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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2015-00440-02

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2015-00440-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento derecho, promovió la señora Martha Ximena Quiguanas López en contra de la Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2015-00440-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 19001-23-33-000-2015-00440-02 (0220-2025)
Accionante: Martha Ximena Quiguanas López
Demandado: Procuraduría General de la Nación1
Tema: Sanción de destitución e inhabilidad general para ocupar cargos
públicos por el término de 10 años. Alcance del control judicial
integral sobre las decisiones disciplinarias. Tesis jurisprudencial
aplicable a la prescripción de la facultad disciplinaria.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 8 de agosto de 2024, a través de la cual el
Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda2 se solicitó la nulidad del fallo disciplinario de
primera instancia de fecha 9 de abril de 2014, a través del cual la Procuraduría
Provincial de Popayán sancionó a la actora con destitución e inhabilidad general
para ocupar cargos públicos por el término de 10 años. Así mismo se pidió anular
el fallo de segunda instancia de fecha 28 de noviembre de ese mismo año, mediante
el cual la Procuraduría Regional del Cauca confirmó la primigenia decisión.

3. Como restablecimiento del derecho se exigió el reintegro al cargo de auxiliar
administrativo en la empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Silvia
(Cauca), con el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir durante el tiempo que se mantuvo vigente la sanción.

4. Finalmente, se exigió el cumplimiento de la sentencia, de acuerdo con los
términos previstos en el CPACA.

5. Hechos. Como tales se reseñaron los siguientes:

1 La demanda también se formuló en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia E.A.A.S.

E.S.P. en Liquidación. Sin embargo, por Auto de fecha 8 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo del
Cauca rechazó la demanda frente a la pretensión de nulidad de la Resolución 64 de 24 de marzo de 2015, a
través de la cual esa entidad ejecutó la sanción disciplinaria y, en consecuencia, la desvinculó del proceso. Lo
anterior, luego de considerar que dicha decisión no era pasible de control judicial. Ver folios 171-174 del
documento denominado «C04Principal», el cual puede ser descargado en el índice 2 de la plataforma SAMAI,
archivo «5ED_EXPDIGITA_TestigoDocumentalCEp(.pdf) NroActua 2.pdf».
2 La demanda fue presentada el 3 de septiembre de 2015, tal como se refleja en el acta de reparto visible a folio

169 ejusdem.

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Demandante: Martha Ximena Quiguanas López

6. El gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Silvia
solicitó a la Contraloría Departamental del Cauca la realización de una auditoría en
las instalaciones de la tesorería, en orden a determinar las razones de las
diferencias presentadas entre los dineros recaudados en caja y los que fueron
consignados en el Banco Agrario de Colombia en el periodo comprendido entre
octubre de 2008 y marzo de 2009.

7. Como resultado de esa visita, el ente de control detectó que los faltantes
obedecían, en general, a consignaciones incompletas de los dineros recaudados,
entre los meses de octubre de 2008 y abril de 2009, detrimento que ascendió a la
suma de $8.857.595. Por tanto, el informe levantado al respecto fue remitido a la
Procuraduría Provincial de Popayán, para que se investigara la eventual
responsabilidad que sobre el particular podía asistirle al gerente de la empresa y a
la ahora demandante. Con todo, la accionante afirmó que devolvió a la empresa la
aludida suma de dinero.

8. Con sustento en el referido informe, la Procuraduría Provincial de Popayán
adelantó la respectiva investigación disciplinaria, la que concluyó con el fallo de
primera instancia de 9 de abril de 2014, en el que se impuso como correctivo la
destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 10
años3.

9. Esa determinación fue confirmada en fallo del 28 de noviembre de 2014 por la
Procuraduría Regional del Cauca. En ella, el ad quem denegó la declaratoria de la
prescripción de la acción disciplinaria y rechazó por improcedente la solicitud
probatoria presentada en la alzada. Posteriormente, la empresa de Acueducto y
Alcantarillado del municipio de Silvia ejecutó la sanción mediante la Resolución 64
de 24 de marzo de 2015, notificada a la demandante en esa misma fecha.

10. Fundamentos de derecho y concepto de violación. La parte actora alegó que
los actos administrativos cuestionados infringieron los artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de
la Constitución Política, así como la parte procedimental de la Ley 734 de 2002.

11. Al exponer el concepto de violación, el abogado de la parte actora solo
transcribió algunos apartados de una sentencia dictada por esta corporación4 en la
que se concluyó: i) que el juez de lo contencioso administrativo debía confrontar las
decisiones disciplinarias no solo con las normas invocadas en la demanda, sino con
las disposiciones vertidas en la Constitución Política y; ii) que el operador
disciplinario cuenta con libertad probatoria para llegar al convencimiento de que la
falta investigada sí tuvo lugar.

