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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00588-01

Supresión de cargo: contraloría General del Cauca

Fecha
26 de abril de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00588-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Francisco Javier Vargas Cruz en contra del Departamento del Cauca - Contraloría Departamental del Cauca, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la decisión, en cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca condenó en costas a la parte demandante. En su lugar, se dispone: NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2014-00588-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

26 de abril de 2018

SUPRESION DE CARGO - Contraloría General del Cauca / CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL CAUCA - Iniciativa para reformar la planta de personal de la Contraloría General del Cauca / ASAMBLEA DEPARTAMENTAL - Competencia para reformar la planta de personal / CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL CAUCA - Puede presentar la iniciativa para que la citada Corporación determine la estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo

[L]a Sala, no encuentra demostrada la vulneración del ordenamiento legal invocado, pues la modificación de la planta de personal de la Contraloría General del Cauca en estricto sentido fue iniciativa del Contralor Departamental, atendiendo los lineamientos establecidos en el artículo 3º de la Ley 330 de 1996. A la altura de lo enunciado, no es de recibo el argumento del recurrente, según el cual, no se requería de la iniciativa del Contralor Departamental para efectos de reformar la estructura de la Contraloría General del Cauca, pues resulta que el numeral 12 del artículo 300 la Constitución Política dispuso que le corresponde a la Asamblea Departamental cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley y, en tal virtud, no se podía oponer a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 330 de 1996, el cual señala que “(…) (e)s atribución de las Asambleas Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de los contralores. (…)”. En ese orden de ideas, si bien es cierto esta Corporación ha señalado que es competencia de las Asambleas Departamentales la organización de las respectivas Contralorías no requiere iniciativa de ningún funcionario, concretamente, porque es una facultad constitucional que es autónoma, ello no quiere decir que en los casos en donde se presente tal iniciativa por parte del contralor se invalide el proceso de reestructuración de la contraloría departamental, pues existe una norma especial que lo facultaba. En otras palabras, la facultad de organización de las Asambleas Departamentales opera de manera autónoma, sin que para ello requiera la iniciativa de cualquier funcionario, a excepción del Contralor, quien por virtud del artículo 3º de la Ley 330 de 1996 puede presentar la iniciativa para que la citada Corporación determine la estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. Justamente esta Corporación, al conocer de asuntos similares al que ahora nos ocupa, en algunos casos, ha inaplicado el artículo 3º de la Ley 330 de 1996 en tanto el proceso de restructuración no contó con la iniciativa por parte del contralor; y en otros, ha declarado la nulidad del mismo en tanto que el gobernador se arrogó una competencia que no le resultaba atribuible, pues no contaba con el respaldo legal para presentar tal iniciativa. Nótese que los dos casos no se excluyen entre sí, por cuanto se está prevaleciendo las facultades con las que cuenta la Asamblea Departamental para determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo por disposición del artículo 300 de la Constitución Política; y además las del Contralor, quien por disposición de la Ley 330 de 1996 puede presentar las iniciativas para que se efectúe tal modificación. En tal sentido, esta Corporación solo ha declarado la nulidad de los procesos de reestructuración cuando se adelantan contraviniendo tales disposiciones, esto es, cuando se usurpan competencias que no les resultan atribuibles.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 300 / LEY 330 DE 1996

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 19001-23-33-000-2014-00588-01(1552-17)

Actor: FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ

Demandado: DEPARTAMENTO DEL CAUCA - CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. SEGUNDA INSTANCIA. ASUNTO: ESTABLECER SI EL CONTRALOR GENERAL DEL CAUCA TENÍA LA INICIATIVA PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE ORDENANZA A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA, EN ARAS A QUE SE EFECTUARA EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 22 de septiembre de 2017, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 15 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Francisco Javier Vargas Cruz en contra del Departamento del Cauca - Contraloría Departamental del Cauca.

ANTECEDENTES

Francisco Javier Vargas Cruz, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho -Ley 1437 de 2011-, presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad de:

Ordenanza 092 de 5 de diciembre de 2012, por medio de la cual la Asamblea Departamental del Cauca facultó al Gobernador del Departamento del Cauca por el término de 6 meses para que ajustara y determinara la estructura, las funciones, los procedimientos y las escalas de remuneración de la Contraloría General del Departamento del Cauca;

Decreto 0006-01-2013 de 3 de enero de 2013, mediante el cual la Gobernadora (e) del Departamento del Cauca determinó la estructura de la Contraloría General del Cauca, fijó sus dependencias, entre otros.

Decreto 0008-01-2013 de 4 enero de 2013, suscrita por la misma autoridad administrativa, que estableció las escalas de remuneración salarial de los empleos de la planta de cargos de la Contraloría General del Cauca.

