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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00025-01

Fecha
29 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00025-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2018, por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en favor del municipio de Caloto y fijar las agencias en derecho de segunda instancia por la suma de 44 “ACUERDO 1887 DE 2003 ‘Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho’. (…). Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones. (…). Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…) III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…). 3.1.3. Segunda instancia. (...) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia” (se resalta). 45 En este punto, resulta importante señalar que, si bien en la demanda se solicitó el amparo de pobreza, mediante auto del 8 de junio de 2017 se negó, por cuanto a pesar de aducir en el escrito inicial que se aportaba dicha solicitud en escrito separado, tal y como lo exigía el artículo 161 del CPC, no se presentó tal escrito (folios 144 y 145, c. 1). 46 En tanto que, en la primera instancia el Tribunal condenó por el 0.5% de las pretensiones negadas. 17 Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655) Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto Demandado: Municipio de Caloto Referencia: Reparación directa veintiún millones novecientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos ($21’979.146) a cargo de la parte actora. El Tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2016-00025-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

29 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

Temas: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Mecanismo
idóneo para cuestionar el incumplimiento de una obligación derivada de un convenio
interadministrativo – adecuación de oficio al trámite correspondiente / CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL – en el presente caso operó dicho fenómeno jurídico –
INAPLICABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD - los recursos de Asignación
Especial del Sistema General de Participación para Resguardos Indígenas son bienes
imprescriptibles pero enajenables.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
a través de la cual declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

Se demanda la reparación de un daño patrimonial causado por la desviación y
pérdida de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de
Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI).

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 30 de agosto de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual se decidió la demanda de reparación
directa instaurada el 18 de diciembre de 20151 por el resguardo indígena de la
Parcialidad Huellas Caloto en contra del municipio de Caloto (Cauca), con el fin de
que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios causados por “la
desviación, obstaculización, traslado y pérdida” de los recursos de la Asignación
Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas -en
adelante AESGPRI-.

La demanda

2. Como soporte fáctico de sus pretensiones, indicó que en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 715 de 2001, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público realizó las transferencias de Asignación Especial del Sistema General de
Participaciones para el resguardo indígena demandante, dinero que fue consignado
en la cuenta bancaria No. 110-585-00057-3, cuyo titular era el municipio de Caloto,

1
Folio 108, c. 1.

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

en la que se administraban los recursos del demandante destinados a los planes y
proyectos propios del territorio indígena ancestral, de acuerdo con el contrato de
administración suscrito cada año fiscal (antes del 31 de diciembre de cada año)
entre la entidad territorial y la autoridad del referido resguardo indígena.

3. Sostuvo que, con ocasión del informe final de la auditoría regular con
enfoque integral sobre las vigencias fiscales de 2010 y 2011 del municipio de
Caloto, llevado a cabo por la Contraloría General del Cauca, se encontraron
faltantes de dinero de los recursos de AESGPRI durante los años 2008 a 2011, ya
que no estaban depositados en la cuenta bancaria No. 110-585-00057-3. En virtud
de ello, el personero del municipio presentó un informe en el que relacionó un
estado “de saldo sin devolución” que estimó en $778’708.563, por lo que las
autoridades del resguardo indígena demandante contrataron a un abogado y a una
contadora pública e interpusieron una demanda contencioso administrativa por los
daños patrimoniales causados en las vigencias fiscales 2008 a 2011 (proceso
radicado bajo el número 19001233300420150033300).

4. Posteriormente, el resguardo consideró pertinente llevar a cabo un dictamen
financiero de los soportes contables obrantes en el archivo del municipio de Caloto,
que no habían sido analizados por la Contraloría, en relación con la ejecución
presupuestal de los dineros del resguardo de la Parcialidad de Huellas Caloto entre
los años 2001 a 2007. El 30 de junio de 2015, se conoció el informe pericial que
arrojó un faltante en dichas vigencias fiscales por la suma de $947’278.459,
atribuible a capital y el valor de $2.159’850.902, por concepto de intereses
financieros dejados de percibir desde “esas fechas” hasta el mes de junio de 2015,
sumas respecto de las que se solicita el pago a través de la presente demanda a
título de perjuicios materiales.

5. Por último, señaló que se causó un daño antijurídico consistente en la
pérdida de dineros públicos de propiedad del resguardo indígena, los cuales
estaban bajo la custodia y administración del municipio demandado, por lo que
debía responder patrimonialmente por los perjuicios ocasionados a dicha
comunidad que cuenta con especial protección constitucional2.

La defensa

6. El municipio de Caloto en su defensa propuso las siguientes excepciones: (i)
indebida escogencia de la acción, por cuanto el daño que se reclama habría tenido
origen en el incumplimiento de los contratos de administración de los recursos del
SGP (Sistema General de Participaciones) suscritos entre el municipio y el
resguardo de la Parcialidad Huellas Caloto (años 2001 a 2007), por lo que debía
dirimirse como una controversia contractual; (ii) caducidad, puesto que, en el
clausulado contractual, se pactó la obligación del comité de seguimiento y
evaluación de registrar las eventuales inconsistencias una vez terminada cada
vigencia fiscal, autorizando a la autoridad indígena verificar la correcta ejecución de
dichos recursos y, por tanto, no podía pretender revivir los términos legales

2
Folios 78 a 105, c. 1.

2

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

aduciendo el resultado de un dictamen contable y financiero realizado en 2015.
Agregó que, de considerarse que el medio de control procedente era el de
reparación directa, también estaba caducado, en tanto que el 16 de octubre de 2012
el tesorero municipal entregó al gobernador del Resguardo para la época, un
“estado de deuda” que abarcaba los periodos 2001 a 2007, por lo que no resultaba
viable alegar un desconocimiento de las supuestas inconsistencias hasta 2015, por
manera que se debió presentar la solicitud de conciliación y/o la demanda máximo
para el 16 de octubre de 2014 y, (iii) “imposibilidad de probar el daño cierto”, dado
que el resguardo indígena continúa desarrollando las actividades propias de su
colectividad, sin menoscabo de su cultura o moral, al punto que se incrementó dicha
población en un 20% entre el 2005 y el 2009 y no había prueba alguna sobre una
afectación económica o psicológica de la comunidad demandante3.

7. Surtido el debate probatorio4, la parte demandante arguyó que en el presente
asunto no eran aplicables las normas de caducidad, dado que el objeto del litigio
recaía sobre bienes estatales imprescriptibles e inenajenables (art. 164, numeral 1,
literal b, del CPACA) e insistió en los demás argumentos expuestos en la demanda5;
por su parte, el demandado reiteró las excepciones formuladas en la contestación 6.

