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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00139-02

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00139-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO – No se probó que el ataque fuera previsible para la demandada – la muerte del uniformado se produjo por la concreción de los riesgos inherentes a su profesión - Ausencia de criterios de imputación en el presente caso. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda. Se demanda la reparación de los daños causados por la muerte de un miembro del Ejército Nacional que fue aparentemente expuesto a un riesgo superior al que debía asumir. I. SENTENCIA APELADA 1. Corresponde a la sentencia proferida el 7 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual decidió la demanda instaurada el 2 de marzo de 20161 por la señora Mónica Yadira Burgos García y su grupo familiar2, en contra del Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho que definió el Tribunal, fueron los siguientes: Pretensiones 2. Reclamaron los actores la declaratoria de la responsabilidad patrimonial a causa de la muerte del señor Alexander Vargas Castaño, ocurrida el 7 de 1 Folio 48 del cuaderno 1. 2 La primera de las nombradas en calidad de cónyuge, María Camila Vargas Burgos (hija), Gustavo de Jesús Vargas Betancourt (padre), María Amparo Castaño Montoya (madre), Faber Arbey y Jessica Shirley Vargas Castaño (hermanos). 1 Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045) Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional Referencia: Medio de control de reparación directa diciembre de 2013, en el municipio de Inzá, Cauca, con la consecuente indemnización de perjuicios3. Hechos 3. El 7 de diciembre de 2013, mientras se desempeñaba como Comandante del Batallón de Combate Terrestre 57 “Mártires de Puerres” del Ejército Nacional, y en cumplimiento de la orden de operaciones 12 “Juno”, el MY Alexander Vargas Castaño fue víctima de un ataque con explosivos realizado contra la Estación de Policía de Inzá, en el que resultó muerto. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2016-00139-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - FALLA EN EL SERVICIO –
No se probó que el ataque fuera previsible para la demandada – la muerte del uniformado
se produjo por la concreción de los riesgos inherentes a su profesión - Ausencia de
criterios de imputación en el presente caso.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de
la cual negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los daños causados por la muerte de un miembro
del Ejército Nacional que fue aparentemente expuesto a un riesgo superior al que
debía asumir.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 7 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual decidió la demanda instaurada el 2 de
marzo de 20161 por la señora Mónica Yadira Burgos García y su grupo familiar2,
en contra del Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional. La síntesis de
las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho que definió el Tribunal,
fueron los siguientes:

Pretensiones

2. Reclamaron los actores la declaratoria de la responsabilidad patrimonial a
causa de la muerte del señor Alexander Vargas Castaño, ocurrida el 7 de

1
Folio 48 del cuaderno 1.
2
La primera de las nombradas en calidad de cónyuge, María Camila Vargas Burgos (hija), Gustavo de Jesús
Vargas Betancourt (padre), María Amparo Castaño Montoya (madre), Faber Arbey y Jessica Shirley Vargas
Castaño (hermanos).

1

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

diciembre de 2013, en el municipio de Inzá, Cauca, con la consecuente
indemnización de perjuicios3.

Hechos

3. El 7 de diciembre de 2013, mientras se desempeñaba como Comandante del
Batallón de Combate Terrestre 57 “Mártires de Puerres” del Ejército Nacional, y
en cumplimiento de la orden de operaciones 12 “Juno”, el MY Alexander Vargas
Castaño fue víctima de un ataque con explosivos realizado contra la Estación de
Policía de Inzá, en el que resultó muerto.

4. En la madrugada de aquél día, el referido oficial realizaba un programa radial
en compañía del oficial de Operaciones de la Brigada Móvil 29 en la referida
Estación de Policía. Sobre las 05:10 a.m., se reportaron hostigamientos en la parte
baja del casco urbano del municipio y acto seguido se lanzaron artefactos
explosivos contra la estación que fueron accionados desde un camión que se situó
frente a la misma.

5. Como consecuencia de dicho atentado resultó muerto el MY Vargas Castaño
junto con otro oficial del Ejército Nacional, un agente de policía y dos civiles más,
así como la destrucción de esa estación.

