal
EICE la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 1998 como factor salarial.
40.8. Mediante la Resolución PAP 055444 del 30 de mayo de 2011 Cajanal EICE
negó la reliquidación de la pensión de vejez39 con fundamento en que la bonificación
por compensación no figuraba en los certificados de factores salariales.
2.3.1. Análisis sustancial del caso concreto
41. El Tribunal Administrativo del Cauca declaró la nulidad de la Resolución PAP
055444 del 30 de mayo de 2011 y a título de restablecimiento del derecho ordenó a
Cajanal EICE reliquidar y pagar la pensión del demandante con la inclusión de la
bonificación por compensación equivalente al 80% de lo que por todo concepto
devengaba un magistrado de la alta corte como factor salarial a partir del 7 de marzo
de 2007, y la facultó para solicitar a la DEAJ el pago de los aportes correspondientes
y descontarle al demandante las sumas pertinentes en calidad de trabajador.
42. En contra de esta decisión la Ugpp presentó recurso de apelación con
fundamento en que la pensión fue liquidada correctamente conforme con la
normativa vigente; que el demandante por medio de contrato de transacción aceptó
la bonificación de gestión judicial en un 70% y renunció a la de compensación por
ser incompatible, y que dicho contrato fue válido, por lo cual el a quo erró al
desconocerlo y acceder a las pretensiones en detrimento al erario.
43. Ahora bien, a efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe
señalar que tal y como se expuso en el marco normativo de esta decisión el Decreto
610 de 1998 creó una bonificación por compensación equivalente [inicialmente] al
60% de los ingresos laborales que por todo concepto percibían los magistrados de
38 Cuaderno 3. Folios 117 vtos a 119.
39 Cuaderno 1. Folios 4 a 6.
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las altas cortes, el cual aumentaría en un 80% para el año 2001.
44. Con posterioridad, se expidió el Decreto 4040 de 2004 en virtud del cual se creó
la bonificación de gestión judicial, la cual, de acuerdo con lo dispuesto en esa norma,
sería incompatible con la bonificación por compensación; esto explica que el aludido
decreto reconoció la existencia de ambos regímenes pues insistió en que el servidor
que devengara la bonificación por compensación no podría percibir la de gestión
judicial. Además, de su contenido no se extrae derogatoria alguna del Decreto 610.
45. De acuerdo con lo anterior, la primera conclusión a la que se llega es que el
Decreto 610 de 1998 no perdió vigencia, pues no fue derogado por el Decreto 4040,
sino que coexistía con este.
46. Ahora bien, tal y como se señaló en la sentencia del 14 de diciembre de 2011,
los beneficiarios de la bonificación por compensación eran aquellos servidores
destinatarios del Decreto 610, es decir, aquellos que se vincularon en los cargos
señalados en esa norma; cuya disposición otorgaba un derecho laboral, mínimo e
irrenunciable, que no podía ser soslayado con la expedición de esa disposición
posterior.
47. En efecto, si se tiene en cuenta que los destinatarios del Decreto 4040 de 2004,
son iguales a los del Decreto 610 de 1998, resulta evidente que para una misma
categoría de servidores se establecieron 2 regímenes pues unos gozaron del
derecho a una bonificación por compensación equivalente al 80% de lo devengado
por los magistrados de las altas cortes y los otros una bonificación de gestión judicial
que correspondía al 70% de lo devengado por esos altos servidores.
48. Así pues, los servidores que se acogieron al Decreto 4040 de 2004, quienes para
obtener inmediatamente el pago del 70% indicado, debían desistir de las
pretensiones de las demandas que habían instaurado en procura de obtener el pago
del 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes, o celebrar
contratos de transacción con propósitos idénticos, se encontraban en una situación
de desigualdad manifiesta entre iguales, fundado en el consentimiento otorgado
para aceptar una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.
49. Entonces, en casos como el que se analiza, esta corporación no puede
desamparar al trabajador de sus derechos y garantías fundamentales. Esta
consideración se desprende de la lectura del artículo 53 de la Constitución Política
de 1991 que establece que «la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo,
no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores» y como mínimos fundamentales reconoce la igualdad de
oportunidades para los trabajadores, que en este caso se vio afectado como
consecuencia de la existencia de 2 regímenes para igual grupo de servidores y con
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diferencias sustanciales que afectaban el salario.