8. El Ministerio Público indicó que el medio de control procedente en el sub
examine era el de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto el daño
invocado devino de la apropiación de recursos por parte del municipio demandado,
lo cual se concretó a través de “los planes y presupuestos” adoptados por el concejo

3
Folios 155 a 169, c. 1.
4
En la audiencia inicial llevada a cabo el 24 de abril de 2018, se decretaron los siguientes medios de prueba:
Documentales: 1) Informe financiero, cuyo contenido versa sobre los dineros faltantes de la cuenta especial
separada No. 110.-585-00057 perteneciente al Resguardo Indígena de la Parcialidad de Huellas Caloto, entre
los periodos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y la liquidación de los intereses financieros que dejaron
de producirse en los años establecidos (anexó disco compacto con el informe). 2) copia autenticada del Acta
de Posesión del Cabildo y de la señora gobernadora principal Margarita Hilamo Mestizo y certificación del
tiempo en que ocupó el cargo. 3) copia de la Resolución 00036 de 1998 del INCORA. 4) Certificación de la
Dirección de asuntos indígenas, minorías y ROM del Ministerio del Interior. 5) Informe de investigación realizado
por el Personero Municipal de Caloto respecto de los dineros del Sistema General de Participaciones (SGP).
6) Oficios No. 201442209901471 del 15 de octubre de 2014 y 20144221047541 del 19 de noviembre de 2014
del DPN. 7) Respuesta al derecho de petición No. 20156630317182 por parte del DPN. 8) Respuesta del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 18 de agosto de 2015, bajo el radicado 2-2015-031763. 9.
Contratos para la ejecución de recursos, correspondiente a los años 2001 y 2007. 10. “Estado de deuda” del
16 de octubre de 2012. 11) Consignación bancaria de los recursos faltantes. 12) Copia del libro auxiliar por
cuenta que refleja el valor consignado al resguardo. 13) Extracto Banco Popular. 14) Copia de información
estadística, proyecciones de población de los resguardos indígenas, en especial, el de la Parcialidad de Huellas
Caloto, vigencias 2005 – 2009. 15) Copia contrato de administración y presupuesto de inversión, vigencia
2005.16) Contratos de prestación de servicios de años 2008, 2011, 2012 y 2014. 17) Certificación de archivo y
correspondencia. Oficios: 1) Al alcalde del municipio de Caloto para que rinda un informe por escrito, bajo
juramento, en el que resuelva los interrogantes planteados a folios 97 y 98 de la demanda. 2) A la Contraloría
General del Cauca para que remita copia íntegra y auténtica de los informes de las auditorías realizadas al
municipio de Caloto. 3) A la Procuraduría General de la Nación – Cauca, para que remita copia de la actuación
adelantada con ocasión de la queja presentada por el señor Elier Erney Castillo Cárdenas. 4) Al Banco Popular
– Agencia de Cali, para que allegue los estados de cuenta separada No. 1105850057, del municipio de Caloto
para los años 2001 a 2007. 5) Al municipio de Caloto para que allegue el presupuesto general del municipio y
su liquidación para las vigencias fiscales 2001 a 2007, los informes, notificaciones, y demás actuaciones
realizadas cada año para dar a conocer al Resguardo Indígena de Huellas Caloto de la ejecución de los
recursos de la asignación especial indígena de las vigencias fiscales del 2001 a 2007. 6) los presupuestos de
inversión y su liquidación para las mismas vigencias. Testimonios: 1. Margarita Hilamo Mestizo (gobernadora
del resguardo indígena). 2. Elier Erney Castillo (personero municipal). Audiencia para la discusión del dictamen
pericial (folios 231 a 240, c. 2).
5
Folios 298 a 306, c. 2.
6
Folios 286 a 297, c. 2.

3

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

municipal de Caloto y, por ende, debió perseguir la anulación de los actos
administrativos que dispusieron de los recursos asignados al resguardo indígena
demandante, máxime teniendo en cuenta que las desviaciones o pérdidas que se
alegan tuvieron lugar año a año entre las vigencias 2001 a 2007, frente a lo cual
operó la caducidad del mentado medio de control. Añadió que, si en gracia de
discusión se admitiera que no operó tal fenómeno, se debían negar las
pretensiones, toda vez que no se acreditó la configuración de un daño antijurídico,
pues la única prueba del mismo era un dictamen pericial presentado por la parte
actora, el cual no cumplía con los requisitos exigidos por la ley7.

La decisión recurrida

9. El Tribunal Administrativo del Cauca declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa, por considerar que no
resultaba aplicable la excepción prevista en el artículo 164, numeral 1, literal b, en
tanto que los recursos de la AESGPRI eran bienes imprescriptibles, pero
enajenables, pues se trataba de dineros que se transferían del dominio de la Nación
al resguardo indígena y que, a pesar de que tenían una destinación propia o
especial, ello no implicaba su inenajenabilidad.

10. Sostuvo que se acreditó que la parte actora conocía de la administración y
estado financiero de los dineros de la cuenta AESGPRI al término de cada año,
puesto que el resguardo realizó asambleas anuales para la rendición de la gestión
y de las cuentas que ante él hacía su respectivo gobernador durante los años 2001
a 2007, según lo aseguró la testigo Margarita Hilamo, quien es miembro de la
comunidad y fue gobernadora del resguardo, al tiempo que el municipio de Caloto
expedía los actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto
asignado al resguardo de la Parcialidad de Huellas Caloto cada año.

11. Agregó que, en todo caso, el 16 de octubre de 2012, el Tesorero Municipal
de Caloto hizo entrega al gobernador del resguardo indígena demandante del
“informe completo de la deuda” en el que reconoció un saldo a favor del
demandante por la suma de $428’767.804 y que, contrario a lo afirmado por la
actora, dicho informe no tenía un limitación temporal del crédito, sino que como
expresamente se indicó, se trataba del informe completo de lo adeudado, por
manera que al haber transcurrido más de dos años desde que conoció del daño
hasta la presentación de la solicitud de conciliación y de la demanda, se imponía
concluir que operó la caducidad.

