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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00100-01

Fecha
27 de marzo de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00100-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 71 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). 25 Actor: Diego Cáceres Barajas Accionado: Universidad del Cauca 1. CONFÍRMASE, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en cuanto negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Diego Cáceres Barajas contra la Universidad del Cauca, por haber proferido los fallos disciplinarios de 10 de noviembre de 2014 y de 4 de mayo de 2015, a través de los cuales fue sancionado con suspensión del cargo de profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la referida universidad por el término de seis (6) meses. 2. REVÓCASE la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2016-00100-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00100-01 (6421-2019)
Actor: Diego Cáceres Barajas.
Accionado: Universidad del Cauca.
Trámite: Apelación sentencia - Ley 1437 de 2011
Asunto: El incumplimiento de las obligaciones de una comisión de
estudios financiada con recursos públicos, y otorgada a un
docente estatal, puede dar lugar a la configuración de falta
disciplinaria por infracción a los deberes generales de todo
servidor público en concordancia con el reglamento interno y
los compromisos pactados en el contrato de comisión.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto negó
las pretensiones de la demanda, y revocar la condena en
costas.

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

El proceso de la referencia viene con informe de la Secretaría de fecha 15 de
octubre de 20201, y cumplido el trámite previsto en el artículo 2472 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede la Sala
a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 12 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca3, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

1.2 La demanda y sus fundamentos4.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 5, el
señor Diego Cáceres Barajas, a través de apoderado judicial, solicitó la nulidad de
los fallos disciplinarios de 10 de noviembre de 20146 y 4 de mayo de 20157,

1 Folio 449 del expediente cuaderno N° 1
2 Ley 1437 de 2011, artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación

contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…).
3 Visible en folio 405 del expediente cuaderno principal.
4 Visible en folio 64 del expediente, cuaderno principal.
5 Consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo. Ley 1437 de 2011, artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. (…).
6 Visible a folio 4 del expediente, cuaderno principal.
7 Visible a folio 17 del expediente, cuaderno principal.

1

Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

respectivamente, proferidos por la coordinadora del Grupo de Control Interno de la
Universidad del Cauca, y el Consejo Superior de la misma, por medio de los
cuales fue sancionado con suspensión del cargo de docente -en propiedad-
adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la
Universidad del Cauca, por el término de seis (6) meses.

Como consecuencia de lo anterior, el apoderado del demandante solicitó a título
de restablecimiento que se condene a la entidad demandada a: i) pagar los
salarios, emolumentos y beneficios prestacionales dejados de percibir, sin solución
de continuidad; ii) pagar por concepto de daño moral y afectación a su proyecto de
vida la suma de cien (100) SMLMV; iii) actualizar los dineros que se causen en su
favor con la respectiva indexación; iv) dar cumplimiento a la sentencia que ponga
fin al proceso contencioso administrativo, en los términos del artículo 192 de la Ley
1437 de 2011; v) dar cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta (30) días
siguientes a su ejecutoria.

La Sala realiza un resumen de la situación fáctica presentada en la demanda, así:

Diego Cáceres Barajas se desempeñaba como docente -de planta- de la
Universidad del Cauca en la facultad de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas. La institución educativa le concedió una comisión de estudios
para que realizara Maestría en Ciencias de la Organización en la Universidad del
Valle, en Cali, Valle del Cauca. Para ello, suscribió un contrato 8 -identificado bajo
el número 2.3-12/064 del 14 de agosto de 2007, prorrogado mediante contrato Nº
2.3-12/045 del 30 de septiembre de 2008-9, en el que se comprometió a, i) contra-
prestar servicios por el doble del tiempo que durara la comisión, y ii) entregar
copia del título de maestría dentro del año siguiente al reintegro de sus
actividades10.

El periodo de la comisión de estudio del profesor Diego Cáceres Barajas venció el
30 de septiembre de 2009, por lo que, a partir de esa fecha se contabilizó el
término de un año que tenía para hacer entrega de la constancia de su título de
magister ante la Universidad del Cauca11, lo cual no fue cumplido, en vista que,
durante la ejecución de la comisión de estudios el disciplinado emprendió dos
proyectos de investigación que manifiesta debieron ser interrumpidos por motivos
ajenos a su voluntad, razón por la cual, la Oficina de Control Disciplinario Interno
de la referida institución decidió iniciar investigación disciplinaria en su contra.
8Contrato identificado bajo el número 2.3-12/064 del 14 de agosto de 2007, y el cual fue prorrogado mediante

contrato Nº 2.3-12/045 del 30 de septiembre de 2008. Con la Universidad del Cauca.
9 Comisión de estudios autorizada mediante Resolución Nº. 069 del 14 de agosto de 2007, y prorrogada

mediante Resolución Nº. 101 del 30 de septiembre de 2008 por el término de un año, a partir del 30 de
septiembre de 2008.
10 Clausula Tercera: OBLIGACIONES DE LAS PARTES, Literal B) DE EL PROFESOR, Numeral 2) Literal h)

que dispone textualmente: “(…) Igualmente, deberá hacer entrega de la constancia de terminación de la
Maestría, dentro del año siguiente a la terminación del mismo”. Se destaca que, en el respectivo contrato no
se convino cual sería el efecto del incumplimiento de la obligación de entregar el título un año después de
concluir los estudios.
11 Venció el plazo para presentar la certificación de obtención del título el 30 de septiembre de 2010.

2

Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

La Vicerrectora Administrativa (E) de la Universidad del Cauca remitió al Grupo de
Control Interno Disciplinario, el Oficio Nº 2-52/1062 de 20 de abril de 201212,
mediante el cual solicitó que tuvieran en cuenta y valorarán el informe realizado
por la Oficina Asesora Jurídica referente al estado de las comisiones de estudio
otorgadas a docentes vinculados a la Universidad en comento, entre ellas la
concedida al demandante.

El Grupo de Control Interno Disciplinario dispuso la apertura de la investigación
disciplinaria en contra del demandante mediante auto de 25 de febrero de 2013.
Una vez valorado el material probatorio aportado y recaudado en la etapa de
investigación, la autoridad disciplinaria formuló pliego de cargo mediante auto de 6
de mayo de 2014, en el que señaló lo siguiente.

“Cargo único. (…) la situación de incumplimiento del contrato de comisión
de estudios celebrado entre la Universidad del Cauca y el profesor Diego
Cáceres barajas13,(…) El docente comisionado se comprometió a dar
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato, incluida la
consagrada en la clausula tercera: OBLIGACIONES DE LAS PARTES,
literal B) DE EL PROFESOR, numeral 2), literal h), que dispone
textualmente “Igualmente, deberá hacer entrega de la constancia de
terminación de la Maestría, dentro del año siguiente a la terminación del
mismo”. La comisión de estudios (…) venció el día 30 de septiembre de
2009, fecha a partir de la cual se contabiliza el término a que hace
referencia la clausula contractual antes mencionada, el cual se cumplió el
30 de septiembre de 2010. Durante la ejecución de la comisión de estudios
el docente investigado emprendió dos proyectos de investigación que
manifiesta debieron ser interrumpidos por motivos ajenos a su voluntad; no
evidenciándose la existencia de actividades académicas tendientes al
desarrollo de una propuesta que permita efectivamente dar cumplimiento al
requisito académico obteniendo así el título de grado/maestría.
Adicionalmente no se verifica a la fecha, que el docente comisionado haya
aportado constancia y/o título debidamente otorgado por la Universidad del
Valle donde se acredite la terminación del programa de Maestría con
sustentación de trabajo de investigación y posterior grado”.

