Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2013-00455-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2013-00455-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2013-00455-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cuarto (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-2014)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo
del Cauca, que accedió las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora María Nora Agrono Díaz, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP014679 del 2 de abril de 2013, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP021749 del 14 de mayo de 2013, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
confirmó; y iii) RDP022730 del 20 de mayo de 2013, que desató el recurso de
apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión
gracia de jubilación de conformidad con las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, por
haber sido vinculada como docente municipal antes de 1980; ii) indexar el total de
las sumas reconocidas desde que se hizo exigible el pago hasta la fecha de
ejecutoria de la providencia; y iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora María Nora Agrono Díaz, entre el 1° de septiembre de 1979 y el 7
de febrero de 1990, laboró como docente municipal de enseñanza primaria en el
Centro Docente Rural Mixto de Munchique del municipio de Buenos Aires (Cauca),
nombrada mediante el Decreto 053 de octubre de 1979.
ii) Desde el 1° de junio de 1990 hasta el 26 de noviembre de 1992, prestó sus
servicios al municipio de Suárez (Cauca) como docente con vinculación municipal,
nombrada mediante el Decreto 021 del 27 de agosto de 1990.
iii) Del 26 de noviembre de 1992 hasta la fecha de la presentación de la
demanda, trabajó como docente municipal de la Escuela Nacionalizada de
Varones de Asnazu en el referido municipio.
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Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
iv) Se debe enfatizar que la vinculación no tuvo solución de continuidad;
empero, las certificaciones de tiempo de servicio expedidas por las autoridades de
educación hacen corte a 1989, debido a que a partir de esa fecha el corregimiento
de Buenos Aires (Cauca), se convirtió en el municipio de Suárez (Cauca).
v) El 26 de diciembre de 2012, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos
administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 13 y 53 de la Constitución Política; el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 43 de
1975.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso que la
señora Agrono Díaz adquirió su estatus pensional el 12 de septiembre de 2011 al
cumplir 50 años de edad y más de 20 años de servicio como docente con
nombramiento del orden territorial, luego tiene derecho a beneficiarse de la
pensión gracia deprecada. Además, agregó que el acto administrativo atacado
desconoció el proceso de nacionalización que sufrieron los establecimientos
educativos del país con ocasión de la expedición de la Ley 43 de 1975.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1
Revisadas las pruebas allegadas a la actuación administrativa se advierte que la
actora prestó servicios docentes con vinculación de carácter nacional y, por lo
tanto, el tiempo laborado no se puede tener en cuenta para acceder a la pensión
1 Folios 64 a 70.
3
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
gracia, por cuanto no se acreditó haber prestado 20 años de servicio a
instituciones educativas que estuvieran a cargo del orden departamental o
municipal.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, ausencia de vicios en el
acto administrativo demandado y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia escrita proferida el 24 de
abril de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2
i) En cuanto al tiempo de vinculación, según el certificado 44434 expedido por
la Gobernación del Cauca, la demandante aparece nombrada mediante el Decreto
053 del 13 de octubre de 1979, como docente nacionalizada en la Escuela Rural
Mixta Munchique del municipio de Buenos Aires (Cauca), con un tiempo total de
servicios de diez años, cinco meses y siete días.
ii) La razón para negar la pensión por parte de la entidad demandada
obedeció a que, respecto del tiempo de servicio de 1990 a 1993, no se indicó el
tipo de vinculación y tampoco se certificó en el formato correspondiente; y porque
el nombramiento de la actora desde el 1° de enero de 1993 hasta el 2010, se hizo
para el orden nacional. Sin embargo, en desarrollo del proceso se acreditó por la
autoridad competente (departamento del Cauca) la vinculación municipal de la
señora Agrono Díaz desde 1992 hasta 2010.
iii) Así las cosas, se advierte que los alcaldes de los municipios de Buenos
Aires y Suárez (Cauca) nombraron a la señora Agrono Díaz como docente en
dichos entes territoriales durante más de 28 años.
