Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2012-00378-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2012-00378-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2012-00378-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
17 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 19001-23-33-000-2012-00378-02 (2191-2017)
Demandante: José Luis Daza Fernández
Demandado: Departamento del Cauca
Temas: Relación laboral subyacente o encubierta, funcionario de hecho, prestaciones
sociales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, de 29 de enero de 2017, por medio de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138
de la Ley 1437 de 2011), el ciudadano José Luis Daza Fernández, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o
presunto negativo derivado de la petición radicada el 4 de agosto de 2011 ante la
Secretaría de Salud Departamental del Cauca y mediante la cual solicitó el
reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y laborales
correspondientes.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
declarar que entre él y la entidad demandada existió una relación laboral desde el 1 de
noviembre de 2008; ii) ordenar el reconocimiento y pago de las sumas correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, primas, bonificaciones, indemnización por despido injusto,
sanción por no pago al momento del retiro, aportes a Seguridad Social, perjuicios morales
«y las demás que resulten probabas en el proceso»; iii) condenar a la entidad al pago de
la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST; iv) condenar en costas a la
demandada; y, v) dar cumplimiento a la sentencia según las disposiciones de los artículos
187 a 195 del CPACA.
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Radicado: 19001-23-33-000-2012-00378-02
Demandante: José Luis Daza Fernández
1.1.2. Hechos:
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) Entre los meses de noviembre y diciembre de 2008, el señor José Luis Daza Fernández
desarrolló las actividades propias del cargo «médico regulador del Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría de Salud del Cauca».
ii) Durante el tiempo en que llevó a cabo sus labores, recibió órdenes «del superior, lo
cual genera subordinación (…)»; además, no recibió llamados de atención «como
tampoco se objetó su permanencia en el puesto de trabajo».
iii) Tuvo que cumplir con un horario «de tiempo completo», es decir, de 192 horas
mensuales distribuidas en turnos diarios de 6 o 12 horas «(…) al igual que los demás
funcionarios que desempeñan la misma función».
iv) El trabajo lo ejecutó de forma personal y en las instalaciones de la entidad, con
equipos y apoyo técnico y administrativo proporcionados por esta.
v) «En la última semana del mes de diciembre de 2008, el doctor Benjamín Moreno
Rodríguez le manifestó (…) en forma verbal, que no regresara a partir del mes de enero
de 2009, lo que se constituye en un despido sin justa causa».
vi) El día 4 de agosto (sin especificar el año), el señor Daza Fernández presentó «la
reclamación formal» ante la Secretaría de Salud del Cauca; pero hasta la fecha de
radicación de la demanda no obtuvo respuesta. Por lo tanto, entiende configurado el
silencio administrativo negativo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 83 de la
Constitución, y los artículos 24 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Al desarrollar el
concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo siguiente:
i) El acto ficto o presunto desconoce los derechos laborales del señor José Luis Daza
Fernández, por cuanto no reconoció los emolumentos salariales y prestacionales que le
correspondían al haber ejercido el cargo de médico regulador en el Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría de Salud del Cauca.
ii) Comoquiera que prestó sus servicios a una entidad pública y se demuestra la
existencia de los tres elementos de una relación laboral, esto es, «subordinación,
prestación personal y remuneración (sic)», surge el derecho a que esta sea declarada y,
en consecuencia, se le reconozcan «las prerrogativas de orden prestacional».
iii) De igual manera, se encuentra probada «una clara negligencia por parte del Estado,
concretamente de la entidad territorial demandada, y la mala fe de sus administradores,
quienes, conociendo los hechos, han omitido toda acción tendiente a solucionar la
problemática del pago debido al señor Daza Fernández».
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Radicado: 19001-23-33-000-2012-00378-02
Demandante: José Luis Daza Fernández
1.2. Contestación de la demanda1
El departamento del Cauca, por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las siguientes razones:
i) El señor José Luis Daza Fernández nunca ha mantenido una relación contractual ni
legal y reglamentaria con el departamento.
ii) Existe una prohibición expresa derivada de las circulares 230 de 10 de noviembre de
2008, 009 de 15 de enero de 2009, 039 de 17 de febrero de 2009, y 225 (sin fecha),
según la cual, no pueden prestarse servicios sin que medie un documento contractual; por
lo que, en caso de presentarse dicha situación, los funcionarios que la promovieran se
verían sometidos a investigaciones de tipo disciplinario.
iii) Aunque existe un documento suscrito por el coordinador del CRUE en el Cauca, donde
se informa que el señor Daza Fernández presta sus servicios como médico regulador y se
le adeuda el pago correspondiente a noviembre y diciembre de 2008, en este también se
indica que, según conversaciones previas con el coordinador del Grupo de Asesoramiento
y Prestación de Servicios y con el gerente de la E.S.E. Centro 2, se adquirió el
compromiso verbal de apoyar al Centro Regulador con la contratación del referido médico.
iv) En esas condiciones, es claro que el demandante no tuvo ningún vínculo legal o
contractual con la Secretaría de Salud, pues no fue nombrado de acuerdo con las
disposiciones legales y contractuales que regulan el acceso al empleo público; por lo
tanto, no puede el actor pretender que se le cancelen unos servicios que nunca fueron
autorizados por la Secretaría, en tanto no tenía vinculación alguna con él.
v) Propuso como excepciones i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii)
inexistencia de la obligación, iii) ausencia de nexo causal, y iv) caducidad de las acciones.