Explicó que, la autoridad disciplinaria, luego de realizar el estudio del expediente
determinó que, la conducta se valoraría de conformidad con los artículos 34 y 35
de la Ley 734 de 2002, esto es, lo atinente a los deberes y prohibiciones del
servidor público, en el que se tiene que, es deber general de quienes detentan
dicha calidad, dar cabal cumplimiento a los deberes y sus obligaciones, así como
los compromisos que se encuentren plasmados en diferentes instrumentos legales
y reglamentos internos que hacen parte del complemento normativo de estas
normas generales. Así tenemos que, el Acuerdo 024 de 199314, dispone en su
reglamentación de normas generales aplicables a situaciones de comisión de
estudio, así como un listado general de deberes que tienen que ser observados
por quienes detentan la calidad de profesores universitarios de la referida

12 Suscrito por la Rectoría de la referida Institución Universitaria. Visible en folio 158 del expediente, cuaderno

principal.
13 Contrato identificado bajo el número 2.3-12/064 del 14 de agosto de 2007, y que fuera prorrogado mediante

contrato Nº. 2.3-12/045 del 30 de septiembre de 2008
14 Por el cual se adopta el Estatuto del Profesor de la Universidad del Cauca.

3

Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

institución. Específicamente en torno al asunto que compete, -comisión de estudio-
el acuerdo dispone en su artículo 116, lo siguiente:

“ARTÍCULO 116. COMISIÓN. El profesor se encuentra en comisión cuando, por
disposición de la autoridad universitaria competente, ejerce de manera temporal las
funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo, o
atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las que corresponde al empleo de
que es titular.
Las comisiones pueden ser:
(…)
d. Para adelantar estudios dentro y fuera del país.
Únicamente podrá conferirse comisión para fines universitarios.”

Aunado a lo anterior, el artículo 120 del citado acuerdo, define la comisión de
estudio, determinando: “(…) La comisión para adelantar estudios sólo podrá
conferirse a los profesores cuando con ello no se afecte el desarrollo de los
programas académicos (…)”. Para dar cumplimiento a la comisión, se exige el
cumplimiento de una serie de requisitos, los cuales -a juicio del operador-, existe
prueba que permite inferir que el disciplinado con su actuar, trasgredió alguno de
estos, establecidos en el artículo 45 ibídem, entre ellos los siguientes:

ARTÍCULO 45. DEBERES. Son deberes de los profesores:
a. Cumplir las obligaciones que se deriven de la Constitución Política, las leyes, el Estatuto
General y demás normas expedidas por la Universidad.
(…)
n. Cumplir los contratos y convenios que suscriba la Universidad y demás comisiones que
se le asignen.

Apuntó que, constituye complemento del deber general dispuesto por el artículo 35
de la Ley 734 de 2002, las obligaciones descritas en los numerales recién
mencionados, que hacen referencia expresa a la imperatividad de dar
cumplimiento a los mandatos reglamentarios de la citada Universidad, incluidos los
compromisos adquiridos mediante la suscripción de contratos que como en el
caso de la referencia, formalizaron una situación administrativa especial. Por tal
razón, la autoridad disciplinaria calificó la falta como grave, bajo la modalidad de
culpa gravísima por desatención elemental, puesto que, teniendo en cuenta la
preexistencia de un compromiso contractual, académico y administrativo, lo que se
espera de un servidor es su cumplimiento.

La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca profirió fallo
disciplinario de primera instancia Nº VRADM-4109 el 10 de noviembre de 201415,
mediante el cual declaró disciplinariamente responsable al actor por la falta
endilgada, por lo que fue sancionado con suspensión del cargo de docente de
planta de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas de la referida institución por ocho (8) meses -
decisión apelada-. El Consejo Superior de la citada Universidad, resolvió el
recurso de apelación mediante la Resolución Superior Nº 023 de 4 de mayo de

15 Visible en folio 305 del expediente, cuaderno principal.

4

Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

201516, y modificó la sanción de ocho (8) a seis (6) meses de suspensión del
ejercicio del cargo.

El presidente del Consejo Superior de la Universidad del Cauca le comunicó al
actor el 27 de agosto de 2015, que la sanción de suspensión se hacía efectiva
desde el 1 de septiembre de la misma anualidad. Por otra parte, se tiene que, el
demandante recibió el título de magister en Ciencias de Organización de la
Universidad del Valle, el 4 de diciembre de 2015.

Normas violadas.

Se citó como violadas las siguientes disposiciones:

• Constitución Política, artículos 13 y 29.
• Ley 734 de 2002, artículos 29, 30 y 73.

Concepto de violación17.

La parte demandante señaló que la autoridad disciplinaria vulneró el derecho al
debido proceso y la garantía de defensa del disciplinado, en atención a las
siguientes irregularidades:

Los actos administrativos enjuiciados adolecen de nulidad, puesto que, fueron
expedidos una vez se había excedido el término de cinco años para adelantar la
acción disciplinaria, en vista que, si se acepta que el accionante debió entregar el
título el 30 de noviembre de 2009, entonces, la Universidad tenía como término
máximo para pronunciarse el 29 de noviembre de 2014 -cinco años contados a
partir de la citada fecha-, y por lo tanto, siendo que la sanción fue decretada el 4
de mayo de 2015, la acción disciplinaria habría prescrito. Adicionalmente, se
vulneró el derecho de igualdad, en vista que, el demandante fue la única persona
sancionada por la causal de no allegar el título académico en el término señalado
en el convenio.

Se vulneró el debido proceso disciplinario, en razón a que, ninguna norma tipifica
como falta, ni tampoco se estipula sanción alguna por incumplir la obligación
contractual de entregar el título de maestría, sin que se haya convenido entre las
partes el efecto de dicho incumplimiento.

Se presentó atipicidad de la conducta endilgada al actor, puesto que, la ausencia
del certificado o título obtenido por el demandante -incumplimiento del contrato- no
se puede entender como una falta disciplinaria, ni puede acarrear una sanción,
pues en este evento actuó en calidad de contratista, y debe ser el mismo contrato
el que debe prever las consecuencias de su incumplimiento.

16 Visible a folio 347 del expediente, cuaderno principal.
17 Para efectos permitir una resolución ordenada de los argumentos de nulidad planteados por el actor en la

demanda, estos se agruparán en diferentes ítems. Visible en folio 64 del expediente, cuaderno principal.

5

Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

La autoridad disciplinaria quebrantó el principio de indubio pro operario, puesto
que, la duda que se presenta al analizar los hechos materia de investigación debe
interpretarse favorablemente para el trabajador, y no aconteció así, pues el sentido
que se le dio fue el de sancionar al hoy demandante. Máxime que al momento de
la presentación de la demanda existía un hecho superado, ya que, el demandante
había recibido el título de posgrado.

1.2 Contestación de la demanda.18

La Universidad del Cauca a través de apoderado, contestó la demandada
oponiéndose a las pretensiones del libelo, con los siguientes argumentos:

El incumplimiento de la mencionada obligación contractual efectivamente
constituye falta disciplinaria, por más que el efecto no esté previsto en el contrato,
dado que, el demandante es docente de planta de tiempo completo de la referida
institución educativa, y la entidad apropió y destinó recursos del erario público, con
el propósito de elevar el nivel académico de éste, para de garantizar la calidad
educativa, contar con personal idóneo, competente y capacitado, además de
cumplir con su misión y visión institucional y los fines del Estado.

Sí se presentó responsabilidad disciplinaria del actor por incumplir la obligación
pactada, en vista que, la Universidad del Cauca adoptó a través del Acuerdo 069
de 2009, la Ley 734 de 2002, que en su artículo 23 consagra como falta
disciplinaria los comportamientos que conlleven incumplimiento de sus deberes e
incurrir en las prohibiciones19. Del mismo modo, el artículo 35 ibídem20 impuso la
prohibición de incumplir los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, mientras
que el artículo 34 ídem consagra los deberes de los servidores públicos, y por lo
tanto resulta concordante con el Acuerdo 024 de 199321, que en su artículo 45,
literales a, b y n, permite entender que los docentes deben cumplir las
obligaciones derivadas de la Constitución, las leyes, los estatuto general y demás
normas expedidas por la Universidad, actuar conforme a los principios éticos,
cumplir los contratos y convenios y demás comisiones que se le asignen, aunado
a que el contrato es ley para las partes y el docente debió cumplir con lo
estipulado.

La parte demandante se equivoca al pretender que la falta esté consagrada
taxativamente en la ley disciplinaria, puesto que, el legislador -así como la
18 Visible a folio 105 del expediente, cuaderno principal.
19 Ley 734 de 2002. Artículo 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da

lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de
responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.
20 Ley 734 de 2002.
21 Estatuto docente de la Universidad del Cauca.

