Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2016-00099-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2016-00099-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2016-00099-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., 3 (tres) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 19001-23-33-002-2016-00099-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL CAUCA
TESIS: LA QUEBRADA EL UVO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN ES
OBJETO DE CONTAMINACIÓN, LO QUE HA VULNERADO LOS
DERECHOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA. LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A.
E.S.P. COMO ENTIDAD ENCARGADA DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO, ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES LOCALES, ASÍ COMO
DE GARANTIZAR LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD DE
SUS BIENES Y ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
PARA QUE ADELANTEN LAS ACCIONES POLICIVAS PERTINENTES
PARA EVITAR Y/O ELIMINAR LAS CONEXIONES ILEGALES A LA
RED.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DE UN AMBIENTE SANO; LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO
SOSTENIBLE, SU CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O
SUSTITUCIÓN; LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS; Y EL
ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE
GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA, LA REALIZACIÓN DE
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA
ORDENADA, Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
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Actora: Defensoría del Pueblo – Regional Cauca
contra la sentencia del 26 de marzo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca1, que amparó los derechos
colectivos invocados.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
El señor JULIÁN ANDRÉS ROMERO ANTE, en calidad de
DEFENSOR PÚBLICO adscrito a la DEFENSORIA DEL PUEBLO –
REGIONAL CAUCA, instauró acción popular contra LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC2, EL
MUNICIPIO DE POPAYÁN – SECRETARÍA DE SALUD
MUNICIPAL3 Y LA SOCIEDAD ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P., por estimar
vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a
la existencia del equilibrio ecológico y manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a la
seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, la realización de
1 En adelante el Tribunal.
2 En adelante CRC.
3 En adelante el Municipio.
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construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
I.2. Hechos
Adujo que la quebrada El Uvo, a la altura de la vereda San
Bernardino del Municipio de Popayán, es contaminada por el
vertimiento de aguas residuales por parte de la fundación “Renacer
Santa Clara”, por un daño en las tuberías del acueducto y los
desechos del barrio Rincón del Uvo.
Indicó que, desde el año 2014, los habitantes de la vereda San
Bernardino y aledaños a la quebrada El Uvo de Popayán han
solicitado a la CRC, al MUNICIPIO y a la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. ejercer control ambiental
sobre la contaminación de dicho afluente.
Manifestó que, como consecuencia de la denuncia ambiental
presentada por una ciudadana, la CRC ofició a la Junta de Acción
Comunal del barrio Rincón del Uvo para que adelantara las
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gestiones de mitigación por la contaminación generada en la
quebrada El Uvo.
Señaló que el 15 de octubre de 2015 se reiteraron las solicitudes de
actuación e intervención, ya que la contaminación persistía y el
daño ambiental a la quebrada aumentaba.
Informó que se presentaron peticiones a la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., en las que puso de presente
la contaminación en la vereda San Bernardino y la cuenca de la
quebrada El Uvo a raíz de la ausencia de tubos conectores en el
sector norte de la ciudad.
Aseveró que también solicitó al MUNICIPIO que tomara las
medidas ambientales pertinentes con base en el plan de
ordenamiento territorial -POT, en atención a sus competencias de
planeación y aprobación de las construcciones.
Afirmó que la empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. ha
manifestado que no es responsable del diseño y construcción de las
redes de servicios públicos de las unidades residenciales, motivo
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por el que no tomaría acciones en relación con la queja, más allá de
lo de su competencia frente a las redes primarias.
Indicó que las demás entidades no han adelantado gestión alguna y
la afectación a los derechos colectivos permanecía.
I.3. Pretensiones
El actor solicitó lo siguiente:
“[…] Primera: ORDENAR A LOS ACCIONADOS, en el marco de sus
respectivas competencias, HACER CESAR LA VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS invocados o aquellos que de conformidad
con el iura novit curia determine el Juzgador y a su vez, RESTITUIR las
cosas a un estado anterior o RECUPERAR la zona para que se adecue a
las políticas de conservación del medio ambiente, la salubridad, el
equilibrio ecológico.
Para el efecto, se solicita que el honorable juzgador constitucional se
sirva ordenar a:
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC – deberá
intervenir de manera efectiva el área de influencia de la quebrada el
Uvo, mediante acciones tendientes a la recuperación del componente
ambiental y ecológico, donde, de ser necesario, se deban realizar
actuaciones de restauración del ecosistema y de las fuentes de agua.
Adicionalmente, se solicita que inicie los procesos administrativos de
investigación y sanción por la contaminación que se está presentando
en la zona de influencia de la quebrada el Uvo.
EL MUNICIPIO DE POPAYÁN – SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE
POPAYÁN, que intervenga la zona para lograr la erradicación o
mitigación de los riesgos a la salud pública que generan los efectos
contaminantes de las aguas servidas y residuales, así como los
desechos que afectan la quebrada el Uvo y la zona de protección de la
misma, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes
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de la zona. También, que se realicen campañas de vacunación para
prevenir enfermedades en la población, especialmente infantil que
habita en la zona, toda vez que la misma se encuentra en un alto
número de población de roedores, aves de rapiña e insectos.
EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN, que efectúe las
acciones necesarias para canalizar y dotar de sistemas de recolección
aguas servidas y aguas lluvias a la zona, de tal manera que se
prevenga la contaminación por aguas residuales y aprovechen las
aguas lluvias.
Segunda: ORDENAR a los accionados, en el marco de sus
competencias, que una vez ejecutadas las acciones solicitadas en el
punto anterior, se ejerza CONTROL PREVENTIVO SOBRE LA ZONA,
para que la situación no se repita y se garantice de esa manera que los
recursos económicos utilizados en la intervención, no se pierdan por la
re – contaminación, contribuyendo de esa manera a la optimización de
los recursos económicos en el marco de los parámetros de moralidad
administrativa.
Tercer: CONDENAR A LOS ACCIONADOS en costas procesales
siguiendo los parámetros del artículo 188 de la ley 1437 de 2011 y 365
de la ley 1564 de 2013 y especialmente considerando la ley 472 de
1998, así como las demás normas que sean aplicables. La condena en
costas será a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, de conformidad con la ley 472 de 1998 […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- El MUNICIPIO argumentó que el accionante no señaló
explícitamente cual era el daño o la amenaza a los derechos
colectivos invocados, pues no indicó con precisión en qué consistía
la contaminación alegada, razón por la que se debían denegar las
súplicas de la demanda, por cuanto no se acreditó uno de los
presupuestos para la procedencia de la acción popular.
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Aseveró que la Secretaría de Salud Municipal, a partir del
conocimiento de la presente acción, enviaría un funcionario para
que realizara un análisis del agua y estableciera si existía o no una
carga contaminante, de manera que, de ser cierta esta
circunstancia, procedería a determinar si era con la CRC o con la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. con
quien debía adelantar el tratamiento residual.
En virtud de lo anterior, propuso las excepciones que denominó
“inexistencia de afectación a derechos colectivos” y “genérica e
innominada”.
I.4.2.- La CRC afirmó que era cierto que se había generado
vulneración a los derechos e intereses colectivos de la comunidad
aledaña a la cuenca de la quebrada El Uvo y la vereda San
Bernardino y que, como se indicó en la demanda, requirió a la Junta
de Acción Comunal del barrio Rincón del Uvo y a la Fundación
Renacer “Hogar Santa Clara” para que implementaran un sistema
de tratamiento de aguas residuales domésticas y les solicitó
tramitar el permiso de vertimientos correspondiente.
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Asimismo, indicó que ofició a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado S.A. E.S.P. para que realizara la valoración de la
situación y tomara las acciones pertinentes, en el marco de sus
competencias.
Manifestó que, por medio de Convenio núm. 317 de 7 de noviembre
de 2014, efectuó la limpieza del cauce y de las márgenes de las
quebradas Quitacalzón y Garrochal, las cuales son confluentes de la
zona de la quebrada El Uvo.
Se refirió in extenso a las competencias de los municipios en la
prestación de los servicios públicos y a la Ley 142 del 11 de julio de
19944 para indicar que, en el ámbito de sus competencias, ha
desarrollado los requerimientos pertinentes.
Afirmó que estaba efectuando el seguimiento respectivo, con el fin
de contar con los elementos necesarios para iniciar el respectivo
proceso sancionatorio contra la Junta de Acción Comunal del barrio
Rincón del Uvo, la Fundación Renacer “Santa Clara” y el
MUNICIPIO.
4 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones.
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I.4.3.- La empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYÁN S.A. E.S.P. afirmó que en el sector objeto de la
demanda existía un sistema de redes de alcantarillado e
interceptores en las quebradas que evitaban vertimientos directos
de las tuberías a las fuentes hídricas.
Puso de presente que en el sector existía un gran número de
asentamientos ilegales que vertían sus aguas residuales
directamente a las quebradas, los cuales son los verdaderos
causantes de la contaminación ventilada en la presente acción, lo
que escapaba a su competencia, pues ello era responsabilidad del
MUNICIPIO.
Puso de manifiesto que contaba con colectores primaros en el
sector, que correspondían a redes matrices o primarias en los
términos del artículo 3° numeral 7 del Decreto 3050 de 27 de
diciembre de 20135, sobre los cuales se podían conectar las redes
secundarias de las urbanizaciones legales.
5 Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de viabilidad y disponibilidad de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
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A su juicio, no existió acción u omisión constitutiva de vulneración
de los derechos colectivos invocados que le resulte imputable, pues
no ha ejecutado ninguna actividad que amenace la quebrada El Uvo
o la vereda San Bernardino y sus barrios aledaños, ya que no han
desconocido normas ni reglas sobre el manejo ambiental de zonas
de protección o márgenes protectoras de la quebrada, ni ha
atentado contra los recursos naturales y el medio ambiente, por lo
que no se cumplen los presupuestos para la procedencia de la
acción popular en su contra.
Indicó que, de asumir las pretensiones de la demanda, se estaría
extralimitando en sus funciones y, en consecuencia, le podría
acarrear responsabilidad en materia presupuestal, ya que las
apropiaciones de cada órgano deben estar relacionadas con su
objeto y funciones, y ser ejecutadas conforme fueron programadas;
de manera que, como no tiene funciones relacionadas con la
inspección, vigilancia y control de quebradas, ni tampoco funciones
policivo – ambientales, preventivas o correctivas, no está
legitimada en la causa por pasiva.
