Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2013-00167-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2013-00167-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-33-000-2013-00167-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE – la
demanda se radicó en vigencia del CPACA / COMPETENCIA FUNCIONAL – factor
cuantía en procesos con vocación de doble instancia / CADUCIDAD – condena proferida
en un proceso de CCA – término de caducidad – fecha en la que se realiza el pago o, a
más tardar, desde el vencimiento del plazo para proceder de conformidad, en el sub lite
empezó a correr en vigencia del CCA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA
INSTANCIA – se ciñe a los cargos formulados contra el fallo del a quo por el apelante /
RESPONSABILIDAD DEL DEMANDADO – análisis a la luz de lo previsto en el Código
Civil – CULPA GRAVE DEL AGENTE – se probó que el daño causado fue consecuencia
de su actuación imprudente y descuidada / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA – se reduce
debido a la tesis reiterada de la Sala / COSTAS PROCESALES – cuando se modifica la
decisión de primera instancia, procede su fijación en segunda instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 24 febrero del 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda .
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 2 de marzo de 1997, en la vía que del municipio de Santander de Quilichao
conduce a Popayán, Cauca, se presentó un accidente de tránsito en el que se
vieron involucrados una camioneta de la Policía Nacional y un tracto camión.
Como consecuencia del choque, fallecieron los patrulleros Gerardo Antonio
Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo López, quienes iban como pasajeros
en el vehículo oficial. Posteriormente, los familiares de las víctimas promovieron
Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
un proceso de reparación directa en el que se condenó a la aquí demandante a
pagar la suma $1.259’096.661; por consiguiente, demandó en repetición al señor
Guillermo León Sarria Gallego, quien conducía el día de los hechos, con base en
que su conducta fue gravemente culposa, lo que dio lugar al pago efectuado.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 20 de marzo de 2013 (fl. 153 del c.1), la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, por conducto de apoderado judicial (fl. 1 de c.1), formuló demanda de
repetición contra el señor Guillermo León Sarria Gallego, con el fin de que se le
condenara a reintegrar la suma de $1.259’096.661, la cual tuvo que pagar en
cumplimiento de la sentencia del 28 de abril de 2010, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro de un proceso de reparación directa.
En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes
declaraciones y condenas (fls. 144 – 145 del c.1):
Primero. Que el agente de la Policía Nacional Guillermo León Sarria Gallego
es responsable por su conducta irresponsable, imprudente y negligente, es
decir, actuó con culpa grave, por cuanto quedó acreditado que (…) inició su
marcha a la ciudad a Popayán, conduciendo un vehículo oficial, sin importarle
su estado anímico, pues según el examen médico legal de embriaguez,
presentaba aliento alcohólico y primer grado de embriaguez. De igual manera
se pudo concluir que el accidente de tránsito donde fallecieron los agentes
Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo López, obedeció
a la impericia del conductor Sarria Gallego, desacierto que aunado a la
conducta irresponsable que asumió al conducir en estado de embriaguez,
llevó a que al accidente donde perdieron la vida sus compañeros de trabajo.
Segundo. Que se condene al ex agente Guillermo León Sarria Gallego (…), al
pago de la suma que la Policía Nacional resultó condenada sobre las
pretensiones económicas en las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas por el Tribunal Administrativo del Cauca y el Consejo de Estado,
sentencias, es decir, la suma de $1.259.096.661 (…).
Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que, el 1° de marzo de 1997,
el señor Guillermo León Sarria Gallego, patrullero adscrito al Departamento de
Policía del Cauca, junto con sus compañeros Gerardo Antonio Caicedo Ramírez,
Carlos Alberto Agudelo López, Nundier Sánchez Grajales y Jesús María Salazar
Donado, en cumplimiento de una orden de sus superiores, se desplazaron en una
camioneta desde Popayán a Santander de Quilichao, Cauca.
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Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
Al día siguiente, siendo las 5:30 a.m., el señor Guillermo León Sarria Gallego
mientras conducía de regreso a la ciudad de origen, colisionó violentamente con
un tracto camión que se encontraba estacionado en la vía, oportunidad en la que
fallecieron sus compañeros Caicedo Ramírez y Agudelo López.
El informe técnico del accidente de tránsito consignó como posible causa del
choque “impericia en el manejo” y el examen médico que se le practicó al aquí
demandado determinó “primer grado de embriaguez”, pruebas que sirvieron de
fundamento para iniciar las investigaciones disciplinaria y penal, en las que fue
absuelto en la primera de estas, pero condenado a 36 meses de prisión como autor
de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas por la Justicia
Penal Militar.
Los familiares de las víctimas directas del daño promovieron una demanda de
reparación directa contra la Policía Nacional, la cual se tramitó con el radicado
1998-01130-01 y cuyo conocimiento, en primera instancia, le correspondió al
Tribunal Administrativo del Cauca, autoridad judicial que, mediante sentencia del
7 de septiembre de 2000, declaró responsable a la referida entidad por la muerte
de las personas mencionadas, decisión que fue confirmada por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en providencia del 28 de abril de 2010.
A través de Resolución 0264 del 22 de marzo de 2011, la Dirección Administrativa
y Financiera de la Policía Nacional reconoció a favor de los actores de ese proceso
la suma de $1.259’096.661, por concepto de indemnización de perjuicios.
A juicio de la entidad estatal, el demandado actuó con culpa grave, puesto que de
manera imprudente infringió “las reglas más elementales para el manejo de
vehículos, deber objetivo de cuidado que le era exigible” y, con ello, dio lugar a la
condena impuesta en su contra.
2. Trámite en primera instancia
2.1. En auto del 29 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió
la demanda y dispuso su notificación al demandado y al Ministerio Público (fl. 175
del c.1). Dado que no fue posible notificar al demandado, en auto del 7 de
diciembre de 2016, previo emplazamiento, se designó un curador ad litem para
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Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
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que asumiera su representación judicial (fl. 212 del c.2), quien se posesionó el 12
de julio de 2018 (fl. 265 del c.2).
2.2. El curador ad litem del señor Guillermo León Sarria Gallego consideró que no
se reunía uno de los supuestos necesarios para acceder a las pretensiones de la
demanda, a saber, la conducta gravemente culposa del ex agente estatal.
Al respecto, manifestó que no se probó la incidencia que tuvo su actuación en la
muerte de los señores Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo
López el 2 de marzo de 1997; por el contrario, las pruebas del juicio de reparación
directa no eran conclusivas y, en todo caso, el informe del accidente de tránsito
“no soporta la infracción a normas de conducción”, situación que impedía endilgar
una condena patrimonial en su contra.
Adujo que en el proceso de reparación directa en el que resultó condenada la
Policía Nacional no se realizó una valoración de su conducta y, además, no fue
vinculado y, por tanto, no pudo ejercer su derecho de defensa.
Como excepciones propuso (i) “no aplicación de la presunción de dolo o culpa de
la Ley 678 de 2001”, toda vez que los hechos ocurrieron con anterioridad a su
entrada en vigencia, y (ii) “falta de certeza dolo o culpa grave”, teniendo en cuenta
que la sentencia que le puso fin a la controversia de reparación directa, por sí sola,
no edificaba el actuar reprochado (fls. 268 – 271 del c.2).
2.3. El 19 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial (fl. 275 del c.2),
oportunidad en la cual el a quo manifestó que no se formularon excepciones
previas y tampoco se configuró alguna que debiera ser declarada en esa etapa
procesal. A continuación, fijó el litigio en los siguientes términos (fls. 280 – 281 del
c.2):
La Litis consiste en determinar si le asiste o no responsabilidad patrimonial al
señor Guillermo León Sarria Gallego por la condena impuesta a la Policía
Nacional en el proceso de reparación directa adelantado por la muerte de los
agentes de la Policía Nacional Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y Carlos
Alberto Agudelo López, en hechos sucedidos el 2 de marzo de 1997.
La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron
expresamente su aceptación. Luego, el magistrado conductor tuvo como pruebas
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Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
las allegadas por las partes y, a su turno, decretó las pruebas pedidas por la
entidad demandante y por el representante del demandado.
2.4. El 25 de septiembre de 2019 se celebró la audiencia de pruebas, en la cual se
corrió traslado a las partes de algunas de las pruebas documentales decretadas y
aportadas.
Agotado el objeto de la audiencia, el tribunal prescindió de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento para, en su lugar, ordenar la presentación de alegatos
de conclusión por escrito y el concepto del representante del Ministerio Público (fl.
