Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2014-00320-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2014-00320-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2014-00320-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-33-000-2014-00320-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Radicación: 19001233300020140032001 (72938)
Demandante: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Demandado: ALFONSO SANTOS MONTERO Y JOSÉ REVELO REVELO
Tema: Medio de control de repetición. Régimen previsto en los artículos
90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del Código
Contencioso Administrativo. No se probó la calidad de servidor
o ex servidor público o de particular que cumplía funciones
públicas del demandado. Sin costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SINTESIS DEL CASO
Mediante sentencia del 24 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo del Cauca
condenó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional (en adelante “Ministerio de
Educación”) y al ICFES a pagar una indemnización por los perjuicios morales
causados a Denny Alberto Chilito Garzón y otros, como consecuencia de la omisión
en el ejercicio de la función de inspección y vigilancia sobre la Universidad Libre, la
cual estuvo intervenida por las mencionadas autoridades entre 1992 y 1996, periodo
durante el cual la “Consiliatura de intervención” dispuso la apertura del pregrado de
derecho en la seccional de Cali – extensión Popayán, sin realizar el correspondiente
registro del programa académico ante el ICFES.
Como el Ministerio de Educación afirma que pagó una indemnización por tal
concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en
2
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
contra de Alfonso Santos Montero, rector interventor de la Universidad Libre y José
Revelo Revelo, Subdirector Académico del ICFES, señalando que debían
reembolsarle dicho dinero, por haber sido los agentes que con su actuación
gravemente culposa habían incidido en la producción del daño antijurídico por el
cual fue condenada.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 19 de noviembre de 20131, el Ministerio de Educación, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en
contra de Alfonso Santos Montero y José Revelo Revelo, para que se les declarara
patrimonialmente responsables del pago de $1.055.750.000 a Denny Alberto Chilito
Garzón y otros, realizado en cumplimiento de la condena impuesta mediante
sentencia del 24 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante
Resolución No. 805 del 1 de abril de 1992, el ICFES intervino la Universidad Libre
y, en consecuencia, ordenó la suspensión del ejercicio de las funciones de los
miembros de la sala general, la consiliatura y el rector nacional de dicha institución.
Señala que, mediante Resolución No. 7308 del 10 de noviembre de 1993, el
Ministerio de Educación designó a Alfonso Santos Montero como “rector interventor
nacional” de la Universidad Libre.
Sostiene que, en reunión celebrada el 26 de octubre de 1994, la “Consiliatura de
intervención” de la Universidad Libre, órgano del cual hacía parte el rector Santos
Montero, decidió “extender” el programa de derecho que se ofertaba en la Seccional
de Cali, al municipio de Popayán.
1 Fl. 6 a 15, 133, C. 1.
3
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Aduce que la Universidad Libre no informó al ICFES ni al Ministerio de Educación
sobre la extensión del pregrado en derecho, así como tampoco registró el
mencionado programa académico en el Sistema Nacional de Información de
Educación Superior (SNIES), tal como lo exigían los artículos 2 y 8 del Decreto 837
del 27 de abril de 1994, derogado por los Decretos 2790 de 1994, 2566 de 2003 y
1295 de 2010.
Afirma que el 19 de abril de 1995, Alfonso Santos Montero, en su calidad de rector
nacional de la Universidad Libre, informó al director general del ICFES que la
mencionada institución presentaba problemas con la implementación de ciertos
programas académicos, entre ellos, el pregrado en derecho ofertado en la Seccional
de Cali – extensión Popayán.
Señala que el anterior oficio correspondió por reparto a José Revelo Revelo,
Subdirector Académico del ICFES, sin que “dentro de las actuaciones judiciales ni
dentro de la investigación adelantada por el Ministerio de Educación” obre el trámite
adelantando ni la respuesta emitida por dicha autoridad.
Afirma que el 10 de octubre de 1997, el ICFES puso en conocimiento de la
Universidad Libre que el pregrado en derecho ofertado en la seccional de Cali –
extensión Popayán no se encontraba registrado.
Aduce que, a partir de julio de 2001, los estudiantes del mencionado pregrado
culminaron sus estudios y, en consecuencia, solicitaron el reconocimiento de la
práctica de judicatura ante el Consejo Superior de la Judicatura, quien les informó
que el programa académico que cursaron en la Universidad Libre no exista, pues
no se encontraba registrado ante el ICFES.
Narra que, dadas las irregularidades en el registro del programa de derecho ofertado
por la Universidad Libre – seccional Cali – extensión Popayán, mediante Resolución
No. 343 del 25 de febrero de 2002 el Ministerio de Educación ordenó al ICFES
realizar exámenes de idoneidad a los estudiantes y egresados del mencionado
pregrado.
4
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Sostiene que, en virtud de lo anterior y en indeterminada fecha, un grupo de
estudiantes presentó demanda de reparación directa contra el Ministerio de
Educación, el ICFES y la Universidad Libre, por los perjuicios morales y materiales
causados por haber sido “estigmatizados al haber estudiado en universidades
piratas”, con ocasión de la omisión en el ejercicio de la función de inspección y
vigilancia que las entidades demandadas debieron ejercer sobre la mencionada
institución de educación superior.
Manifiesta que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante
sentencia del 24 de febrero de 2010, accedió a las súplicas de la demanda y declaró
que el Ministerio de Educación y el ICFES eran patrimonialmente responsables de
los perjuicios causados a los demandantes.
Refiere que, en indeterminada fecha, el Ministerio de Educación y el ICFES
presentaron recurso de apelación contra la anterior decisión.
Destaca que, mediante sentencia del 24 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo
del cauca confirmó la decisión del 24 de febrero de 2010 proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán.
Indica que, en cumplimiento de la anterior decisión judicial, el 23 de noviembre de
2011 el Ministerio de Educación pagó por perjuicios morales a Denny Alberto Chilito
Garzón y otros, la suma de $1.233.678.334, a través de su apoderada judicial.
Atendiendo a que el Ministerio de Educación afirma que pagó una indemnización
por tal condena, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición
contra Alfonso Santos Montero, rector interventor de la Universidad Libre y José
Revelo Revelo, subdirector académico del ICFES, pues considera que su conducta
gravemente culposa causó el daño antijurídico por el cual resultó condenada la
entidad.
5
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
2. Contestación
El 18 de agosto de 20162, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda
y ordenó su notificación a los demandados y al ministerio público.
2.1. Alfonso Santos Montero3 se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó
que no actuó con culpa grave ni dolo. En sustento, señaló que, como rector de la
Universidad Libre, no actuaba a título personal sino como representante académico
de dicha institución, la cual fue absuelta en el proceso de reparación directa.
Asimismo, sostuvo que la consiliatura, máximo órgano de gobierno de la
Universidad Libre, fue quien tomó la decisión de extender el programa de derecho
a Popayán, con la finalidad de satisfacer las necesidades educativas de dicho
municipio.
Finalmente, el señor Santo Moreno propuso las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva, cosa juzgada, ausencia de culpa grave y dolo, y la
“innominada”. Adicionalmente, en escrito aparte4, formuló las excepciones que
denominó “incumplimiento de requisito de procedibilidad por no consignar
oportunamente los gastos del proceso del presente expediente” y falta de
legitimación en la causa por pasiva.
2.2. El curador ad litem de José Revelo Revelo5, contestó la demanda y señaló que
el referido demandado había fallecido. Sostuvo, además, que no se acreditó que el
señor Revelo Revelo hubiese sido subdirector del ICFES. Propuso la excepción que
denominó “inexistencia del demandado”.
2 Fl. 147 y 148, C. 1.
3 Fl. 178 a 182, C. 1.
4 Fl. 220 a 222, C. 1.
5 Fl 244 a 246, C. 2.
6
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
3. Audiencia inicial
Los días 10 de mayo de 20196, 23 de septiembre de 20197 y 14 de julio de 20228,
el Tribunal Administrativo del Cauca celebró la audiencia inicial en la que realizó el
saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a establecer “si los señores Alfonso Santos Montero y José Revelo Revelo son
patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional en virtud de la sentencia desfavorable proferida
en su contra por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de
reparación directa No. 2003-00391, promovido por el señor Denny Alberto Chilito
Garzón y otros. Para ello deberá establecerse como primera medida si existe
legitimación en la causa por pasiva”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 30 de septiembre de 20229 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La demandante10 reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó
declarar no probadas las excepciones propuestas por los accionados. Asimismo, se
refirió a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante
sentencia del 25 de marzo de 2021, donde, en un caso con los mismos supuestos
facticos y jurídicos al que aquí se discute, se condenó a Alfonso Santos Montero y
otros, al encontrar acreditado su actuar gravemente culposo.