1.3. La audiencia inicial2
El 29 de junio de 2016, el magistrado sustanciador del proceso fijó el litigio en los
siguientes términos:
(…) si entre el señor José Luis Daza Fernández y la Secretaría de Salud departamental del
Cauca existe una relación laboral en los meses de noviembre y diciembre 2008, o aquel
fungió como funcionario de hecho. (…) en virtud de ello, analizar si es nulo el acto ficto
producto del silencio negativo surgido de la reclamación administrativa elevada del 4 de
agosto de 2011 y si hay lugar acceder al reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas reclamadas.
1.4. La sentencia apelada3
Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, de
26 de enero de. 2017, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Los
fundamentos jurídicos de la decisión fueron los siguientes:
1
Folios 53 al 66.
2
Folios 237 a 239.
3
Folios 182 al 189.
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Demandante: José Luis Daza Fernández
i) En el plenario no reposa prueba alguna de la que se puede inferir que, entre el hoy
demandante y el departamento del Cauca, se hubiese suscrito algún tipo de contrato
mediante el cual, hipotéticamente, se pretendía ocultar una verdadera relación laboral. En
ese sentido, «el sub judice no puede analizarse a la luz del contrato realidad establecido
por la jurisprudencia contencioso-administrativo».
ii) Comoquiera que en la contestación de la demanda, la misma entidad reconoció que el
señor Daza Fernández prestó sus servicios durante los meses de noviembre y diciembre
de 2008, sin que mediera una relación de tipo reglamentaria o contractual, el caso
concreto debe analizarse bajo la óptica del funcionario de hecho, el cual, para que
proceda su declaratoria, debe cumplir ciertos requisitos, a saber: i) la existencia del cargo;
ii) el ejercicio de funciones de forma irregular; iii) el ejercicio de funciones en las mismas
condiciones que un funcionario de planta; y iv) la anuencia o permiso de las autoridades
encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones.
iii) Puesto que según el Decreto 0418 del 23 de abril de 2008, por el cual se fijan las
escalas de asignación básica de los empleados públicos al servicio de administración
central del departamento del Cauca, no se encuentra el cargo de médico regulador, cabe
concluir la inexistencia del primer elemento.
iv) Respecto del segundo elemento, el ejercicio de las funciones de forma irregular, si
bien existen dentro del plenario pruebas documentales como un oficio (010-055 de 16 de
marzo de 2010) donde refiere que desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 31 diciembre
2008; y testimoniales, como la de la señora Nelsy Milena Tapia Laserna, que refiere que
efectivamente el actor laboraba en el CRUE como médico regulador encargado de llevar a
instituciones de nivel uno a nivel cuatro, no puede considerarse que, efectivamente, el
doctor Daza Fernández haya prestado servicios mediante una especie de contrato verbal
o que comenzó a ejercer unas funciones de manera regular; pues para que pueda
considerarse así, era necesario tener la certeza de la existencia del cargo, lo que no se
demostró en el proceso.
v) En cuanto al tercer elemento, esto es, que el demandante hubiera ejercido funciones en
las mismas condiciones que las de un funcionario de planta, tampoco puede predicarse la
configuración de este elemento, comoquiera que, se reitera, no se demostró la existencia
del cargo en la planta de personal de la entidad demandada.
vi) En definitiva, del conjunto del análisis probatorio no puede concluirse que el señor José
Luis Daza hubiese ostentado la calidad de funcionario de hecho, pues no logró demostrar
«los requisitos que se exigen para que pueda considerarse de esta manera»; en especial,
la existencia del cargo dentro de la planta de personal y el ejercicio de sus funciones de
forma irregular. En consecuencia, deben negarse las pretensiones de la demanda.
1.5. El recurso de apelación4
El señor José Luis Daza Fernández, por conducto de apoderado, interpuso el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla para acceder a las
pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
4
Folios 285 al 288.
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Demandante: José Luis Daza Fernández
i) De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente y aportadas por la entidad
demandada, esta reconoce, expresamente, que el señor Daza Fernández laboró durante
el periodo reclamado de noviembre a diciembre 2008.
ii) El análisis del tribunal es erróneo cuando concluye que el señor Daza Fernández no
encaja en ninguna de las figuras que en la sentencia se plantean (funcionario de hecho o
relación laboral encubierta), pues desconoce que expresamente la entidad reconoció que
el demandante sí trabajó en los meses que se reclaman, y que esa labor no la
desempeñó un solo médico, por tratarse un servicio 24 horas.
iii) No le asiste razón al tribunal cuando manifiesta que tal vez otra entidad es la que debió
pagar como se hizo con otros funcionarios, pues si esto hubiese sido así, al momento de
contestar la demanda debieron llamar en garantía, pero no sucedió.
iv) Si bien en la sentencia se mencionan los requisitos para que se configure un
funcionario de hecho, el tribunal los desconoce, pues no tuvo en cuenta lo probado en el
proceso; es decir, que el señor Daza Fernández prestó sus servicios de manera personal,
en cumplimiento de las funciones «que en el puesto deben cumplirse», y estuvo
subordinado, ya que los turnos son obligatorios y el empleo se encuentra creado, como
bien lo indica la entidad.
v) En definitiva, la actitud de la Administración departamental del Cauca (Secretaría de
Salud) ha estado enmarcada en actos de mala fe, toda vez que las diferentes solicitudes
radicadas por el señor José Luis Daza Fernández, «implorando el pago de su labor», no
fueron respondidas de manera concreta, como bien se observa en los documentos
aportados en la contestación de la demanda.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.6.1. De la parte demandante. El señor José Luis Daza Fernández, mediante
apoderado, presentó alegatos de conclusión para reiterar los mismos argumentos del
recurso de apelación.5
1.6.2. La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio, según informe
visible en el folio 316 del expediente.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para
conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido
del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los
argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación.