2 Folios 258 al 281. Con ponencia del magistrado David Fernando Ramírez Fajardo.
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Demandante: María Nora Agrono Díaz
iv) Por consiguiente, la accionante tuvo a su favor un decreto de vinculación de
1979 y posteriormente otros desde 1990 «a la fecha», rubricados por los alcaldes
de los municipios de Buenos Aires y Suárez (Cauca) respectivamente, con efectos
fiscales a partir de su suscripción. Luego, al no encontrarse más discrepancia
entre las partes que el esclarecimiento del tipo de vinculación (que es de orden
territorial), se tienen como demostrados los requisitos legales para acceder a la
prestación.
v) Teniendo en cuenta que el acto administrativo denegatorio fue notificado el
12 de abril de 2013, y los recursos el 30 de mayo siguiente, y que la demanda fue
presentada el 2 de septiembre de 2013, no hay lugar a declarar la ocurrencia legal
del fenómeno de la prescripción de las mesadas pensionales, debiéndose
reconocer desde el 12 de septiembre de 2011, fecha en la que la demandante
cumplió los requisitos para adquirir la prestación.
vi) En suma, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; y
ordenó a la UGPP reconocer una pensión gracia a partir del 12 de septiembre de
2011, en cuantía equivalente al 75% del promedio de la asignación básica
mensual y demás factores salariales devengados durante el año anterior a la
causación del derecho.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la entidad accionada interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) La entidad en los actos administrativos demandados obró en legal y debida
forma al negarle la pensión gracia a la señora María Nora Agrono Díaz, por
cuanto, tal como se puede comprobar en los documentos aportados al proceso,
los servicios prestados son de carácter nacional, razón por la cual aquella no
cumple los requisitos establecidos por las normas referentes a la pensión gracia.
3 Folios 285 al 288.
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Demandante: María Nora Agrono Díaz
ii) Dicho de otra forma, la demandante no cumpliría con los 20 años de
servicio en colegios y establecimientos educativos de orden departamental,
distrital o municipal, como tampoco el requisito previsto en el artículo 4 numeral 3
de la Ley 114 de 1913.
iii) Significa lo anterior que no es posible acceder a las pretensiones de la
demanda, porque se actuaría en contra de lo señalado en las normas que regulan
la pensión gracia. En consecuencia, los actos administrativos demandados
conservan su presunción de validez, ya que fueron expedidos teniendo en cuenta
la ritualidad y motivos fundados en la normatividad que regula la prestación objeto
de litigio.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La demandante
La señora María Nora Agrono Díaz emitió pronunciamiento e indicó que la
sentencia del 24 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca se encuentra ajustada a derecho, por tanto se debe confirmar, pues la Sala
determinó que todos sus nombramientos son de orden territorial, no cuenta con
actos administrativos de nombramiento o traslado proferidos por el Ministerio de
Educación Nacional, tiene más de 50 años de edad, y más de 20 años de
servicios laborados.4
1.5.2. La demandada
La UGPP, por conducto de apoderado, descorrió el término para alegar y reiteró los
argumentos invocados en el recurso de apelación.5
4 Folio 320 a 321.
5 Folios 325.
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Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
6 Folio 439
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
7
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».11
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia
de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un
mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra
causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En
similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte
Constitucional.
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Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
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Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: María Nora Agrono Díaz
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
sentencia del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal
de la sentencia transcrita.
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Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
i) Conforme a la copia de la cédula de ciudadanía, la señora María Nora Agrono
Díaz nació el 12 de septiembre de 1961, es decir, cumplió 50 años de edad el 12
de septiembre de 2011.19
ii) Mediante el Decreto 053 del 13 de octubre de 1979, «Por medio del cual se
ratifica la ubicación del Magisterio Municipal, se hacen nombramientos y se
producen otras novedades», el alcalde municipal de Buenos Aires (Cauca), en
uso de sus atribuciones legales, ratificó a partir del 1° de septiembre de 197920
al personal docente de educación municipal, incluida la demandante en la Escuela
Rural Mixta de Muchique, como personal docente de educación municipal
«seccional», empleo del que tomó posesión el 24 de noviembre siguiente.21
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 226.