370 del c.2).
2.5. La Policía Nacional arguyó que la conducta “imprudente e irresponsable” del
demandado ocasionó el accidente de tránsito con un camión, provocando la
muerte de dos de sus agentes. Asimismo, que debía tenerse presente que la
conducción de vehículos es una actividad peligrosa que exige un mayor cuidado,
situación que pasó por alto el señor Sarria Gallego, en tanto se demostró que
estaba embriagado cuando maniobró el vehículo oficial (fls. 379 – 383 del c.2).
2.6. El Ministerio Público solicitó acceder a las súplicas elevadas en el sub lite,
porque, a su parecer, el daño por el que se condenó a la entidad actora devino de
una conducta grave del ex agente del Estado, dado que se podía concluir con
facilidad que aquel decidió conducir un vehículo en condiciones físicas y
psicológicas no aptas, pues el cansancio y el estado de embriaguez le impidieron
maniobrar obstáculos en la vía, como el tracto camión con el que impactó la
camioneta y provocó la muerte de sus compañeros (fls. 384 – 391 del c.2).
2.7. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.
3. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 24 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca
accedió a las pretensiones de la demanda.
Precisó que se encontraban acreditados los requisitos objetivos del medio de
control de repetición, habida cuenta de que (i) la Policía Nacional, en virtud de una
sentencia judicial, indemnizó los perjuicios causados como consecuencia de la
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muerte de los señores Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo
López; (ii) la entidad pagó a los familiares de las personas mencionadas la suma
de $1.259’096.661, pero indicó que, como ese rubro incluía los intereses de mora,
los cuales no le eran imputables al demandado, sino que el único monto que
estaba obligado a reembolsar era el capital, esto es, $1.068’238.482, rubro que
actualizado arrojaba $1.987’553.636; y (iii) el demandado, para la época de los
hechos, se desempeñaba como patrullero adscrito a la Policía Nacional.
En relación con el elemento subjetivo, aclaró que las presunciones de la Ley 678
de 2001 no resultaban aplicables al caso examinado, ya que el hecho que generó
el pago de la condena por la que se repite acaeció en 1997, de ahí que la conducta
imputada se analizaría a la luz de las disposiciones del Código Civil.
Ahora bien, después relacionar los elementos de juicio aportados al expediente,
concluyó que el demandado actuó con culpa grave, comoquiera que se demostró
que manejó en estado de embriaguez el automotor en el que viajaba con sus
compañeros y que colisionó con un tracto camión en la vía que de Santander de
Quilichao conduce a Popayán, desconociendo que esa actividad peligrosa le
exigía un máximo cuidado y el concurso de todos sus sentidos, a lo cual debía
agregarse que previo a emprender el desplazamiento se le preguntó “si estaba en
condiciones para manejar y aquel manifestó que todo estaba bien”.
Para el a quo, el señor Guillermo León Sarria Gallego asumió un comportamiento
descuidado y despreocupado ante un resultado previsible, en tanto ignoró que la
ingesta de bebidas alcohólicas mermaba su capacidad de reacción, la cual era
vital para conducir el automotor y, de contera, evitar la materialización del hecho
dañoso.
Añadió que no podía ignorarse que el demandado “venía de cumplir una misión en
la que se mantuvo vigilante, sin dormir”, es decir, no descansó la noche anterior al
siniestro, circunstancia que indicaba, según las reglas de la lógica y la experiencia,
la presencia de micro sueños con desenlaces fatales.
También explicó que omitió la señal de velocidad permitida, por cuanto se le
ordenó “llevar una velocidad no mayor a 60km/h para estar atentos a cualquier
reacción de un atentado terrorista”; sin embargo, él mismo testificó que conducía
a 80km/h, evento que potenció aún más la ocurrencia de accidente de tránsito.
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En suma, el tribunal de instancia coligió que las condiciones físicas del ex patrullero
de la Policía Nacional “se vieron disminuidas por el consumo de bebidas
embriagantes y por no haber conciliado el sueño durante un tiempo prolongado, y
la velocidad en la que transitaban, las que llevaron a la producción del daño por la
cual resultó condenada la demandante en sede de reparación directa”.
Advirtió que la sentencia penal daba cuenta de la comisión de los ilícitos por los
que se le procesó al demandado, “conductas que también podía valorar el juez
administrativo” para verificar, junto con la sentencia del Consejo de Estado y las
demás pruebas, que por su actuar se generó el detrimento patrimonial de la
entidad demandante.
Por último, condenó en costas a la parte vencida al 0,5% de las pretensiones
reconocidas (fls. 400 – 427 del c. ppal).
4. Recurso de apelación
El señor Guillermo León Sarria Gallego, a través de curador ad litem, presentó
recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo cual expresó que no se
acreditó la culpa grave.
Expuso que la sentencia de reparación directa del Consejo de Estado no era clara
frente a la aplicación del régimen de responsabilidad del Estado, lo cual goza de
relevancia, puesto que en el régimen objetivo no hay culpa, situación que impide
determinar su conducta.
Mencionó que el juez de instancia no valoró “con juicio” las pruebas del expediente,
especialmente, las declaraciones penales de las que se extractaba que la falta de
sueño del señor Sarria Gallego fue producto “de un operativo en el que no había
podido dormir”, por manera que se encontraba con un agotamiento extremo por
estar 24 horas prestando servicio y el hecho de aceptar conducir la camioneta en
ese estado no debía ser objeto de reproche en su contra, sino que era
responsabilidad de la entidad accionante al no prever por parte de los altos mandos
esa situación y autorizar el desplazamiento.
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Dijo que, pese a que el demandado afirmó categóricamente que “se encontraba
bien para manejar, ello no podía estructurar su culpa”, tomando en consideración
que no existía otra alternativa para que el vehículo fuera conducido por personas
que se hallaran en mejores condiciones físicas.
Destacó que no reposaba prueba de la que se derivara que el grado de alcohol en
la sangre fue determinante para la ocurrencia del accidente, “además resultaba
entendible que, si tenía la misión era conducir, hubiera aceptado hacerlo en las
condiciones de cansancio que tenía, lo que no evidencia una actitud negligente”.
Finalmente, pidió que, de confirmarse la sentencia de primer grado, se redujera la
condena debido a que no actuó con la intención de causar daño (fls. 431 – 434 del
c. ppal).
5. Trámite en segunda instancia
5.1. En auto del 27 de abril de 2022, esta Corporación admitió el recurso de
apelación presentado y, a su vez, como no se decretaron ni se solicitaron pruebas
en el término de ejecutoria de tal proveído, dispuso el traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión por escrito (fl. 444
del c. ppal), oportunidad en la que no intervinieron.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa
la competencia funcional del medio de control de repetición, (ii) derogó el criterio
de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y (iii) reiteró el factor
subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los
procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor
objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia.
De tal manera que, en este caso, el análisis de la competencia de la Sala para
conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley
1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo.
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El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012,
establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda
instancia, “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación”.
Por su parte, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que
los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de
“repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y
personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no
estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”.
En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión del medio de control de
repetición superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa 1,
razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera
instancia, dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia.
2. Oportunidad
De entrada, la Sala observa que la condena objeto del sub examine se profirió en
un proceso de reparación directa tramitado en vigencia del Decreto 01 de 1984,
de ahí que la Policía Nacional debía cumplirla en los términos del artículo 177 de
ese cuerpo normativo (fl. 92 del c.3).
En ese sentido, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente,
contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo de segunda instancia,
lo cual ocurrió el 24 de mayo de 2010, tal como consta a folio 93 del cuaderno 3,
de manera que el plazo para pagar la condena impuesta corrió entre el 25 de mayo
de 2010 y el 25 de noviembre de 2011.
Ahora bien, cabe decir que la demanda se presentó en vigencia del Ley 1437 de
2011, por tal razón, en principio, las normas procesales que deben aplicarse al
caso concreto son las previstas en ese cuerpo normativo, tal como lo dispuso el
1 La pretensión ascendió a la suma de $1.259’096.661, monto que excedió los 500 SMLMV para la
fecha de presentación de la demanda –20 de marzo de 2013–, esto es, $294’750.000.