6

Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

Universidad- identificaron la necesidad de instituir faltas de carácter general que
recojan diferentes actuaciones u omisiones que serán consideradas como tal.

No hubo prescripción de la acción disciplinaria, puesto que, debe tenerse en
cuenta la prórroga pactada entre las partes, la cual fue suscrita el 30 de
septiembre de 2008, por un año más22, lo que supone que el plazo de un año
contado a partir del vencimiento de la comisión de estudios se completaba el 30
de septiembre de 2010, fecha a partir de la cual se empieza a correr el término de
prescripción de la acción disciplinaria, por lo que, operaría el 29 de septiembre de
2015. En ese sentido, al expedirse la Resolución 023 el 4 de mayo de 2015 -fallo
disciplinario de segunda instancia-, se tiene que el proceso disciplinario fue
resuelto con anterioridad a que se configurara el citado fenómeno.

1.3 La sentencia apelada23.

El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia de primera instancia de 12 de
septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a
la parte demandante, con base en los siguientes argumentos:

No se configuró el fenómeno de la prescripción, en vista que, luego de verificar los
contratos que dieron lugar a la comisión de estudios, se encuentra que la cláusula
segunda del Contrato 064 de 200724, estableció, “CLAUSULA SEGUNDA.-
TERMINO: a) DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS: La duración de la comisión de
estudios será de un (1) año a partir del 14 de agosto de 2007, correspondiente al
tiempo durante el cual se adelantarán los estudios previos a la obtención del título
académico.(…)”. Seguidamente la cláusula tercera fijó las obligaciones de las
partes, impuso la del profesor: “(…) h) Culminados los estudios, deberá presentar
la certificación suscrita por el Director del programa a la interventoría. Igualmente,
deberá hacer entrega de la constancia de terminación de la Maestría, dentro del
año siguiente a la finalización del mismo. Ahora bien, mediante el Contrato 045 de
2008, se estableció una prórroga a partir del 30 de septiembre de 2008 por un
año25.

Conforme a lo anterior, el demandante contaba con plazo hasta el 30 de
septiembre de 2010, para presentar la constancia de terminación de la maestría,
término a partir del cual se iniciaba el conteo de la prescripción, lo que abarcaba
hasta el 30 de septiembre de 2015. Corolario de lo expuesto, al proferirse los fallos
disciplinarios de primera y segunda instancia antes de la referida fecha, se
concluye que el fenómeno de la prescripción no se configuró.

22 30 de septiembre de 2009.
23 Visible a folio 403 del expediente, cuaderno principal.
24 Suscrito entre el rector de la Universidad del Cauca y el disciplinado, el 14 de agosto de 2007.
25 Para la realización de estudios, estableciendo nuevamente la obligación de hacer entrega de la constancia

de terminación de la maestría dentro del año siguiente a la finalización de éste.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

No le asiste razón a la parte demandante al considerar que la potestad
disciplinaria debió estar contenida en el contrato, puesto que, el docente al
suscribir el convenio para la comisión de estudios no perdió su condición de
servidor público, ni mucho menos dejó de estar sujeto a los derechos, deberes,
prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos, que en su
categoría le prescriben la Constitución, las leyes 4 de 1992, y 734 de 2002, el
Acuerdo 024 de 1993, y normas complementarias que regulen la materia, por lo
que concluye que, la actuación disciplinaria fue acorde a derecho, respetando las
formas propias de cada proceso.

Sí le asiste razón a la autoridad disciplinaria, al establecer que la prohibición
general contenida en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 26, se concreta entre
otras normas, en el Acuerdo 024 de 1993, que impone el cumplimiento de los
contratos, convenios y comisiones, conforme a su artículo 45. Así las cosas, la
conducta endilgada al disciplinado, es decir, el incumplimiento contractual por no
entregar la constancia de terminación de la maestría en el año siguiente a la
terminación de materias cuenta con la adecuación típica requerida, en vista que, la
obligación se encuentra contenida en el clausulado contractual, pues tanto el
Contrato 064 de 2007, como su prórroga, en su cláusula tercera, establecen el
compromiso del docente de presentar la certificación de culminación de estudios
suscrita por el Director del programa a la interventoría.

El demandante con su conducta afectó el deber funcional desde el punto de vista
sustancial, pues con su omisión de concluir el proceso de formación académica
avalado por la Universidad del Cauca, incumplió el único fin perseguido por la
institución universitaria, que -según el Estatuto docente- es el mejoramiento de la
labor docente, bajo estándares establecidos por la universidad, para contribuir a la
formación y difusión del conocimiento, por lo que, la capacitación constituye un eje
fundamental de la labor docente, que sino se realiza y posteriormente se acredita
afecta el servicio. Aunado a lo anterior, se tiene que el incumplimiento fue
injustificado, pues si bien en principio existieron justificaciones razonables para la
tardanza en la obtención del título, lo cierto es que el demandante contó con
tiempo suficiente previo al inicio de la investigación para el cumplimiento
contractual.

Le asiste razón a la autoridad disciplinaria al catalogar la conducta como falta
grave, a título de culpa gravísima por desatención elemental de las obligaciones,
pues se acompasa a los deberes que el demandante tenía asignados, lo cuales se
encuentran estatuidos en el Acuerdo 024 de 1993, en ese sentido, el proceso

26 Ley 734 de 2002. Artículo 35. prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución,
los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

disciplinario contó con el respaldo fáctico y normativo para establecer la
culpabilidad del disciplinado.

La autoridad disciplinaria respetó el principio de proporcionalidad en el proceso
disciplinario, dado que, la sanción de suspensión que se le impuso -dispuesta para
faltas graves-, se encuadra dentro de lo establecido normativamente al disponer el
término de seis (6) meses; También respetó y el principio de igualdad, ya que, la
realidad fáctica de las investigaciones adelantadas a otros docentes distan del
asunto de la referencia, como quiera que en los procesos disciplinarios aducidos
por el demandante, los docentes dentro de las respectivas investigaciones
acreditaron el cumplimiento de la obligación contractual, lo que ameritó el archivo
definitivo por parte de la Universidad; sumado a lo anterior, hasta la fecha de
segunda instancia de la acción disciplinaria27, el actor no acreditó el cumplimiento
de la terminación de la maestría.

Condenó en costas a la parte vencida -parte demandante- en virtud de lo
dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con los
parámetros fijados en los artículos 365 y 366 del C.G.P., a reconocer la suma de
0.5% de las pretensiones por concepto de agencias en derecho, y costas
procesales.

1.4 El recurso de apelación28

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de 12 de
septiembre de 2019 del Tribunal Administrativo del Cauca, con base en los
siguientes argumentos:

El A Quo inobservó la atipicidad de la conducta, puesto que, la Ley 734 de 2002,
en su artículo 73, indica la terminación del proceso disciplinario cuando esta no se
encuentra prevista en la ley como falta disciplinaria, sin embargo, la autoridad
disciplinaria de primera instancia de forma equivocada consideró que aquella se
subsumía en el incumplimiento general de los deberes propios de los servidores
públicos –numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002-.

No se presentó afectación al deber funcional, en vista que, el demandante luego
de cursar dos años académicos de la maestría y empezar a realizar su trabajo
investigativo les impartió a sus alumnos esos conocimientos que adquirió, razón
por la cual el título no es evidencia que el docente imparta la información obtenida
en sus jornadas de capacitación y clases, por lo que, no se cumple lo dicho por el
Tribunal.