6. Se afirmó que las instituciones demandadas estaban llamadas a responder
patrimonialmente por la muerte del agente Vargas Castaño a título de falla del
servicio, en tanto que pese a conocer el actuar delictivo de las FARC en esa
región, no tomaron las medidas de prevención y seguridad necesarias para
salvaguardar la vida de sus agentes, amén de que la estación era vulnerable, la
unidad de combate era reducida, y no se tenían los puestos de control de entrada
y salida del municipio con antiexplosivos y caninos adiestrados4.

La defensa

7. La Policía5 y el Ejército Nacional6 se opusieron a las pretensiones de la
demanda, por considerar que el suceso en el que perdió la vida el referido oficial
ocurrió en el marco de un ataque terrorista que las FARC dirigió en contra de las
instalaciones de la Estación de Policía de Inzá, razón por la cual debía inferirse

3
En concreto, como indemnización se pidió: i) por perjuicios morales la suma de 100 SMLMV para cada una
de los demandantes; ii) por “alteración grave a las condiciones de existencia”, el equivalente a 100 SMLMV,
en favor de su esposa, su hija y sus padres; y, iii) por lucro cesante, un monto de $354’539.010 para su esposa
y $212´737.439 para su hija, respectivamente.
4
Folios 32-46 del cuaderno 1.
5
Folios 101-119 del cuaderno 1.
6
Folios 72-85 del cuaderno 1.

2

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

que su muerte se produjo con ocasión y en actividades inherentes al servicio y a
causa exclusiva de la conducta ilícita de un tercero.

8. Luego de surtirse el debate probatorio7, en la oportunidad para alegar, la parte
actora insistió en la falla en el servicio al exponer al MY Vargas Castaño a un
riesgo superior frente al de los demás militares, pues a pesar de que se tenía
conocimiento del actuar delictivo de las FARC en ese municipio, no se adoptaron
medidas mínimas de seguridad para garantizar la vida del referido oficial ni la de
sus compañeros8.

9. El Ejército Nacional reiteró que no se probó que el mayor fue sometido a un
riesgo superior al que debía soportar y que su lamentable deceso se enmarca en
el riesgo propio del servicio, sumado al hecho exclusivo del tercero9. La Policía
Nacional manifestó que no se probó que el ataque contra de la estación de Policía
de Inzá se haya producido por falla en el servicio de seguridad a su cargo, sino
que devino del hecho de un tercero y la concreción del riesgo propio del servicio
militar10.

10. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda, tras
señalar que los accionantes no acreditaron que se hubiera expuesto al hoy occiso
a un riesgo excepcional que excediera las condiciones normales e inherentes al
servicio militar, ni se demostró la vulneración de los protocolos militares de
seguridad11.