5
Folios 311 al 314.
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Demandante: José Luis Daza Fernández
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos vertidos por la parte demandante en la alzada,
corresponde a la Sala resolver si el señor José Luis Daza Fernández ostentó la calidad de
funcionario de hecho de la entidad demandada, por desempeñarse, presuntamente, como
médico regulador del CRUE de la Secretaría de Salud del Cauca, entre noviembre y
diciembre de 2008; y, como consecuencia de ello, si le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales que reclama.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, se regulan tres clases de vinculación al
servicio público, con sus características o elementos que las tipifican y su régimen jurídico
propio. Estas son: i) la vinculación legal y reglamentaria;6 ii) la laboral contractual;7 y, iii) la
contractual o de prestación de servicios.8
La vinculación legal y reglamentaria, propia de los empleados públicos, se acredita con la
concurrencia de los elementos regulados en el artículo 122 de la Constitución Política,
cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados
en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y
defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente
se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las
normas del servidor público. (…).
Esta subsección, en oportunidades anteriores,9 ha definido la calidad de empleado público
como aquella persona que es designada «(...) para ejercer un empleo y (ha) tomado
posesión del mismo (sic)». En igual sentido, ha señalado que los elementos para
determinar que una persona desempeña un empleo público y, por consiguiente, pueda
obtener los derechos que se derivan de tal hecho son, en principio, «la existencia del
empleo en la planta de personal de la entidad, la determinación de las funciones propias
6
La vinculación legal y reglamentaria es la forma predominante de acceso a cargos públicos, la cual está dirigida a la vinculación de los
empleados públicos. Por empleado público debe entenderse aquella persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado
posesión del mismo.
De acuerdo con la jurisprudencia, los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona se desempeña como
empleado público son, en principio: i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii) la determinación de las
funciones propias del cargo; y iii) la existencia de recursos para proveer el cargo. Así lo indicó esta Subsección en sentencia del 5 de
mayo de 2016, en proceso radicado 85001233100020120003202 (2119-14) de Luis Alberto Arias contra el Departamento de Casanare.
7
La relación laboral contractual es la forma de vinculación de los trabajadores oficiales, la cual se realiza a través de contrato de
trabajo de acuerdo con la normatividad prevista en el Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes. Estos, si bien
desempeñan empleos públicos, cuentan con derechos y reglamentación propia.
Así, el Decreto 3135 de 1968 define que, en principio, trabajadores oficiales son aquellos que se dedican a la construcción y
sostenimiento de obras públicas y, aquellos que prestan sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado, en este
último caso con la excepción de quienes realicen actividades de dirección y confianza que ostentan la calidad de empleados públicos.
8
La vinculación a través de contratos de prestación de servicios, la cual se regula por el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993.
Las personas vinculadas a través de este sistema se denominan contratistas, quienes tienen por finalidad desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, siempre que estas no puedan ser ejercidas por el personal de planta
o por que requieran de conocimientos especializados para ello.
9
Véase la sentencia del 13 de febrero de 2014, expediente: 1943-12, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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del cargo y la existencia de la provisión de los recursos en el presupuesto para el pago de
la labor».10
De acuerdo a lo expuesto, se tiene que i) no hay empleo público sin funciones; ii) todo
empleo público debe estar contemplado en la respectiva planta de personal; iii) sus
emolumentos deben estar previstos en el presupuesto correspondiente; y iv) la titularidad
para ejercer el empleo se adquirirá solo a partir de la posesión del cargo.
Por su parte, la Ley 909 de 2004 «por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones» en
materia de empleo público, dispone lo siguiente:
Artículo 19. El Empleo Público
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta
ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito
de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.
2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar
con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los
requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso
al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias
funcionales del contenido del empleo;
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales (…)
En consecuencia, fuera del marco constitucional y legal relacionado, no es posible
efectuar un nombramiento o realizar un movimiento de personal, ya que las diferentes
modalidades de la relación laboral de derecho público se encuentran determinadas o
reglamentadas en una norma de derecho positivo, por tratarse, de manera precisa, de
actuaciones esencialmente regladas.
2.3.1. Del funcionario de hecho
Al margen de lo señalado en líneas anteriores, existe otra forma de vinculación
excepcional a la Administración configurada a través de una investidura irregular, es decir,
cuando una persona, sin cumplir con los requisitos previstos por la ley, desempeña
funciones públicas como si se tratara de un auténtico servidor público: el funcionario de
hecho.