20 Con retroactividad.
21 Folios 24 al 28 y 29.
13
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
14
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
iii) Entre el 1° de septiembre de 1979 y el 7 de febrero de 1990, la actora prestó
sus servicios con «vinculación municipal» a través del Decreto 053 del 13 de
octubre de 1979 y acumuló un tiempo de labor de 10 años, 5 meses y 7 días,
según se extrae del certificado de tiempo de servicio 44434 del 15 de noviembre
de 2012, suscrito por la profesional universitaria del grupo único de hoja de vida,
registro y control de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca.22
iv) El 27 de agosto de 1990, con el Decreto 021, «por medio del cual se hacen
unos nombramientos de algunos profesores de varios planteles educativos del
municipio de Suárez (Cauca)», el alcalde de dicho ente territorial, en uso de sus
atribuciones legales, nombró a la demandante a partir del 1° de junio de 1990,23
«seccional centro docente de Asnazú».24 En las consideraciones del acto se
señala textualmente que «el Honorable Concejo Municipal de Suárez Cauca,
aprobó el acuerdo de Rentas y Gastos del Municipio de Suárez, para la vigencia
fiscal de 1990, se hace necesario el nombramiento de profesores municipales en
los distintos establecimientos de educación del municipio, unos a partir del primero
(1) de junio y otros a partir del primero (1) de septiembre».
22 Folios 17 y 18
23 Con retroactividad.
24 Folios 30 y 31.
15
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
16
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
v) El municipio de Suárez (Cauca), certificó la vinculación laboral de la señora
Agrono Díaz con el ente municipal entre el 1° de junio de 1990 y el 30 de
diciembre de 2002, a través de los formatos: a. certificado de información laboral;
y b. certificación de salarios mes a mes para liquidar pensiones del régimen de
prima media.25
vi) El 26 de noviembre de 1992, con el Decreto 078, «por el cual se nombra en
propiedad a un docente de primaria en la Escuela Nacionalizada de Varones de
Asnazú que funciona en este municipio», el alcalde de Suárez (Cauca), en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley 29 de 1989 y de
conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, nombró en
propiedad a la demandante en el escalafón nacional docente en la Escuela
Nacionalizada de Varones de Asnazú, en remplazo de otro docente.26 En las
consideraciones del acto se señala textualmente que «el delegado permanente del
M.E.N. ante él F.E.R. del Cauca, en oficio No. 385 de noviembre 23 de 1992,
certificó: -a- qué existe la disponibilidad presupuestal».
25 Folios 2 al 12 (sic); 170 al 178 y 191 al 198.
26 Folio 32.
17
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
vii) De conformidad con la información que se encuentra plasmada en el formato
único para expedición de certificado de historia laboral consecutivo 44434 del 9
de octubre de 2012 aprobado por el profesional universitario del fondo de
prestaciones sociales del magisterio, la accionante se vinculó en propiedad en la
Escuela Nacionalizada de Varones de Asnazú con el Decreto 078 de 1992,
desde el 1° de enero de 1993, y su tipo de vinculación era «municipal».27
viii) En el expediente reposa el certificado del 30 de mayo de 2011, expedido por
el coordinador del grupo de control interno disciplinario de la Gobernación del
Cauca y del profesional universitario del Escalafón, en la que se hizo constar que
la actora no ha sido sancionada con exclusión del escalafón docente.28
2.3.2. Actuación administrativa
27
Folios 19 al 23.