Decreto 0009-01-2013 de 4 de enero de 2013, expedida por la Gobernadora (e) del Departamento del Cauca, a través del cual estableció la planta de personal de la Contraloría General del Cauca; y,

Oficio 00229 de 14 de enero de 2013 suscrito por la Directora de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión de la Contraloría General del Cauca mediante el cual se le informó que el cargo que venía desempeñando, de Técnico Administrativo código 367 grado 02, había sido suprimido.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho solicitó, su reintegro en el cargo que se venía desempeñando, o en su defecto, a un cargo de igual o superior salario; el pago de salarios, primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, dotación y demás emolumentos dejados de percibir desde el 14 de enero de 2013 fecha en la cual se hizo efectivo el retiro del servicio y hasta cuando sea reintegrado, con los ajustes legales y los intereses correspondientes; el reconocimiento de 100 salarios mínimos legales vigentes por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la expedición de los actos administrativos acusados; y dar aplicación a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado del demandante, así:

Señaló que el señor Francisco Javier Vargas Cruz, laboró en la Contraloría General del Cauca de manera ininterrumpida desde el 10 de junio de 1992 hasta el 14 de enero de 2013 en el cargo de Técnico Administrativo código 367 grado 02.

Expresó que el Contralor Departamental presentó proyecto de Ordenanza ante la Asamblea Departamental con el fin de que fuera ajustada y determinada la estructura, las funciones, los procedimientos y las escalas de remuneración de la Contraloría General del Cauca, razón por la que mediante Ordenanza 092 del 5 de diciembre de 2012 otorgó facultades al Gobernador del Departamento para los fines solicitados en dicho proyecto.

Indicó que a través del Decreto 0006-01-2013 de 3 de enero de 2013, el Gobernador del Departamento del Cauca adoptó la nueva estructura de la Contraloría General del Cauca, luego, por medio del Decreto 0008-01-2013 de esta misma fecha fue establecida la escala de remuneración de los empleos de la planta de cargos de la Contraloría General del Cauca; y posteriormente, mediante Decreto 0009-01-2013 del 4 de enero de 2013 se estableció la planta de personal de la Contraloría General del Cauca, con lo cual se ordenó la supresión de 15 empleos, dentro de los cuales figura el de Técnico Administrativo 367 grado 02.

Agregó que por medio del Oficio 00229 de 14 de enero de 2013 le fue comunicada la supresión del cargo que venía desempeñando.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 6, 13, 25, 122, 125, 150 numeral 10, 209, 268, 300 numerales 7 y 10.

Como concepto de violación de las normas invocadas, la demandante consideró que los actos acusados están viciados de nulidad por las siguientes razones:

La Constitución Política estableció en su artículo 150 numeral 10 que le corresponde al Congreso revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara; por su parte, el artículo 300 ibídem dispuso que le corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, para ello puede autorizar al Gobernador del Departamento.

A pesar de lo anterior, afirmó, que la presentación de un proyecto de Ordenanza a iniciativa del Contralor Departamental transgrede esta normativa, máxime cuando el Consejo de Estado ha señalado que como la potestad para organizar las Contralorías se otorgó a las Asambleas, se puede concluir que pueden proferir la ordenanza sin que para ello se requiera la iniciativa del gobernador; no obstante, en caso de que esta exista, recae exclusivamente en cabeza del Gobierno, por los mismo, el Contralor Departamental no podía atribuirse funciones que le son propias por sustracción a la Asamblea Departamental o al Gobierno Departamental.

Contestación de la demanda.

El Departamento del Cauca, a través de su apoderado, contestó la demanda dentro de la oportunidad legal y solicitó negar las súplicas con fundamento en los siguientes argumentos:

Resaltó, una vez que revisó la Ordenanza 092 de 5 de diciembre de 2013, que la misma facultaba al Gobernador del Departamento del Cauca para ajustar y determinar la estructura, funciones, procedimientos y escalas de remuneración de la Contraloría General del Cauca, función que se ejecutó por medio de los Decretos 0006-01-2013, 008-02-2013 y 0009-01-2013 los cuales determinaron a estructura orgánica, fijó la escala salarial de los empleados y suprimió los cargos de la entidad, respectivamente, dentro de los cuales se encontraba el del señor Francisco Javier Vargas Cruz.

Indicó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Departamento frente a las pretensiones del demandante, dado que la controversia contenciosa administrativa está atribuida en el contralor territorial, pues tuvo una mayor participación en el proceso, por lo mismo es este ente quien debe defender sus actuaciones, más aun, cuando en el caso de que resulte condenado, será quien con sus recursos atienda los requerimientos del caso.