12. Finalmente, indicó que el argumento según el cual el resguardo indígena no
tuvo dominio del manejo de los referidos recursos ni control sobre los mismos, no
tenía sustento probatorio y, por el contrario, se demostró que en los convenios
celebrados entre la autoridad municipal y el demandante se plasmó la cláusula de
“Mecanismo de seguimiento y evaluación”, para lo que se acordó en los convenios
de los años 2001 a 2007, entre otros, los siguientes: (i) informes del municipio cada
6 meses para saber cómo se habían ejecutado los recursos; (ii) habilitación a la

7
Folios 277 a 285, c. 2

4

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

autoridad indígena para revisar los libros de contabilidad de la ejecución; (iii)
revisión y control por la Contraloría Departamental y demás organismos de
vigilancia y, (iv) nombramiento por parte del resguardo de un comité veedor que
pudiera revisar sin restricción los libros contables, extractos bancarios, cuentas y
demás documentos cuando lo estimara conveniente8.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

13. En su apelación, la parte actora cuestionó la decisión que declaró la
caducidad del medio de control ejercido, pues partió de afirmar que el artículo 63
de la Constitución Política, las normas del Código Civil que regulan la clasificación
de los bienes y el numeral 4 del artículo 375 del CGP, clasifican los recursos de la
AESGPRI como bienes fiscales imprescriptibles; asimismo, señaló que el dinero
perteneciente a los resguardos indígenas se reputan -por ficción legal- como bienes
inmuebles por destinación, dada la disposición expresa y permanente del
propietario, por lo que revisten la característica de inenajenable y, por ende, la parte
demandante podía ejercer la referida acción indemnizatoria en cualquier tiempo,
conforme a las normas de caducidad previstas en el artículo 164 del CPACA.

14. Agregó que el juez no limitó la eficacia del testimonio de la señora Margarita
Hilamo, a pesar de que no se aportó documento alguno que corroborara que cada
año se rendía informe ante la Asamblea General de Comuneros Indígenas, así
como tampoco de los informes de gestión y de las cuentas que debían
supuestamente presentarse cada año, desconociendo lo dispuesto en el artículo
225 del CGP, de modo que resultaba imposible deducir de un solo testimonio el
conocimiento del daño causado a la parte actora; añadió que, el informe del
tesorero del municipio sí tenía un límite temporal, el cual fue determinado en el
mismo y que, además, su contenido se refería a saldos a favor y no faltantes como
lo aseguró el a quo. Como consecuencia, solicitó revocar la sentencia, analizar el
fondo del asunto y acceder a las pretensiones9.

15. En el término para alegar de conclusión, la parte actora reiteró en su
integridad los argumentos expuestos en el recurso de apelación10, mientras que el
demandado y el Ministerio Público guardaron silencio11.

III. CONSIDERACIONES

16. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

Objeto del recurso de apelación

8
Folios 322 a 336, c. Ppal.
9
Folios 338 a 356, c. Ppal.
10
Folios 372 a 376, c. Ppal.
11
Folio 377, c. Ppal.

5

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

17. De cara al argumento central planteado en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si la demanda se ejerció de forma oportuna, previo
a la cual, resulta necesario determinar la procedencia del medio de control ejercido.

Sobre la acción procedente en el presente asunto

18. La escogencia del medio de control se debe determinar por la génesis del
daño en que se fundamenta la causa petendi. En términos generales, si la causa
del daño radica en la presunta ilegalidad de un acto administrativo –que no sea de
naturaleza contractual–, el medio de control procedente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 138 del CPACA, es el de nulidad y restablecimiento del
derecho; si la causa se concreta en un hecho, en una omisión, en una operación
administrativa o en la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa, el medio de control a ejercer es el de
reparación directa, según lo establece el artículo 140 de la misma normativa; pero
si la causa recae en un contrato, entonces el que procede es el de controversias
contractuales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 141 ibidem, que dispone
que a través de este medio de control se puede solicitar que “se declare la
existencia o la nulidad del negocio jurídico, que se hagan las declaraciones,
condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”.

19. Para establecer el origen del daño y el medio de control procedente en el
sub júdice, la Sala realizará un análisis e interpretación sistemática de la demanda,
dada la falta de precisión de las pretensiones que persiguen la declaratoria de
responsabilidad del municipio de Caloto, cuyo contenido es del siguiente tenor
literal:

“1. Declarar que la parte demandada… es responsable patrimonialmente por el daño
antijurídico que le es imputable por las acciones y omisiones (a. 90, Const. Polít.),
para que indemnice, compense, pague frutos por los perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados a la Parte Actora… con la afectación de la identidad
cultural indígena — como consecuencia de los hechos, acciones, omisiones,
operaciones administrativas y de cualquier otra causa que se establezca en el
proceso (a. 140, CPACA) con los presuntos hechos ilícitos de (i) desviación,
obstaculización, traslado y pérdida (a. 96, L, 715/01) de los bienes estatales
imprescriptibles y de inversión social y de transferencias de la Nación por
las cuantías y los montos que se indican en esta demanda de acuerdo con las
documentales existentes que se aportan y lo que se establezca en el proceso – de
los dineros para la prestación de los servicios a cargo de la Nación que se transfieren
a las entidades territoriales según sus competencias General (art. 359-1-2, Const.
para Polit.) y los de Asignación Especial del Sistema General Participaciones
(AESGPRI)… girados por la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO - Art. 85 y siguientes L. 715/01 - al MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA
entre los años fiscales 2001 a 2007 que de propiedad y disposición colectiva
exclusiva de la comunidad del Resguardo Indígena de la Parcialidad de Huellas
Caloto, recursos con reglamentación orgánica en la Ley 715 de 2001…”.

“2. Que, como consecuencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del
daño antijurídico que le es imputable, se condene en concreto a la entidad territorial
del Municipio de Caloto, Parte Demandada, a indemnizar a la parte Actora… de

6

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

las condiciones civiles indicadas… con el pago del valor de los perjuicios que
restablezcan o recuperen los dineros desviados, obstaculizados, traslados y
perdidos y los que compensen el valor de los daños y perjuicios materiales, causados
tanto como los perjuicios morales, que señale el Tribunal y los inmateriales — daño
a la vida en relación de la comunidad indígena por afectación de la identidad cultural
que se causaron con el daño antijurídico ocasionado con la sustracción,
desviación, traslado y pérdida de los bienes estatales de transferencia y de
inversión social de destinación específica de propiedad del Resguardo
Indígena y con el incumplimiento de las funciones administrativas de ley (A.
83, L. 715/01) a cargo del MUNICIPIO DE CALOTO, entre los años 2001 y 2007,
consistente en administrar en cuenta bancaria separada de la propia de la
entidad territorial a pesar de haber celebrado un contrato de administración
con el Resguardo Indígena sobre la distribución y el uso de los recursos
asignados y consignados por la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA para
cada uno de los años fiscales mencionados, bajo el entendido del precepto legal
del respeto a los derechos humanos fundamentales de identidad cultural y
participación de los resguardos en las rentas de la Nación…

“A.1. PERJUICIOS MORALES… el equivalente a 1000 salarios mínimos mensuales
vigentes…

“A.2. DAÑO A LA VIDA RELACIÓN… el equivalente a 1000 salarios mínimos
mensuales vigentes…

“B. 1. En la modalidad de DAÑO EMERGENTE PASADO O CONSOLIDADO… la
suma total de capital sustraído de… $947.278.459… entre los años 2001 a 2007.