6 Fl. 271 y 272, C. 2.
7 Fl. 288, C. 2.
8 Fl. 433 y 434, C. 2.
9 Índice 75, Samai del tribunal.
10 Índice 77, Samai del tribunal.
7
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
3.2. Alfonso Santos Montero11 sostuvo que no se acreditó el pago efectivo de la
condena a los beneficiarios y que operó el fenómeno de la caducidad del medio de
control.
Por otro lado, señaló que para la fecha en que ocurrieron los hechos el Código
Contencioso Administrativo no contemplaba la posibilidad de repetir contra
particulares que ejercieran funciones públicas, puesto que dicha situación fue
regulada posteriormente mediante la Ley 678 de 2001. Asimismo, indicó que la
obligación de informar al ICFES sobre la extensión del programa de derecho
correspondía a la Universidad Libre a través de su presidente nacional, quien era
su representante legal. Adicionalmente, reiteró que operó la cosa juzgada, toda vez
que la mencionada institución de educación superior fue absuelta en el proceso de
reparación directa. Finalmente, argumentó que el Ministerio de Educación no tenía
la potestad legal ni constitucional de asignar funciones públicas a particulares.
3.3. El ministerio público12 solicitó negar las pretensiones de la demanda porque no
se probó el pago de la condena judicial a los beneficiarios, pues se demostró que
dicho monto fue pagado a su apoderada y no se acreditó con certeza que los
demandantes efectivamente hubiesen recibido el dinero.
3.4. José Revelo Revelo guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 13 de marzo de 202513 el Tribunal Administrativo del Cauca
negó las pretensiones de la demanda, al constatar, por un lado, que José Revelo
Revelo no se encontraba legitimado en la causa por pasiva porque falleció con
anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de repetición. Por otra parte,
sostuvo que no se acreditó la calidad de agente o ex agente del Estado de Alfonso
Santos Montero. Finalmente, no condenó en costas.
11 Índices 78, 79 y 80, Samai del tribunal.
12 Índice 81, Samai del tribunal.
13 Índice 88, Samai del tribunal.
8
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Al efecto, sostuvo: “[…] la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-524 del 13
de diciembre de 2024, se pronunció frente a la acción de amparo intentada contra
un fallo emitido por este Tribunal el 9 de septiembre de 2021 por los mismos hechos
que dieron lugar a la repetición, en donde se determinó la responsabilidad del
accionado Alfonso Santos Montero y se le ordenó pagar la totalidad de la suma que
asumió el ICFES, por considerar que incurrió en culpa grave. En dicha sentencia, la
Corte Constitucional después de hacer un estudio de las funciones que les asistía
al ICFES y al Ministerio de Educación en el marco de la inspección y vigilancia de
la prestación del servicio educativo conforme a la Ley 30 de 1992, concluyó que […]
que las personas designadas como autoridades administrativas de la universidad
en la intervención, entre quienes se cuenta al aquí demandado, Alfonso Santos
Montero, en su calidad de rector interventor de la Universidad Libre, no tuvo ni pudo
tener la calidad de servidor público ni de particular con funciones públicas,
básicamente, porque la intervención de universidades y la designación de
autoridades de reemplazo no era competencia ni del ICFES ni del Ministerio de
Educación y, por ello, tales entidades no podían delegar ni atribuir en un particular
una función que no les era propia. […] Ahora, respecto del otro demandado, esto
es, el señor José Revelo Revelo de quien se demostró falleció el 3 de septiembre
de 2004, de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, debe declararse
probada de oficio la excepción de ‘falta de legitimidad en la causa por pasiva’, ya
que la acción de repetición al tratarse la acción personal y declarativa (…) con la
muerte del presunto responsable, tal acción se extingue y desaparece la posibilidad
que tiene el Estado de repetir contra aquél”.
5. Recurso de apelación
El 10 de abril de 202514, la entidad demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 8 de mayo de 202515 y admitido el 11 de julio de 202516.
14 Índice 92, Samai del tribunal.
15 Índice 95, Samai del tribunal.
16 Índice 12, Samai.
9
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
5.1. La accionante17 indicó que los demandados actuaron en calidad de agentes del
Estado al prestar el servicio educativo a través de la Universidad Libre, sin haberle
informado a las autoridades correspondientes la apertura del programa académico
de derecho en la extensión Popayán. Reiteró que, mediante sentencia del 25 de
marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Cauca, en un caso con los mismos
supuestos facticos y jurídicos al que aquí se discute, condenó a Alfonso Santos
Montero y otros, al encontrar acreditado su actuar gravemente culposo. Finalmente,
argumentó que la sentencia T-524 de 2024, proferida por la Corte Constitucional,
tiene efectos inter partes, por lo que el Tribunal Administrativo del Cauca no debió
tenerla en cuenta para adoptar la decisión.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA18, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia.
6.1. El ministerio público19 rindió concepto y solicitó confirmar la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, dado que no se acreditó el
actuar gravemente culposo de Alfonso Santos Montero. Asimismo, respecto de José
Revelo Revelo indicó que no estaba legitimado en la causa por pasiva, toda vez que
falleció antes de la fecha de presentación de la demanda de repetición.
17 Índice 92, Samai del tribunal.
18 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una
vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá
un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El
secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
19 Índice 20, Samai.
10
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
III. CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta
jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)20 y el inciso 1° del
artículo 7 de la Ley 678 de 200121.
En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es
competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV,
para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición
tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación22, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
20 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio
con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo
pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de
repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el
cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con
pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”
21 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá
de la acción de repetición.”
22 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de
$1.055.750.000 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en
el año 2013 el SMLMV ascendía a la suma de $589.500, de ahí que 500 SMLMV correspondían a
$294.750.000.
11
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
2. Medio de control procedente
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 23, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 24, el medio
de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra
el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya
dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u
otra forma de terminación de un conflicto.
En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita
declarar a Alfonso Santos Montero y José Revelo Revelo patrimonialmente
responsables del pago de $1.055.750.000, realizado en cumplimiento de la
sentencia del 24 de febrero de 2010, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Popayán y confirmada mediante providencia del 24 de junio de 2010, del Tribunal
Administrativo del Cauca.
3. Vigencia del medio de control
Comoquiera que Alfonso Santos Montero en el trámite de primera instancia señaló
que había operado la caducidad del medio de control de repetición, resulta necesario
verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un
presupuesto procesal25.
23 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia
de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte
del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado,
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”.
24 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al
disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”.
25 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
12
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general26, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción27, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 “...el derecho al acceso
a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
13
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure28 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 29,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.
28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
29 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
14
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de
julio de 201230, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)31. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código
General del Proceso (CGP)32, en virtud de la integración normativa dispuesta por el
artículo 306 del primero de los estatutos mencionados33.
No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA34, los procesos iniciados con
anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen
jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales
no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al
vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario.
En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad
pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de
30 La demanda de repetición se presentó el 19 de noviembre de 2013.
31 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
32 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP
entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la
norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el
respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto
de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
33 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
34 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012. (…)
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.
15
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177
del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de
que la sentencia quede en firme.
Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio
de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de
la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas.
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 24 de junio de 2010, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la providencia del 24 de febrero de 2010,
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, quedó ejecutoriada el
28 de julio de 2010, tal como se dejó constancia en la Resolución No. 9646 del 27
de octubre de 2011 que dio cumplimiento a la condena judicial35; ii) que el 23 de
noviembre de 2011, el Ministerio de Educación pagó a Teresa Eugenia Lemos
Bermeo, apoderada de los beneficiarios, la suma de $1.233.678.334, según da
cuenta la orden de pago No. 6079 del 8 de noviembre de 201136 y el reporte de
relación de pagos del SIIF No. 211411137; iii) que el plazo de los 18 meses para el
pago de la condena se cumplió el 30 de enero de 2012 38; iv) que lo primero que
ocurrió fue el pago de la condena; y, v) que la demanda se interpuso el 19 de
noviembre de 201339, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del
numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis40.