7
En la audiencia inicial llevada a cabo el 19 de junio de 2018 (fs. 166-177 C9, el Tribunal decretó las siguientes
pruebas: Documentales: i) registros civiles (Fls. 5-15 C1); ii) informe administrativo por muerte 001713 (fl 13
C1); iii) certificación Brigada Móvil 29 del 5 de febrero de 2016 (fl. 17 C1); iv) inspección técnica a cadáver de
Alexander Vargas (fls. 18-22 C1); v) respuesta a derecho de petición del 1 de agosto de 2024 con anexos
(Fls. 23-30 C1); vi) denuncia penal 17-213 (C. pruebas); vii) ampliación denuncia penal graves infracciones a
DIH SPOA 201308015 (C. pruebas). En audiencia de pruebas del 14 de agosto de 2018 decretó: i) copia de
la investigación penal que se adelantó por los hechos del 7 de diciembre de 2013 en Inzá (3 cuadernos); ii)
minuta de servicios y poligrama que alertaba sobre los hechos del 7 de diciembre de 2013 (Fls. 17, 21 y 1985
C. Pruebas); censo afectaciones originadas en los hechos (Fl. 23 C. pruebas 2); iii) radiograma de los hechos,
indagación preliminar disciplinaria, orden de operaciones Juno, plan de seguridad, libro del comandante de la
Brigada 29, libro diario operacional (fls. 23 y ss C. Pruebas 2); iv) certificación de haberes y extracto hoja de
vida MY Vargas (fl. 42 y ss C. pruebas con reserva); v) expediente prestacional administrativo del MY Vargas
(fls 414 y ss C. pruebas). En continuación de audiencia de pruebas del 16 de noviembre de 2016: documentos
concernientes al Batallón Terrestre 57 Mártires de Puérres: certificación de funciones del MY Vargas el día de
los hechos, informativo prestacional, misión militar que cumplía el MY e informe sobre el uniforme que portaba,
resolución disfrute de vacaciones, registro programas radiales de la Brigada Móvil 29, certificación sobre el
número de hombres del pelotón del MY el día de los hechos, Orden de Operaciones DASHA 012 y JUNO 001,
Informe de Situación Operacional del Batallón Combate Terrestre 57 Mártires de Puerres durante los días
3,4,5,6 y 7 de diciembre de 2013, apreciación de inteligencia a la orden JUNO 001, respuesta que la
documentación de BACOT 57 fue destruida, investigación preliminar 004-2013, certificación sobre la ubicación
del puesto de mando, que el atentado se dirigió contra la Policía Nacional y que la documentación se destruyó
el día de los hechos, denuncia por los hechos demandados (Fls 433 y ss C. pruebas 4); documentos allegados
por la Alcaldía de Inzá: informes de conocimiento de presencia de grupos ilegales sobre el casco urbano,
copia de actas de reuniones de seguridad y planes adoptados con la fuerza pública, copia de informes
producidos en virtud de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2013 (Fls. 409 y ss C. pruebas 4).
8
Folios 236-238 del cuaderno 9.
9
Folios 232-235 del cuaderno 9.
10
Folios 213-222 del cuaderno 9.
11
Folios 223-231 del cuaderno 9.

3

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

La decisión

11. Mediante sentencia proferida el 7 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo
del Cauca negó las pretensiones de la demanda, luego de concluir que se acreditó
que el deceso del Mayor Vargas Castaño tuvo su génesis en la concreción del
riesgo propio del servicio militar, en tanto que el atentado perpetrado por un grupo
armado ilegal contra la estación donde se encontraba el hoy occiso resultó
irresistible e imprevisible, amén de que le significó a sus beneficiarios el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes -indemnización a for fait-, así
como un ascenso póstumo a Teniente Coronel al referido oficial.

12. También encontró probado que: (i) el Ejército y la Policía Nacional ejecutaban
acciones de prevención y de control sobre el municipio y en inmediaciones de la
estación, (ii) que la unidad militar no era reducida sino que habían varios efectivos
del BACOT 57 que estaba conformado por siete pelotones y, (iii) que el puesto de
mando adelantado, presidido por el MY Vargas Castaño, estaba conformado en
la forma indicada por la orden de operaciones DASHA, todo lo cual desvirtuaba la
falla del servicio alegada12.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

13. La apelación partió por cuestionar que el MY Vargas Castaño estuviera en el
lugar del atentado en el marco de una operación militar a pesar de estar en período
de vacaciones, lo cual en su sentir configuró una omisión del Ejército, puesto que
debió prever un reemplazo mientras el hoy occiso disfrutaba de su descanso.

14. Calificó como inadmisible que el vehículo cargado con explosivos y camuflado
entre vegetales haya burlado la seguridad de la Policía Nacional, sumado a que
también hubo fallas estratégicas que facilitaron la muerte del oficial como lo es el
hecho de haber situado el puesto de mando en una Estación de Policía.

15. Reiteró que el oficial no tenía las garantías mínimas de seguridad que
demanda el reglamento de operaciones de combate irregular EJC 3-10-1 que
determina que una unidad mínima de combate debe estar compuesta por un
oficial, tres suboficiales y 36 soldados, pero que para el día de los hechos el MY
estaba acompañado únicamente por 5 uniformados.