Afirmó que la parte actora no aportó el material probatorio
suficiente para demostrar la existencia de vulneración de los
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derechos colectivos invocados, pues del existente no era posible
deducir, si quiera sumariamente, la amenaza alegada, razón por la
que incumplió su carga de probar los hechos de la demanda.
Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, “ausencia de daño
contingente”, “inexistencia de perjuicios por falta de nexo causal”,
“inexistencia de afectación o amenaza a los derechos colectivos
invocados por el actor”, “improcedencia de la acción por falta de
material probatorio” y “excepción genérica”.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 25 de julio
de 2016, la cual se declaró fallida por la inasistencia del Municipio y
de la demandante.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 26 de marzo de 2020, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, para lo cual adujo lo
siguiente:
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Previo a resolver el asunto sometido a su consideración, se refirió a
la procedibilidad de la acción popular y a los derechos e intereses
colectivos, para indicar que, de acuerdo con los informes técnicos
recaudados, era claro que se presentaba contaminación de la
quebrada El Uvo por la descarga de aguas residuales domésticas
provenientes de barrios aledaños al área de influencia de la misma.
Indicó que la contaminación de la quebrada se debía a diferentes
factores, entre ellos, la falta de: i) alcantarillado para las nuevas
construcciones aledañas a la quebrada; ii) mantenimiento y mala
disposición del sumidero de aguas lluvia entre los barrios
Zuldemaida y San Cristobal; y iii) mantenimiento del vertedero del
viaducto que conduce las aguas residuales del sector Zuldemaida.
Consideró que las entidades accionadas eran las responsables de la
vulneración de los derechos colectivos reclamados, debido a la
ausencia de control y por no adoptar las medidas adecuadas para
conjurar la problemática, lo que ha permitido que los habitantes de
los barrios Zuldemaida y San Cristóbal del MUNICIPIO contaminen
la quebrada El Uvo, los cuales también son responsables de la
problemática expuesta.
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En relación con el argumento de la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán, según el cual realizó todas las acciones
tendientes a restablecer el flujo normal del agua del aliviadero que
se encontraba obstruido por residuos sólidos y basuras, consideró
que esta circunstancia no lo eximía de su responsabilidad, pues una
de sus funciones es brindar la buena y continúa prestación del
servicio.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal profirió las siguientes
órdenes:
“[…] PRIMERO. - AMPARAR los derechos colectivos relacionados en los
literales a), c), h), m) descritos en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998,
así:
[…]
SEGUNDO. – Impartir las siguientes órdenes a las entidades
demandadas, para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la
notificación de esta providencia, procedan:
El Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. deberá realizar
las acciones técnicas necesarias para que el viaducto transporte de
manera eficiente las aguas residuales del sector Zuldemayda (sic) y
San Cristóbal. Deberá verificar la red pluvial del barrio San Cristóbal,
porque se evidencia la presencia de aguas residuales domésticas en el
colector de entrega.
De encontrar un vertimiento del alcantarillado del sector Zuldemayda
(sic) sobre la fuente receptora, se debe eliminar el mencionado
vertimiento directo o someterlo a un tratamiento con el fin de lograr
los porcentajes de remoción de carga contaminante y poder ser vertido
directamente sin generar la afectación ambiental que en el momento
es evidente.
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Igualmente deberá construir sistema alterno de tratamiento de aguas
residuales debidamente aprobado por la CRC, para los barrios
aledaños del área de influencia, como son Zuldemayda (sic) y de la
Fundación Renacer, ubicada en el barrio San Bernardino, en caso de
que no puedan conectarse a la red de alcantarillado municipal.
El municipio de Popayán deberá verificar que los urbanizadores en
barrios aledaños del área de influencia de la quebrada El Uvo, cumplan
en sus proyectos con la obligación de construir las redes secundarias o
locales necesarias para la prestación efectiva de los servicios de
acueducto y alcantarillado.
En cuanto a los ya residentes de los citados barrios Zuldemayda (sic) y
San Bernardino, el municipio de Popayán, deberá evaluar la situación y
tomar las acciones necesarias, para que realicen la conexión a la red
de alcantarillado municipal en debida forma.
La CORPORACIÓN REGIONAL DEL CAUCA – CRC, adelantará
campañas de concientización de la comunidad de los barrios
Zuldemayda (sic) y San Bernardino, en lo que corresponde a la
importancia de las fuentes hídricas, protección y conservación; así
como las medidas correctivas a que haya lugar para quienes
desconozcan la normatividad ambiental.
TERCERO. – ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de
Cumplimiento del fallo, el cual estará integrado por la parte actora, el
señor Alcalde y el Personero del municipio de Popayán (Cauca), un
Delegado de la DEFENSORÍA DELPUEBLO – REGIONAL CAUCA, del
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POAPYÁN S.A. E.S.P. y de la
CORPORACIÓN REGIONAL DEL CAUCA – CRC.
El comité deberá rendir ante este Tribunal un informe sobre el
cumplimiento de la decisión adoptada en esta providencia […]”.
III.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
La empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYÁN S.A. E.S.P. solicitó la revocatoria del numeral segundo
de la sentencia de primera instancia, para lo cual argumentó que en
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el sector donde está ubicada la quebrada El Uvo, en la margen
derecha, se encuentran construidos colectores de alcantarillado
sanitario y pluvial para garantizar la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado.
Respecto del colector sanitario puso de presente lo siguiente:
“[…] en el caso del colector sanitario se presenta un cambio de
margen en el punto denominado viaducto Zuldemaida; este cambio de
margen limita el área de prestación del servicio de alcantarillado
sanitario, además establece que desde este punto no se presenta ni
infraestructura ni colectores de alcantarillado. El alcantarillado
recolecta y transporta las aguas servidas para ser llevadas al colector
Quebrada Quitacalzon y el colector pluvial se encuentra construido en
una longitud de 356 metros lineales, así: tubería de diámetro 16´´
(156 metros lineales) y tubería de 18´´ de diámetro (200 metros
lineales) […]”.
Manifestó que los barrios que han sido construidos en el sector, se
han hecho sin planeación y sin contar con la factibilidad y
disponibilidad del servicio, es decir, sin sus redes y sin el
cumplimiento de los requerimientos de su Comité Técnico, de la
Oficina Asesora de Planeación Municipal y de lo establecido en el
POT.
Expresó que la infraestructura y el sistema de acueducto y
alcantarillado del Municipio es eficiente y adecuado, no obstante, el
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problema surge de las conexiones erradas efectuadas por parte de
usuarios y/o propietarios de inmuebles, lo que ha generado la
contaminación, pues no están integradas totalmente a la estructura
formal urbana de alcantarillado.
A su juicio, en caso de que se logre la conexión de aguas residuales
al sistema de aguas lluvia o pluvial por parte de los propietarios de
los inmuebles, conforme lo ordena el artículo 5º del Decreto 302 de
25 de febrero de 20006, la contaminación de la quebrada
disminuiría notablemente, ya que cuenta con la infraestructura de
alcantarillado para prestar el servicio de recolección y transporte de
aguas residuales del sector, siempre y cuando sea utilizado de
manera correcta.
Argumentó que por lo anterior, la contaminación de la quebrada El
Uvo no le resulta atribuible, sino a los usuarios, quienes han
realizado conexiones erradas al sistema de acueducto y
alcantarillado, lo que ha generado la problemática.
6 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
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Afirmó que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del
artículo 7º del Decreto 302 de 2000, para acceder al servicio de
acueducto y alcantarillado se debe estar en el perímetro urbano,
por lo tanto, como la vereda San Bernardino y la Fundación Renacer
están en el sector rural, no estaría ante ninguna acción u omisión,
ya que dicha zona no está en el ámbito de su competencia.
Agregó que de las inspecciones y peritazgos practicados durante el
proceso se evidenció la construcción de una urbanización,
aparentemente, en la ronda hídrica de la quebrada El Uvo, lo que
estaría ocasionando una alteración al sistema hídrico de dicho
afluente, circunstancia que ameritaría la protección del recurso
hídrico, lo cual le compete a otras entidades.
Precisó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley
142 todos los prestadores de servicios se encuentran en la
obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes
matrices y locales, caso en el cual, los costos derivados de la
administración, mantenimiento y reposición estarían a su cargo; no
obstante, las redes secundarias están a cargo de los urbanizadores
hasta que son entregadas a la empresa prestadora, circunstancia
que en el presente caso no ocurrió, de manera que no puede
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imputársele el daño alegado, pues el mantenimiento de dichas
redes, no estaba dentro de sus competencias.
Estimó que era procedente la declaratoria de falta de legitimación
en la causa por pasiva.
En cuanto a la orden del Tribunal de “[…] construir un sistema de
tratamiento de aguas residuales debidamente aprobado por la CRC,
para los barrios aledaños del área de influencia, como son
Zuldemaida y de la Fundación Renacer, ubicada en el barrio San
Bernardino […]”, indicó que era errónea e improcedente, pues como
explicó, hay áreas que no están dentro del perímetro urbano por lo
que están fuera de su objeto contractual, además, las condiciones
técnicas de acceso a esos sectores impiden la prestación del
servicio.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
VI.1. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán
S.A. E.S.P., presentó alegatos de conclusión en los que reiteró el
hecho de que no había ejecutado acción u omisión alguna que
permitiera afirmar que estaba contribuyendo a la contaminación de
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la quebrada El Uvo, ya que el sector contaba con un sistema de
acueducto y alcantarillado, adicionalmente, ha adelantado las
gestiones necesarias para su mantenimiento.
VI.2. La parte demandante y las demás entidades accionadas,
guardaron silencio.
V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión Previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el
señor consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS,
mediante escrito obrante en el índice 20 del expediente digital7,
manifestó su impedimento para actuar en el proceso de la
referencia, por cuanto su hermano, MARIO SERRATO VALDÉS, se
7 El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.
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desempeña actualmente como contratista de la Defensoría del
Pueblo, entidad que funge como demandante en la acción popular
de la referencia, por lo que considera que se encuentra incurso en
la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 130
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA-.
Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del
caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados, según el cual, le corresponde a esta Sala
resolver el impedimento manifestado por el citado Consejero de
Estado8.
8Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de dicho Estatuto,
el cual prevé: “[…] Para el trámite de los impedimentos se observarán las
siguientes reglas:
… 3. Cuando en un magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es éste, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la Sala, sección
o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo
encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se
ordenará sorteo de conjuez […]” (Negrilla fuera del texto original).
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Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento
que se invoca es la prevista en el numeral 4 del artículo 130 del
CPACA, la cual dispone:
“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el
artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los
siguientes eventos:
(…)
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno
de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de
los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de
representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades
contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados […]”
(Resaltado fuera del texto).
De la causal transcrita, se colige que para que se configure la
misma deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y
2) que los referidos parientes sean asesores, contratistas,
representantes legales o socios mayoritarios de una entidad pública
que intervenga en el respectivo proceso en calidad de parte o
tercero interesado.
Siendo ello así, de la causal transcrita y los hechos que soportan el
impedimento manifestado por el Consejero ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS, la Sala advierte que concurren los
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presupuestos para el efecto, toda vez que su hermano9, el señor
MARIO SERRATO VALDÉS, se desempeña actualmente como
contratista de la Defensoría del Pueblo10, entidad demandante en la
acción popular de la referencia.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado Consejero y lo separará del conocimiento
del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución
Política y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la
protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un
daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
9 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de
consanguinidad, de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de
consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden
de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
10 Calidad de contratista en la entidad pública demandante en la acción popular de la referencia.
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a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y
sencillo para la protección de sus derechos.
En el caso sub examine, se advierte que los hechos que dieron
origen a la presente acción son, en esencia, que, la quebrada El
Uvo del Municipio está siendo contaminada por los vertimientos de
aguas residuales procedentes, al parecer, de la Fundación Renacer
Santa Clara, de daños en las tuberías del acueducto y de los
desechos del barrio Rincón del Uvo, sin que las autoridades
competentes hayan realizado nada al respecto.
La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal que, en
sentencia de 26 de marzo de 2020, encontró que la contaminación
de la quebrada El Uvo se debía a diferentes factores, como la falta
de: i) alcantarillado para las nuevas construcciones aledañas a la
quebrada; ii) mantenimiento y mala disposición del sumidero de
aguas lluvia entre los barrios Zuldemaida y San Cristóbal y; iii)
mantenimiento del vertedero del viaducto que conduce las aguas
residuales del sector Zuldemaida.
Adicionalmente, el a quo consideró que las entidades accionadas no
realizaron el control ni adoptaron las medidas adecuadas para
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solucionar la problemática de la quebrada El Uvo, circunstancia que
permitió que los habitantes de los barrios Zuldeimada y San
Cristóbal del Municipio contaminaran dicho afluente, siendo
igualmente responsables de la situación.
Inconforme con la anterior decisión, la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó revocar el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia, en atención a que en el sector
donde está ubicada la quebrada, están construidos colectores de
alcantarillado sanitario y pluvial que garantizan el servicio de
acueducto y alcantarillado.
Igualmente, señaló que en el sector aledaño a la quebrada El Uvo
se han construido barrios sin la debida planeación, pues no cuentan
con las redes necesarias para proporcionar el servicio de acueducto
y alcantarillado, pasando por alto los requerimientos de las
autoridades competentes y del POT.
Aunado a lo anterior, puso de manifiesto que también se evidenció
la construcción de una urbanización, presuntamente, en el área de
ronda de la quebrada El Uvo, lo que estaría ocasionando una
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alteración al sistema hídrico de dicho afluente, cuyas medidas para
su protección no le competen.
Señaló que, si bien la empresa cuenta con la infraestructura y
sistema de acueducto y alcantarillado en el Municipio, lo cierto es
que las conexiones erradas que realizan algunos usuarios y/o
propietarios de inmuebles, son la que generan la contaminación al
no estar integradas al sistema, de tal manera que si se corrigieran
esas conexiones, la contaminación de la quebrada disminuiría
notablemente, motivo por el que, a su juicio, no le era imputable
ninguna acción u omisión.
Arguyó que, de acuerdo con el Decreto 302 de 2000, para acceder
al servicio de acueducto y alcantarillado se debe estar en el
perímetro urbano del Municipio, por lo tanto, como el sector de San
Bernardino y la Fundación Renacer están en el sector rural,
escaparían de la órbita de su competencia.
Precisó que, aunque le corresponde el mantenimiento y reparación
de las redes matrices para la prestación del servicio, las redes
secundarias están a cargo de los urbanizadores hasta que son
entregadas a la empresa prestadora, circunstancia que en el
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presente caso no ocurrió, de manera que no puede imputársele el
daño alegado.
Problema jurídico
Con fundamento en lo anterior, corresponde a la Sala determinar sí,
le asiste responsabilidad a la empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Popayán S.A. E.S.P. por la vulneración de los derechos
colectivos invocados por los accionantes.
Caso concreto
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera
necesario precisar que la vulneración de los derechos colectivos
declarada por parte del Tribunal no fue cuestionada por la
apelante, motivo por el que esta circunstancia no será objeto de
estudio y, en consecuencia, el análisis se ceñirá a la participación
de la empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P. en dicha
vulneración.
Del material obrante en el expediente, la Sala advierte lo siguiente:
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-. La señora Yaqueline Ortiz Vega, a través de la denuncia
ambiental radicada con el núm. 3136 de 28 de julio de 2014, puso
de manifiesto la contaminación por vertimientos de la quebrada El
Uvo en los siguientes términos:
“[…] En la vereda San Bernardino, en la Parcelación Villa Ana María,
pasa la quebrada El Uvo, la cual está siendo contaminada por un
vertimiento repentino que se presume es por un daño en el
alcantarillado del Barrio Zuldemaida, dado que esta quebrada en
verano tiene poco caudal y al momento esta caudalosa con fuertes
olores y se observa materia fecal […]”.
-. Con ocasión de la mencionada denuncia, el 5 de agosto de 2014,
la CRC visitó la quebrada El Uvo, en el sector de San Bernardino,
en la que se encontró que:
“[…] - En el barrio el Rincón de Uvo existe una recamara del acueducto
y alcantarillado de Popayán que se encuentra colmatada por las aguas
residuales domésticas conectada directamente hacia la quebrada en
mención.
• En inmediaciones del Barrio Zuldemaida se ha producido una quema
que ha deteriorado un tubo perfilado de PVC rígido de pared
estructurada para aguas residuales del Acueducto y Alcantarillado de
Popayán donde dadas las condiciones hicieron que el agua residual
cayera directamente a la quebrada El Uvo, se han realizado
adecuaciones al tubo sin embargo este aun presenta constante
filtración.
• La fundación Renacer Santa Clara vierte (sic) sin ningún tipo de
tratamiento las aguas residuales hacia la quebrada el Uvo, conocida en
el sector como el “charco del burro”. […]”
-. En consecuencia, la CRC le informó al Gerente de la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., a través del
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oficio núm. 100.10.01.08268 de 15 de agosto de 2014, que existía
un daño en la infraestructura de la tubería de las aguas residuales
en el barrio Zuldemaida, lo que generaba vertimiento y
contaminación; asimismo, que en el barrio Rincón del Uvo, había
una recamara de esa empresa que estaba conectada directamente
a la quebrada El Uvo por las aguas domésticas, motivo por el que le
solicitó realizar una valoración de la situación planteada y tomar las
acciones pertinentes, conforme su competencia.
-. La anterior situación también fue puesta en conocimiento de la
empresa, por parte de los señores Yaqueline Ortiz y Jesús María
Pardo, quienes a través de escrito de 26 de octubre de 2015, le
comunicaron a la División de Alcantarillado que la comunidad de la
vereda San Bernardino y sectores aledaños a la quebrada El Uvo
había sido afectada por la fuerte contaminación causada por aguas
servidas y residuales, debido a la falta de tubos conectores en el
sector norte del Municipio, específicamente en los barrios Bello
Horizonte, El Uvo, Zuldemaida, Rincón del Uvo, entre otros, por lo
que solicitaron que se tomaran los correctivos que dieran solución
al problema de contaminación.
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-. Como consecuencia de la anterior solicitud, la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Popayán le informó a la señora
Yaqueline Ortiz Vega, por medio del oficio DAL 11331 de 10 de
noviembre de 2015, lo siguiente:
“[…] En el sector norte de la ciudad, en el sector de los barrios Bello
Horizonte, el Uvo, Zuldemaida y otros cuentan con redes primarias de
alcantarillado, de acuerdo a la ley 142/94 son los urbanizadores los
responsables del diseño y construcción de las redes de servicios
públicos en sus proyectos, siendo únicamente responsabilidad de la
empresa la construcción de colectores primarios los cuales ya existen
en el sector y el mantenimiento de estos lo cual se realiza
constantemente […]”.
-. La Sala también destaca que, con ocasión de la inspección
realizada por la CRC en el sector de la quebrada El Uvo desde los
predios ubicados en la vereda San Bernardino y por los barrios
Zuldemaida y Rincón del Uvo, la entidad rindió un informe técnico
de protección y vigilancia de 22 de julio de 2016, en el que puso de
manifiesto que paralelo a los mencionados barrios y sobre la parte
baja del terreno existía la red pública de alcantarillado Municipal, la
cual recibía las aguas residuales de los mismos y, además, consignó
lo siguiente:
“[…] En el barrio Zuldemaida, sobre el costado occidental donde
existe construida una recamara, se hace el retiro de la
respetiva tapa y se puede precisar que la tubería de cemento
del alcantarillado es de diámetro de 12 pulgadas; de ahí
continua la red haciendo un giro de 90º, pasando a través de
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un puente metálico, hacia la otra margen de la quebrada y
recibir las aguas de los barrios contiguos, continuando hacia el
occidente.
En la recamara en mención, se observa que a 80 cm desde la
base de la tubería, se encuentra instalado un tubo de cemento
de diámetro de 6 pulgadas, hasta llegar al cauce de la
quebrada descrita y al parecer, sirve como desfogue cuando la
red de alcantarillado presenta deficiencia por el alto grado de
sedimentación y el sistema colapsa, es muy posible que las
aguas residuales se viertan directamente por la tubería de
desfogue observada, lo cual concuerda con lo expresado por la
señora Yaqueline Ortiz Vega, quien manifiesta que la afectación no se
hace de manera continua sino ocasional, percibiendo olores ofensivos
en el tramo comprendido entre el sitio de ubicación de la recámara,
aguas abajo hasta los predios localizados al otro lado de la variante
norte.