3 La sanción fue impuesta por la comisión, a título de dolo, de la falta disciplinaria gravísima contenida en el

numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con lo establecido en el artículo 402 del
Código Penal Colombiano, que tipifica el delito de «OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR.»
4 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 11 de julio de 2013, expediente con radicado interno 0413-

11.

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12. Contestación de la demanda5. La Procuraduría General de la Nación se opuso
a las súplicas de la accionante, al destacar que en la demanda no se explicó el por
qué los actos administrativos demandados infringieron la ley, pues la parte actora
simplemente se limitó a hacer un recuento de los sucesos del proceso disciplinario y
a transcribir las partes resolutivas de los fallos demandados.

13. Formuló las excepciones que denominó «CARENCIA DE REQUISITOS DE LA
DEMANDA SEÑALADOS EN LA LEY», por no determinar los hechos que le sirven
de sustento ni desarrollar el concepto de violación y «CADUCIDAD DE LA ACCION».

14. Del traslado de las excepciones. El abogado de la parte actora descorrió el
traslado de los aludidos medios exceptivos6. En relación con la inepta demanda por
carencia de los requisitos formales, alegó, en esencia, que en el hecho 6.° del libelo
señaló que: i) al apelar el fallo sancionatorio de primer grado, solicitó la práctica de
un dictamen pericial, en orden a aclarar los dineros faltantes que fueron reportados
por la Contraloría Departamental del Cauca e; ii) invocó la prescripción de la potestad
sancionadora, bajo la consideración de que los cinco años de que trata la Ley 734
de 2002, solo se interrumpen con la notificación del fallo de segundo grado, lo que
aquí no ocurrió, pues para entonces ya se había sobrepasado ese plazo.

15. Por otro lado, indicó que no se configuró la caducidad del medio de control, pues
la demanda la radicó dentro de los 4 meses siguientes a la ejecución de la sanción
disciplinaria -en tanto implicó el retiro del servicio de su mandante-, teniendo en
cuenta la suspensión de términos lograda con la presentación de la solicitud de
conciliación.

16. Resolución de excepciones. En la audiencia inicial celebrada el 23 de agosto
de 20177 se desestimaron esas herramientas defensivas. En lo que respecta a la
caducidad del medio de control, se señaló que la accionante tenía hasta el 25 de julio
de 2015 para presentar la demanda, en tanto la sanción fue ejecutada el 24 de marzo
de ese año. Que como la solicitud de conciliación la radicó el 24 de julio y la
constancia de agotamiento del trámite fue emitida el 3 de septiembre siguiente,
mismo día en que interpuso la demanda, no operó el fenómeno extintivo.

17. Igualmente, en lo que toca a la inepta demanda, el a quo arguyó que, de acuerdo
con lo establecido en el CGP, de las excepciones previas se debe correr traslado al
demandante para que se pronuncie sobre ellas y, si es del caso, realice las
respectivas subsanaciones.

18. Que precisamente eso fue lo que acaeció en este asunto, pues al descorrer ese
traslado, el demandante precisó que, de acuerdo con lo consignado en la demanda,
era claro advertir que sus reproches frente a los actos cuestionados se limitaban a

5 Ver folios 189-197 del documento «C04Principal», el cual puede ser descargado en el índice 2 de la Plataforma

SAMAI, archivo «5ED_EXPDIGITA_TestigoDocumentalCEp(.pdf) NroActua 2.pdf».
6 Folios 230-244, ejusdem.
7 Folios 10-15 del archivo «02C05Principal», el cual puede ser descargado en el índice 2 de la Plataforma

SAMAI, archivo «5ED_EXPDIGITA_TestigoDocumentalCEp(.pdf) NroActua 2.pdf», carpeta «C05Principal».

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la prescripción de la acción disciplinaria y la negativa de pruebas en sede de segunda
instancia.

19. Esa decisión fue confirmada por esta corporación8 en el Auto de 18 de noviembre
de 2022, con el argumento según el cual los defectos de que adolecía la demanda
fueron subsanados por el actor al descorrer el traslado de las excepciones.

20. Sentencia de primera instancia9. Es la dictada el 8 de agosto de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la cual negó las pretensiones de la
demanda. Con tales fines, concluyó que:

21. La prescripción de la potestad sancionadora de la Procuraduría General de la
Nación debe analizarse con fundamento en el artículo 30 original de la Ley 734 de
2002, pues los hechos materia de censura acaecieron y se concretaron antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, que modificó el aludido fenómeno
extintivo.

22. Aunque sobre ese tópico existen dos posturas jurisprudenciales contrapuestas;
una, vertida en la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 (radicado
2003-00442-01), en la que la Sala Plena del Consejo de Estado precisó que los 5
años de que trata el CDU se interrumpen con la notificación del fallo sancionatorio
de primera instancia y; la otra, consignada en las sentencias C-244 de 1996 y C-
401 de 2010, en las que la Corte Constitucional avaló la tesis según la cual ese
plazo se obstaculiza con la notificación del fallo de segundo grado; el tribunal se
inclina por la primera de ellas.