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legislador en el régimen de transición que adoptó en el inciso primero del artículo
308 ibidem2, así como las disposiciones de la Ley 1564 de 20123, en virtud de la
integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de dichos
estatutos4; empero, en lo que concierne a la oportunidad debe tenerse en cuenta
que los términos que hubieren empezado a correr en vigencia de una ley anterior
continuarán corriendo de conformidad con ella, en atención a lo dispuesto en el
artículo 40 de la Ley 153 de 18875.
De este modo, si bien la demanda se presentó el 20 de marzo de 2013, esto es,
en vigencia de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que el término de caducidad
empezó a correr con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado cuerpo
normativo (2 de julio de 2012), por tanto, la oportunidad para tal efecto es la
establecida en el Decreto 01 de 1984.
El numeral 9 del artículo 136 ibidem disponía que la pretensión de repetición
caducaba “al vencimiento de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la
fecha del pago total efectuado por la entidad”, norma que la Corte Constitucional,
a través de sentencia C-832 de 2001, declaró exequible condicionalmente, bajo el
entendido de que “(…) [e]l término de caducidad de la acción empieza a correr, a
partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde
el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4 del
Código Contencioso Administrativo6”.
A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 dispuso que la repetición caducaba
“al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de
2 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a [su] vigencia (…)”.
3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en auto del 25 de junio
de 2014, expediente 49.299, unificó su jurisprudencia, en relación con la vigencia de la Ley 1564
de 2012, para los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción y para la jurisdicción arbitral. Al
respecto, la Sala Plena, en virtud del principio del efecto útil de las normas, indicó que “el Código
General del Proceso entró a regir a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se
gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento
en que inició el respectivo trámite (…). Lo anterior, ante la evidencia de que, en esta Jurisdicción,
desde la expedición de la Ley 1437 de 2011, se implementó un sistema principalmente oral, razón
por la cual, dada la existencia de las condiciones físicas y logísticas requeridas para ello, resultaría
carente de fundamento la inaplicación del Código General del Proceso”.
4 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
5 Modificado con posterioridad a la época de los hechos por el artículo 624 del CGP.
6 Corte Constitucional, sentencia C-832 del 8 de abril de 2001, expediente 3388, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
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Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
la fecha de pago total efectuado por la entidad pública (…)”, como esta norma
reiteró el contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-394 de 20027, precisó que lo señalado en la
providencia C-832 de 2001, le resultaba aplicable a la anterior disposición
normativa, por cuanto se trataba del mismo contenido material.
Así pues, lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la
fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo dispuesto para
tal fin, lo que ocurra primero.
En el caso analizado, la entidad demandante pagó la condena dentro del término
dispuesto en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, pues tenía hasta el 25 de
noviembre de 2011 y efectuó el mismo el 29 de marzo de 2011 (fls. 312 – 315 del
c.2).
En este estado de cosas, el término de caducidad de la pretensión de repetición
corrió desde el 30 de marzo de 2011 y venció el 30 de marzo de 2013, por lo que,
al haberse presentado la demanda el 20 de marzo de 2013, se encuentra que fue
oportuna.
3. Legitimación
La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional está legitimada en la causa
por activa, en los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, por ser la persona
jurídica de derecho público8 directamente perjudicada con el pago de la condena
impuesta por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
De otra parte, la Sala advierte que el señor Guillermo León Sarria Gallego se
encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que en la demanda se le
imputó el daño objeto de la controversia, por cuanto se dijo que con su actuar
gravemente culposo dio lugar al pago por el que se repite; no obstante, se aclarara
que, en vista de que está por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o
7 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002, expediente 3773, M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
8 La Policía Nacional es una entidad pública del sector central de la administración pública nacional,
pertenece a la rama ejecutiva del poder público y está adscrita al Ministerio de Defensa Nacional,
de conformidad con el artículo 218 de la Constitución Política. Fue creada mediante la Ley 1000
de 1891 y Ley 62 de 1993 y su estructura se encuentra definida en los Decretos 4222 de 2006 y
216 de 2010.
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condenatoria-, el referido aspecto no se estudiará ab initio, sino al analizar de
fondo el asunto.
4. Objeto del recurso de apelación
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cauca estimó que la entidad
demandante demostró tanto los requisitos objetivos como el elemento subjetivo
para que se declarara la prosperidad del medio de control de repetición seguido
contra el señor Guillermo León Sarria Gallego.
Ahora bien, la competencia para pronunciarse en este asunto no es plena, sino
que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por la parte
mencionada, motivo por el cual esta Subsección debe pronunciarse únicamente
respecto de los puntos que el apelante cuestionó en su recurso de apelación.
En la alzada, el señor Sarria Gallego, a través de curador ad litem, manifestó que
(i) no se valoraron en debida forma las pruebas del expediente, en especial, las
declaraciones recibidas en el proceso penal de las que se extractaba que no había
podido descansar por un período considerable de tiempo y aun así la entidad
autorizó el desplazamiento, carga que no debía reprochársele, porque estaba
cumpliendo órdenes; (ii) los elementos de juicio reseñados daban cuenta que no
existía otra alternativa para que el vehículo fuera manejado por una persona que
tuviera mejores condiciones físicas que él; (iii) en la sentencia de reparación
directa se aplicó un régimen de responsabilidad objetivo, por ende, a partir de esta
no podía analizarse su conducta; y (iv) no existía prueba directa para sostener que
el grado de alcohol en la sangre fue determinante para la ocurrencia del accidente.
En ese orden de ideas, la Sala determinará si el demandado actuó o no con culpa
grave, porque los demás requisitos para la prosperidad de la pretensión de
repetición se encontraron acreditados en primera instancia y no fueron objeto de
discrepancia en el recurso de apelación.
5. Pruebas trasladadas
Según el artículo 174 de la Ley 1564 de 2012, las pruebas practicadas válidamente
en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciables sin
más formalidades, “siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a
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petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso
contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas”.
En el presente asunto, la parte accionante solicitó que se allegara a este proceso
el expediente de reparación directa seguido en su contra, el cual contiene, a su
vez, copia del proceso disciplinario y penal adelantado contra el demandado, así
como el tramitado por la justicia ordinaria contra el conductor del camión con el
que colisionó el vehículo oficial, prueba que el Tribunal de instancia decretó y,
posteriormente, corrió traslado de esta (fl. 281 y 370 del c.1).
Así las cosas, la Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales
que obran en dichas actuaciones, dado que su traslado fue solicitado por la parte
actora, la partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la
oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo
que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis.
Se tendrán en cuenta únicamente las declaraciones que se recibieron en los
procesos penal y disciplinario tramitados contra el señor Sarria Gallego, puesto
que fueron practicadas con la audiencia de la parte contra la que se aducen, por
manera que cumplen con los requisitos exigidos para tal fin.
En cuanto a las indagatorias rendidas por la parte demandada en el mencionado
proceso penal, sin el apremio del juramento9, debe precisarse que se valorarán de
conformidad con la jurisprudencia de esta Subsección10 y en conjunto con las
demás pruebas que reposen en el expediente11. La necesidad de la valoración se
9 En atención a los artículos 491 y siguientes del Código Penal Militar vigente para la época de los
hechos.
10 “[L]a valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que
las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los
principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de
convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los
procesos de responsabilidad estatal”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 48.553, y
sentencia del 25 de octubre de 2019, expediente 53.865.
11 La Corporación ha señalado: “como quiera que el juicio que se imparte no versa sobre
responsabilidad penal sino administrativa, la cual se rige por otros cánones distintos a fallar más
allá de toda duda razonable, la Sala definirá los casos en que la indagatoria puede emplearse en
el juicio de responsabilidad estatal, en los siguientes términos: (i) al otorgarle mérito probatorio a la
indagatoria, deberá acreditarse la necesidad de su incorporación para el análisis integral del caso;
(ii) la indagatoria no puede constituirse en la única prueba que defina la responsabilidad
administrativa del Estado; (iii) se requiere del concurso de otros medios de convicción que apunten
en un mismo sentido es decir, no deben haber contradicciones ostensibles entre lo vertido en la
indagatoria y otros medios de prueba que favorecen al demandante en sede administrativa; (iv)
deberá realizarse un examen integral del proceso lo cual incluye todas las pruebas válidamente
incorporadas al proceso; (v) finalmente, podrá admitirse la indagatoria como medio de prueba en
el juicio de responsabilidad estatal, cuando de ella: a) el procesado haya obtenido beneficios por
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justifica para el análisis integral del caso, en tanto permite contrastar una serie de
eventos respecto del hecho dañoso que dio lugar a la condena por la que se repite.
