Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00229-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00229-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2014-00229-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 19001 23 33 000 2014 00229 01 (3546–2016)
Demandante: Julio César Espinosa Espinosa .
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Departamento del Cauca.
Temas: Prestaciones sociales de docentes. Sanción
moratoria por la consignación tardía de cesantías
definitivas. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
ASUNTO
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 13 de mayo de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo de l Cauca, que accedió a las
pretensiones de la demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES. 1
1.1. Pretensiones de la demanda.
Julio César Espinosa Espinosa , por intermedio de apoderad a
judicial, demandó la nulidad de las Resoluciones 972 de 19 de
julio de 2011 y 1562 de 21 de diciembre del mismo año, así como
del acto ficto o presunto negativo producto del silencio
administrativo ante la petición radicada el 7 de febrero de 2013 ,
todos ellos proferidos por la Secretaría de Educación
Departamental del Cauca y por medio de los cuales se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago de
las cesantías definitivas .
1 Folios 36 a 47 del cuaderno principal.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001 23 33 000 2014 00229 01
Demandante: Julio César Espinosa Espinosa
Como consecuencia de lo anterior, reclamó el recono cimiento y
pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías
definitivas de acuerdo con lo establecido por la Ley 244 de 1995 ,
desde el 9 de mayo de 2011 , momento en que se hizo exigible la
obligación, hasta que se realice el pago efectivo. De igual forma
solicitó condenar a la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FI DUPRE VISORA – Depart amento del
Cauca – Secretaría de E ducación Departamental a pagar las
cesantías definitivas reconocidas pero no pagadas por valor de
$7’699.903oo .
1.2. Hechos que funda mentan la demanda.
Julio César Espino sa Espinosa indicó que se laboró como profesor
en el Departamento del Tolima entre el 4 de junio de 19 79 y 10 de
febrero de 1997, luego, se vinculó a la Secretaría de Educación
Departamental del Cauca desde octubre de 2002 hasta el 23 de
abril de 2010.
Señaló que r adicó el 2 de febrero de 2011 una petición con el fin
de obtener el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.
En respuesta, la Secretaría de Educación Departamental del Cauca
expidió la Resolución 972 de 19 de julio de 2011 en donde reconoció
la prestación social por un valor mayor , pues no se descontó lo ya
cancelado por retiro de cesantías parciales, y con una fecha de
solicitud diferente.
A través de la Re solución 1562 de 21 de diciembre de 2011, la
entidad departamental realizó la corrección del valor que
efectivamente se le debía cancelar al demandante por cesantías
definitivas.
En oficio No. 02222 de 18 de febrero de 2013, la Fiduprevis ora
informó que el pago de cesant ías está disponible para cobro desde
el día 13 de febrero del mismo año. Sin embargo el b anco BBVA
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Demandante: Julio César Espinosa Espinosa
certificó que no se ha realizado consignación por dicho concepto a
favor de Julio César Espinosa Espinosa.
En reclamación radicada el 7 de febrero de 2013 se solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria , sin que la entidad
demandada se pronunciara, config urando así el silencio ficto
negativo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.
Al respecto, realizó un análisis norm ativo de l derecho que posee a
reclamar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías definitivas, pues no fueron canceladas dentro del término
establecido por la Ley 244 de 1995 .
1.4. Admisión de la de manda.
En el momento de estudiar la admisió n de la demanda, el Tribunal
Administrativo del Cauca declaró la falta de jurisd icción para
conocer las pretensiones encaminadas al pago de las cesantías
definitivas del demandante. Así mismo, rechazó la demanda
respecto de la pretensión de declarar la nulidad de las Resoluciones
972 de 19 de julio de 2011 y 1562 de 21 de diciembre siguiente .
1.5. Contestac ión de la demanda.
El Departamento del Cauca 2 allegó contestación a la demanda,
oponiéndose a las pretensiones ; indicó que el departamento no se
encuentra legitimado en la causa por pasiv a, pues la entidad
encargada de realizar e l pago de cesantías a los docentes es el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A.
Por su parte , la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 se
2 Folios 103 a 124 del cuaderno principal.
3 Folios 151 al 159 del cuaderno principal .
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opuso a las súpli cas de la demanda. Aseguró que se debe tener en
cuenta que tiene que existir el p resupuesto y se debe respetar el
turno para la cancelación, en aras de respetar el derecho a la
igualdad de los demás docentes.