“B.2. En la modalidad de LUCRO CESANTE PASADO se debe al resguardo… los
intereses financieros liquidados a la tasa del primer trimestre de 2015… que arroja
un resultado de $2’159.850.902…”12 (resalta la Sala)

20. En el fundamento fáctico y jurídico de las pretensiones, el demandante
concreta el daño en la pérdida y desviación de los recursos de Asignación Especial
del Sistema General de Participaciones de propiedad del Resguardo Indígena de
la Parcialidad Huellas Caloto atinentes a las vigencias fiscales 2001 a 2007, los
cuales eran administrados por ese municipio, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 83 de la Ley 715 de 200113, que dispone que para la administración de tales
recursos, la entidad territorial y la comunidad indígena deben suscribir un contrato
de administración para cada año fiscal. En los siguientes términos literales se narró
en la demanda:

“Con base en el A. 83 de /a Ley 715 / 2001 - con las modificaciones y adiciones de
ley - se realizaron las transferencias de asignación especial para el RESGUARDO
INDÍGENA DE LA PARCIALIDAD DE HUELLAS CALOTO por parte del
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, previa determinación del
monto asignado por parte del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -
DNP, desde el año 2000 los que fueron consignados en la CUENTA BANCARIA
ESPECIAL SEPARADA [Banco Popular - Sucursal Unicentro de Cali - No. 110 585
• 00057 -3° o, abreviado, No. 057 - 3] abierta por el MUNICIPIO DE CALOTO para el
manejo y administración de los recursos con 'los que las autoridades del Resguardo
Indígena cuentan para invertir en sus planes y proyectos… agropecuarios,
recuperación de tierras y demás propios de los usos y costumbres y de la

12
Folios 81 a 85, c. 1.
13
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

7

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

cosmovisión de su Territorio Indígena Ancestral, ello bajo el supuesto de la libre
destinación o inversión en el uso de los dineros.

2. Lo anterior se plasma expresamente en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN
conforme a los dictados de la comunidad indígena y que por ley debe celebrarse
cada año fiscal antes del 31 de diciembre de cada año por el monto del capital
total señalado por el Gobierno Nacional (CONPES SOCIAL), suscrito entre la
entidad territorial y las autoridades del resguardo según lo dispone el Art. 83,
Ley 715 de 2001, siendo éste un contrato típico y especial no contemplado en la Ley
80 de 1993 sino en la norma legal orgánica antes citada…

“(…)

“II. HECHOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

1. Tras haberse ordenado el 15 de junio de 2015 por parte de la autoridad del
RESGUARDO INDÍGENA LA PARCIALIDAD DE HUELLAS CALOTO el dictamen
financiero respecto de la ejecución presupuestal de los dineros del RESGUARDO…
entre los años 2001 a 2007, administrados por el Municipio de caloto, la Contadora
Pública contratada por el Cabildo, doctora YAMILE NAVARRETE GUTIÉRREZ…
hizo público el resultado de su dictamen el día 30 de Junio de 2015 mediante su
estudio que arrojó un faltante por la suma de $947,278,459.00 de capital entre los
años 2001 a 2007, según lo verificado y comprobado en los soportes contables del
Municipio de Caloto, junto con una liquidación de intereses financieros dejados
de percibir desde esas fechas hasta el mes de Junio de 2015 por valor de
$2,159,850,902.01.

“(…)

“5. Cada año fiscal — de estos siete (7) años escrutados 2001, 2002, 2003 , 2004 ,
2005, 2006 y 2007 - se celebró el respectivo CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN
• A. 83, L. 715/01 - entre la entidad territorial MUNICIPIO DE CALOTO y la
autoridad indígena del RESGUARDO INDÍGENA DE LA PARCIALIDAD DE
HUELLAS CALOTO, cuyas copias autenticadas deberán ser presentadas por el
MUNICIPIO… al contestar la demanda, dado que los originales están en su poder y
en caso de que no se contestara la demanda, deberán ser solicitadas por el H.
Magistrado Ponente del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca como orden
judicial perentoria…”14 (negrilla añadida).

21. En efecto, al revisar el contenido del Título V de la Ley 715 de 2001, que
regula las disposiciones comunes al Sistema General de Participaciones, se
observa que respecto de los resguardos indígenas se estableció que, en tanto no
sean constituidos como entidades territoriales serían beneficiarios del SGP los
legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al Departamento
Nacional de Estadísticas, DANE, y al Departamento Nacional de Planeación en el
año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se programaban los recursos
(artículo 82).

22. En relación con la distribución y administración de los recursos para
resguardos indígenas, el artículo 83 de la citada Ley estableció:

“Los recursos para los resguardos indígenas se distribuirán en proporción a la
participación de la población de la entidad o resguardo indígena, en el total de
población indígena reportada por el Incora al DANE.

14
Folios 86 a 90, c. 1.

8

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

“Los recursos asignados a los resguardos indígenas, serán administrados por
el municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. Cuando este quede en
jurisdicción de varios municipios, los recursos serán girados a cada uno de los
municipios en proporción a la población indígena que comprenda. Sin embargo
deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de las entidades
territoriales y para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad
territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada
año, en la que se determine el uso de los recursos en el año siguiente. Copia de
dicho contrato se enviará antes del 20 de enero al Ministerio del Interior.

“Cuando los resguardos se erijan como Entidades Territoriales Indígenas, sus
autoridades recibirán y administrarán directamente la transferencia.

“Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas deberán
destinarse a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al
Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica primaria y media, agua potable,
vivienda y desarrollo agropecuario de la población indígena. En todo caso, siempre
que la Nación realice inversiones en beneficio de la población indígena de dichos
resguardos, las autoridades indígenas dispondrán parte de estos recursos para
cofinanciar dichos proyectos.