La Contraloría General del Cauca, a través de su apoderado, también solicitó denegar las súplicas de la demanda, por los motivos que se pasan a exponer:

No es cierto, que por virtud del numeral 7º del artículo 300 de la Constitución Política, se pueda modificar la estructura de las contralorías departamentales, ya que fue el artículo 272 ibídem en concordancia con el numeral 12 del artículo 300 la que estableció que corresponde a las Asambleas Departamentales cumplir con las demás funciones que le asignen la constitución y la ley, razón por la que se debe remitir a la Ley 330 de 1996, quien en su artículo 3º estableció que “(…) es atribución de las Asambleas Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de los contralores. (…)”.

Afirmó que la iniciativa departamental para determinar la estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración le corresponde en este caso al Contralor Departamental del Cauca, por lo mismo era deber de éste presentar el proyecto de ordenanza para que el gobernador, previa facultades que se le otorgaran pro tempore, adelantara el proceso de restructuración de la entidad de control fiscal.

Expresó que en tratándose de la anulación de actos administrativos, la jurisprudencia y la doctrina del Consejo de Estado han establecido que en las acciones que tienen por objeto ejercer el control de legalidad, el accionante al formular la causa petendi tiene la carga de probar la supuesta ilegalidad reprochada en que incurrió la Contraloría General del Cauca, la Asamblea Departamental o el Departamento del Cauca, situación que no ocurrió en el sub lite dado que no acreditó ninguna de las causales de anulación.

1.4 La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 15 de febrero de 2017, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos:

Manifestó que la Constitución Política en el artículo 272 estableció el marco legal frente a las facultades de las Asambleas Departamentales para la organización de los entes del control fiscal, así mismo el artículo 300 ibídem dispuso que deberían cumplir con las demás funciones que les asignen la constitución y la ley, y es precisamente por ello que deben acatar lo dispuesto en la Ley 330 de 1996 el cual en su artículo 3º dispuso que es atribución de éstas, en relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de los contralores.

Agregó que el Consejo de Estado ha señalado que la iniciativa para el ajuste de la estructura administrativa de las contralorías territoriales está en cabeza del contralor, en tal sentido, no resulta cuestionable la competencia para presentar el proyecto de ordenanza, pues la citada Corporación ha anulado actos de restructuración administrativa que omitieron la iniciativa del contralor.

Bajo ese contexto, indicó, que el demandante dejó de lado la normatividad especial aplicable al caso en concreto e inobservó la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado que sostiene un criterio opuesto al señalado por aquél, pues es evidente que el Contralor General del Cauca tenía la competencia para presentar la iniciativa del proyecto de ordenanza con miras a reformar la planta de personal de la Contraloría General del Cauca y, por lo mismo, los actos acusados no están viciados de nulidad por expedición irregular ya que los mismos fueron expedidos con apego a la ley.

Finalmente precisó que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso que salvo en los procesos en que se ventile un interés público la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, razón por la que, como el demandante fue la parte vencida, se ordenó el pago del 0.5% del valor de las pretensiones negadas, las cuales serían liquidadas por la secretaría.

El recurso de apelación.

La parte demandante, por intermedio de su apoderado, interpuso recurso de apelación en contra del proveído anterior, bajo los siguientes argumentos.

Expresó que la Constitución Política estableció en el numeral 10 del artículo 150 la facultad que tiene el ejecutivo de realizar funciones propias de la rama legislativa, condicionado tal situación a la expresa autorización que deberá dar este último. En tal sentido, de acuerdo con el numeral 7º del artículo 300 ibídem, la Asamblea Departamental del Cauca cuenta con la facultad para modificar la planta de personal de la Contraloría Departamental, sin que en ello medie iniciativa del Contralor.

Precisó que el numeral 9 del artículo 268 de la Constitución Política, aplicable por analogía a las contralorías departamentales por disposición del artículo 272 ibídem, no dispuso que el Contralor podría asumir las funciones que son propias del gobierno; por consiguiente, la presentación de un proyecto de ordenanza a iniciativa del Contralor Departamental transgrede toda lógica normativa, por cuanto, insistió, se extralimitó al ejercer unas funciones que no le corresponden.

Citó la jurisprudencia del Consejo de Estado para luego concluir que como la potestad para organizar las contralorías sin condición alguna, es posible concluir que las Asambleas pueden proferir la norma ordenanzal sin que para ello requiera iniciativa del contralor.