Se vulneró el debido proceso, ya que, la Universidad del Cauca no tenía claridad
si la conducta era típica, en ese sentido, el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 29,

27 4 de mayo de 2015
28 Visible en folio 422 del expediente, cuaderno principal.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

establece que cuando exista duda de la tipicidad de la acción disciplinaria, en los
primeros 6 meses se debe realizar una etapa indagatoria. Explica que, según el
plenario, el proceso inicia con el oficio Nº 2-52/062 de 11 de mayo de 2012,
suscrito por la Vicerrectoría de la Universidad del Cauca, en donde solicita a la
Oficina de Control Interno, que realice un informe de los docentes que tenían
comisión de estudios, y que para que aquellos no habían cumplido, se inicie
proceso disciplinario. Si se cuentan los términos desde la fecha que se cita como
inicio del proceso, los seis meses de indagatoria terminaron el 6 de noviembre del
mismo año, pero recién el acto de apertura se realizó el 25 de febrero de 2013, es
decir, más de 3 meses de haber prescrito el término para hacer la apertura.

Adicionó que, si se acepta en gracia de discusión lo dicho por el A Quo referente a
al ejercicio de la acción disciplinaria sin haber certeza sobre la tipicidad de la
conducta, la autoridad disciplinaria debió adelantar la etapa indagatoria dentro de
los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia del hecho investigado y no lo hizo.

1.5. Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público.

La parte demandante, la demandada y el Ministerio Público guardaron silencio, tal
y como se corrobora en el informe de secretaría30, visible a folio 449 del
expediente, cuaderno principal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Planteamiento del problema jurídico

Revisada la demanda, la contestación y los argumentos del recurso de apelación,
encuentra la Sala que para resolver de fondo el presente asunto deberá atender
los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Establecer si la conducta por la cual fue sancionado el demandante es
atípica y antijurídica –por no haberse afectado el deber funcional-?

• ¿Definir si la autoridad disciplinaria le vulneró al demandante el debido
proceso, al exceder el plazo legal de la etapa de indagación preliminar u
omitir su agotamiento?

• ¿Determinar si el incumplimiento de las obligaciones contractuales
académicas de un docente estatal, dentro de un programa de capacitación

29 Ley 734 de 2002. Artículo 150. procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda

sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.
La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva
de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al
Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses.
30 Ver informe de la secretaria de la sección segunda del consejo de estado de 25 de octubre de 2020.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

financiado con recursos públicos, a través de comisión de estudio, puede
constituir falta disciplinaria?

Para efectos de resolver los problemas en cuestión, la Sala desarrollará el marco
normativo de cada uno de estos y a continuación resolverá los cargos de los
recursos de apelación.

2.2. Resolución del primer problema jurídico relacionado con la presunta
atipicidad y la ilicitud sustancial de la conducta endilgada.

• La potestad disciplinaria de las universidades públicas

Se ha señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que el derecho
disciplinario comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales a través
de las cuales el Estado determina el comportamiento ético, la moralidad y la
eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento
de los diferentes servicios a su cargo (sentencia C-341/96), en consecuencia es
ahí donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la que
supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o
de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la
Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables (Art. 4 Ley 734 de
2002). Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades
administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las
normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades.

Se tiene que, el artículo 123 de la Constitución Política determina quienes
ostentan la calidad de servidores públicos, siendo estos los destinatarios del
régimen disciplinario de la ley 734 de 2002, que regula el ámbito de
responsabilidad de quien ostenta esa condición, normativa que garantiza las
funciones, deberes, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades entre otras,
todo esto establecido dentro de los principios que orientan y regulan la función
pública o administrativa, como también lo disciplinario.

El ordenamiento jurídico, ha otorgado a las universidades públicas la facultad para
dictar regímenes disciplinarios para sus servidores públicos, lo cual no significa
que con ello se desconocen las disposiciones de la Ley 734 de 2002, a que están
sometidos, sino que se trata de dictar normas adicionales, dada la especificidad
del servicio que prestan éstas instituciones, donde se establecen una serie de
conductas disciplinarias que están obligados a acatar y por lo tanto, deben ser
preexistentes al comportamiento que se busca sancionar. Es por ello que, la
Universidad del Cauca posee su propio estatuto docente a través del Acuerdo 024
de 1993 -proferido por el Consejo Superior-31, que impone las obligaciones,
deberes y conductas a adoptar por el personal docente adscrito a la misma, que

31 Estatuto docente de la Universidad del Cauca.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

ante el quebrantamiento de cualquiera de ellos, se verán compelidos a enfrentar
una sanción disciplinaria, sujeta a lo regulado por la Ley 734 de 2002 y demás
normas que lo complementen o adicionen.

• Elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria.

En materia disciplinaria la responsabilidad implica el análisis de la conducta del
sujeto disciplinable desde tres (3) diversos factores a saber, esto es, la
tipicidad,32 la ilicitud sustancial33 y la culpabilidad,34 los cuales por el diseño y
estructura del derecho disciplinario adquieren connotaciones especiales diferentes
a los decantados por otras manifestaciones del ius puniendi del Estado.35

En cuanto a la tipicidad36 la Ley determina que el operador disciplinario
debe: 1) identificar la conducta del sujeto disciplinable (imputación fáctica) y
analizarla jurídicamente (imputación jurídica) a afectos de establecer
si: i) constituye infracción de una norma de comportamiento, esto es si generó: a)
una infracción a un deber; b) una infracción a una obligación; o c) una
extralimitación de funciones previamente establecidas en la constitución, la ley o el
reglamento, y ii) si la conducta de conformidad con la “clasificación de las
faltas” (gravísima, grave o leve), constituye una falta disciplinaria atendiendo a un
listado taxativo –para las faltas gravísimas-37 y a unos “criterios de gravedad o
levedad”38 –para las faltas graves y leves-.

El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos
los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad
al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado
detallado de todas las conductas constitutivas de falta39; como consecuencia de

32 Artículo 4°; 23; 43 # 9; 184 # 1 C.D.U.
33 Artículo 5° C.D.U.
34 Artículo 13; 43 # 1; 44 parágrafo C.D.U.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Sentencia de 19 de febrero 2015. Expediente N°:11001-03-25-000-2012-00783-00. Demandante: Alfonso
Ricaurte Riveros. En esta providencia la Subsección identificó y analizó los factores que determinan la
responsabilidad explicando la forma como estos influyen en la determinación de la sanción, así como las
diferencias en relación con el derecho penal.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra

Vélez, sentencia de 27 de noviembre de 2014, Radicado 2010-00196-00, Actor: Heriberto Triana Alvis;
y Sentencia de 1 de septiembre de 2016, Radicado 2011-00590-00, Actor: Fabio Zarate Rueda. En estas
providencias la Subsección revisó el factor “tipicidad”, estableciendo que se compone de dos sub elementos, a
saber, a) la imputación fáctica y b) la imputación jurídica, este último a su vez se divide en i) la infracción de la
norma de comportamiento y ii) en la falta disciplinaria propiamente dicha. Distinción que facilita evaluar el
proceso que realiza la autoridad disciplinaria cuando subsume la conducta en una infracción disciplinaria a fin
de identificar si se está frente a una doble imputación por un mismo hecho –violación del non bis in ídem- o
frente a un concurso de faltas, y si la conducta ha sido correctamente identificada con un tipo disciplinario.
37 Artículo 48 C.D.U., y 34 de la Ley 1015 de 2006.
38 Artículo 43 C.D.U.
39 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las conductas

reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos
disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia
disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad, posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030
de 2012.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

ello se ha avalado, desde un punto de vista constitucional, la inclusión de
conceptos jurídicos indeterminados y la formulación de los tipos abiertos y en
blanco que están redactados con una amplitud tal que hace necesario remitirse a
otras normas en las que se encuentren consagrados los deberes, las funciones o
las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un
proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma congruente
cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley.

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, la tipicidad como
categoría dogmática del derecho disciplinario encuentra su razón de ser en el
principio de legalidad como expresión del debido proceso que implica que nadie
puede ser juzgado si no por una infracción, falta o delito descrito previamente por
la ley40. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política impone que «nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio». En términos de la Corte Constitucional este principio
«cumple con la función de garantizar, por un lado, la libertad y seguridad
individuales al establecer en forma anticipada, clara e inequívoca qué
comportamientos son sancionados, y de otro proteger la seguridad jurídica»41.