En el área de la Fundación Renacer, se evidencia que posee
tanque séptico, construido en material de concreto, no
observando vertimientos directos a la corriente hídrica de la
quebrada el Uvo y que generen contaminación ambiental.
[…] 6. Imposición de medidas preventivas
No hay lugar para imposición de medidas preventivas.
[…] - Queda claro que la generación de olores ofensivos en el cauce de
la quebrada El Uvo, es ocasional, de acuerdo con lo afirmado por la
peticionaria.
[…] – Finalmente se determina que a la fecha no se están generando
vertimientos directos a la quebrada El Uvo, según lo afirmado por
moradores del sector y la persona que instauró la acción popular; los
hechos de contaminación ambiental por vertimientos directos
sucedieron en el año 2014 de forma esporádica y a la presente fecha
no se han presentado nuevamente debido a que la empresa de
Acueducto y Alcantarillado del municipio de Popayán, ha realizado el
respectivo mantenimiento de la red de alcantarillado del sector […]”
(Resaltado de la Sala).
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-. La Sala observa que, pese a lo anterior, en el informe técnico de
protección y vigilancia realizado por la CRC en el año 2017, se
indicó lo siguiente:
“[…] En el sector recorrido que comprende cuatro barrios incluido el
barrio Zuldemaida tiene la red de alcantarillado municipal, el cual tiene
una recamara cercana a la quebrada de El Uvo y al lado de esta se
encuentra un aliviadero que está vertiendo aguas residuales
domésticas que generan proliferación de vectores y olores
encuentra un punto de descargue de aguas residuales
domésticas provenientes de un aliviadero del sistema de
alcantarillado donde se conectan las viviendas de los barrios de
este sector, estas aguas caen directamente a la quebrada
antes mencionada, donde se evidenció proliferación de
vectores y olores ofensivos.
[…] RECOMENDACIÓN Requerir al acueducto y alcantarillado para que
efectué el respectivo arreglo de las conexiones erradas en el sector
descrito […]” (Resaltado de la Sala).
-. Como consecuencia de lo anterior, a través del oficio núm. 100-
193.03 00862 de 25 de enero de 2017, la CRC le solicitó a la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. que
interviniera para que verificara la procedencia de las conexiones
erradas y realizara las acciones correspondientes para dar solución
al descargue de aguas residuales domésticas del sector del barrio
Zuldemaida, las cuales se drenaban directamente a la quebrada El
Uvo y generaba la proliferación de vectores y olores ofensivos.
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-. Asimismo, en el informe pericial de 12 de octubre de 2017,
realizado por parte del perito de la Secretaria de Salud del
Departamento del Cauca, Jorge Irene Tafurth Morera, por orden del
Tribunal, se consignó que en desarrollo de la visita ocular efectuada
a la quebrada El Uvo, pudo constar que el sector de San Bernardino
contaba con disponibilidad de servicios públicos de acueducto pero
no de alcantarillado y que, por tanto, existía riesgo de
contaminación por la construcción de viviendas al margen de la
quebrada que no contaban con sistema de alcantarillado. Respecto
de las aguas residuales de los barrios Bello Horizonte, El Uvo y
Zuldemaida, indicó que las aguas eran conducidas a través del
alcantarillado municipal y entregadas al colector principal de Bello
Horizonte.
-. Posteriormente, el mencionado perito realizó una nueva visita al
lugar de los hechos, el día 7 de diciembre de 2017, en la que
encontró que, de acuerdo con las características organolépticas y
presencia de indicadores ecológicos de calidad de agua que
presentaba la quebrada El Uvo, para ese momento no había
evidencia de impacto negativo sobre el cuerpo de agua.
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-. Ahora bien, por medio de un nuevo informe pericial de fecha 6 de
agosto de 2018, realizado por parte del citado perito luego de la
visita efectuada en compañía de la CRC y de la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., se consignó lo
siguiente:
“[…] Al continuar con el recorrido se detectó un rebosamiento
del colector de aguas residuales del barrio Rincón del Uvo el
cual intercepta el colector de Zuldemaida, falla que debe ser
reparada para evitar descarga directa a la quebrada, pues
desde este sector ya se nota el aumento del caudal, pero en
apariencia de canal de aguas residuales.
[…] Al continuar con el recorrido sobre la quebrada, se
encontró en el sector del viaducto, una descarga de aguas
residuales sobre la quebrada, de un caudal importante, que 50
mts más adelante hace parte del 90% del caudal de la
quebrada, también se encontró la construcción de una
urbanización que aparentemente está violando las normas
ambientales de la ronda hídrica que restringen actividades en
los ríos, por distancias de entre 30 a 200 metros de la orilla.
Después de los sitios mencionados encontramos el
afloramiento de agua en el sector de las monjas, el cual esta
impactado por el vertimiento proveniente del sector de
Zuldemaida, razón por la cual se decide tomar muestras al
afloramiento de agua y otra en el punto de mezcla de las dos
aguas para hacer el comparativo y determinar el impacto en la
fuente receptora.
[…] Al continuar con el recorrido hacia el paso de la quebrada
por la variante Popayán – Pasto, se evidencia otra obra de
viviendas en la cual se disminuyó la franja de seguridad de la
quebrada.
El comportamiento de la quebrada en caudal y características
organolépticas, permite evidenciar el impacto negativo en la
fuente ya que es persistente el color gris y olor ofensivo de
agua residual, situación que se verificó hasta el sector de San
Bernardino donde se culminó el recorrido con la toma de una
tercera muestra de agua para análisis de laboratorio.
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[…] Con estos resultados es preciso concluir que los parámetros de
calidad de agua determinados en el laboratorio de la CRC, evidencian
el impacto ambiental negativo en la fuente receptora quebrada El Uvo
y que claramente van en contravía de los preceptos ambientales
establecidos en el Decreto 1594 de 1984, puesto que la magnitud
del vertimiento, puede causar efectos nocivos para la salud y/o
susceptible de producir deterioro ambiental.
[…] Con lo anterior y basado en la evidencia de encontrar un
vertimiento del alcantarillado del sector de Zuldemaida sobre
la fuente receptora; Quebrada El Uvo, se debe eliminar el
mencionado vertimiento directo o someterlo a un tratamiento
con el fin de lograr los porcentajes de remoción de carga
contaminante y poder ser vertido directamente sin generar la
afectación ambiental que en este momento es evidente.
Es preciso requerir a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Popayán S.A. E.S.P., realizar las obras necesarias para
eliminar dicho vertimiento en las condiciones en que se
encontró en el momento de la visita al sector de la quebrada.
Se reitera la necesidad de hacer verificación de la red pluvial del Barrio
San Cristóbal, toda vez que se evidencia presencia de aguas residuales
domésticas en el colector de entrega […]” (Resaltado de la Sala).
-. El reporte de las muestras tomadas en la referida visita por parte
de la CRC, se hizo a través del informe de resultados de laboratorio
núm. 318 de 15 de agosto de 2018, del cual se resalta lo siguiente:
“[…] SITUACIÓN ENCONTRADA
[…] El recorrido inició en el Barrio Zuldemaida, según información
suministrada por algunos habitantes es donde nace la quebrada El
Uvo. Por lo anterior, nos trasladamos al punto exacto indicado como el
nacimiento y no se evidencio flujo de agua, los habitantes manifiestan
que debido a la urbanización que se ha desarrollado en este
sector, ha contribuido a que el nacimiento de la quebrada se
encuentre en condiciones secas.
Posteriormente, se continuó con el recorrido aguas abajo, en el
cual se evidenció flujo de agua procedente de un sumidero que
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se encuentra construido en la margen izquierda de la vía, en
relación a las características organolépticas del agua, se
concluye que es de origen doméstica. Según información
suministrada por los funcionarios de la empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Popayán y verificado en campo, este
contenido de agua residual es procedente de algunas viviendas
del Barrio Zuldemaida que se encuentran conectadas de
manera ilegal al sumidero.
Continuando con la inspección, se verificó por parte de los
funcionarios de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Popayán, que las viviendas del Barrio Rincón del Uvo están
conectadas a la red de alcantarillado que atraviesa la cancha
de futbol del Barrio Zuldemaida.
A continuación, se observó un viaducto que conecta las aguas
residuales del sector de Zuldemaida hasta la carrera 17N,
durante la inspección se observó que el vertedero del viaducto
se encontraba sin mantenimiento y parte del agua residual era
vertida al suelo y posteriormente a la quebrada El Uvo.
[…] CONCLUSIONES FINALES
Los resultados hacen referencia a muestras puntuales en la fuente
hídrica, las cuales representan la composición del cuerpo de agua
original para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en las que
se realizó el control en los respectivos puntos:
• La variable de temperatura para las muestras extraídas en los tres
puntos evaluados no supera los 40º, este comportamiento evidencia
cumplimiento del límite máximo permisible para la destinación del
recurso para los distintos usos establecidos en el Decreto 1594/84.
• Se evidencia que los valores obtenidos en los tres puntos de
monitoreo evaluados para la variable de PH, se encuentran dentro de
los limites admisibles en relación a la destinación del recurso para los
diferentes usos del Decreto 1594/84 artículos 38, 39, 40, 42, 43 y 45.
Por otro lado, el punto 1 presenta condiciones de un agua ligeramente
ácida, debido a ácidos o sales ácidas de dilución y los puntos 2 y 3
tienen tendencia a un agua con un PHG neutro y ligeramente alcalino.
• El comportamiento de la variable de conductividad en los
puntos 2 y 3, permite inferir que después de la descarga del
vertedero del viaducto, la Quebrada El Uvo sufre impacto por
sólidos disueltos provenientes posiblemente del agua residual
vertida.
• Se evidencia en el punto 2 y 3 una disminución de OD después de la
influencia del agua residual vertida por el vertedero del viaducto; de
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igual manera en el punto 3 el cuerpo de agua tiene la tendencia de
aumentar los niveles de OD, condición que se evidencia la capacidad
de asimilación y auto depuración de las cargas orgánicas aportadas por
el agua residual de origen doméstico. Sin embargo, los niveles de OD
obtenidos se encuentran por debajo de límite mínimo recomendado de
4 mg/L de OD Decreto 1594/84 Art 45.
