Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00003-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00003-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2016-00003-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
Demandante: Rubén Darío Orrego Zapata, Claudia Yamile Bustamante
Ramírez, Estefany Aguas Bustamante y Melany Orrego
Bustamante
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad de los actos administrativos por
desconocimiento del debido proceso. In dubio pro disciplinado.
REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia proferida el dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
Los señores Rubén Darío Orrego Zapata, Claudia Yamile Bustamante Ramírez,
Estefany Aguas Bustamante y Melany Orrego Bustamante (esta última, representada
por el señor Orrego y la señora Bustamante), instauraron demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
i) Decisión disciplinaria de primera instancia, expedida el 4 de noviembre de
2014, mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por
el término de diez (10) años.
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ii) Decisión disciplinaria de segunda instancia, expedida el 20 de enero de 2015,
que confirmó la sanción impuesta.
iii) Resolución Nro. 01294 del 9 de abril de 2015, mediante la cual se ejecutaron
las decisiones disciplinarias citadas anteriormente.
Que, como consecuencia, se ordene el reintegro del demandante, el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación y hasta que se
haga efectivo su reintegro, sin solución de continuidad; así como el pago de los
perjuicios morales para él y su núcleo familiar por concepto de daño emergente, lucro
cesante, daño moral y daño a la vida en relación.
Que sean indexadas las sumas a las que se condene.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la Oficina de Control Interno Disciplinario inició una investigación disciplinaria por
la presunta pérdida o sustracción de unos tubos usados para la construcción de obras
civiles, del Comando de Policía del Cauca que la DIAN había donado a la Institución.
Que se formuló pliego de cargos y citó a audiencia, indicándose la posible incursión
en la falta contemplada por el numeral 14 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, la
cual se calificó como gravísima dolosa.
Que en la actuación disciplinaria se probó de manera legal y oportuna que para el día
de los hechos salió del Comando en un camión de cabina blanca con carpa negra tipo
NKR con sigla 28-0034 a las 12:35 p.m., y que el encargado de custodiar la salida de
los vehículos indicó en su declaración que este iba vacío, pese a lo cual, sin existir
una prueba contundente, fue sancionado disciplinariamente con destitución e
inhabilidad por el término de diez (10) años; decisión que se confirmó por la segunda
instancia.
Que en la actuación disciplinaria no fue llamado a descargos, no fueron resueltos los
escritos que presentó antes de ser imputado(sic), no se le corrió traslado de las
pruebas testimoniales practicadas previa la formulación de los cargos y no se decretó
una prueba por él solicitada.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Constitución Política: artículos 1, 2, 6, 25, 29, 58, 125, 150 numeral 19 literal e; Ley
1015 de 2006: artículos 1 al 6, 35 y siguientes; Ley 734 de 2002: artículos 1 a 7, 27 y
subsiguientes.
Que las decisiones sancionatorias desconocieron el debido proceso, porque no existió
prueba siquiera sumaria de que los tubos donados al Comando de Policía del Cauca
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hubiesen sido contados y constatados por el personal responsable de la misma ni por
quienes estuvieron encargados de su transporte.
Que el operador disciplinario pasó por alto la existencia de serias contradicciones
entre el personal que tenía bajo su custodia la bodega de servicios generales y la de
la intendencia, y las falencias en las declaraciones rendidas por los auxiliares
bachilleres que elaboraron el informe que dio lugar al procedimiento sancionatorio.
Que no se reparó, al valorar las pruebas, en las razones para que a los informantes
les resultara extraño que de una bodega se sacaran unos tubos y los motivos por los
cuales, si les pareció algo fuera de lo normal, lo pusieran en conocimiento 11 días
después; menos aún se indagó acerca de cómo lograron identificar que se trataba de
un camión de logística de la Institución.
Que no se reparó en que el informante Nilson Miranda Urrutia, al ratificar lo relatado,
manifestó reconocer al señor Orrego y que, aunque en su escrito dijera que quien
conducía el vehículo era el Patrullero Murcia, al recibirse su testimonio, indicara que
no vio al referido conductor.
Que, por el contrario, quedó probado que el 9 de enero de 2014, a las 12:35 p.m. salió
del Comando de Policía en el vehículo con sigla 28-0034 con destino a la ciudad, sin
que se registrara hora de regreso y que quedaron interrogantes en relación con la
posibilidad de cargar 700 tubos de aproximadamente 20kg cada uno en un lapso de
media hora, cuando, según los testimonios recibidos, su traslado a la bodega tardó
dos días.
Que en la actuación aparecieron suficientes elementos para demostrar que no se
conocía la cantidad de elementos ubicados en la bodega para concluir que cuando
ocurrió lo relatado por los informantes, el señor Orrego no se encontraba en el
Comando.
Que se violó su derecho a la defensa y contradicción porque no fue citado a descargos
ni se le corrió traslado de los testimonios practicados y no se decretaron pruebas que
solicitó oportunamente.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 10 de febrero de 2016 el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda1.
Se notificó a la entidad demandada, quien se opuso a las pretensiones considerando
que la actuación disciplinaria se adelantó conforme a derecho y que los actos
demandados se expidieron por quien tenía la competencia para hacerlo.
Que resultó acreditado que el demandante incurrió en la falta disciplinaria gravísima
contenida en el numeral 14 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, esto es
«[a]propiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o
pertenencias de la Institución, de los superiores, subalternos, compañeros o
1 Véanse folios 144 a 147 del cuaderno principal 1 del expediente.
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particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero»,
sin que existiera duda acerca de la existencia de los puntales de hierro donados por
la DIAN al Comando.