1.6. Audiencia inicial. 4
El 23 de octubre de 2015, en acatamiento al artículo 180 del
CPACA, el Tribunal Administrativo de l Cauca desarrolló la
audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:
«1. ¿El dem and ant e en su ca lida d de docent e, t iene o no
der echo al r econoc i m ient o y pago de la sanción m or at or ia por
el pago inop or t uno de las cesant í as r econocidas m edian t e
Resoluc ión Nº 972 d e 19 de j ulio de 201 1?
2. ¿El act o adm inist r at ivo f ict o conf igur ado r espect o de l a
pet ición r ec ibid a en la ent idad e l 07 de f ebr e r o de 2013, por
m edio de la cual se r eclam ó la sanción m or at or ia, est á o no
af ect ada de nulidad ?
3. ¿Cuál de las e nt idades en caso de que haya lugar a
r econocim ient o de la sanción m or at or ia, est á encar gada de l
pago?» ( sic)
1.7. Decisión de primera instancia. 5
En sentencia de 13 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo del
Cauca declaró la f alta de legitimación en la causa por pasiva de la
Fiduprevisora S.A. y del Departamento del Cauca – Secretaría de
Educación Departamental; de igual forma , accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
magisterio a recon ocer, liquidar y pa gar la sanción mo ratoria por
pago inoportuno de las cesantías definitivas po r 908 días de
retardo.
Como sustento de la decisión realizó un análisis jurí dico de la
sanción por mora en el pago oportuno de las cesantías definitivas .
4 Folios 176 a 179 y en el CD anexado a folio 180 del cuaderno principal.
5 Folios 232 a 242 del cuaderno principal.
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Demandante: Julio César Espinosa Espinosa
Así mismo , señaló que la solicitud de reconocimiento y pago de la
prestación se radicó el 12 de febrero de 2011 por lo cual la
administración contaba con 83 días para resolver la solicitud, es
decir hasta el 17 de junio de 2011; sin embargo, se encuentra
probado que la consigna ción de las mismas se produjo el 26 de
diciembre de 2013 en el banco BBVA, como resultado de ello se
obtiene que transcurrieron 908 días de mora .
El a quo consideró que la disponibilid ad presupuestal para el pago
de cesantías no puede ser un obstáculo para que el docente
obtenga acceso al derecho prestacional, situación que la Corte
Constitucional pre cisó en sentencia C -428 de 1997.
Finalmente, aclaró que n o hay lugar a declarar la prescripción, toda
vez que entre la fecha de radicación de la solicitud de pago de las
cesantías y la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria no transcurrie ron más de tres años .
1.8. Recurso de apelación.
La Nación – Minis terio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio 6, actuando a través de apoderado,
presentó recurso d e alzada . Argumentó que la entidad encargada
de realizar e l pago de las prestacion es es la Fiduprevisora S.A. y
que, además, a los docentes los cobija el Decreto 2831 de 2005, el
cual no contempla la sanción consagrada en la Ley 1071 de 2006.
De igual manera relató que, en acatamiento de la sentencia T 228
de 1997 proferida por la Corte Const itucional, el reconocimiento,
liquidación y pago de las cesantías parciales debía sujetarse a la
disponibilidad presupuestal y al turno correspondiente para ello, por
lo cual no procedería la sanción por mora, pues el actuar de la
administración se encuentra ajustado a la ley y la jurisprudencia.
1.9. Alegatos en segunda instancia.
La Nación – Minis terio de Educación Nacional – Fondo Nacional
6 Folios 254 a 256 del cuaderno principal.
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Demandante: Julio César Espinosa Espinosa
de Prestaciones del Magisterio 7 allegó escrito en el que insistió
en los argumentos del recurso de apelación , en el cual solicitó
revocar la sentencia objetada y negar las pretensiones de la
demanda.
Julio César Espino sa Espinosa, la Procuraduría Segunda Delegada
ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso 9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante, no obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado la senten cia el superio r resolverá sin
limitaciones ; en el caso de la referencia, se observa que
únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, razón
por la cual la competencia se encuentra limitada a los argumentos
expuestos en el mencionado recurso .
2.2. Problema jurídico.
¿Julio Césa r Espin osa Espinosa , en su condición de docente , tiene
derecho a ser beneficiario de la sanció n moratoria por el pago tardío
de sus cesantías definitivas, de conformidad con lo previsto en las
Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990, y el Decreto 1582 de 1998 ?