16. Insistió en que a pesar de que el Comando de la Brigada Móvil 29 de Popayán
tenía conocimiento del actuar delictivo de las FARC en la zona, le ordenaron al
mayor Vargas instalar un puesto de mando adelantado en la Estación de Policía
del municipio de Inzá, circunstancia que desbordó el riesgo frente a la seguridad

12
Folios 242-253 del cuaderno ppal.

4

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

del oficial, dado que por tratarse de una localización vulnerable, se debieron
extremar las medidas de control y seguridad.

17. Agregó que la omisión de mantener un puesto de control con antiexplosivos y
caninos sobre las dos vías de aproximación al municipio también resultó
determinante a la hora de evitar que se produjera un ataque como el que se
perpetró13.

18. En el término para alegar de conclusión en segunda instancia 14, las partes
guardaron silencio.

19. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión apelada, por cuanto el
fallecimiento del oficial Vargas Castaño no obedeció a ninguna conducta
negligente de las demandadas, sino que devino del riesgo propio que experimenta
el personal que ingresa de forma voluntaria o profesional a las fuerzas armadas15.

III. CONSIDERACIONES

20. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

Problema jurídico

21. En los términos del recurso de alzada, el análisis de la Sala se circunscribe a
verificar si la muerte del Mayor Alexander Vargas Castaño se produjo como
consecuencia de una falla del servicio de seguridad imputable a las instituciones
demandadas respecto de haber evitado dicho ataque terrorista. A la par, deberá
verificarse si el Ejército Nacional expuso al hoy occiso a una situación de riesgo
superior a la de sus demás compañeros de dependencia.

22. Conviene advertir que el cargo según el cual el oficial fue sometido a un riesgo
superior por encontrarse en el lugar del atentado en el marco de una operación
militar a pesar de estar en período de vacaciones, es un aspecto que no será
objeto de pronunciamiento en esta instancia, toda vez que resulta ser un punto
nuevo traído con el recurso de apelación y que no fue mencionado en la demanda,
por manera que hacerlo implicaría desconocer los principios de seguridad jurídica,
congruencia y debido proceso en perjuicio de la demandada, básicamente, porque
dicho argumento no fue planteado en la demanda y, por tanto, su introducción en
esta etapa del proceso constituye una variación de la causa petendi.

13
Folios 257-264 del cuaderno ppal.
14
Folio 367 del cuaderno ppal.
15
Folios 355-366 del cuaderno ppal.

5

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

Caso concreto

23. La Sala parte por anticipar que confirmará la decisión de primera instancia. El
material probatorio que reposa en el expediente no revela que la muerte del señor
Alexander Vargas Castaño sobrevino a causa de la supuesta omisión en la que
habrían incurrido las demandadas al no evitar el ataque terrorista, como tampoco
se probó que dicho hecho luctuoso haya configurado un riesgo excepcional o
superior al que supuestamente fue sometido el uniformado.

24. La realización de los riesgos que comporta la actividad militar puede afectar
principalmente los derechos a la vida y a la integridad personal de quienes los
asumen al desarrollar actos propios del servicio. La Fuerza Pública está instituida
para defender la soberanía, independencia, integridad del territorio nacional y el
orden constitucional a términos del artículo 217 de la Constitución Política, lo cual
implica que en cumplimiento de la función constitucional que le ha sido
encomendada puedan concretarse riesgos contingentes, bien sea por el accionar
de grupos subversivos, delincuencia común, bandas emergentes, etc. En estos
eventos sus integrantes tienen a recibir los reconocimientos que previamente el
ordenamiento ha dispuesto para quienes se someten tales riesgos mayores y de
frecuente ocurrencia -indemnización a fort fait-.

25. Pero también se ha reconocido que, a pesar de que a los miembros de la fuerza
pública y de policía se les exige una exposición mayor dadas sus funciones
constitucionales, tal situación no habilita a los superiores para que les impongan
cargas adicionales o distintas de las que normalmente deben afrontar en el control
o restablecimiento del orden público, pues ello no solo colocaría en juego el respeto
de los derechos humanos sino la vida e integridad física de los agentes, quienes
no están obligados a asumir la asunción de tales riesgos.