Que la actuación disciplinaria se originó en el informe de novedad del 20 de enero de
2014 suscrito por los auxiliares Nilson Rodrigo Miranda y Jhon Alejando Viveros y que
se conoció posteriormente que de la bodega del Comando se habían hurtado una gran
cantidad de puntales de hierro, los cuales, al ser recibidos en el inventario, se
asignaron al patrullero Omar Henry Fernández Molano, quien fue disciplinado por
estos hechos, junto con el señor Orrego Zapata.
Que, si bien en el procedimiento disciplinario se aludió a la pérdida de 700 puntales
de hierro, al demandante no se le sancionó por la sustracción de tal cantidad; que el
operador disciplinario afirmó al formular cargos y al imponer la sanción que el 9 de
enero de 2014 el patrullero Rubén Darío Orrego Zapata fue sorprendido sacando tales
elementos de la bodega de logística y cargándolos en el vehículo de siglas 28-0034
sin contar con autorización, sin asignar una cantidad, pues los informantes indicaron
que no supieron cuántos, resultando claro que escucharon la llegada del camión y el
momento en que uno de sus ocupantes expresó «lo que fue, fue» al advertir que
empezó a llegar mucha gente.
Que, en ese sentido, las pruebas fueron practicadas y analizadas de manera integral
y con estricto apego al debido proceso, permitiendo el ejercicio efectivo del derecho
de defensa y contradicción.
Que el demandante no logró desvirtuar los cargos formulados, lo cual pudo deberse a
una deficiente defensa técnica; pero que ello no puede sanearse acudiendo a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues su inconformidad con la valoración
de la prueba testimonial no implica que los actos demandados deban declararse
nulos2.
El 13 de marzo de 20173 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio y, tras
agotar el periodo probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión4, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por ambas
partes.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del dieciocho (18) de enero
de dos mil diecinueve (2019)5, accedió parcialmente a las pretensiones, tras concluir
que en la actuación disciplinaria se desconoció el principio in dubio pro disciplinado,
invirtiendo la carga probatoria.
2 Véanse folios 163 a 169 del cuaderno principal 1 del expediente.
3 Véanse folios 185 a 188 y el CD que reposa en el folio 142 del cuaderno principal 1 del expediente.
4 La audiencia de pruebas se celebró el 8 de junio de 2017. En ella se dio traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para presentar su concepto. Véase cuaderno de pruebas.
5 Véanse folios 243 a 255 del cuaderno principal 1 del expediente.
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Que, de conformidad con la sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de agosto
de 2016, el control de legalidad que ejerce el juez de lo contencioso administrativo
sobre los actos administrativos que imponen sanciones de carácter disciplinario es
integral, lo que no significa que enerve la valoración probatoria del operador
disciplinario, sino que se circunscribe, en todo caso, a las causales de nulidad de los
actos contempladas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 y al análisis de la
actuación desde los principios estructurales de la responsabilidad disciplinaria.
Que la demandada destacó en su contestación que correspondía al disciplinado
desvirtuar los cargos formulados, respecto de lo cual la jurisprudencia ha sido enfática
en sostener que la carga de la prueba en materia disciplinaria radica en cabeza del
Estado y que la normativa aplicable al demandante hace eco de tal principio, pues el
artículo 6 de la Ley 1015 de 2006 dispone que las dudas deben resolverse en favor
del investigado, en tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 señala que no se puede
proferir decisión sancionatoria sin que obre en el procedimiento prueba que conduzca
a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado.
Que, en el caso concreto, la discusión radicaba en determinar si los actos
demandados se expidieron con desconocimiento del debido proceso, lo cual encontró
acreditado, porque en la valoración probatoria se comprometieron garantías
fundamentales del señor Orrego Zapata, como el in dubio pro disciplinado, pues el
verbo rector de la conducta investigada y sancionada consistió en «apropiarse» de
unos tubos que reposaban en la bodega de logística, asunto que no fue demostrado
en sede administrativa.
Que los auxiliares informantes, en sus testimonios posteriores, variaron sus versiones
respecto de lo ocurrido el 9 de enero de 2014, pues uno de ellos, el señor Jhon
Alejandro Viveros, declaró que no vio al patrullero Orrego, sino que tan solo escuchó
su voz y que esta era una cuestión de vital importancia porque en el informe de
novedad afirmó que ambos auxiliares vieron tanto a un patrullero de apellido Murcia
como al demandante. Mientras que el otro informante, Nilson Rodrigo Miranda, en su
testimonio afirmó que no vio al conductor del camión, pero que en el informe relató
que se trataba del patrullero Murcia porque el mayor Tamayo le había expresado que
dicho patrullero era quien estaba a cargo del camión ese día.
Que lo anterior hacía que el informe de novedad perdiera total credibilidad, en la
medida en que no fue rendido de manera libre y espontánea por los auxiliares, sin que
sea comprensible por qué el operador disciplinario no interrogó al mayor Tamayo
acerca de las afirmaciones de los auxiliares o por qué no procuró evaluar con otros
medios de prueba, como una visita al lugar de los hechos, si era posible que desde el
punto en que se encontraban los auxiliares el 9 de enero de 2014 se pudiera observar
todo lo que consignaron en su informe y que, por el contrario, se dotó a sus
declaraciones de tarifa legal.
Que más significativo aún resultaba la valoración que la demandada efectuó respecto
de la hora de entrada y salida de los vehículos policiales, pues le bastó con afirmar
que era de común ocurrencia que los autos que salían regresaran a los pocos minutos
para concluir que móvil con siglas 28-0034, conducido por el demandante según el
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registro de salida, fue empleado para apropiarse de los puntales de hierro.
Que, en ese orden, resultaba completamente endeble que por el solo dicho del auxiliar
bachiller se configurase el verbo rector de la falta disciplinaria contemplada en el
numeral 14 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. En ese orden, se declaró la nulidad
parcial de los actos demandados, ordenando el reintegro del señor Orrego Zapata al
cargo que venía desempeñando o a otro de igual categoría, sin solución de
continuidad, con el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir
desde el 10 de abril de 2015.