23. Lo anterior, en razón a que en providencia de 2 de diciembre de 2019
(expediente 4274 de 2015), el Consejo de Estado revocó una sentencia en la que
este mismo tribunal había aplicado la tesis de la Corte Constitucional, para
privilegiar la regla vertida en la mencionada sentencia de unificación.

24. Que, al aplicar ese precedente al caso actual, es evidente que la potestad
disciplinaria no ha prescrito, pues a la actora le fue censurada una conducta
continuada que finalizó el 24 de abril de 2009. Entonces, como el fallo sancionatorio
de primera instancia fue notificado en estrados a la demandante el 9 de abril de
2014, esto es, antes de los cinco años señalados en el artículo 30 de la Ley 734 de
2002, no operó el aludido fenómeno preclusivo.

25. Finalmente, afirmó que la negativa de decretar la prueba requerida en segunda
instancia no vulneró el debido proceso de la accionante, en tanto el operador
disciplinario adujo que no existía justificación legal para ello y, además, que no
estimaba necesario hacerlo de oficio, pues las evidencias recopiladas hasta
entonces brindaban plena certeza de la responsabilidad de la investigada.

8 Folios 25-36 ejusdem.
9 Ver documento «17SentenciaPrimeraInstancia», el cual puede ser descargado en el índice 2 de la Plataforma

SAMAI, archivo «5ED_EXPDIGITA_TestigoDocumentalCEp(.pdf) NroActua 2.pdf», carpeta «C05Principal».

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26. Recursos de apelación10. Inconforme con esa decisión, el abogado de la
demandante la recurrió en apelación, en los siguientes términos:

27. En primer lugar, aunque el tribunal citó la sentencia de unificación del 9 de
agosto de 2016 -expediente 1210 de 2011-, en la que la Sección Segunda del
Consejo de Estado sentó las bases del control judicial integral de las decisiones
disciplinarias, no se avizora en ella ningún análisis encaminado a determinar si las
actuaciones adelantadas en contra de su mandante se ajustaron a la Ley 734 de
2002, a las pautas jurisprudenciales de las Altas Cortes y a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

28. En consecuencia, se debe examinar si el derecho al debido proceso, en sus
modalidades procesal y sustancial fue respetado por el ente de control y, además,
si se configuraron los tres elementos de la responsabilidad disciplinaria.

29. En segundo lugar, para cuando fue presentada la demanda, el Tribunal
Administrativo del Cauca aplicaba la tesis según la cual, de acuerdo con lo
establecido por la Corte Constitucional en las sentencias C-244 de 1996 y C-401 de
2010, la prescripción de la potestad sancionadora operaba cuando la Procuraduría
General de la Nación dejaba vencer el término previsto en la ley -5 años-, sin
concluir el proceso disciplinario, lo que normalmente ocurre con la decisión de
segunda instancia.

30. Que esa tesis se sustentó en el principio pro homine y en los artículos 7.5 y 8.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que propenden a que los
juicios, en términos generales, se realicen dentro de plazos razonables.

31. Sin embargo, en el caso actual, el a quo se inclinó por la tesis del Consejo de
Estado, vertida en la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009, para lo
cual se apartó del precedente que más privilegiaba los derechos de la disciplinada.

32. En consecuencia, es evidente que el proceso disciplinario no culmina con la
decisión de primera instancia, pues no puede considerarse que los recursos que
legalmente proceden son autónomos e independientes del procedimiento inicial.
Basta recordar que, según lo establecido en el artículo 87 del CPACA, los actos
administrativos quedan en firme cuando se notifican las decisiones que resuelven
los recursos formulados contra ellos.

33. Por lo que sigue, y ante dos interpretaciones contrapuestas sobre un mismo
tópico, el juez debe escoger aquella que privilegie de mejor forma los derechos del
disciplinado. Por tanto, la prescripción que ahora se alega debe ser examinada de
acuerdo con las reglas depositadas en las sentencias C-244 de 1996 y C-401 de
2010.

34. Para tal propósito, deberá examinarse si la conducta endilgada a la demandante

10 Ver documento «19RecursoApelacionDte», el cual puede ser descargado en el índice 2 de la Plataforma

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era de ejecución instantánea o continuada y, a partir de allí, determinar si operó o
no la prescripción de la potestad sancionadora.

35. Finalmente, se tiene que el tribunal no explicó el por qué la prueba solicitada en
segunda instancia disciplinaria no era procedente ni útil, ni explicó con precisión las
razones por las que estimó que su negativa en sede disciplinaria no conculcó el
debido proceso de su cliente.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

36. La admisión del recurso. Mediante Auto de 7 de marzo de 202511 se admitió
el recurso de apelación.

37. Concepto de fondo. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino la
procuradora delegada ante esta corporación12, quien solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia.