35 Fl. 55 a 58, C. 1.
36 Fl. 60, C.1.
37 Fl. 61, C. 1.
38 El 29 de enero de 2012 fue festivo.
39 Fl. 133, C. 1.
40 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
16
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
4.1. La Nación se encuentra legitimada en la causa por activa y está debidamente
representada por el Ministerio de Educación, pues fue la entidad condenada
mediante sentencia proferida el 24 de junio de 2010, por el Tribunal Administrativo
del Cauca.
4.2. Alfonso Santos Montero está legitimado en la causa por pasiva,
pues, presuntamente, en su calidad de rector interventor de la Universidad Libre,
fue el agente que con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena
impuesta en contra del Ministerio de Educación.
4.3. Los herederos determinados e indeterminados de José Revelo Revelo41, en su
calidad de sucesores procesales, no están legitimados en la causa por pasiva pues,
el señor Revelo Revelo falleció el 3 de septiembre de 2004, esto es, con anterioridad
a que se condenara al Ministerio de Educación y se presentara la demanda de
repetición en su contra, según da cuenta copia auténtica de su registro civil de
defunción42.
Justamente, en reciente oportunidad, la Subsección A del Consejo de Estado43 tuvo
la oportunidad de pronunciarse en un caso de similares características, en el que se
resolvió una acción de repetición interpuesta por la Contraloría General del
departamento de Norte de Santander contra Alfredo Enrique Flórez Ramírez, frente
al cual declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el
demandado falleció con anterioridad a que se le notificara el auto admisorio de la
demanda. De hecho, en aquella oportunidad la Subsección A sostuvo:
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
41 En el curso de la audiencia inicial celebrada el 23 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo
del Cauca reconoció la calidad de sucesores procesales de José Revelo Revelo a sus herederos
determinados e indeterminados. Fl. 288, C. 2.
42 Fl. 268, C. 2.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de febrero de 2022, exp. 59395.
17
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
“Con tales rasgos, la acción de repetición es de naturaleza declarativa, cuya
finalidad no es otra que la declaración o reconocimiento de un derecho sustancial que
esté en discusión y, es personal, lo cual indica que es individual y dirigida
específicamente contra el servidor o exservidor que con su conducta dio origen a la
condena: por lo que, previo a ella, ningún derecho u obligación existe entre las
partes, de manera que con la muerte del presunto responsable, tal acción se
extingue y desaparece la posibilidad que tiene el Estado de repetir contra aquél.
Consecuente con lo anterior y así se reconoce con precisión y claridad, la capacidad
para ser parte de un proceso tiene como supuesto la existencia de la persona,
de manera tal que con la muerte cesa la capacidad para promover un proceso o
afrontar una reclamación judicial con la que se aspire a una declaración de esa
misma naturaleza. […]
En adición a la regla antes indicada, está aquella según la cual el patrimonio no
desaparece con la muerte, por lo que los derechos y obligaciones que lo integran se
transmiten a los herederos. Así, estos son representantes de la persona del de cuius,
por lo que pasan a ocupar el puesto que en esas obligaciones y derechos tenía el
titular fallecido. En tal virtud, se dice, los herederos están legitimados para ejercer los
derechos del causante como para responder por las obligaciones insolutas, pero
precisando que tales obligaciones son anteriores a la muerte. 45. Así, bueno es
precisarlo, en el asunto objeto de estudio no existían obligaciones insolutas, ya
que el señor Alfredo Enrique Flórez Ramírez falleció antes de ser notificado de
la demanda, de manera que, al tratarse de un litigio de naturaleza personal, no
resulta posible transmitírselo a sus herederos. En efecto, la diligencia de
notificación personal que se intentó en el año 2004 resultó fallida por cuanto el
accionado había fallecido en el 2003, razón por la que se designó curador ad - litem
y finalmente se trabó la litis el 5 de marzo de 2015, esto es, luego de doce (12) años
desde tal acontecimiento. […]
Se acredita entonces que el demandado murió sin que le hubieren notificado el
auto de admisión, ni siquiera por conducto de su curador ad-litem, de manera
que como nunca se le vinculó al proceso, su muerte no dio lugar a la sucesión
procesal que opera cuando fallece el litigante, ya que, bueno es decirlo, nunca
ostentó tal calidad. […]
En consecuencia, por evidenciarse la falta de legitimación en la causa por pasiva,
ya que la muerte del presunto responsable se dio con anterioridad al inicio del
proceso, se revocará la sentencia consultada y se negarán las pretensiones de la
demanda”. (se resalta)
Por demás, resulta pertinente aclarar, que la Sección Tercera44, en un principio,
admitió la posibilidad de repetir contra los herederos del servidor o exservidor
público que con su conducta dio origen a la condena, incluso si aquel había fallecido
con anterioridad a la presentación de la demanda. Sin embargo, dicha postura fue
44 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de noviembre de 2020, exp. 59482. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, exp. 67335.
18
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
rectificada posteriormente45, en el sentido de limitar la procedencia del medio de
control de repetición contra los herederos del agente estatal, al considerar que
aquellos carecen de legitimación en la causa por pasiva, dada la naturaleza
declarativa y personal del medio de control de repetición.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si está probada la calidad de servidor o ex
servidor público o de particular que ejercía funciones públicas de Alfonso Santos
Montero.
6. Solución al problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
sobre el régimen jurídico aplicable al presente caso.
7. Régimen jurídico aplicable al caso
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la CN señala que “en el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel deberá repetir contra éste”.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de febrero de 2024, exp. 70339: “Al respecto, es de resaltar que inicialmente, la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2343 del Código
Civil y 60 del Código de Procedimiento Civil (hoy, artículo 68 del CGP), en atención al carácter
resarcitorio de la acción de repetición, consideró posible repetir contra los herederos del agente o ex
agente estatal, incluso si había fallecido al momento de presentación de la demanda. No obstante,
recientemente se ha recogido la interpretación referida, desarrollando diversos argumentos dirigidos
a limitar la repetición en contra de los herederos de los ex agentes estatales. En concreto, las
decisiones antes referidas han centrado su análisis en: i) la liquidación de la herencia, ii) la extinción
de la acción por la muerte del presunto responsable, y iii) la dificultad para analizar el fundamento
subjetivo de la responsabilidad cuando se demanda a los herederos del agente o ex agente estatal.
[…] Con todo, esta Subsección sigue y reitera los argumentos tendientes a limitar la procedencia de
la acción de repetición contra los herederos del agente o ex agente del Estado, para considerar que
aquellos carecen de legitimación en la causa”. Asimismo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de octubre de 2022,
exp. 65762. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021,
Rad.: 53008.
19
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de
carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público,
así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar
al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto.
La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la
acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando
aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual
que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del
agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto
a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos
procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción
y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad,
oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y
determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con
fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso46.
Así las cosas, como en el sub examine los hechos47 que produjeron la condena en
contra del Ministerio de Educación ocurrieron entre 1992 y 1996, esto es, durante el
periodo en que la Universidad Libre estuvo intervenida por la precitada autoridad y
se dispuso la apertura del pregrado en derecho de la Universidad Libre - seccional
Cali – extensión Popayán, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es
el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.
46 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23
de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad:
47535.
20
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
8. El caso concreto
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación48 para la procedencia del medio
de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) que el
demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que
ejerza o haya ejercido funciones públicas; ii) la obligación reparatoria a cargo del
Estado; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o
gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se
condenó al Estado.
En este sentido, en aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación,
la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los requisitos referidos para la
procedencia de la acción de repetición, ya que para la configuración de dicho
instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos
el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no
será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende,
declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a
la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó.
Así las cosas, en atención al problema jurídico, se analizará, en primer lugar, el
requisito relacionado con la calidad de servidor o ex servidor público o particular que
ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado Alfonso Santos Montero.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del
12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.:
42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
21
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
8.1. La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya
ejercido funciones públicas del demandado
Este presupuesto para que proceda el medio de control de repetición consiste en
que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de
la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o
de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas.
