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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00010-02

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00010-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 4 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual quedará así: “[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Sandra del Pilar Vélez Sua, Álvaro Prada Camacho y Eddy Prada Camacho, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído. SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional, por la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas, ocurrida el 7 de diciembre de 2013 en el municipio de Inzá (Cauca). TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales, los siguientes valores: Nombre Valor total Sergio Andrés Prada Vélez 100 SMLMV Edgar Orlando Prada Camacho 100 SMLMV Nancy Dimas Ávila 100 SMLMV Edgar Orlando Prada Dimas 50 SMLMV Diego Fernanda Prada Dimas 50 SMLMV Mayra Alejandra Prada Dimas 50 SMLMV CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, la suma de $1.753.108.801,65 para Sergio Andrés Prada Vélez. QUINTO: DECLARAR que esta sentencia – per se – constituye una forma de reparación de las víctimas demandantes, por lo cual el Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional tendrá que establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad por los hechos aquí debatidos y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia, atendiendo los lineamientos y términos fijado en la parte motiva de este proveído. SEXTO: CONMINAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional para que, una vez pague la condena que aquí se le impone, repita contra las FARC como organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o contra el fondo constituido por el Gobierno Nacional para estos efectos, según los términos descritos en la parte motiva de esta providencia. SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 64 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2016-00010-02

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: SANDRA VÉLEZ SUA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Y OTRO

Tema: Incursión armada de las FARC. Muerte de teniente del
Ejército Nacional en ataque contra la estación de Policía
de Inzá (Cauca). Detonación de artefactos explosivos
improvisados - AEI. Indebida orden de traslado y
servicio a uniformado que estaba incapacitado. No se
acreditó una falla del servicio. Omisión a los deberes de
seguridad y protección. Se probó la falla del servicio.
Graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario. Falla
del servicio por omisión a los deberes de seguridad y
protección. Responsabilidad de las FARC como
colectivo y/o organización en virtud del Acuerdo de Paz.
Obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las
víctimas en el marco del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera. Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Concausa
en el hecho generador del daño. Se configuraron costas
procesales en la segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 4 de
octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que declaró la
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

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Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según la demanda, en fecha indeterminada, el teniente Sergio Andrés Prada
Dimas fue diagnosticado con “insuficiencia cardiaca”. Posteriormente, el 23 de
noviembre de 2012, el oficial Prada Dimas fue valorado por el personal médico de
la Dirección de Sanidad quien le prescribió una “incapacidad médica por 30 días,
la realización de eco de tiroides y valoración por medicina interna”. Sin embargo,
el 6 de diciembre de esa anualidad, el uniformado fue “agregado
operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional que hacía presencia en el
municipio de Inzá (Cauca). Al día siguiente, esto es, el 7 de diciembre de 2013,
subversivos de las FARC incursionaron en dicho ente territorial y, estando allí,
lanzaron varios artefactos explosivos improvisados – AEI - contra la Estación de
Policía, dentro de la cual operaba el puesto de mando BACOT 57 del Ejército
Nacional. Lamentablemente, las ondas explosivas alcanzaron la humanidad de
Sergio Andrés Prada Dimas.

Los accionantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y
Policía Nacional son patrimonialmente responsables por la muerte del teniente
Prada Dimas porque, a su juicio, el uniformado fue “agregado operacionalmente”
al BACOT 57 del Ejército Nacional pese a que estaba incapacitado. Además,
aducen que las referidas autoridades incurrieron en una falla del servicio por
omisión en el deber de seguridad y protección, toda vez que “siendo una zona
roja, con presencia de grupos subversivos o al margen de la ley, sumado a que
conocían de la existencia o amenaza de una incursión guerrillera, no tomaron
medidas exponiendo así la vida e integridad de los miembros de la fuerza pública”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 25 de noviembre de 20151, Sandra Pilar Vélez Sua en nombre propio y en
representación de Sergio Andrés Prada Vélez; Nancy Dimas Ávila actuando en

1 Fl. 4 a 15, C.1.

3

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

nombre propio y en representación de Edgar Orlando Prada Dimas; Edgar
Orlando, Álvaro y Eddy Prada Camacho; y, Diego Fernando y Mayra Alejandra
Prada Dimas, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército y Policía Nacional (en adelante el “Ejército Nacional” y la
“Policía Nacional”) para que se les declara patrimonialmente responsables por la
muerte de Sergio Andrés Prada Dimas, luego de los hechos ocurridos el 7 de
diciembre de 2013 en el municipio de Inzá (Cauca).

Como pretensiones de su demanda, los accionantes solicitan condenar al Ejército
y a la Policía Nacional a pagarles, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno
de ellos; por “afectación a bienes constitucionales autónomos”, 80 SMLMV a cada
uno de ellos; y, por lucro cesante la suma de $1.792.000.000 para Sandra del Pilar
Vélez y Sergio Andrés Prada Vélez.

En apoyo de las pretensiones, el extremo activo afirma que, en fecha
indeterminada, Sergio Andrés Prada Dimas, teniente del Ejército Nacional, fue
diagnosticado con “insuficiencia cardiaca”.

Indica que, el 23 de noviembre de 2013, el uniformado fue valorado por el
personal médico de la Dirección de Sanidad quien le prescribió una “incapacidad
médica por 30 días, la realización de eco de tiroides y valoración por medicina
interna”.

Destaca que, el 6 de diciembre siguiente, el oficial Prada Dimas fue “agregado
operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional que hacía presencia en el
municipio de Inzá (Cauca).

Señala que, para esa época – finales del año 2013 -, informes de inteligencia del
Ejército Nacional sugerían que miembros de grupos subversivos que hacían
presencia en el departamento del Cauca planeaban atentar contra la fuerza
pública. Asimismo, que acondicionarían y detonarían artefactos explosivos
improvisados en esa zona del país

4

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

Resalta que, el 7 de diciembre de 2013, subversivos de las FARC incursionaron
en el municipio de Inzá (Cauca) y, estando allí, lanzaron varios “tatucos” contra la
Estación de Policía. Además, que en dicho estamento estaba operando el puesto
de mando BACOT 57 del Ejército Nacional.

Concluye que, ese mismo día, el teniente Sergio Andrés Prada Dimas falleció
debido a un “politraumatismo severo por colapso de estructura por onda explosiva
con cilindros bomba”.

Los accionantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente
responsable por la muerte del oficial pues, a su juicio, el uniformado fue “agregado
operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional pese a que estaba
incapacitado. De otra parte, atribuyen responsabilidad a las autoridades militares y
de policía, a título de falla del servicio por omisión, pues afirman que el deceso del
uniformado se debió a que “siendo una zona roja, con presencia de grupos
subversivos o al margen de la ley, sumado a que conocían de la existencia o
amenaza de una incursión guerrillera, no tomaron medidas exponiendo así la vida
e integridad d los miembros de la fuerza pública”.

2. Contestaciones

El 16 de marzo de 20162, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado (en adelante la “ANDJE”) y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional3 se opuso a las pretensiones de la demanda
argumentando que la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas no le era imputable,
toda vez que se ocasionó por riesgos propios y/o inherentes del servicio. Además,
afirmó que la muerte del oficial no le era atribuible, por cuanto se produjo por el
hecho exclusivo y determinante de un tercero. Formuló como excepciones las que
denominó “inexistencia de falla del servicio o estructuración de un régimen

2 Fl. 38 a 39, C.1.
3 Fl. 72 a 77, C.1.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

objetivo”, “riesgo propio del servicio”, “inexistencia de obligación a reparar por
hecho del tercero” y la genérica.

2.2. La Policía Nacional4 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que los daños alegados por el extremo activo se ocasionaron por
un hecho externo, irresistible e imprevisible para la Administración. Formuló como
excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, “hecho del
tercero” y “riesgo propio del servicio”.

3. Audiencia inicial

El 10 de abril de 20185, el Tribunal Administrativo del Cauca celebró audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones
previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se
circunscribiría a determinar si “[…] hay lugar a declarar la responsabilidad y a
condenar al pago de perjuicios, por el fallecimiento del teniente de Ejército
Nacional, Sergio Andrés Prada Dimas, en hechos ocurridos el 7 de diciembre de
2013, cuando se detonaron unos artefactos explosivos improvisados, en las
instalaciones de la Estación de Policía del municipio de Inzá (Cauca). O sí, por el
contrario, se configuran las causales eximentes de responsabilidad, del hecho de
un tercero, el riesgo propio del servicio, o de inexistencia de falle en el servicio o
de estructuración del régimen objetivo”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 25 de mayo de 20186 se corrió traslado a las partes, a la ANDJE y al ministerio
público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4 Fl. 63 a 69, C.1.
5 Fl. 117 a 126, C.2.
6 Fl. 129 a 133, C.2.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

4.1. La parte demandante7 y la Policía Nacional8 reiteraron lo expuesto en el
escrito de la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

4.2. El ministerio público9 conceptuó que debía accederse a las pretensiones de la
demanda, pues, a su juicio, lo probado en el proceso permitió establecer que la
muerte de Sergio Andrés Prada Dimas se debió a una falla del servicio consistente
en que “al uniformado se le asignaron labores militares en el municipio de Inzá –
Cauca, a pesar de su condición de incapacidad por la licencia de enfermedad que
le había concedido la Dirección de Sanidad”.

4.3. El Ejército Nacional y la ANDJE guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de octubre de 201910, el Tribunal Administrativo del
Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues consideró
que la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas se debió a una falla del servicio del
Ejército Nacional en tanto “los superiores del uniformado hicieron caso omiso a la
excusa permanente del servicio, y lo destinaron a la prestación del servicio en
Inzá, Cauca, lo que incidió efectivamente en la causación del daño”.

De otro lado, respecto a la Policía Nacional declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva pues, a su juicio, “la responsabilidad radicaba en el Ejército y no
en la Policía, porque el teniente no estaba adscrito a ella”.

En la parte resolutiva, el tribunal condenó el Ejército Nacional a pagar, por
perjuicios materiales, 100 SMLMV para Sergio Andrés Prada Vélez, Edgar
Orlando Prada Camacho y Nancy Dimas Ávila; y 50 SMLMV para Edgar Orlando,
Diego Fernando y Mayra Alejandra Prada Dimas; y por lucro cesante, la suma de
$855.817.854.65 para Sergio Andrés Prada Vélez. En relación con los perjuicios

7 Fl. 153 a 164, C.2.
8 Fl. 137 a 140, C.2.
9 Fl. 141 a 152, C.2.
10 Fl. 259 a 276, C.6.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

solicitados por Sandra Vélez Sua y, Álvaro y Eddy Prada Camacho negó su
reconocimiento al constatar que no acreditaron tener un interés jurídico para
reclamarlos.

6. Recursos de apelación

Los días 28 y 31 de octubre de 2019, la parte demandante11 y el Ejército Nacional12
interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos
el 27 de febrero de 202013 y admitidos el 20 de noviembre siguiente14

6.1. La parte demandante15 afirmó que, distinto a lo considerado por el a quo, lo
probado en el proceso sí permitió establecer que Sandra del Pilar Vélez Sua, y
Eddy y Álvaro Prado Camacho sufrieron perjuicios morales por la muerte del
uniformado. Por otra parte, refirió que, aunque en el proceso se demostró que los
demandantes padecieron una “afectación a “bienes constitucionales autónomos”,
el tribunal no reconoció indemnización alguna por este concepto. Finalmente,
reiteró frente a la señora Vélez Sua la reparación de perjuicios materiales a título
de lucro cesante en su condición de “madre biológica del menor hijo del
uniformado”.

6.2. El Ejército Nacional16 indicó que la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas no le
era atribuible, toda vez que ésta se produjo por riesgos propios del servicio, Refirió,
además, que el deceso del teniente Prada Dimas no era imputable a la institución
castrense, por cuanto éste se debió al hecho exclusivo y determinante de un tercero.
Finalmente, indicó que, a su juicio, el a quo erró al reconocer perjuicios a los
demandantes, toda vez que lo probado en el proceso no permitió acreditar su
causación.

11 Fl. 280 a 282, C.6.
12 Fl. 283 a 286, C.6.
13 Fl. 317 a 318, C.6.
14 Fl. 323 a 324, C.6.
15 Fl. 280 a 282, C.6.
16 Fl. 283 a 286, C.6.

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de noviembre de 202317 se corrió traslado a las partes, a las ANDJE y al
ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.

7.1. La parte demandante18 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

7.2. El Ejército y la Policía Nacional, así como la ANDJE y el ministerio público
guardaron silencio en esta instancia procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia del 4 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de
la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación19, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
150, 152 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
17 Fl. 330, C.6.
18 Índice No. 33, SAMAI – Consejo de Estado
19La pretensión mayor de la demanda se estimó en 900 SMLMV por concepto de perjuicios
morales.

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estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14020 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

El medio de control procedente es el de reparación directa, puesto que se
pretende la reparación de un daño por hechos imputables a una omisión del
Ejército y la Policía Nacional.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno
por cuanto se trata de un presupuesto procesal21.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general22, estableció unos plazos para poder ejercer

20 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos
públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya
obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la
causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se
determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la
influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
21 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico

procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta

pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure24 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia25, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

Asi las cosas, el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de
dos (2) años para el vencimiento del medio de control de reparación directa,
teniendo en cuenta: i) que el 7 de diciembre de 2013 falleció Sergio Andrés Prada
Dimas (hecho probado 7.1.7.); ii) que el 8 de abril de 2015 los accionantes
presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 39 Judicial II
para Asuntos Administrativos del Cauca26, la cual se declaró fallida el 21 de mayo
siguiente27; y, iii) que la demanda se presentó el 25 de noviembre de 201528.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis29.