28 Folio 247.
18
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
i) El 2 de abril de 2013, la UGPP profirió la Resolución RDP014679 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante el 26 de diciembre de 2012, toda vez que la
peticionaria no logró acreditar en debida forma 20 años en la docencia oficial de
carácter departamental, distrital o municipal o nacionalizado.29
ii) Los días 14 y 20 de mayo de 2013, la UGPP expidió las Resoluciones
RDP021749 y RDP022730, respectivamente, por las cuales resolvió los recursos de
reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la confirmó.30
2.3.3. De las pruebas de oficio
En cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 24 de agosto de 2017, mediante el
cual se decretaron pruebas de oficio en segunda instancia, fueron aportadas al
expediente, entre otras, las siguientes documentales:
• Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral 48281 del
27 de septiembre de 2017, expedido por el FOMAG, que hizo constar, respecto
de la vinculación de la actora con la Secretaría de Educación del Cauca lo
siguiente:31
Nombre del Último Establecimiento Educativo: Buenos Aires
Cargo: Docente primaria
Nombramiento: propiedad
Historia laboral
Ingreso
Acto administrativo: Decreto 0053 Fecha: 13 de octubre de 1979
Fecha de posesión: 24 de noviembre de 1979
Retiro
Tipo de acto: otro- certificado salarial Fecha retiro: 07 de febrero de 1990
Novedades
Tipo de novedad: Ing. y Reing.
Plantel Educativo: Buenos Aires
Municipio: Buenos Aires. Desde: 01 de septiembre de 1979
«Cálculo total del tiempo menos las ausencias 15-2-10».
29 Folios 2 al 4.
30 Folios 8 al 10 y 12 al 15.
31 Folios 334 al 336.
19
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
«TIPO DE VINCULACIÓN TERRITORIAL PERÍODO VINCULADO MEDIANTE DECRETO 053 DEL
13/ 10/1979 EMANADO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES – CAUCA,
FECHA DE POSESIÓN 24/11/1979 PERO TIENE RETROACTIVIDAD Y SALARIOS A PARTIR DE
01/09/1979.
NO SE ENCONTRÓ ACTO ADMINISTRATIVO DE RETIRO O RENUNCIA EN LA HISTORIA
LABORAL, LOS SALARIOS PARA ESTE PERIODO SE TOMAN CON SUSTENTO EN LA
CERTIFICACIÓN SALARIAL DE FECHA 05/05/2011 SUSCRITO POR JOSÉ CHARRUPI
SANDOVAL - JEFE DE ALMACÉN Y ARCHIVO MUNICIPAL QUE REPOSAN EN LA HISTORIA
LABORAL
Nombre del Establecimiento Educativo Actual: Asnazu (sede principal)
Cargo: Docente básica primaria
Nombramiento: propiedad
Historia laboral
Ingreso
Acto administrativo: Decreto 0021 Fecha: 27 de agosto de 1990
Fecha de posesión: 31 de agosto de 1990
Retiro
Tipo de acto: otro- Formatos 3 B Fecha retiro: 31 de diciembre de
1992
Novedades
Tipo de novedad: Ing. y Reing.
Plantel Educativo: Asnazu (sede principal)
Municipio: Suárez. Desde 01 de junio de 199«2»
«Cálculo total del tiempo menos las ausencias 1-4-2».
«TIPO DE VINCULACIÓN TERRITORIAL PERIODO VINCULADO MEDIANTE DECRETO 021 DEL
27/08/199«2» (sic) EMANADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL
ACUERDO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ - CAUCA COMO DOCENTE DE
CENTRO DOCENTE DE ASNAZU.
NO SE ENCONTRÓ ACTO ADMINISTRATIVO DE RETIRO O RENUNCIA EN LA HISTORIA
LABORAL, LOS SALARIOS PARA ESTE PERIODO SE TOMAN CON SUSTENTO EN
CERTIFICACIÓN LABORAL. FORMATOS 3B PARA BONO PENSIONAL CONSECUTIVO 9 DE
FECHA 08/11/2016 SUSCRITO POR MILCÍADES VERGARA BALANTA SECRETARIO DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA.»
Nombre del Establecimiento Educativo Actual: Francisco de Paula Santander
Cargo: Docente básica primaria
Nombramiento: propiedad
Activo: si
Historia laboral
Ingreso
Acto administrativo: Decreto 0078 Fecha: 26 de noviembre de 1992
Fecha de posesión: 26 de noviembre de 1992
Novedades
Tipo de novedad: Ing. y Reing.