Frente a tal situación, esta corporación ha considerado como elementos configurativos de
una relación laboral con un funcionario de hecho, los siguientes: i) que exista de iure el
cargo;11 ii) que la función sea ejercida irregularmente; y, iii) que se realice en la misma
forma y apariencia como lo haría una persona designada regularmente.12 No obstante,
también puede surgir esta figura cuando una persona ejerce funciones públicas con la
10
Ibídem.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 21 de enero de 2021; radicado: 2015-00581-01(2473-18); C.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia del 9 de junio de 2011; radicado: 2005-00571-01 (1457-08). C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez.
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anuencia de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones,
pues la Administración estaría permitiendo el ejercicio irregular de un cargo por
circunstancias de facto no previstas en la ley. Por todo ello, el trabajo desarrollado en
esas condiciones debe ser objeto de protección, a través del principio de la primacía de la
realidad sobre las formas.13
Ahora, en lo relacionado con el ejercicio de las funciones de forma irregular, para esta
subsección debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple no se vinculó
al servicio público con el lleno de los requisitos que exige un vínculo legal y reglamentario;
esto es, cuando no existe ni nombramiento, ni elección (según el tipo de cargo), ni
tampoco posesión. Pero también opera cuando tales requisitos, pese a que existieron, ya
no están vigentes.14 15
En ese orden de ideas, quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral de hecho
debe probar que su actividad en la entidad fue personal y permanente, que por su labor
recibió una remuneración o pago y, además, que en la relación con el empleador existió
subordinación o dependencia. Esta última entendida como aquella facultad para exigir al
servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, a lo largo de la duración del vínculo.16
Por último, conviene reiterar que para que una persona natural desempeñe un cargo en
calidad de empleado público (mediante una relación legal y reglamentaria) es preciso que
su ingreso al servicio se realice en la forma establecida en la ley; esto es, se requiere de
la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión,
para poder entrar a ejercer las funciones propias del empleo estatal. En consecuencia,
dadas las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación en la Constitución
y en la ley, no es posible adquirir la calidad de empleado público por el simple hecho de
haber laborado para el Estado.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:
2.4.1. Sobre la relación que alega el demandante
i) El 23 de diciembre de 2008,17 el «coordinador CRUE – Cauca», Benjamín Moreno
Rodríguez, informó al secretario de Salud del Cauca, Iván Gerardo Guerrero Guevara, lo
siguiente en relación con el señor José Luis Daza Fernández:
Respetuosamente, le informo que al doctor José Luis Daza, quien presta sus
servicios como médico regulador del CRUE, se le adeuda el pago correspondiente a
los meses de noviembre y diciembre del año en curso.
También es mi deber informarle que, en conversaciones previas entre el coordinador del
Grupo de Aseguramiento y Prestación de Servicios, doctor Oscar Martínez Medina, y el
13
Ibídem.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Sentencia del 5 de mayo de
2016. Radicación 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-14).
15
Véase la sentencia del 23 de julio de 2020, expediente: 5779-18, consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández
16
Véase la sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 1150-14, consejero Ponente: Cesar Palomino Cortes
17
Folio 94.
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9
Radicado: 19001-23-33-000-2012-00378-02
Demandante: José Luis Daza Fernández
doctor Edgar Eduardo Villa, gerente de la ESE Centro 2, se adquirió el compromiso verbal
de apoyar al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres con el médico en
mención, sin que a la fecha se haya cumplido con este. [Negrillas fuera del texto]
ii) El 12 de abril de 2010, la profesional especializada del Área de Prestación de Servicios
de la Secretaría de Salud del Cauca, en respuesta a los oficios dirigidos por la profesional
especializada con funciones jurídicas de apoyo de esa misma entidad, precisó lo
siguiente:
[…]
3. En el caso del doctor Daza como se lo expresé a la secretaria de salud la información
que siempre manejamos es que la ese centro dos era quien cancelaba los honorarios del
doctor Daza mediante una cooperativa de trabajo asociado, y en el año 2008, cuando el
doctor Daza indicó que le habían terminado el contrato de apoyo al CRUE, el doctor Elmer
Muñoz, profesional universitario del CRAS, que estaba encargado del área del CRUE,
realizó la consulta del caso al doctor Martínez, quien indicó que el doctor Villa se había
comprometido a cancelar al médico y por ello el médico continuó con los labores de
regulación.
4. Finalmente, me permito concluir que en ningún momento autoricé la continuidad de
labores del doctor Daza, como coordinadora de Prestación de Servicios, pero considero
que se debe conciliar el periodo si hay pruebas de que efectivamente se realizaron las
actividades en el CRUE, pues ese trabajo siempre ha sido una prioridad para la Secretaría,
para garantizar la atención de las urgencias y emergencias del departamento.
iii) El 14 de diciembre de 2010,18 la profesional especializada de la Secretaría de Salud
del Cauca dio respuesta a la solicitud presentada el 6 del mismo mes y año por el señor
José Luis Daza Fernández, en la cual le informó lo siguiente:
Una vez radicada sus peticiones, esta oficina verificó si existían contratos suscritos que
permitieran establecer un saldo por prestación de servicios pendientes a su favor, lo que
arrojó resultados negativos, no pudiéndose efectuar trámite alguno para pago.