38. En ese contexto, destacó que en el trámite del proceso sancionatorio no se
vulneró el derecho al debido proceso de la accionante, pues las pruebas
incorporadas a la actuación evidenciaron la configuración de los tres elementos de
la responsabilidad disciplinaria -tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad-;
representados en la omisión de consignar la totalidad de los recursos recaudados
entre los meses de octubre de 2008 y abril de 2009, a sabiendas de que su conducta
no se ajustaba a la ley ni a las obligaciones que le eran exigibles.

39. Control de legalidad13. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

40. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el aludido
recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.14

41. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
parte actora, corresponde a la Sala determinar si:

42. ¿En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo del Cauca omitió realizar el
control judicial integral frente a todas las actuaciones desarrolladas en el curso del
proceso disciplinario seguido en contra de la demandante?

11 Índice 4 de la plataforma SAMAI.
12 Índices 9 de la plataforma SAMAI.
13 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
14 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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43. ¿La prescripción de la potestad disciplinaria debió examinarse conforme a la
interpretación que sobre el artículo 30 original de la Ley 734 de 2002 efectuó esta
corporación en la sentencia unificación del 29 de septiembre de 2009 o, por el
contrario, de acuerdo con las reglas vertidas en las sentencias C-244 de 1996 y C-
401 de 2010?

44. ¿La negativa del decreto de la prueba solicitada por la parte actora en el marco
de la segunda instancia disciplinaria vulneró su derecho al debido proceso?

45. El caso concreto.

46. Primer interrogante: ¿En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo del
Cauca omitió realizar el control judicial integral frente a todas las actuaciones
desarrolladas en el curso del proceso disciplinario seguido en contra de la
demandante?

47. Para el recurrente, el a quo debió adelantar un control judicial integral sobre todo
el proceso sancionatorio, con miras a verificar si sus actuaciones se ajustaron a las
reglas previstas en la Ley 734 de 2002, a los parámetros de las Altas Cortes, a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y, particularmente, si se
configuraron los tres elementos de la responsabilidad disciplinaria.

48. En orden a resolver este cuestionamiento, la Subsección referenciará el control
judicial integral sobre los actos administrativos sancionatorios emitidos en el marco
de los procesos disciplinarios.

49. El control judicial integral sobre los actos administrativos sancionatorios
dictados en los procesos disciplinarios.

50. En sentencia del 9 de agosto de 201615, la Sala Plena de esta corporación, luego
de referenciar las tesis que a lo largo de los tiempos fijaron los criterios para el
ejercicio del control judicial sobre las decisiones disciplinarias sancionatorias,16
unificó la jurisprudencia para pregonar que, en adelante, dicha revisión sería
«integral».

51. Con ello pretendió superar el simple examen de legalidad para avalar y
promover un análisis sustancial y profundo que contrastara la providencia
sancionatoria con la Constitución Política y la Ley, teniendo como norte la garantía

15 Expediente 11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-11).
16 i) La intangibilidad relativa e implícita de la decisión disciplinaria administrativa, fundada en la justicia rogada

y la deferencia especial [Ley 167 de 1941]; ii) La intangibilidad relativa explícita y deferencia especial respecto
de la decisión disciplinaria administrativa [Sentencia C-197 de 1999]; iii) El control jurisdiccional sobre las
decisiones disciplinarias es pleno, en la medida en que se desborden los límites impuestos por la Constitución
Política y la ley; en caso contrario, la sede judicial no se erige en una tercera instancia de debate [Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de diciembre de 2012, expediente radicado 2005-00012, C.P.
Gerardo Arenas Monsalve] y; iv) El aludido control jurisdiccional es pleno e integral y no se encuentra limitado
por los argumentos planteados en la demanda, ni por cortapisas a la competencia del juez contencioso [Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de marzo de 2014, radicado interno 0263-2013, C.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren].

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y protección de los derechos fundamentales.17

52. En otras palabras, el control judicial integral implica que, al analizar la legalidad
del acto administrativo sancionatorio, el juez no debe tener deferencias especiales
con la autoridad disciplinaria, de modo que la especialidad que gobierna a aquel
trámite no puede levantarse como un obstáculo para el adecuado examen de justicia
que este debe desplegar.

53. Entonces, solo por citar un ejemplo, el juez de lo contencioso administrativo
puede reevaluar e infirmar la interpretación normativa y probatoria realizada por el
operador disciplinario, sin que las consideraciones, argumentos y conclusiones
adoptadas por este trunquen esa actuación. Es decir, el juez podrá censurar,
invalidar o desestimar las tesis invocadas por la autoridad disciplinante, en orden a
potenciar la tutela judicial efectiva de los derechos que, de la revisión del
expediente, advierta infringidos.