7 Folios 254 a 256 del cuaderno principal.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable a l caso.
2.3.1 Del auxilio de cesantías en la labor docente.
A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre
otras, disposicione s referentes a la jurisdicción especial de trabajo,
y en sus artículos 12 10 y 17 11 dispuso que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras
prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo
o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría
en cuenta el tiempo de servicio prest ado con posterioridad al 1º de
enero de 1942 , cuya liquidación se reglamentó a través del artículo
6º del Decreto 1160 de 1947 .
Hasta este momento las prestaciones sociales de los empleados
públicos habían sido expedidas de manera genérica, y sin hacer
una referencia expresa al personal docente; no obstante, con la
expedición de la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta
entidad se encargaría del pago de prestaciones sociales
reconocidas a favor de los docentes. Precisamente el numeral 3º
del artículo 15 de la norma citada, dispone el reconocimiento de
cesantías a favor del personal docente en dos condiciones, a
saber:
«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior ida d al 1º de ener o de 19 90 ser á r egido p or l as
sigui ent es dispos ici ones: [ …]
3. Cesant í as:
A . Par a los docent es nacional izados v in cul ados hast a el 31 de
diciem br e de 1989, el Fondo Nacio nal de Pr est aciones Soci al es
10 «Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio,
corresponderán al patrono las siguientes indemnizaciones o prestaciones para
con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: f) Un mes de salario por
cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de a ño, en caso
de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del
contrato.»
11 « A r t í c u l o
17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente
gozarán de las siguientes prestaciones: a) Auxilio de cesantía a razón de un
mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este
auxilio solamente se tendrá en cuenta el ti empo de servicios prestados con
posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…) ».
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del M agist er io pag ar á un auxili o equi valent e a un m es de
salar io por cada a ño de ser vicio o p r opor cionalm ent e p or
f r acción de año labo r ado, sobr e el últ im o salar io de vengado, si
no ha sido m odif icado en los últ im os tres m eses, o en caso
cont r ar io sobr e el salar io pr om edio de l úl t im o año.
B. Par a los docent es que se vinculen a par t ir del 1. De enero
de 1990 y par a los docent es nacio nales vincu lados c on
ant er ior idad a d ich a f ec ha, per o sólo con r espect o a l as
cesant í as gener ada s a par t ir del 1º . de ener o de 1990, el
Fondo Naci onal de Prest aci ones Soci al es del M agi st erio
reconocerá y pa gar á un i nt erés anual sobre sal do de est as
cesant í as exi st ent es al 31 de di ci e mbre de cada añ o ,
liqu idad as anua lm ent e y sin r et r oact ivi dad, equiva lent e a la
sum a que r esult e de aplicar la t asa de int er és, que de acuer do
con cer t if icación de l a Super int endenc ia Bancar ia, haya sido la
com er cial pr om edio de capt ación del sist em a f inancier o
dur ant e el m ism o per í odo. Las cesant í as del per sonal n acion a l
docent e, acum uladas hast a el 31 de diciem br e de 1989, que
pasan al Fondo Nacion al de Pr est aciones Soc ia les de l
M agist er io, cont inu ar án som et idas a las nor m as gener ales
vigent es par a los em pleados púb licos d el or den naci ona l. »
( Resal t ado de l a Sal a )
La condición de los docentes como servidores públicos fue
reforzada jurisprud encialmente por la Corte Constitucional en las
sentencias C – 741 de 2012 12 y C – 486 de 2016 13, en las que se
determinó que los docentes oficiales deben ser tenidos en cuenta
como tales, no solo por la denominación expresa del estatuto
docente (Decreto 2277 de 1979 ) y por la ley general de educación
(Ley 115 de 1994 ), sino porque hacen parte de la Rama Ejecutiva
al cumplir una misión expresa dentro de las secretarías de
educación territoriales.
En la jurisprudencia antes reseñada, se hizo un ra zonamiento
específico respecto del reconocimiento, liquidación y pago de las
cesantías a favor de los docentes oficiales , indicando que es un
régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto le es
aplicable el ordenamiento especial; es decir, a través del artículo
15 de la Ley 91 de 1989 se debe tener en cuenta lo establecido en
la Ley 244 de 1995 y su posterior refo rma, la Ley 1071 de 2006.