En atención a ello, su petición fue presentado al Comité de Conciliaciones del
departamento, quien (sic), de acuerdo a la documentación obrante, determinó que: “No
existen elementos probatorios que permita determinar al departamento del Cauca -
Secretaría de Salud, que efectivamente el médico José Luis Fernández prestó sus
servicios, más bien obra oficio del señor secretario de Salud, doctor Iván Gerardo
Guerrero, indicando lo contrario y que para la época de los hechos existía otro profesional,
doctora Loriana Naundorf, contratada para tal fin. Por lo anterior, no se propone fórmula de
arreglo conciliatorio”.
iv) El 23 de octubre de 2012,19 mediante el oficio ATJ-621, la profesional especializada de
la Secretaría de Salud del Cauca dio respuesta al oficio 1200 AJ-1933 de 18 de octubre
de 2012 del asesor jurídico de esa misma entidad, en los siguientes términos:
(…) el Doctor Benjamín Moreno envío oficio CRUE 012-195 de fecha 24 de octubre de
2012 en el cual anexa copia del oficio de fecha 23 de diciembre de 2008 dirigido al
secretario de Salud Iván Gerardo Guerrero Guevara, en el que informa que el señor José
Luis Daza se le adeuda el pago correspondiente a noviembre y diciembre de 2008,
haciéndole conocedor que se adquirió un compromiso verbal de apoyar al Centro
Regulador de Urgencias y Emergencias y Desastres, según conversaciones previas
realizadas con el coordinador del Grupo de Aseguramiento y Prestación de Servicios
doctor Oscar Martínez Medina y el doctor Edgar Eduardo Villa, gerente de la ESE Norte 2,
con el pago del médico el mención, sin que a la fecha se haya cumplido con este.
18
Folio 80.
19
Folios 73 y 74.
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Radicado: 19001-23-33-000-2012-00378-02
Demandante: José Luis Daza Fernández
[…]
Se requirió nuevamente al doctor Benjamín Moreno profesional universitario Centro
Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) con el fin de que allegue la información
respecto de la prestación del servicio realizado por el doctor José Luis Daza, quien
mediante oficio CRUE 012-195 de fecha 24 de octubre de 2012, manifiesta que respecto
de ese tema ya se había pronunciado en tres oportunidades y reitera su respuesta
enviando nuevamente copia del oficio CRUE 010-055 de fecha 16 de marzo de 2010, copia
oficio CRUE 120-055 de 16 de febrero de 2012 y copia del oficio dirigido al secretario de
salud, Iván Gerardo Guerrero Guevara.
v) El 12 de abril de 2013,20 la gerente de la E.S.E. Centro 2, en oficio 129 dirigido al
Tribunal Administrativo del Cauca, informó lo siguiente:
[…]
En cuanto a que, se indique, si entre la Empresa Social del Estado Centro 2-ESE y/o la
Secretaría de Salud departamental del Cauca hubo algún acuerdo con el señor José Luis
Daza Fernández, a fin de que prestara sus servicios en sede de la primera en cita, durante
el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre [de 2008], una vez
revisado los archivos de la ESE Centro 2, no se encontró documento alguno que así lo
pudiese corroborar.
vi) El 11 de agosto de 2016, el profesional universitario del Área de Gestión del Talento
Humano de la Gobernación del departamento del Cauca hizo constar que «de acuerdo
con el Decreto 0418 del 23 de abril de 2008, el salario establecido durante la vigencia
2008 para el cargo denominado profesional universitario, código 219, grado 04, fue de
$2.669.758, cargo que desempeña el médico asignado al CRUE».
vii) El 29 de julio de 2016, en la celebración de la audiencia de pruebas, se recibieron los
testimonios Andrés Fabián Mosquera Zambrano y Nelsy Milena Tapia Laserna, quienes,
en lo relevante para el caso, declararon lo siguiente:21
a) Andrés Fabián Mosquera Zambrano: administrador de empresas, profesional en
salud ocupacional. De abril de 2008 a abril de 2009, prestó sus servicios como radio
operador en la gobernación del Cauca, Secretaría de Salud departamental; su jefe directo
era Benjamín Moreno. Tuvo conocimiento de que doctor Daza Fernández ejerció como
médico regulador en el CRUE. Sobre las labores que realizaba el señor Daza, precisó que
este era médico regulador, realizaba turnos según un cuadro establecido por la entidad,
de domingo a domingo, los cuales eran programados «directamente por el coordinador
del CRUE». Respecto de la vinculación del demandante con la Secretaría de Salud,
sostuvo que «ellos manejaban contratos de prestación de servicios». En cuanto a la
prestación personal del servicio, indicó que «él prestaba sus servicios en el CRUE» de lo
cual tiene conocimiento porque coincidían en sus horarios. Además, precisó que el
«doctor se encargaba de hacer la referencia y la contrareferencia de los pacientes», esto
es, que coordinaba con entidades públicas y privadas la posibilidad de su atención, en
función del seguro de salud que tuvieran. Finalmente, sobre sí tenía conocimiento directo
de que el actor había laborado para la entidad en los meses noviembre y diciembre de
2008, afirmó que le constaba, porque en esos meses coincidió con el doctor Daza, y que
puede decir que sí prestó sus servicios para esas fechas.