Asimismo, se aclara que obran varios informes rendidos por la parte demandante,
en relación con los hechos ocurridos el 2 de marzo de 1997, documentos que, en
los términos de los artículos 243 y 244 de la Ley 1564 de 2012, son públicos y, por
ende, se presumen auténticos, pues fueron expedidos por funcionarios públicos
en ejercicio de sus funciones; además, gozan de la presunción de veracidad, de
ahí que sea procedente su examen.
6. Culpa grave en cabeza del señor Guillermo León Sarria Gallego
La Subsección evidencia que los supuestos fácticos debatidos en este proceso
ocurrieron el 2 de marzo de 1997, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de
200112, razón por la cual la Sala ha sostenido que esa norma no es aplicable para
calificar la conducta de los demandados13, sino el artículo 63 del Código Civil que
dispone:
Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar
los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o
de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en
materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es
responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.
Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
colaboración con la justicia; o, b) que como consecuencia de los hechos afirmados en la
indagatoria, se produzca posteriormente sanción penal o administrativa; por último, c) la indagatoria
valorada no puede haber sido desestimada por razón de presión, confesión forzada del investigado,
o cualquier otro medio atentatorio de los cánones fundamentales” (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2018,
expediente 41664, M.P. Danilo Rojas Betancourth, decisión reiterada por la Sala en sentencia del
23 de octubre de 2020, expediente 61.225).
12 El artículo 31 de la Ley 678 de 2001 señala la vigencia de dicha ley a partir del momento de su
publicación en el Diario Oficial, la cual se surtió el 4 de agosto de 2001.
13 Sentencias del 27 de noviembre de 2006, expediente 18.440, del 6 de diciembre de 2006,
expediente 22.189, del 3 de diciembre de 2008, expediente 24.241, del 26 de febrero de 2009,
expediente 30.329, del 13 de mayo de 2009, expediente 25.694, del 23 de octubre de 2020,
expediente 62.358 y del 7 de diciembre de 2021, expediente 58.163, entre otras.
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El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro.
Esta Corporación ha señalado que los conceptos de culpa grave y dolo previstos
en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6 de la
Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos14, así
como con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o
manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados
constitucionales como el de la buena fe (artículo 83), al cual deben ceñirse las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas.
Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad
subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí
que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, error de juicio o
actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su
responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su
conducta. Más ampliamente, ha explicado que15:
(…) No puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90)
haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de
repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en
que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda
imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual,
por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías
a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que
puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputar responsabilidad
patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un
ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.
Así las cosas, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678
de 2001, la calificación de si una conducta es “dolosa o gravemente culposa” le
impone a la parte actora demostrar, con suficiencia, tal circunstancia y, solo en ese
caso, habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado.
Precisado lo anterior, la Sala analizará el material probatorio obrante en el plenario,
con el fin de analizar la conducta del demandado y decantar los argumentos de la
apelación intrínsecamente ligados a este aspecto. Para tal efecto, se destacan los
siguientes hechos probados:
14 Ver, entre otras, sentencia del 31 de julio de 1997, expediente 9894, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
15 Sentencia del 9 de septiembre de 2016, expediente 49764, M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
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El 2 de marzo de 1997, aproximadamente a las 5:30 a.m., luego de un operativo
policial, el vehículo oficial en el que se movilizaban los señores Gerardo Antonio
Caicedo Ramírez, Carlos Alberto Agudelo López, Nundier Sánchez Grajales,
Jesús María Salazar Donado y Guillermo León Sarria Gallego, “chocó contra un
camión doble troque estacionado en la vía” que de Santander de Quilichao
conduce a Popayán (fl. 22 del c.1 de anexos).
Como consecuencia de ese hecho, los señores Carlos Alberto Agudelo López y
Gerardo Antonio Caicedo Ramírez fueron trasladados al Hospital Universitario de
Popayán, lugar donde fallecieron por “trauma encefalocraneano con fracturas
múltiples y hemorragias intracraneales secundarias a lesión contundente”. Las
demás personas recibieron atención médica por las lesiones padecidas (fls. 7 – 8
del c.1 de anexos).
Según el informe de accidente de tránsito, el sitio donde ocurrió el hecho era un
área rural, el tiempo era normal y la vía era recta, con berma, en buen estado, las
condiciones eran secas y existía señalización. Igualmente, se consignó que el
siniestro se produjo con un tracto camión que estaba inmovilizado en la vía y se
describió como causas probables “impericia en el manejo y/o vehículo mal
estacionado” (fls. 134 – 135 del c.3).
La Policía de Carreteras del Cauca dejó constancia de que el camión “tenía las
direccionales encendidas” (fl. 59 del c.3 de anexos) y el Departamento de
Inteligencia de la Policía Nacional puso de presente que los agentes a cargo de la
misión ordenaron al personal realizar el desplazamiento “en forma lenta, pero con
la organización determinada” (fls. 670 -675 del c.5 de anexos).
En las historias clínicas registradas a los conductores de los automotores
involucrados en el siniestro, se lee (fls. 131 – 132 del c.3 de anexos):
Rufino Calpa Cuases Guillermo León Sarria Gallego
(conductor del camión) (conductor del vehículo oficial)
-Lúcido, orientado en tiempo, hora y persona - Orientado en tiempo, hora y persona
-Aliento alcohólico negativo - Aliento alcohólico leve
-No hay signos de lateralización - Aumento de polígono de sustentación
-Coordinación motora normal - Laterodesviación a la derecha
-Nistagmos negativo - Nistagmos horizontales (+) s
-Examen de embriaguez: negativo - Examen de embriaguez grado I (leve)
Por su parte, la médica Patricia Eugenia Morales Elías, profesional que practicó la
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prueba de embriaguez al demandado, expresó que al analizar el resultado del
examen “hay un signo importante que sugiere la ingesta de bebidas embriagantes
que es el nistagmos-positivo que presentaba al momento del examen”.
Aclaró que el grado I de embriaguez significaba “ingesta en poca cantidad de
alguna bebida con contenido alcohólico, sin poder determinar el tiempo de
ingesta”; asimismo, enfatizó en que no volvió a entrevistarse con su paciente
después de la prueba realizada (fl. 593 del c.5 de anexos).
El 9 de mayo de 1997, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
emitió un concepto médico legal sobre el estado de embriaguez del señor
Guillermo León Sarria Gallego y un informe respecto del accidente de tránsito,
para lo cual, en su orden, concluyó (fls. 604, 866 – 869 del c.5 de anexos):
⮚ (…) Cuando sustancias como el alcohol están presentes y aumentan sus
niveles en sangre, impregnan áreas cerebrales en forma progresiva
produciendo alteraciones en la atención, en la coordinación motora, en el
equilibrio, en la articulación del lenguaje, en la marcha, etc., los cuales se
detectan en un examen médico donde se encuentran una serie de signos
constantes y confiables que el examinado no puede controlar.
El G.I. es una clasificación clínica para indicar la intensidad de alteraciones
producidas por el alcohol. Productos alimenticios como el yogurt no producen
embriaguez. La embriaguez se produce generalmente por la ingestión de
bebidas alcohólicas, también las producen sustancias como marihuana,
cocaína y barbitúricos, pero en este caso solo se encuentran hallazgos
neurológicos, por los que se toma muestra busca otras sustancias.
⮚ En particular para el caso motivo de estudio, se realiza el ejercicio de
determinar la distancia aproximada para la cual un vehículo se detendría a
una velocidad de 20 km/h y 80 km/h, respectivamente, desde que percibe un
inminente peligro hasta que finalmente se detiene.
(…) en el evento que un conductor viajando a una de esas velocidades y se
percate de un peligro inminente u obstáculo en la carretera, si realiza el
procedimiento para detener el vehículo a una distancia menor que la hallada
es posible que interactúe con el obstáculo.
El hoy demandado narró que un día antes de los hechos, aproximadamente a las
3:00 p.m., su superior le ordenó manejar un vehículo hacía el norte del Cauca y
que, siendo las 8:00 p.m., le indicaron dirigirse con sus compañeros al “sector del
Palo” a la espera de que pasara un camión cargado con droga, por tal razón, se
emboscaron toda la noche y, como la misión fracasó, al día siguiente, sobre las
5:00 a.m., embarcaron hacía Popayán. Afirmó que un carro que venía en sentido
contrario lo “encandelilló” (sic) y por eso no observó el camión con el que chocó,
además “este estaba mal aparcado y no tenía luces”.