12 C o r t e Constitucional. Sentencia de 26 de septiembre de 2012.
13 C o r t e Constitucional. Sentencia de 7 de septiembre de 2016.
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Las ya mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los
términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las
sanciones en caso de incumplimiento; allí, desde un comienzo, en
sus primeros artículos se se ñalaron unos tiempos perentorios para
el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de
los servidores públicos , a saber:
«A rt í cul o 1º . ( Subrogado por el art í cul o 4º . de l a Ley 1071
de 2006) . T érmi nos: Dent r o de los qu ince ( 15) dí as háb il es
sigui ent es a la pr esent ación de la so lic it ud de l iqu idac ión de
las cesant í as def init ivas o par cia les , por part e de los
pet icionar ios, la ent i dad em plead or a o a quel la que t eng a a s u
car go el r econoc im ient o y pago de l as cesant í as, deber á
expedir la r esoluci ón cor r espondient e, si r eúne t odos los
r equisit os det er m ina dos en la ley.
Par ágr af o . En caso de que la ent idad o bser ve que la sol icit ud
est á incom plet a deber á inf or m ár sele al pet icionar io dent r o de
los diez ( 10) dí as hábil es siguient es al r ecibo de la solicit u d,
señalánd ole expr es am ent e los document os y/ o r equisit os
pendient es.
Una vez apor t ados l os docum ent os y/ o requis it os pendie nt es,
la sol icit ud deber á ser r esuelt a en los t ér m inos señalados en
el inc iso pr im er o de est e ar t í culo.
A rt í cul o 2º . ( Su brogado por el art í culo 5º de l a Ley 1071 de
2006) . M ora en el pago: La ent idad públic a pagador a t endr á
un plazo m áxim o de cuar ent a y cinco ( 45) dí as hábiles, a par tir
de la cual qued e en f ir m e el act o adm inist r at ivo que or dena la
liqu idac ión de las ce sant í as def init ivas o par ciales de l ser vido r
públ ico, par a cancel ar est a pr est ación social, sin per j uic io d e
lo est ablec ido par a el Fondo Nac iona l d e Ahor r o.
Par ágr af o . En caso de m or a en el p ago de l as cesant í as
def init iva s o par cial es de los ser vidor es públi cos, la ent id ad
obli gada r econocer á y cancelar á de sus pr opios r ecur sos, al
benef iciar io, un dí a de salar io por cada dí a de r et ar do hast a
que se haga ef ect ivo el pago de las m ism as, par a lo cual solo
bast ar á acr edit ar la no cancelaci ón dent r o del t ér m ino p r evist o
en est e ar tí culo. Sin em bar go, la ent idad podr á r epet ir contr a
el f uncion ar io, cuan do se dem uest r e que la m or a en el pag o se
pr oduj o por culpa im put able a est e. »
Como puede observarse, estas disposiciones legales no solo
impusieron unos términos e specíficos para el reconocimiento,
liquidación y pago de las cesantías, sino que también indicaron una
sanción por el no cumplimiento de los tiempos establecidos a favor
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de los trabajadores públicos, tal y co mo lo señala el artículo 2º de
la Ley 1071 de 20 06. 14
En conclusión, la cesantía como prestación social reconocida a los
servidores público s, dentro de los que se encuentran los docentes
oficiales, cuenta con unos términos perentorios, que de no ser
cumplidos generan una sanción por mora en el pago oportuno,
situación que le es aplicable al perso nal docente como servidores
del Estado.
2.3.2. Sentencia de Unificación 098 de 2018. 15
La Corte Constit ucional se pronunció respecto del pago de
cesantías y mora en el pago a docentes oficiales ; en dicha decisión,
se llegó a las siguientes conclusiones:
«Est e m andat o const it uciona l 16 est ablece una ser ie d e
der echos y gar ant í as m í nim as f undam ent ales en f avor de los
t r abaj ador es, que no pueden ser desconocidos. Ent r e est os, se
encuent r a el pr incip i o de f avor abilidad e n la aplicac ión de la s
nor m as j ur í dicas labor ales o en la int erpr et aci ón de ést as, lo
cual supone que el f uncionar io público deber á opt ar por dar
aplic ación a la sit uación m ás f avor able par a el t r abaj ador
cuando exist a un conf lict o de nor m as j ur í dicas o dudas en la
int er pr et ación de un a det er m inada nor ma j ur í dica.
Aunado a l o a nt er ior , l a Cort e Const i t uci onal ha reconoci do
que el hecho de que l os docent es se encuent ren amparados
por un régi men especi al , no i mpl i ca el desconoci mi ent o de
su cal i dad de t rabaj adores del Est ad o, y menos aún si se
t rat a de l a apl i cación de una norm a de caráct er l aboral que
comport a un benef i ci o, caso en el cual preval ece l a
i nt erpret aci ón que report e el mayor benef i ci o para el
empl eado, pues ésta será l a que se aj ust e a l os post ul ados
del art í cul o 53 de la Cart a Pol í t i ca .