Plantel Educativo: Escuela Rural Nacionalizada de Varones Asnazu
20
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Municipio: Suárez. Desde: 01 de enero de 1993
Tipo de novedad: Incorporación.
Plantel Educativo: Escuela Rural Asnazu – Sede Nina María
Decreto: 495 del 01 de junio de 2007
Municipio: Suárez. Desde: 25 de junio de 2007
Tipo de novedad: Traslado.
Plantel Educativo: Sede Nina María
Resolución: 10626 del 30 de diciembre de
2009
Municipio: Suárez. Desde: 01 de febrero de 2010
«Cálculo total del tiempo menos las ausencias 2-10-24».
«TIPO DE VINCULACIÓN TERRITORIAL, PERIODO VINCULADO MEDIANTE DECRETO 078 DEL
26/11/1992 EMANADO POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ - CAUCA CON
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO 385 DEL 12/11/1992 SUSCRITO
POR EL DELEGADO PERMANENTE DEL M.E.N. ANTE EL FER»
• Formato único para la expedición de certificado de salarios de la accionante
desde el 1° de enero de 2008 hasta el 31 de agosto de 2017.32
• Oficio del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual el coordinador del
grupo de certificaciones de la subdirección de talento humano del Ministerio
de Educación Nacional hizo constar que «verificada la información existente y
los inventarios de la serie historias laborales del archivo central de este ministerio de
la planta de personal el grupo de gestión documental pudo establecer que no se
encontró información alguna a nombre de la señora María Nora Agrono Díaz».33
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de
la demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
i) La señora María Nora Agrono Díaz demostró que laboró en el magisterio oficial
por más de 20 años como docente, en plazas clasificadas como territoriales y
nacionalizadas. Igualmente, tuvo una experiencia como educadora anterior al 31
de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple
32 Folios 337 y 338
33 Folio 342.
21
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser
acreedora del beneficio pensional pretendido.
ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 01-09-1979 07-02-1990 7 5 10
(Buenos Aires)
Territorial 01-06-1990 31-12-1992 0 7 2
(Suárez)
Nacionalizado 01-01-1993 27-09-201734 26 8 24
(Suárez)
TOTAL 3 9 37
En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las siguientes
precisiones:
El Tribunal concluyó que el tiempo de servicios acumulado entre el 1° de
septiembre de 1979 hasta «la fecha»,35 prestado en los municipios de Buenos
Aires y Suárez (Cauca), resultan computables para efectos del reconocimiento
prestacional pretendido, por cuanto los nombramientos fueron efectuados por las
autoridades municipales, respectivamente, y, así las cosas, la accionante siempre
estuvo vinculada «al orden territorial de carácter municipal».
Dicho análisis es compartido por esta Sala, al observar, además, las siguientes
circunstancias.
En primer término, el nombramiento o la ratificación efectuada a través del Decreto
053 del 13 de octubre de 1979, en el municipio de Buenos Aires es de carácter
territorial, pues fue suscrito por una autoridad del orden territorial (el alcalde del
34 Fecha de expedición del certificado de la Secretaría de Educación del Cauca allegado el 27 de
septiembre de 2017.
35 Se presume de presentación de expedición de la sentencia, esto es, el 24 de abril de 2014.
22
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
municipio, en uso de sus facultades legales, sin intervención de ningún otro
funcionario), con el propósito de ratificar la ubicación del magisterio municipal.
Se advierte que la vinculación en el municipio fue para prestar servicios en la
Escuela Rural Mixta de Muchique, donde la accionante laboró como personal
docente de educación municipal, en un empleo que ya existía en la institución y en
la planta del municipio.
De las pruebas obrantes en el proceso, detalladas en el acápite de hechos
probados de esta providencia, y en atención a que el acto de vinculación hace
referencia a la ubicación del magisterio municipal, se infiere con claridad que los
salarios y demás emolumentos percibidos por la docente en el referido municipio
fueron cancelados con recursos propios.