CONSIDERACIONES

De acuerdo a lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único, se contrae a determinar si:

Problemas jurídicos

¿El Contralor General del Cauca tenía la iniciativa para presentar el proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental del Cauca, en aras a que se efectuara el proceso de reestructuración en la Contraloría General del Cauca?

¿Es viable condenar en costas a la parte vencida cuando no se ha demostrado la mala fe?

Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) de la supresión de cargos; ii) de los hechos probados; y, iii) del caso en concreto.

De la supresión de cargos

La reforma o modificación de la estructura de personal o planta de personal puede tener varios fundamentos, la fusión o supresión de entidades; los cambios de misión u objeto social o de las funciones generales de la entidad; el traslado de funciones o competencias de un organismo a otro; la supresión, fusión o creación de dependencias; la modificación y redistribución de sus funciones, de las cargas de trabajo, entre otros; lo claro es que debe estar determinada y fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y soportada en estudios técnicos que así lo demuestren.

Para efectos de tomar esta decisión, la entidad debe emitir varios actos, algunas veces lo hace de manera ordenada como cuando profiere en primer lugar, el que determina la planta, distribuye cargos y organiza grupos de trabajo que por estar referido a empleos, son de carácter objetivo, general, impersonal. Luego decide la incorporación de los empleados a la planta con nombre y apellido, excluyendo, de suyo, aquellos que no son incorporados, por eso este acto es subjetivo y personal y es el que lesiona o causa perjuicio y por consiguiente, es el demandable; posteriormente, viene la comunicación dirigida al empleado no incorporado que por regla general no es revisable por ser una simple ejecución.

En otras ocasiones, el procedimiento no es típico y solo se produce un acto general de adopción de planta y la comunicación al empleado que le fue suprimido el cargo, en este caso, el oficio de retiro se convierte en acto administrativo y por tanto es el justiciable.

Ahora bien, en el presente caso como los actos demandados fueron expedidos en el año 2012 y 2013, es dable afirmar que el marco jurídico aplicable es el contenido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios; la cual en el artículo 41, enlistó las causales de retiro del servicio y, entre ellas citó la “supresión del empleo”. Es evidente que esta causal es una consecuencia directa de la reforma o modificación de la estructura funcional de la entidad, de manera que la selección de la nueva planta exige criterios objetivos y funcionales, por lo que es necesario un estudio técnico que defina los nuevos perfiles y cargas de trabajo de acuerdo a la misión, objetivos y fines, para de esta manera seleccionar que funcionarios debe o no incorporar.

El artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y su reglamentario Decreto 1227 de 2005, en el artículo 87 delinea los efectos jurídicos de la supresión de los empleos de carrera al señalar que, el empleado puede optar entre la incorporación a un empleo equivalente de la nueva planta y de no ser posible, debe escoger la reincorporación o el pago de una indemnización conforme a una tabla para tal fin diseñada.

Los hechos probados

De los actos administrativos demandados

Por medio de la Ordenanza 092 de 5 de diciembre de 2012 la Asamblea Departamental del Cauca facultó al Gobernador del Departamento del Cauca por el término de 6 meses para que ajustara y determinara la estructura, funciones, procedimientos y las escalas de remuneración de la Contraloría General del Departamento del Cauca.

Mediante Decreto 0006-01-2013 de 3 de enero de 2013 la Gobernadora (E) del Departamento del Cauca determinó la estructura orgánica de la Contraloría General del Cauca y se fijó las funciones de sus dependencias, entre otros.

A través del Decreto 0008-01-2013 de 4 de enero de 2013, la misma autoridad administrativa, estableció las escalas de remuneración de los empleados de la planta de cargos de la Contraloría General del Cauca.

En virtud del Decreto 0009-01-2013 de 4 de enero de 2013, la Gobernadora (E) del Departamento del Cauca estableció la planta de personal y, por consiguiente, suprimió los siguientes cargos:

“(…)
No.
Denominación
Código
Grado
Uno (1)
Secretario General del Organismo de Control
073
01
Uno (1)
Jefe de Oficina Asesora
115
02
Tres (3)
Jefe de Oficina Asesora
115
01
Uno (1)
Director
009
01
Tres (3)
Técnico Administrativo
367
03
Uno (1)
Técnico Administrativo
367
02
Dos (2)
Técnico Administrativo
367
01
Uno (1)
Conductor
480
01
Dos (2)
Auxiliar de Servicios Generales
470
01
15
QUINCE
(…)”. (Lo resaltado y en negrilla es de la Sala)

Por medio del Oficio 00229 de 14 de enero de 2013 la Directora de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la gestión de la Contraloría General del Cauca le comunicó al señor Francisco Javier Vargas Cruz que:

“(…) en consideración a que usted es empleado con derechos de carrera, en desarrollo de lo estipulado en el artículo 20 del Decreto Ley 760 de 2005, le asiste el derecho de optar por recibir la indemnización de que trata el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, reglamentada en los artículos 90 y siguientes del decreto 1227 de 2005, o por ser reincorporado a empleo de carrera igual o equivalente al suprimido, o de acudir a la Comisión de Personal para los fines previstos en los literales d) y e) del numeral 2º del artículo 16 de la ley 909 de 2004.
En consecuencia, usted deberá manifestar la decisión de aceptar la aludida indemnización o la reincorporación mediante escrito dirigido al Contralor General del Cauca, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación. Cabe señalar que si Usted no manifiesta su decisión dentro del precitado término se entenderá por el ministerio de la ley que usted, opta por la indemnización según lo consagrado en el artículo 30 del Decreto 760 de 2005.
(…)”.

La vinculación del actor

De acuerdo con el Acta que obra a folio 8 se evidencia que el señor Francisco Javier Vargas Cruz tomó posesión del cargo de Subauditor, categoría 13 en la Contraloría Departamental del Cauca, cargo para el cual fue designado por disposición de la Resolución 579 de 9 de junio de 1991; y luego, por medio de la Resolución 148 de 28 de abril de 2005 fue incorporado el mencionado señor en la División de Auditorias Integrales como Técnico grado 02.

Otros documentos de relevancia en el presente proceso

A través del Oficio 05321 de 30 de octubre de 2012 el Contralor Departamental del Cauca allegó al Presidente de la Asamblea Departamental del Cauca, el proyecto de ordenanza y la exposición de motivos, con el fin de que se concedieran las facultades correspondientes para que se ajustara la estructura, las funciones, los procedimientos y las escalas de remuneración de la Contraloría General del Cauca.

Caso en concreto

En el sub lite el demandante pretende que se declare la nulidad de todos los actos administrativos que conllevaron el proceso de restructuración en la Contraloría General del Cauca y, además, el reintegro al cargo de Técnico Administrativo código 367 grado 02 el cual fue suprimido, con el consecuente pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir, pues en su sentir, no era posible que el Contralor presentara la iniciativa para que la Asamblea del Departamento del Cauca concediera las facultades en aras a que se determinara la estructura, las funciones, los procedimientos y escalas de remuneración del ente demandado.

La Sala sostendrá la siguiente tesis: El Contralor Departamental del Cauca tenía la facultad, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 330 de 1996 de presentar la iniciativa a la Asamblea Departamental del Cauca para que se reformara la estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración en la Contraloría General del Cauca, por las razones que pasan a explicarse.

Respecto de la competencia de la Asamblea Departamental para expedir el acto de reestructuración de la Contraloría Departamental, debe la Sala indicar que de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política, es atribución de la Asamblea Departamental organizar la respectiva Contraloría, norma que dispuso lo siguiente:

“(…) Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. (…)”.

De la misma manera, el artículo 300 ibídem estableció:

“(…) Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de Ordenanzas:
(…)
7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.
(…)
9. Autorizar al gobernador del departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales.
(…)
Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador. (…)”.

Esta competencia de las Asambleas Departamentales es reafirmada en el artículo 3º de la Ley 330 de 1996 al señalar que es atribución de éstas, en relación con las respectivas contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de los contralores.

Lo mismo sucedió con la organización de las contralorías municipales y distritales, pues de conformidad con el artículo 157 de la Ley 134 de 1994, le corresponden a los concejos, a iniciativa de los respectivos contralores, determinar las plantas de personal.

Ahora bien, dicha facultad para reformar la estructura podrá ser delegada en el Gobernador, cuando la necesidad o la conveniencia lo ameriten, quien por un tiempo limitado, el cual es fijado en la norma ordenanzal que efectúa la delegación, realizará de conformidad con el artículo 305, numeral 15 de la Carta Política, la respectiva reestructuración o modificación del ente de control. Textualmente la norma indica:

“(…) Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:
(…)
15. Las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas.
(…)”.

En estos casos, como es sabido, el Gobernador no ejerce las competencias que le son propias constitucional y legalmente, sino que ejerce aquellas que le corresponden a la Asamblea Departamental, de modo que actúa no como Jefe de la Administración Seccional sino en ejercicio de funciones del órgano político y administrativo del Departamento que le fueron delegadas de modo expreso por éste.