26. Del balance y ponderación de las situaciones antes indicadas, queda claro que
no se estará ante un daño antijurídico imputable al Estado cuando medie la
concreción de los riesgos propios de la actividad militar o de policía, a menos que
se demuestre que la lesión o muerte se produjo por una falla del servicio 16.

16
La falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por
ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa
tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se
presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas,
reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se presenta cuando la Administración presta el servicio
pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se estaría ante la omisión o ausencia
del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa o no lo presta.
Así, cuando el daño se produce como consecuencia de la omisión del Estado en la prestación de los servicios
de protección y vigilancia, es decir, cuando la imputación se refiere a la actuación falente o irregular de la
Administración por su actuar omisivo, al no utilizar todos los medios que a su alcance tenía con conocimiento
previo para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso del tercero.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre
de 2002, exp. 13.774, MP. María Elena Giraldo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de junio de 2014, exp. 29.359, MP:
Hernán Andrade Rincón (E).

6

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

27. Para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular frente al
hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse en cada caso concreto,
si, por ejemplo, para las instituciones castrenses demandadas resultaba previsible
la comisión del acto delictivo o terrorista, por manera que si del estudio fáctico y
probatorio se concluye que para el Estado existieron circunstancias que indicaban
un notable grado de previsibilidad y, pese a ello, se omitió tomar medidas
necesarias para evitarlo, estaría llamado a responder por falla en el servicio.

28. Precisado lo anterior la Sala recapitulará, en cuanto importa, los siguientes
hechos cuya prueba milita en el expediente.

29. Según el informe administrativo por muerte17 y la anotación registrada en el
libro del Comandante de la Brigada No. 29, el 7 de diciembre de 2013 a las 5:10
a.m., en momentos en que el Mayor Alexander Vargas Castaño se encontraba en
desarrollo de un programa radial junto con el oficial de operaciones con la Brigada
Móvil No. 29, fueron lanzados -al menos- tres artefactos explosivos improvisados
“cilindros bomba”, desde un vehículo tipo camioneta que transportaba alimentos,
el cual había sido parqueado minutos antes en cercanías de la Estación de Policía
de Inzá, dado que era un día de mercado, el cual se realizaba en el parque del
pueblo donde se encontraba ubicada la Estación de Policía atacada. En tal hecho
resultó muerto el Mayor Alexander Vargas Castaño, así como otro oficial del
Ejército Nacional, un agente de la Policía Nacional y dos civiles, y el daño a bienes
muebles e inmuebles aledaños.

30. El 7 de diciembre de 2013, el Mayor Vargas Castaño -Comandante del Batallón
de Combate Terrestre No. 57 "Mártires de Puerres"18-, se encontraba en la
Estación de Policía del municipio de Inzá, lugar de operaciones militares que le fue
asignado conforme a la orden 01 JUNO del 18 de julio de 2013, la cual tenía como
objeto realizar acciones ofensivas y neutralizantes contra el Sexto Frente de las
FARC que operaba en inmediaciones de esa localidad19.

31. Frente a las presuntas omisiones de las demandadas, las pruebas acreditan
una realidad probatoria distinta. Está probado que el Ejército Nacional ejecutó
acciones de prevención y de control en el Municipio de Inzá y en el perímetro de
la Estación de Policía del mismo municipio. Así lo demuestran los testimonios
trasladados del proceso disciplinario de los soldados profesionales Roymer
Carabali, Hernando León Solórzano y Elías Arnubio Luna, quienes pertenecían al
referido Batallón para la época de los hechos, y frente a la pregunta sobre las

17
Fl. 126 del cuaderno de pruebas 1.
18
Hoja de Vida Militar. Fls. 240-242 del cuaderno de pruebas 2.
19
Certificación de fecha 05 de febrero de 2016, la cual señala que el BACOT 57 para el mes de diciembre de
2013, cumplía la orden de operaciones DASHA, enmarcada dentro de la orden de operaciones 001 JUNO,
emitida por la Brigada Móvil No. 29. Fl. 17 del cuaderno de pruebas 1.