14«Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley
los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los
particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria,
los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores
particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. »
15 C o r t eConstitucional. Sentencia de 17 de octubre de 2018 .
16 S e refiere al artículo 53 de la Constitución Política.
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Demandante: Julio César Espinosa Espinosa
En el caso obj et o de est udi o se evi denci a que exi st e una
post ura más f avorabl e respect o de l os derechos l aboral es
de l os docent es of i ci al es, est o es, aquel l a que recono ce
que est e grupo de t rabaj adores del Est ado t i ene derecho a
l a sanci ón por mora en el p ago del auxi l i o de cesant í a.
A pesar de que l os j ueces adopt aron u na post ura razonab l e
y se encuent ra j ust i f i cada desde el punt o de vi st a l egal ,
est e ent endim ient o excluyó ot r a posib l e int er pr et ación de la
nor m at iva gener al q ue consagr a l a sanci ón m or at or ia por la no
consignac ión de cesant í as de conf or m idad con lo dispuest o en
el num er al 3° del ar t í culo 99 de la Ley 50 de 1990.
Est o, por cuant o el ám bit o de apl ic ación de l a sanci ón
m or at or ia de la Ley 50 de 1990 se ext iende a t odos los
empl eados públ i cos . Así lo est ablece el Decr et o 1252 d e
2000: [ se t r anscr ibe la nor m a]
[ …]
De est a m aner a, la Sala no com par t e el ant er ior r azonam ient o,
puest o que pr ecisa m ent e las nor m as que se encuent r an e n l a
dispos ición, en par t icular , el art í cul o 13 de l a Ley 344 de
1996, ext endi ó l a l iqui daci ón anual de l as cesant í as a t odas
l as personas que se vi ncul en a l os órganos y ent i dades del
Est ado a part i r del 31 de di ci embre de 1996 . Al r espect o, las
aut or idades j udic ial es int er pr et ar on el apar t e “ sin per juic io de
( …) lo est ip ulado en la Ley 91 de 1989 ” b aj o un ent endi mi ent o
rest ri ct i vo, en el sent i do de que l os docent es est aba n
excl ui dos de est e cont eni do de manera cat egóri ca . [ …]
Una vez r ealizada l a ant er ior aclar ació n, encuent r a la Cor t e
que exi st e una i nt erpret aci ón f avorable al act or que no se
t uvo en cuent a por el despacho ni l a Corporaci ón Judi ci al ,
y que se encue nt ra en el mi smo cont eni do de l a di sposi ci ón
en coment o, pues al l í se est abl ece, en l o pert i nent e, que
l os empl eados públ i cos que se vi ncul en al servi ci o del
Est ado a part i r de la vi genci a del Decret o 1252 de 2000 –el
act or se vinculó el 31 de m ar zo de 2003 - t ienen der echo al
pago de las cesant í as en los t ér m inos est ablecid os en la L ey
50 de 1990 y que l o al l í di spuest o se apl i ca aún en el evento
en que el servi dor públ i co se ri j a por un r égi men especi al
que regul e l as cesant í as.
Adem ás, el par ágr af o del ar t í culo 1° del Decr et o 1252 de 2000
consagr a que los f ondos que adm inist r an y pagan las cesant í as
a los ser vidor es r ef er idos segu ir án hac iéndo lo, dent r o de l os
cuales est á incl uid o el f ond o del F O M AG. Por t ant o, la
int er pr et ación que per m it a concluir que dicha sanción
m or at or ia no es apli cable a l act or baj o el ar gum ent o de que no
cum ple la condició n de pert enecer a la cat egor í a de ser vidor
públ ico t er r it or ial n i la d e encont r ar se af ili ado a un f ond o
pr ivado, t am bién puede ent ender se de m aner a dist int a a la luz
de lo dispuest o en e l par ágr af o pr ecit ado.
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Demandante: Julio César Espinosa Espinosa
Agr egado a lo ant er ior , com o ya se m encionó, el r égim en
anual izado q ue est ablece la Ley 50 d e 1990 se ext en dió al
sect or público. Esp ecí f ica m ent e, el ar tículo 13 de la Ley 3 44
de 1996 est ablec ió un nuevo r égim en d e cesant í as anualiza do
y sist em a aplicab le a las per sonas qu e se vincular an co n el
Est ado con post er io r idad a su ent r ada en vigenc ia. Por ot r a
par t e, el ar t í culo 1º del Decr et o 15 82 de 1998 acogió la sa nci ón
m or at or ia pr evist a en el ar t í culo 99 de la Ley 50 de 1990.