54. Para mayor claridad de lo indicado, a continuación, se transcriben los
argumentos que soportan la aludida regla de unificación:

«Alcance del control judicial integral.

En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo
es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto
administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La
existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de
ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la
valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el
marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite
procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el
amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo
contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también
garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios
que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es
garante de la tutela judicial efectiva».

55. Con fundamento en ese derrotero, la sentencia de marras destacó que, en virtud
del control judicial integral, el juez:

17 Como sustrato de esa nueva tesis, se invocaron las siguientes: i) la potestad disciplinaria, al pertenecer al

campo del ius punendi, amerita la intervención del juez administrativo, en orden a verificar su ajuste a la
Constitución Política y la ley, y el respeto de los principios de racionalidad y dignidad humana; ii) A nivel
convencional [CADH] y constitucional, los ciudadanos deben contar con recursos judiciales idóneos y efectivos
no solo para garantizar la protección de sus derechos, sino también para remediar las eventuales violaciones a
los mismos; iii) la finalidad para la que fue instituida la jurisdicción de lo contencioso administrativo
«preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos previstos en la constitución y la ley» también
cobija a las decisiones disciplinarias, pues son expresión de la actuación administrativa sujeta al control judicial
a ella atribuido y; iv) las decisiones de esta naturaleza no son equiparables a las proferidas por los jueces de la
República.

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i) No está limitado por las causales de nulidad invocadas en la demanda, sino
que puede examinar la decisión cuestionada a la luz de cualquiera de las
causales previstas en el artículo 137 del CPACA y que sean conexas con los
derechos fundamentales del disciplinado;

ii) Puede revalorar las pruebas recaudadas en el proceso sancionatorio y
determinar su pertinencia, conducencia y utilidad en la declaratoria de
responsabilidad de la parte actora;

iii) Está facultado para determinar si en el curso del procedimiento
sancionatorio se privilegiaron los principios rectores de la ley disciplinaria. Por
ejemplo, si se respetó el principio de presunción de inocencia, si se garantizó
el derecho de defensa y contradicción, si se configuró una causal excluyente
de responsabilidad, entre otros.

56. Por lo que sigue, se reitera que, aunque el control judicial integral le otorga al
juez amplias facultades durante el examen de legalidad del acto sancionatorio, ello
no significa que, en todos los casos, la autoridad judicial deba verificar
minuciosamente cada una de las etapas y actuaciones del proceso disciplinario en
búsqueda de posibles irregularidades, vicios e ilegalidades, pues, a voces de la
citada sentencia de unificación:

«[…] Todo lo anterior no implica que desaparezca la exigencia prevista en el ordinal
4.º del artículo 162 de la Ley 1437, que regula el contenido de la demanda, esto es,
el deber de invocar los fundamentos de derecho de las pretensiones, las normas
que se consideran trasgredidas y de explicar el concepto de violación, porque como
bien se indicó en la sentencia de la Corte Constitucional (C-197 de 1999) dicha carga
procesal de la parte demandante, es legítima y proporcionada.»

57. En orden con lo dicho, la Sala responde que, si el a quo resolvió exclusivamente
los reparos concretos formulados en la demanda, es porque durante la revisión del
proceso sancionatorio no advirtió la vulneración de algún o algunos de los derechos
fundamentales de la señora Quiguanas López, que ameritara la activación del
control judicial integral.

58. Así las cosas, se insiste en que la autoridad judicial examina la legalidad de las
decisiones disciplinarias con base en las causales de nulidad invocadas por la parte
interesada y, solo cuando del análisis de tales reparos advierte infracciones de
derechos que el procesado no señaló, es que se activa el mentado control integral.

59. Por lo que sigue, esta Subsección no verificará lo atinente a la tipicidad, ilicitud
sustancial y culpabilidad de la conducta enrostrada a la accionante pues: i) ni en el
curso del proceso disciplinario, ni en la demanda se formularon censuras al
respecto; ii) en la alzada no se explicó el por qué el juez de primer grado debió
reexaminar, por ejemplo, los elementos de la responsabilidad de la demandante y;
iii) del examen del proceso disciplinario no se advierten trasgresiones a los
derechos fundamentales de la accionante.

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60. Segundo interrogante. ¿La prescripción de la potestad disciplinaria debió
examinarse conforme a la interpretación que sobre el artículo 30 original de la Ley
734 de 2002 efectuó esta corporación en la sentencia unificación del 29 de
septiembre de 2009 o, por el contrario, de acuerdo con las reglas vertidas en las
sentencias C-244 de 1996 y C-401 de 2010?

61. En la alzada, el abogado adujo que, para la fecha en que radicó la demanda, el
Tribunal Administrativo del Cauca, con sustento en las sentencias C-244 de 1996 y
C-401 de 2010, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aplicaba la tesis según la cual la prescripción de la potestad disciplinaria operaba
cuando la autoridad no emitía y notificaba el acto sancionatorio dentro del término
establecido en la ley -5 años-.