50. Así ocurrió en punto de la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, que se encuentra íntimamente relacionada con la
vulneración del derecho a la igualdad tantas veces referida, pues se creó una
situación de discriminación entre pares; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, que se vio afectada con las disposiciones
contenidas en el Decreto 4040 al que se vieron impulsados los trabajadores a
acogerse; y, finalmente, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales, pues la situación fáctica de estos
trabajadores pone en evidencia que aun cuando formalmente desistieron de las
pretensiones en las demandas interpuestas con el fin de reclamar la bonificación
por compensación o suscribieron contratos de transacción con el fin de precaver
litigios futuros en torno a dicho emolumento, la realidad evidenció que se trató de
una situación que los puso en un plano de desventaja o desigualdad frente a otros
trabajadores que se encontraban en similares o exactas condiciones de ingreso,
permanencia y funciones, pero que, por no haberse acogido a este decreto,
mantuvieron un ingreso salarial superior.
51. Estas disposiciones de orden constitucional encuentran respaldo también en los
convenios internacionales debidamente ratificados. Al efecto, es necesario remitirse
a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 40 que previó
una garantía al derecho a la igualdad a través del principio de «salario igual por un
trabajo de igual valor». En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa
organización41, desarrolló el principio anterior al establecer que «todo miembro para
el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política
nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas
nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con
objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».
52. En igual sentido, el «[p]rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»42 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción». Así lo establece el artículo
7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales43; y sobre
40 Aprobada el 11 de abril de 1919.
41 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
42 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
43 «Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
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el particular la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los
trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de
condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de
hipótesis distintas44.
53. Aunado a lo expuesto, el artículo 142 del Código Sustantivo del Trabajo establece
que el derecho al salario es irrenunciable y que no se puede ceder en todo ni en
parte, a título gratuito ni oneroso. En igual sentido lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional al sostener que «la irrenunciabilidad del salario constituye una garantía
mínima laboral que tiene un efecto protectivo del ingreso del trabajador para su subsistencia
y la de su familia, por ejemplo, para evitar que ante problemas económicos de la empresa,
el trabajador decidiese -por un acto de solidaridad con su empleador- renunciar a todo o
parte de su salario por un tiempo determinado. Sin embargo, el adquirir créditos, para honrar
su pago mediante la modalidad de libranzas, no se compadece con el alcance del verbo
“renunciar” contenido en el artículo 53 de la Constitución»45.
54. De esta manera, debe entenderse que aun cuando los trabajadores que eran
beneficiarios de las prerrogativas del Decreto 610, pero que, por virtud de lo
dispuesto en el Decreto 4040 se acogieron a sus disposiciones como consecuencia
de haber desistido de las acciones judiciales en las que pretendían el
reconocimiento de la bonificación por compensación o celebraron contratos de
transacción con igual fin, convinieron en actos ineficaces por ser irrenunciables e
intransigibles, lo que les permite el acceso a su disfrute.
55. Al respecto, la Sala encuentra que si bien al expediente no se aportó un
certificado o un documento que permita evidenciar si el demandante se acogió al
Decreto 4040 de 2004, pero sí se aportaron los certificados de salarios que dan
cuenta que entre los años 2006 y 2007 [al menos] recibió la bonificación de gestión
judicial. Asimismo, el demandante y la entidad aceptaron la existencia del contrato
de transacción en el que el Jaime Fernando Solano Muñoz se acogió al régimen del
Decreto 4040 de 2004 y renunció al del Decreto 610 de 1998.
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
44 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
45 Corte Constitucional C-032 de 2018
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56. De esta manera, no son de recibo los argumentos expuestos en el recurso de
apelación en cuanto al desconocimiento de la validez de dicho contrato, pues si bien
el demandante sí recibió la bonificación de gestión judicial en lugar de la bonificación
por compensación, lo cierto es que, tal y como se expuso esos contratos eran
ineficaces.
57. De acuerdo con lo anterior, corresponde otorgarle vigencia a los principios
mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política de
1991 relativos a la igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; y primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, analizados en
precedencia.