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De otra parte, mencionó que sólo durmió una hora y media durante todo el turno
de trabajo, pero manejaba “a 80 km/h con los cinco sentidos puestos porque hace
más de 17 años conducía”. A la pregunta sobre el nivel de alcohol en la sangre
que arrojó la prueba de alcoholemia, respondió que fue por el consumo de “un
yogurt y un pastel de mora”, según se lo había explicado la médica posteriormente
(fls. 155 – 159 del c.3 de anexos).
El señor Jesús María Salazar Donado, patrullero lesionado, comentó que iban de
regreso a Popayán en una caravana de cuatro carros y aquellos estaban en el
último automotor, pero en el camino vio “una luz alta que nos encandelilló (sic) y
en segundos sentí el impacto del carro, mi reacción fue agacharme
completamente y cuando levanté la cabeza vi que colisionamos con un camión,
pero no alcancé a ver si el camión tenía o no las estacionarias puestas”. Destacó
que la vía donde sucedió el accidente era recta y el camión estaba estacionado
“más adentro que afuera de la vía, salido de la berma” (fls. 216 – 218 del c.3 de
anexos).
El señor Nundier Sánchez Grajales, patrullero lesionado, dijo que ninguno de los
agentes que hacían parte de la misión pudo dormir y, por tal motivo, de regreso a
Popayán descansó todo el camino y despertó días después en el hospital sin
recordar lo sucedido; empero, consideró que el “exceso de cansancio fue el motivo
del accidente” (fls. 219 – 220 del c.3 de anexos).
El señor Libardo Andrés Linares Hernández, subintendente y quien estaba a cargo
de la misión, arguyó que el día de los hechos se movilizaba en una camioneta que
hacía parte de la caravana de vehículos que regresaba del operativo encargado y
antes de salir hacía Popayán le dio instrucciones a todo el personal sobre las
medidas de seguridad y la distancia que debían mantener los automotores, esto
es, 60 km/h, ello con el propósito de “estar pendientes a cualquier reacción de un
atentado de la subversión”.
En lo atinente a las condiciones físicas y anímicas de los patrulleros, indicó que
era “normal prestar vigilancia por 24 horas” y el cansancio no era sólo de los
conductores, sino de todo el personal; sin embargo, puntualizó que previo a
emprender la marcha se les interrogó, especialmente, a los conductores si se
hallaban en buenas condiciones para manejar, a lo que “todos respondieron que
no había problema”, incluso el ex agente Sarria Gallego le manifestó que “se
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encontraba muy bien, que era buen piloto” (fls. 311 – 312 del c.4 de anexos).
El señor Bladimir Rodríguez Hernández, oficial de la Policía Nacional, destacó que
de regreso a Popayán dio las indicaciones de que el desplazamiento se hiciera en
forma lenta y aseguró que con antelación le preguntó a los agentes “si se
encontraban bien anímicamente y si los vehículos se encontraban en buen estado
para realizar el desplazamiento o si les faltaba combustible para llegar, a lo que
respondieron que los vehículos y el personal se encontraban dispuestos para
realizar el traslado (…), fue de completa disposición, ninguno manifestó no estar
en capacidad para el desplazamiento”. Enfatizó en que cuando le preguntó al
señor Sarria Gallego por el accidente presentado, sólo respondió que no “pudo
esquivar el camión porque no tenía luces”, pero no mencionó el supuesto carro
que le restó visibilidad (fls. 850 – 852 del c.5 de anexos).
El señor Rufino Calpas Causes, conductor del camión involucrado el accidente de
tránsito, señaló que estacionó provisionalmente el tracto camión en la vía, dado
que su sobrino se detuvo a comprar unos dulces; no obstante, precisó que
encendió las luces, “detrás el stop y las estacionarias” y a unos seis metros antes
de llegar al lugar existía una señal de peligro, “la carretera era recta y con buena
una visibilidad y no habían vehículos en sentido contrario, ya luego sentí el raspón
de la camioneta, el camión no se movió porque traía 16.640 kilos de carga y
después escuché que la gente pedía ayuda, ya me fui a auxiliarlos” (fls. 136 – 139
del c.3).
Tal declaración guarda respaldo con lo sostenido por el señor Wilson Hernán
Herrera, acompañante de aquel, quien añadió que no habían ingerido licor y
tuvieron un buen descanso la noche anterior (fls. 89 – 90 del c.3 de anexos).
El señor Raúl Yandi Pérez, vigilante de la fábrica situada al frente de donde ocurrió
el evento, narró que se percató de que el camión estaba parqueado a un lado de
la vía y “tenía las luces y el stop encendido” (fls. 224 – 225 del c.3 de anexos).
La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo una inspección judicial al lugar de
los hechos, para lo cual simuló el accidente de tránsito a la misma hora de
ocurrencia y constató que “la vía era de 7.20 mts de ancho con bermas de 50 cms
en descenso de sur a norte y ascenso de norte a sur que comienza luego de cruzar
el puente de río blanco con una curva suave, prosiguiendo recta hasta la parte
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superior”.
Luego, comprobó “desde una distancia que se midió de 200 mts, la presencia del
camión doble troque estacionado, por las luces estacionarias en funcionamiento,
luces bajas en funcionamiento, así como las líneas reflectivas y los guardabarros
que brillan por su material”; empero, se efectuó prueba con las luces bajas y se
verificó nuevamente la presencia del camión, “aún sin las luces estacionarias ni
luces medias”, se concluyó que al conductor del vehículo oficial le era visible el
camión estacionado por la distancia y por el estado de la vía (fls. 222 – 223 del c.3
de anexos).
El 24 de abril de 1997, la Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Popayán se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el
señor Rufino Calpa Causes, bajo el argumento de que las pruebas recolectadas
no permitían inferir responsabilidad por falta del deber objetivo de cuidado al
conducir; por el contrario, acreditaban que el camión estaba bien parqueado, de
manera que el hecho de que ocupara parte de la vía no constituía una conducta
imprudente generadora del accidente, máxime cuando el flujo vehicular a esa hora
era escaso.
Expuso que la camioneta iba a alta velocidad y ante el cansancio del conductor,
después de permanecer una noche en un operativo y con leve estado de
embriaguez, “al tomar la curva y seguir en la vía, no alcanzó a medir bien la
distancia entre el vehículo o simplemente no lo vio”. Agregó que no existía
justificación para conducir a alta velocidad, porque el operativo había fracasado.
(fls. 178 – 186 del c.1 de anexos).
Posteriormente, precluyó la investigación penal adelantada contra aquel, por
encontrar probada la causal eximente de culpabilidad de caso fortuito (fls. 242 –
251 del c.3 de anexos).
El 12 de junio de 1997, el Departamento de Policía del Cauca absolvió de
responsabilidad disciplinaria al señor Sarria Gallego, por estimar que el accidente
fue producto de un caso fortuito, en el que “evitó una tragedia mayor, sin lograr
eludir en su totalidad la colisión con el camión, por eventos ajenos a su voluntad”.
Sostuvo que esa noche los uniformados no habían dormido dada la actividad de
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vigilancia que realizaron y que, conforme a lo dicho por el aquí demandado, antes
de producirse el choque, pasó un vehículo con las luces en alto que limitó su visión
y al normalizar se encontró con el camión “que estaba mal parqueado, logrando
evitar el choque frontal, pero golpeando la parte trasera” (fls. 336 – 340 del c.4 de
anexos).
El 3 de julio de 1997, el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva contra el señor Guillermo León Sarria
Gallego por los punibles de homicidio culposo y lesiones personales culposas, “ya
que este era la persona que conducía el vehículo en donde murieron Caicedo
Ramírez y López Carlos Alberto y salió lesionado Grajales Sánchez, al colisionar
con un camión estacionado en la vía”.
Recalcó que, pese a que aquel declaró que no “fue su intención provocar el
accidente y que tampoco fue su voluntad hacerle daño a nadie”, eran evidentes
los indicios graves de responsabilidad en su contra (fls. 607 – 616 del c.4 de
anexos).