Finalmente, negó las demás pretensiones y condenó en costas a la demandada 6.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandante7 interpuso recurso de apelación, solicitando que se revocara la
decisión de negar las demás pretensiones y que en su lugar se accediera al
reconocimiento de perjuicios por daño a la vida en relación y por la afectación al buen
nombre, pues durante el tiempo en que los actos produjeron efectos se le mantuvo en
tela de juicio, fue sometido a escarnio en la Institución y en los actos demandados fue
«tratado como un delincuente» y que en la sentencia no se tuvo en cuenta que era la
cabeza de su hogar.
La parte demandada8 apeló el fallo considerando que los testimonios de los auxiliares
Jhon Alejandro Viveros Serna y Nilson Rodrigo Miranda Urrutia no dejaron manto de
duda sobre la participación del demandante en la pérdida del patrimonio de la Policía,
quienes en sus declaraciones ratificaron el contenido del informe de novedad.
Que los actos demandados se encuentran amparados por la presunción de legalidad
y que el procedimiento que concluyó con su expedición fue el adecuado, sin que se
encontrara probado que se hubieren quebrantado normas en que se debieron fundar
las decisiones o que se hubieren expedido de forma irregular o falsamente motivados
o con desviación de poder.
Que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado la valoración
probatoria constituye un ejercicio autónomo del operador disciplinario; que el
demandante se limitó a cuestionar el análisis de las pruebas que se realizó,
desconociendo que fue investigado conforme al régimen disciplinario aplicable, con el
cual se encontró acreditado que, hizo uso del vehículo de siglas 28-0034 junto con
otro policial para apropiarse de unos puntales de hierro que se encontraban
almacenados en la bodega de logística.
Que quedó acreditada la existencia de los puntales de hierro y la posterior pérdida de
700 unidades y que el demandante fue sorprendido sustrayendo estos elementos; que
6 Inicialmente, el ordinal cuarto de la sentencia dispuso la condena en costas al demandante, pese a que en la
parte motiva se indicó que dicha condena estaría a cargo de la demandada. Esto se corrigió por auto del 12 de
marzo de 2019 (véanse folios 288-289 del cuaderno principal 2 del expediente).
7 Véanse folios 258-259 y 260-261 del cuaderno principal 1 del expediente.
8 Véanse folios 262 a 272 del cuaderno principal 1 del expediente.
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en las decisiones disciplinarias no se dijo que se apropió de los 700 sino que el auxiliar
Miranda Urrutia lo reconoció mientras los cargaba al camión y que tampoco quedó
acreditada la hora de regreso del demandante al Comando.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 3 de agosto de 20199, se admitió el recurso de apelación y en auto
del 24 de octubre del mismo año se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto10.
La demandada11 alegó de conclusión, reiterando lo señalado en la contestación y en
el recurso de apelación, en el sentido de que el demandante era destinatario del
régimen disciplinario que se le aplicó, que quedó probada la ejecución de la conducta
sancionada, y que los actos demandados se expidieron por el funcionario competente
y con apego a la Constitución y a la ley, sin que el señor Orrego Zapata pudiera
desvirtuar su presunción de legalidad.
El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si los actos administrativos demandados incurrieron en
violación al debido proceso porque se expidieron con falsa motivación y
desconociendo el principio in dubio pro disciplinado o, si como sostiene la demandada,
se encuentran ajustados al régimen aplicable. Definido lo anterior, deberá analizar si
resulta procedente reconocer y ordenar el pago de perjuicios morales por afectación
al buen nombre y daño a la vida en relación.
Con este propósito, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del
control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios; a la nulidad
del acto administrativo por falsa motivación y por violación al debido proceso,
especialmente, por desconocimiento del principio in dubio pro disciplinado y abordará
el caso concreto.
Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una función
especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que busca
garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
9 Véase folio 295 del cuaderno principal 2 del expediente.
10 Véase folio 301 del cuaderno principal 2 del expediente.
11 Véase consecutivo 00013 de SAMAI.
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De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia.
No ha sido pacífica la posición de la jurisprudencia respecto del alcance del control
jurisdiccional de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez de
lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se
consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían
cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas disciplinarias12.
Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación
inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se denominó
como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»13.
Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del «control
judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso administrativo
supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial
sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento
constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales»14, y se
indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial».
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la
de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad
que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes Moreno.
13 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-
2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.
Teniendo en cuenta que el examen de legalidad de la actividad administrativa
disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio integral de los
actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro del marco
planteado en la sentencia previamente comentada.
Causales de nulidad de los actos administrativos
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del cumplimiento
de unos requisitos formales y materiales para su expedición, relacionados con la
competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versan, la necesidad o no de
hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento de las reglas de
procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la materia de que trate.
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13715 y 13816 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es posible
perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse cuando se
advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las normas en
que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma irregular; iv)
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante falsa
motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
De las anteriores, se analizarán las causales de nulidad invocadas por el actor, a
saber, la falsa motivación y el desconocimiento del derecho al debido proceso; luego
de lo cual, se abordará el contenido de los actos demandados.
• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación
Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación de
un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la cual,
la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha relación con
el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de
la decisión administrativa17.
En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:
«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b) la
existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
15 Del medio de control de nulidad.
16 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
17 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-00006-
00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
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induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del demandante
del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado»18.
El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos circunstancias:
i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes de la
decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa;
o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí estaban probados y que, de
haberse considerado, habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente 19.
• Nulidad del acto administrativo: violación del debido proceso. Presunción de
inocencia e in dubio pro disciplinado
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica tanto
a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie
puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.
Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos formales
y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía
que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver entonces, con la
concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación se adelante por el
competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que
estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones injustificadas;
(v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (iv) que las
decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y (vi) que se dé el trámite
oportuno cuando las decisiones sean impugnadas20.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201821 determinó que, tanto de las
providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:
«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).
Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación administrativa,
cuando ha sido tramitada completamente al margen del procedimiento establecido
por el ordenamiento jurídico (…).
Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha adoptado
la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro
de la actuación. (…)
18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-23-
33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
19 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-00006-
00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
20 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
21 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad administrativa
profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales,
declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o abiertamente inaplicables
para el caso concreto. La jurisprudencia también ha contemplado que la
interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una causal de estructuración
de defecto sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición entre la
comprensión comúnmente aceptada del precepto y su aplicación por parte de la
autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la doctrina define como
interpretación contra legem.
Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.
Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)
Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con efectos
obligatorios, la Corte Constitucional.
Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo que
desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’22»23.
En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la aplicación
de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial, el in dubio
pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja en la
actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que, a su
vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.
En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba de
manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron omitir
o se desconocen las reglas de la sana crítica24– puede llevar al operador disciplinario
a la expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del presupuesto
procedimental para la imposición de una sanción: la certeza, más allá de toda duda
razonable, de la existencia de la falta disciplinaria y de la responsabilidad del
investigado.
Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de inocencia,
arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se presume
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»25 y de la que hace
eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo 7 de la Ley
1015 de 2006 dispone que «[e]l destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta
disciplinaria se presume inocente mientras no se declare legalmente su
22 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
25 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la
presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo
del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar
rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
responsabilidad en fallo ejecutoriado», en tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002
–norma procedimental aplicable por remisión expresa del artículo 58 de la Ley 1015
de 2006– señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el
proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado».
En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de inocencia
tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in dubio pro
disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo encaminar su
despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las pruebas existen
dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser absolutoria26.
Sobre este punto, al examinar la constitucionalidad del artículo 6 de la Ley 200 de
1995 –que consagraba el in dubio pro disciplinado y que posteriormente se incluyó en
idénticos términos en la Ley 734 de 2002–, la Corte Constitucional señaló:
«El "in dubio pro disciplinado", al igual que el "in dubio pro reo" emana de la
presunción de inocencia, pues ésta (sic) implica un juicio en lo que atañe a las
pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.
Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha
de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o
convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando
la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con
el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y
que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria
es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga
probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la
Nación, según el caso; dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas
quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes
para demostrar la responsabilidad del disciplinado»27.
Análisis del caso concreto
La demandada apeló la providencia del Tribunal Administrativo del Cauca,
considerando que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad de las decisiones
disciplinarias, porque el planteamiento del demandante versa sobre la valoración
probatoria, y, considera, contrario a lo concluido en la sentencia, que los testimonios
de los informantes no dejaron manto de duda sobre la pérdida de bienes de la entidad
y sobre su participación en tal hecho, haciendo uso del vehículo de siglas 28-0034,
pues el auxiliar Miranda Urrutia lo reconoció, sumado a que no quedó soporte de la
hora de regreso del camión al Comando.
26 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba’ de
acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una persona es
responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria
que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de
que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción, de manera
suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al
acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración
de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle su culpabilidad’».
27 Corte Constitucional. Sentencia C-244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
Del análisis del expediente disciplinario, la Sala destaca:
• Que el 20 de enero de 2014 los auxiliares bachilleres Nilson Rodrigo Miranda y
Jhon Alejandro Viveros informaron que el 9 del mismo mes y año,
aproximadamente a las 12:45 p.m., mientras se encontraban descansando luego
de almorzar, escucharon llegar un carro a la bodega del área logística y que dos
patrulleros empezaron a sacar unos tubos, actividad en la cual estuvieron por
aproximadamente 45 minutos, cuando uno de ellos manifestó «vámonos que
empezó a llegar gente y lo que fue, fue», «(…) y salieron en el camión encarpado
que se encuentra asignado al área de logística, alcanzamos a ver que estaba
conducido por el PT. MURCIA y en compañía del PT. URREGO»28 (subrayas de
la Sala).
• Que, con fundamento en ese informe, se abrió una indagación preliminar en el
marco de la cual se ordenó recibir la ratificación y ampliación de lo relatado por los
auxiliares e información relacionada con el vehículo carpado que se describió en
el informe y con la responsabilidad en la custodia de los bienes presuntamente
sustraídos29.
• Que se recibió declaración juramentada del señor Jhon Alejando Viveros el 27 de
febrero de 2014, en la cual, al preguntarle por los materiales que fueron cargados
en el vehículo citado el 9 de enero del mismo año, contestó que se trataba de unos
tubos porque «era lo único que había en esa bodega» y que al interrogarlo por las
voces de quienes estaban trasladando los elementos de la bodega al vehículo,
indicó que reconoció una voz ronca que se parecía a la voz del señor Orrego, pero
que no vio a nadie, porque quien se asomó por un orificio de la puerta fue su
compañero30.
• Que, adicionalmente, se informó que un vehículo tipo camión marca Hyundai, de
sigla 28-0034 y placa CES 638 fue entregado al área logística los primeros días de
diciembre y asignado el 15 de enero de 2014 al patrullero Omar Fernández
Molano31 y que este mismo servidor tenía a su cargo la custodia de los puntales
de hierro donados por la DIAN32.
• Que el patrullero Omar Fernández Molano, en declaración del 27 de febrero de
2014 señaló que advirtió el faltante de 700 puntales de hierro porque, por
instrucción del mayor Tamayo, debió contarlos y que estos elementos, antes de
llevarlos a la bodega, estuvieron en el Puerto de Buenaventura, luego en la
estación de policía de Gorgonzola y finalmente en el bicicletero del Comando del
Cauca33.