En el caso sub judice, se aportaron los siguientes medios probatorios para acreditar
dicha calidad:
8.1.1. Copia auténtica de la Resolución No. 805 del 1 de abril de 199249, expedida
por el ICFES, “por la cual se suspenden en el ejercicio de las funciones a la Sala
General, la Consiliatura y al Rector, integrantes del Gobierno de la Universidad Libre
a nivel Nacional”, de acuerdo con las facultades conferidas por el “Decreto 1227 de
1989 y el Acuerdo 172 del mismo año, de la Junta Directiva del ICFES”. De su
contenido se destaca:
“Considerando
[…] Que el Decreto No. 1227 de 1989 dispone que en su artículo 2o., literal que el
ICFES puede suspender las funciones del Rector y/o Consejos superiores y directivos
de las instituciones de Educación Superior, previo concepto de la Junta Directiva del
ICFES, y con el voto favorable de su Presidente.
Que la Subdirección dirección Jurídica del ICFES en cumplimiento de lo previsto en
el Artículo 2o. del Acuerdo 172 de 1989 y con base en el análisis de los estatutos
vigentes de la Universidad Libre, de las normas de educación superior y disposiciones
legales aplicables, de la revisión de los documentos que hasta la fecha obran en las
Subdirecciones Académica y Jurídica del Instituto y del informe rendido por la
Comisión nombrada por Resolución 569 del 19 de marzo de 1992, de la Dirección
General del ICFES, que ordenó la práctica de una visita a la Universidad Libre con
domicilio principal en la ciudad de Santafé de Bogotá, rindió concepto al Director
General del ICFES, sobre la existencia de las causales y e (sic) del artículo 3o. del
Decreto 1227 de 1989, en las cuales han incurrido la Sala General, la Consiliatura y
el [ilegible], integrantes del Gobierno de la Corporación Universidad Libre nivel
nacional, por cuanto analizados tales [ilegible] estableció la existencia de los hechos
que a continuación se detallan, así como de las conclusiones que finalmente se
exponen. […]
49 Fl. 62 a 66, C. 1. CD. 1, “Anexos”, archivos “20131118125906400_0001.pdf” a
“20131118125906400_0010.pdf”.
22
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Que de las irregularidades que se desprenden del informe de la visita practicada a la
Universidad Libre se colige que los responsables del gobierno, dirección y
Universidad, que de acuerdo con los estatutos son la Sala General, la Consiliatura y
el Rector no han ajustado su conducta a los mandatos contenidos en los estatutos,
en las leyes y los reglamentos y, además que han persistido en el incumplimiento de
sus deberes, todo lo cual hace indispensable el ejercicio de los poderes del Estado
para velar por la buena [ilegible] de la Institución.
Resuelve:
“Artículo 1º.- Suspender en el ejercicio de sus funciones por el término de sesenta
(60) días prorrogables contados a partir de la expedición de esta Resolución, a la Sala
General, a la Consiliatura y al Rector integrantes del Gobierno de la Universidad Libre.
Artículo 2º.- Designar como Rector de la Universidad Libre a nivel nacional al Doctor
JAIME ANGULO BOSSA, identificado con la cédula de ciudadanía número
17'007.696 de Bogotá, quien deberá a su vez presentar ternas a la Junta Directiva del
ICFES a través de su Director General, para elegir a las personas que integrarán la
Consiliatura, según lo dispuesto en el Articulo [ilegible] del Decreto 1227 de 1989.
Artículo 3º.- Todos los sistemas administrativos y académicos, así somo los
documentos de la institución, deberán ser puestos inmediatamente a disposición de
los directivos temporales, quienes tomarán las medidas necesarias para preservar
sus bienes y dar cabal cumplimento a sus funciones.
Parágrafo. Los miembros de la Sala General, de la Consiliatura y el Rector
suspendidos en el ejercicio de sus funciones prestarán toda la colaboración que
requieran las personas designadas para ejercer las funciones de los órganos y
autoridades suspendidos.
Artículo 4º.- Las personas designadas para ejercer las funciones en la Universidad
Libre recibirán por concepto de sus servicios, el valor que corresponda a lo devengado
por los titulares, lo cual será cubierto con el presupuesto de la Universidad. […]
Artículo 6º.- Las personas designadas deberán presentar un informe a la Junta
Directiva del ICFES dentro de los quince (15) días siguientes al de su posesión, sobre
la situación encontrada en relación con las funciones que fueron suspendidas y sus
primeras actuaciones. […]”
8.1.2. Copia auténtica de la Resolución No. 7308 del 10 de noviembre de 199350,
por medio de la cual la Ministra de Educación designó a Alfonso Santos Montero
para “ejercer el cargo y funciones de Rector Interventor de la Universidad Libre”, en
la cual se señala:
“Considerando
Que mediante Resolución 805 del 1o de Abril de 1992, de la Dirección General del
ICFES, se suspendió en el ejercicio de las funciones a la Sala General, a la
50 Fl. 81 a 83, C. 1.
23
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Consiliatura y al Rector, integrantes del Gobierno de la Universidad Libre a nivel
nacional.
Que el artículo 26 del Decreto 1211 del 28 de Junio de 1993, prevé que de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 30 de 1992, los
procesos de inspección y vigilancia del Decreto 1227 de 1989, que en la actualidad
adelanta el ICEES, continuarán hasta su culminación a cargo del Ministro de
Educación Nacional con la colaboración del ICFES.
Que aún no ha sido superada en su totalidad la situación que dio origen a la
suspensión en el ejercicio de funciones, de los integrantes del Gobierno de la
Universidad Libre. […]
Resuelve:
“Artículo 1º.- Designar al doctor ALFONSO SANTOS MONTERO, para ejercer el
cargo y funciones de Rector Interventor de la Universidad Libre, en reemplazo del
doctor MIGUEL ANGEL HERRERA ZGAIB, a quien se le acepta la renuncia.
Artículo 2º.- El Rector Interventor adelantará las acciones necesarias para garantizar
en la Universidad Libre, el cumplimiento de los objetivos de la educación superior,
previstos en el artículo 6o. de la Ley 30 de 1992 y facilitará la evaluación que el ICFES
y la Universidad Nacional efectuarán sobre el estado actual de la intervención, en los
aspectos académicos.
Artículo 3º.- El Rector Interventor, además de las funciones que estatutariamente le
corresponden, ejercerá las siguientes:
1. Presentar informes a este Ministerio sobre las acciones, planes y proyectos de
orden académico que la Rectoría viene desarrollando, las que pretenda adelantar y
los resultados obtenidos en desarrollo del proceso de intervención, así como respecto
del cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, en relación con
la vinculación, permanencia y retiro del personal docente, decanos, directivos de
institutos y jefes de departamentos nacionales, de la Universidad.
2. Consultar con este Ministerio la designación y/o remoción de sus representantes
en las, seccionales de la Universidad, quienes deberán presentar igualmente,
informes sobre los proyectos desarrollados hasta la fecha y los que pretendan
desarrollar.
3. Presentar un informe sobre las políticas de la entidad en relación con los procesos
de selección, admisión, cupos y jornadas para cada uno de los programas
académicos y demás aspectos que inciden en el desarrollo de dichos procesos.
4. Presentar a consideración de las instancias respectivas de la Universidad y de este
Ministerio, los proyectos de reformas estatutarias y reglamentarias que, según
diagnóstico previo y en aplicación de las normas legales, se deban implementar, para
garantizar el normal desarrollo académico de la Universidad”.
8.1.3. Copia auténtica del Acta No. 22 de la reunión estatutaria de la “Consiliatura
24
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
de Intervención” de la Universidad Libre51, celebrada el 26 de octubre de 1994, a la
cual asistió Alfonso Santos Montero, en su calidad de rector de la institución. En
dicho encuentro, la consiliatura aprobó “la extensión a Popayán de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Seccional de Cali”.
8.1.4. Copia auténtica del Oficio No. 13063 del 18 de abril de 199552, por medio del
cual Alfonso Santos Montero, en su calidad de rector de la Universidad Libre,
informó al Director General del ICFES que presentaba “inquietudes” y
“preocupaciones” sobre varios de los programas educativos ofertados por la
mencionada institución, entre ellos, el pregrado en derecho que se dictaba en la
extensión Popayán.
8.1.5. Copia auténtica de la Resolución No. 3900 del 11 de septiembre de 199553,
por medio de la cual la Ministra de Educación aceptó la renuncia presentada por
Alfonso Santos Montero al cargo de “Rector Nacional” de la Universidad Libre.