El 2 de octubre de 1997, se adelantó una inspección judicial al lugar de los hechos
y se registró que “la camioneta al pasar sobre la vía tenía un espacio de 2 mts,
asimismo, se pudo constatar que desde la parte trasera del camión hacia el punto
donde se tiene visibilidad de norte a sur hay una distancia de 200 mts”. Sobre el
particular, se adujo: (fls. 759 – 761 del c.5 de anexos):
En esta diligencia se hizo ubicar un vehículo de las mismas características
donde ocurrió el accidente de tránsito, el mismo sitio donde estaba parqueado
el vehículo el día de los hechos, trasladándonos hasta la parte de atrás, para
determinar la visibilidad que había podido tener el conductor de la camioneta
(…), se puede determinar a esa hora la camioneta sí tenía la visibilidad
correspondiente, ya que es una recta en subida, también se pudo constatar
que de acuerdo a las medidas del croquis y de la posición con que se colocó
el camión, cuando pasan vehículos por el otro carril era imposible que a la
velocidad en que venía la camioneta hubiera pasado en forma normal (…).
Después se aportó un dictamen a través del cual se subrayó que, a las 5:00 a.m.,
la visibilidad era poca y “no se podía observar el camión estacionado y la luz del
vehículo que venía en sentido contrario anula la visibilidad” (fls. 763 – 764 del c.5
de anexos).
No obstante, el Procurador Judicial Penal Militar lo refutó por error grave, puesto
que las conclusiones eran subjetivas, en la medida en que (i) no era clara la
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existencia de un vehículo en sentido contrario, ya que los únicos testigos que lo
mencionaron fueron los sobrevivientes, quien eran amigos y compañeros de
trabajo, (ii) el accidente ocurrió cerca a las 5:30 a.m., cuando ya “estaba claro” y
no existían obstáculos que impidieron la visibilidad y “un gran camión de carpa
negra que estaba estacionado a su lado derecho casi con la mitad del carril y a
una distancia en línea recta, a más de 200 metros de distancia se podría ver, es
más, sus luces amplían los reflectores dando señal que existía algo ubicado” y (iii)
la vía tenía una línea que dividía los dos carriles, “es muy larga y amplia, para
tener una buena visibilidad, cosa distinta hubiera sido si el camión hubiera estado
estacionado sobre una curva” (fls. 803 – 806 del c.5 de anexos). El despacho
accedió a la objeción formulada (fls. 813 – 814 del c.5 de anexos).
El 12 de mayo de 1999, el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar condenó a 36
meses de prisión al señor Guillermo León Sarria Gallego como autor de los delitos
de homicidio culposo y lesiones personales culposas, así como le prohibió el
ejercicio de la profesión de conducir por el mismo lapso.
Descartó la existencia de un caso fortuito, en virtud del grado de embriaguez en el
que se hallaba el uniformado, pues, aunque en la audiencia pública aceptó “haber
tomado cola y pola el día anterior, bebida que según dijo no tenía alcohol”, lo cierto
era que esta sí era de contenido alcohólico, sumado a que no había descansado
y tampoco se opuso a emprender la marcha cuando se le interrogó. Al respecto,
aseguró:
(…) Esa falta de previsión del resultado previsible le concierne al agente
Sarria Gallego, porque en el arte de conducir siempre debe preverse la
posibilidad de encontrar dificultades en el camino, pero para poder
evitarlas se debe estar en óptimas condiciones físicas y psicológicas las
cuales estaban disminuidas en el procesado, ora por el cansancio físico,
ora por la ingesta de bebida alcohólica, sin embargo, al agente Sarria
Gallego imprudentemente decidió hacer el recorrido Santander de
Quilichao Popayán, no previendo las consecuencias de su actuar, no
discute el Despacho la presencia del camión doble troque en la ruta que
seguía la caravana Policial, pero se debe estar listo y atento para eludir
esta clase de escollos, aptitudes que estaban menoscabadas en el
agente por las circunstancias ya anotadas, lo que le impidió frenar a
tiempo o realizar la respectiva maniobra de esquivar el camión para
evitar el impacto entre los dos rodantes, porque existía la suficientes
distancia y espacio para detener la marcha o pasar sin inconvenientes
en el sitio del percance, a lo que se añade la velocidad.
Anotó que, si el camión estaba estacionado al terminar la recta, aun “viniendo un
automóvil con las luces plenas en sentido contrario”, el exagente lo debió observar
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
porque se encontraba en línea recta con aquel “y hasta ese momento no existía la
encandelillada” (sic), aunado a que resultaba ilógico que los demás carros que
conformaban la caravana policial hubieran pasado por el lugar de los hechos “por
la distancia que llevaban entre los vehículos y porque el obstáculo ya estaba ahí”
y lo hubieran esquivado, pero aquel no (fls. 1035 – 1040 del c.6 de anexos).
El 11 de marzo de 1998, las señoras Irma María Garcés Zemanate y Luz Sther
Acosta Escobar, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos
menores, formularon demanda de reparación directa contra la Policía Nacional,
con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios ocasionados como
consecuencia de la muerte de los señores Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y
Carlos Alberto Agudelo López (fls. 16 – 41 del c.3).
El 7 de septiembre de 2000, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró la
responsabilidad de la entidad estatal, a título de falla presunta del servicio, por
considerar que se probó que los agentes de la policía fallecieron en cumplimento
de una misión oficial con ocasión de un accidente de tránsito, cuando se
desplazaban en un vehículo que se encontraba al servicio de la institución y era
conducido por un miembro de la misma, en estado de alicoramiento, y fue
condenado por la Justicia Penal Militar. Al respecto, reconoció los perjuicios
inmateriales y materiales pedidos (fls. 105 – 130 del c.2 de anexos).
El 28 de abril de 2010, la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la
anterior sentencia, en el sentido de mantener la responsabilidad extracontractual
declarada, pero por riesgo excepcional, dado que el daño se causó en ejercicio de
una actividad riesgosa y, a su vez, modificó la indemnización de perjuicios. Sobre
la responsabilidad describió (fls. 43 – 72 del c.3):
(...) Con los documentos relacionados, para la Sala se tiene por acreditado el
daño alegado en la demanda, se demostró que los señores Gerardo Antonio
Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo López, fallecieron como
consecuencia de un accidente de tránsito, cuando se encontraban en servicio
activo, al desplazarse en un vehículo que era conducido por un Agente de la
Policía Nacional y del que tenía la guarda material la institución.
Es preciso indicar que, en cuanto a la conducción de vehículos, la Sala tiene
por establecido que es una actividad peligrosa y que, como tal, el régimen de
responsabilidad aplicable es el objetivo, pues el riesgo creado en desarrollo
de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben
asumir los ciudadanos. No obstante, lo anterior, la entidad responsable puede
exonerarse alegando las causales de fuerza mayor, hecho de la víctima o el
hecho de un tercero (…).
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
(…) En esa línea de pensamiento, para la Corte Suprema de Justicia el artículo
2356 del Código Civil no contempla una presunción de responsabilidad, a
diferencia del entendimiento tradicional que de tiempo atrás esa alta
Corporación le había dado a la norma, sino que, por el contrario, descansa
sobre la idea del riesgo y, por lo tanto, a partir de ese régimen de
responsabilidad debe definir la imputación en los supuestos en los que el daño
tiene su origen en el desarrollo de una actividad peligrosa.
Así las cosas, como la actividad de conducción de vehículos es riesgosa o
peligrosa, resulta oportuno analizar la controversia desde el título objetivo del
riesgo excepcional, en los términos señalados, toda vez que el daño ocurrió
en el desarrollo de la actividad de conducción.
Para la Sala se encuentra probada la responsabilidad del ente demandado,
sin que se allegaran al proceso los medios suasorios necesarios para
evidenciar una causal impeditiva de imputación y desde luego excluyente de
responsabilidad, toda vez que la presencia del tracto camión en la vía, no tiene
la entidad suficiente para ello, por cuanto la inspección judicial realizada en el
proceso penal militar, demostró que el vehículo de la Policía Nacional tenía
espacio suficiente para adelantar el tracto camión que se encontraba
estacionado a un lado de la vía, o en su defecto haber detenido la marcha,
según el dictamen presentado por Medicina Legal, rendido por un físico
forense (…).
Adicionalmente, según el informe de accidente de tránsito, el lugar donde
ocurrieron los hechos era un área rural, el tiempo era normal y la vía era recta,
con berma, en buen estado, las condiciones eran secas y existía señalización.