• Que el 5 de mayo de 2014 se recibió la declaración juramentada del segundo
informante, el señor Nilson Rodrigo Miranda Urrutia, quien manifestó que el 9 de
28 Véase folio 5 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
29 Véanse folios 16 a 19 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
30 Véanse folios 56 a 59 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
31 Véase folio 50 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
32 Véase folio 54 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
33 Véanse folios 56-57 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
enero de 2014 observó por un hueco muy mínimo(sic) a los patrulleros cargando
los tubos al camión. Que supo que se trataba de esta clase de uniformados porque
alcanzó a ver la heráldica de sus uniformes y que reconoció la voz del patrullero
Urrego porque, como laboró en calidad de auxiliar de jardinería, al guadañar los
prados del comando lo solía ver. A la pregunta del operador disciplinario por la
descripción morfológica del referido patrullero, el declarante contestó: «[b]lanco,
bajito, es como calvito, en el momento en que lo vi estaba con la pava»34.
Además, al ser interrogado por las razones para consignar en el informe de
novedad al patrullero Murcia como uno de los uniformados que cargaron los
puntales de hierro el 9 de enero de 2014, relató que él y su compañero hablaron
ese día con el mayor Tamayo, que le contaron que el camión que vieron era el
asignado a logística, a lo que el mayor les indicó que para ese día el vehículo
estaba asignado a los patrulleros Murcia y Urrego, que ellos eran los únicos que
tenían acceso a él.
• Que, con esos elementos, el 23 de mayo de 2014 los señores Rubén Darío Orrego
Zapata y Omar Fernández Molano fueron vinculados a la indagación preliminar,
considerando que los auxiliares bachilleres, en el informe de novedad y en las
posteriores declaraciones habían relatado con claridad que el primero
presuntamente sustrajo unos tubos de la bodega, luego de lo cual se acreditó la
ausencia de 700 elementos35; y, por auto del 28 de julio del mismo año se ordenó
la apertura de una investigación disciplinaria36.
• Que el 29 de septiembre de 2014 se adoptó el procedimiento verbal y se citó a
audiencia, para lo cual al señor Rubén Darío Orrego Zapata le fue formulado un
cargo único consistente en «[n]umeral 14 [del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006].
Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o
pertenencias de la Institución, de los superiores, subalternos, compañeros o
particulares con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un
tercero» (negrillas en el texto original. Corchetes de la Sala); determinando que se
incurrió en la falta disciplinaria en la modalidad de acción y a título de dolo37.
• Que el 4 de noviembre de 2014 el operador disciplinario encontró acreditada la
ejecución de la conducta disciplinable, ratificó la calificación de la falta y sancionó
al señor Orrego Zapata con destitución e inhabilidad general por el término de diez
(10) años38, decisión que se confirmó en segunda instancia el 20 de enero de
201539.
El Tribunal Administrativo del Cauca, en la sentencia apelada, llamó la atención sobre
varios elementos de las pruebas recaudadas que, a su juicio, llevaban a la necesidad
de robustecer los medios de prueba:
34 Véanse folios 65-66 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
35 Véanse folios 67-68 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
36 Véanse folios 82 a 85 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
37 Véanse folios 154 a 160 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1 (en lo que corresponde a la
formulación de cargos del demandante).
38 Véanse folios 266 a 284 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 2 (en lo que corresponde a la
decisión disciplinaria respecto del demandante).
39 Véanse folios 296 a 306 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 2.
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
• Que existían contradicciones entre el contenido del informe de novedad y las
posteriores declaraciones de los auxiliares bachilleres, porque en el escrito se
consignó haber visto a los dos uniformados que cargaron los puntales de hierro al
camión, pero en las diligencias de ratificación se indicó que dicha información se
registró de manera posterior a la conversación con un superior;
• Que se describiera morfológicamente como «calvo» a uno de los presuntos
patrulleros, pero que a continuación se precisara que el referido llevaba ese día
una pava en su cabeza, pues, ¿cómo pudo saber el informante que el patrullero
era calvo si tenía un elemento sobre su cabeza que impedía realizar tal afirmación?
• Que, en relación con el registro de salida del camión 28-00034, el operador
disciplinario únicamente afirmara que era de común ocurrencia que los vehículos
salieran del comando y regresaran a los pocos minutos para encontrar acreditada
la presencia del investigado en el comando a la hora de ocurrencia de los hechos.
• Que la ausencia de registro de una hora de ingreso del vehículo generaba un
manto de duda que debía resolverse en favor del disciplinado y no en su contra,
como ocurrió en los actos demandados.
Para esta Sala, por el contrario, el análisis probatorio efectuado por el operador
disciplinario se ajustó a las reglas de la experiencia y a la sana crítica y, en su
valoración, no se generó ninguna duda que debiera resolverse en favor del señor
Orrego Zapata, pues, precisamente por no existir tarifa legal en lo que a los medios
de prueba se refiere, la demandada estaba en la obligación de estudiar de manera
integral los testimonios practicados y los documentos incorporados.
De ese estudio surgió una línea cronológica de los hechos, según la cual, el 9 de enero
de 2014, entre las 12:00 y las 13:45 los auxiliares bachilleres Nilson Rodrigo Urrutia y
Jhon Alejandro Viveros, se encontraban descansando, por ser su hora de almuerzo,
cuando escucharon la llegada de un camión, que se parqueó en la bodega del área
de logística y dos patrulleros empezaron a extraer lo que en el informe se denominó
«unos tubos» hasta que, al cabo de 45 minutos, uno de los uniformados exclamó
«vámonos que empezó a llegar gente y lo que fue, fue», y que, mientras se subían al
camión, uno de los informantes alcanzó a distinguir al patrullero Orrego40.