Real izada la ant er io r aclar ación, est a C or por ación cons ider a
que, en el r égim e n anual izado, apl ic able al cas o de l os
docent es vincula dos después de 1990 y 1996, es lógico que se
exij a la af il iaci ón y el pago opor t uno de l auxi lio de cesant í a s,
ya que l a consi gnac i ón es l a manera de garant i zar el acceso
a l a prest aci ón. Si n duda, est e si stema sol o puede ser
equi t at i vo si l as personas pueden cont ar con su pago de
f orma oport un a para poder di sponer de l a prest aci ón en
cual qui era de l os event os en que se permi t e, est o es, ant e
el desempl eo, para f i nanci ar l a educaci ón propi a, de
compañeros perma nent es, de l os hi j os o depen di ent es y
para l a adqui si ci ón, const rucci ón, mej ora o li be raci ón de
bi enes raí ces dest i nados a su vi vi enda .
Adic iona lm ent e, cabe anot ar que, com o quedó vist o, una
i nt erpret aci ón restri ct i va de l a apli caci ón de l a sanción
morat ori a i ncurri ría en un trat o desigual de l os docent es
f rent e a ot ros t rabaj adores del Est ado que gozan de l a
sanci ón como gar ant í a de l a prest aci ón. Est a di st i nción
vi ol a el derecho a l a i gual dad t oda vez que l os docent es
t endrí an un derecho l i mi t ado por tener una cat egorí a
especí f i ca dent ro de l os t rabaj adores est at al es, l o cual no
const i t uye un moti vo val i do en sí mi smo para negar su
acceso.
Si bi en se aj ust a a la Const it uc ión l a cr eación de r egí m enes
especia les, inclus iv e dent r o de los t r abaj ador es del Est ado, en
est e caso se t rat a d e una prest aci ón ex i gi bl e para t odos l os
t rabaj adores, por l o cual l a di scusi ón est á en su f orma de
garant í a . El derecho a l a i gual dad exi ge que no se haga n
di st i nci ones i nj usti f i cabl es ent re sujet os asi mi l abl es. Los
docent es hace n part e de l os empl eados públ i cos, a
qui enes, en general , l es ap l i ca l a sanci ón morat ori a. En t al
m edida, se t r at a de un escenar io en el c ual t odos gozan de u na
pr est ación, el au xil io de cesa nt í as, que gar ant iza la
subsist encia ant e e l desem pleo y el ac ceso a la educaci ón y
vivien da. Por ello, un acercami ent o que di smi nuye la
prot ecci ón de l a garant í a a unos en perj ui ci o de l os otros
vi ol a el derecho a la i gual dad.
Como se advi rt i ó, l os docent es se encuent ran en l a
cat egorí a de l os empl eados públ i cos y no exi st e razón que
j ust i f i que que en su cal i dad de t rabaj adores no t engan
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derecho, de l a misma f orma que l os demás servi dores
públ i cos, a que sus prest aci ones soci al es sean cancel ada s
en t i empo. Una int er pr et ación cont r ar ia no pr ot eger í a a est as
per sonas en l a m is m a f or m a que a ot ros ser vidor es púb lic os,
lo cual t endr í a com o consecuencia la r est r icción de su
posib il idad de goza r de la gar ant í a d el pago opor t uno d el
auxil io de cesant í as y, a su vez, de las pr ot ecciones ya
m encionadas que se der ivan de esa pr est ación.
Para l a Sal a, l a ant eri or i nt erpret aci ón no result a
i ncompat i bl e con el régi men especi al que regul a l a f i gura
del auxi l i o de cesant í as de l os docent es porque no af ect a
l os requi si t os, t érmi nos y compet enci a para su
reconoci mi ent o ni af ect a el derecho de l o s docent es a es t a
prest aci ón como tampoco genera excl usi ones ent re l os
docent es del magi st eri o, l o cual , al parecer, si se deri varí a
de l a i nt erpret aci ón según l a cual sol o l os docent es del
sect or t erri t ori al tendrí an derecho a est a consecuenci a
l egal por el i ncumpl i mi ent o de l a consi gnaci ón de l a
prest aci ón soci al del auxi l i o de cesant í as.