62. Sin embargo, censuró que, al momento de emitir la sentencia apelada, el a quo
cambió de postura y se inclinó por la tesis de unificación depositada en la sentencia
del 29 de septiembre de 2009 -expediente 11001-03-15-000-2003-00442-01-, en la
que esta corporación concluyó, en esencia, que la potestad disciplinaria se ejerce
de manera oportuna cuando, dentro del lapso establecido en la ley, se dicta el acto
que concluye la actuación, el cual está representado en la decisión de primera
instancia y no en la que resuelve los recursos interpuestos.

63. Pues bien, en orden a definir cuál es la tesis que gobierna la prescripción de la
facultad disciplinaria, la Subsección dirá que, en esta materia, la única norma que
regula el aludido fenómeno es la contenida en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011.

64. Sin embargo, en el presente asunto se acudirá a la versión original de ese
dispositivo, en tanto era la norma vigente para el momento de la comisión de la falta
disciplinaria por la que fue sancionada la actora. En este orden de ideas, se
transcribe a continuación ese artículo, así:

«ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las
faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último acto.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas
señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55
de este código.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de
las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»

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65. En lo que respecta a la determinación de cuándo se produce la prescripción de
la facultad disciplinaria, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia del 29 de
septiembre de 200918, concluyó que:

«[…] De manera que, el término de prescripción aplicable en el sub-lite es el de
cinco años, razón por la cual corresponde ahora definir si la sanción se impuso
dentro de ese tiempo […]

En este lapso es preciso imponer la sanción, entendiendo por tal verbo rector
expedir y notificar el acto principal, esto es, aquel mediante el cual se concluye la
actuación con la atribución de responsabilidad al investigado pero no se exige su
firmeza porque la norma no lo prevé así, razón por la cual imponerle la condición de
ejecutoria al acto sancionatorio principal que decidió la actuación administrativa
disciplinaria significa ir más allá de lo que el legislador quiso al consagrar el artículo
12 de la ley 25 de 1974 modificado por el artículo 13 de la ley 13 de 1984. La decisión
sobre los recursos que se interpongan contra el acto sancionatorio primigenio
corresponde ya no a la actuación administrativa propiamente dicha sino a la
definición sobre el agotamiento de la vía gubernativa.

[…]

En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual
entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los
recursos de la vía gubernativa.» (El énfasis es nuestro)

66. A partir de esa regla, esta Sección consolidó una sólida línea jurisprudencial19
en la que reiteró que la prescripción de la potestad disciplinaria se interrumpe
cuando, dentro del plazo previsto en el citado artículo 30, la autoridad sancionadora
emite y notifica la decisión sancionatoria de primera instancia.

67. Ahora bien, en atención a los argumentos planteados por el recurrente, la Sala
considerar que, de la lectura de las sentencias C-244 de 1996 y C-401 de 2010, no
es posible avalar la tesis de prescripción izada por la parte actora, por las siguientes
razones:

68. En la primera providencia, la Corte examinó la constitucionalidad del parágrafo
1.° del artículo 3420 de la Ley 200 de 1995, entre otras disposiciones. En aquella
oportunidad, el actor denunció la vulneración del derecho al debido proceso, al

18 Expediente nro. 11001-03-15-000-2003-00442-01, demandante Álvaro Hernán Velandia Hurtado, C.P. Dra.

Susana Buitrago Valencia.
19 Subsección “A”, sentencia de 23 de julio de 2020, expediente 0301-17 C.P. William Hernández Gómez;

Subsección “A”, sentencia de 13 de febrero de 2014, expediente 25000-23-25-000-2007-00582-02, C.P. Alfonso
Vargas Rincón; Subsección “B”, sentencia de 28 de julio 2014, expediente 11001-03-25-000-2011-00365-00,
C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E); Subsección “A”, sentencia de 30 de junio de 2016, expediente
11001-03-25-000-2011-00170-00 (0583-11), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Subsección “B”, auto del 15 de
septiembre de 2016, expediente 41001-23-33-000-2014-00340-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20 Que establece que «ARTICULO 34. TERMINOS DE PRESCRIPCION DE LA ACCION Y DE LA SANCION.

La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a
contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y desde la realización del último acto, en
las de carácter permanente o continuado. PARAGRAFO 1º. Cuando la prescripción ocurra una vez notificado
en legal forma el fallo de primera instancia el término prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más.» (Con
subrayas el apartado objeto de demanda).

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argumentar que el proceso disciplinario debía adelantarse dentro de un plazo
razonable y, además, que el investigado no estaba obligado a soportar la inercia de
la administración cuando la prescripción ocurría luego de notificado el fallo de primer
grado. Por tanto, consideró que la extensión del fenómeno extintivo, contenida en
el parágrafo cuestionado, era abiertamente inconstitucional.