“Las secretarías departamentales de planeación, o quien haga sus veces, deberá
desarrollar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los resguardos
indígenas y autoridades municipales, para la adecuada programación y uso de los
recursos…” (se destaca).

23. Frente al manejo de los citados recursos, la alcaldesa del municipio de
Caloto, al responder el oficio del Tribunal S-357 del 25 de abril de 2018, al
interrogante: ¿cuál era la entidad encargada del manejo de los recursos del
Resguardo Indígena de la Parcialidad de Huellas Caloto?, respondió que, en
ejercicio del cargo de Tesorera Municipal durante el periodo 2007-2010 y en la
actualidad como Alcaldesa Municipal, los recursos del resguardo se debían manejar
teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 83 de la Ley 715 de 2001, “que
establece de manera expresa e imperativa que para la ejecución de los
recursos AESGPRI deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y
las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la
que se determine el uso de los recursos en el año siguiente”, concluyendo en
su respuesta que (se transcribe conforme obra):

“Resulta claro que la administración de estos recursos está condicionada a la
suscripción de un contrato entre el alcalde municipal y las autoridades del resguardo
indígena, que habilita el primero para que pueda proceder a la ejecución de los
proyectos priorizados por el resguardo indígena y que sean financiados con
recursos de la AESGPRI, de conformidad a la priorización, los resguardos ejecutan
sus proyectos. Por mandato del artículo 83 de la Ley 715 de 2001, modificado por
el artículo 13 de la Ley 1450 de 2011, ‘Los proyectos de inversión deberán estar
incluidos en el contrato de administración celebrado con el municipio’, el contrato
es el instrumento legal que le permite al alcalde municipal iniciar el proceso de
administración y ejecución de recursos de la AESGPRI ubicados en jurisdicción del
municipio”15 (subrayado añadido).

15
Folios 16 y 17, c. 3.

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Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

24. Bajo estos supuestos, al detenerse en el análisis de las pretensiones, las
pruebas allegadas al plenario y los demás argumentos expuestos en la demanda,
se arriba a la conclusión de que el daño cuya indemnización se persigue se asocia
al objeto y ejecución de los “contratos de administración”, que estaban obligadas a
suscribir las partes de esta litis por mandato legal (art. 83 de la Ley 715 de 2001) y,
por ende, de cara a la causa en que el demandante sustentó sus pretensiones –
linderos a los que debe sujetarse la Sala en virtud de los principios de congruencia,
preclusión y la regla de señalamiento– se observa que éstas revisten una
naturaleza contractual, pues, aunque intenta aducir el incumplimiento por parte del
municipio de una obligación legal, lo que denota sin lugar a equívocos el petitum,
su soporte fáctico y jurídico, es que se declare el incumplimiento de los convenios
celebrados entre el municipio de Caloto y el Resguardo Indígena de Huellas Caloto,
durante las vigencias fiscales de 2001 a 2007, cuyos objetos consistieron en:

a. Convenio interadministrativo suscrito para la vigencia fiscal de 2001: Cláusula
primera. “El objeto de este convenio es darle aplicación al artículo 25 de la Ley 60
de 199316 y los decretos 1809 de 199317 y 8140 de 1995 en lo concerniente a la
forma como se deberán invertir los recursos de la participación del resguardo en
los ingresos corrientes de la nación”18.

b. Convenios interadministrativos suscritos para las vigencias fiscales de 200219,
200320 y 200421: Cláusula primera. “El objeto de este convenio es darle aplicación
al artículo 356 de la Constitución Nacional22, al artículo 2 y título V de Disposiciones

16
Artículo 25. Participación de los Resguardos Indígenas. Los resguardos indígenas que para efectos del
artículo 357 sean considerados por la Ley como municipios recibirán una participación igual a la transferencia
per percápita nacional, multiplicada por la población indígena que habite en el respectivo resguardo. Dicha
participación se deducirá del monto total de la transferencia, pero al proceder a hacer la distribución conforme
al artículo 240, no se tendrá en cuenta para los municipios en cuya jurisdicción se encuentre el resguardo, la
población indígena correspondiente. Si el resguardo se encuentra en territorio de más de un municipio, la
deducción se hará en función de la proporción de la población del resguardo radicada en cada municipio. La
participación que corresponda al resguardo se administrará por el respectivo municipio, pero deberá
destinarse exclusivamente a inversiones que beneficien a la correspondiente población indígena, para
lo cual se celebrará un contrato entre el municipio o municipios y las autoridades del resguardo. Cuando
los resguardos se erijan como Entidades Territoriales Indígenas, sus autoridades recibirán y administrarán la
transferencia. Este artículo se considera transitorio mientras se aprueba la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial. El Gobierno dará cumplimiento al artículo transitorio 56 de la Constitución” (se resalta).
17
Por el cual se dictan normas fiscales relativas a los territorios indígenas. Cuyo articulado es del siguiente
tenor: “ARTÍCULO 1o. Para los efectos previstos en el artículo 357 de la Constitución Política, todos los
resguardos indígenas legalmente constituidos a la fecha de expedición del presente Decreto serán
considerados como municipios”. “ARTÍCULO 2o. La Participación de cada resguardo indígena en los ingresos
corrientes de la Nación se determinará y administrará en la forma dispuesta por el artículo 25 de la Ley 60 de
1993…”. ARTÍCULO 3o. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto, el Ministerio de Gobierno
certificará ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación cuáles
son los resguardos legalmente constituidos a la fecha de expedición del presente Decreto, en qué Municipios
o divisiones departamentales y en qué Departamentos se encuentran ubicados cada uno de ellos y cuál es su
respectiva población”.
18
Folios 170 y 171, c. 1.
19
Folios 66 y 67, carpeta 4.
20
Folios 85 y 86, carpeta 4.
21
Folios 98 y 99, carpeta 4.
22
Artículo 356: Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a
cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo
de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de
Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios.
Los Distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos para efectos de la
distribución del Sistema General de Participaciones que establezca la ley.

10

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

Comunes al Sistema General de Participaciones de la Ley 715 del 200123 y decreto
159 de 200224”.

c. Convenios interadministrativos suscritos para las vigencias fiscales de 200525,
200626 y 200727: Cláusula primera. “El objeto de este contrato es darle aplicación al
artículo 356 de la Constitución Nacional, al Parágrafo 2 de (sic) y Art. 82 y 83 de la
Ley 715 de 2001, Art. 3 del decreto 159 de 200228 y Decreto 1512 de 200229”.