• La fuente hídrica, después de la descarga del vertedero del
viaducto en los puntos 2 y 3 evidencia un impacto a la luz de
las variables DBO5, DQO, SST, Alcalinidad, Color, Turbiedad,
Nitritos y Nitratos y Dureza.
• El monitoreo realizado en relación a las muestras extraídas,
nos permite concluir que, en los puntos 2 y 3 la Quebrada el
Uvo presenta contaminación bacteriológica, debido a las altas
concentraciones de coliformes totales y fecales; esta situación
es atribuible a la descarga de agua residual procedente del
vertedero del viaducto que se encuentra construido finalizando
el barrio Zuldemaida.
RECOMENDACIONES
Se solicita de manera inmediata, que la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán, realice las acciones técnicas necesarias para
que el viaducto que se encuentra construido en el sector del Barrio
Zulemayda, transporte de manera eficiente la totalidad de las aguas
residuales del sector y presente soporte de dichas acciones a la CRC.
En el evento de hacer caso omiso al presente comunicado, se remitirá
el respectivo informe a la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca CRC, para el inicio del proceso
sancionatorio ambiental y demás fines pertinentes […]” (Resaltado de
la Sala).
-. Como consecuencia de los resultados obtenidos en las pruebas de
laboratorio efectuadas y el requerimiento realizado a la empresa de
Acueducto y Alcantarillado, ésta informó a través de oficio de 11 se
septiembre de 2018 que realizó una visita a la quebrada El Uvo en
el sector del viaducto del barrio Zulemaida, en donde hizo
mantenimiento del aliviadero existente, respecto del cual adujo que
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se encontraba obstruido con material plástico y telas, lo que da
cuenta del mal uso que hacen algunos usuarios del sistema de
alcantarillado de la ciudad; y manifestó que tenía proyectado
incrementar a cada cuatro meses la frecuencia del mantenimiento
en esa estructura y las necesarias, en caso de presentarse
obstrucción.
Conforme lo anterior, para la Sala resulta claro, como lo indicó el
Tribunal, que la contaminación de la quebrada El Uvo es causada
por diferentes factores como, i) la falta de alcantarillado en las
construcciones nuevas aledañas a la quebrada, ii) la falta de
mantenimiento y mala disposición de las aguas lluvias del sumidero
existente en los barrios Zuldemaida y San Cristóbal, y iii) el
vertedero del viaducto del barrio Zuldemaida, que se encontraba
sin mantenimiento y parte del agua residual es vertida al suelo y
posteriormente a la quebrada.
De manera que, si bien en el sector del barrio Zuldemaida, Bello
Horizonte y El Uvo existe red de alcantarillado Municipal, como lo
acreditan los medios probatorios referenciados, lo cierto es que se
logró demostrar que debido a las circunstancias anotadas, se están
descargando aguas residuales de manera directa a la quebrada El
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Uvo, sin que a la fecha la empresa de Acueducto y Alcantarillado
haya desplegado las acciones necesarias para que esta
circunstancia cese, pues es evidente que las actuaciones efectuadas
hasta el momento no han sido suficientes para solucionar la
contaminación de la quebrada.
Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con el
numeral 11.5 del artículo 11 de la Ley 142, las entidades que
presten servicios públicos están obligadas a proteger la diversidad e
integridad del ambiente y conservar las áreas de especial
importancia ecológica, para lo cual deben conciliar estos objetivos
con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los
servicios para la comunidad. La norma en comento prevé lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 11. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD EN LAS
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. Para cumplir
con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades
que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones:
[…]
11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su
actividad los afecte, protegerán la diversidad e integridad del
ambiente, y conservarán las áreas de especial importancia ecológica,
conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura
y la costeabilidad de los servicios por la comunidad […]”.
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Asimismo, el articulo 28 ibidem ordena que, para la prestación del
servicio público de alcantarillado, la empresa cuenta con la facultad
de construir, operar y modificar sus redes e instalaciones, lo cual
también implica la obligación de efectuar el mantenimiento y
reparación de las redes locales, a costa suya11.
Lo anterior significa que, para la adecuada prestación del servicio,
no basta con la construcción de las redes de acueducto y
alcantarillado por parte de la empresa prestadora del mismo, sino
que también es indispensable que verifique constantemente el
estado en que estas se encuentran y que ejecute las acciones
pertinentes para su sostenibilidad, pues hace parte de sus
11 Ley 142, “ARTÍCULO 28. REDES. Todas las empresas tienen el derecho a construir,
operar y modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios públicos, para lo
cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las mismas facultades que las leyes
y demás normas pertinentes establecen para las entidades oficiales que han estado
encargadas de la prestación de los mismos servicios, y las particulares previstas en esta
Ley.
Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes
locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.
Las comisiones de regulación pueden exigir que haya posibilidad de interconexión y de
homologación técnica de las redes, cuando sea indispensable para proteger a los usuarios,
para garantizar la calidad del servicio o para promover la competencia. Pero en ningún
caso exigirán características específicas de redes o sistemas mas allá de las que sean
necesarias para garantizar la interconectabilidad de servicios análogos o el uso coordinado
de recursos. Las comisiones podrán exigir, igualmente, que la construcción y operación de
redes y medios de transporte para prestar los servicios públicos no sea parte del objeto de
las mismas empresas que tienen a su cargo la distribución y, además, conocerán en
apelación los recursos contra los actos de cualquier autoridad que se refieran a la
construcción u operación de redes. La construcción y operación de redes para el
transporte y distribución de agua, residuos, electricidad, gas y telefonía pública básica
conmutada, telefonía local móvil en el sector rural*, así como el señalamiento de las
tarifas por su uso, se regirán exclusivamente por esta Ley y por las normas ambientales,
sanitarias y municipales a las que se alude en sus artículos 25 y 26 de esta Ley”.
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obligaciones conciliar la prestación del servicio con la protección de
la diversidad e integridad del ambiente.
Ahora bien, la apelante afirma que la construcción de barrios en el
sector de la quebrada El Uvo, sin la debida planeación ni factibilidad
y disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado ha
generado la contaminación al no estar debidamente integradas a la
estructura formal de la red de acueducto y alcantarillado.
Al respecto, la Sala destaca que el señor Germán Darío Londoño, en
su calidad de Jefe de la Dirección de Alcantarillado de la empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., rindió
testimonio en el proceso, en el sentido de afirmar que en el sector
habían construcciones ilegales, lo que a su juicio, podría estar
ocasionando que ciertas viviendas descargaran aguas residuales de
manera directa en la quebrada y que para ello usaban los
conectores pluviales que existen.
Adicionalmente, al ser cuestionado por las acciones que desplegaba
la empresa cuando evidenciaba conexiones erradas o fraudulentas,
el declarante señaló que como empresa no ejercían autoridad
pero que cuando detectaban una vivienda puntual, se le
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oficiaba para que legalizara su conexión, pero que como la
red era tan grande, no era fácil detectar cual era la conexión
errada, e indicó, respecto a requerimientos por conexiones
fraudulentas en el sector de la quebrada El Uvo, que no se habían
realizado por lo extenso del recurso hídrico y porque no
habían podido ser determinadas las viviendas que
presentaban la conexión fraudulenta.
Conforme lo anterior, la Sala tiene certeza que la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. tiene
conocimiento de que urbanizadores ilegales o sin los respectivos
permisos, hacen uso de su infraestructura de alcantarillado
afectando la quebrada en mención, razón por la que no resulta
entendible por qué no ha adelantado las acciones necesarias para
conjurar la situación, pues aun cuando no cuenta con poder policivo
para retirar a quienes se encuentran en el sector, lo cierto es que
puede acudir a las autoridades de policía para que procedan de
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 16 de la Ley
142, que ordena lo siguiente:
“ARTÍCULO 16. APLICACIÓN DE LA LEY A LOS PRODUCTORES
DE SERVICIOS MARGINALES, [INDEPENDIENTE] O PARA USO
PARTICULAR. […]
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PARÁGRAFO. Cuando haya servicios públicos disponibles de
acueducto y saneamiento básico será obligatorio vincularse
como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o
acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen
a la comunidad. La Superintendencia de Servicios Públicos
será la entidad competente para determinar si la alternativa
propuesta no causa perjuicios a la comunidad.
Las autoridades de policía, de oficio o por solicitud de
cualquier persona procederán a sellar los inmuebles
residenciales o abiertos al público, que estando ubicados en
zonas en las que se pueden recibir los servicios de acueducto
y saneamiento básico no se hayan hecho usuarios de ellos y
conserven tal carácter”.
Además, el artículo 29 de la misma Ley, dispone que las
autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales, tanto
civiles como de policía, inmediatamente se lo solicite la
empresa de servicios públicos, le prestará su apoyo para hacer
que se le restituyan los inmuebles que los particulares hayan
ocupado contra la voluntad o sin conocimiento de la empresa; o
para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar,
en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos.
Adicionalmente, el artículo 28 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana12 establece que los siguientes
comportamientos afectan la seguridad de las personas y la de sus
12 Ley 1801 de 2016. Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
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bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los
servicios públicos:
“ARTÍCULO 28. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y
BIENES EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Los siguientes
comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus
bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios
públicos:
[…]
1. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación,
utilización, mantenimiento o modificación de las estructuras de los
servicios públicos.
2. Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios
públicos.
3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas
lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo,
combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal
funcionamiento.
4. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la
infraestructura de servicios públicos domiciliarios, cuando estas
reparaciones corresponden al usuario.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes
señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas
correctivas: […]” (Resaltado de la Sala).
Asimismo, es preciso tener en cuenta que conforme lo prevé el
artículo 226 ibidem, cuando se trata de hechos de perturbación de
bienes de uso público, bienes fiscales, zonas de reserva forestal,
bienes de propiedad privada afectados al espacio público, bienes
de las empresas de servicios públicos, o bienes declarados de
utilidad pública o de interés social, cultural, arquitectónico o
histórico, no existe caducidad de la acción policiva, de modo que,
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en cualquier momento la empresa de Acueducto y Alcantarillado
podía y puede acudir a la autoridad policial para que haga cesar la
perturbación sobre sus redes de alcantarillado.