El informe de novedad fue posteriormente ratificado por ambos auxiliares. En sus
testimonios, quedó claro que uno de ellos, el señor Nilson Rodrigo Urrutia, observó lo
ocurrido por un agujero de la puerta y fue quien de vista reconoció al patrullero Orrego,
describiéndolo como un hombre «(…) blanco, bajito, es como calvito, en el momento
en que lo vi estaba con la pava»41; y que el otro, Jhon Alejandro Viveros no vio de
quienes se trataba, pero reconoció una voz ronca: «(…) [e]ra una voz ronca, no se(sic)
como(sic) explicarle, se parecía a la voz del PT. URREGO, el(sic) tiene como un
problema en la voz, parece que se esforzara para hablar, pero no estoy seguro si era
40 Véase folio 7 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
41 Véase folio 65 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
la de él»42.
Se reprochó por el Tribunal que en la descripción morfológica que el auxiliar Nilson
Rodrigo Urrutia realizó del uniformado a quien vio sustrayendo los elementos este se
refiriera a un hombre como calvito, que llevaba una pava, llamando la atención sobre
la imposibilidad de que coexistieran ambas descripciones. Para la Sala esto no
constituye un elemento para desvirtuar el testimonio del informante, pues en su relato
es claro que (i) estaba describiendo a quien identificaba como el patrullero Orrego y
(ii) el funcionario por él conocido e individualizado como Orrego, el 9 de enero de 2014
estaba usando una pava. Analizar esta situación con apego a las reglas de la
experiencia permite advertir que no resulta contrario a la realidad que el demandante,
a quien el informante Urrutia conocía de antes43, el día de los hechos usara una prenda
sobre su cabeza, sin que por ello se genere una duda en relación con su identidad.
También quedó aclarado que, pese a que los hechos ocurrieron el 9 de enero de 2014,
solo se informaron hasta el 20 del mismo mes y año, porque para los auxiliares
bachilleres no era extraño que, con el vehículo del área logística se transportaran
materiales almacenados en dicha bodega, y fue solo cuando el funcionario que tenía
los puntales de hierro en su inventario advirtió la pérdida de unas unidades (700 según
su informe), que recordaron los sucesos que dieron lugar a la actuación disciplinaria.
Habiendo aclarado el alcance de lo visto y escuchado por los informantes, el operador
disciplinario indagó acerca del vehículo relacionado en los hechos, encontrando que
se trataba de un vehículo claramente determinado, esto es, uno tipo camión, de marca
Hyundai, con sigla 28-0034 y placa CES638, entregado al comando en diciembre de
2013, mismo que se asignó desde el 15 de enero de 2014 al patrullero Omar
Fernández Molano44, por lo que no resultaba contrario a la realidad que para el 9 de
enero de 2014 este fuera conducido por el demandante, como quedó acreditado
además, al incorporar la minuta de control vehicular45.
La falta de registro de una hora de ingreso del vehículo referido generó dudas en el
análisis de la actuación realizada por el Tribunal en la sentencia apelada, aspecto que
para esta Sala no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos demandados, pues
el operador disciplinario, basado en las reglas de la experiencia, concluyó que,
teniendo en cuenta el rango horario en el cual se relató la ocurrencia de los hechos y
la hora de registro de salida del vehículo –12:25– , resultaba perfectamente viable que
para las 12:45 aproximadamente ya hubiese vuelto al comando; máxime si se tiene
en cuenta que al día siguiente, 10 de enero de 2014, se registró nuevamente la salida
del camión de siglas 28-00034, conducido por el patrullero Orrego, a las 06:04, con
42 Véase folio 59 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1
43 En la declaración juramentada del 5 de mayo de 2014, el auxiliar bachiller Nilson Urrutia señaló:
«PREGUNTADO. Puede decir el nombre del personal que usted veía ingresar a esta bodega. CONTESTO. Un
intendente de apellido QUINTERO, el PT. URREGO, y el PT. MURCIA y a veces mi Mayor TAMAYO, que pasaba
por allá a pasar revista de las bodegas y a contar, esos eran los que yo veía más por allá. PREGUNTADO. Indique
al despacho porque (sic) relaciona con tanta seguridad que uno de los dos patrulleros que para el día 09 de enero
de 23014, estaba sacando los tubos de la bodega. CONTESTO. Yo estaba en la puerta mirando por el huequito
mirando a ver quién era que salía y cuando fue que vi al PT. URREGO, yo como mantenía guadañando lo veía y
escuchaba que le decían URREGO, o las sillas» véase folio 65 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro.
1.
44 Véase folio 50 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
45 Véase folio 46 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
destino a la ciudad, otra vez, sin incluir registro de regreso46.
Por su parte, la defensa del demandante no controvirtió la posibilidad de haber
regresado al comando entre las 12:25 y las 12:45 aproximadamente, ni al presentar
descargos ni al alegar de conclusión ni al apelar la decisión sancionatoria, y esa
probabilidad de regresar a la institución en un lapso de media hora, sumado a los
demás elementos de prueba, reforzó la tesis de responsabilidad disciplinaria que llevó
a la expedición de los actos sancionatorios, sin que de ello sea posible concluir la
inversión de la carga probatoria o el desconocimiento del principio in dubio pro
disciplinado.
Es claro que la valoración probatoria en la actuación administrativa sancionatoria debe
realizarse de manera integral, debiendo estudiarse por la autoridad tanto los
elementos que acreditan la responsabilidad disciplinaria como aquellos que la
desvirtúan, aplicando las denominadas reglas de la sana crítica: un concepto jurídico
indeterminado en el cual intervienen aquellos elementos que provienen de la lógica y
de la experiencia del operador administrativo o judicial y que confluyen para que este
analice las pruebas que se le presentan apoyado tanto en la razón como en el
conocimiento experimental de las cosas47 y que lo deben llevar a la convicción más
allá de toda duda razonable.