7

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

medidas de seguridad adoptadas en el municipio por la Fuerza Pública, refirieron
que se había instalado un puesto de mando adelantado en la Estación de Inzá que
estaba compuesto por el Comandante, un suboficial, un radio operador, un
enfermero y cuatro fusileros.

32. El SLP Luna manifestó que para el día del atentado se encontraban instalados
dos puntos de control en la entrada y salida del pueblo, así como se había
ordenado la revisión con caninos adiestrados a los vehículos en la noche. El SLP
León aseguró que varios militares hacían patrullajes y registros a vehículos y
personas alrededor del puesto de mando en forma permanente. Estos testigos,
junto con el SP Carabali, coincidieron al afirmar que no estaba permitido el parqueo
de vehículos o de motocicletas en inmediaciones de la Estación de Policía, para lo
cual se habían instalado unas vallas que lo impedían; además, los miembros del
Ejército Nacional acantonados en el municipio prestaban apoyo en materia de
seguridad a la Estación de Policía20.

33. Respecto de los mencionados testimonios, la Sala les otorga pleno valor
probatorio, en tanto sus dichos resultan coherentes entre sí en cuanto a los hechos
narrados y coinciden con los demás elementos de prueba recaudados en el sub
examine, al lado de lo cual, se trata de personas que en virtud de su oficio y
ubicación temporal, conocieron directamente las circunstancias en que se dieron
los hechos, sin que sea posible suponer la existencia de un interés que ponga en
entredicho sus declaraciones por el solo hecho de pertenecer a la institución
demandada, amén de que de la lectura de sus exposiciones se infiere que están
desprovistas de motivos que hagan dudar de su espontaneidad.

34. La Orden de Operación No. 01 JUNO de fecha 18 de julio de 201321, acredita
que en el área del municipio de Inzá hacían presencia varias unidades militares
ubicadas al norte, sur, oriente y occidente de la ubicación del BACOT 57, las cuales
eran conformadas por siete pelotones, cada uno integrado por 5 soldados;
asimismo, se observa que en la orden de operaciones del 13 y 14 de noviembre
de 2013, el comando BACOT 57 estaba conformado por 1 oficial, 4 suboficiales y
24 soldados profesionales22, todo lo cual evidencia una efectiva participación de
miembros del Ejército Nacional en esa localidad.

35. Adicionalmente, como medidas de seguridad adoptadas por las instituciones
demandadas para el día de los hechos en esa localidad, la orden de batalla de
fecha 14 de noviembre de 201323, expone la conformación y caracterización del

20
Fls. 359-370 del cuaderno de pruebas 2.
21
Fls. 88-106 del cuaderno de pruebas 1.
22
Fls. 433-435 del cuaderno de pruebas 4.
23
Fls. 195-200 del cuaderno de pruebas 1.

8

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

enemigo y refiere al plan de seguridad del puesto de mando24 y el plan de reacción
y contraataque de esa misma fecha 25, el plan candado seguido por el BACOT 5726,
el poligrama 905 de 6 de diciembre de 2013, mediante el cual se alertó a la Policía
Nacional de un posible atentado terrorista en el municipio de Toribío, y se indicó
que el municipio de Inzá era proclive al desarrollo de ese tipo de acciones27;
asimismo, se encuentran los planes de tarea fijados por la operación 001 JUNO28,
estos son, la Guía de Planeamiento Estratégico 2011-2014, el Plan de Guerra
Bicentenario 2011-2014, el Plan de Campaña de las Fuerzas Militares ESPADA
DE HONOR, el Manual 3.26 del Estado Mayor y Mando Conjunto de las Fuerzas
Militares, el Análisis Sistema Rival FARC entregado por el Comité de Revisión
Estratégica e Innovación, todo lo cual da cuenta de una intensa labor de
inteligencia militar tendiente al control territorial y a la prevención de posibles
hechos delictivos y terroristas en el municipio de Inzá. Cabe resaltar que no se
probó que las acciones militares o de inteligencia realizadas por las demandadas
no hubieran sido las apropiadas para ese tipo de eventos.