El segundo elemento de la responsabilidad disciplinaria a desarrollar es la ilicitud
sustancial 42, que de acuerdo con la ley disciplinaria analiza la conducta del sujeto
disciplinable desde una perspectiva diferente a la de la tipicidad, esto es desde la
justeza de la misma. La “ilicitud sustancial” se traduce en una afectación del
“deber funcional sin justificación alguna”43, es decir, este elemento a diferencia de
otras disciplinas del ius puniendi –como el derecho penal44- no responde a la
magnitud o gravedad del daño producido con la conducta sino a la existencia de la
afectación de la función (independiente de si esta afectación es grave o no) y a la
existencia o no de justificación para la misma, con base –entre otras- en las
causales de justificación preestablecidas por el legislador45.

En este sentido y atendiendo a la jurisprudencia de esta Sección46, se tiene
además que de conformidad con el artículo 5º del Código Disciplinario Único – Ley

40 Sentencia 01092 de 2018. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A. C.P. William Hernández Gómez.
41Sentencia C-769 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra

Vélez, sentencia de 29 de enero 2015, Radicado 2013-00190-00, Demandante: Dora Nelly Sarria Vergara. En
esta providencia la Subsección analizó la antijuridicidad disciplinaria para señalar que al ser descrita por el
artículo 5 de la Ley 734 de 2002 como la afectación del deber funcional sin justificación alguna, el elemento
“afectación del deber funcional” no exige la producción de un resultado dañoso de ningún tipo o gravead y el
elemento “justificación” debe ser analizado de conformidad con las causales de exclusión de la
responsabilidad disciplinaria del artículo 28 ídem.
43 Artículo 5° C.D.U.
44 Ley 599 de 2000, artículo 11. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere

que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.
45 Ver artículo 28 de la Ley 734 de 2002, causales de justificación de la conducta.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez

Aranguren. Sentencia de 2 de mayo de 2013. Radicación número: 11001-03-25-000-2010-00149-00(1085-
2010). Actor: Edgar Ariosto Alvarado González. Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Única Instancia – Autoridades Nacionales.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

734 de 2002- el cual dispone que “La falta será antijurídica cuando afecte el deber
funcional sin justificación alguna”, este mandato legal consagra, en criterio del
Consejo de Estado, la específica noción de antijuridicidad que caracteriza al
derecho disciplinario y le diferencia del derecho penal, a saber que la
antijuridicidad en el derecho disciplinario no se basa en un daño a un bien jurídico
protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servicio
público y su falta de justificación47.

Esta Corporación, en providencia de 8 de febrero de 2018, proferida dentro del
expediente Nº 0644-2013, precisó que, la afectación al deber funcional se
presenta cuando:

“Es importante precisar que, en el ámbito de la función pública, la noción de empleo debe
entenderse como «el conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades establecidas
por la Constitución, la ley, el reglamento o asignados por autoridad competente, para
satisfacer necesidades permanentes de la administración pública, y que deben ser
atendidas por una persona natural»48, ello determina que el deber funcional enmarca todas
aquellas funciones que le han sido asignadas a un determinado empleo o cargo público,
las cuales han de ejercerse con observancia de los parámetros constitucionales y legales
dentro de los cuales ha sido concebido, pues su desbordamiento conlleva un reproche de
responsabilidad a la luz del artículo 6º de la Constitución Política49.

Debe señalarse además que, para que se configure una falta disciplinaria, la conducta
debe ser antijurídica lo cual supone, no solamente el incumplimiento formal del deber, sino
que es menester que la infracción de este sea «sustancial», esto quiere decir, que la
actuación u omisión del servidor público debe desembocar en una afectación material, real
y efectiva del buen funcionamiento del Estado y por tanto del servicio público.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-948 de 2002 al estudiar la
constitucionalidad del referido artículo 5º de la Ley 734 de 2002, sostuvo lo siguiente:

[...]como se desprende de las consideraciones preliminares que se hicieron en relación con
la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro que dicho derecho está integrado
por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un
determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones 50. En este sentido y dado
que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como
finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la
imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y
funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el
deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la
determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria.
Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta
disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción
sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del
Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la
conducta. [...].

Así las cosas, no es suficiente que el servidor público falte a sus deberes funcionales para
que exista la falta disciplinaria, en tanto es necesario que la actuación conlleve una
verdadera afectación de la función pública encomendada al disciplinado, lo que significa
que si la ilicitud no fue «sustancial» no es posible declarar la responsabilidad disciplinaria51.

47 La Corte Constitucional, en la sentencia C-948 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), explicó a este respecto

que el derecho disciplinario se diferencia del derecho penal, entre otras, porque dado su objetivo central de
garantizar la excelencia en el desempeño de la función pública, las sanciones que contempla se justifican por
el mero incumplimiento del deber de los servidores públicos, incumplimiento que conlleva una afectación del
servicio a ellos encomendado.
48 Artículo 6º del Decreto 1950 de 1973, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968,

modificado por artículo 1º del Decreto 3074 de 1968.
49 «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los

servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones».
50 Sentencia C-417 de 1993.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014, Rad. 11001-03-

25-000-2012-00167-00(0728-12), actor: Jorge Gutiérrez Sarmiento.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

Otro requisito que debe cumplirse para que exista antijuridicidad de la conducta, consiste
en que la afectación del deber funcional debe originarse en una actuación que no sea
justificable por parte del disciplinado, lo que implica que para refutarla es menester que
este tenga una razón válida para haberla cometido, situación en la cual la autoridad
disciplinaria debe revisar las causales de exclusión de responsabilidad consagradas en la
Ley 734 de 2002.”

• Resolución de los cargos de apelación relacionados con el primer
problema jurídico.

Señaló el apoderado del recurrente que, el A Quo inobservó la atipicidad del cargo
endilgado, puesto que, consideró aplicable el artículo 35 de la Ley 734 de 2002,
pero ello no es acertado, pues dicha norma hace alusión al incumplimiento general
que el funcionario tenga en su calidad de docente, y frente este aspecto no hubo
ninguna infracción.

Observa la Sala que, el demandante ostenta la calidad de servidor público52 en
virtud de su condición de profesor de planta de tiempo completo adscrito a la
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad
del Cauca, por lo que se encuentra sometido al Estatuto Docente de la citada
institución -Artículo 7 del Acuerdo 024 de 1993- que regula el ejercicio de la
docencia, su ingreso, ejercicio, escalafón, ascenso, deberes y derechos,
funciones, capacitación, evaluación, estímulos, inhabilidades, régimen disciplinario
y situaciones administrativas; y a más de ello, en lo referente al régimen
disciplinario, se encuentra sujeto a la Ley 734 de 2002, como quiera que el
Acuerdo 069 de 200253, adoptó dicha norma cómo disposición única disciplinaria
de los servidores públicos de la institución.

Se encuentra acreditado para la Sala el incumplimiento contractual del
demandante frente a la Universidad del Cauca al no entregar la constancia de
terminación de la maestría dentro del año siguiente a la culminación de la
comisión de estudio, cómo se deduce del literal h), de la cláusula tercera
contractual54 -“h) Culminados los estudios, deberá presentar la certificación
suscrita por el Director del programa a la interventoría. Igualmente, deberá hacer
entrega de la constancia de terminación de la Maestría, dentro del año siguiente a
la finalización del mismo”-.