Aunado a ello, la afirmación de que la designación tenga carácter territorial
también encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son territoriales aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
Del mismo modo, la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, al analizar
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a
la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, nacionales y
territoriales. Particularmente la Corte señaló lo siguiente: (en este caso concreto
este aparte no resultaría aplicable porque el primer nombramiento fue en el año
1979, esto es, luego de la expedición de la Ley 43 de 1975)
3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la «nacionalización» de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados
laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la
23
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
«pensión gracia», de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a
otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la
prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de
diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al
principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de
1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada
vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna
[…].
En consecuencia, de acuerdo con el análisis integral del acto de nombramiento
mencionado, se concluye que la vinculación con el referido municipio es del orden
territorial, interpretación que coincide con los formatos de certificación expedidos
tanto por la entidad nominadora como por el Fomag.
En segundo término, el nombramiento efectuado a través del Decreto 021 del 27
de agosto de 1990, en el municipio de Suárez (Cauca), es de carácter territorial,
pues fue suscrito por el alcalde del municipio, en uso de sus facultades legales, sin
intervención de ningún otro funcionario.
Se observa que la vinculación con el municipio fue para prestar servicios en la
Escuela de Varones Asnazú, donde laboró como profesora seccional de centro
docente en un empleo que ya existía en la institución y en la planta del municipio.
De igual modo, de las referidas documentales se extrae con claridad que los
recursos mediante los cuales fueron financiados los emolumentos de la docente a
partir de la vinculación con el Decreto 021 del 27 de agosto de 1990, provenían de
dineros propios del municipio de Suárez, toda vez que el concejo municipal
aprobó el acuerdo de rentas y gastos del ente territorial para la vigencia fiscal
1990, ante la necesidad de nombrar profesores municipales en los diferentes
establecimientos de educación del municipio.
En tercer término, el nombramiento efectuado a través del Decreto 078 del 26 de
noviembre de 1992, en el municipio de Suárez es de carácter nacionalizado,
24
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
pues fue suscrito por una autoridad del orden territorial, el alcalde municipal de
Suárez (Cauca) en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9 de la
Ley 29 de 1989 y de conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989.
Es necesario precisar que el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 asignó las siguientes
funciones a los alcaldes municipales:
Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados,
plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo
en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y
que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los
cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las
disponibilidades presupuestales correspondientes.
[…]
Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.
Parágrafo 2º.- La Nación no asume responsabilidad alguna por los nombramientos
que excedan las plantas de personal aprobadas por el Gobierno Nacional para la
respectiva jurisdicción municipal y para la jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni
nacionalizará el personal así designado.
Los nombramientos y demás novedades de personal que se llegasen a producir por
fuera de las respectivas plantas de personal o contraviniendo las normas del
Estatuto Docente y de la Carrera Administrativa y las disponibilidades
presupuestales correspondientes, serán de exclusiva responsabilidad del municipio
o entidad territorial que los hiciere, y suyas las cargas civiles, administrativas y
laborales que de tales actuaciones se desprendan. El funcionario que produjere el
nombramiento o la novedad de personal, incurrirá en causal de mala conducta, y
responderá solidariamente con la entidad que dicho funcionario represente.
Teniendo en cuenta la anterior transcripción, el hecho de que en el acto de
nombramiento la autoridad territorial se hubiera referido a las facultades otorgadas
en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa, per se, que la vinculación de la
educadora tenga carácter nacional, toda vez que en virtud de esa disposición
normativa se asignaron a los alcaldes municipales las funciones de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacional o nacionalizados.
25
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Por consiguiente, no se puede perder de vista que en el acto de nombramiento se
indicó que el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
FER del departamento del Cauca certificó que existía disponibilidad presupuestal,
situación por medio de la cual, de acuerdo con la sentencia de unificación de 21
de junio de 2018 «no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de
su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la
junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal.»
En el caso concreto, resulta indispensable resaltar que el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional ante el FER del departamento de Cauca,
quien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 43 de 1975 era el
encargado de administrar los recursos, certificó que existía disponibilidad
presupuestal, es decir, que de manera explícita se determinó que se trataba de
una plaza nacionalizada.