Lo anterior pone de manifiesto que la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., aun cuando no podía ni
puede desplegar ninguna acción policiva en contra de quienes
hacen uso de sus redes sin su autorización o conocimiento, tiene a
su alcance mecanismos que le permitirían hacer cesar esta
circunstancia y en esa medida, intervenir para que la contaminación
a la quebrada cese.
En consecuencia, la Sala considera que las entidades públicas y los
particulares en ejercicio de funciones públicas deben actuar de
manera coordinada y mancomunada, lo que implica que la empresa
prestadora del servicio público está en el deber de poner en
conocimiento de las autoridades competentes aquellas
circunstancias que afectan la normal prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado, como es la conexión de urbanizadores
sin el lleno de los requisitos legales a la red de acueducto y
alcantarillado sin su autorización, y que está produciendo la
afectación al recurso hídrico.
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Por lo expuesto, a juicio de la Sala, el hecho de que al interior del
expediente no se encuentre demostrado que la entidad demandada
ha adelantado acciones tendientes a la normalización de la situación
frente a la conexión ilegal a sus redes de acueducto y
alcantarillado, lo cual es de su total conocimiento, ello ha
contribuido notoriamente en la vulneración de los derechos
colectivos aquí invocados.
Ahora bien, en cuanto a la afirmación de que la contaminación de la
quebrada El Uvo no es causada por una acción u omisión de la
empresa, sino de los usuarios, al realizar conexiones erradas al
sistema de acueducto y alcantarillado, la Sala precisa que el
apelante está haciendo alusión al principio de “quien contamina
paga”, el cual supone que la persona, natural o jurídica, que afecte
el medio ambiente y los recursos naturales debe restaurar,
recuperar, rehabilitar, mitigar y compensar los daños ambientales
que ocasionó.
Al respecto, esta Corporación tuvo oportunidad de pronunciarse en
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sentencia del 20 de noviembre de 202013, en la que consideró lo
siguiente:
“[…] 165. Así pues, el principio según el cual quien contamina paga
cimienta el deber que tienen todos los sujetos que impactan
negativamente el entorno natural de restaurar, recuperar, rehabilitar,
mitigar y compensar sus daños ambientales. Bajo tal mandato el
Estado cuenta con la obligación de establecer los instrumentos
económicos y financieros tendientes a internalizar los costos
ambientales ocasionados por las actividades antrópicas.
Adicionalmente, debe incentivar el uso de tecnologías «amigables con
el medio ambiente» para prevenir y reducir los daños antes de su
materialización.
166. En este contexto, la obligación de reparar los daños ambientales
se encuentra, principalmente, en cabeza de quien ocasiona el deterioro
ambiental. Es decir, prima facie, quien causa el impacto es el obligado
a asumir las medidas restaurativas y compensatorias requeridas a fin
de restablecer el derecho colectivo vulnerado.
167. Sin embargo, también es posible que los detrimentos
naturales hayan sido causados por una multiplicidad de
actores que contribuyeron en el menoscabo del recurso y que,
aunado a lo anterior, el Estado haya permitido tal deterioro
como consecuencia de su actuar omisivo14. En dicho escenario
todos los sujetos participes están llamados a responder15 […]”
(resaltado de la Sala).
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que si bien es
cierto uno de los factores que afectan los derechos colectivos
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de noviembre de 2020. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad: 63001-23-33-
000-2019-00024-01 (AP).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
de 21 de agosto de 2020. Exp. No. 13001-23-33-000-2017-00987-01. C.P.: Roberto
Augusto Serrato Valdez.
15 En este contexto, el principio del contaminador-pagador no solo fundamenta el deber de
restaurar el daño ecológico por quien realizó la acción que lesionó el derecho colectivo;
sino que también sirve de fundamento para exigir a las autoridades públicas el
cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la evitación de los daños ambientales
que afectan a su vez derechos colectivos.
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amparados por el Tribunal son las conexiones fraudulentas que
realizan urbanizadores ilegales o que no cumplen con el lleno de los
requisitos legales, también lo es que ello ocurre por la inactividad
de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, y las demás entidades
demandadas, al no adelantar las acciones pertinentes para evitar
que esas personas sigan haciendo uso de las redes de alcantarillado
de manera inadecuada, motivo por el que, conforme lo dicho, todos
los actores involucrados están llamados a responder.
De igual forma, y como quedó acreditado, la comunidad tiene
corresponsabilidad en la contaminación de la quebrada El Uvo, pues
ha participado en los hechos generadores de la vulneración de los
derechos colectivos, al realizar conexiones fraudulentas a la red de
alcantarillado Municipal, motivo por el que de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación16, resulta procedente que se le
ordene concurrir con las entidades accionadas para que adopten las
acciones que permitan hacer cesar la vulneración, a efectos de dar
aplicación a los deberes de precaución, solidaridad y
autoprotección.
16Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de febrero de 2021. M.P: Oswaldo Giraldo López. Radicado: 66 001 23 33 000 2015
00292 01.
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Al respecto se pronunció la Sección, por medio de providencia de 18
de febrero de 202117, en la que consideró:
“[…] Esta Sección ha considerado que cuando se demuestre que los
ciudadanos han participado en los hechos generadores de la
vulneración de los derechos colectivos es procedente que el juez
popular les ordene concurrir con las entidades del Estado a adoptar las
medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o
vulneración, en aras de hacer efectivos los deberes de precaución,
solidaridad y autoprotección18.
Al respecto esta Sección ha dicho19:
“[…] Específicamente, en materia de prevención de desastres, resulta
relevante traer a colación el artículo 2 de la Ley 1523, que establece que
la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de
los habitantes del territorio colombiano, imponiendo obligaciones,
deberes y responsabilidades comunes con el propósito de alcanzar los
objetivos propuestos.
En esos términos, se establece el principio de corresponsabilidad el
cual implica que los demandantes concernidos deban concurrir con
acciones conducentes a la eficaz gestión del riesgo.
En efecto, la norma precitada dispone que “[…] En cumplimiento de esta
responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y
su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres […]”.
Por su parte, los habitantes del territorio nacional,
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con
precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal
como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las
autoridades […]”
Corolario de lo expuesto es que no sea dable al juez constitucional
exonerar a los ciudadanos y a las comunidades de la corresponsabilidad
que les sea exigible en la gestión de sus propios asuntos, ni relevarlos de
17 Ob. Cit.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
proferida el 1 de marzo de 2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente con número
único de radicación 19001333100520110029401.
19 Ibidem.
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la obligación de asumir las consecuencias que se derivan de sus propios
actos […]” (Destacado en la providencia) […]”.
Conforme lo anterior, y atendiendo a que está demostrado en el
plenario que el proceder de algunos miembros de la comunidad ha
contribuido en la vulneración de los derechos colectivos, la Sala
adicionará la sentencia apelada en el sentido de exhortar a la
comunidad para que no siga contaminando la quebrada el Uvo
realizando conexiones fraudulentas al sistema de alcantarillado
Municipal, y que coadyuve a las autoridades aquí accionadas en los
trámites y gestiones que se requieran con miras a dar cumplimiento
al presente fallo, sin perjuicio de las acciones administrativas y
policivas a que haya lugar.
Ahora, en relación con el argumento de la apelante referente a que
el sector de San Bernardino y la Fundación Renacer no están dentro
del sector urbano sino en el rural del Municipio y que, por lo tanto,
está fuera del ámbito de su competencia, la Sala advierte lo
siguiente:
La cláusula primera del contrato de servicios públicos domiciliarios que
contiene las condiciones uniformes establecidas para la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado por parte de la aquí accionada,
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estipula que “[…] El contrato tiene por objeto que La Sociedad
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. (AAPSA E.S.P.),
identificada con el NIT 891.500.117-1, quien en adelante se denominará
AAPSA E.S.P, preste los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado
a favor de los suscriptores, propietarios o usuarios de un inmueble
urbano y rural en los sectores definidos en el Municipio de
Popayán, de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico, siempre que las
condiciones técnicas lo permitan, a cambio de un precio en dinero, el
cual se determinará de conformidad con la normatividad vigente, bajo
las cláusulas que a continuación se indican y que constituyen las
condiciones uniformes para la prestación del servicio. Las condiciones
técnicas de acceso a los mencionados servicios se encuentran señalados
en el Capítulo II del Decreto 302 del 2000, modificado parcialmente por
el Decreto 229 de 2002, reglamentarios de la Ley 142 de 1994 […]”20.
Aunado a lo anterior, el artículo 1° del Acuerdo núm. 006 de 3 de mayo
de 201921, expedido por la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de
20 Contrato disponible en la página web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Popayán. https://aapsa.com.co/wp-content/uploads/CONTRATO-CONDICIONES-FINAL-
1.pdf
21 Por el cual se aprueba la actualización del área de prestación del servicio de Acueducto
y Alcantarillado en el Municipio de Popayán y se dictan otras disposiciones.
Documento disponible en la siguiente página web: https://aapsa.com.co/wp-
content/uploads/ACUERDO-006-2019-AREA-PRESTACION-DEL-SERVICIO.pdf
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Popayán S.A. E.S.P.22, estableció como área de prestación del servicio de
alcantarillado en el Municipio la contenida en el plano anexo a dicho
acto, en el cual se advierte que dicha empresa cubre un sector del área
rural del sector de San Bernardino, conforme se observa a
continuación23:
Sin embargo, pese a que lo anterior es indicativo de que la empresa
apelante si presta el servicio de alcantarillado en algunas zonas
22Documento que puede ser traído al proceso en virtud del numeral 5° del artículo 177 del
CGP.
23 El cuadro verde que se muestra en el plano fue incluido por la Sala para mayor claridad
respecto del sector que está cubierto con redes de alcantarillado de la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Popayán, teniendo en cuenta las convenciones establecidas
para delimitar el área de prestación del servicio.
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rurales del Municipio, lo cierto es que del plano precedente no es
posible establecer que el sector aledaño a la quebrada El Uvo y que
se ubica en la zona rural de San Bernardino se encuentra en el área
de prestación del servicio de alcantarillado, pues el citado
documento no permite precisar este aspecto.
Así las cosas, el alcance de la orden contenida en el inciso 4º del
numeral segundo de la sentencia del Tribunal24, estará limitada a
que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.
E.S.P. establezca ante el a quo, con los respectivos soportes
técnicos, que efectivamente el sector aledaño a la quebrada El Uvo
y que se ubica en la zona rural de San Bernardino se encuentra en
la zona de su cobertura, para de esta manera dar cumplimiento a
las órdenes impartidas.