Sum ado a lo ant er ior , el régimen especi al al que est á
somet i do el act or no cont empl a l a sanci ón que sol i ci t a,
si t uaci ón di st i nt a serí a que su régi m en l o cont empl ara o
que, en su l ugar, se est abl eci era ot ro t i po de benef i ci os o
sanci ones, l o cual , en est e caso no se evi denci a. A l
respect o, l a j uri sprudenci a const i t uci onal ha sost eni do que
hi pót esi s como l as que ahora se encuent ran baj o est udi o
pueden desco nocer el derecho a l a i gual dad. [ …]
En est e m ar co, la Sala advier t e que en est e caso no se
present a ant i nomi as l egal es que pueda n y deban resol vers e
a t ravés del pri nci pi o de especi al i dad, ya que no se t rat a de
el egi r l a apl i caci ón de una u ot ra no rmat i va, pues l o que
sucede es que l a norma especi al c arece de regul aci ón
respect o a una f i gura j urí di ca que sí est á present e en l a
norma general , por t ant o, l o que se evi denci a es un vací o.
Es deci r, l a normat i va que regul a el régi men especi al de
docent es no regul ó l a mat eri a de l a sanci ón morat ori a ni
sust raj o o excl uyó est á f i gura j urí di ca que sí est á regul ada
en l a norma general , en consecuen ci a, no se t rat a de
normas excl uyent e s que exi gen apl i c ar una u ot ra si no de
di sposi ci ones que se compl ement an .
Baj o est a lí nea ar gu m ent at iva es im por t ant e enf at izar que en
est e caso no se vulner a el pr inc ipio de inescin dib il idad o
conglobam ent o, seg ún el cual “ E l t ext o legal así escogid o de be
( …) aplicar se de m aner a í nt egr a en su relaci ón con la t ot alid ad
del cuer po nor m at ivo al que p er t enece, sin que sea adm isi b le
escisio nes o f r agm ent aciones t om ando l o m ás f avor able de las
dispos icion es en conf lict o, o ut ilizando dispos icion es jur í dicas
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cont enidas en un r égim en nor m at ivo dist int o al elegid o ” 17, en
r azón a que, al el egi rse l a norma má s f avorabl e al
t rabaj ador, es apl i cabl e en su t otal i dad el cont enido
ref erent e a l a sanción morat ori a por l a no consi gnaci ón d el
auxi l i o de cesant í as en l os t érmi nos previ st os en l a Ley 50
de 1990 .
Est o es, no se elige par t e de su cont enid o, pues no se aplica n
de m aner a f r agm ent ada los cont enidos nor m at ivos que más
f avor ecen al tr abaj ador con f undam ent o en dist int as f uent es
nor m at ivas, sino que com o quedó expuest o, en el r égi men
especi al hay una ause nci a de regul aci ón de l a f i gura de l a
sanci ón morat ori a por l a no consi gnaci ón de cesant ías
( vací o normat i vo) , mi ent ras que el régi men general si l a
cont empl a. A sí l as cosas, se apl i ca de manera compl et a la
norma especi al , except o en caso de vací o, en dond e se
apl i ca el régimen general . [ …]
De conf or m idad con t odo lo expuest o, en consonanci a con e l
pri nci pi o de f avorabi l i dad procede apl i car l o di spuest o en
el numeral 3° del art í cul o 99 de l a Ley 50 de 1990 ya q ue l a
Ley 91 de 1989 n o cont empl a de manera exp resa sanci ó n
por l a no consi gnaci ón de l as cesant ías en el FO MAG . »
2.4. De lo probado en el proceso.
Revisado el exped iente, y de acuerdo con las pretensiones de la
demanda, se encuentra probado que Julio César Espinosa Espinosa
prestó sus servicios como docente oficial en el departamento del
Cauca desde el 1 de noviembre de 2002 al 23 de abril de 2010. 18
Con ocasión del retiro del servicio, el 12 de febrero de 201 1 solicitó
ante la Secretaría de Educación Departamental del Cauca el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas 19; dicha petición
fue resuelta de manera favorable a través de la Resolución 972 de
19 de julio de 2011 , por medio de la cual se reconoció y ordenó
pagar las cesantías correspondientes a los años 2002 a 2010. 20
A través de la Re solución 1562 de 21 de diciembre de 2011, la
Secretaría de Educación del Departamento del Cauca modificó el
valor a cancelar por cesantías definitivas a favor del demandante. 21
17 C i t a propia del texto transcrito «Sentencia T -832A de 2013.»
18 F o l i o s 126 a 130 del cuaderno principal.
19 F o l i o 144 del cuaderno principal.
20 F o l i o s 4 y 5 del cuaderno principal.
21 F o l i o 7 del cuaderno principal.
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Mediante petición de 7 de febrero de 2013 , el demandante solicitó
ante la Secretaría de Educación Departamental del Cauca, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por e l no pago
oportuno de las cesantías definitivas 22, sin que esta entidad se haya
pronunciado al respecto.