25. Cabe destacar que en los referidos convenios se pactó como obligaciones a
cargo del municipio de Caloto, de manera general (en todos los convenios), ejecutar
los recursos del SGP de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto acordado
por la comunidad indígena para cada vigencia fiscal. Así, por ejemplo, en el
convenio interadministrativo “para la ejecución de los recursos de transferencias del
Sistema General de Participaciones (S.G.P.) de la vigencia 200730” en la cláusula
tercera se estipularon como obligaciones del municipio, las siguientes:

“OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1) El Municipio de Caloto se compromete a
ejecutar los recursos de acuerdo a los proyectos priorizados por las mismas
comunidades del resguardo en la Asamblea Comunitaria efectuada el día 14 de
enero de 2007, establecidos en el Plan de Inversión vigencia 2007 y presentados
por el Representante Legal el cual se adjunta a este contrato y que hace parte
integral del mismo. 2) El Municipio contratará con el resguardo la ejecución de
algunos proyectos de los diferentes sectores establecidos en el Plan de Inversión
donde este demuestre capacidad para administrar, desarrollar y ejecutar los mismos.
3) El Municipio y el Resguardo promoverá la cofinanciación de los proyectos
presentados y priorizados por la comunidad con sus propios recursos y a través de

Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. Así mismo,
la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre y cuando estos no se hayan
constituido en entidad territorial indígena.
<Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Los recursos
del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la
financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación,
preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento
básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre…”.
23
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
24
Que reglamentó la Ley 715 de 2001.
25
Folios 113 y 114, carpeta 4.
26
Folios 139 y 140, carpeta 4.
27
Folios 173 y 174, carpeta 4.
28
“ARTÍCULO 3. Certificación de información. Para efectos de la distribución de los recursos del Sistema
General de Participaciones asignados a los resguardos indígenas, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, certificará al Departamento Nacional de Planeación la información sobre la población de
los resguardos indígenas legalmente constituidos por municipio y departamento a más tardar el 30 de junio de
cada año. Para establecer los resguardos indígenas constituidos legalmente, la Dirección General de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, deberán prestar
el apoyo requerido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE…”.
29
Que corrigió un yerro de la Ley 715 de 2001, así: “ARTÍCULO 1. Corríjase el inciso 4 del artículo 83 de la
Ley 715 de 2001, en la siguiente forma: ‘Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas
deberán destinarse prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al
régimen subsidiado, educación preescolar, básica, primaria y media, agua potable, vivienda y desarrollo
agropecuario de la población indígena. En todo caso, siempre que la Nación realice inversiones en beneficio
de la población indígena de dichos resguardos, las autoridades indígenas dispondrán parte de estos recursos
para cofinanciar dichos proyectos".
30
Que se toma para efectos prácticos el tenor literal de la cláusula de obligaciones a cargo del municipio,
teniendo en cuenta que en los demás convenios (vigencias fiscales de 2001 a 2006) existen modificaciones en
ciertas palabras o en la redacción, pero sustancialmente se pactaron en todos las mismas obligaciones.

11

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

los fondos de cofinanciación e instituciones. 4) El municipio no podrá hacer ninguna
modificación al presente contrato sin la autorización expresa de la comunidad
indígena y a través del Representante del Resguardo”31 (negrilla añadida).

26. En este contexto, se corrobora que fueron los mencionados convenios
interadministrativos los instrumentos jurídicos que establecieron los términos en
que el municipio debía administrar y ejecutar los recursos del SGP transferidos por
la Nación en favor del ente demandante y que lo que éste cuestiona es el
incumplimiento por parte de la entidad territorial en la destinación total de los
mismos, cuya administración y disposición estaba a cargo de la entidad territorial
en virtud de lo acordado en esos negocios jurídicos. Por tal motivo, dada la
existencia de una relación contractual entre las partes y los reproches
concernientes al incumplimiento de los mismos, las pretensiones deben surtirse
bajo el cauce procesal del medio de control de controversias contractuales, para
que se determine, de ser procedente, la eventual responsabilidad del municipio de
Caloto por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales32.

27. Precisado lo anterior, el artículo 171 del CPACA impone al juez el deber de
examinar detalladamente el libelo para descubrir la real voluntad del demandante,
con base en el contenido y finalidad de las pretensiones y del objeto mismo de la
demanda y adecuarla al cauce procesal correspondiente, como expresión de la
garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y la aplicación del
principio iura novit curia, de manera que se pueda proceder a resolver de fondo la
controversia planteada, siempre y cuando no se identifique algún supuesto que
impida seguir conociendo del proceso, como lo sería la caducidad del medio de
control.

28. La determinación del medio de control resulta de gran relevancia debido a
que con esto se marca la pauta en la verificación del cumplimiento de los
presupuestos de la demanda y de la acción -requisito de procedibilidad, caducidad
y formalidades de la demanda- y, en general, se establece la ritualidad con la que
el juez y las partes van a seguir el proceso; por tal razón, en casos como el que es
objeto análisis, luego de adecuar el cauce procesal de la acción, resulta
imprescindible examinar si se ejerció en tiempo, máxime cuando ese fue el núcleo
de argumentación de la alzada.

Caducidad del medio de control de controversias contractuales

29. En el recurso de apelación se señaló que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 164, numeral 1, literal b, del CPACA, como el objeto del litigio lo constituyen
bienes estatales imprescriptibles e inenajenables, esto es, los recursos de

31
Folios 173 y 174, carpeta 4.
32
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido abundante en el sentido de precisar
que en materia de lo contencioso administrativo, la fuente del daño determina el medio de control procedente
para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la
formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía
jurisdiccional, de allí que si el debate fáctico y jurídico tiene origen en un contrato estatal o un convenio
interadministrativo, como sucede en este caso, el medio de control procedente será el de controversias
contractuales. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2023, exp. 59.938.

12

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

AESGPRI, no aplicaban las normas de caducidad; sin embargo, la Sala advierte
que no le asiste razón al actor por las siguientes razones:

30. En primer lugar, se precisa que si bien el CPACA no resulta aplicable al sub
lite para efectos del conteo de la caducidad, dado que, como se expuso
previamente, la controversia recae sobre unos dineros del SGP de las vigencias
fiscales de los años 2001 a 2007, por manera que la norma de caducidad aplicable
debe ser el Decreto Ley 01 de 1984 -CCA-33.