En consecuencia, está demostrada la responsabilidad de la Policía Nacional.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en la demanda se imputó un
actuar gravemente culposo al demandado, aspecto frente al cual se defendió a lo
largo del proceso y debatió en la alzada, por ende, lo que corresponde es verificar
sí se demostró con suficiencia esa conducta.
La Subsección parte por señalar que la actividad de conducir vehículos
automotores ha sido considerada tanto por la jurisprudencia constitucional como
por la especializada en la materia, una actividad peligrosa que “aunque lícita
coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesión”16, por tal
motivo, su ejercicio requiere, entre otros, la observancia del deber objetivo de
cuidado.
Como antes se vio, el examen médico de embriaguez que le fue practicado al
señor Sarria Gallego después de la ocurrencia del siniestro demuestra que
presentaba grado I de embriaguez, aliento alcohólico leve, laterodesviación a la
16 Se pueden leer: sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de
noviembre de 2001, expediente 2000-00001-01, y sentencia T-609 del 2014 de la Corte
Constitucional.
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
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derecha y aumento de polígono de sustentación, lo cual permite colegir que aquel
manejaba el vehículo oficial en estado de embriaguez.
Ahora bien, pese a que manifestó que dicho resultado obedecía a la ingesta de
“un yogurt y un pastel de mora”, esa aseveración se desvirtúa no sólo con la
declaración de la médica que le realizó el examen, sino con el concepto médico
legal que expidió el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales, al
unísono, explican que el signo hallado sugería la ingesta de bebidas embriagantes,
descartando de plano la posibilidad de productos alimenticios como los señalados.
Así pues, es claro que el demandado condujo la camioneta en la que se produjo
el accidente que terminó con la vida de dos de sus compañeros y dejó lesionados
a los restantes bajo los efectos de alcohol, desconociendo que tal actividad exigía
de su parte el máximo cuidado y la concurrencia de todos sus sentidos, los que se
ven disminuidos frente a cualquier riesgo, contingencia o imprevisto, tal y como se
indicó en el prueba documental recaudada “cuando sustancias como el alcohol
están presentes y aumentan sus niveles en sangre, impregnan áreas cerebrales
en forma progresiva produciendo alteraciones en la atención, en la coordinación
motora, en el equilibrio, en la articulación del lenguaje, en la marcha, etc.”.
Ello constituye un incumplimiento del deber que le asistía al desarrollar una
actividad de índole peligrosa y, de paso, la desatención de sus deberes funcionales
como servidor público, toda vez que no puede olvidarse que el consumo de alcohol
ocurrió cuando se encontraba en servicio -en la audiencia del juicio penal aceptó
que tomó “cola y pola”, bebida con un nivel de alcohol-, situación que impedía ese
actuar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 2584 de
199317.
Sumado a lo anterior, con fundamento en la declaración que ofreció el propio
demandado y uno de sus acompañantes, así como en el informe del accidente de
tránsito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Sala encuentra
acreditado que el señor Guillermo León Sarria Gallego conducía a 80km/h, lo cual
demuestra que ignoró la orden de sus superiores, quienes le indicaron mantener
una velocidad no mayor a 60 km/h por condiciones de seguridad y el artículo 148
del Decreto 1344 de 197018, norma que establecía que la velocidad máxima
17 Reglamento de disciplina vigente para la época de los hechos.
18 Por el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época.
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
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permitida en carreteras era de 60 km/h, infracción que también se constituyó como
una de las causas del accidente.
Ciertamente, en el informe de tránsito se describió como causas probables del
siniestro “impericia en el manejo y/o vehículo mal estacionado”; no obstante, de la
valoración conjunta de los informes técnicos aportados y de las inspecciones
judiciales prácticas al lugar de los hechos es dable resaltar que el último supuesto
quedó sin sustento, en tanto se determinó que el camión no estaba mal parqueado
y, en todo caso, tenía las luces encendidas; es más, se afirmó que en el hipotético
de que se considerara que eso era ajeno a la realidad no podía negarse que el
automotor estacionado a un lado de la vía “sí era visible para la persona que
manejaba el vehículo oficial”, incluso que este contaba con espacio suficiente para
adelantar el vehículo particular, pero por la velocidad “era imposible que hubiera
pasado en forma normal”.
Lo anterior refuerza la tesis de la falta de pericia del apelante al conducir, quien,
además, por su experiencia de “17 años como conductor”, como lo aseveró, debió
con mayor razón prever el suceso, pues el obstáculo no ocupaba la totalidad de la
vía y la camioneta al pasar sobre esta tenía un espacio de dos metros, situación
que se verificó con el croquis del accidente y, además, los testigos afirmaron que
lo vehículos que conformaban la caravana guardaban una distancia prudente entre
ellos, hecho del que se infiere que el camión no afectó el tránsito de la zona, al
punto de que los demás automotores pudieron esquivarlo. A su vez, anula la
justificación -de la que se tienen dudas si sucedió-, relacionada con que otro
vehículo lo “encandelilló” (sic) y le impidió observar el camión, en tanto es claro
que con antelación lo pudo observar.
De otra parte, se tiene que los superiores del demandado, esto es, los señores
Libardo Andrés Linares Hernández y Bladimir Rodríguez Hernández afirmaron
que, si bien no desconocían que todo el personal había tenido un turno extenso de
trabajo, previo a emprender el viaje de regreso a Popayán, le preguntaron al señor
Guillermo León Sarria Gallego si se hallaba en buenas condiciones para manejar,
y este respondió afirmativamente, situación que resultó suficiente para que el juez
de primera instancia concluyera, en relación con este aspecto, que el demandado
asumió una conducta negligente y despreocupada; sin embargo, la Subsección
estima que ese actuar, pese a que influyó en la causación del accidente de tránsito,
no puede atribuírsele a aquel.
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
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Lo anterior, porque el hecho de no oponerse a la orden no se traduce
automáticamente en un actuar culposo, teniendo en cuenta que se encontraba en
cumplimiento de sus labores y estaba en condición de subordinación, por manera
que, aunque se le dio la oportunidad de manifestar su agotamiento, no podía
decidir de manera libre y voluntaria optar por manejar o no en estado de cansancio,
máxime cuando los demás conductores –que se hallaban en iguales condiciones–
manifestaron estar bien.
Aquí es claro que la entidad estatal conocía de antemano la situación física del
señor Sarria Gallego, por la duración del turno de trabajo que tuvo el día de los
hechos –solo descansó una hora y media–, de ahí que, al margen de lo dicho por
él, al ente le correspondía tomar una decisión más razonable para que su agente
ejerciera sin inconvenientes la actividad peligrosa, por ejemplo, designar
conductores de reemplazo o permitir que descansara después de fracasada la
misión, lo que no ocurrió, sino que avaló que el desplazamiento se efectuara bajo
tal condición, situación que permite atenuar la condena a imponer, según se verá
en el acápite siguiente.
Lo que no puede dejar de reprochar la Sala es que el agente trató de sobrellevar
la anterior situación con la ingesta de bebidas embriagantes, aunado a que
manejaba con exceso de velocidad, aspectos que sin duda le restaron capacidad
para maniobrar los obstáculos en el camino, como el camión estacionado en la
carretera con el que colisionó.
Nótese que las anteriores circunstancias, esto es, el estado de embriaguez, el
exceso de velocidad con el que viajaba y el cansancio del conductor fueron
determinantes para la condena privativa de la libertad como autor de los delitos de
homicidio culposo y lesiones personales culposas19, pues se probó que el
19 La jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con el alcance probatorio de las sentencias
proferidas dentro de otros procesos judiciales, ha determinado: “(...) aunque entre tales
documentos se encuentra también la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial con sede en esta ciudad no puede perderse de vista que la copia de una decisión
jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de
resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina
con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de
una sentencia desestimatoria de la pretensión, proferida por dicha Corporación, en la fecha
mencionada, mas no sirve para la demostración de los hechos que fundamentaron tal resolución,
pues como lo ha reiterado la Sala tener como plenamente acreditados los hechos tenidos como
ciertos en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, podría suscitar eventos
incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la
causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia convicción
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
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accidente ocurrió porque “las condiciones físicas y psicológicas estaban
disminuidas, (…) por el cansancio físico (…) por la ingesta de bebida alcohólica
(…), lo que le impidió frenar a tiempo o realizar la respectiva maniobra de esquivar
el camión para evitar el impacto entre los rodantes, porque existía la suficiente
distancia y espacio para detener la marcha o pasar sin inconvenientes, a lo que se
añade la velocidad”.