8.1.6. Copia auténtica de la Resolución No. 201 del 26 de enero de 199654, expedida
por el Ministerio de Educación, “por la cual se levanta definitivamente la suspensión
en el ejercicio de funciones de los Órganos de Gobierno y Directivos de la
Universidad Libre”, de acuerdo con las “facultades legales y en especial las
previstas en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 698 de 1993”.
8.1.7. Copia auténtica de la Resolución No. 1493 del 23 de julio de 200155, por medio
de la cual el Ministerio de Educación sancionó a la Universidad Libre por no haber
informado al ICFES sobre la creación del programa de derecho en la Seccional Cali
• extensión Popayán.
8.1.8. Copia auténtica de la Resolución No 343 del 25 de febrero de 200256,
mediante la cual el Ministerio de Educación repuso y revocó la sanción impuesta a
51 Fl. 70 a 72, C. 1.
52 Fl. 73 a 79, C.1.
53 Fl. 84 y 85, C. 1.
54 Fl. 67 a 69, C. 1.
55 Fl. 102 a 111, C.1.
56 Fl. 112 a 123, C. 1.
25
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
la Universidad Libre mediante la Resolución No. 1493 de 2001, en la cual se señala:
“Es entonces claro que si el programa de Derecho en extensión a Popayán se autorizó
por una Consiliatura de intervención e inició actividades bajo la supervisión de un
Rector interventor, quienes actuaban por expreso mandato del Gobierno Nacional,
que había limitado en ejercicio de la función de inspección y vigilancia la autonomía
universitaria, la Universidad Libre no actuó por sus directivas sino por autoridades
constituidas por la intervención y fuera del principio constitucional de la autonomía
universitaria, resulta entonces absurdo desconocer esta circunstancia, y terminar
sancionando a la universidad por una gestión u omisión que no estuvo a su cargo.
En consecuencia, quedando probado en este caso que la universidad estaba
intervenida y que por tanto su autonomía estaba limitada por el ejercicio de la
inspección y vigilancia, este Despacho procederá a revocar la sanción impuesta a la
Universidad Libre, por el ofrecimiento y desarrollo del programa de Derecho en
extensión a la ciudad de Popayán, pero ordenará al Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior -ICFES-, que en el marco de la función de fomento
de la Educación superior y apoyo a la Inspección y Vigilancia de la misma, organice
y coordine un proceso de evaluación del programa de Derecho extensión a Popayán
de la Universidad Libre, para lo cual, en principio la Universidad realizará un proceso
de autoevaluación que comprometa a todos los estamentos en la identificación de
debilidades y fortalezas del programa y que como garantía de seriedad deberá seguir
los criterios que contempla el modelo del Consejo Nacional de Acreditación, lo cual
no implica que este proceso deba concluir en la acreditación de excelencia del
programa, ni que se comprometa la participación en el mismo del Consejo Nacional
de Acreditación”.
Pues bien, de acuerdo con las pruebas la Sala pasará a establecer si se probó la
calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido
funciones públicas respecto del demandando Alfonso Santos Montero, en su calidad
de “rector interventor” de la Universidad Libre.
Al efecto, se advierte que en la demanda se indicó que el señor Santos Montero “se
trataba de un particular con ejercicio de funciones públicas, por cuanto la
Universidad Libre se encontraba intervenida desde el año 1992, por el Ministerio de
Educación Nacional - ICFES, en virtud del decreto 1227 de 1989, artículo 2º. y que
mediante Resolución No. 7308 de 10 de noviembre de 1993, el Ministerio de
Educación Nacional, lo nombró como rector interventor nacional de la Universidad
Libre”.
Ahora bien, la Sala encuentra que no está acreditado que Alfonso Santos Montero,
en su calidad de “rector interventor” de la Universidad Libre ejerciera funciones
públicas, tal como pasará a explicarse.
26
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
En efecto, si bien está probado que, mediante Resolución No. 805 del 1 de abril
199257, el ICFES ordenó la suspensión en el ejercicio de las funciones a la sala
general, la consiliatura y al rector nacional de la Universidad Libre y que, en
consecuencia, mediante Resolución No. 7308 del 10 de noviembre de 199358, el
Ministerio de Educación nombró a Alfonso Santos Montero como “rector interventor”
de la mencionada institución, dicha situación per se no implica que el demandado
ejerciera funciones públicas.
Justamente, se advierte que la Resolución No. 805 del 1 de abril de 199259 fue
expedida con base en el Decreto 1227 del 3 de junio 198960, el cual, en su artículo
2º, consagraba la facultad del ICFES de suspender el ejercicio de las funciones de
rectores de universidades públicas o privadas, en virtud de su función de inspección
de vigilancia sobre las instituciones de educación superior. De hecho, en dicho
decreto se dispuso lo siguiente:
“Artículo 1º. A través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, ICFES, el Presidente de la República de Colombia, en uso de su facultad
de inspección y vigilancia sobre las instituciones de educación superior, públicas y
privadas, velará porque éstas cumplan con los fines sociales de la cultura y la mejor
formación de los educandos y en estas últimas, porque sus rentas se conserven y
apliquen exclusivamente al objeto social educativo previsto por los fundadores.
Artículo 2º. En virtud de la facultad de inspección y vigilancia sobre las
instituciones de educación superior, públicas y privadas, el ICFES podrá: […]
f) Suspender las funciones del rector y/o Consejos Superiores y Directivos de
ellas, cuando se presente una de las situaciones de que trata el artículo 3º del
presente Decreto a juicio del Director del ICFES, previo concepto de la Junta
Directiva y con el voto favorable de su Presidente. […]
Artículo 4º. Para la suspensión de funciones en las instituciones de educación
superior y cumplidos los requisitos de que trata el literal f) del artículo 2º del presente
Decreto, el Director del ICFES, notificará al Consejo Superior y Consejo Directivo,
según el caso, y al rector y/o representante legal, quienes quedarán
directamente bajo sus órdenes a través de él o de los funcionarios que éste
designe.
57 Fl. 62 a 66, C. 1. CD. 1, “Anexos”, archivos “20131118125906400_0001.pdf” a
“20131118125906400_0010.pdf”.
58 Fl. 81 a 83, C. 1.
59 Fl. 62 a 66, C. 1. CD. 1, “Anexos”, archivos “20131118125906400_0001.pdf” a
“20131118125906400_0010.pdf”.
60 “Por el cual se dictan normas sobre la facultad de inspección y vigilancia en las instituciones de
educación superior”.
27
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Parágrafo. Esta suspensión se conservará hasta que se haya normalizado la situación
o se haga necesaria la cancelación de la personería jurídica, en el caso de las
instituciones no oficiales, evento en el cual el ICFES utilizará los mecanismos legales
necesarios para transferir a los estudiantes a otras instituciones de educación
superior.
Artículo 5º. Sin perjuicio de las medidas que tome el ICFES durante la suspensión de
funciones, adelantará las investigaciones disciplinarias institucionales, si a ello
hubiere lugar, para determinar responsabilidades.
Parágrafo. Los miembros de los Consejos Superiores y Directivos, y los
representantes legales y rectores que violen o permitan que se violen las
disposiciones legales, serán personalmente responsables por los perjuicios
que se causen a las instituciones, a los estudiantes y a terceros. […]
Artículo 8º. Con el fin de garantizar el ejercicio de la facultad de inspección y
vigilancia, en los Consejos Directivos de cada una de las instituciones de
educación superior no oficiales, habrá un delegado del Ministerio de Educación
Nacional, quien asistirá a las sesiones del respectivo organismo con voz, pero
sin voto. […]” (se resalta)
A su vez, el Decreto 1227 del 3 de junio de 1989 fue expedido con fundamento en
el Decreto Ley 80 del 22 de enero de 198061, último que fue derogado por la Ley 30
del 28 de diciembre de 199262. En consecuencia, el Decreto 1227 del 3 de junio de
1989 perdió la fuerza de ejecutoria a partir del 29 de diciembre de 1992, esto es,
con la entrada en vigencia de la precitada Ley 30, que a su vez derogó el Decreto
Ley 80 de 1980, el cual le servía de fundamento al Decreto 1227 del 3 de junio de
1989. Ahora bien, se advierte que la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 no
estableció la facultad del ICFES y/o del Ministerio de Educación de suspender el
ejercicio de las funciones de los rectores o miembros de los consejos directivos de
las instituciones de educación superior. Al efecto, frente a este punto, la Sección
Primera de esta Corporación63 indicó lo siguiente:
“[…] el Decreto 1227 de 1989 en sus artículos 2o. y 3o., que son los controvertidos
en la demanda, así como el Acuerdo No. 172 de 23 de noviembre de 1989 acusado,
que reglamenta el artículo 2o. del referido Decreto 1227 de 1989, no están llamados
a producir efectos jurídicos por lo siguiente:
a) El Decreto - Ley No. 80 de 1980 que sirvió de fundamento para la expedición
del primer acto acusado, fue derogado expresamente por el artículo 144 de la
Ley 30 de 1992.