4.1. Edgar Orlando Prada Camacho (padre), Nancy Dimas Ávila (madre), Sergio
Andrés Prada Vélez (hijo), Edgar Orlando, Diego Fernando y Mayra Alejandra
Prada Dimas (hermanos), son las personas sobre quienes recae el interés jurídico
que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues
se acreditó que conformaban el núcleo familiar del teniente Sergio Andrés Prada
Dimas. De esta información dan cuenta copias auténticas de sus
correspondientes registros civiles de nacimiento30.

4.2. Sandra del Pilar Vélez Sua y, Álvaro y Eddy Prada Camacho no están
legitimados en la causa por activa para reclamar perjuicios por la muerte de
Sergio Andrés Prada Dimas, pues no acreditaron formar parte del núcleo familiar
del oficial fallecido, ni tampoco un interés patrimonial o extrapatrimonial en las
resultas del proceso por dicho concepto.

26 Fl. 26, C.1.
27 Fl. Fl. 27, C.1.
28 Fl. 4 a 15, C.1.
29 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
30 Fl. 55 a 66, C.1.

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4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa - Ejército y la Policía Nacional toda vez
que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 231, 21732 y 21833 de la
Constitución Política, son las autoridades quienes corresponde defender y
garantizar el orden constitucional, controlar el orden público, así como brindar
protección a sus ciudadanos. Asimismo, por ser las instituciones públicas frente a
las cuales se atribuye la causación del daño reclamado.

Debe advertirse, además, que la representación de la Nación a través del
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional halla justificación en que la muerte del
teniente Sergio Andrés Prada Dimas ocurrió en ejercicio de su actividad como
uniformado de la institución Castrense.

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar: i) si el Ejército Nacional incurrió en una falla del
servicio por la indebida orden de traslado y servicio impartida al oficial durante su
incapacidad médica; ii) si en el presente asunto se reúnen los supuestos para
declarar la responsabilidad del Estado por omisión a los deberes de seguridad y
protección; y, iii) si, en el caso en concreto, confluyó otra causa que permita
atribuir el daño reclamado a las FARC como organización o sujeto colectivo de
facto, susceptible de soportar reproche jurídico en virtud del Acuerdo de Paz.

31 Artículo 2º: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
32 Artículo 217: “La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas

por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial,
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional”.
33 Artículo 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo

de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestaciones y disciplinario”.

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6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre i) la responsabilidad del Estado; ii) la responsabilidad del Estado
por muerte o lesión de los miembros de la fuerza pública; iii) la responsabilidad del
Estado por la acción de grupos armados insurgentes; y iv) las obligaciones
resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco del Acuerdo para la
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199134 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se
requiere de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber
de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a
su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como
imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por
supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y
aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de
imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que

34 “Artículo90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. En el evento de ser condenado
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del
servicio, el riesgo excepcional y el daño especial35.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por muerte o lesión de miembros de la
fuerza pública

En lo que al derecho de daños corresponde, encontramos que nuestra Carta
Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad para dirimir las
controversias en las que se vea comprometida la responsabilidad extracontractual
del Estado, razón por la que a la jurisprudencia tampoco le corresponde establecer
un único título de imputación que aplique para ciertos casos o aquellos que
guarden similitudes fácticas, toda vez que cada caso sometido a conocimiento de
esta jurisdicción debe examinarse de cara a los hechos y particularidades que
revista la discusión en el caso concreto.

En desarrollo de ese postulado, la Sala Plena de la Sección Tercera 36 de esta
Corporación sostuvo que: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo
previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en
la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó
en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción
de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa
ha dado cabida a diversos ‘títulos de imputación' como una manera práctica de
justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde
una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda
entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación
de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, rad.: 21515,

reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, rad.: 23219.

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título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez
debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de
presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente
los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad
extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia”.

Bajo el anterior contexto, los casos que presenten ciertos rasgos característicos y
que muestren –aparentemente- ser semejantes, no siempre se pueden resolver de
la misma manera, pues en cada caso concreto corresponde al juez hacer una
valoración jurídica y ponderación probatoria, para que, con base en dicho análisis
integral, se determine el régimen de responsabilidad extracontractual bajo el cual
debe dirimirse el conflicto sometido a estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que el régimen de
responsabilidad subjetivo o de falla en el servicio es el título de imputación que se
aplica por excelencia, toda vez que con base en dicho régimen se analiza el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y, en consecuencia, se
constituye en la herramienta idónea para desencadenar la obligación
indemnizatoria a cargo de éste37.

A su turno, el mandato que impone la Constitución Política en el artículo 2o inciso
2o, bajo el cual las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades, “debe entenderse dentro de lo que normalmente se
le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro
de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención
acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su
alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del
servicio que en un momento dado se requiera”38-39. Por tanto, las obligaciones a
cargo del Estado han de estudiarse frente al caso particular que se dirime40.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Rad.: 8163; sentencia

del 10 de marzo del 2011, Rad: 17.738; Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:
50315.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de abril de 1998, Rad.: 11837.

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Así las cosas, puede afirmarse, entonces, que “se le exige al Estado la utilización
adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el
cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria
en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si
el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su
responsabilidad”41.

Ahora, la posición reiterada del Consejo de Estado ha sido, en relación con los
daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la
defensa y seguridad del Estado v. gr. fuerzas militares, agentes de policía o
personal del INPEC, que, en principio, no se ve comprometida la responsabilidad
del Estado, comoquiera que esos daños, como se producen con ocasión de la
relación laboral que los vincula con la Administración, están cubiertos por el
régimen prestacional que les es propio y al que tienen derecho los agentes del
orden en virtud de ese vínculo voluntario42 que implica la asunción de los riesgos
ordinarios propios de la actividad que desarrollan, que en caso de concretarse dan
pie a la indemnización conocida como a forfait. Sin embargo, la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación también ha sostenido que la reparación de esos
daños resulta procedente en los casos en los en que se encuentre probada una
falla en el servicio o se acredite que la víctima fue sometida a un riesgo superior a
los que normalmente debía afrontar en virtud de su vinculación al Estado y que
resulten como consecuencia de acciones u omisiones imputables al Estado43.

Ese razonamiento obedece a que el daño que se suscita por la concreción de un
riesgo propio del servicio es el que asume voluntariamente el agente mediante su
vinculación a la fuerza pública y se produce en ejercicio de las funciones que se

39Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de septiembre de 2011,

Rad.: 22745.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 2000, Rad.: No. 14787.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de septiembre de 2011,

Rad.: 22745.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 8 de mayo de 2020, Rad.:

55684.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 19 de abril de 2018, Rad.:

42.798.

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despliegan en la actividad militar o de policía, que implica la exposición a peligros
superiores a los que ordinariamente asumen los ciudadanos. Por dicha razón, las
contingencias que resultan de la materialización de los riesgos a los que están
expuestos los militares y policías están cubiertos por un régimen prestacional
especial que opera en su favor cuando sufren lesiones o mueren en cumplimiento
de los actos propios del servicio (a forfait44) que, en todo caso, no excluye la
posibilidad de atribuir responsabilidad extracontractual al Estado cuando se
demuestra que el daño se causó por falla del servicio o por un riesgo
excepcional45 en aquellos daños que excedan la cobertura de su régimen
prestacional.

Lo anterior se traduce en que es posible acumular la indemnización a forfait con la
indemnización de perjuicios que reconoce el juez de la responsabilidad, porque
tienen fuentes diferentes46, siempre y cuando se trate de casos en los que quede
plenamente demostrado que el daño devino de una falla del servicio y/o de la

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de febrero de 1996. Rad.: 10.033.
45 “Debe señalarse que, en punto de la responsabilidad del Estado por el daño ocasionado a los

miembros de la fuerza pública que voluntariamente se vinculan a la institución, en principio, la
jurisprudencia de la Sala ha señalado que estos asumen el riesgo propio que comporta dicha
actividad profesional2 y que, en consecuencia, el Estado solo responderá por el daño originado en
la ‘conducta negligente e indiferente que deja al personal en una situación de indefensión’ o le
somete a un riesgo anormal, esto es, diferente al inherente al servicio. Se ha precisado, además,
que el riesgo propio del servicio que se predica de los integrantes de la fuerza pública vinculados
voluntariamente a una institución castrense, no es homogéneo sino que admite distinciones, por
cuanto ‘(…) no todos los integrantes de la Fuerza Pública asumen los mismos riesgos y por esa
razón, a efectos de determinar en un evento concreto ese ‘riesgo profesional’, necesariamente ha
de tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones, la de las actividades y la de la misión que al
momento de los hechos le correspondía ejecutar, de conformidad con la labor escogida y la
institución a la cual se vinculó (…)’, por lo que la valoración del riesgo propio del servicio debe ser
revisada en perspectiva a la actividad desarrollada. Adicionalmente, se ha ponderado la conducta
desplegada por los agentes de la administración pues bien puede suceder que la actividad, pese a
hacer (sic) parte del servicio y funciones castrenses, se hubiera desplegado vulnerando reglas de
diligencia y cuidado o desconociendo los manuales de instrucción táctica o militar al respecto; así
como cuando la causa de los mismos sea constitutiva de falla del servicio. Con todo, el funcionario
y quienes hayan sufrido perjuicio tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones
previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait). (…)” Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de diciembre de 2018, Rad.: 49781,
46 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B. Sentencia del 11 de octubre de 2021, Rad.:

50543 “[E]n este punto se adopta la posición mayoritaria de la Sala, fundada en las sentencias de
la Sala Plena de la Sección Tercera del 3 de mayo de 2007 (exp. 25020) y de la Subsección C de
la Sección Tercera del 7 de octubre de 2020 (exp. 46604), según la cual las prestaciones laborales
reconocidas por concepto de indemnización a forfait no son incompatibles con la indemnización de
perjuicios que reconoce el juez de la responsabilidad, porque tienen fuentes diferentes”; Sentencia
del 28 de abril de 2021, Rad: 45910 “La Sala desestimará la solicitud de descontar lo pagado por la
entidad al [soldado conscripto] en la Resolución (…), pues como lo ha sostenido en oportunidades
anteriores, las fuentes de las obligaciones son distintas”.

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elevación del riesgo propio al que se somete al agente del Estado, pues si el
siniestro se ocasiona por la materialización de un riesgo propio a los que están
expuestos los militares y policías, sólo será procedente la indemnización a forfait,
con la que compensa el daño que puede llegar a sufrir en cumplimiento de los
actos propios del servicio.

Sumado a lo anterior, debe ponerse de presente que cuandoquiera que el juez al
realizar el estudio del caso sometido a su consideración no encuentra acreditada
la falla en el servicio, lo cierto es que tampoco le está vedado realizar el análisis
del caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva, esto es, riesgo excepcional
o daño especial, toda vez que, como se expuso líneas atrás, la Constitución
Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad.

Así, cuando el daño se cause con ocasión de una actividad peligrosa, por
ejemplo, conducción de vehículos, utilización de armas de fuego o conducción de
energía eléctrica, es posible aplicar cualquiera de los dos títulos de imputación. El
de falla en el servicio, cuando se encuentra acreditado que la entidad pública
demandada, por ejemplo, no realizó el mantenimiento adecuado o incumplió con
la reparación de los automóviles de su propiedad o las armas de uso público o, el
régimen objetivo, cuando no fue la falla en el servicio de la Administración la
causa del daño, caso en el cual, por un lado, la parte actora solo deberá acreditar
que la actividad riesgosa desarrollada por la entidad pública demandada fue la
que causó el daño que se reclama, y por otro, la demandada se podrá exonerar
de responsabilidad si demuestra una causal eximente de responsabilidad, como el
hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor47.

En esos eventos, además, únicamente resulta posible atribuir al Estado el daño
causado por sus agentes cuando se somete al funcionario a un riesgo
excepcional, diferente o superior al que les corresponde afrontar a sus
compañeros48, o cuando el daño sufrido por la víctima fue causado con arma de

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de

diciembre de 2018, Rad.: 42.992.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de

abril de 1997, Rad.:11.187: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a

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dotación oficial y tuvo vínculo con el servicio, esto es, que las actuaciones de los
agentes estatales comprometen la responsabilidad de las entidades públicas
cuando estas tienen nexo o vínculo directo con el servicio público, evento en el
cual hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del
riesgo49, comoquiera que el hecho de ser funcionario o portar armas de uso
exclusivo de la fuerza pública, per se, no vincula a la Administración.

Asimismo, esta Sección ha precisado que, en relación con los agentes de la
policía o militares, “el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a
quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los
demás miembros del cuerpo armado”50 y no frente a los demás ciudadanos ajenos
a dichas actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que el deber del Estado de
proteger la vida de todas las personas se predica también en relación con los
miembros de los cuerpos armados, la asunción voluntaria de los riesgos propios
de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado debe
responder por los daños que éstos puedan llegar a sufrir.