20
Folios 125 y 126.
21
CDS folio 227-A.
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Radicado: 19001-23-33-000-2012-00378-02
Demandante: José Luis Daza Fernández
b) Nelsy Milena Tapia Laserna: médico especialista en anestesiología, trabaja en la
Clínica la Estancia. Sostuvo que conoce al señor Daza Fernández, quien prestó sus
servicios profesionales como médico regulador en el CRUE, pues trabajó con él para los
años 2008 y 2009. Afirma que ella entró a trabajar en marzo de 2008 y hasta noviembre
de 2009, como médico regulador, cuya función era la «de guiar a las instituciones de nivel
I a otro superior». Por su parte, indicó que el señor Daza trabajaba como médico
«regulador también, en turnos de 6 o 12 horas incluso en la noche». Precisó que, para
esa época, participaban en el CRUE cinco médicos, y que el doctor Benjamín Moreno
(funcionario de la Secretaría de Salud del Cauca para la época) era el jefe directo de
todos ellos, pues era quien les indicaba los procedimientos administrativos que debían
seguir. Sobre la prestación personal del servicio, señaló tanto el señor Daza como ella y
los demás médicos debían prestar el servicio personalmente, pero que, dependiendo de
las circunstancias, podían intercambiar turnos, peor solo entre los médicos del CRUE.
2.4.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 4 de agosto de 2011, el señor José Luis Daza Fernández, mediante derecho de
petición, solicitó a la secretaria de Salud departamental del Cauca el reconocimiento de
«un contrato laboral a partir del 1 de noviembre de 2008» y el pago del «valor
correspondiente por salarios, prestaciones sociales, indemnización por despido justo,
sanción por el no pago al momento del retiro de la entidad y las demás que resulten de
acuerdo a las normas laborales vigentes».22
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cauca de 26 de enero de 2017, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra
el acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo en que incurrió la
entidad demandada, por no dar respuesta oportuna a la petición presentada 4 de agosto
de 2011 por el actor, relacionada con el reconocimiento de una relación laboral y el pago
de las respectivas prestaciones sociales.
En el sub lite, los motivos de inconformidad de la parte apelante se contraen a señalar
que, contrario a lo afirmado en la sentencia de primer grado, en el expediente sí están
acreditados los elementos que, jurisprudencialmente, dan origen a la figura del funcionario
de hecho. En ese sentido, la Sala los analizará, uno por uno, y comprobará su rigor como
eje central de la presente controversia jurídica.
i) Existencia del cargo
Contrario a lo establecido por el Tribunal Administrativo del Cauca en su sentencia, dentro
del expediente sí está demostrado que en la planta de personal de la entidad demandada
(departamento del Cauca), para los meses de noviembre y diciembre de 2008, existió el
cargo de médico regulador del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del
Cauca.
22
Folios 6 y 7.
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Demandante: José Luis Daza Fernández
De ello dan cuenta el profesional universitario del Área de Gestión del Talento Humano de
la Gobernación del departamento del Cauca (hecho probado sexto), el cual certificó el
salario asignado para el «profesional especializado, código 219, grado 04» o «médico del
CRUE» para el año 2008; y las declaraciones de los testigos, quienes coincidieron en
afirmar que las labores desarrolladas por el demandante eran las propias de los médicos
encargados del CRUE.
A propósito de los testigos, de especial relevancia es la declaración de la doctora Nelsy
Milena Tapia Laserna, médica especialista en anestesiología, quien fue categórica en
afirmar que conoció personalmente al demandante por haber laborado con él, en el
CRUE, entre los años 2008 y 2009; pues en ese centro, además de ellos dos, laboraban
alrededor de cinco médicos en turnos diarios de 6 o 12 horas, debido a que los servicios
del mencionado centro eran permanentes por la atención de las urgencias y emergencias
del departamento.
En estos términos, se encuentra demostrado que dentro de la planta de personal de la
Gobernación del Cauca (Secretaría de Salud) existió un cargo denominado «profesional
especializado, código 219, grado 04» o «médico del CRUE», cuyas funciones desempeñó
el demandante para el año 2008.
ii) Ejercicio irregular de las funciones
El demandante afirmó haber ejercido las funciones de médico regulador del CRUE con
anuencia de la entidad demandada, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y
el 31 de diciembre de 2008, sin que, por ellas, a pesar de haberlo solicitado, hubiese
recibido contraprestación alguna.
Para probar su argumento, se traen al expediente varios documentos relacionados en los
hechos probados i), ii) y iv), de entre los cuales, resulta revelador el concerniente al oficio
del 23 de diciembre de 2008,23 donde el «coordinador CRUE – Cauca», Benjamín Moreno
Rodríguez, informó al secretario de Salud del Cauca, Iván Gerardo Guerrero Guevara, lo
siguiente en relación con el señor José Luis Daza Fernández:
Respetuosamente, le informo que al doctor José Luis Daza, quien presta sus
servicios como médico regulador del CRUE, se le adeuda el pago correspondiente a
los meses de noviembre y diciembre del año en curso.