69. Al resolver ese asunto, la Corte determinó que, si el legislador estimó que 5 años
eran suficientes para adelantar la investigación y emitir la decisión correspondiente,
ampliar ese plazo en 6 meses más, cuando la prescripción ocurría después de
notificado el fallo de primer grado, carecía de una justificación razonable y, por
demás, vulneraba los derechos de igualdad y debido proceso de los disciplinados.
En los apartados de esa decisión se puede leer:

«[…] Según el parágrafo demandado, si el fallo de primera instancia se ha notificado
al procesado, el término prescriptivo se prorroga por seis meses más, lo cual quiere
decir, que si a un empleado estatal a quien se le ha iniciado investigación
disciplinaria en la que se ha dictado providencia de primera instancia, la cual le ha
sido debidamente notificada, el lapso de prescripción de la acción será de 5 años y
seis meses, mientras que para los demás empleados, esto es, a quienes no se les
haya notificado la providencia de primera instancia, el término prescriptivo es tan
sólo de cinco años. Discriminación a todas luces contraria al Estatuto Máximo, pues
si el Estado no ejercita el derecho que tiene de adelantar y fallar la investigación
disciplinaria en el tiempo fijado por el legislador, ya sea por desinterés, desidia o
negligencia no puede el empleado público sufrir las consecuencias que de tales
hechos se derivan, sino la misma Administración por incuria, incapacidad o
ineficiencia […]»

70. Así las cosas, es claro que el anterior examen de constitucionalidad se realizó
sobre una norma que, en la actualidad, no regula la prescripción de la potestad
disciplinaria y, además, que extendía el plazo extintivo más allá del término
inicialmente previsto a unos eventos que la disposición desarrollada en el artículo
30 de la Ley 734 de 2002 no contempla.

71. En consecuencia, la regla contenida en la sentencia C-244 de 1996 no se erige
como precedente para la interpretación del artículo arriba citado.

72. Igual conclusión amerita la sentencia C-401 de 2010, en razón a que la norma
examinada en ella es la contenida en el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 21, que
se refiere a la caducidad de la acción sancionatoria ambiental que, por cierto, no
guarda relación con la prescripción que aquí se viene estudiando.

73. Por lo que sigue, la Subsección responde que la tesis que gobierna la
prescripción de la potestad disciplinaria estatal es la concebida en la citada
sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2014 que, como fue dicho antes,
es la que esta sección ha venido reiterando desde entonces.

21 «ARTÍCULO 10. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de

haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos,
el término empezará a correr desde el último día en que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las
condiciones de violación de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en
cualquier tiempo.»

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74. En este contexto, se dirá que el reprochado cambio de tesis adoptado por el
Tribunal Administrativo del Cauca no vulneró el derecho al debido proceso de la
demandante pues, en la sentencia impugnada, esa autoridad justificó con
suficiencia las razones por las que rectificaba la teoría anterior, entre ellas, acudió
a la consolidada línea jurisprudencial que, sobre el particular, ha emitido esta
corporación de cierre.

75. A lo anterior se agrega y reitera que, las sentencias de constitucionalidad arriba
señaladas no constituyen precedente obligatorio para este caso, por referirse a
tópicos distintos a los regulados en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

76. Así mismo, la Sala considera acertada la conclusión del tribunal cuando afirmó
que la conducta desplegada por la disciplinada era de carácter continuado, pues se
demostró que entre los meses de octubre de 2008 y abril de 2009 omitió de manera
reiterada consignar la totalidad de los dineros que, en su condición de cajera de la
empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Silvia, recibía por concepto
de los servicios que prestaba esa institución.

77. Por tanto, aunque ese comportamiento produjo consecuencias negativas, mes
a mes, sobre las finanzas de la empresa, no es posible pregonar, como lo pide el
abogado apelante, que la conducta sancionada sea catalogada como instantánea.

78. Lo anterior, dado que el proceder de la demandante constituyó una unidad de
conducta que provocó afectaciones al patrimonio de la entidad para la que laboraba,
la cual se prolongó en el tiempo hasta que cesó su comportamiento ilegal. Sobre el
particular, esta Subsección, en sentencia de 7 de febrero de 201922 expresó:

«[…] En uno y otro caso, la prescripción comienza a correr una vez la falta se
consuma; sin embargo, ello ocurre de diferente manera según se trate de una falta
disciplinaria instantánea o de una sucesiva. En las primeras, la lesión del bien
jurídico que protege la disposición sancionatoria se agota en un solo momento
mientras que en las faltas sucesivas hay una unidad de conducta que genera una
afectación que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de
ilegalidad generadora de la transgresión del bien jurídico objeto de amparo […]»

79. Así pues, y en atención a que, como se indicó en los fallos sancionatorios, la
conducta de la actora se mantuvo hasta el 24 de abril de 2009, es claro que, para
que no operara la prescripción de la potestad disciplinaria, el fallo de primer grado
debía emitirse y notificarse antes del 24 de abril de 2014. En línea con lo anterior, y
como está demostrado que tal decisión fue dictada y notificada en estrados el día 9
de ese calendario, no es procedente declarar la prescripción alegada por la parte
demandante.