Aunado a ello, la afirmación de que dicha designación tiene el carácter
nacionalizado también encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la
Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43
de 1975».
De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis la docente fue
nombrada por una entidad territorial con posterioridad al 1.º de enero de 1976 con
ocasión de la nacionalización, junto con el análisis del acto de nombramiento, es
dable concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación de la demandante fue
nacionalizada.
26
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Adicionalmente, en el mencionado acto se indica que la institución educativa en la
cual fue nombrada (Escuela Nacionalizada de Varones de Asnazú), también es
nacionalizada y que la demandante ocupaba un cargo de docente en primaria.
En el mismo orden, el hecho de que en el nombramiento efectuado en propiedad
con el Decreto 078 del 26 de noviembre de 1992, se hubiera indicado que el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo
Educativo Regional - FER certificó la disponibilidad presupuestal para la provisión
del empleo, no es óbice para que la vinculación no resulte válida para obtener la
pensión gracia objeto de controversia.
Lo anterior, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de
unificación SUJ2-11/18 a pesar de que en la designación se sugiriera que los
recursos para el pago de los emolumentos provienen del FER -situado fiscal- tal
circunstancia no determina el tipo de vinculación de la demandante, debido a que
en virtud del nombramiento efectuado por el entonces alcalde del municipio de
Suárez y la plaza ocupada, la actora ostenta el carácter de docente
nacionalizada.
En efecto, en la citada providencia de unificación se concluyó que lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones.36
36 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
27
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Al respecto, esta Sala en reciente pronunciamiento señaló lo siguiente:37
Es oportuno resaltar que el a quo desestimó el referido tiempo en consideración a
que los salarios fueron financiados por la Nación; sin embargo, conforme se expuso
en acápites anteriores, esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar
que tal argumento no podía oponerse para reconocer la prestación en comento,
toda vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema
general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y
exógenas».38
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación».
De acuerdo con lo explicado, los tiempos laborados como docente por parte de la
señora Agrono Díaz tienen la denominación de territoriales y nacionalizados, en
todo caso, no podrían ser, de ningún modo, denominados como nacionales en
atención a que no existe prueba alguna dentro del proceso que dé cuenta de ello,
al paso que sí obra suficiente material probatorio que respalde sus pretensiones.
Por otra parte, es preciso resaltar que el Ministerio de Educación Nacional en el
certificado que obra a folio 342 del plenario, hizo constar que en «los inventarios
de la serie Historias Laborales del archivo central de este Ministerio de la planta de
personal, el grupo de Gestión Documental pudo establecer que no se encontró
información alguna a nombre de la mencionada señora», lo que afianza aún más
que la docente laboró al servicio de entidades territoriales por más de 20
años.
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden territorial y nacionalizado por más de 20 años y
cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980,
tal como lo determinó el a quo; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado: 52001-23-
33-000-2014-00540-01 (2892-2016).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
28
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación
pretendida.
ii) La señora Agrono Díaz cuenta con más de 50 años de edad (los cumplió el
12 de septiembre de 2011) y durante su ejercicio como docente no se registraron
sanciones disciplinarias,39 es decir, que cumple con los requisitos de edad, buena
conducta y desempeño laboral con honradez y consagración previstos por la Ley
114 de 1913 para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
De suerte que, por las razones expuestas el recurso de apelación interpuesto no
tiene vocación de prosperidad.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201640, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
39
Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
29
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Pese a que en este caso se comprobó la causación de costas de la segunda
instancia, teniendo en cuenta que la decisión que se adopta es fruto de lo
dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación
del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, no se impondrán.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada por
cuanto la demandante acreditó en el proceso los requisitos para ser beneficiaria
de la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 24 de abril de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda
interpuesta por la señora María Nora Agrono Díaz, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
30
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00455-01 (3253-14)
Demandante: María Nora Agrono Díaz
Segundo. Sin condena en costas.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
31
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