31. Adicionalmente, debe precisarse que la regla que invoca el actor (art. 164,
numeral 1, literal b) existía desde la Ley 446 de 1998 -artículo 44-34 (norma que
modificó el artículo 136 del CCA); incluso, desde mucho antes, pues, en casos en
los que aún no resultaba aplicable la Ley 446, jurisprudencialmente se había fijado
que no caducaban las acciones que recaían sobre bienes de uso público, por ser
imprescriptibles e inenajenables35.

32. En cuanto al alcance de esta norma, se precisa que ha debido ser
interpretada en distintas ocasiones, pues su texto tiene vacíos que impiden definir
con claridad los litigios a los que se aplica el beneficio de la ausencia de caducidad.
Las reglas de la experiencia permitían razonar que la regla de no caducidad
establecida en el parágrafo 1 del artículo 136 del CCA (contenida también el
CAPACA) se refiere a los litigios sobre actos o derechos cuyo objeto sea un bien
imprescriptible e inalienable del Estado.

33. Teniendo presente el alcance de la mencionada excepción a las reglas del
fenómeno de la caducidad, se precisa que no resulta aplicable al sub examine, dado
que las AESGPRI son bienes fiscales susceptibles de ser enajenados. Ciertamente
el Sistema General de Participaciones es el mecanismo previsto en la Constitución
(art. 356) para hacer efectivo el derecho de participación en las rentas nacionales
(art. 287 C.P.) y asegurar que las entidades territoriales (en este caso los
resguardos indígenas) reciban los recursos necesarios para atender los servicios a
su cargo y financiar adecuadamente su prestación36. En desarrollo de ese artículo,
se expidió la Ley 715 de 2001, refiriéndose al Sistema General de Participaciones
como la concreción del mandato de transferencia de recursos de la Nación hacia
las entidades territoriales contenido en los artículos 356 y 357 de la Carta Política.

33
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. “los términos que hubieren comenzado a correr
(…) se regirán por las leyes vigentes (…) cuando empezaron a correr los términos”; por ello, la norma en que
el demandante soporta la inaplicación de la caducidad se trata, entonces, del parágrafo 1 del artículo 136 del
CCA, que dispone que “cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e
inenajenables la acción no caducará”.
34 Artículo 44 de la Ley 446 de 1998: “Parágrafo 1o. Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales

imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará.
35
“(…) en el presente asunto no opera ningún término de caducidad en razón de la materia litigiosa, toda vez
que el actor funda su demanda en el hecho de que el bien, objeto de un contrato de arrendamiento, es de uso
público, y por ende amparado por la característica constitucional de la imprescriptibilidad, según lo dispone el
art. 63 Superior” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
16 de febrero de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, expediente: 16.596).
36
“Art. 356 (…) Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a
cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo
de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de
Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios (…)”.

13

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
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Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

34. Dichos recursos tal y como lo afirmó en su apelación el demandante, son
bienes “estrictamente fiscales”37, que aun siendo de propiedad pública están dentro
del comercio y, la Administración generalmente los utiliza para el giro ordinario de
sus actividades (art. 674 CC.)38; por lo tanto, se trata de bienes imprescriptibles,
conforme al numeral 4 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil –
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-530 de
1996–, pero no por ello devienen en inenajenables, pues prescriptibilidad y
enajenabilidad no son conceptos asimilables; mientras que la prescripción implica
la posibilidad de adquirir los bienes por el modo denominado usucapión, por
enajenación se entiende “la acción y efecto de pasar a otro el dominio de una
cosa”39; en ese sentido, la inenajenabilidad es una característica que, por lo demás,
en ningún caso, podría predicarse del dinero.

35. La doctrina les ha reconocido el carácter de enajenables a los bienes
fiscales, señalando que “su enajenación está sometida a los requisitos establecidos
en los respectivos códigos o estatutos fiscales de las entidades territoriales, tales
como el previo avalúo y la subasta pública”40.

36. En el sub-lite debe precisarse que el hecho de que los bienes objeto del litigio
se encuentren sometidos a una destinación específica, no les quita su
enajenabilidad natural, tan sólo condiciona la utilización de los dineros a la
satisfacción de una finalidad concreta regulada en la Constitución y la Ley. Así, en
un primer momento, la Nación los transfiere a las entidades territoriales, y cuando
estos bienes cumplen la mencionada finalidad, se habrá transferido su dominio
nuevamente, evidenciándose entonces su carácter enajenable, por lo que de
ninguna manera podrían calificarse como bienes inmuebles por destinación de
propiedad del resguardo, como erróneamente lo afirma el apelante.

37
Los bienes fiscales o patrimoniales son aquellos cuya titularidad corresponde siempre a una persona jurídica
de derecho público de carácter nacional, departamental o municipal y sirven como medios necesarios para la
realización de las funciones y la prestación de los servicios públicos, su uso no es general por parte de los
habitantes y conforman el conjunto de bienes de dominio privado estatal. Estos bienes se subdividen, así: a)
bienes "fiscales comunes", entre los cuales están: edificios de oficinas públicas, escuelas, hospitales, cuarteles,
granjas experimentales, lotes de terreno destinados a obras de infraestructura dirigidas a la instalación o
dotación de servicios públicos, y afines; b) bienes "estrictamente fiscales", como lo son: los recursos de
capital (tributarios y financieros) pertenecientes al Estado y entidades públicas, captados para el
funcionamiento institucional o para la prestación de servicios y para la construcción y mantenimiento de obras
públicas, sumas provenientes de impuestos, arbitrios, multas y/o gravámenes por el uso de servicios públicos,
contribuciones por mejoras, regalías o participación derivada de la explotación de recursos naturales, etc.;
también tienen cabida en este rubro los recursos del presupuesto; c) bienes "fiscales adjudicables", esto es,
los baldíos destinados a ser adjudicados para su explotación económica.
38
“Los bienes del Estado según la clásica distinción de nuestro Código Civil se escinden entre los de uso
público y los fiscales o patrimoniales. Ambos pertenecen a la Hacienda Pública y son de similar naturaleza,
hallándose su diferencia en su destinación o manera de utilizarlos y en su régimen legal como que en los
primeros el uso pertenece a los habitantes del país y están a su servicio permanente (calles, plazas, caminos,
ejidos, etcétera), mientras que los segundos (terrenos, edificios, granjas) sirven al Estado como instrumentos
materiales para la prestación de los servicios públicos, aunque pueden tomarse también como una especie de
reserva patrimonial disponible para fines de utilidad común. Respecto de estos últimos, el estado los posee y
administra a la manera como lo hacen los particulares sobre los bienes de su propiedad…” (negrilla fuera del
texto). Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 697 del 28 de junio de 1995.
39
OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ed. Heliasta. Buenos Aires, 1998.
40
VELÁSQUEZ, Luis Guillermo. Bienes, Editorial Temis. Bogotá, 2000.