6.3. Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de
grupos armados insurgentes

La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la responsabilidad del
Estado con ocasión de actos de grupos armados puede examinarse a partir de
tres criterios de imputación, a saber: falla del servicio, riesgo excepcional y daño

las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Sólo cuando alguno
de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el
principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe
mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los
demás miembros del cuerpo armado. En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones
personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las fuerzas
armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo,
diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

Sentencia del 24 de septiembre de 2020, Rad.: 49341.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de

abril de 1997, Rad.:11.187.

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especial, según la determinación fáctica de cada caso y la atribución jurídica que
proceda51.

Así las cosas, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista de la falla del servicio, tratándose de daños causados por grupos armados
insurgentes, cuando se tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia
de mandatos de abstención –deberes negativos- como de acción –deberes
positivos- a cargo del Estado. Sin embargo, para que se genere responsabilidad
con fundamento en ello es menester acreditar, entre otros i) el incumplimiento o
deficiente cumplimiento de deberes normativos y/o ii) la omisión o inactividad de la
administración pública. Como en los daños causados por la acción de grupos
insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano
causal, deberá demostrarse la cognoscibilidad real del peligro que corre el bien
jurídico que debe ser protegido, al igual que la posibilidad material de actuar en
defensa de este, o bien por el negligente o inadecuado despliegue de las acciones
de defensa ejecutadas por la fuerza pública.

Al respecto, el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha precisado que
para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por
omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse si para
la Administración y para las autoridades era previsible que se desencadenara el
acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los puntos más importantes a
analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los
hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones
que no dejan margen para la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de
violencia ordinaria vivida.

Por otro lado, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista del riesgo excepcional, cuando el daño ocurre como consecuencia de la
materialización de un riesgo producto de la actividad legítima de la administración.
En efecto, en el desarrollo de las actividades cotidianas del mundo moderno la

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 13 de abril de 2015, Rad. 33000.

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sociedad se enfrenta a situaciones de riesgo que le son ineludibles y, dentro de tal
contexto, la administración pública puede crear estas situaciones excepcionales
de peligro a las que nadie puede sustraerse y en las que ninguna protección existe
para el particular, lo cual impone al Estado la obligación de reparar los daños que
cause. Sobre este tema en ciertas ocasiones la Corporación ha aplicado este
criterio de imputación, guiado por un argumento causal, como es que el ataque del
grupo armado se haya dirigido en contra de un establecimiento del Estado52.

Finalmente, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista del daño especial, cuando se evidencia un desequilibrio de las cargas
públicas, la equidad y la solidaridad como materialización del reequilibrio ante una
ruptura de la igualdad, fruto del perjuicio especial y anormal que se le impone
administrado53.

Así, en cada caso, lo que debe examinarse es si por las condiciones que reviste el
daño antijurídico este se puede considerar como un acentuado y singular
desequilibrio anormal de las cargas públicas que deben ser asumidas por los
administrados, entendiéndose como normal aquella carga que es ordinaria a la
vida en sociedad.

En este último caso, vale la pena destacar que por lo menos por razones de
equidad y de justicia distributiva, quien ha sufrido el perjuicio causado por la
Administración debe ser indemnizado. No en vano desde el año 1973 esta
Corporación ha señalado que “el Estado en ejercicio de su soberanía puede en
veces afectar los derechos de los particulares, pero si esta afectación es igual
para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones, no hay
violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad”.
Sin embargo, cuando ello no es así, sí es dable reparar los daños que se han
ocasionado, teniendo bajo el entendido que “El daño debe ser, por tanto,
excepcional y anormal, porque la responsabilidad no proviene de la naturaleza del

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección “C”. Sentencia del 14 de octubre de 2021, Rad. 45997.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección “C”. Sentencia del 25 de mayo de 2022, Rad. 30554.

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hecho que cause el daño, sino del carácter singular o excepcional del daño
causado” 54.

6.4 Obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco
del Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de
una paz estable y duradera

En el Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de
una paz estable y duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno
de la República de Colombia y las FARC, las partes reconocieron la reparación de
las víctimas como unos de sus principios angulares de la siguiente forma: “[…] El
reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir
del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos
a intercambiar impunidades” 55.

Así, en armonía con los compromisos internacionales en materia de Derechos
Humanos, el Acuerdo de Paz trascendió a los simples efectos políticos y tiene una
decidida repercusión jurídica relevante56 de cara al restablecimiento de los
derechos de las víctimas como ciudadanos titulares de derechos, efecto jurídico
54 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de mayo de 1973, Rad.: 978.
55 Acuerdo de Paz. Punto 5. “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, pág. 124. Páginas adelante

las partes reiteran ese compromiso al referirse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición, así:
“El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con
derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de
reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o
indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los
derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de
satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición,
sobre la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los principios
básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se contempla que “deberá repararse
el daño causado y restaurarse cuando sea posible”. (Resaltado propio). Acuerdo Final, Acápite 5.1
“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, pág. 127. Y en desarrollo de tal
idea rectora el párrafo segundo del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017 prescribe: “El
Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con
derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de
reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o
indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los
derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de
satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”
(…).
56 Cfr., Sobre el efecto político y jurídico del componente de “víctimas” del Acuerdo Final,

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El concepto de convencionalidad. Bogotá, Universidad
Externado de Colombia. 2017, págs. 166-193.

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internacional e interno del que goza el Acuerdo Final como lo ha entendido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En efecto, la sentencia C-630 de 201757 proferida por la Corte Constitucional, que
examinó la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 201758, precisó que i)
debe existir una conexidad entre las normas y las leyes de implementación con el
Acuerdo Final y concordancia con los fines que éste persigue; ii) existe la
obligación de implementar e incorporar al derecho interno el Acuerdo de Paz,
siendo esa una “obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores
esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como
política de Estado (…)”, iii) el deber de guardar coherencia implica que el Estado
dé cumplimiento de buena fe con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final,
para lo cual “goza de un margen de apreciación para elegir los medios más
apropiados para ello, en el marco de lo convenido, bajo el principio de
progresividad” y iv) la incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento jurídico
“exige su implementación normativa por los órganos competentes y de
conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución para ello”.

En similar sentido, el Consejo de Estado en la providencia de 2 de agosto de
2017, se pronunció sobre la legitimidad del Acuerdo de Paz a la luz del derecho
internacional y determinó que le correspondía al juez de lo contencioso
administrativo, como juez de convencionalidad, asumir tres ejercicios
hermenéuticos en relación con dicho Acuerdo, a saber: i) interpretación conforme;

57 Corte Constitucional. Sentencia C-630 de 2017. A la fecha de esta decisión la Corte no ha
publicado oficialmente el texto íntegro de la Sentencia, por lo que las glosas anotadas se
elaboraron con base en el Comunicado de Prensa No. 51 de 11 de octubre de 2017 de esta
Corporación. Información disponible en el siguiente enlace web:
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2051%20comunicado%2011%20de%20o
ctubre%20de%202017.pdf
58 Acto Legislativo 02 de 11 de mayo de 2017. Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo

artículo transitorio así: Artículo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional
humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución y aquellos conexos con los
anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez
de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las
disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de
cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de
todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su
interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando
los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

ii) integración normativa; y, iii) prevalencia de los principios, estándares y
mandatos convencionales59.

Así, es que dada la naturaleza de las obligaciones estatales de prevención,
protección y garantía de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, visto el efecto
jurídico del Acuerdo Final, el reconocimiento genérico de responsabilidad que en
él han realizado los actores del conflicto armado, el Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo afirmó que en casos por transgresiones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario el pronunciamiento
que haga el operador judicial sobre la responsabilidad del Estado debe
comprender, al tiempo, la que le corresponda al Grupo Armado Insurgente FARC
por la comisión de dichas infracciones60.

59 “4.3.- De lo expuesto, deviene inexorable considerar los aspectos regulados en el Acuerdo Final

a la luz de la estructura de derecho internacional que se invoca como fuente de justificación y
legitimidad de cuanto se ha pactado allí; esa referencia copiosa, además, opera como parámetro
de validez normativa que vincula y se extiende a las autoridades estatales que en el marco de los
procedimientos de implementación, interpretación o aplicación del Acuerdo Final tengan interacción
con alguno de tales tópicos.
4.4.- Expresión concreta, más allá de lo retórico, encuentra en los siguientes criterios: (i)
Interpretación conforme. Deber de otorgar a las disposiciones del Acuerdo Final aquella
interpretación que de mejor manera se ajuste a los principios, estándares y mandatos
convencionales, lo que, correlativamente, impone ajustar los sentidos interpretativos que pugnan
con aquellos, pues la protección jurídica de los derechos y libertades a la luz del Acuerdo no puede
ser inferior a aquellos; de ser así ese déficit de protección debe ser superado por vía de la
interpretación conforme a cargo del operador jurídico59, permitiendo que el efecto útil de los
principios, estándares y mandatos convencionales opere, como se sigue de las reglas de
interpretación dispuestas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
(ii) integración normativa. Asumir como solución a las lagunas que se adviertan en el Acuerdo Final
la aplicación de los principio, estándares, y mandatos convencionales con el fin de lograr la plena
eficacia de los derechos tutelables, la coherencia y solución armónica de las cuestiones abordadas
en el mencionado Acuerdo; (iii) prevalencia de los principios, estándares y mandatos
convencionales Privilegiar, en situaciones de antinomia entre el texto del Acuerdo Final y los
principios, estándares y mandatos convencionales, las prescripciones que emanan de este último,
en tanto que es precisamente el sistema de referencia sobre el que se ha estructurado el Acuerdo,
siendo verdad que su pretensión de legitimidad emana más que de las formalidades a las que fue
sometido a su capacidad para responder, a la luz de las exigencias convencionales, como
herramienta jurídica al servicio de la consolidación de los deberes generales de respeto y garantía
de los derechos y libertades, como base razonable para la adopción de disposiciones de derecho
interno que hagan efectivo el goce de aquellos 59 y como acuerdo político capaz de establecer
cimientos sólidos para la adopción de mecanismos de justicia transicional en el marco de una
sociedad que ha sufrido el conflicto y graves violaciones de derechos humanos e infracciones al
derecho humanitario59” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Decisión de
Ponente de 2 de agosto de 2017, Expediente 25000-23-26-000-2017-00025-01 (Habeas Corpus).
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 7 de mayo de 2018, Rad. 33948 (A). Sobre este punto resaltó: “[…] entonces, dada
la naturaleza de las obligaciones estatales de prevención y garantía de las víctimas de graves
violaciones, visto el efecto jurídico del Acuerdo Final el reconocimiento genérico de

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

Se trata de concretar, entonces, en cada caso, el alcance de ese reconocimiento
jurídico de responsabilidad por las acciones adelantadas en el marco del conflicto
armado interno, toda vez que las FARC se reconoció como organización o sujeto
colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico por los actos
violatorios de las normas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.

Precisamente, el Acuerdo Final reconoció a las FARC como un colectivo u
organización que, trascendiendo a la individualidad de sus integrantes, con
intereses intersubjetivos compartidos por esa agrupación, respondía a una
organización jerárquicamente dispuesta, con cierta permanencia en el tiempo y un
considerable tamaño en cuanto hace el número de sus integrantes y presencia
territorial; colectivo al que se le han reconocido, por virtud de ese Acuerdo Final,
ciertos derechos o beneficios dirigidos al cese definitivo del conflicto armado en
Colombia.

No obstante, el Acuerdo Final tiene un marcado enfoque de protección de los
derechos de las víctimas y esa consideración no puede ser ajena a ninguna de las
partes del conflicto. En ese orden de ideas, consecuencia de lo estipulado en el
Acuerdo Final, se puede pregonar que las FARC, como organización y parte
firmante del Acuerdo de Paz, es sujeto pasible de imputación de responsabilidad,
no solo en términos individuales –cuestión de la que se ocupará la Jurisdicción
Especial para la Paz como componente de justicia del SIVJRNR creado en el
Acuerdo-, sino también como sujeto colectivo que, por la vía de acciones
intencionales en el conflicto armado interno, actuó como un aparato organizado de
poder irregular e ilegal, puesto que las acciones violentas desplegadas por
quienes pertenecían a esa organización no obedecían a un querer motu proprio de
cada miembro, sino a diversos planes dispuestos y/o fijados por los mandos o

responsabilidad que en él han realizado los actores del conflicto armado y considerando la realidad
probatoria del caso, es criterio de esta judicatura que en casos como el sub judice el
pronunciamiento que haga el juez sobre la responsabilidad del Estado debe comprender, al tiempo,
la que corresponda al Grupo Armado Insurgente FARC por la comisión de violaciones graves a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

dirigentes medios y altos de ésta para el logro de sus cometidos comunes por la
vía del alzamiento en armas bajo la instrumentalización de ejecutores materiales.
Esta postura halló sustento en el margen de apreciación del que gozan las
autoridades61 respecto de la implementación, interpretación y aplicación del
Acuerdo Final y se ajusta al derecho a la verdad que le asiste a todas las víctimas
toda vez que éstas cuentan con el derecho inalienable a conocer, con fuerza de
verdad judicial, en la mayor medida de las posibilidades, quiénes fueron los
partícipes, cuáles fueron los móviles y los pormenores que rodearon la violación a
sus derechos; también se corresponde con el derecho a la justicia, en tanto que
por esa vía la autoridad judicial no solo identifica la totalidad de los actores que,
por acción u omisión, intervinieron en la violación de derechos humanos sino que,
aún más importante, declara que los mismos son jurídicamente responsables por
tales conductas o, lo que es lo mismo, se impone un reproche jurídico a la
conducta de los responsables por ser violatorio del orden jurídico convencional,
constitucional o legal, integralmente considerado; por contera, lo dicho también se
aviene al derecho a obtener justas reparaciones, de cuenta de los responsables.