En otras palabras, no se puede entender que el Gobernador al reestructurar la Contraloría Departamental actué dentro del ámbito del numeral 7 del artículo 305 de la Constitución Política, pues la Contraloría Departamental no es una dependencia de la Administración, por lo que el Gobernador en estos casos actúa cumpliendo el mandato del numeral 15 ibídem, de modo que, es la respectiva ordenanza la que autoriza dicha función.

Ahora bien, de acuerdo con la Constitución y la Ley, a las Contralorías les asiste la potestad, a través del Contralor Departamental, de presentar el respectivo proyecto para la organización del órgano de control fiscal. El proyecto respectivo sometido a la consideración de la autoridad competente es de “iniciativa” del Contralor.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-272 de 1996, en la que declaró la exequibilidad del artículo 157 de la Ley 136 de 1994, concluyó que la determinación de las plantas de personal, a iniciativa de los respectivos contralores, por los concejos municipales y distritales, no afecta la autonomía ni mucho menos puede constituirse como un factor de perversión. Dicha Corporación arribó a esa conclusión con los siguientes argumentos que la Sala comparte y que -mutatis mutandi- son aplicables en tratándose de las contralorías departamentales:

“(…) No es válido el argumento esgrimido por la actora, en el sentido de que el señalamiento de las plantas de personal, a iniciativa de los respectivos contralores, por los concejos municipales y distritales, afecta la referida autonomía y constituye un factor de perversión, por la posible injerencia política de los concejos en las contralorías, porque: I) dicha iniciativa reafirma y consolida ésta, dado que las necesidades en materia de personal la señalan dichos contralores al proponer los proyectos de plantas a los mencionados concejos; II) la autonomía, no supone aislamiento, desconexión absoluta con los demás órganos de la administración municipal y distrital y no se opone a la colaboración armónica que debe existir entre los referidos órganos; en este caso, entre las contralorías y los concejos; III) la función de control fiscal, en cuanto tiende a vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y bienes de los municipios y distritos, antes que ajena, interesa y guarda relación estrecha con las funciones que le corresponden a los concejos según el art. 313; IV) no se opone al criterio de especialización técnica, ajeno a las vicisitudes de la política partidista, la circunstancia de que los concejos determinen las referidas plantas de personal, porque la provisión de los empleos debe hacerse según el régimen de la carrera administrativa (art. 125, 272 inciso 6 y 268-10 C.P.) ; V) y finalmente, es indudable que la determinación de las plantas de personal en la administración tiene necesaria relación con el gasto público, que requiere ser regulado a través de la adopción de los respectivos presupuestos. Tanto es así, que la Constitución recurrentemente alude a que los empleos de carácter remunerado deben estar contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente y que no se podrán crear obligaciones que excedan al monto fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado (arts. 150-14, 305-7 y 315-7). En tal virtud, como a los concejos les corresponde aprobar el presupuesto de rentas y gastos de los municipios y de los distritos, es apenas natural que también les corresponda como función la determinación de las plantas de personal de las referidas contralorías.”. (Lo resaltado en negrilla y subrayado es de la Sala).

Con fundamento en el anterior marco normativo y jurisprudencial es preciso indicar que, en el presente caso, la reestructuración de la planta de personal de la Contraloría General del Cauca no fue sólo producto de la Ordenanza que confirió facultades al Gobernador para ello, sino que obedeció, entre otros, a la difícil situación económica que estaba atravesando la entidad, como quiera que del presupuesto de gastos la entidad debía aplicar el 91.3%, en promedio, a servicios personales, quedándole solamente el 8.7% para atender los otros gastos generales como (viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, comunicaciones y transporte, seguros, capacitación y bienestar social, papelería, mantenimiento).

Por tal motivo, era necesario mejorar los indicadores de solvencia y garantizar la capacidad de pago de la Contraloría General del Cauca, razones éstas, que motivaron a la Asamblea Departamental del Cauca, aunada a la iniciativa que presentó el Contralor el 30 de octubre de 2012, para que fuera determinada la estructura, las funciones, los procedimientos y las escalas de remuneración, pues, se insiste, era necesario ajustar el funcionamiento del presupuesto, para con ello optimizar los recursos de la planta global.

Fue en virtud de lo anterior, que la Asamblea Departamental en ejercicio de las facultades que le confirió el numeral 7 del artículo 300 de la Constitución Política facultó al Gobernador del Departamento del Cauca por el término de 6 meses para que ajustara la estructura, las funciones y demás de la Contraloría General del Cauca, previo estudio técnico que adelantó con la Escuela Superior de Administración pública en virtud del Convenio Interadministrativo 010 de 2012 celebrado entre con la Contraloría Departamental del Cauca.