80. ¿La negativa del decreto de la prueba solicitada por la parte actora en el marco
de la segunda instancia disciplinaria vulneró su derecho al debido proceso?

22 Expediente 70001-23-33-000-2013-00283-01 (3966-14), C.P. William Hernández Gómez.

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81. Para el apelante, el tribunal no explicó el por qué la prueba solicitada en segunda
instancia disciplinaria no era procedente ni útil, ni explicó con precisión las razones
por las que estimó que su negativa en sede disciplinaria no conculcó el debido
proceso de su cliente.

82. Para resolver este cuestionamiento, se referenciará brevemente el derecho al
debido proceso en las actuaciones disciplinarias.

83. El derecho constitucional al debido proceso en las actuaciones
disciplinarias.

84. El artículo 29 superior establece que «[e]l debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas»; dentro de estas últimas se
encuentra la actuación disciplinaria, en tanto es expresión de esa naturaleza.

85. Así entonces, el aludido principio constitucional demanda la preexistencia de un
conjunto de etapas y garantías para la protección de los derechos y la aplicación
concreta y correcta de la justicia, en todas aquellas en las que se adjudiquen
derechos y/o se impongan obligaciones y sanciones, de modo tal que el ciudadano
no se vea sorprendido por la autoridad que dirige ese procedimiento y/o por los
demás intervinientes en el mismo. Sobre el particular, esta Subsección, en
sentencia del 11 de junio de 2020,23 concluyó:

«4.1.1.1 Debido proceso disciplinario - aplicación de la garantía fundamental
a la presunción de inocencia

El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las
garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados
a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el proceso
disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las partes que en
él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de todas sus
etapas. Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de
una naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra, material.
La primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como son las etapas
que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, las oportunidades de
actuación procesal, entre otras. Por otro lado, su dimensión material alude a las
garantías sustanciales en las que se proyectan esas formalidades, entre las cuales
pueden destacarse el principio de publicidad, la doble instancia, la presunción de
inocencia, la imparcialidad, el non bis in idem y el derecho a contradecir las pruebas,
entre muchas otras».

86. De cara a lo expresado, se precisa que, al apelar la decisión sancionatoria de
primera instancia, el abogado de la disciplinada solicitó como prueba que un perito
contable, con base en las consignaciones acreditadas por el Banco Agrario de
Colombia, los extractos bancarios y los boletines diarios de caja, determinara si
efectivamente no existían los soportes contables de los dineros recaudados en la
empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Silvia.

23 Expediente con radicado interno 2838-2019, C.P. William Hernández Gómez.

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87. Al resolver la segunda instancia, la Procuraduría Regional del Cauca denegó
esa petición, al considerar que era innecesario decretar la prueba requerida por la
parte activa, dado que en el expediente reposaban todas las evidencias -extractos
bancarios y boletines diarios de recibos en caja- conforme a las cuales se logró
demostrar los dineros que no fueron consignados por la accionante a la cuenta de
la empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Silvia.

88. Pues bien, la Sala considera que la anterior negativa no vulneró el derecho al
debido proceso de la demandante, pues la Procuraduría Regional del Cauca explicó
con suficiencia las razones de esa determinación, la cual, se destaca, se fundó en
la inutilidad del medio probatorio, dado lo que ya estaba demostrado en la actuación.

89. En este contexto, el hecho de que la parte actora no comparta esa decisión, no
implica que sus derechos hayan sido trasgredidos, pues debe tenerse presente que,
según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 734 de 2002, las pruebas serán
rechazadas, entre otras razones, por superfluas, lo que aquí evidentemente ocurrió.

90. Es decir, como en el Código Disciplinario Único se encuentra establecido el
rechazo de las pruebas superfluas, es palmario que tal obligación también se
adscribe al derecho al debido proceso que la parte actora pregonó como
desconocido, pues tal determinación integra la fase probatoria del proceso
sancionatoria y delinea el camino que debe seguir el operador jurídico cuando
avizore pruebas y/o peticiones probatorias esa naturaleza.

91. Siguiendo los derroteros marcados al resolver los anteriores interrogantes, y en
atención a que ninguno de los reproches invocados en la alzada prosperó, se
confirmará la sentencia de primera instancia.

92. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

93. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

94. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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95. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de agosto de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
derecho, promovió la señora Martha Ximena Quiguanas López en contra de la
Procuraduría General de la Nación.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás
normas concordantes del Código General del Proceso.

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