El documento en mención contiene la firma del señor Benjamín Moreno Rodríguez y los
logos de la Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud departamental. Además, su
contenido fue corroborado por la profesional especializada de la Secretaría de Salud del
Cauca, quien a través de oficio de fecha 23 de octubre de 2012, 24 dio respuesta al asesor
jurídico de esa misma entidad, resumiendo las actuaciones administrativas del caso y
precisándole que «(…) el Doctor Benjamín Moreno envío oficio CRUE 012-195 de fecha
24 de octubre de 2012 en el cual anexa copia del oficio de fecha 23 de diciembre de 2008
dirigido al secretario de Salud Iván Gerardo Guerrero Guevara, en el que informa que el
señor José Luis Daza se le adeuda el pago correspondiente a noviembre y diciembre de
2008 (…)».
23
Folio 94.
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Demandante: José Luis Daza Fernández
Sumado a lo anterior, las declaraciones de los testigos son coherentes y precisas en
ilustrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el señor José Luis Daza prestó
sus servicios como médico regulador del CRUE, por lo que ofrecen un alto grado de
convicción para establecer que, efectivamente, el actor llevó a cabo funciones en la
entidad demandada para los meses de noviembre y diciembre de 2008.
De igual manera, en atención a lo manifestado por los deponentes, se pueden colegir las
condiciones de continuidad, permanencia y subordinación propias de la relación laboral
entre el señor Daza y el departamento del Cauca (Secretaría de Salud departamental); o
lo que es lo mismo: que el actor ocupó el cargo de médico regulador del CRUE sin que
mediara contrato ni nombramiento ni posesión.
En consecuencia, el material probatorio analizado permite establecer el ejercicio irregular
de las funciones por parte del señor José Luis Daza Rodríguez, en la Secretaría de Salud
del Cauca, para los meses de noviembre y diciembre de 2008.
iii) Ejercicio de funciones en iguales condiciones que un empleado público
Como se indicó en acápites anteriores, al encontrarse probado que el demandante ejerció
las funciones públicas de «médico del CRUE» al servicio de la Secretaría de Salud
departamental del Cauca; en concreto, las propias de un «profesional especializado,
código 219, grado 04», y que los testigos son coincidentes en afirmar que las actividades
realizadas por el actor eran las mismas que las de los demás médicos asignados a ese
centro regulador, puede concluirse, razonablemente, que el señor Daza Fernández llevó a
cabo funciones en iguales condiciones que un empleado público.
iv) Ejercicio de funciones públicas con la anuencia y/o permiso de las autoridades
encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones
Sobre el particular, la Sala considera que los documentos relacionados en los hechos
probados i), ii) y iv), en especial, el oficio del 23 de diciembre de 2008,25 donde el
«coordinador CRUE – Cauca», Benjamín Moreno Rodríguez, informó al secretario de
Salud del Cauca, Iván Gerardo Guerrero Guevara, que «al doctor José Luis Daza, quien
presta sus servicios como médico regulador del CRUE, se le adeuda el pago
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año en curso», son prueba
suficiente para determinar que el demandante ejerció funciones públicas con anuencia y/o
permisividad de las autoridades encargadas de controlar este tipo de hechos.
Lo anterior, puesto que los señores Benjamín Moreno Rodríguez, coordinador del CRUE
Cauca, y el señor Iván Gerardo Guerrero Guevara, secretario de Salud de departamento,
ostentaban cargos de alto nivel dentro de la planta de personal de la entidad demandada
y, como prueba el cruce de información entre ellos, eran los encargados de velar por la
contratación y el pago de los médicos asignados al Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias del ente territorial.
Sumado a ello, resulta revelador el oficio ATJ-621, de 23 de octubre de 2012, mediante el
cual la profesional especializada de la Secretaría de Salud del Cauca dio respuesta al
oficio 1200 AJ-1933, de 18 de octubre de 2012, del asesor jurídico de esa misma entidad;
25
Folio 94.
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Demandante: José Luis Daza Fernández
pues prueba que al interior de la secretaría existía una práctica, o por lo menos fue así
para el caso del señor José Luis Daza, de contraer compromisos verbales con los
médicos para apoyar el CRUE:
(…) el Doctor Benjamín Moreno envío oficio CRUE 012-195 de fecha 24 de octubre de
2012 en el cual anexa copia del oficio de fecha 23 de diciembre de 2008 dirigido al
secretario de Salud Iván Gerardo Guerrero Guevara, en el que informa que el señor José
Luis Daza se le adeuda el pago correspondiente a noviembre y diciembre de 2008,
haciéndole conocedor que se adquirió un compromiso verbal de apoyar al Centro
Regulador de Urgencias y Emergencias y Desastres, según conversaciones previas
realizadas con el coordinador del Grupo de Aseguramiento y Prestación de Servicios
doctor Oscar Martínez Medina y el doctor Edgar Eduardo Villa, gerente de la ESE
Norte 2, con el pago del médico el mención, sin que a la fecha se haya cumplido con
este.
Las anteriores circunstancias permiten concluir que, pese a que la Administración omitió
suscribir contratos o nombramientos que den cuenta de la relación laboral existente con el
demandante, los servicios que este prestó deben ser debidamente remunerados como si
hubiese tenido un vínculo legal y reglamentario, bajo el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades. 26
Siendo así las cosas, la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, de 26 de enero
de 2017, que negó las pretensiones de la demanda, habrá de ser revocada y, en su lugar,
se accederá a ellas.