Una declaración en tal sentido no implica trasgresión alguna de las competencias
que corresponden a otras autoridades, por cuanto la misma no pretende tener el
efecto ni el alcance propio de un juicio de reproche penal ni de orden transicional,
pues i) no se trata de un pronunciamiento de responsabilidad personal, sino
colectivo; ii) no se están empleando, al efecto, las categorías dogmáticas propias
del derecho penal, sino que su fundamento normativo se ubica en el derecho
internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; y,
iii) naturalmente a la declaración de responsabilidad que se hace no se sigue la
imposición de una pena o sanción, pues el deber de indemnizar que surge con la
declaratoria de responsabilidad civil o administrativa no se asemeja a un castigo
sino a la justa expectativa que se desprende de habérsele comprobado a un sujeto
ser partícipe o causante de los daños inferidos a una persona que fue víctima de
graves violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al derecho
internacional humanitario.

61 Corte Constitucional, Sentencia C-630 de 2017.

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Y si bien la persecución contra la impunidad debe hacerse por “todos los medios
legales disponibles”, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad
de los derechos de las víctimas del conflicto armado se extinga con la muerte de
quien (o quienes) se dicen son los presuntos penalmente responsables de tales
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario. Es así, que resulta pertinente destacar que, si bien la muerte del
presunto transgresor pone fin a la persecución de la acción penal, lo cierto es que
dicha situación no impide que se imparta justicia a la organización y/o colectivo
que consintió, planeó y materializó el ilícito, ello, como clara manifestación de
lograr justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos y/o infracciones
al derecho internacional humanitario.

Ello es así, adicionalmente, por cuanto la implementación de programas
administrativos de reparación de víctimas a cargo del Estado, o la declaratoria
judicial de responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado, en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política, tampoco eliminan la obligación jurídica
de responder y resarcir a quienes se vieron agraviados con la ejecución de tan
viles crímenes, máxime si se considera, como ya se dijo, que esas violaciones han
ocurrido dentro de un contexto de conflicto armado interno no siendo, pues, actos
anecdóticos o accidentales.

Debido a su importancia, conviene subrayar que si bien el Estado adquiere
obligaciones especiales para con las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, a las que
bajo ninguna consideración puede renunciar, dichos deberes de modo alguno
pueden sustituir aquellos que pesan sobre el agente violador y/o infractor de
derechos humanos respecto de su víctima, pues, como conforme se previó en el
Acuerdo Final: “En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición todos quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto

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deben contribuirlo a repararlos”62, de ahí que compete a cada responsable asumir
las consecuencias por sus actos violatorios, bien sea a nivel colectivo o personal63.
En virtud de lo anterior, la reparación a las víctimas resulta trascendental, no solo
por las ya resaltadas finalidades que pretende el Acuerdo Final, sino también por
la suerte de reconocimiento, por parte del Estado, respecto de los actos
desplegados por las FARC, al haber acordado por la vía de la negociación, la
trasformación de esa organización de una agrupación insurgente a una
organización política ubicada en el marco de legalidad.

Lo dicho anteriormente no supone, entonces, que con ese acto el Estado deba
asumir la responsabilidad que le puede corresponder a esa organización por la
comisión de sus actos transgresores, pero sí que ello le involucra jurídicamente en
lo que atañe a asegurar a las víctimas su plena reparación, en el marco de ese
régimen jurídico de transición, mediante instrumentos legales conducentes a exigir
de las FARC su responsabilidad y la consiguiente reparación de los reprochables
daños causados por ella, como organización.

Dicho de otro modo, el paso a la luz de la legalidad de las FARC no la desvincula
jurídicamente, en manera alguna, de sus actos pasados ni del conjunto de
violaciones a las víctimas, pues bajo ninguna consideración el Acuerdo Final
puede ser considerado como un “reparto de impunidades”, como bien lo
consignaron las partes en el punto quinto del Acuerdo64.

Justamente, debe recordarse que el Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera carece de valor normativo
en sí mismo, en los estrictos términos que fijó la Corte Constitucional en la
sentencia C-332 de 2017, pero su carácter vinculante y sus efectos jurídicos no

62 Acuerdo Final. Punto 5.1.3.2. “Acciones concretas de contribución a la reparación”, pág. 178.
63 “la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto
generales –del Estado- como individuales – penales y de otra índole de sus agentes o de
particulares-. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos, de
facto y de jure, que mantengan la impunidad”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso
Anzualdo Castro Vs Perú, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párr. 125. En el mismo sentido
Caso Radilla Pacheco Vs México, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 212.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de mayo de 2018, Rad. 33948.

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dependen exclusivamente de su implementación normativa frente a las partes que
lo suscribieron.

No en vano el Acuerdo Final para la Paz se suscribió “[…] por el Gobierno
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo
(FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional”.

Además, el mismo Acuerdo señala que las partes que lo suscribieron “se han
ceñido al espíritu y alcances de las normas de la Constitución Nacional, de los
principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo
mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos
proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los
conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas
universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos”.

En otras palabras, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
Construcción de una Paz Estable y Duradera tiene efectos jurídicos y resulta
vinculante para las partes que lo suscribieron y, por lo tanto, es posible hacerlo
exigible frente a ellas, en los mismos términos en los que se firmó.

7. Caso concreto

En los recursos de apelación de apelación presentados contra la sentencia del 4
de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que
declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional y
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la parte demandante
afirmó que, distinto a lo considerado por el a quo, lo probado en el proceso
permitió establecer que Sandra del Pilar Vélez Sua, y Eddy y Álvaro Prado
Camacho sí sufrieron perjuicios morales por la muerte del uniformado. Por otra
parte, refirió que, aunque en el proceso se demostró que los demandantes
padecieron una “afectación a “bienes constitucionales autónomos”, el tribunal no
reconoció indemnización alguna por este concepto. Finalmente, reiteró frente a la

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señora Vélez Sua la reparación de perjuicios materiales a título de lucro cesante
en su condición de “madre biológica del menor hijo del uniformado”.

A su turno, el Ejército Nacional indicó que la muerte de Sergio Andrés Prada
Dimas no le era atribuible, toda vez que ésta se produjo por riesgos propios del
servicio. Refirió, además, que el deceso del teniente Prada Dimas no era imputable a
la institución castrense, por cuanto éste se debió al hecho exclusivo y determinante
de un tercero. Finalmente, indicó que, a su juicio, el a quo erró al reconocer
perjuicios a los demandantes, toda vez que lo probado en el proceso no permitió
acreditar su causación.

En ese sentido, y comoquiera que ambas partes formularon recurso de apelación
contra el fallo del 4 de octubre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo del
Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, se resolverá el asunto sub-lite sin limitación alguna65. Por ello, a
continuación, se analizará si el Ejército y la Policía Nacional son patrimonialmente
responsables por la muerte del teniente Sergio Andrés Prada Dimas, ocurrida el 7
de diciembre de 2013 en el municipio de Inzá (Cauca).

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de enunciar cuáles son los hechos probados en el proceso, es importante
señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Código General
del Proceso, aplicable al proceso contencioso administrativo en virtud de lo

65 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de
autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso
judicial pueden trasladarse a otro en copia y son apreciables sin más
formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales y
testimoniales trasladadas del proceso disciplinario adelantado por la Brigada Móvil
No. 29 – Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional con el número de radicado
004-2013, en averiguación de responsables, pues dichas pruebas fueron
solicitadas por los demandantes y, fueron practicadas con la audiencia y defensa
de la parte contraria. Asimismo, debe advertirse que los medios de prueba antes
referido gozan de valor probatorio, porque fueron debidamente decretados en el
expediente y allegados al proceso, de manera que ambas partes conocieron su
contenido y contaron con la respectiva oportunidad procesal para controvertirlos.

Por otra parte, es pertinente advertir que a las fotografías aportadas por la parte
demandante66 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de esta
Sala67, conforme al artículo 244 del Código General del Proceso, esto es, teniendo
en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas,
de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden acreditar. Sin
embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico fue arrimado al
plenario, no ofrece certeza de la persona que los realizó ni tampoco de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron, pues carecen de
georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en
que se realizaron y si corresponden al día y lugar que se expone en la demanda.

Expuesto lo anterior, se evidencia que las fotografías arrimadas al proceso por los
demandantes sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no
es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en fueron tomadas, y al

66 Fl. 4 a 29, C.1.
67 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

carecer de reconocimiento o ratificación68, no pueden ser cotejadas con otros
medios probatorios allegados y valorados en el presente proceso 69, por lo que no
podrán ser valoradas para resolver el presente asunto litigioso.

Finalmente, los recortes de prensa que reposan en el expediente serán valorados
según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
en la sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador
para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza de los
hechos70.

Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios
allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes
hechos:

7.1.1. Está acreditado que, el 24 de julio de 2004, Sergio Andrés Prada Dimas
ingresó al Ejército Nacional. De esta información da cuenta la certificación de
“CALIDAD – MILITAR” suscrita el 11 de diciembre de 2012, por la jefatura de
Recursos Humanos del Batallón de Combate Terrestre No. 145 del Ejército
Nacional71.

7.1.2. Se probó que el 23 de noviembre de 2013, un médico adscrito a la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional le prescribió al uniformado Prada Dimas una
“incapacidad médica por 30 días, la realización de eco de tiroides y valoración por
medicina interna”. De esta información da cuenta la excusa del servicio temporal
de esa fecha, suscrita por el doctor Carlos Muñoz72.

68 Al respecto, la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27353”, señala que la fotografía puede ser
reconocida por el testigo y su autenticidad se puede lograr a través de la confesión de la parte
contraria o de testigos al instante en que ocurrieron los hechos que se pretenden acreditar.
69Ibídem.
70 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo

de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
71 Fl. 132, C.3.
72 Fl. 327, C.4.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

7.1.3. Consta que el 6 de diciembre de 2014, Sergio Andrés Prada Dimas fue
“agregado operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional que hacía
presencia en el municipio de Inzá (Cauca). De esta información da cuenta el
correspondiente radiograma de esa fecha73.

7.1.4. Se demostró que, el 6 de diciembre de 2013, la SIPOL de la Policía
Nacional conoció que el Frente No. 6 de las FARC tenía “intenciones de realizar
una acción terrorista en contra de unidades de la fuerza pública ubicadas en el
norte del departamento del Cauca”. De esta información da cuenta el poligrama
No. 0905 de esa fecha74. En este documento se lee lo siguiente:

“[…] PLANIFICACIÓN TERRORISTA INMEDIATA, SEGÚN RAPIRGFM004

INTENCIONES POR REALIZAR UNA ACCIÓN TERRORISTA EN CONTRA DE
UNIDADES DE LA FUERZA PUBLICA, UBICADAS EN EL NORTE DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ASI:

FRENTE 6 DE LAS FARC

ALIAS DUBER (TERCER CABECILLA FRENTE 6), FUE INFORMADO POR UN
INTEGRANTE DE ESA ESTRUCTURA SOBRE LA PRESENCIA DE UNIDADES
MILITARES Y DE POLICIA, SOBRE LOS SITIOS A LOS QUE DENOMINAN BELLA
VISTA, EL DAMIÁN Y EL TRAPICHE, UBICADOS EN ZONA RURAL.

ALIAS SANGRE (CABECILLA), SE ENCONTRARÍA CODRDINANDIO UNA
ACCIÓN OFENSIVA CONTRA UNIDADES UBICADAS EN CASCO URBANO
POSIBLE ATAQUE A PATRULLAS MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (MINAS ANTIPERSONA-CARGAS DIRIGIDAS) Y
FRANCOTIRO.TORIBIO, CORINTO, CALOTO coma INZÁ Y PÁEZ BELALCAZAR
coma SON MUNICIPIOS PROCLIVES AL DESARROLLO DE ESTAS ACCIONES
TERRORISTAS.

POR LO ANTERIOR LOS SEÑORES COMANDANTES SE SERVIRAN IMPARTIR
INSTRUCCIÓN Y ALERTAR AL PERSONAL BAJO SU MANDO, DESARROLLAR
LABORES DE INTELIGENCIA QUE PERMITAN ADELANTAR ACCIONES,
RECOPILAR INFORMACIÓN, IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO,
INCREMENTAR ESTRATEGIAS DISUASIVAS, DISPOSICIÓN PREVENTIVA Y DE
CONTROL DE ZONAS DE OBSERVACIÓN Y SEGURIDAD, PONER EN
PRÁCTICA LAS TÉCNICAS DE PATRULLAJE, MEDIDAS DE SEGURIDAD
PERSONAL, CUMPLIMIENTO INSTRUCTIVO NO. 003 DIPON - OFPLA PLAN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL, APLICACIÓN DE LA: DIRECTIVA OPERATIVA
TRANSITORIA NÚMERO 001 DIPON DISEC coma DE FECHA 17/01/2013 come

73 Fl. 46, C.3.
74 Fl. 360, C.3.

35

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

"PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL", ACTIVAR LA RED DE COOPERANTES
Y RECOLECCION DE INFORMACION, EVITAR LA RUTINA EN LOS
DESPLAZAMIENTOS, REALIZAR COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES
MILITARES DE LA JURISDICCIÓN, DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS
DEBERAN DEJAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES DOCUMENTALES
MEDIANTE ACTAS, LOS CUALES SERAN OBJETO DE REVISTA POR ESTE
COMANDO, GENERAR TRAZABILIDAD DE ACATAMIENTO coma LA CUAL
DEBERAN ENVIAR AL CORREO DECAU.CCTV@DPOLICIA.GOV.CO, DEN
ESTRICTO E INMEDIATO CUMPLIMIENTO.”