Ahora, en el evento en que el área de prestación del servicio de
alcantarillado de la empresa no incluya la zona señalada, el
cumplimiento de la orden en mención estará a cargo del
MUNICIPIO, por las razones que pasan a explicarse a
24 El Tribunal en este numeral ordenó lo siguiente: “[…] Igualmente deberá construir
sistema alterno de tratamiento de aguas residuales debidamente aprobado por la CRC,
para los barrios aledaños del área de influencia, como son Zuldemayda (sic) y de la
Fundación Renacer, ubicada en el barrio San Bernardino, en caso de que no puedan
conectarse a la red de alcantarillado municipal […]”.
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continuación.
El artículo 365 de la Constitución Política25 ordena al Estado
garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos
sus habitantes, lo cual podrá hacerse directamente o a través de
comunidades organizadas o particulares.
En el mismo sentido, el artículo 366 ibidem26 prevé como objetivo
fundamental del Estado la solución de las necesidades insatisfechas
de saneamiento ambiental y de agua potable, las cuales son
indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población que es una finalidad social del Estado.
Por su parte, el artículo 311 de la Constitución Política le ordenó al
25Constitución Política, Articulo 365. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de
dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley
aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del
Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden
privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
26 Constitución Política, Articulo 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de
su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.
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Municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa, la prestación de los servicios públicos.
En esta misma línea, el artículo 5°27 de la Ley 142 prevé que al
Municipio le corresponde asegurar la prestación del servicio de
alcantarillado a sus habitantes, lo cual podrá efectuarse
directamente o a través de empresas oficiales, privadas o mixtas.
Por su parte, la Ley 136 de 2 de junio de 199428, además de prever
la referida competencia29, ordenó que el Municipio debía propender
por promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que
demande el progreso local30, así como también procurar la solución
27 Ley 142, artículo 5°: ARTÍCULO 5o. COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Es competencia de los municipios en
relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los
reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública
básica conmutada*, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos
previstos en el artículo siguiente […]”.
28 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.
29 Ley 136 de 1994, Artículo 3°. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. <Artículo modificado
por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde al
municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley
[…]”
30 Ley 136 de 1994, Artículo 3°, numeral 3: “[…] Promover el desarrollo de su territorio y
construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en
cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los
planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal
[…]”.
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de las necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes31 y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento
básico en su territorio, lo cual constituye una de sus principales
funciones32.
Ahora, la Sala destaca que, además de la prestación del servicio
público de alcantarillado, la Constitución y la Ley le encomendó
especialmente al Municipio la guarda de los recursos naturales y del
ambiente33, lo que incluye la preservación de las fuentes hídricas,
las cuales son de vital importancia para el desarrollo de las
comunidades en condiciones adecuadas de salubridad.
Sobre el particular, la Sala se pronunció en un asunto similar, en el
que consideró lo siguiente:
73. “[…] Aunado a lo anterior, los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado y, por eso, las distintas autoridades públicas
deben proteger la diversidad, conservar las áreas de especial
31 Ley 136 de 1994, Artículo 3°, numeral 7: “[…] Procurar la solución de las necesidades
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia,
con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de
familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los
demás sujetos de especial protección constitucional […]”.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 20 de noviembre de 2020,
expediente núm. 63001-23-33-000-2019-00024-01.
33 Ley 136, artículo 3°, numeral 10: “[…] 10. Velar por el adecuado manejo de los
recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley […]”.
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importancia ecológica y prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental.
74. Respecto del régimen de servicios públicos, la Sala recuerda que la
Ley 142 de 199434 contiene el esquema normativo marco tendiente a
garantizar la adecuada prestación de las actividades objeto de
debate35, cuyo artículo 14 define los siguientes conceptos relevantes
para el caso:
[…]14.19. SANEAMIENTO BÁSICO. Son las actividades propias del
conjunto de los servicios domiciliarlos de alcantarillado y aseo. […].
14.22. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO. Llamado
también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución
municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y
medición. También se aplicará esta Ley a las actividades
complementarias tales como captación de agua y su procesamiento,
tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.
14.23. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. Es la
recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de
tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales
residuos. […]36.
75. Además, la estrecha relación que existe entre los servicios de
alcantarillado y acueducto, así como la importancia que supone el agua
para los seres vivos, fue contemplada por el artículo 134 del Decreto
2811 de 18 de diciembre de 197437, en los siguientes términos:
[…] Artículo 134.- Corresponde al Estado garantizar la calidad del
agua para consumo humano y, en general, para las demás
actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines
deberá: (…)
c) Ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, para que cumplan las condiciones de recolección,
abastecimiento, conducción y calidad de las aguas;
d) Fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y
aguas servidas;
34 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”,
35 Artículo 2.3.
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de marzo de 2002. Rad. Núm: 11001-03-24-
000-2000-00030-01(7259). C. P: Olga Inés Navarrete Barreto.
37 “[p]or el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente”
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e) Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en
que debe prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de
residuos, basuras, desechos y desperdicios en una fuente
receptora; (…)
g) Determinar los casos en los cuales será permitida la
utilización de aguas negras y prohibir o señalar las condiciones
para el uso de estas;
h) Someter a control las aguas que se conviertan en focos de
contaminación y determinar las actividades que quedan
prohibidas, con especificación de área y de tiempo, así como de las
medidas para la recuperación de la fuente […]. [Resalta la Sala].
76. La norma en cita reconoce el vínculo ineludible que existe entre
ambos servicios dado que las actividades «que los conforman
contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a
la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el
respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades
fundamentales».38
77. Precisamente, la conexión entre ambas prestaciones se debe a los
impactos que pueden generar los vertimientos en la disponibilidad del
recurso hídrico. De ahí que el artículo 2.2.3.2.20.5. del Decreto 1076
de 201539, modificado por el Decreto 050 de 201840, contenga la
prohibición de «verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o
gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos».
78. De igual forma, el artículo 2.2.3.3.4.3. del citado compendio
prohíbe realizar vertimientos sin tratamiento en los siguientes lugares:
[…] 1. En las cabeceras de las fuentes de agua.
2. En acuíferos.
3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación
y usos afines que impliquen contacto primario, que no permita el
cumplimiento del criterio de calidad para este uso.
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas pa|ra agua
potable, en extensión que determinará, en cada caso, la
autoridad ambiental competente.
38
Sentencia C-450 de 4 de octubre de 1995
39
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible"
40
"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la
Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras
disposiciones"
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5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare
total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137
del Decreto-ley 2811 de 1974.
(…)
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo
hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1
del presente decreto.
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos
hidrobiológicos.
11. Al suelo que contengan contaminantes orgánicos persistentes de los
que trata el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes […].
79. Visto lo anterior, es claro que el agua es imprescindible tanto para
la sostenibilidad de los ecosistemas como para el mantenimiento de las
relaciones sociales. Sin este recurso sería imposible desarrollar
actividades cotidianas dirigidas a evitar el hambre y las enfermedades,
o tendientes a satisfacer las necesidades de consumo, cocina,
saneamiento e higiene. Por eso, el Código Nacional de Recursos
Naturales y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 99 de 1993
señalan que las cuencas hidrográficas son áreas de manejo especial.
80. En los términos del artículo 137 del Decreto 2811, las «aguas
destinadas al consumo doméstico humano» son objeto de protección
especial. En tal sentido, el artículo 312 ibidem las define como: «el
área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una
red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de
caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso
mayor que a su vez, puede desembocar en un río principal, en
un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el
mar» […]”41.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que, en el evento en
que el sector aledaño a la quebrada El Uvo y que se ubica en la zona
rural de San Bernardino no se encuentre en la zona de cobertura de la
empresa apelante, la construcción del sistema alterno de tratamiento de
aguas residuales estará a cargo del MUNICIPIO.
41Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 20 de noviembre de 2020,
expediente núm. 63001-23-33-000-2019-00024-01.
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Ahora bien, frente al argumento esgrimido en la apelación referente
a que como las redes secundarias están a cargo de los
urbanizadores hasta que son entregadas a la empresa prestadora
del servicio y como esta circunstancia no ocurrió en el presente
caso, no había lugar a imputársele el daño alegado a la empresa de
acueducto y alcantarillado, la Sala considera que no está llamado a
prosperar por las siguientes razones.
En efecto, el numeral 842 del artículo 3º del Decreto 3050 establece que
las redes secundarias de alcantarillado son diseñadas y construidas por
los urbanizadores. Asimismo, el inciso 4° del artículo 4° ibidem prevé
que una vez dichas redes sean entregadas, al prestador le corresponde
su operación, reposición, adecuación, mantenimiento, actualización o
expansión para atender las decisiones de ordenamiento territorial
definidas en los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos
que lo desarrollen o complementen43.
42 Decreto 3050, Artículo 3°. Definiciones. Adóptense las siguientes definiciones:
[…]
8.- Red secundaria o red local de alcantarillado. “Conjunto de tuberías, accesorios,
estructura y equipos que conforman el sistema de evacuación y transporte de las aguas
lluvias, residuales o combinadas de una comunidad y al cual descargan las acometidas de
alcantarillado de los inmuebles y llega hasta la red matriz o primara de alcantarillado […]”.
43 Decreto 3050, Artículo 4º. “Viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos
para proyectos de urbanización. Los prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o
alcantarillado dentro de las áreas del perímetro urbano, están en la obligación de expedir
la certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata de los mencionados servicios
cuando le sean solicitadas.
[…]
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Sin embrago, en el presente caso, lo anterior no exonera de
responsabilidad a la empresa prestadora del servicio, pues como se vio
en precedencia, el factor que contribuye en la contaminación de la
quebrada el Uvo, no solo es la falta de conexiones al alcantarillado de las
construcciones aledañas a la quebrada, sino también, la falta de
mantenimiento y mala disposición de las aguas lluvias del sumidero
existente en los barrios Zuldemaida y San Cristóbal, y el vertedero del
viaducto del barrio Zuldemaida, que se encontraba sin mantenimiento y
parte del agua residual era vertida al suelo y posteriormente a la
quebrada.