61 “Por el cual se organiza el sistema de educación post-secundaria”.
62 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de
noviembre de 1994. Rad.:2719.
28
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
b) En la citada Ley 30, que desarrolla el principio de la autonomía universitaria que
postula la Carta Política en su artículo 69, en el cual se estatuye expresamente la
potestad por parte de las instituciones educativas de designar sus propios órganos de
gobierno, no se consagró, en sus artículos 48 y 49, por lógica consecuencia, la
atribución de las autoridades administrativas y la correlativa sanción para las
instituciones educativas, de suspender transitoriamente a sus rectores o
representantes legales, así como a los miembros de los Consejos Directivos y/o
Superiores de las mismas.
De lo anterior se concluye que respecto de los actos acusados, a partir del 29 de
diciembre de 1992, fecha en que entró a regir la Ley 30 de 1992 en virtud de
haberse publicado en el Diario Oficial No. 40.700, operó el fenómeno de la pérdida
de la fuerza ejecutoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 3o. del
C.C.A., fenómeno jurídico que impide la aplicación de los mismos” (se resalta).
Ahora bien, mediante Decreto No. 698 del 14 de abril 199364, el Presidente de la
República delegó en la Ministra de Educación “las funciones de Inspección y
Vigilancia que en relación con la Educación Superior, consagran los artículos 31 65,
y 3266 de la Ley 30 de 1992”. Posteriormente, a través del artículo 26 del Decreto
64 “Por el cual se delega la Inspección y Vigilancia de la Educación Superior”.
65 “Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189 numerales 21, 22 y 26 de la Constitución
Política de Colombia y de acuerdo con la presente ley, el fomento, la inspección y vigilancia de la
enseñanza que corresponde al Presidente de la República estarán orientados a: A. Proteger las
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; B. Vigilar que se cumpla e impere
plena e integralmente la garantía constitucional de la autonomía universitaria; C. Garantizar el
derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación superior conforme a la ley; D.
Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior y ofrecer
las condiciones especiales para su desarrollo; E. Facilitar a las personas aptas el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así como los
mecanismos financieros que lo hagan viable; F. Crear incentivos para las personas e instituciones
que desarrollen y fomenten la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las
artes; G. Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la ciencia, la
tecnología y la cultura; H. Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de
los programas académicos de las instituciones de educación superior, e I. Fomentar el desarrollo
del pensamiento científico y pedagógico en directivos y docentes de las instituciones de educación
superior”.
66 “Artículo 32. La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo anterior, se ejercerá
indelegablemente, salvo lo previsto en el artículo 33 de la presente ley, a través del desarrollo de un
proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la educación superior, para velar por: A. La
calidad de la educación superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; B. El cumplimiento de sus fines; C. La mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; D. El adecuado cubrimiento de los servicios
de educación superior; E. Que en las instituciones privadas de educación superior, constituidas como
personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en
todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores. Por consiguiente, quien invierta
dineros de propiedad de las entidades aquí señaladas, en actividades diferentes a las propias y
exclusivas de cada institución será incurso en peculado por extensión, y F. Que en las instituciones
oficiales de educación superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función
social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen, y que
sus rentas se conserven y se apliquen debidamente. El ejercicio de la suprema inspección y
vigilancia implica la verificación de que en la actividad de las instituciones de educación superior se
29
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
1211 del 28 de junio de 199367, se estableció que, “De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 3168, 3269 y 3370 de la Ley 30 de 1992, los procesos de inspección
y vigilancia del Decreto 1227 de 1989, que en la actualidad adelanta el ICFES,
continuarán hasta su culminación a cargo del Ministro de Educación Nacional con
la colaboración del ICFES, y se regularán por ese decreto, la Ley 30 de 1992 y las
normas que la reglamenten”.
cumplan los objetivos previstos en la presente ley y en sus propios estatutos, así como los pertinentes
al servicio público cultural y a la función social que tiene la educación”.
67 “Por el cual se reestructura el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, y se expide su Estatuto Básico.”
68 “Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189 numerales 21, 22 y 26 de la Constitución
Política de Colombia y de acuerdo con la presente ley, el fomento, la inspección y vigilancia de la
enseñanza que corresponde al Presidente de la República estarán orientados a: a. Proteger las
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; b. Vigilar que se cumpla e impere
plena e integralmente la garantía constitucional de la autonomía universitaria; c. Garantizar el
derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación superior conforme a la ley; d.
Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior y ofrecer
las condiciones especiales para su desarrollo; e. Facilitar a las personas aptas el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así como los
mecanismos financieros que lo hagan viable; f. Crear incentivos para las personas e instituciones
que desarrollen y fomenten la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las
artes; g. Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la ciencia, la
tecnología y la cultura; h. Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de
los programas académicos de las instituciones de educación superior, e i. Fomentar el desarrollo
del pensamiento científico y pedagógico en directivos y docentes de las instituciones de educación
superior”.
69 “Artículo 32. La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo anterior se ejercerá
indelegablemente, salvo lo previsto en el artículo 33 de la presente ley, a través del desarrollo de un
proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la educación superior, para velar por: a. La
calidad de la educación superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; b. El cumplimiento de sus fines; c. La mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; d. El adecuado cubrimiento de los servicios
de educación superior; e. Que en las instituciones privadas de educación superior, constituidas como
personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en
todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores. Por consiguiente, quien invierta
dineros de propiedad de las entidades aquí señaladas, en actividades diferentes a las propias y
exclusivas de cada institución será incurso en peculado por extensión, y f. Que en las instituciones
oficiales de educación superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función
social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen, y que
sus rentas se conserven y se apliquen debidamente. El ejercicio de la suprema inspección y
vigilancia implica la verificación de que en la actividad de las instituciones de educación superior se
cumplan los objetivos previstos en la presente ley y en sus propios estatutos, así como los pertinentes
al servicio público cultural y a la función social que tiene la educación”.
70 “Artículo 33. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política de
Colombia, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Educación Nacional todas
las funciones señaladas en los artículos 31 y 32 de la presente ley. La suprema inspección y
vigilancia de las instituciones de educación superior será ejercida por el Gobierno Nacional con la
inmediata asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, de acuerdo con las
disposiciones de la presente ley y con la cooperación de las comunidades académicas, científicas y
profesionales, de las entidades territoriales y de aquellas agencias del Estado para el desarrollo de
la ciencia, de la tecnología, del arte y de la cultura”.
30
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Así las cosas, se observa que, a partir del 29 de diciembre de 1989, esto es, con la
pérdida de la fuerza de ejecutoria del Decreto 1227 del 3 de junio de 1989 como
consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992,
el ICFES y el Ministerio de Educación no tenían la facultad de suspender en el
ejercicio de las funciones a los rectores o miembros de los consejos directivos de
las instituciones de educación superior. En tal sentido, se advierte que con el
decaimiento del Decreto 1227 del 3 de junio de 1989, también se produjo la pérdida
de la fuerza de ejecutoria de los actos administrativos que se sustentaban en dicha
norma, es decir, de la Resolución No. 805 del 1 de abril de 199271, por medio de la
cual el ICFES ordenó la suspensión en el ejerció de sus funciones a la Sala General,
la Consiliatura y al Rector Nacional de la Universidad Libre.