7.1.5. Está acreditado que, el 7 de diciembre de 2013, la Policía y el Ejército
Nacional conocieron que la cuarta compañía de la columna “Jacobo Arenas” de
las FARC “planeaba activar un vehículo acondicionado con explosivos contra
unidades de la Policía – Ejército en área urbana”. De esta información da cuenta el
poligrama No. 0911 de esa fecha75. En este documento se lee lo siguiente:

“[…] PLANIFICACIÓN TERRORISTA - RADIOGRAMA: 2164 GFM-CE-DIV3-BR29:
PERMITOME ENVIAR INFORMACIONES PROCEDENTES LINEA 148 “RED
ALIADOS” EVAL F6 INDICAN, TERRORISTA CUARTA COMPAÑÍA, COLUMNA
MOVIL JACOBO ARENAS SATT-FAR, ACTIVAR VEHICULO ACONDICIONADO
EXPLOSIVOS CONTRA UNIDADES POLICIA - EJERCITO AREA RURAL

RADIOGRAMA: 3290 MDN-CGFM-JEM-RIME 3 INFORMACION FUENTE
HUMANA RIME 3, INDICA TERRORISTA TERCERA COMPAÑIA FRENTE 6 ONT-
FARC, PRETENDEN REALIZAR EMBOSCADA CONTRA UNIDADES MILITARES
Y POLICIA NACIONAL, EN EL MOMENTO QUE PRETENDAN EFECTUAR
APOYO TERRESTRE HACIA MUNICIPIO DE INZA, PAEZ, BELALCAZAR.

CACISOED001: INFORMACIONES DE INTELIGENCIA PERMITEN CONOCER
POSIBLES ACCIONES OFENSIVAS POR PARTE DE INTEGRANTES DEL
FRENTE 8 DE LAS FARC, CONTRA PERSONAL POLICIAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE CON JURISDICCIÓN EN EL PATÍA, QUIENES ESTARÍAN
PLANEANDO EL ACONDICIONAMIENTO DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO
SOBRE LA VIA PANAMERICANA EL CUAL SERIA ACTIVADO AL PASO DE LA
PATRULLA.

CAPIE: 341: ELEMENTOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES PERMITEN
CONOCER QUE INTEGRANTES DE LA COLUMNA MOVIL JACOBO ARENAS DE
LAS FARC, ESTARÍAN PLANEANDO HOSTIGAR LA ESTACION DE POLICIA O
ATACAR UNA PATRULLA POLICIAL O MILITAR EN EL MUNICIPIO DE SILVIA,
PARA TAL FIN, UN CABECILLA DE COMPANIA DE LA ESTRUCTURA, HABRÍA
ORDENADO EL TRASLADO DE TERRORISTAS CERCA AL PERIMETRO
URBANO DEL MUNICIPIO.

POR LO ANTERIOR LOS SEÑORES COMANDANTES SE SERVIRA IMPARTIR
INSTRUCCION Y ALERTAR AL PERSONAL BAJO SU MANDO DE LA AMENAZA
TERRORISTA LATENTE, DESARROLLAR LABORES DE INTELIGENCIA QUE

75 Fl. 361, C.3.

36

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

PERMITAN ADELANTAR ACCIONES CON EL FIN DE CONTRARRESTAR EL
ACCIONAR DE ESTOS GRUPOS TERRORISTAS, INCREMENTAR
ESTRATEGIAS DISUASIVAS, DISPOSICIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL DE
ZONAS DE OBSERVACIÓN I SEGURIDAD, PONER EN PRACTICA LAS
TÉCNICAS DE PATRULLAJE coma MEDIDAS DE SEGURIDAD. PERSONAL toma
CUMPLIMIENTO INSTRUCTIVO No. 003 DIPON - OFPLA PLAN DE SEGURIDAD
OPERACIONAL, APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA OPERATIVA TRANSITORIA
NÚMERO 001 DIPON DISEC coma DE FECHA 17/01/2013 coma "PLAN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL", ACTIVAR LA RED DE COOPERANTES Y
RECOLECCION DE INFORMACION coma EVITAR LA RUTINA EN LOS
DESPLAZAMIENTOS PARA NO SER VICTIMAS DE LOS TERRORISTAS,
REALIZAR COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES MILITARES DE LA
JURISDICCIÓN, DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DEBERAN DEJAR LOS
RESPECTIVOS SOPORTES DOCUMENTALES MEDIANTE ACTAS LOS CUALES
SERAN OBJETOS DE REVISTA POR ESTE COMANDO, GENERAR
TRAZABILIDAD DE ACATAMIENTO, LA CUAL DEBERAN ENVIAR AL CORREO
ecau.cctv@policia.gov.co DEN ESTRICTO E INMEDIATO, CUMPLIMIENTO.”

7.1.6. Se probó que, el 7 de diciembre de 2013, subversivos de las FARC
incursionaron en dicho ente territorial y, estando allí, lanzaron varios artefactos
explosivos improvisados – AEI - contra la Estación de Policía, dentro de la cual
operaba el puesto de mando BACOT 57 del Ejército Nacional. De esta información
da cuenta el informe administrativo por muerte No. 002/13 de esa fecha, suscrito
por el oficial de operaciones BRI29 del Ejército Nacional76, así como el poligrama
No. 0916 del 8 de diciembre siguiente77.

7.1.7. Se acreditó que, por lo anterior, el 7 de diciembre de 2013, falleció el
uniformado Sergio Andrés Prada Dimas debido a un “politraumatismo severo por
colapso de estructura por onda explosiva con cilindros bomba”. De esta
información da cuenta copia auténtica del correspondiente registro civil de
defunción78, así como la respectiva acta de inspección técnica a cadáver79, el
informe de necropsia de esa fecha, suscrito por un médico forense adscrito al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses80 y el informe
administrativo por muerte No. 002/13 de esa fecha, suscrito por el oficial de
operaciones BRI29 del Ejército Nacional81.

76 Fl. 45, C.2.
77 Fl. 362, C.4.
78 Fl. 237, C.4.
79 Fl. 187, C.3.
80 Fl. 223, C.4.
81 Fl. 45, C.2.

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7.1.8. Se probó que, mediante Resolución No. 3822 del 5 de agosto de 2014, la
Secretaría General del Ministerio de Defensa reconoció “una pensión de
sobrevivientes consolidada por el deceso del Capitán (póstumo) del Ejército
Nacional, Prada Dimas Sergio Andrés” a favor de Angélica María Mahecha Lugo y
Sergio Andrés Prada Vélez, por la suma de $1.726.553 en una proporción
equivalente al 50% de dicho rubro para cada uno de ellos. De esta información da
cuenta copia auténtica del referido acto administrativo82.

7.1.9. Se acreditó que, mediante oficio del 19 de abril de 2019, el despacho del
Alcalde de Inzá (Cauca) certificó que, “para el año 2013, en el municipio había
presencia de grupos armados ilegales – FARC – y a la vez que causaron varias
acciones que afectaron la vida de varias personas, así como la infraestructura del
municipio”. Además, que “el 7 de diciembre de 2012, ocurrió un atentado terrorista
en la cabecera municipal de Inzá, en donde fallecen 2 personas civiles, 5 militares,
1 policía, 48 civiles resultan con lesiones personales, 20 personas de la fuerza
pública con lesiones personales, 162 afectaciones en bienes muebles e
inmuebles, 6 afectaciones en la infraestructura pública”. Finalmente, que “en
informes presentados por las autoridades militares, se tenía conocimiento de un
atentado con un carro bomba y se recibían constantes llamadas sobre posibles
atentados”. De esta información da cuenta copia auténtica del referido
documento83.

7.1.10. Finalmente, se probó que, mediante oficio del 3 de septiembre de 2019, la
Dirección y Comando de Personal del Ejército Nacional certificó que “verificado el
sistema de información para la administración de talento humano – SIATH, el
señor TE no reportó ninguna incapacidad médica”. Además, precisó que “el
sistema de información para la administración de talento humano - SIATH, es
actualizado con las incapacidades médicas que el funcionario entrega a la unidad
donde labora, y su vez la unidad oficial al DIPER para que esta incapacidad

82 Fl. 47 a 49, C.4.
83 Fl. 365 a 366, C.4.

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médica sea cargada el sistema”. De esta información da cuenta dicho
documento84.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los problemas jurídicos que se debaten en este proceso, la
Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la
responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto
jurídico depende de la sumatoria condicional de los componentes que lo
conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la
siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración85-86.

7.2.1. El daño antijurídico

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la muerte del uniformado

84 Fl. 574, C.4.
85 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
86 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de

Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

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Sergio Andrés Prada Dimas, la cual está debidamente acreditada en el proceso
(hecho probado 7.1.7.). Dicho menoscabo tiene, pues, el carácter de antijurídico,
en tanto se trata de la afectación de un derecho protegido por el ordenamiento
jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal.

En efecto, la dignidad humana, la vida y la integridad personal son derechos
inherentes e inalienables de la persona y se constituyen en un presupuesto
esencial para la realización de los demás derechos, de conformidad con los
artículos 187, 288 y 1189 de la Constitución Política, y 590 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, de donde la vulneración de tales postulados y
los daños que con ello se generen resultan antijurídicos.

7.2.2. La imputación

En el presente caso es necesario determinar si el daño antijurídico es imputable a
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional, así como si
confluyó alguna otra causa en la muerte del uniformado Sergio Andrés Prada
Dimas.

Asi, además de los medios de convicción arrimados al proceso, de los cuales ya
se hizo un recuento en el capítulo de hechos probados, obra en el expediente la

87 Artículo 1º “Colombia en un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa,
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
88 Artículo 2º “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
89 Artículo 11 “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.
90 Artículo 5º - Derecho a la Integridad Personal “Toda persona tiene derecho a que se respete su

integridad física, psíquica y moral”. Sobre este aspecto, es pertinente destacar que la Convención
Americana de Derechos Humanos fue incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante
la Ley 16 de 1972. Asimismo, que el artículo 93 de la Constitución Política dispone que “Los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los
tratados internacional sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

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declaración juramentada de Roymer Carabalí Viveros, quien fuera uno de los
soldados profesionales que se encontraba presente el día de los hechos, afirmó
que en la mañana del 7 de diciembre de 2013 se disponía a levantarse para hacer
ejercicio momento en el cual sintió unas explosiones. Refirió, además, que en el
municipio de Inzá (Cauca) había presencia del Frente No. 6 de las FARC y que
ellos fueron quienes lanzaron los cilindros de gas llenos de explosivo y metralla
contra la Estación de Policía que se ubicaba en “plena plaza del pueblo”. Agregó
que el puesto de mando del Batallón de Combate Terrestre del Ejército Nacional
operaba al interior de la Estación de Policía y que, por esos días, la fuerza pública
había realizado patrullajes en la zona91.

Por otra parte, Hernando León Solorzano, soldado profesional que estaba
presente en el lugar de los acontecimientos, advirtió que el 7 de diciembre de
2013, sintió una explosión seguida de otras cuatro más. Indicó que había rumores
respecto a la posible detonación de una “moto bomba” por parte de las FARC.
Manifestó, además, que el puesto de mando del BACOT se encontraba en la
Estación de Policía y que como medidas de seguridad se habían implementado
vallas que impidieran el estacionamiento de vehículos y patrullajes en la zona.
Concluyó que el acto terrorista fue consumado a través de cilindros de gas llenos
de explosivos y metralla que fueron lanzados desde un vehículo contra la Estación
de Policía de Inzá (Cauca) 92.

Finalmente, Elías Arnubio Luna López, uniformado del Ejército Nacional que
presenció los hechos debatidos en el proceso, refirió que horas de la mañana del
7 de diciembre de 2013 sintió una explosión y un golpe, y que luego de ello quedó
“tirado” en el piso y perdió el conocimiento. Señaló que, instantes después,
recobró “la mente” y que observó mucho polvo y que olía a pólvora. Sostuvo que
había riesgo de actos terroristas, “inclusive, ese día llego una información de que
las FARC querían atacar una unidad entonces se dio a conocer a las autoridades

91 Fl. 238 a 241, C.4. – Declaración rendida por el soldado profesional Roymer Carabalí Viveros

ante el Funcionario de Instrucción de la Brigada Móvil No. 29 de la Fuerza de Tarea Apolo del
Ejército Nacional.
92 Fl. 242 a 246, C.4. – Declaración rendida por el soldado profesional Hernando León Solorzano

ante el Funcionario de Instrucción de la Brigada Móvil No. 29 de la Fuerza de Tarea Apolo del
Ejército Nacional.