En tales condiciones, la Sala, no encuentra demostrada la vulneración del ordenamiento legal invocado, pues la modificación de la planta de personal de la Contraloría General del Cauca en estricto sentido fue iniciativa del Contralor Departamental, atendiendo los lineamientos establecidos en el artículo 3º de la Ley 330 de 1996.

A la altura de lo enunciado, no es de recibo el argumento del recurrente, según el cual, no se requería de la iniciativa del Contralor Departamental para efectos de reformar la estructura de la Contraloría General del Cauca, pues resulta que el numeral 12 del artículo 300 la Constitución Política dispuso que le corresponde a la Asamblea Departamental cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley y, en tal virtud, no se podía oponer a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 330 de 1996, el cual señala que “(…) (e)s atribución de las Asambleas Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de los contralores. (…)”.

En ese orden de ideas, si bien es cierto esta Corporación ha señalado que es competencia de las Asambleas Departamentales la organización de las respectivas Contralorías no requiere iniciativa de ningún funcionario, concretamente, porque es una facultad constitucional que es autónoma, ello no quiere decir que en los casos en donde se presente tal iniciativa por parte del contralor se invalide el proceso de reestructuración de la contraloría departamental, pues existe una norma especial que lo facultaba.

En otras palabras, la facultad de organización de las Asambleas Departamentales opera de manera autónoma, sin que para ello requiera la iniciativa de cualquier funcionario, a excepción del Contralor, quien por virtud del artículo 3º de la Ley 330 de 1996 puede presentar la iniciativa para que la citada Corporación determine la estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo.

Justamente esta Corporación, al conocer de asuntos similares al que ahora nos ocupa, en algunos casos, ha inaplicado el artículo 3º de la Ley 330 de 1996 en tanto el proceso de restructuración no contó con la iniciativa por parte del contralor; y en otros, ha declarado la nulidad del mismo en tanto que el gobernador se arrogó una competencia que no le resultaba atribuible, pues no contaba con el respaldo legal para presentar tal iniciativa.

Nótese que los dos casos no se excluyen entre sí, por cuanto se está prevaleciendo las facultades con las que cuenta la Asamblea Departamental para determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo por disposición del artículo 300 de la Constitución Política; y además las del Contralor, quien por disposición de la Ley 330 de 1996 puede presentar las iniciativas para que se efectúe tal modificación. En tal sentido, esta Corporación solo ha declarado la nulidad de los procesos de reestructuración cuando se adelantan contraviniendo tales disposiciones, esto es, cuando se usurpan competencias que no les resultan atribuibles.

De la condena en costas.

Debe reiterar la Sala lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

En el caso, no se observa una mala conducta de las partes o que hayan actuado de mala fe, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, razón por la cual se negará la pretensión relacionada con la imposición de costas.

Por todo lo anterior, se considera entonces acertada la valoración que efectuó el A-quo frente a la presunción de legalidad de los actos acusados y, en consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, a excepción del numeral segundo en cuanto a la condena en costas, la cual se revocará.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Francisco Javier Vargas Cruz en contra del Departamento del Cauca - Contraloría Departamental del Cauca, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la decisión, en cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca condenó en costas a la parte demandante.

En su lugar, se dispone:

NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Relatoría: JORM/Lmr. Informe visible a folio 403. Demanda visible a folios 105 a 116 y subsanación de la misma a folios 130 a 132. El abogado Norman Adrián Granja Garcés. Visible a folios 329 a 334. Visible a folios 341 a 347.
“(…) ARTICULO 300. <Artículo modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_1996.html" \l "2" 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
(…)
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.
(…)”.
“(…) ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales. Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.
<Inciso modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html" \l "23" 23 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso. Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato. Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html" \l "268" 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.
(…)”.
“(…) ARTICULO 300. <Artículo modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_1996.html" \l "2" 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
(…)
12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley.
(…)”. Visible a folios 367 y disco compacto que ora a folio 373.
“(…) Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html" \l "308" 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales (…)”. CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 27 de enero de 2011, radicado 680012331000200001279-01, C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Visible a folios 374 a 381.
“(…) ARTICULO 300. <Artículo modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_1996.html" \l "2" 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
(…)
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.
(…)”.
“(…) ARTICULO 272.