52 Constitución Política. Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas
y regulará su ejercicio.
53 Por el cual se establecen disposiciones en materia disciplinaria, aplicables a los servidores de la

Universidad del Cauca.
54 Contrato número 2.3-12/064 del 14 de agosto de 2007, prorrogado mediante contrato Nº 2.3-12/045 del 30

de septiembre de 2008. Visible en folio 118 del expediente, cuaderno principal. “Culminados los estudios,
deberá presentar la certificación suscrita por el director del programa a la interventoría. Igualmente, deberá
hacer entrega de la constancia de terminación de la Maestría, dentro del año siguiente a la finalización del
mismo”.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

En ese sentido, la violación del artículo 35 numeral 1 del C.U.D.55, que prevé las
prohibiciones a los servidores públicos, entre otras, la de incumplir los deberes y
obligaciones, que para el caso de marras, deviene de lo plasmado en el Acuerdo
024 de 1993, artículo 45, literales a), que, <<impone cumplir con las obligaciones
que se deriven de la Constitución Política, las leyes, el Estatuto General, y demás
normas expedidas por la Universidad; y n) que establece cómo deber, cumplir con
los contratos y convenios que suscriba la universidad y demás comisiones que se
le asignen.>>

Así las cosas, y ante el incumplimiento contractual por parte del disciplinado, al no
haber entregado la constancia de terminación de la maestría, dentro del año
siguiente a la finalización de la comisión de estudios, ello se adecúa típicamente a
lo señalado en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, y al Acuerdo 024 de 1993,
artículo 45, y conforme a la jurisprudencia constitucional C-030 de 2012, que hace
referencia a los tipos abiertos o conceptos jurídicos indeterminados en materia
disciplinaria. Cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación:

“En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta Corporación ha admitido
la validez, desde el punto de vista constitucional, de que las normas que fijen deberes o
faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o “conceptos jurídicos indeterminados”.

(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de
comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo,
integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y
prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las
infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que
establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica
prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria56”57

En relación con la diferencia entre la aplicación del principio de legalidad respecto de la
determinación de las conductas en los tipos legales del ordenamiento penal, y en los del
ordenamiento disciplinario, que admite la existencia de tipos abiertos, la jurisprudencia de
esta corporación ha expresado:

“Con base en lo anterior, es de anotar como peculiaridad propia del derecho disciplinario, la
posibilidad de que las conductas constitutivas de faltas disciplinarias se encuadren en la
forma de tipos abiertos. A diferencia de la materia penal, en donde la descripción de los
hechos punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor margen de
valoración e individualización de las faltas sancionables por la diversidad de
comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen
disciplinario, por las razones que a continuación se señalan 58:

“La prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones que establecen
una precisión tipológica en la que se describen de manera detallada los elementos
conformantes del tipo, de manera que, sujeto activo, conducta, intención, sujeto pasivo y
circunstancias llevan en el procedimiento penal a una exhaustiva delimitación legal de las
conductas; mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego,
elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-
institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor
flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación,

55 Ley 734 de 2002. artículo 35. prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución,
los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
56 Sentencia C-404 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
57 Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
58 Sentencia C-427 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

tal como lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano competente
para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.” 59

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, se tiene que, ello guarda
correspondencia con la posición adoptada en sede de primera instancia por el A
Quo, al haber respaldado la adecuación típica que verificó la Universidad del
Cauca dentro del proceso disciplinario, al haberse vulnerado el estatuto docente,
artículo 45, literales a), y n); subsumiéndose a lo descrito en el artículo 35 del
C.U.D., respecto del incumplimiento de los deberes.

Ahora, en cuanto al argumento del recurso de apelación respecto de que, el A Quo
no tuvo en cuenta la no afectación al deber funcional, en vista que, el demandante
luego de cursar dos años académicos de la maestría y empezar a realizar su
trabajo investigativo, impartió clases a sus alumnos, en las que puso en
conocimiento el saber adquirido, no afectándose la prestación del servicio
académico, esta Corporación señala lo siguiente:

El demandante al no culminar el proceso de formación académica avalado por la
Universidad del Cauca -a través de la comisión de estudios concedida-, incumplió
uno de los fines perseguidos por la institución universitaria 60 -mejorar el nivel
académico y el bienestar del profesorado-, que se traduce en el mejoramiento de
la labor docente bajo estándares establecidos por la universidad, a efectos de
contribuir a la formación y difusión del conocimiento. Conforme a lo anterior, se
tiene que, la capacitación constituye un eje fundamental de la universidad y de la
labor docente, el cual irradia en el mejoramiento y calidad de dicha actividad.
Ciertamente al incumplir con el deber de llevar a término la comisión de estudios, y
a falta del título que acreditara al docente como magíster, se afecta el deber
funcional.

La omisión en que incurrió el disciplinado afectó sustancialmente la función pública
que ostenta la Universidad, quien dispuso de sus recursos -públicos- buscando el
mejoramiento de la calidad del docente, puesto que, los requerimientos educativos
exigen que el ente universitario cuente con personal calificado, probo e intelectual,
aspectos que se acreditan, entre otros, con los títulos académicos que se
obtengan.

El incumplimiento del deber funcional fue injustificado, dado que, luego de verificar
el plenario se encuentra acreditado que, si bien es cierto que el docente inició dos
proyectos de investigación, éstos resultaron infructuosos. Aunado a lo anterior, en
la versión libre rendida el 13 de marzo de 201361, el docente manifestó estar
trabajando en un nuevo proyecto de grado, sin embargo, no aportó prueba a

59 Sentencia C-708 de 1999. M.P. Alvaro Tafur Galvis, ver también la sentencia C-124 de 2003, M.P. Jaime

Araújo Rentería.
60 Acuerdo 024 de 1993. Artículo 3. Objetivos: El Estatuto del Profesor de la Universidad del Cauca tiene estos

objetivos: (…). c. Mejorar el nivel académico y el bienestar del profesorado.
61 Visible en folio 258 del expediente, cuaderno principal.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

efecto de demostrar dicha circunstancia, por el contrario, la Universidad certificó el
15 de julio de 201462, que el último periodo en que el docente estuvo matriculado
corresponde a agosto/diciembre de 2011, lo que denota que, el hoy demandante
contó con el tiempo suficiente previo al inicio de la investigación para satisfacer la
exigencia académica.

Ante lo expuesto se tiene que, para la Sala se encuentra configurada la tipicidad, y
la ilicitud sustancial de la conducta disciplinaria desplegada por el hoy
demandante, quedando sin soporte los argumentos esgrimidos, lo que conduce a
desatender el reparo formulado por el recurrente.

2.3. Resolución del segundo problema jurídico relacionado con la presunta
vulneración del plazo legal para agotar la etapa de indagación preliminar.

La Corte Constitucional63 ha señalado que la inobservancia “per se” de un término
procesal no da lugar a la invalidez del procedimiento sancionatorio, en la medida
en que, es necesario que se valoren las circunstancias en que tal situación ocurrió
y si con ello se afectó el derecho de defensa del investigado. En relación con lo
anterior esta Sala64 también ha precisado que, sin desconocer el derecho que
tiene el inculpado de resolver oportunamente su situación disciplinaria, el
vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar ni
genera nulidad del proceso disciplinario.

Ahora, las etapas en que se divide el proceso disciplinario son: 1. Indagación
Preliminar. -etapa que se presenta en caso de duda frente a algún aspecto
sustancial del proceso-, 2. Investigación Disciplinaria 3. Etapa de Juzgamiento:
Esta comprende el auto de cargos y los fallos tanto de primera como de segunda
Instancia si fuera el caso.

En cuanto a la indagación preliminar como ya se ha dicho, se encuentra reglada
en el artículo 150 de la ley 734 de 2002, y del análisis de éste se observa: a) el
propósito de la investigación: La disposición establece que la indagación
preliminar se iniciará "en caso de duda sobre la procedencia de la investigación
disciplinaria" para "verificar la ocurrencia de la conducta"; "determinar si es
constitutiva de falta disciplinaria"; o "si se ha actuado al amparo de una causal de

62 Visible en folio 300 del expediente, cuaderno principal.
63 Corte Constitucional, Sentencia SU-901 de 1º de septiembre de 2005. Sala Plena. “Del sólo hecho que un

término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los
administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento
de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio
constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por
la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica,
sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se
trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las
pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es
materia de investigación.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 18 de octubre de 2007 Exp.

760012331000200303595 01 (2250-2006). C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado. Actor: Nelly Caicedo Lourido.
Ver también, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Sentencia de 8 de noviembre de 2007. Radicación 47001-23-31-000-2001-00955-01(3834-04). Actor: Antonio
Rafael Vives Cervantes. Demandado: Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial.