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para que estuvieran pendientes y tomaran las medidas de seguridad”93.

Ahora bien, como las declaraciones vertidas por Roymer Carabalí Viveros,
Hernando León Solorzano y Elías Arnubio Luna López provienen de unos
uniformados del Ejército Nacional, unas de las autoridades demandadas en el
presente proceso, a juicio de la Sala, en los términos del artículo 211 del Código
General del Proceso, estas afirmaciones resultan sospechosas, por lo cual serán
valoradas con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale la pena
reiterar que conforme lo ha manifestado esta Corporación, las manifestaciones
que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser
examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que
reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada
asunto litigioso94.

En ese sentido, se advierte que lo narrado por los uniformados Carabalí Viveros,
León Solorzano y Luna López tienen valor probatorio, pues a pesar de resultar
sospechosos, se realizaron bajo la gravedad de juramento, no fueron tachados de
falsos ni tampoco desvirtuados por ninguno de los extremos que integran la litis.
Asimismo, las exposiciones rendidas por los uniformados gozan de eficacia
probatoria, toda vez que fueron depuestas por los miembros de la fuerza pública
que se encontraban presentes en la Estación Policía el 7 de diciembre de 2013 y,
por ello, conocieron in situ las circunstancias de tiempo, modo y lugar que aquí se
debaten.

Precisamente, lo narrado por los soldados profesionales permitió evidenciar, entre
otras cosas, lo siguiente: i) que, con antelación a la ocurrencia de los hechos,
había rumores de que grupos insurgentes perpetrarían un acto terrorista en el
departamento del Cauca; ii) que, por lo anterior, se adoptaron medidas de
seguridad tales como la implementación de vallas que impidieran el
estacionamiento de vehículos y patrullajes en la zona; y iii) que el Frente No. 6 de

93 Fl. 247 a 249, C.4. – Declaración rendida por el soldado profesional Elías Arnubio Luna López

ante el Funcionario de Instrucción de la Brigada Móvil No. 29 de la Fuerza de Tarea Apolo del
Ejército Nacional.
94 Cfr. Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262

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las FARC hacía presencia en esa zona del país y que miembros de dicho grupo
subversivo fueron quienes consumaron el ataque contra la Estación de Policía de
Inzá (Cauca) a través de cilindros bomba.

Pues bien, se advierte que las demandantes atribuyen responsabilidad al Estado
por dos (2) eventos – omisiones - divergentes, por lo cual, para mayor claridad del
proyecto, se analizará cada una de ellas de forma separada. En similar sentido, se
examinará de manera independiente sí, además de las referidas hipótesis,
confluyó otra causa en la muerte del uniformado Sergio Andrés Prada Dimas.
7.2.2.1. Sobre la orden de traslado y servicio del teniente Prada Dimas durante su
incapacidad

Pues bien, los accionantes afirmaron en el recurso de apelación que asistía
responsabilidad al Ejército Nacional porque el oficial Sergio Andrés Prada Dimas
fue “agregado operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional ubicado en el
municipio de Inzá (Cauca) pese a que este se encontraba incapacitado. Sobre
este punto, textualmente se señaló:

“[…] pese a la incapacidad tomada en el Dispensario del Ejército en Popayán, el
mayor haciendo caso omiso a esta, le dio orden de desplazarse el día 6 de
diciembre de 2013 y presentarse el día 7 de diciembre en la base militar de Inzá
(Cauca). Desafortunadamente en el momento del ingreso del teniente a la Estación
de Policía, ubicada en el centro del municipio de Inzá (Cauca), se perpetuó un
ataque guerrillero utilizando una camioneta de donde accionaron explosivos
atacando a los uniformados (Policía y Ejército), con ráfagas de fusil, tatucos y otras
armas no convencionales, donde perdió la vida Sergio Andrés Prada Dimas”.

Según lo expuesto, se advierte que, diferente a lo considerado por el extremo
activo, ninguna de las pruebas obrantes en el plenario permitió configurar la
primera omisión endilgada al Ejército Nacional, toda vez que, si bien al expediente
fue aportada la excusa de servicio temporal del 23 de noviembre de 2013, a través
de la cual un médico adscrito a la Dirección de Sanidad General del Ejército
Nacional le prescribió al teniente Prada Dimas “incapacidad médica por 30 días, la
realización de eco de tiroides y valoración por medicina interna” (hecho probado
7.1.2.), lo cierto es que no se acreditó que el oficial hubiera puesto dicha situación
en conocimiento de la institución castrense y/o entregado dicha información a la
unidad militar a la que estaba adscrito, así como tampoco que hubiera informado

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

esa circunstancia al superior que le impartió la orden de traslado y servicio al
BACOT 57 del Ejército Nacional, de manera que pudiera conocerse y
establecerse, de primera mano, su estado de salud y con ello impedido o
prevenido su desplazamiento el 6 de diciembre de 2013 al municipio de Inzá
(Cauca), donde lamentablemente ocurrieron los hechos aquí debatidos.

Al respecto, es pertinente subrayar que el oficio del 3 de septiembre de 2018,
expedido por la Dirección y Comando de Personal del Ejército Nacional, que no
fue desvirtuado por ninguna de las partes que integran la litis, certificó que el
uniformado Prada Dimas “no reportó ninguna incapacidad” ante el sistema de
verificación de talento humano, el cual se actualiza “con las incapacidad médicas
que el funcionario entrega a la unidad donde labora” (hecho probado 7.1.10.), de
manera que no era exigible para la autoridad militar que con antelación al traslado
del teniente al BACOT 57 instalado en el municipio de Inzá (Cauca) conociera de
su situación de salud así como de la incapacidad que en razón de ella un médico
adscrito a la Dirección de Sanidad Militar le prescribió.

Es más, llama la atención de la Sala que ni en el escrito de demanda ni en las
pruebas solicitadas en este, así como tampoco en los memoriales presentados
durante el proceso, los accionantes hicieron referencia a un posible conocimiento
de las autoridades militares sobre la incapacidad que le fue prescrita al
uniformado, ni mucho menos acreditaron que el traslado del mismo se hubiera
realizado inobservando por los mandos del Ejército Nacional dicha circunstancia,
lo cual denota una falencia en la carga procesal que le asistía en relación con los
supuestos fácticos objeto de reclamación, pues, debe reiterarse, que la sola
referencia a unos hechos por la parte demandante no resulta suficiente para tener
el supuesto por probado, en tanto no puede la propia parte que lo alega acreditarlo
con su simple dicho95.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta

95 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección “C”. Sentencias del 17 de junio de 2024, Rad.: 68394 y del 21 de octubre de 2025,
Rad. 68205.

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Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
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que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, donde los elementos
estructurales de la obligación resarcitoria requieren de prueba, cuya omisión por la
demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de los
elementos estructurales de la responsabilidad, sin la cual, en los términos del
artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración.

En suma, se advierte que, conforme acaba de exponerse, las pruebas que
reposan en el expediente no permiten acreditar la primera omisión atribuida al
Ejército Nacional, toda vez que no se probó que las autoridades militares conocían
de la incapacidad prescrita al teniente Prado Dimas frente a lo cual hubiera
impedido su desplazamiento, ni tampoco que las actuaciones de sus mandos en
punto a la orden de traslado y servicio al precitado uniformado hubieren sido
arbitrarias o injustificadas.

7.2.2.2. Frente a la omisión a los deberes de seguridad y protección en cabeza de
la Policía y el Ejército Nacional

Pues bien, debe recordarse que los demandantes atribuyen responsabilidad al
Ejército y a la Policía Nacional a título de falla del servicio por omisión a los
deberes de seguridad y protección que les asistía respecto a su personal militar,
toda vez que “siendo una zona roja, con presencia de grupos subversivos o al
margen de la ley, sumado a que conocían de la existencia o amenaza de una
incursión guerrillera, no tomaron medidas exponiendo así la vida e integridad de
los miembros de la fuerza pública”.

Por su parte, el Ejército Nacional afirmó en su recurso de apelación que la muerte
del uniformado no le era atribuible, toda vez que ésta se produjo por riesgos propios
del servicio. Refirió, además, que el deceso del teniente Prada Dimas no era
imputable a la institución castrense, por cuanto éste se debió al hecho exclusivo y
determinante de un tercero. Finalmente, indicó que, a su juicio, el a quo erró al
reconocer perjuicios a los demandantes, toda vez que lo probado en el proceso no
permitió acreditar su causación.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

Según lo expuesto, es importante subrayar que lo probado en el proceso permitió
establecer lo siguiente: i) que el 6 de diciembre de 2013, Sergio Andrés Prada Dimas
fue “agregado operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional que hacía
presencia el municipio de Inzá (Cauca); ii) que ese mismo día, la SIPOL de la Policía
Nacional conoció que el Frente 6 de las FARC tenía “intenciones de realizar una
acción terrorista en contra de unidades de la fuerza pública ubicadas en el norte
del departamento del Cauca”; iii) que, por lo anterior, la fuerza pública adoptó
como medidas se seguridad la implementación de vallas que impidieran el
estacionamiento de vehículos y patrullajes en la zona; iii) que el día siguiente, es
decir, el 7 de diciembre de 2013, la Policía y el Ejército Nacional conocieron que la
Cuarta Compañía de la columna “Jacobo Arenas” de las FARC “planeaba activar
un vehículo acondicionado con explosivos contra unidades de la Policía – Ejército
en área urbana”; iv) que, ese mismo día, subversivos de las FARC incursionaron
en el municipio de Inzá (Cauca) y, estando allí, lanzaron varios artefactos
explosivos improvisados – AEI - contra la Estación de Policía, dentro de la cual
operaba el puesto de mando BACOT 57 del Ejército Nacional; y, v) que, como
consecuencia de esos hechos, falleció el uniformado Sergio Andrés Prada Dimas
debido a un “politraumatismo severo por colapso de estructura por onda explosiva
con cilindros bomba”.

Ahora bien, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes creencias, y demás
derecho y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.

Asimismo, el artículo 217 de la Carta Política establece que “la Nación tendrá para
su defensa unas fuerzas armadas militares permanentes constituidas por el
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”, las que “tendrán como finalidad primordial
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y
del orden constitucional”.

Además, el artículo 218 de la referida disposición supralegal prevé que “la Policía

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Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz”.

A su turno, esta Corporación ha señalado de manera reiterada y pacífica que un
daño es imputable al Estado por omisión en el deber de seguridad y protección
cuando, entre otras, las autoridades dejan a la población a merced de los grupos
de delincuencia, sin brindarles alguna ninguna protección a pesar de tener
conocimiento previo de que los derechos de esa población vienen siendo
desconocidos y vulnerados por grupos organizados al margen de la ley96.

En consonancia con lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
considerado que, igualmente asiste responsabilidad al Estado por inobservancia a
los deberes de omisión y seguridad, cuando las autoridades ignoran o adoptan
medidas ineficaces para prevenir y reducir riesgos a los que se enfrenta los
integrantes de la fuerza pública97.

Finalmente, debe reiterarse que, si la víctima del daño es un servidor que ejerce
una función de alto riesgo relacionada con la defensa y seguridad del Estado, y se
ha vinculado voluntariamente a la institución respectiva, este debe soportar la
materialización del riesgo propio de la actividad, a no ser que se advierta una falla
o que haya sido expuesto a un riesgo mayor al que normalmente tendría que
afrontar98.

En el caso en concreto se puede evidenciar que la Policía y el Ejército Nacional
desatendieron los deberes y seguridad respecto de su personal militar que hacía
presencia en la Estación de Policía del municipio de Inzá (Cauca), pues conforme
se acreditó con los medios de convicción decretados y practicados en el proceso,
96 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1998, Rad. 17004
97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 3 de noviembre de 2020, exp. 49223. Posición reiterada en la reciente decisión
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 18
de junio de 2025, Rad. 57972.
98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad. 57972.

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dichas entidades conocieron con antelación a los hechos que aquí se debaten, del
inminente riesgo en que se encontraba la población civil de ese ente territorial y,
particularmente, los miembros de la fuerza pública que allí se encontraban y
respecto de los cuales se planeaban ataques en su contra. No obstante, lo
anterior, las entidades demandadas dejaron a sus agentes a merced de las FARC,
lo cual condujo el ataque armado perpetrado por dicho grupo subversivo el 7 de
diciembre de 2013 y la consecuente causación del daño antijurídico reclamado,
pues las medidas de contención, prevención y seguridad no resultaron suficientes
para contrarrestar la amenaza que a la postre se concretó.

Precisamente, debe recordarse que de acuerdo con el poligrama No. 0905 del 6
de diciembre de 2013, la SIPOL de la Policía Nacional conoció que el Frente Sexto
de las FARC “tenía intenciones de realizar una acción terrorista en contra de
unidades de la fuerza pública ubicadas en el departamento del Cauca” (hecho
probado 7.1.4.). Además, que conforme al poligrama 0911, el día siguiente, es
decir, el 7 de diciembre de 2013, la Policía Nacional y el Ejército Nacional tuvieron
conocimiento que la Cuarta Compañía de la columna “Jacobo Arenas” de las
FARC “planeaba activar un vehículo acondicionado con explosivos contra
unidades de la Policía – Ejército en área urbana” (hecho probado 7.1.5.). Ello,
igualmente se acompase con lo narrado por los uniformados León Solorzano y
Luna López quienes, al indagárseles sobre el conocimiento previo de las
autoridades respecto al atentado terrorista señalaron que: i) había rumores sobre
la posible detonación de un vehículo por parte de las FARC y ii) existía el riesgo
de un acto terrorista porque ese mismo día llegó información de que las FARC
querían atacar a una unidad militar.