En la motivación de las decisiones cuestionadas se encuentra la valoración probatoria
con los parámetros ya expuestos y, si bien al señor Rubén Darío Orrego Zapata no le
correspondía desvirtuar el cargo formulado –sostener algo así riñe con la presunción
de inocencia y con el principio in dubio pro disciplinado–, lo cierto es que contó con
las oportunidades procesales para aportar los elementos que pudieran acreditar la
ausencia de responsabilidad disciplinaria; por el contrario, al término de la actuación,
se encontraron acreditados los presupuestos del artículo 142 de la Ley 734 de 2002
y, por ello, el demandante fue sancionado.
Ahora bien, el demandante señaló que en la actuación disciplinaria no fue citado a
rendir descargos, que la autoridad no analizó sus escritos y que no se le corrió traslado
de las pruebas testimoniales practicadas ni se decretó una prueba solicitada por él, lo
46 Véase folio 48 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
47 En la Sentencia C-202 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería), al examinar la constitucionalidad del numeral 2
del artículo 216 del entonces Código de Procedimiento Civil, según el cual resultaban inhábiles para testimoniar
aquellas personas que el juez considerara en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana
critica, la Corte Constitucional, destacó que el sistema probatorio basado en la aplicación de las reglas de la sana
crítica constituye un punto intermedio entre aquel basado en la prueba legal y aquel que se estructura en la libre
convicción «(…) sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una
feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba» y
agregó «Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas
interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual
manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de
confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de
las cosas.
«El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de
la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos
preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento»
(Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-202 de 2005 M.P. Rodrigo Araujo Rentería; Sentencia C-622 de 1998, M.
P. Fabio Morón Díaz, Salvamento Parcial de Voto de Eduardo Cifuentes Muñoz y Couture, Eduardo J.,
Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962; estos últimos, citados en la C-
202 de 2005).
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
que, considera, implica la nulidad de las decisiones sancionatorias, por violación al
debido proceso. Sobre este punto, la Sala destaca:
• El 29 de enero de 2014 se abrió una indagación preliminar en contra de personal
por establecer, en el marco de la cual se decretaron y practicaron pruebas
testimoniales y documentales48.
• Identificado el presunto autor de la falta disciplinaria, el 28 de julio de 201449 se
abrió la investigación disciplinaria, acto que se notificó al señor Orrego Zapata el
30 del mismo mes y año50. En la diligencia de notificación, se le informó acerca de
sus derechos como investigado, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 734
de 2002.
• En el marco de la investigación disciplinaria, fue citado a la práctica de pruebas
testimoniales, como consta en las comunicaciones del 1 y 2 de septiembre de
201451, 16 y 17 de septiembre de 201452; se les corrió traslado de las pruebas
testimoniales, como consta en comunicación del 20 de septiembre de 201453.
• Que el auto mediante el cual se formuló pliego de cargos y se citó a audiencia fue
notificado personalmente al señor Rubén Darío Orrego Zapata el 8 de octubre de
201454, quien, en audiencia del 20 de octubre de 2014, confirió poder al abogado
Gabriel Jaime Villada Cifuentes55, defensor que presentó descargos en dicha
diligencia56, en la que también se recibió la versión libre del entonces investigado57.
• En la audiencia disciplinaria, la defensa del señor Orrego Zapata solicitó el decreto
de pruebas testimoniales y documentales, sobre las cuales el operador
disciplinario emitió el correspondiente pronunciamiento58. En contra de la decisión
de negar la práctica de algunas, el apoderado interpuso recursos de reposición y
de apelación59.
• En la decisión de primera instancia fueron valoradas las intervenciones del
apoderado del demandante60 y, adicionalmente, al desatar la segunda instancia,
el operador disciplinario advirtió que se encontraba pendiente por resolver el
recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa al decreto de unas
pruebas y fue resuelto previo a estudiar los argumentos de la apelación de la
decisión sancionatoria61.
De esta forma, el demandante fue notificado de las actuaciones propias del
48 Véanse folios 16 a 19 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro.1.
49 Véanse folios 82 a 85 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
50 Véase folio 87 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
51 Véanse folios 95 y 96 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro.1.
52 Véanse folios 110 y 115 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
53 Véanse folios 133 y 135 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro.1.
54 Véase folio 165 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
55 Véase folio 169 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro.1.
56 Véanse folios 172-173 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
57 Véanse folios 170 a 171 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
58 Véanse folios 173 a 175 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
59 Véanse folios 175-176 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
60 Véanse folios 272 a 275 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
61 Véanse folios 300 reverso-301 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 2.
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procedimiento oportunamente y las intervenciones que realizó por intermedio de su
apoderado fueron valoradas en las diferentes instancias. Presentó los descargos en
la audiencia del 20 de octubre de 2014, previa formulación de cargos, por lo que no
corresponde a la realidad su reproche respecto de este punto. Se accedió a la práctica
de pruebas solicitadas por su defensa y, en relación con las que fueron negadas, se
resolvieron los recursos procedentes, por lo que sus reparos sobre esta materia no
están llamados a prosperar.
Adicionalmente, el señor Orrego Zapata señaló que en la actuación disciplinaria no se
tuvo certeza en relación con la cantidad de puntales que fueron donados al Comando,
pues estos no fueron contados; tampoco se explica cómo fue posible que, pese a que
el traslado de estos elementos tomó aproximadamente dos días, él y otro uniformado
presuntamente hubiesen cargado 700 en media hora y llamó la atención en relación
con la declaración juramentada del señor Jhon Jairo Buitrago, uniformado que se
encontraba a cargo del registro de salida e ingreso vehicular para el 9 de enero de
2014, quien al ser interrogado por la anotación de salida del vehículo de siglas 28-
0034 indicó que solo recordaba que, al registrarlo, este iba vacío.