14

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

37. Bajo ese designio, como las AESGPRI objeto de la controversia es un bien
fiscal y, por ende, enajenable, fuerza concluir, contrario a lo señalado por la parte
recurrente, que en el presente caso no era posible demandar en cualquier tiempo,
en tanto no resulta aplicable la regla consistente en que los litigios en que se
discutan derechos o actos jurídicos sobre bienes imprescriptibles e inenajenables
no caducan, lo que conduce a señalar que el sub examine sí estaba supeditado al
término de caducidad.

38. Por consiguiente, en el presente asunto para determinar a partir de cuándo
debe computarse el término de caducidad, el Código Contencioso Administrativo –
estatuto aplicable para el momento en que ocurrieron los hechos–, establecía unas
reglas especiales cuando la demanda tenía origen en un contrato. En lo que a este
caso interesa, resulta oportuno traer a colación la regla prevista en el artículo 136,
numeral 10, literal b, la cual disponía:

“ARTÍCULO 136. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de
1989 , Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998. Caducidad de las acciones.

“10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que
se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

“(…)

“b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2)
años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier
causa” (se resalta).

39. De conformidad con el artículo transcrito, teniendo en cuenta que en los
convenios interadministrativos para la administración y ejecución de los recursos
de transferencias del Sistema General de Participaciones de las referidas vigencias
fiscales no se pactó la obligación de liquidarlos y no existe un mandato legal que
así lo imponga, el término de dos años debe contabilizarse desde el día siguiente a
su terminación.

40. Para el caso del convenio interadministrativo suscrito el 2 de enero de 2007
entre el municipio de Caloto y el resguardo indígena demandante “para la ejecución
de los recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones (S.G.P.)
de la vigencia 2007”, se acordó que su duración era “hasta el 31 de diciembre de
2007” (cláusula cuarta)41; por ende, el término de dos años empezó a correr el 1°
de enero de 2008 y feneció el 2 de enero de 2010 (día hábil siguiente). Como la
solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 16 de julio de 201542 y la demanda
el 18 de diciembre del mismo año, se impone concluir que lo fue de manera
extemporánea.

41
Folio 174, c. 1.
42
Folio 72, c. 1.

15

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

41. La misma conclusión resulta aplicable a los demás convenios
interadministrativos, esto es, que caducaron las pretensiones de incumplimiento
contractual, toda vez que, tal y como se resume a continuación, estos convenios
finalizaron en fechas anteriores43:

Fecha de celebración del convenio Fecha de terminación
interadministrativo para la administración de
los recursos de AESGPRI
3 de agosto de 2001 (vigencia fiscal de ese año) 30 de marzo de 2002
21 de febrero de 2002 (vigencia fiscal de ese año) 12 meses contados a partir de la
fecha de su perfeccionamiento.
31 de enero de 2003 (vigencia fiscal de ese año) 11 meses contados a partir de la
fecha de su perfeccionamiento.
2 de enero de 2004 (vigencia fiscal de ese año) 12 meses contados a partir de la
fecha de su perfeccionamiento.
11 de febrero de 2005 (vigencia fiscal de ese año) Hasta el 31 de diciembre de 2005
15 de junio de 2006 (vigencia fiscal de ese año) Hasta el 31 de diciembre de 2006

42. Por consiguiente, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró probada la excepción de caducidad de la acción, pero por los motivos aquí
expuestos.

Costas

43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.

44. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

45. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”. En relación con las agencias en derecho correspondientes a
esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 de
la Ley 1564 de 2012, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.

43
En cuanto al término de duración de los referidos convenios, se pactó hasta el 31 de diciembre de cada año
(terminada la vigencia fiscal) u 11 o 12 meses desde su perfeccionamiento. El 3 de agosto de 2001 su término
de duración fue de 9 meses, hasta el 30 de marzo de 2002, el convenio interadministrativo celebrado para
administrar los recursos del SGP pertenecientes al resguardo Indígena de la Parcialidad de Huellas Caloto del
año 2002 terminó en febrero de 2003; el de 2003, terminó el 31 de diciembre siguiente y así con cada vigencia
fiscal hasta el 31 de diciembre de 2007.

16

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

46. En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, esto es, el Acuerdo
1887 de 200344, la Sala fijará, en la segunda instancia, las agencias en derecho
que estarán a cargo del demandante45 en la suma equivalente al 0.5%46 de las
pretensiones negadas, es decir, veintiún millones novecientos setenta y nueve mil
ciento cuarenta y seis pesos $21’979.146, suma que se reconocerá en favor del
municipio de Caloto.

47. Cabe agregar que, en este caso, el porcentaje de 0,5% obedece a la alta
cuantía de las pretensiones económicas de la demanda que fueron negadas, que
ascendieron a la suma de $4.395’829.361 y, en aplicación del parágrafo 3° del
artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, que señala que “las tarifas por porcentaje se
aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”; amén de que aplicar otro
porcentaje mayor resultaría demasiado oneroso para los demandantes.
Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en
los términos del artículo 366 ejusdem.

III. PARTE RESOLUTIVA

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2018, por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en favor del municipio
de Caloto y fijar las agencias en derecho de segunda instancia por la suma de

44
“ACUERDO 1887 DE 2003
‘Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho’.
(…).
Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los
máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión
ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión
y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje
se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
(…).
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia” (se resalta).
45
En este punto, resulta importante señalar que, si bien en la demanda se solicitó el amparo de pobreza,
mediante auto del 8 de junio de 2017 se negó, por cuanto a pesar de aducir en el escrito inicial que se aportaba
dicha solicitud en escrito separado, tal y como lo exigía el artículo 161 del CPC, no se presentó tal escrito (folios
144 y 145, c. 1).
46
En tanto que, en la primera instancia el Tribunal condenó por el 0.5% de las pretensiones negadas.

17

Radicación: 19001-23-33-003-2016-00025-01 (62.655)
Actor: Resguardo Indígena de la Parcialidad Huellas Caloto
Demandado: Municipio de Caloto
Referencia: Reparación directa

veintiún millones novecientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos
($21’979.146) a cargo de la parte actora. El Tribunal a quo deberá dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

AUSENTE CON PERMISO
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

VF

18

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