Adicionalmente, las conexiones fraudulentas que realizan urbanizadores
ilegales o que no cumplen con el lleno de los requisitos legales, se
presentan por la inactividad de la empresa de Acueducto y
Alcantarillado, y las demás accionadas, al no ejecutar las acciones
necesarias, conducentes y pertinentes para evitar que esas personas
sigan haciendo uso de las redes de alcantarillado de manera inadecuada,
motivo por el que, aun cuando lo dicho por la apelante se acompasa con
lo que el ordenamiento jurídico regula al respecto, este hecho no
demerita su participación en la vulneración de los derechos colectivos de
Entregadas las redes secundarias de servicios públicos, corresponde a los prestadores su
operación, reposición, adecuación, mantenimiento, actualización o expansión para atender
las decisiones de ordenamiento territorial definidas en los planes de ordenamiento
territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen […]”.
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la comunidad.
Finalmente, la Sala considera necesario poner de presente que del
material probatorio obrante en el expediente se advirtió que,
posiblemente, algunas viviendas fueron construidas en el área de ronda
de la quebrada objeto de la acción, lo que evidencia que el Municipio ha
desatendido sus competencias que en materia de gestión de riesgo le
atañen, las cuales se encuentran previstas en la Ley 1523 de 24 de abril
de 201244.
No obstante lo anterior, la Sala advierte que la presente acción popular
se originó por la contaminación de la quebrada el Uvo y no por la
situación de riesgo que da lugar la existencia de viviendas en la zona de
ronda de la quebrada, la cual no fue objeto de pronunciamiento por el
Tribunal, así como tampoco fue debatido a lo largo del proceso,
razón por la que no podrá dictar órdenes para conjurar dicha situación,
pues se escapa de la facultad que se tiene para proferir fallos ultra y
extra petita45.
44 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia
de 21 de enero de 2021, M.P: Nubia Margoth Peña Garzón Rad. N.° 66001 23 31 000 2010
00287 02.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de
esta Sección46, los fallos ultra y extra petita en acciones populares están
permitidos, siempre y cuando los derechos protegidos se encuentren
estrechamente relacionados con el objeto y la causa petendi, asimismo,
que durante el trámite del proceso se hubiesen garantizado los derechos
de defensa y contradicción de la parte demandada sobre ese nuevo
aspecto, presupuestos que no se cumplieron en el presente caso.
Por lo anterior, y en atención a que no se puede ignorar el riesgo en que
se encuentra la población que habita en la zona de ronda de la quebrada
el Uvo, la Sala exhortará al ente territorial para que valore las
condiciones de riesgo de dichas personas, con el fin de que adopte las
medidas a que haya lugar para remediar esta situación.
Como consecuencia de lo anterior, el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, el cual contiene las órdenes de
amparo de los derechos colectivos vulnerados, quedará en los siguientes
términos:
46Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia
de 1° de junio de 2020, consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Rad. N.°
15001-23-33-000-2013-00354-02.
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“SEGUNDO. – Impartir las siguientes órdenes a las entidades
demandadas, para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la
notificación de esta providencia, procedan:
El Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. deberá realizar
las acciones técnicas necesarias para que el viaducto transporte de
manera eficiente las aguas residuales del sector Zuldemaida y San
Cristóbal. Deberá verificar la red pluvial del barrio San Cristóbal,
porque se evidencia la presencia de aguas residuales domésticas en el
colector de entrega.
De encontrar un vertimiento del alcantarillado del sector Zuldemaida
sobre la fuente receptora, se debe eliminar el mencionado vertimiento
directo o someterlo a un tratamiento con el fin de lograr los
porcentajes de remoción de carga contaminante y poder ser vertido
directamente sin generar la afectación ambiental que en el momento
es evidente.
Igualmente deberá construir sistema alterno de tratamiento de aguas
residuales debidamente aprobado por la CRC, para los barrios
aledaños del área de influencia, como son Zuldemaida y de la
Fundación Renacer, ubicada en el barrio San Bernardino, en caso de
que no puedan conectarse a la red de alcantarillado municipal. Dicha
obligación está a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Popayán S.A., siempre que ésta, en el término de cinco días contados
a partir de la ejecutoria de esta providencia, acredite ante el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA con los debidos
soportes técnicos, que el referido sector se encuentra en el área de su
cobertura.
En el evento en que el sector referido en precedencia no se encuentre
en la zona de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Popayán S.A., la construcción del sistema alterno de tratamiento de
aguas residuales a que se refiere el inciso anterior, estará a cargo del
Municipio.
El Municipio de Popayán deberá verificar que los urbanizadores en
barrios aledaños del área de influencia de la quebrada El Uvo, cumplan
en sus proyectos con la obligación de construir las redes secundarias o
locales necesarias para la prestación efectiva de los servicios de
acueducto y alcantarillado.
En cuanto a los ya residentes de los citados barrios Zuldemaida y San
Bernardino, el municipio de Popayán, deberá evaluar la situación y
tomar las acciones necesarias, para que realicen la conexión a la red
de alcantarillado municipal en debida forma.
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La CORPORACIÓN REGIONAL DEL CAUCA – CRC, adelantará
campañas de concientización de la comunidad de los barrios
Zuldemaida y San Bernardino, en lo que corresponde a la importancia
de las fuentes hídricas, protección y conservación; así como las
medidas correctivas a que haya lugar para quienes desconozcan la
normatividad ambiental”.
De igual forma, la Sala adicionará la sentencia apelada en el sentido de
exhortar: i) al Municipio para que valore las condiciones de riesgo de las
personas que viven en el área de ronda de la quebrada el Uvo, con el fin
de que adopte las medidas a que haya lugar para remediar dicha
situación y ii) a la comunidad para que no siga contaminando la
quebrada el Uvo realizando conexiones fraudulentas al sistema de
alcantarillado Municipal, y que coadyuve a las autoridades aquí
accionadas en los trámites y gestiones que se requieran con miras a dar
cumplimiento al presente fallo, sin perjuicio de las acciones
administrativas y policivas a que haya lugar.
Finalmente, la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 34 de la
Ley 472, el comité de verificación de la sentencia, también debe estar
conformado por el Juez, quien lo presidirá. En consecuencia, debido a
que el Tribunal no está incluido en el comité de verificación ordenado en
la sentencia apelada, se modificará el numeral tercero de la parte
resolutiva de la misma, en el sentido de ordenar su inclusión.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le
separa del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de 26
de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, el cual quedará así:
“[…] “SEGUNDO. – Impartir las siguientes órdenes a las
entidades demandadas, para que dentro de los dos (2) meses
siguientes a la notificación de esta providencia, procedan:
La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYÁN S.A. E.S.P. deberá realizar las acciones técnicas
necesarias para que el viaducto transporte de manera eficiente
las aguas residuales del sector Zuldemaida y San Cristóbal.
Deberá verificar la red pluvial del barrio San Cristóbal, porque se
evidencia la presencia de aguas residuales domésticas en el
colector de entrega.
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De encontrar un vertimiento del alcantarillado del sector
Zuldemaida sobre la fuente receptora, se debe eliminar el
mencionado vertimiento directo o someterlo a un tratamiento
con el fin de lograr los porcentajes de remoción de carga
contaminante y poder ser vertido directamente sin generar la
afectación ambiental que en el momento es evidente.
Igualmente deberá construir sistema alterno de tratamiento de
aguas residuales debidamente aprobado por la CRC, para los
barrios aledaños del área de influencia, como son Zuldemaida y
de la Fundación Renacer, ubicada en el barrio San Bernardino,
en caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado
municipal. Dicha obligación está a cargo de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A.,
siempre que ésta, en el término de cinco días contados a partir
de la ejecutoria de esta providencia, acredite ante el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA con los debidos soportes
técnicos, que el referido sector se encuentra en el área de su
cobertura.
En el evento en que el sector referido en precedencia no se
encuentre en la zona de cobertura de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A., la
construcción del sistema alterno de tratamiento de aguas
residuales a que se refiere el inciso anterior, estará a cargo del
MUNICIPIO DE POPAYÁN.
El MUNICIPIO DE POPAYÁN deberá verificar que los
urbanizadores en barrios aledaños del área de influencia de la
quebrada El Uvo, cumplan en sus proyectos con la obligación de
construir las redes secundarias o locales necesarias para la
prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado.
En cuanto a los ya residentes de los citados barrios Zuldemaida
y San Bernardino, el MUNICIPIO DE POPAYÁN, deberá
evaluar la situación y tomar las acciones necesarias, para que
realicen la conexión a la red de alcantarillado municipal en
debida forma.
La CORPORACIÓN REGIONAL DEL CAUCA – CRC,
adelantará campañas de concientización de la comunidad de los
barrios Zuldemaida y San Bernardino, en lo que corresponde a
la importancia de las fuentes hídricas, protección y
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Actora: Defensoría del Pueblo – Regional Cauca
conservación; así como las medidas correctivas a que haya lugar
para quienes desconozcan la normatividad ambiental […]”.
TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de 26
de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, el cual quedará así:
“TERCERO: INTEGRAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN, de
que trata el inciso final del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, de
la siguiente manera: la parte actora, el Municipio de Popayán, la
Personería Municipal de Popayán, un Delegado de la
DEFENSORÍA DELPUEBLO – REGIONAL CAUCA, del ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE POAPYÁN S.A. E.S.P. y de la
CORPORACIÓN REGIONAL DEL CAUCA – CRC y el Tribunal que
lo presidirá, quienes estarán en la obligación de informar al
Despacho lo pertinente frente al cumplimiento de las decisiones
aquí tomadas.
CUARTO: ADICIONAR la sentencia de 26 de marzo de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el sentido de
EXHORTAR: i) al MUNICIPIO DE POPAYÁN para que valore las
condiciones de riesgo de las personas que viven en el área de ronda
de la quebrada el Uvo, con el fin de que adopte las medidas a que
haya lugar para remediar dicha situación y ii) a la comunidad de
la zona objeto de la presente acción para que no siga
contaminando la quebrada el Uvo realizando conexiones
fraudulentas al sistema de alcantarillado Municipal, y que coadyuve
a las autoridades aquí accionadas en los trámites y gestiones que
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Actora: Defensoría del Pueblo – Regional Cauca
se requieran con miras a dar cumplimiento al presente fallo, sin
perjuicio de las acciones administrativas y policivas a que haya
lugar.
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado
SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de febrero
de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
(Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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