18

Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

exclusión de responsabilidad"; y para "la identificación o individualización del autor
de una falta disciplinaria."; b) en cuanto al término de la indagación: El mismo
artículo fija, como regla general, que la indagación preliminar tiene un término de
perfeccionamiento de 6 meses y culminará con el archivo definitivo o con el auto
de apertura. c) para la prórroga de la indagación: se establecen dos excepciones a
la regla general que consagra los 6 meses de duración; la primera, cuando hay
duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria, o
en los casos cuando exista una investigación por aquellos casos de violación a los
derechos humanos o al derecho internacional humanitario. En este evento la
indagación preliminar, podrá extenderse seis meses más.

Por otro lado, el artículo 153 de la Ley 734 de 2002, establece respecto de la
investigación disciplinaria que, tiene por objeto verificar la ocurrencia de la
conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos
determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió,
el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad
disciplinaria del investigado. A su turno, el artículo 156 ibídem dispone que, el
término de la Investigación Disciplinaria será de seis meses, contados a partir de
la decisión de apertura.

De todo lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación
previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra
automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que
como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto
es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese
término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no
a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es
decir, el sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente,
la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal
punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por
vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia
como valor superior y como principio constitucional.

• Resolución del cargo de apelación relacionado con el segundo problema
jurídico.

Manifestó la parte recurrente que, la autoridad disciplinaria excedió el término
establecido para adelantar la indagación preliminar, pues el artículo 150 de la Ley
734 de 2002, establece que esa etapa procesal tiene una duración de seis meses.
Afirmó que, dicha etapa se aperturó con el oficio Nº 2-52/062 de 11 de mayo de
2012 -por lo que los seis (6) meses de indagatoria terminaron el 6 de noviembre
de 2012-, y solo hasta el 25 de febrero de 2013 -más de 3 meses después de

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

haber prescrito el término- fue proferido el auto de apertura de la investigación
disciplinaria, por lo que ya había expirado dicho plazo.

Para efectos de resolver el cargo del recurso de apelación se hará un recuento del
recaudo probatorio, para analizar cuales fueron las circunstancias del caso en
concreto.

De conformidad con lo anterior, se advierte que, dentro del proceso disciplinario de
la referencia no existió etapa de indagación preliminar, en vista que, la
investigación disciplinaria obedeció a la respuesta del Oficio Nº 2-52/062 de 11 de
mayo de 2012, suscrito por la Vicerrectoría Administrativa (E) de la Universidad
del Cauca, por medio del cual remitió el Oficio Nº 2-52/1062 de 20 de abril del
mismo año,65 en el cual el rector de la citada institución universitaria solicitó que
fuera valorado por el Grupo de Control Interno Disciplinario el informe rendido por
la Oficina Asesora Jurídica en relación con el estado de las comisiones de estudio
otorgadas a docentes de planta vinculados. Al respecto señala:

“Atendiendo la solicitud de la Rectoría, de presentar informe sobre el desarrollo de las
comisiones de estudio otorgadas a diferentes docentes de la institución, adjunto me
permito remitir discriminada la situación de cada uno de los docentes sobre los cuales se
recibió información, adicionalmente a ello este despacho recomienda lo siguiente:
1. Para los docentes que han incumplido con su obligación de aportar el título dentro del
año siguiente al reintegro de sus actividades, iniciar investigación disciplinaria, proceso
que permita establecer el grado de responsabilidad del docente y la sanción a imponer
por su incumplimiento.
2. En cada caso se debe revisar las carpetas que soportan el proceso contractual,
estableciendo si a la fecha el contrato se encuentra vigente, es decir, si el docente esta
en etapa de contraprestación y si se ha vencido el plazo para aportar el título, podría
declararse la caducidad del contrato y hacer efectiva la clausula penal. Si las garantías
que amparan el cumplimiento del contrato se encuentran vigentes, iniciar el proceso de
cobro ante la aseguradora.
3. Finalmente, y ante la imposibilidad de hacer efectiva cualquiera de las situaciones que
permitan a la Universidad el resarcimiento del perjuicio ocasionado por el docente que
incumplió con su obligación, remitir a la oficina de Crédito y cartera los títulos valores
que soportan la obligación con el fin de adelantar el cobro de los mismos a través de
dicha dependencia.

Al anterior oficio se anexó informe donde se relaciona al profesor Diego Cáceres
Barajas, cuya comisión de estudios al momento en que se suscribió el documento
en comento presentaba incumplimiento.

El Grupo de Control Interno Disciplinario de la Universidad del Cauca, mediante
auto de 25 de febrero de 201366, dispuso la apertura de la investigación
disciplinaria en contra del docente Diego Cáceres Barajas, para lo cual, tuvo en
cuenta las pruebas debidamente allegadas al plenario y ordenó la práctica de
otras -las cuales obran en folio 242 y ss. del expediente, cuaderno principal- dicha
providencia fue notificada por Edicto67.

Ante los argumentos expuestos por la parte demandante en cuanto a que la
autoridad disciplinante se excedió en la etapa de indagación preliminar, ello no es
de recibo, dada la inexistencia de dicha etapa en el caso concreto, lo que hace

65 Suscrito por el rector de la Universidad del Cauca.
66 Visible a folio 235 del expediente, cuaderno principal.
67 Visible a folio 255 del expediente, cuaderno principal.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

que los fundamentos invocados carezcan de soporte factico y jurídicos; pero si en
gracia de discusión se admitiera por la Sala, que efectivamente la autoridad
disciplinante se excedió en el término previsto en el Art. 150 de CUD, para
adelantar la etapa de indagación, ello de por si no conduce automáticamente a la
violación al debido proceso, toda vez que, la jurisprudencia tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado han expresado al unísono que ello no
genera invalidez de la actuación disciplinaria.

En síntesis, en el proceso disciplinario adelantado contra el demandante no hubo
indagación preliminar –cuyo agotamiento es potestativo de la autoridad
disciplinaria- y por consecuencia no se configuró un exceso en el término para su
agotamiento –dado que la autoridad disciplinaria inicio el proceso directamente
con la apertura de la investigación disciplinaria-, ni en el alguna otra etapa, que
pudiera provocar afectación alguna a sus garantías procesales, más aun cuando
aquel tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción,
solicitar y aportar pruebas, invocar nulidades, presentar descargos e impugnar el
fallo sancionatorio, aspectos que fueros resueltos por la accionada en primera y
segunda instancia.

En atención a lo anterior, la Sala concluye que, el reparo formulado en contra de la
sentencia de primera instancia, anteriormente expuesto no tiene vocación de
prosperar, y así lo hará constar en la parte resolutiva de la sentencia.

2.4. Resolución del tercer problema jurídico relacionado con el
incumplimiento de una meta académica financiada con recursos públicos.

Para efectos de desarrollar el presente marco jurídico, se hace menester referirse
al concepto de incumplimiento, en los siguientes términos. “El empleo del término
“incumplimiento” conduce a un examen de la conducta de un funcionario en dos
ámbitos posibles: (i) en el de la evaluación del desempeño y (ii) en el del régimen
disciplinario. Dependiendo del sistema en el que se encuentre, ese incumplimiento
puede tener un alcance totalmente distinto. Así, por ejemplo, en el ámbito
disciplinario, el incumplimiento generalmente implica un juzgamiento de la
conducta del funcionario frente a normas destinadas a proteger la eficiencia, la
eficacia o la moralidad de la administración pública y está asociado a conductas
cometidas con dolo o culpa del funcionario. En ese evento, la sanción o
consecuencia negativa prevista en la norma–el retiro de la carrera–, tiene como
finalidad prevenir y corregir la conducta del funcionario y establecer su
responsabilidad individual, mediante la imposición de una sanción disciplinaria, y
es por eso que además de la desvinculación, se generan antecedentes
disciplinarios, e inhabilidades para el ejercicio de otros cargos.”68.

68 Sentencia C-501 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

En cuanto a los dineros utilizados en los procesos de formación de docentes de
las universidades públicas de Colombia, ellos tienen la connotación de ser
recursos del Estado, entendidos estos como aquellos ingresos que se generan de
los distintos tributos que las personas aportan desde el pago de sus impuestos,
tasas, o por medio de la actividad económica del país.