Finalmente, la Fiduprevisora S.A. realizó la consignación de los
valores correspondientes al auxilio de cesantías el 26 de diciembre
de 2013 en el Banco BBVA, información certificada por ambas
entidades. 23
Ahora bien, respecto de la sanción moratoria del señor Espinosa
Espinosa esta Sala observa lo siguiente:
1- Con el fin de reconocer las cesantías definitivas, la
administración contaba con 15 días para dar respuesta a la
solicitud radicada el 12 de febrero d e 201 1, es decir, que el
término señalado venció el 4 de marzo de 2011 , fecha en la
cual comenzó a contar el término de 5 días, es decir 11 de
marzo siguiente , para que quedara ejecutoriado el act o 24 de
haberse expedido oportunamente.
2- A partir de esta ú ltima fecha, comenzó a contarse el pla zo de
45 días, hasta el 18 de mayo de 201 1, para que el FOMAG
realizara e l respectivo pago de las cesantías a favor del
docente. Por lo tanto, a partir del día hábil siguiente, 19 de
mayo de 201 1, se comenzó a causar la indemnización
moratoria.
3- Teniendo en cuenta que el pago de las cesantías ocurrió el 2 6
de diciembre de 2013 , según lo indicado previamente en esta
providencia, es cla ro que la administración incurrió en mora
22 F o l i o s 137 a 143 del expediente principal.
23 F o l i o s 13 a 15 del cuaderno de pruebas.
24 S e c o n t a b i l i z a n c i n c o d í a s , p u e s
la fecha en que se debió expedir el acto fue
cuando aún estaba en vigencia el Código Contencioso Administrativo, por eso
no aplica el término de 10 días consagrado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Conte ncioso Administrativo -entró a regir el 2 de julio
de 2012-, que es la única norma a que se refirió el precedente jurisprudencial
citado.
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desde el 19 de mayo de 2011 hasta el 26 de diciembre de
2013.
Debe tenerse en cuenta que la s Resoluciones 972 de 19 de julio
de 2011 y 1562 de diciembre del mismo año no fue ron objetadas
por los valores allí reconocidos , motivo por el cual se presume n
ajustado s a la legalidad, y por lo tanto no podría alegarse una mora
adicional respecto del reconocimiento allí realizado.
Ahora bien , respecto del argumento expuesto por la entidad
apelante , en donde indicó la imposibilidad de pagar dentro del
término legal por existir turnos y no contar con el presupuesto para
ello, se debe indicar que i) la jurisprudencia traída y puesta de
presente en el recurso de apelación y los alegatos de segunda
instancia habla del pago de cesantías parciales no de cesantías
definitivas como es el caso que nos ocupa y, además, ii) se tiene
que tener en cuenta la naturaleza misma de las cesantías, es decir,
es un auxilio para el trabajador que ha quedado cesante y que le
sirve para atender sus necesidades , siendo además un derecho
irrenunciable , por lo que el empleador tiene el deber de pagar lo
dentro de los términos legalmente establecidos .
Por lo anterio r, la Sala confirmará la sentencia de 13 de mayo de
2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, únicamente
bajo los términos de la apelación presentada.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia.
En atención con lo señalado en recientes providencias de esta
Subsección 25 y al criterio objetivo valorativo de causación de costas
procesales, previst o en el artículo 188 del CPACA no se condenará
en costas de segunda instancia, comoquiera que se no demostró su
causación en la medida que , si bien no prosperó el recurso de
apelación, la parte demandante no participó en el trámite de ésta
instancia.
25Consejo de Estado. Sección Segunda. S entencia de 14 de julio de 2016,
Radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 13 de mayo de 2016 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca , que accedió a
las súplicas de la demanda dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia de
acuerdo con indicado en esta providencia .
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el
Sistema de Gestión Judicial del Con sejo de Estado – “SAMAI” y
ejecutoriada esta providencia devolve r el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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