De este modo, las condiciones mencionadas, acreditados en el presente asunto,
resultaron ser los factores determinantes para la ocurrencia del suceso, pues los
mismos hicieron que perdiera las capacidades de reacción y maniobra al momento
de encontrarse con el camión estacionado sobre la vía y, como consecuencia,
constituyen una flagrante violación a las normas de seguridad vial y a sus
obligaciones como servidor público; empero, se reitera, en criterio de la Sala, no
le es imputable manejar en estado de agotamiento.
Finalmente, en lo referente al fundamento de responsabilidad que se aplicó para
definir la controversia de reparación directa, hay que decir que no genera algún
tipo de duda, dado que, según la transcripción que se realizó del fallo respectivo,
es evidente que se condenó a la Policía Nacional por riesgo excepcional; sin
embargo, contrario a lo dicho por el recurrente, ello no tiene relevancia en el sub
lite, puesto que, al igual que en los demás títulos de imputación de responsabilidad
extracontractual del Estado, la conducta de los agentes estatales no es objeto de
análisis y, en todo caso, la sentencia no acredita, per se, el requisito subjetivo para
la prosperidad del medio de control de repetición.
Precisamente, por tal razón, en este juicio de repetición, la Sala no hizo alusión a
las consideraciones a las que arribó la Sección Tercera de esta Corporación para
sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los
mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni
intervenir en su producción.
En línea con lo anterior, la Sala ha expuesto. (…) la motivación de la sentencia judicial que imponga
una condena patrimonial a cargo de una entidad pública y el pago de la misma no son pruebas
idóneas para establecer per se la responsabilidad del demandado en acción de repetición. En
efecto, en aquellos casos en los cuales la acción de repetición se fundamenta únicamente en las
consideraciones que dieron lugar a la imposición de una condena, la Sala ha sostenido que estas
no son suficientes para comprometer al demandado ni para concluir que su actuación hubiere sido
dolosa o gravemente culposa, dado que la conducta imputada debe ser demostrada en el proceso
de repetición en aras de garantizar a favor del demandado el debido proceso, puesto que la acción
de repetición es autónoma e independiente respecto del proceso que dio origen a la misma.
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 27 de marzo de 2014, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 38.455. reiterada
por esta Subsección en fallo del 1° de marzo de 2018, expediente 52.209, y del 14 de junio de
2019, expediente 45.647.
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
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Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
edificar la responsabilidad por el accidente de tránsito mencionado, sino que, como
se vio, realizó una valoración conjunta de los elementos de juicio obrantes al
plenario, a fin de constatar la culpa grave del exagente.
Por lo descrito, en criterio de la Sala, la actuación del demandado puede calificarse
como gravemente culposa, en la medida en que, a la luz de lo previsto en el
artículo 63 del Código Civil y conforme a las pruebas, echó de menos todo tipo de
previsiones relacionadas con el buen manejo del automotor oficial el 2 de marzo
de 1997, conducta con la cual generó la obligación para el Estado de responder
patrimonialmente por ese hecho, por ende, confirmará la sentencia de primera
instancia.
7. Cuantificación, liquidación y cumplimiento de la condena
La Sala aclara que este aspecto fue objeto de apelación, por manera que, en este
punto, reitera la tesis de la Subsección, según la cual cuando se constata que la
conducta desplegada por el demandado es gravemente culposa, como aquí
ocurre, se estima procedente que el reembolso se efectúe por el 60% de la
condena20, pero, dado que uno de los factores determinantes del accidente de
tránsito que dio origen a la condena por la que se repite no es atribuible al
demandado, se reducirá en un 10% más.
De acuerdo con la Resolución 0264 del 22 de marzo de 2011, la Policía Nacional
pagó la suma de $1.068’238.482, correspondiente al capital de los perjuicios
reconocidos en reparación directa, rubro que fue debidamente actualizado por el
a quo y arrojó un monto total de $1.987’553.636, de ahí que se actualizará sólo
desde la fecha de la sentencia hasta la de la presente providencia, así:
Ra = Rh x índice final / septiembre de 2022
índice inicial / febrero de 2022
Ra = $1.987’553.636 x 122,63
115,11
Ra = $1.170’320,844
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 55.893, M.P. José Roberto Sáchica Méndez y
sentencia del 8 de noviembre de 2021, expediente 66.876, M.P. María Adriana Marín.
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
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Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
No obstante, como se explicó, el monto previamente establecido deberá ser
reembolsado solo en un 50%, puesto que se probó que la conducta desplegada
por el demandado fue gravemente culposa y no dolosa, lo cual corresponde a la
suma de $585’160.422.
Para tal efecto, se concederá el plazo de 6 meses contados desde la ejecutoria de
esta providencia, para que el señor Guillermo León Sarria Gallego proceda al pago
del rubro referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley
678 de 2001 y, en atención al criterio pacífico adoptado por esta Subsección21.
8. Condena en costas
8.1. Primera instancia
La Sala no emitirá pronunciamiento sobre este punto, teniendo en cuenta que el
juez de primera instancia impuso una condena en costas contra el demandado,
pero esa determinación no fue cuestionada.
8.2. Segunda instancia
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor
objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos
decantados por la norma.
El artículo 365 de la Ley 1564 de 2011 señala que hay lugar a condenar en costas
a la parte vencida en un proceso y el artículo 361 ibidem establece que las costas
“están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
curso del proceso y por las agencias en derecho”, pero vale aclarar que estás
últimas serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo
366 de esa misma norma.
21 A manera de ejemplo, se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27
de agosto de 2021, expediente, 54.750, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 8 de
noviembre de 2021, expediente 66.876, M.P. María Adriana Marín y sentencia del 22 de octubre
de 2021, expediente 55.893, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336)
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Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
En el caso concreto, se observa que la presente decisión modificará el fallo
apelado, dado que redujo la condena reconocida por el a quo. Por consiguiente,
en atención a lo previsto en numeral 2 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, se
determina que hay lugar a condenar en costas, en esta instancia, a la parte vencida
en el proceso y a quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso de
apelación, esto es, a la parte demandada.
Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas deberán ser
liquidadas por el juez de primera instancia, teniendo en cuenta las agencias en
derecho que se fijan en el equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas
($5’851.604), monto que deberá ser pagado a favor de la Policía Nacional, al tenor
de lo dispuesto del Acuerdo 1887 de 2003, toda vez que, si bien no presentó
alegatos de conclusión, lo cierto es que sí debió atender el proceso de manera
diligente y oportuna a través de su apoderado judicial, que hace parte de su planta
de personal22.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
MODIFICAR la sentencia del 24 febrero del 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, cuya parte resolutiva quedará así:
PRIMERO. DECLARAR responsable, a título de culpa grave, al señor Guillermo
León Sarria Gallego, por los hechos por los cuales la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional pagó una indemnización.
22 Sobre el particular, la Sala ha sostenido: “(...) Resulta importante destacar que la fijación de
agencias en derecho no se ve afectada en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a
nombre propio, sin apoderado, pues aun en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de
agencias para retribuir su actuación, tal como se desprende de lo señalado en los numerales 3 y 4
del artículo 366 del CGP (...). Por lo anterior, si una entidad pública actúa a través de un apoderado,
que hace parte de su planta de personal, tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su
favor, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la
causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas (...)”. (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia 20 de
noviembre de 2020, expediente 65.445, M.P Marta Nubia Velásquez Rico).
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Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
SEGUNDO. CONDENAR al señor Guillermo León Sarria Gallego a pagar a favor
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la suma quinientos
ochenta y cinco millones ciento sesenta mil cuatrocientos veintidós mil pesos
($585’160.422). El monto mencionado deberá pagarse dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
TERCERO. CONDENAR en costas, en primera instancia, a la parte demandada,
conforme a lo consignado en la decisión del 24 febrero del 2022.
CUARTO. CONDENAR en costas, en segunda instancia, a la parte demandada,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012. Como agencias en derecho
en esta instancia, se fijan en el equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas
($5’851.604), suma que deberá ser pagada a favor de la entidad demandante.
QUINTO. Expedir, con destino a las partes, las copias auténticas con las
constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora
serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
SEXTO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría devolver el
expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
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