Dichos recursos públicos, han sido creados con el propósito de lograr satisfacer
las necesidades del propio conglomerado, es decir, todos aquellos propósitos que
la sociedad demanda en general y que son atendidas por medio de los distintos
servicios públicos que el Estado pondera a la población69.

El ejercicio de actividades relacionadas con recursos públicos exige al servidor
público beneficiario, que estos sirvan efectivamente para la consecución de los
fines del Estado y del bienestar general. Cuando los servidores públicos no acatan
las finalidades de los recursos públicos de los cuales son beneficiarios –
contractual o reglamentariamente- se convierten en sujetos disciplinables y su
reproche se efectuará por el incumplimiento del deber universal de todo servidor
público de acoger las obligaciones legales y funcionales.

Ahora bien, dentro del Presupuesto General de la Nación, se asignan unos
recursos a las universidades públicas. La ley 30 de 1992, artículos 8, 29 y 57,
otorgó a las universidades el carácter de establecimientos públicos, por lo que, las
universidades están dotadas de personería jurídica, patrimonio propio y capacidad
para contratar. Se trata de entidades autónomas desde una perspectiva
administrativa, pero sometidas al control y vigilancia del gobierno y a las
directrices políticas trazadas por este, y financiadas con recursos del presupuesto
nacional.

Es por ello que, los procesos de inversión en capacitación de las universidades
públicas en su personal docentes, tanto en su proceso de formación como en los
procesos de investigación, entrañan para estos en cumplir unas obligaciones en
contraprestación en favor de aquella, pues les está prohibido a los distintitos
órganos de Estado donar, ceder o reglar los recursos públicos.

En estos procesos de capacitación del personal docente las universidades
públicas cuentan con la suficiente autonomía para establecer las condiciones
objetivas que van a permitir la selección de quienes ingresan a esos planes de
formación, como también de las áreas que se requieren fortalecer, todo ello bajo
condiciones de igualdad. Adicionalmente, todos estos procesos en beneficio de los
docentes deben contener garantías suficientes en la contraprestación, claridad,
publicidad, y recursos, tanto en su diseño como su implementación, para que

69 Sentencia C-507/08

22

Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

puedan tener acceso y ser efectivamente controvertidos por las personas que se
puedan considerar afectadas.

Las Comisiones de Estudio auspiciadas por las Universidades Públicas
constituyen una situación administrativa de carácter legal, de la que se hace uso
para llevar a cabo los procesos de formación del personal docente universitario,
donde estos adquieren obligaciones y deberes frente a la Universidad que los
auspicia, todo bajo parámetros estrictamente contractuales, con el fin de alcanzar
los objetivos académicos planteados.

En estos eventos, para atribuir responsabilidad disciplinaria se hace necesario,
además de adecuar la conducta en uno de los tipos disciplinarios previstos en la
ley y de establecer su ilicitud sustancial, analizar si obran circunstancias de
exclusión de responsabilidad.

Tales actividades se encuentran bajo el autocontrol propio de la atribución
disciplinaria y serán reprochadas con la correspondiente consecuencia jurídica
cuando sean sustancialmente ilícitas, se adecuen a los tipos previstos en el
régimen común y en los especiales, bien sea como deberes, prohibiciones o como
conductas catalogadas directamente como faltas graves o gravísimas, las cuales
pueden surgir en las etapas previa, contractual propiamente dicha y
postcontractual.

Además de cumplirse los requisitos anteriores, la responsabilidad emergerá
cuando el obrar del destinatario de la ley disciplinaria se adecue al principio
constitucional de culpabilidad, según el cual no puede atribuirse a un servidor
público responsabilidad de carácter objetiva, sino que exige que dentro de la
actuación procesal su comisión se produzca a título de dolo o culpa.

• Resolución del reparo de apelación relacionado con el tercer problema
jurídico.

Para abordar el problema jurídico propuesto, se hace necesario determinar si en el
presente caso, el incumplimiento de la meta académica bajo los términos del
contrato para la comisión de estudios alcanza a generar falta disciplinaria cuando
ésta fue financiada con recursos públicos.

Se tiene por acreditado que, al docente Diego Cáceres Barajas se le concedió una
comisión de estudios por parte de la Universidad del Cauca mediante resolución
administrativa por tener la connotación de servidor público, lo que derivó en la
suscripción de un contrato donde se pactó la contraprestación, con la consecuente
garantía al momento de suscribir el mismo, y se dejó sentado que este continuaría
sujeto a los derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades e

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

impedimentos, que prescriben la Constitución, la ley 4 de 1992, el C.U.D., el
Acuerdo 024 de 1993, y demás normas complementarias.

Para la Sala es importante destacar que la comisión de estudios otorgada al
docente Diego Cáceres fue subvencionada con recursos públicos, lo que lo
obligaba a actuar con la mayor transparencia, seriedad, compromiso, y diligencia
en el desarrollo de dicha situación administrativa, sin embargo, se observa de las
pruebas que militan en el plenario que el docente incumplió una de las
obligaciones a las que se comprometió, prevista en la cláusula tercera, literal h), al
no haber aportado la constancia de terminación de la Maestría dentro del año
siguiente a la terminación del periodo de la comisión, violándose con ello el
estatuto docente de la universidad, que en su artículo 45 establece los deberes de
los profesores, particularmente, los literales a), y n), donde el primero de estos,
impone cumplir las obligaciones que se deriven de la Constitución Política, las
leyes, el Estatuto General y demás normas expedidas por la Universidad; y el
segundo, establece como deber cumplir con los contratos y convenios que
suscriba la Universidad y demás comisiones que se le asignen.

Ante el referido incumplimiento, el demandante infringió la ley disciplinaria -Ley
734 de 2002-, en razón a que, el artículo 1 del Acuerdo 069 de 2002 70, establece
el Código Único Disciplinario como el régimen de los servidores públicos de la
Universidad del Cauca, lo que permite la tipificación de la conducta al violar lo
prescrito en el artículo 45 del Acuerdo 024 de 1993. Como quiera que no se
avizora causal de justificación alguna para el incumplimiento de lo pactado, toda
vez que, el demandante luego de concluir las clases teóricas de la maestría,
contaba con el término de un año para allegar la certificación de terminación de
estudios a que estaba obligado, con lo cual, comprometió su proceso de
formación, y la inversión hecha en él por la Universidad del Cauca, lo que
desemboca en que las consecuencias a enfrentar por el demandante son de
índole disciplinaria, al violar las normas referenciadas.

Atendiendo a lo anterior, para la Sala, el tribunal A Quo realizó un análisis jurídico
acorde con la normatividad constitucional, legal y la jurisprudencia de esta
corporación, en consecuencia, los cargos del recurso de apelación no tienen
vocación de prosperidad, siendo necesario confirmar la sentencia apelada en
cuanto que negó las pretensiones de la demanda.

Por último, frente a la condena en costas, la Sala estima que según lo dispuesto
en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del
artículo 188 del CPACA, se deben estudiar para tal fin aspectos como la temeridad

70Por el cual se establecen disposiciones en materia disciplinaria, aplicables a los servidores de la
Universidad del Cauca.

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

o mala fe en la que la parte vencida pudo incurrir. En este sentido, se pronunció
esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 201671, así:

“En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al
significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real
Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su
causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y
ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de
familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva
(artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes,
previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de
acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la
demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o
recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que
ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder
a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.”.

Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no
el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe; por lo tanto, al no
observarse tal proceder de la parte accionante, se revocará la condena en costas
impuesta por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA

71 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

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Actor: Diego Cáceres Barajas
Accionado: Universidad del Cauca

1. CONFÍRMASE, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, en cuanto negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Diego
Cáceres Barajas contra la Universidad del Cauca, por haber proferido los fallos
disciplinarios de 10 de noviembre de 2014 y de 4 de mayo de 2015, a través de los
cuales fue sancionado con suspensión del cargo de profesor de tiempo completo
adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la
referida universidad por el término de seis (6) meses.

2. REVÓCASE la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye
las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CARMELO PERDOMO CUÉTER
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

26

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