58. En otras palabras, corresponde dar prelación a los derechos y principios
constitucionales del trabajador sobre el contrato de transacción que pactó sobre
derechos irrenunciables y ciertos, como lo es en este caso haber transado para ser
beneficiario de la bonificación judicial y renunciar a reclamar la bonificación por
compensación, aun cuando el demandante haya concurrido a este contrato de
manera libre y voluntaria, pues como se explicó anteriormente, por ser la
bonificación por compensación un derecho laboral y este a su vez tener el carácter
de irrenunciable, cualquier acto que se haga sobre esta resulta ineficaz, por ende,
al haber estado vinculado el demandante a la Rama Judicial como magistrado de
tribunal y haber percibido la bonificación de gestión judicial equivalente al 70% de
lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, tenía derecho a que
se le reconociera y pagara la pensión de jubilación con la inclusión de la referida
bonificación, pero calculada en un 80% de lo que por todo concepto devengaba un
magistrado de alta corte.
59. En efecto, tal y como lo dispuso el tribunal, corresponde a la Ugpp pagar la
prestación en la forma debida en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo
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15646 de la Ley 1151 de 200747 y en el Decreto 1222 de 201348, pero, además, por
cuanto se trata de un emolumento a que tenía derecho el demandante, de manera
que los reparos en torno a los factores no cotizados no son una carga que deba
asumir el pensionado con derecho a la reliquidación. Lo anterior justifica la orden
del tribunal que autorizó a la Ugpp a cobrar a la DEAJ los aportes correspondientes.
60. Por otro lado, la Sala adicionará la sentencia proferida el 24 de agosto de 2015
por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el sentido de señalar que el
cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos y en ese sentido se adicionará la decisión de primera
instancia.
2.4. Costas
61. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 171 del CCA que dispuso:
«Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil».
62. El enunciado de la norma no presupone la causación de costas per se contra la
parte que pierda el litigio, sino que esta decisión tendrá en consideración la conducta
asumida por las partes.
63. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
46
«Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad
Administrativa tendrá a su cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los
bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de
administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del
orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales
se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las
gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas,
archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003».
47
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
48
«Por el cual se asignan unas competencias y se dictan unas disposiciones para el cierre del
proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación».
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Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
aplicación razonable de la norma49.
64. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
65. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
66. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) el contrato de
transacción suscrito entre el demandante y la DEAJ es ineficaz porque implicó la
renuncia a la bonificación por compensación, un derecho laboral cierto, mínimo e
irrenunciable, y generó desigualdad entre servidores al desconocer principios
constitucionales; por lo tanto, Jaime Fernando Solano Muñoz tiene derecho al
reconocimiento y el pago de la pensión de jubilación con la inclusión de la
bonificación por compensación que corresponda a una suma que iguale en un 80%
de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte desde el 10 de
marzo de 2007 como lo concluyó el tribunal; y ii) el cumplimiento de la sentencia se
supeditará a que no existan pagos previos por iguales conceptos.
67. En consecuencia, la Sala modificará y adicionará la sentencia proferida el 24 de
agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Adicionar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 24 de agosto de
2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca, el cual quedará así:
«Tercero. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), que como consecuencia de
la nulidad declarada en esta decisión del acto demandado, a título de restablecimiento
del derecho, proceda a reliquidar y pagar la pensión de Jaime Fernando Solano Muñoz,
incluyendo como factor salarial la diferencia del 10% de la "Bonificación por
49En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 19001-23-31-000-2012-00029-02 (1203-2016)
Demandante: Jaime Fernando Solano Muñoz
Compensación (decreto 610 de 1998) y la bonificación por gestión judicial (decreto 4040
de 2004 declarado nulo el 14 de diciembre de 2011" para alcanzar el 80% de lo que
devengan los magistrados de altas cortes, como lo prevén los decretos números 610 y
1239 de 1998, para lo cual se le deberá cancelar las diferencias existentes en la forma
y términos establecidos por el citado decreto 610, desde el 10 de marzo de 2007 y en
adelante: descontando los aportes correspondientes para el sistema de seguridad social,
quedando la entidad de previsión accionada facultada para solicitar al empleador
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectúe los aportes correspondientes y a
descontar de las sumas a pagar los aportes que le corresponden al trabajador
accionante. Sumas que deberá pagar la entidad demandada al accionante debidamente
indexadas mes a mes conforme con el IPC certificado por el DANE.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos y en ese sentido se adicionará la decisión de primera
instancia.
Segundo. Confirmar en lo demás, la sentencia del 24 de agosto de 2015 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en esta
decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 173 del CCA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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