En tal contexto, se advierte que, para la fecha en que Alfonso Santos Montero fue
designado como “rector interventor” de la Universidad Libre, mediante Resolución
No. 7308 del 10 de noviembre de 199372, el Ministerio de Educación no tenía la
facultad de suspender en el ejercicio de las funciones a los rectores de las
instituciones de educación superior, pues, se reitera que dicha potestad no fue
prevista en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. De igual forma, se itera que, de
acuerdo con los artículos 31, 32 y 3373 de la precitada Ley 30, la función de
inspección y vigilancia sobre la educación superior la ejercía el Presidente de la
República, quien, a su vez, podía delegar dicha potestad en el Ministerio de
Educación, sin que esto implicara que dicha prerrogativa pudiera ser delegada por
la mencionada cartera ministerial a un particular.
De esta forma, se concluye que, el Ministerio de Educación no tenía la potestad de
delegar en Alfonso Santos Montero, en su calidad de rector de la Universidad Libre,
71 Fl. 62 a 66, C. 1. CD. 1, “Anexos”, archivos “20131118125906400_0001.pdf” a
“20131118125906400_0010.pdf”.
72 Fl. 81 a 83, C. 1.
73 “Artículo 33. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política de
Colombia, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Educación Nacional todas
las funciones señaladas en los artículos 31 y 32 de la presente ley. La suprema inspección y
vigilancia de las instituciones de educación superior será ejercida por el Gobierno Nacional con la
inmediata asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, de acuerdo con las
disposiciones de la presente ley y con la cooperación de las comunidades académicas, científicas y
profesionales, de las entidades territoriales y de aquellas agencias del Estado para el desarrollo de
la ciencia, de la tecnología, del arte y de la cultura”.
31
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
el ejercicio de funciones públicas, tales como la de inspección y vigilancia. Mas aún,
para la época en que el demandado fue designado como rector interventor, la
precitada cartera ministerial no tenía la potestad de suspender en el ejercicio de sus
funciones a los directivos de las instituciones de educación superior.
Por demás, del contenido de las Resoluciones No. 805 del 1 de abril de 199274 y
No. 7308 del 10 de noviembre de 199375 no se evidencia que el ICFES y/o el
Ministerio de Educación hubiese conferido el ejercicio de alguna función pública a
Alfonso Santos Montero en su calidad de rector interventor de la Universidad Libre.
En efecto, en la Resolución No. 805 del 1 de abril de 1992, se estableció que los
directivos designados durante la intervención debían tomar las medidas necesarias
para preservar los bienes de la Universidad Libre y dar cabal cumplimento a sus
funciones, las cuales correspondían a las mismas “funciones de los órganos y
autoridades suspendidos”. Asimismo, se estableció que las personas designadas
debían presentar informes al ICFES sobre la situación relacionadas “con las
funciones que fueron suspendidas”.
De igual forma, en la Resolución No. 7308 del 10 de noviembre de 1993, mediante
la cual la Ministra de Educación designó a Alfonso Santos Montero como rector
interventor de la Universidad Libre, se estableció que él debía adelantar las acciones
necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la educación superior
y facilitar la evaluación que el ICFES y la Universidad Nacional realizarían sobre el
estado académico de la institución intervenida. Adicionalmente, se dispuso que,
además de las funciones que le correspondían estatutariamente, el rector debía: i)
presentar ante el Ministerio de Educación informes sobre la gestión académica y el
proceso de intervención de la institución educativa; ii) consultar a la referida
autoridad sobre la designación y/o remoción de sus representantes en las
seccionales de la universidad; iii) presentar a consideración de la institución de
educación superior y de la cartera ministerial los proyectos de reformas estatutarias
y reglamentarias; y, iv) presentar informes sobre la política de selección, admisión,
74 “Por la cual se suspenden en el ejercicio de las funciones a la Sala General, la Consiliatura y al
Rector, integrantes del Gobierno de la Universidad Libre a nivel Nacional”. Fl. 62 a 66, C. 1. CD. 1,
“Anexos”, archivos “20131118125906400_0001.pdf” a “20131118125906400_0010.pdf”.
75 Por la cual se designó a Alfonso Santos Montero como rector de la Universidad Libre. Fl. 81 a 83,
C. 1.
32
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
cupos y jornadas de la mencionada institución de educación superior.
Así, se advierte que, en virtud de las precitadas resoluciones, no se encargó a
Alfonso Santos Montero el ejercicio de la función pública de inspección y vigilancia.
Por el contrario, se le encomendó cumplir con las funciones que estatuariamente le
correspondían como rector de la Universidad Libre76, en materia de la gestión
académica77 de dicha institución. Asimismo, si bien en la resolución de
nombramiento se dispuso que el señor Santos Montero debía rendir informes de su
gestión al Ministerio de Educación, tal situación tampoco implica el ejercicio de una
función propia del Estado.
De igual forma, debe advertirse que si bien, mediante sentencia proferida el 25 de
marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Cauca, en un caso con similares
supuestos fácticos y jurídicos al que aquí se discute, condenó a Alfonso Santos
Montero al encontrar acreditado su actuar gravemente culposo, tal situación no
permite acreditar la calidad de agente estatal del mencionado demandado para este
caso concreto. En efecto, cada proceso es autónomo y con una realidad probatoria
distinta, por lo que así en el precitado proceso se haya acreditado su calidad de
agente estatal, en el sub examine no se probó dicha condición.
76 Acuerdo N. 01 de 1994, “por el cual se reforma el Acuerdo No. 01 de 1986”. Artículo 34. “De las
funciones del Rector Nacional. Son funciones del Rector Nacional: 1. Representar académicamente
a la Universidad. 2. Cumplir y hacer cumplir la ley, los Estatutos y Reglamentos de la Universidad y
demás decisiones de la Sala General, la Consiliatura y los Consejos Directivos. 3. Asistir a las
reuniones de la Sala General, la Consiliatura y los Consejos Directivos. 4. Presidir la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos. 5. Liderar el proceso de planeación académica de la
Universidad asegurando la integración de las Seccionales. 6. Presentar ante la Consiliatura el
proyecto del Plan de Desarrollo Académico. 7. Evaluar la marcha académica de la universidad. 8.
Presentar ternas ante los Consejos Directivos, para la elección de decanos, directores o
coordinadores de las Unidades Académicas. 9. Nombrar y remover los Rectores de la Sede Principal
y de las Seccionales de la Universidad quienes son sus representantes personales. 10. Delegar
algunas de sus funciones en las autoridades académicas universitarias conforme al reglamento. 11.
Refrendar con su firma los títulos por la Universidad conjuntamente con la Secretaría General. 12.
Presentar a la Sala General en reunión ordinaria y trimestral a sus miembros informe sobre la marcha
académica de la Universidad y 13. Las demás que le señalen los Estatutos y los Reglamentos”. CD.
4., “Anexos. Excepción de ilegalidad. 19 Nov 2021..pdf”, pág. 51 a 86.
77 Acuerdo N. 01 de 1994, “por el cual se reforma el Acuerdo No. 01 de 1986”. Artículo 32. “Del Rector
Nacional. El Rector Nacional es la máxima autoridad académica de la Universidad, la cual ejercerá
de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos. CD. 4., “Anexos. Excepción de ilegalidad. 19 Nov
2021..pdf”, pág. 51 a 86.
33
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
Así las cosas, la Sala concluye que en el presente caso no se demostró que Alfonso
Santos Montero ostentara la calidad de servidor público o de particular en el ejercicio
de funciones públicas en la fecha en la que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la condena impuesta al Estado.
Por demás, y en aras de resolver todos los cargos del recurso de apelación, se
aclara que la decisión que aquí se adopta se acompasa con lo decidido por la Corte
Constitucional mediante sentencia T-524 de 2024, sin que ello implique la extensión
de los efectos de dicha providencia al caso en concreto.
En efecto, en dicha ocasión, la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela,
dispuso dejar sin efectos la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se condenó al aquí demandado
Alfonso Santos Montero y otros, en el marco de una demanda de repetición
instaurada por el ICFES, con ocasión de la condena que le había sido impuesta a
dicha entidad y al Ministerio de Educación, por la omisión en el ejercicio de funciones
de inspección y vigilancia en relación con la extensión del programa de derecho de
la Universidad Libre en la ciudad de Popayán.