En ese sentido, le corresponderá a la entidad accionada, al momento de cumplir la
condena impuesta en este fallo, determinar la categoría y grado en que el demandante
prestó sus servicios en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Cauca,
desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2008, y pagar al accionante, a título
de restablecimiento del derecho, el valor correspondiente a los salarios y prestaciones
sociales legalmente establecidos para un médico especializado en sus mismas
condiciones, de lo cual se descontarán los valores correspondientes a los porcentajes de
cotización a salud y pensiones, que debió efectuar como empleador a las empresas o
fondos correspondientes.
En este orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
más disquisiciones sobre el particular, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia, que negó las súplicas de la demanda. En su lugar:
i) Declarará la existencia y nulidad del acto ficto o presunto negativo, mediante el cual el
departamento del Cauca (Secretaría de Salud) le negó al accionante el pago de las
respectivas acreencias laborales causadas entre noviembre y diciembre de 2008, de
acuerdo con la motivación.
ii) Declarará la existencia de la relación laboral entre el señor José Luis Daza Fernández
y el departamento del Cauca, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de
2008.
26
Al respecto ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, sección segunda, expedientes: 44001-23-33-000-2016-00078-
01(1869-19) de 23 de julio de 2020, subsección A, consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández; 73001-23-31-000-2011-00215-
01(2300-12) de 13 de febrero de 2014, subsección B, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve; 05001-23-31-000-2003-01050-
01(1943-12) de 13 de febrero de 2014, subsección B, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero; 05001-23-31-000-2003-01050-
01(1943-12) de 2 de mayo de 2013, subsección A, consejero ponente Alfonso Vargas Rincón.
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Radicado: 19001-23-33-000-2012-00378-02
Demandante: José Luis Daza Fernández
iii) A título de restablecimiento del derecho, ordenará al departamento del Cauca pagar
al señor José Luis Daza Fernández los salarios y prestaciones sociales devengados por
los médicos especializados de la planta de personal de ese ente territorial, en
proporción al período trabajado en el lapso del 1 de noviembre al 31 de diciembre de
2008.
iv) Asimismo, condenará al departamento del Cauca a tomar durante el tiempo
comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2008, el ingreso base de
cotización (IBC) del demandante (el salario legalmente sufragado a quienes
desempeñaban el cargo de médico especialista departamental en el mismo nivel) y
trasladar a las respectivas empresas o fondos los porcentajes de cotización
correspondientes a salud y pensiones que debió efectuar como empleador.
Las sumas adeudadas se actualizarán de acuerdo con la fórmula según la cual el valor
presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a
la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación). La
fórmula que debe aplicar es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 192 del CPACA, cuya observancia
por parte de la Administración debe darse sin necesidad de mandato judicial.
v) Por último, negará las demás pretensiones de la demanda.
2.6. De la condena en costas
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016,27 respecto de la condena en costas
en vigencia del CPACA, concluyó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que
«salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil», hoy Código General del Proceso, y expuso las siguientes
conclusiones:
• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio
subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con
abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la
posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador
o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Radicado: 19001-23-33-000-2012-00378-02
Demandante: José Luis Daza Fernández
Conforme a esa orientación jurisprudencial y de acuerdo con la posición fijada por esta
Subsección,28 la Sala considera que en este caso no debe imponerse la condena en
costas de segunda instancia, toda vez que la parte demandada no intervino.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada existió una
relación laboral bajo la figura del funcionario de hecho, razón por la cual hay lugar a
revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, acceder parcialmente a ellas. Sin condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, de 29 de enero de
2017, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor José Luis Daza
Fernández contra el departamento del Cauca, conforme a la parte motiva. En su lugar, se
dispone:
i) Declarar la existencia y nulidad del acto ficto o presunto negativo, mediante el cual el
departamento del Cauca (Secretaría de Salud) le negó al accionante el pago de las
respectivas acreencias laborales causadas entre noviembre y diciembre de 2008, de
acuerdo con la motivación.
ii) Declarar la existencia de la relación laboral entre el señor José Luis Daza Fernández
y el departamento del Cauca, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de
2008.
iii) Ordenar al departamento del Cauca, a título de restablecimiento del derecho, pagar
al señor José Luis Daza Fernández los salarios y prestaciones sociales devengados por
los médicos especializados de la planta de personal de ese ente territorial, en
proporción al período trabajado en el lapso del 1 de noviembre al 31 de diciembre de
2008.
iv) Condenar al departamento del Cauca a tomar durante el tiempo comprendido entre el
1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2008, el ingreso base de cotización (IBC) del
demandante (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el cargo de
médico especialista departamental en el mismo nivel) y trasladar a las respectivas
empresas o fondos los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensiones
que debió efectuar como empleador.
28
Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
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Demandante: José Luis Daza Fernández
Las sumas adeudadas se actualizarán de acuerdo con la fórmula según la cual el valor
presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a
la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación). La
fórmula que debe aplicar es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 192 del CPACA, cuya observancia
por parte de la Administración debe darse sin necesidad de mandato judicial.
Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones necesarias en el aplicativo Samai.
Notifíquese y cúmplase,
Esta providencia fue estudiada y aprobada en Sala de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente con permiso
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CBT
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