Estas manifestaciones, que según la demanda implican que los actos incurrieron en
nulidad por falsa motivación, fueron resueltas por el operador disciplinario en ambas
instancias:
En relación con la cantidad de puntales, quedó acreditado que la DIAN donó al
Comando 198062 y que estos ingresaron al inventario del señor Omar Fernández
Molano63. Asimismo, que 300 de ellos fueron prestados para la construcción de la
estación de policía de Corinto64 y que el 17 de enero de 2014 el patrullero que los
tenía a su cargo fue a contarlos, encontrando un faltante de 700 65, como quedó
consignado además en la denuncia que por estos hechos se formuló 66.
Luego, en la actuación disciplinaria quedó claro que al demandante no se le investigó
y sancionó por apropiarse de 700 puntales. En la decisión de primera instancia, al
resolver sobre los argumentos expuestos en los descargos y en los alegatos de
conclusión en este aspecto, la demandada señaló:
«Contrario a lo que afirma el togado, el despacho en ningún momento ha dicho
que para el día 09-01-14, cargaron en el camión la totalidad de los tubos, es decir,
700 puntales de hierro, lo que se ha venido planteando es el hecho de que fue
observado por el Auxiliar Bachiller NILSON RODRIGO MIRANDA, en el momento
en que sacaba de la bodega en un camión puntales de hierro, que después de
verificados se pudo establecer que la cantidad perdida fue de 700»67.
En esos términos, se aclaró que el resultado de la práctica probatoria arrojó que la
cantidad total de elementos extraviados fue de 700, pero ni en el cargo formulado ni
en el acto sancionatorio se reprochó al demandante apropiarse de todos ellos.
62 Véase folio 54 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
63 Véase folio 55 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
64 Véase folio 139 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
65 Véase folio 4 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
66 Véanse folios 8 a 10 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 1.
67 Véase folio 275 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 2.
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Aspecto sobre el cual versó el recurso de apelación y que también fue objeto de
pronunciamiento en la segunda instancia disciplinaria, donde se destacó que no
existía duda en relación con la cantidad de puntales que ingresaron al inventario de la
entidad, ni del lugar donde fueron ubicados, ni a quién fueron asignados; y que el
investigado Orrego Zapata se valió del descuido del servidor que los tenía a su cargo
para apropiarse de parte de ellos68, precisando que:
«Cierto es que la cantidad de puntales de hierro que se perdieron de la bodega de
logística, sería imposible de sacar en el lapso de una hora, es una imprecisión en
la que se cae si al aquí investigado se le sindicara de manera precisa de haberse
apropiado de dichos setecientos puntales, pero como quiera que lo que el A-quo
ha afirmado tanto en el auto de citación a audiencia como en el fallo de primera
instancia, es que el patrullero RUBÉN DARÍO ORREGO ZAPATA para el día
09/01/2014 fue sorprendido sustrayendo unos puntales de hierro de la bodega de
logística y siendo cargados en el vehículo camión de siglas 28-0034 sin contar con
autorización (…) no se la (sic) ha dicho que éste se apropió de setecientos
puntales, no se le determinó la cantidad, pues el señor Auxiliar de Policía
MIRANDA URRUTIA manifiesta que no supo qué cantidad cargaron, pero es claro
desde su mismo informe de novedad, que escuchó cuando llegó el camión y
empezaron a sacar unos tubos que se encontraban en la bodega contigua a la
que éste estaba, además de escuchar que dijeron que “lo que fue, fue” pues ya
estaba llegando mucha gente»69.
En lo que tiene que ver con la anotación realizada por el patrullero Jhon Jairo Buitrago
el 19 de enero de 2014, según la cual a las 12:25 salía del Comando el vehículo con
siglas 28-0034, conducido por el demandante, con destino a la ciudad, y que, al
verificarlo iba vacío70, no se trata de una observación con el alcance suficiente para
concluir que sobre la responsabilidad del señor Orrego Zapata se generaba un manto
de duda, pues ha de recordarse que la situación relatada por los informantes ocurrió
con posterioridad (entre las 12:45 y las 2:00 p.m., aproximadamente), por lo que en
nada se opone que a la hora registrada saliera vacío, pero luego regresara a la entidad
y ocurrieran los hechos que fueron objeto de la actuación disciplinaria.
No encuentra, en consecuencia, que la motivación de los actos demandados sea
contraria a la realidad, pues, además de existir congruencia entre el objeto del pliego
de cargos y de las decisiones disciplinarias, es claro que la responsabilidad del señor
Orrego Zapata no se estructuró sobre la base de una cantidad determinada de
elementos sustraídos, en la medida en que la falta por la que fue investigado y
sancionado no lo requería, bastó para que se configuraran los elementos de la
responsabilidad disciplinaria, con el análisis integral que permitió concluir que el 9 de
enero de 2014 se apropió de elementos pertenecientes a la entidad (unos puntales de
hierro), en compañía de otro uniformado, a quien no fue posible identificar y que unos
auxiliares bachilleres se percataron de la situación, que informaron de manera
posterior cuando fueron enterados de la pérdida de estos bienes.
En concusión, para la Sala los actos administrativos mediante los cuales el señor
Rubén Darío Orrego Zapata fue declarado disciplinariamente responsable y
sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años no
68 Véase folio 304 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 2.
69 Véase folio 19 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 2.
70 Véanse folios 128 a 130 del cuaderno de antecedentes administrativos Nro. 2.
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Radicado: 19001-23-33-000-2016-00003-01 (2207-2019)
incurrieron en ninguna causal de nulidad y, por ello, la sentencia de primera instancia
se revocará para en su lugar negar las pretensiones.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 71 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera
que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los
fundamentos esbozados por los recurrentes en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas,
por el contrario, manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, de manera que no se impondrá condena en costas en ambas instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de enero de dos mil
diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su lugar
NEGAR las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
71 Ley 2080 de 2021. “Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”.
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