Así, en la precitada providencia de tutela, la Corte Constitucional concluyó que
Alfonso Santos Montero no tenía la calidad de agente estatal, por el simple hecho
de haber sido designado como rector de la Universidad Libre por el Ministerio de
Educación. En efecto, en la sentencia T-524 de 2024 se argumentó lo siguiente -se
cita in extenso-:
“Ahora bien, la Sala observa que los accionantes Alfonso Santos Montero, Antonio
Barrera Carbonell, Raúl Caro Porras, Jorge Mercado Tobías, Jaime Gutiérrez
Grisales, Ernesto Rey Cantor y Rodolfo Afanador Tobar fueron designados,
respectivamente, por el MinEducación como rector y consiliarios de la Universidad
Libre. Sin embargo, tal circunstancia no implica, de ninguna manera, que a aquellos
se les haya otorgado la calidad de agentes estatales, como se demostrará
posteriormente. […].
105. La Sala considera que el defecto sustantivo en relación con la aplicación de las
normas referentes a la condición de agentes estatales de los demandados se
configuró por la aplicación indebida de las normas jurídicas que sustentaban el
supuesto otorgamiento de la condición de agentes estatales a los demandados. En
particular, la autoridad accionada debió tener en cuenta que el ICFES no ejercía las
34
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
funciones de inspección y vigilancia al momento de la conducta reprochada y la
atribución de suspender a los directivos de las universidades perdió vigencia con el
tránsito normativo de adopción de la Ley 30 de 1992. En tal sentido, el Tribunal
Administrativo del Cauca se basó únicamente en la Resolución 805 de 1992, sin
verificar la vigencia y la aplicabilidad de las normas que sustentaban las competencias
de inspección y vigilancia del ICFES. Además, le confirió a dicho acto administrativo
un alcance del cual carecía. Por lo expuesto, se omitió una interpretación sistemática
de las normas aplicables al caso concreto. […]
107. La Sala advierte que la Ley 30 de 1992 entró en vigencia el 29 de diciembre de
1992 y que aquella derogó el Decreto Ley 80 de 1980. En relación con dicha
derogatoria, la Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció mediante
Sentencia del 4 de noviembre de 1994. En esa providencia, estudió una demanda de
nulidad en contra del Decreto 1227 de 1989 y del Acuerdo 172 de 1989, expedido por
la junta directiva del ICFES. Coligió que respecto de dichas normas había operado el
fenómeno de la pérdida de la fuerza ejecutoria, lo cual impedía la aplicación de dichas
normas reglamentarias. Adicionalmente, consideró que la facultad de suspender
transitoriamente a los rectores, representantes legales y miembros de los consejos
directivos o superiores de las universidades no se estableció expresamente en la Ley
30 de 1992.
108. Igualmente, mediante el Decreto 698 de 1993 se delegaron las funciones de
inspección y vigilancia sobre la educación superior al MinEducación. Además, a
través del Decreto 1211 del 28 de junio de 1993 se dispuso que los procesos que
había adelantado el ICFES en ejercicio de tales competencias debían continuar a
cargo del mencionado ministerio hasta su culminación. Sin embargo, la norma aludió
exclusivamente a las competencias previstas “en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley
30 de 1992”. Por lo tanto, la facultad de suspender a los directivos de las instituciones
de educación superior no se encontraba dentro de las competencias que el
MinEducación podría asumir como parte de las atribuciones de inspección y
vigilancia.
109. Con fundamento en lo anterior, la Corte estima que el Tribunal Administrativo del
Cauca debió tener en cuenta el contexto normativo previamente expuesto. En
particular, era indispensable que analizara de qué modo la modificación de las normas
legales y reglamentarias previamente señaladas afectaban las competencias de
inspección y vigilancia del ICFES y, por consiguiente, la eventual condición de
agentes estatales de los demandados. En consecuencia, incurrió en un defecto
sustantivo por emplear “una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del
análisis de otras disposiciones”. […]
En suma, el Tribunal Administrativo del Cauca omitió considerar las normas legales y
reglamentarias que incidían sobre las atribuciones del ICFES en materia de
inspección y vigilancia y, en concreto, sobre la potestad de suspender a los directivos
de las instituciones educativas. Tampoco señaló cuáles eran los fundamentos
normativos que permitían concluir que los demandados tenían la condición de
agentes estatales del MinEducación, habida cuenta la imposibilidad de delegar en
particulares las unciones de inspección y vigilancia de la educación superior. Al haber
prescindido de este análisis normativo, infirió que los demandados eran agentes
estatales sin abordar las disposiciones aplicables que conducían a una conclusión
contraria. […]
118. Con todo, para la Corte la Resolución 805 de 1992 no es apta para demostrar la
condición de particulares en ejercicio de funciones públicas que se atribuyó a los
35
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
demandantes, la cual constituye un requisito indispensable para la imposición de una
condena en acción de repetición. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el
mencionado acto administrativo: (i) suspendió en el ejercicio de sus funciones –por
un término de 60 días prorrogables– “a la Sala General, a la Consiliatura y al rector”
de la Universidad Libre; (ii) designó a un rector, para que presentara ternas a la junta
directiva del ICFES. Ello, con el fin de “elegir a las personas que [integrarían] la
Consiliatura”; y, (iii) dispuso que las personas designadas por la entidad debían
“ejercer las funciones de los órganos y autoridades suspendidos” y recibirían el pago
correspondiente “a lo devengado por los titulares”, con cargo al presupuesto de la
universidad.
119. De este modo, a partir de la lectura de la Resolución 805 de 1992 no se evidencia
que se haya asignado ningún tipo de función de inspección y vigilancia a los
demandados, ni se constata que se les haya conferido algún tipo de función pública.
De hecho, se indica que ejercerán las funciones de los órganos y autoridades
suspendidos. […]
122. De otra parte, la Sala insiste en que la designación de los accionantes en los
órganos de gobierno de la Universidad Libre no implica que aquellos tuvieran, por ese
solo hecho, la condición de servidores públicos o particulares en ejercicio de función
pública. Por consiguiente, la Resolución 805 de 1992 no constituía una prueba apta
para demostrar la calidad de agentes estatales de los demandados, más aún cuando
los accionantes ni siquiera fueron nombrados por el ICFES en la Consiliatura ni en la
rectoría para el momento de los hechos cuestionados en el proceso de repetición”.
Frente a este punto debe advertirse que, si bien la conclusión a la que aquí se llega,
esto es, que Alfonso Santos Montero no ejerció funciones públicas en su calidad de
rector interventor de la Universidad Libre, coincide con lo decidido por la Corte
Constitucional mediante sentencia T-524 de 2024, tal situación no implica que la
Sala hubiese adoptado las consideraciones de la Corte ni que se hubiesen
extendido los efectos de la mencionada providencia. Por el contrario, aquello
simplemente obedece a que, habiéndose hecho el estudio de la calidad de agente
estatal de Alfonso Santos Montero, la Sala llegó a la misma conclusión a la que se
llegó en la referida sentencia de revisión de tutela, esto es, que el demandado no
ejerció funciones públicas.
Así las cosas, comoquiera que en el presente caso no se demostró que Alfonso
Santos Montero ostentara la calidad de servidor o ex servidor público o de particular
que cumplía funciones públicas en la fecha en la que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la condena impuesta al Estado, y la verificación de dicha circunstancia
constituye requisito indispensable para la prosperidad de las pretensiones de la
demanda de repetición cuando esta se dirige en contra de un servidor o ex servidor
público como sujeto de imputación, la Sala se abstendrá de analizar los demás
36
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
elementos del medio de control de repetición; y en consecuencia, procederá a
confirmar la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso
la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante,
a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de
los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos
del inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración
de responsabilidad de la demandada.
Así las cosas, se reitera que, al tratarse del medio de control de repetición, la carga
de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los
requisitos para su procedencia, entre ellos, la calidad de servidor o ex servidor
público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado,
la cual no se demostró en el caso concreto.
9. Costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
37
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes
la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4.
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]. 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, debido a que fue la parte vencida en
el proceso y se confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia. La
liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
Ahora, en relación con las agencias en derecho78 en segunda instancia, es menester
poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad,
la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora 79. A su
turno, el Acuerdo 1887 de 200380 proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con cuantía
en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del valor de
las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. No obstante, comoquiera
que la parte vencedora no desplegó ninguna actuación en segunda instancia, no
habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
78 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
79 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
80 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
38
Radicado: 1900123330022014003201 (72938)
Demandante: Nación-Ministerio de Educación
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante,
las cuáles serán liquidadas de manera concentrada por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.