No obstante, lo anterior, y pese a las inminentes alertas conocidas por las
autoridades militares y de policía sobre un posible atentado terrorista que
suponían la adoptación de medidas eficaces y eficientes para garantizar la
seguridad de la población del municipio de Inzá (Cauca) así como de la tropa que
allí hacía presencia, el 7 de diciembre de 2013, miembros de las FARC
incursionaron en dicho ente territorial y, estando allí, lanzaron varios artefactos
explosivos improvisados – cilindros bomba cargados de explosivos y metralla -
contra la Estación de Policía, dentro de la cual operaba el puesto de mando

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

BACOT 57 del Ejército Nacional (hecho probado 7.1.6.). Dicho ataque provocó la
muerte de varios uniformados, entre ellos la del teniente Sergio Andrés Prada
Dimas, y lesiones a otros de ellos.

Llama la atención de la Sala que a pesar de las alertas que fueron conocidas el 6
y el 7 de diciembre de 2013 por la Policía y el Ejército Nacional que daban cuenta
de la presencia de miembros de las FARC en esa zona del país y de su intención
de consumar un atentado terrorista contra los miembros de la fuerza pública que
hacía presencia en el municipio de Inzá (Cauca), y teniendo en cuenta el latente
riesgo que ello representaba no sólo para el personal militar y policial sino para la
población civil, los dejaron a merced del referido grupo subversivo, pues las
medidas de contención que se implementaron para evitar el ataque – puesta y uso
de vallas y patrullajes – resultaron insuficientes para contrarrestar la amenaza que
se cernía contra ellos y, en general, contra la comunidad y, en todo caso, no
resultaban proporcionales con el riesgo inminente que corría contra los efectivos
del Ejército pues la información daba cuenta de la utilización de explosivos contra
la unidad militar, para cuya defensa la utilización de vallas era apenas elementos
de contención cercana e inmediata pero no para contrarrestar los ataques con
cilindros de media distancia que es de usual en la reprochable utilización por los
grupos subversivos que pretenden atentar contra las instalaciones de la fuerza
pública.

Es que, debe subrayarse que aunque la Policía y el Ejército Nacional contaban
con información que apuntaba a que miembros de las FARC incursionarían en el
municipio e inclusive que activarían un artefacto explosivo ese mismo en la
cabecera municipal del mismo, dichas instituciones únicamente adoptaron
medidas como las atrás descritas, lo cual, atendiendo la inminencia del ataque que
se venía fraguando y la presencia de subversivos que hacía presencia en la zona,
resultaba insuficiente para evitar, contener y/o repeler dicho ataque armado.

En este orden, se encuentra que en el presente caso hubo una omisión de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional al deber de seguridad
y protección que le asistía frente a su personal militar que hacía presencia en el
municipio de Inzá (Cauca), dadas las circunstancias que rodearon la producción

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

del daño, su previsibilidad y los medios con los que se disponía para
contrarrestarlo y que negligentemente se omitieron emplear, lo que claramente
constituye una falla del servicio. Sí, es que debe recordarse que los mandos de las
autoridades militares y de policía desconocieron las alertas enviadas con
anterioridad al ataque ocurrido el 7 de diciembre de 2013, lo que imponía al
Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden
a cumplir el cometido constitucional de donde, si el daño se produce por su incuria
en el empleo de tales medios, como ocurrió en el presente, surgirá en cabeza
suya una obligación resarcitoria por falla del servicio99.

En definitiva, se observa que, conforme acaba de exponerse, los probado en el
proceso permitió tener por acredita la omisión a los deberes de seguridad y
protección que le asistía a la Policía y al Ejército Nacional respecto al teniente
Sergio Andrés Prada Dimas, así como el vínculo causal entre esta y el lamentable
fallecimiento del citado uniformado.

7.2.2.3. Frente a la concurrencia de causas en la muerte del uniformado Sergio
Andrés Prada Dimas

Pues bien, pese a que conforme se concluyó anteriormente, la Policía y el Ejército
Nacional incurrieron en una omisión a los deberes de seguridad y protección y que
esta contribuyó en ser causa del hecho lesivo cuya reparación se pretende, lo
cierto es que la valoración en conjunto de los medios decretados y practicados en
el proceso también permite concluir que junto a la citada falla del servicio confluyó
otra, aún más gravosa, que incidió en el daño sufrido por los accionantes, pues el
ataque desmedido, desproporcionado e irracional de las FARC contra la Estación
de Policía de Inzá (Cauca) con el uso de cilindros bomba – artefactos explosivos
improvisados -, como ilícito internacional y, grave afrenta a los derechos humanos
y al derecho internacional humanitario, fue un factor decisivo para que el resultado

99Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de julio de 2012, exp. 19205.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

gravoso se pudiera concretar, de donde, esta concausa se estima inescindible del
daño sufrido por los demandantes100.

Al respecto, debe señalarse que el artículo 35 del Protocolo No. 1 a los Convenios
de Ginebra101 prevé que “1. En todo conflicto armado, el derecho de las partes en
conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado; 2.
Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de guerra
de tal índole que causen males superfluos o sentimientos innecesarios; y 3. Queda
prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido
concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos,
duraderos y graves al medio ambiente natural”.

Igualmente, el artículo 50 del citado instrumento internacional dispone en sus
numerales 4 y 5 que “se prohíben los actos indiscriminados como los que emplean
métodos o medios de combate cutos efectos no sea posible limitar conforme a lo
exigido por el presente protocolo; y que, en consecuencia, en cualquiera de tales
casos, pueden alcanzar indistintamente objetivos militares y a personas o bienes
de carácter civil” y “se consideran indiscriminados entre otros, a) los ataques por
bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten
como objetivo militar y único varios objetivos militares precisos y claramente
separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya
concentración análoga de civiles o bienes de carácter civil y b) los ataques,
cuando sea de prever que causaran incidentalmente muertos y heridos entre la
población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían
excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”,
respectivamente.

Por otra parte, el artículo 8º del Estatuto de Roma102 dispone que por crímenes de
guerra, se entenderá como aquellas infracciones a los Convenios de Ginebra contra
personas o bienes en marco de un conflicto armado – homicidio intencional, causar

100 A propósito de la violación al DIH por ataques indiscriminados con artefactos explosivos
improvisados: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 15 de octubre de 2014, Rad. 34457. Corte Constitucional, sentencia T - 719/03.
101 Incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 11 de 1992.
102 Incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 742 de 2002.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar contra la integridad física o la
salud – y, particularmente, en aquellos que no son de índole internacional, “los
atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas
sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura” y, “emplear armas,
proyectiles y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños
superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efetos indiscriminados en violación
del derecho internacional humanitario de los conflictos armados, a condición de que
esas armas o proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objetos de
prohibición completa”.

Finalmente, es pertinente señalar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º del
Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa
y otros artefactos, está proscrito, en todas las circunstancias, “emplear minas,
armas trampa y otros artefactos, concebidos de tal forma o que sean de tal
naturaleza, que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios”.

Dicho lo anterior, debe reiterarse, entonces, que, de conformidad con las pruebas
documentales incorporadas al expediente y las declaraciones vertidas por los
uniformados del Ejército Nacional, que no fueron desvirtuado/as ni tachado/as de
falso/as, el 7 de diciembre de 2013, miembros de las FARC incursionaron en el
municipio de Inzá (Cauca) y, estando allí, lanzaron varios artefactos explosivos
improvisados – cilindros bomba cargados de explosivos y metralla -, cuyo uso esta
proscrito en los conflictos armados103, contra la Estación de Policía, dentro de la
cual operaba el puesto de mando BACOT 57 del Ejército Nacional, lo cual provocó
la muerte de varios uniformados, entre ellos la del teniente Sergio Andrés Prada

103 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Protocolo sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue
enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996).
“Artículo 2. Definiciones. A los efectos del presente Protocolo: […] 5. Por «otros artefactos» se
entiende las municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos
improvisados, que estén concebidos para matar, herir o causar daños, y que sean accionados
manualmente, por control remoto o de manera automática con efecto retardado.
“Artículo 3. Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. […]. 3.
Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear minas, armas trampa y otros artefactos,
concebidos de tal forma o que sean de tal naturaleza, que causen daños superfluos o sufrimientos
innecesarios”.
Es de aclarar que esta Convención fue aprobada por el Estado colombiano mediante la Ley 469 de
1998.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

Dimas, y lesiones a otros.

Entonces, se concluye que la muerte del uniformado Sergio Andrés Prada Dimas
se produjo por dos causas, a saber: i) la omisión de las autoridades frente a los
deberes de seguridad y protección que les asistía frente al personal militar que
hacía presencia en la Estación de Policía del municipio de Inzá (Cauca); y ii) el
ataque terrorista de las FARC a través de la detonación de artefactos explosivos
improvisados – cilindros bomba cargados de explosivo y metralla -, conducta que
es considerada no sólo un crimen de guerra, sino una grave afrenta a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario.
En definitiva, se estima que la muerte del teniente Prada Dimas es atribuible a la
conducta dolosa e inconvencional de las FARC y a la omisión culposa de las
entidades accionadas, al no adoptar las medidas de seguridad, protección y
contención adecuadas para evitar el indiscriminado ataque perpetrado el 7 de
diciembre de 2013 por el referido grupo delincuencial.

En este orden de ideas, debe recordarse que, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 1571104 y 2344105 del Código Civil, existe solidaridad entre quienes
concurren en la producción del daño y el acreedor puede dirigirse contra todos los
deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin
que por este puede oponérsele el beneficio de la división.

Valga aclarar que en reciente jurisprudencia106 esta Subsección indicó que, por
efecto de la solidaridad, el resarcimiento de un hecho lesivo “se puede perseguir
frente a cualquiera de las personas que concurren a la causación del daño y por la
totalidad del monto” y “no impide la declaratoria de responsabilidad solidaria el
hecho de que todas las personas que infieren el daño estén o no demandadas en

104 Artículo 1571 del Código Civil “Solidaridad pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los

deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este
puede oponérsele el beneficio de la división”.
105 “Artículo 2344. Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o

más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del
mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo
cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.
106 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 23 de agosto 2024, Rad. 64260.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

el proceso, ya que por efectos de la misma institución jurídica de la solidaridad
basta con que se encuentre uno de los causantes del daño como litisconsorte de
la parte pasiva, lo que no obsta para que este se subrogue en los derechos de la
víctima y solicite el reembolso de lo pagado en el monto correspondiente a su
deudor solidario”. Es así como, bajo las reglas de la solidaridad, basta que uno de
los causantes del daño se encuentre vinculado como litisconsorte de la parte
pasiva para que proceda la condena, sin que ello obste para una vez realizado el
pago, este se subrogue y solicite el reembolso de lo pagado - en el monto
correspondiente - a su codeudor solidario.

Ahora bien, la condena que se impondrá a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía y Ejército Nacional será por la totalidad de los perjuicios ocasionados a los
demandantes, pues en el presente proceso no se demandó a las FARC como
organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico
por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH y debe recordarse que,
según lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, “Si de un delito o culpa ha
sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente
responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa”. Es decir,
debido a la existencia de solidaridad entre los sujetos, la sentencia afecta a todos
aquellos involucrados en la causación del daño de modo que, como ocurre en el
presente caso, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional
tiene la potestad de repetir en contra de estos – las FARC – a efectos de solicitar
las sumas de dinero desembolsadas por el concepto de la condena aquí
impuesta107.

En todo caso, es importante recalcar que, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 1579108 y 1668109 del Código Civil, una vez el deudor solidario pague la

107 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.

Sentencia del 24 de abril de 2024, Rad. 55722.
108 Artículo 1579: “El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los

medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios
y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga
este codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria
concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables
entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán
considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

condena quedará subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y
seguridades, pero limitada a la parte o cuota que tenga este codeudor en la
deuda.

Es así que, una vez la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional
pague la condena que aquí se imponga, deberá repetir contra las FARC como
organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico
por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o contra el fondo
constituido por el Gobierno Nacional para estos efectos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1579 y 1668 del Código Civil, las obligaciones
adquiridas por las FARC para la reparación de víctimas en el punto No. 5 del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, y lo establecido en los artículos 3110, 4111 y 5112 del Decreto
903 de 2017113.

otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de
la solidaridad”.
109 Artículo 1668: “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del

acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio: 1) Del acreedor
que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón a un privilegio o hipoteca; 2) Del que
habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble esta
hipotecado; 3) Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente; 4) Del
heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia; 5) Del que paga
una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente por el deudor; 6) Del que ha prestado
dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del préstamo, y constando
además en escritura pública del pago al haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero”.
110 Artículo 3: “FONDO DE VÍCTIMAS. Créese un patrimonio autónomo del Departamento

Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos
patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los
términos de la administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio de su cargo,
y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba. El
Fondo referido será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y
constituida por el Gobierno Nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). La administración del fondo fiduciario lo
hará la entidad que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al
Gobierno nacional para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de
los bienes al patrimonio autónomo”.
111 Artículo 4: “Finalidad del Fondo. Con los bienes y activos incluidos en el inventario se procederá

a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación y la
implementación de los programas contemplados […] en el Acuerdo Final”.
112 Artículo 5: “Derecho de las víctimas. La puesta en marcha de las medidas contempladas en esta

norma no podrá suponer limitación, anulación o restricción de los derechos actualmente adquiridos
de las víctimas”.
113 Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a

disposición de las FARC – EP.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

8. Liquidación de perjuicios

A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios teniendo en cuenta cada
una de las tipologías de perjuicios solicitados en el escrito de la demanda, esto es,
perjuicios morales, por “afectación a bienes constitucionales autónomos” y lucro
cesante.