La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
(…)
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html" \l "268" 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.
(…)”. CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 4 de febrero de 2010, radicado 250002325000200291502-01, C. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 18 de julio de 2012, radicado 500012331000200520282-01, C. P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno (E). Visible a folio 61. Visible a folio 68 a 92. Visible a folios 95 a 104. Visible a folios 206 a 208. Visible a folios 162 a 185.
“(…) Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales (…)”.
“(…) Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales (…)”. Información tomada del estudio técnico para la modernización y reestructuración administrativa y financiera de la Contraloría General del Cauca, contenida en el disco compacto visible a folio 161.
“(…) La limitada disponibilidad de recursos para atender los gastos de funcionamiento, restringen el cumplimiento de la función de control fiscal, ocasionando importantes daños al no poder controlar el 100% de los sujetos de control.
• Es valida la propuesta de reestructuración administrativa y financiera de la CGC iniciada por el actual Contralor.
• La situación financiera de la Contraloría General del Cauca se agrava día a día por las nuevas imposiciones, caso de los establecido den el artículo 3º. De la ley 1416 de Noviembre 24 de 2010.
• La Contraloría General del Cauca aplica el Plan General de Contabilidad Pública, adoptado por la Contaduría General de la Nación por medio de la resolución No.355 de 2007.
• Para los registros contables la entidad utiliza el software financiero SINAP, versión 05, conformado por los módulos de presupuesto, caja (taquilla), tesorería, contabilidad, nómina y almacén.
• El programa financiero presenta dificultades para el registro de las transacciones porque carece de licencia, por tanto no se tiene acceso a apoyo técnico ni a sus actualizaciones; a pesar de las dificultades que se presentan se utiliza por parte de la División Administrativa y Financiera porque es la única herramienta con que cuentan para trabajar y obtienen los registros e informes que requieren; algunos informes deben complementarlos con cuadros en Excel. La contraloría se rige por el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Estatuto Orgánico del presupuesto Departamental. Se tiene internamente en la Dirección Administrativa y Financiera, una política de operación que aplicamos para los procedimientos que manejamos. - La Dirección Administrativa y Financiera cumple con la normatividad vigente en la parte financiera, con las políticas aprobadas y las funciones asignadas, todo ello bajo los criterios establecidos en el Sistema de Calidad.
(…)”. Visible a folios 187 a 192.
“(…) ARTICULO 300. <Artículo modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_1996.html" \l "2" 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
(…)
12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley.
(…)”. CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 4 de febrero de 2010, radicado 250002325000200291502 01, C. P. Dr.

Gerardo Arenas Monsalve
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 5 de noviembre de 2009, radicado 200012331000200101283 02, C. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
“(…) Consecuente con lo anterior, no se genera duda sobre la competencia de las asambleas departamentales para la organización de las contralorías departamentales y que implica la fijación de la planta de personal que a su vez lleva intrínseca la facultad de crear y suprimir empleos. Facultad constitucional que siendo autónoma no requiere iniciativa de ningún funcionario, haciéndose obligatorio para este evento inaplicar el artículo 3º de la Ley 330 de 1996 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 208 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales”, en cuanto prescribe la iniciativa del contralor para determinar la estructura de la contraloría, fijar la planta de personal, las funciones por dependencias y la escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. Inaplicación procedente en la medida en que contraría la preceptiva que otorga la facultad de organización de manera autónoma y que decreta el juez contencioso aún de oficio en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4º superior.
(…)”. CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 3 de febrero de 2011, radicado 68001-23-15-000-2000-03319-02(0182-09), C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
“(…) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante Sentencia de 27 de septiembre de 2007, proferida en segunda instancia dentro del radicado No. 4731-05, con ponencia del Doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, declaró la nulidad del literal e), artículo 2º de la Ordenanza No. 050 de 1999, por encontrar acreditado el yerro que en esta instancia la actora adujo como fundamento de la solicitud de inaplicación de idéntica disposición. Al respecto, es de resaltar que en dicha oportunidad se encontró que a pesar de que el Contralor había participado activamente en el proceso de reestructuración de la entidad, al punto de que había conformado el Comité Interdisciplinario para el estudio técnico, así como también, había aprobado su resultado, y que dicho proceso de transformación era necesario para mejorar los indicadores de endeudamiento y en general la situación económica de la entidad dentro del marco de un plan de ajuste fiscal, la iniciativa de la transformación de la planta no había surgido de su fuero, contrariando con ello lo ordenado por el artículo 3º de la Ley 330 de 1996. En este sentido, se puntualizó en la referida providencia:
“Entonces, se encuentra demostrada la vulneración del ordenamiento legal invocado, pues la modificación de la planta de personal de la Contraloría en estricto sentido no fue iniciativa del Contralor Departamental, y aunque existieron razones de peso para que fuera el Gobernador, amparado por las facultades extraordinarias otorgadas por la Asamblea, quien realizara la reestructuración, medida tal que era necesario adoptar con el objeto de dar cumplimiento al Plan de ajuste fiscal, se quebrantó la ley.”.
(…)”. Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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