Por otra parte, debe advertirse que la liquidación de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante en favor del núcleo familiar de los soldados fallecidos,
así como de los uniformados lesionados, seguirá los criterios fijados en la reciente
sentencia de unificación del 26 de noviembre de 2025 proferida por la Sección
Tercera de la Corporación114.

8.1.- En la demanda se solicitó condenar a la Policía y al Ejército Nacional a
pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los accionantes.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cauca reconoció por este concepto 100
SMLMV para Sergio Andrés Prada Vélez, Edgar Orlando Prada Camacho y Nancy
Dimas Ávila; y 50 SMLMV para Edgar Orlando, Diego Fernando y Mayra Alejandra
Prada Dimas.

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014115, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:

114 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de
Unificación CE-SU-J-3-002-2025 del 26 de noviembre de 2025, Rad. 66841.
115 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Rel. afectiva Rel. afectiva 2° Rel. afectiva 3er Rel. afectiva
Rel. afectiva no
conyugal y paterno de consang. o de consang. o 4° consang.
familiar (3° damn)
– filial civil civil o civil.
SMLMV 100 50 35 25 15

En este sentido, de conformidad con los medios de convicción obrantes en el
plenario, se acreditó que Sergio Andrés Prada Dimas era hijo de Edgar Orlando
Prada Camacho y Nancy Dimas Ávila; padre de Sergio Andrés Prada Vélez y,
hermano de Edgar Orlando, Diego Fernando y Mayra Alejandra Prada Dimas. De
esta información dan cuenta copia auténtica de sus respectivos registros civiles de
nacimiento116.

Así las cosas, en la parte resolutiva de este proveído se confirmará el rubro
reconocido por el a quo, esto es, 100 SMLMV para Sergio Andrés Prada Vélez,
Edgar Orlando Prada Camacho y Nancy Dimas Ávila; y 50 SMLMV para Edgar
Orlando, Diego Fernando y Mayra Alejandra Prada Dimas.

8.2.- Por otra parte, en el escrito de la demanda se solicitó por concepto de
“afectación a bienes constitucionales autónomos” 80 SMLMV para cada uno
de los accionantes. No obstante, lo anterior, el tribunal no reconoció ninguna
indemnización por este concepto.

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos
planteados en las diferentes sentencias de unificación proferidas por esta
Subsección, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio
fisiológico o daño a la vida en relación. En su lugar, reconoció las categorías de
daño a la salud117 (cuando estos provengan de una lesión a la integridad

116 Fl. 55 a 66, C.1.
117 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de

septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se
demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad
psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida
de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados118, estos últimos que se
reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del
proceso y se requiera su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos.

En esa forma de reparación se privilegiará la compensación, a través de medidas
reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo
familiar más cercano, las cuales, se repite, operarán teniendo en cuenta la
relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de: i)
reconocer la dignidad y reparación integral de las víctimas, ii) reprobar las
violaciones a los derechos humanos y iii) concretar las garantías de verdad,
justicia, reparación y no repetición.

En tal sentido, aunque se encuentra razonable que los demandantes sufrieron una
afectación inmaterial por la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas, la cual
corresponde al comportamiento natural de las personas que pierden a un ser
querido en circunstancias violentas como las que aquí se debaten, lo cierto es que
en el plenario no se demostró que dicha afectación fuera distinta del daño moral ya
reconocido, ni que constituyera un daño autónomo susceptible de indemnización
oficiosa por daño a bienes constitucional o convencionalmente protegidos,
motivo por el cual no se concederá indemnización pecuniaria por este
concepto.

Con todo, es importante recalcar que la grave violación a los derechos humanos
– como la que se presentó en el caso en concreto – trasciende la esfera individual

pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la
Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por
lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un
parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas
objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la
indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo
probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (Se destaca). Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial
del 28 de agosto de 2014, expediente 28832 y expediente 31170.
118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 y exp. 26251.

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

y subjetiva del titular de tales derechos, pues se ha reconocido que también
contienen un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir
que dichas transgresiones se vuelvan a producir, es dable disponer las medidas
de protección dirigidas a reparar integralmente el menoscabo padecido por los
demandantes, sin que ello implique el desconocimiento de los principios de
jurisdicción rogada y de congruencia, por cuanto el Estado y todas las instituciones
que lo integran, incluido el Ejército Nacional, tienen la obligación constitucional y
legal de adoptar todas las medidas tendientes a la proteger la vida e integridad
física de sus uniformados.

En tal sentido, como mecanismo de reparación no pecuniaria se dispondrá que
esta sentencia declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la
muerte del uniformado Sergio Andrés Prada Dimas constituye – per se – una
forma de reparación integral y, en tal sentido, se le ordenará al Ministerio de
Defensa – Policía y Ejército Nacional establecer un link en su página web con un
encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad por los hechos
aquí debatidos y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta
providencia. Es así, que en el término de dos (2) meses, contados a partir de la
ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que
contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del
respectivo vínculo durante el período de dos (2) meses, que se contarán desde la
fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de
esa institución.

8.3.- Finalmente, en el escrito de la demanda se solicitó la indemnización por
concepto de perjuicios materiales, a título de lucro cesante, por la suma de
$1.692.000.000 para Sandra del Pilar Vélez y Sergio Andrés Prada Vélez. A su
turno, el Tribunal Administrativo del Cauca reconoció por este concepto la suma
de $855.817.854.65 exclusivamente para Sergio Andrés Prada Vélez.

Ahora bien, sobre el lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de
la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

hecho lesivo, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los
perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización a título de lucro cesante, éste debe
ser cierto y existente119, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente
activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda
económica a su familia y que, a consecuencia del daño, los demandantes dejaron
de percibir el salario sustento del núcleo familiar.

Por otra parte, para liquidar este concepto debe aplicarse la jurisprudencia de la
Corporación en la que se ha reconocido la presunción según la cual los padres
contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los
25 años120 en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del
artículo 411 del Código Civil121, presunción de hombre que, desde luego, es
susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.

Entonces, el reconocimiento del lucro cesante se efectuará a favor del hijo de la
víctima. Para el efecto, se tomará el ingreso base de liquidación que corresponde
a la suma de $3.350.859122, a lo que adicionará un 25% por concepto de
prestaciones y se descontará un 25% que es lo que se presume la víctima
utilizaba para sus gastos personales. En tal virtud, el ingreso base de liquidación
corresponde a la suma $3.141.430,01 rubro que al ser actualizado arroja como
resultado la suma de $5.996.593,46

Ahora, para la distribución entre los beneficiarios con derecho, se deben tener en
cuenta dos (2) periodos indemnizatorios, a saber:

119 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 1º

de marzo de 2006, Rad.: 17256 y del 21 de mayo de 2007, Rad.: 15989.
120 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2010. Rad.: 17047, en

Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817 – 2017 Sección Tercera Tomo B,
Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 149, disponible en: https://bit.ly/3gjjduK.
121 “Artículo 411. Se deben alimentos: […] 2. A los descendientes”.
122 Fl. 279, C.2.

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Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

i) Primer periodo: este periodo se encuentra comprendido desde el día del
fallecimiento de Sergio Andrés Prada Dimas (7 de diciembre de 2013) y la fecha
de esta sentencia (9 de diciembre de 2025).

Para calcular el lucro cesante consolidado durante este periodo se utilizará la
siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i

S = $5.996.593,46 (1+ 0,004867) 140,1 - 1
0,004867

S = $1.200.424.745,15

Según lo expuesto, se evidencia que por el lucro cesante consolidado entre el día
del fallecimiento de Sergio Andrés Prada Dimas (7 de diciembre de 2013) y la
fecha de esta sentencia (9 de diciembre de 2025), corresponde a la suma de
$1.200.424.745,15 para Sergio Andrés Prada Vélez.

ii) Segundo periodo: este periodo se encuentra comprendido desde la fecha
en que fue aprobada esta sentencia (9 de diciembre de 2025) y el 20 de marzo de
2036, día en que Sergio Andrés Prada Vélez cumplirá 25 años123.

Para calcular el lucro cesante futuro durante este periodo se utilizará la siguiente
fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i (1 + i)n

S = $5.996.593,46 (1+ 0,004867) 122,6 - 1
0,004867 (1+ 0,004867) 122,6

S = $552.684.056,50

Según lo expuesto, se evidencia que, por el lucro cesante futuro, desde el día
siguiente a la fecha de esta sentencia hasta la fecha en que Sergio Andrés Prada
123 Sergio Andrés Prada Vélez nació el 20 de marzo de 2011 (Fl. 17, C.1.).

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Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

Vélez cumplirá 25 años de edad corresponde una indemnización equivalente a la
suma de $552.684.056,50 para Sergio Andrés Prada Vélez.

En definitiva, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante corresponde la suma de $1.753.108.801,65 para Sergio Andrés Prada
Vélez.

En consecuencia, en la parte resolutiva se modificará la sentencia del 4 de octubre
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional y accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el sentido de: i) condenar a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales,
100 SMLMV para Sergio Andrés Prada Vélez, Edgar Orlando Prada Camacho y
Nancy Dimas Ávila; y 50 SMLMV para Edgar Orlando, Diego Fernando y Mayra
Alejandra Prada Dimas; y por lucro cesante, la suma de $1.753.108.801,65 para
Sergio Andrés Prada Vélez; y ii) declarar, que esta providencia – per se –
constituye una forma de reparación, por lo cual se ordenará su publicación en el
sitio oficial de la entidad demandada como medida resarcitoria no pecuniaria.

9. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del
Código General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su
composición, esto es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares
de la justicia y agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con
criterios objetivos y verificables en el expediente”. Precisamente, frente a las
reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que
ésta procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.

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Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas en segunda instancia a la parte demandada, toda vez que el
recurso de apelación que interpuso no prosperó y por tanto resultó vencida. La
liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho124 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora125.

A su turno, el Acuerdo 2222 de 2003126 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determinó que, en los procesos ordinarios en
segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta el 5% del valor de las
pretensiones127.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte
demandante en segunda instancia comprendió la presentación de recurso de
apelación en la oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las
agencias en derecho a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía y
Ejército Nacional, las cuales se fijan en la suma de $1.692.000.oo, que
corresponde al 1% de las pretensiones solicitadas en la demanda. Dicha suma se
dividirá en partes iguales entre cada uno de los demandantes.

124 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
125 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
126 “Por el cual se modifica el Acuerdo 1887 del 27 de junio de 2003 sobre fijación de agencias en

derecho”.
127 “Artículo 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: 1.1. Proceso ordinario.

(…) Segunda instancia. Hasta el cinco por ciento (5) del valor de las pretensiones confirmadas o
revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega obligaciones de
hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este
concepto. En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de
hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)”.

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Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 4 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, la cual quedará así:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de
Sandra del Pilar Vélez Sua, Álvaro Prada Camacho y Eddy Prada Camacho, por las
razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía y Ejército Nacional, por la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas,
ocurrida el 7 de diciembre de 2013 en el municipio de Inzá (Cauca).

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército
Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales, los siguientes valores:
Nombre Valor total

Sergio Andrés Prada Vélez 100 SMLMV
Edgar Orlando Prada Camacho 100 SMLMV
Nancy Dimas Ávila 100 SMLMV
Edgar Orlando Prada Dimas 50 SMLMV
Diego Fernanda Prada Dimas 50 SMLMV
Mayra Alejandra Prada Dimas 50 SMLMV

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército
Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, la
suma de $1.753.108.801,65 para Sergio Andrés Prada Vélez.

QUINTO: DECLARAR que esta sentencia – per se – constituye una forma de
reparación de las víctimas demandantes, por lo cual el Ministerio de Defensa – Policía
y Ejército Nacional tendrá que establecer un link en su página web con un encabezado
en el que se reconozca públicamente su responsabilidad por los hechos aquí
debatidos y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia,
atendiendo los lineamientos y términos fijado en la parte motiva de este proveído.

SEXTO: CONMINAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército
Nacional para que, una vez pague la condena que aquí se le impone, repita contra
las FARC como organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar
reproche jurídico por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o contra
el fondo constituido por el Gobierno Nacional para estos efectos, según los términos
descritos en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

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Radicado: 19001233300020160001002 (66034)
Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

OCTAVO: REMITIR copia de la presente providencia a la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP), para lo de su competencia.

NOVENO: CONDENAR en costas a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía y
Ejército Nacional, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la
Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso.

DECIMO: CONDENAR en agencias en derecho a la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía y Ejército Nacional en la suma de $1.792.000,.oo, la cual se dividirá en
partes iguales entre los demandantes.”

SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto

VF/EX1

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