36. De lo anterior se infiere también que el Ejército Nacional adelantó labores de
registro y control en el municipio en procura de proporcionar seguridad a la Estación
de Policía y a los militares y policiales que la ocupaban, entre ellos el MY Vargas
Castaño, razón por lo cual no puede sostenerse que se encontraba en una
situación de indefensión como consecuencia de una supuesta omisión en la
seguridad a cargo de los demás funcionarios del Ejército Nacional y de la Policía
Nacional, así como tampoco es posible inferir que se lo haya expuesto a un riesgo
superior al de los demás miembros del Ejército Nacional.

37. La muerte del MY Vargas Castaño se produjo como consecuencia de un
atentado terrorista dirigido a la Estación de Policía del Municipio de Inzá - Cauca,
en el cual se utilizaron artefactos explosivos no convencionales que fueron
camuflados en un vehículo cargado de alimentos, aprovechando que el día de los
hechos el municipio estaba en día tradicional de mercado, hecho que constituyó
un acto sorpresivo, planeado y ejecutado por miembros de las FARC, respecto del
cual no se probó que las medidas adoptadas hubiesen sido inadecuadas.

38. Así, en lo que respecta a las omisiones que la parte actora consideró imputables
a la demandada sobre la base de una falla del servicio, no se demostró
objetivamente que el atentado haya ocurrido como consecuencia de la
inobservancia concreta de alguna disposición normativa que regulara la protección
inmediata de las Estaciones de la Policía Nacional, ni del incumplimiento de un

24
Fls. 127-129 del cuaderno de pruebas 1.
25
Fls. 130-148 del cuaderno de pruebas 1.
26
Fls. 151-155 del cuaderno de pruebas 1.
27
Fl. 406 del cuaderno de pruebas 3.
28
Fls. 88-106 del cuaderno de pruebas 1.

9

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

específico deber legal por parte de los superiores del referido Mayor.

39. La responsabilidad por omisión, además de exigir establecer si se impone en
un caso concreto una determinada conducta positiva o negativa y si la autoridad
obligada omitió ejecutarla, también requiere que se elabore un juicio de atribución,
soportado en la necesaria relación que ese deber omitido pudo tener en la
causación del daño alegado29. Frente a los supuestos sobre los cuales se analiza si
procede declarar la responsabilidad del Estado por la omisión en el cumplimiento
de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, es necesario efectuar
el contraste entre el contenido obligacional que las normas pertinentes fijan para la
autoridad administrativa implicada, de un lado, y el grado de cumplimiento u
observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto.

40. De este modo, las obligaciones que están a cargo del Estado –y por lo tanto, la
falla del servicio que constituye su trasgresión–, han de mirarse en concreto frente
al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que
rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y
los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo30, sin renunciar al
juicio de atribución soportado en la relación causal entre el deber omitido y su real
capacidad de proyectarse como elemento propiciador de la conducta causante del
daño.

41. Resulta necesario que cuando se pretenda la determinación de responsabilidad
de autoridades con ocasión de la omisión de sus funciones, se identifiquen y
acrediten en concreto los deberes particulares omitidos en el caso específico31. Por
tanto, no basta que se refieran genéricamente las obligaciones para endilgar
responsabilidad a las demandadas, porque es necesario realizar el juicio de
atribución atendiendo particularmente a los deberes que debió haber cumplido en
el caso concreto y a la determinación de si -de haber cumplido dichas obligaciones
particulares- se habría evitado la concreción del daño, representado en este caso
en la muerte del Mayor Alexander Vargas.

42. Adicionalmente, bueno es señalar que la actora obvió que diversas situaciones
fijan limitaciones a las capacidades del Estado y su accionar contra grupos
subversivos, bajo la premisa de una guerra de guerrillas en la que los grupos
subversivos apelan a la implementación de tácticas soportadas en sabotajes,
incursiones, afectaciones a la infraestructura de servicios y de producción, que por
naturaleza resultan ser imprevisibles para la fuerza pública.

29
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de julio de 2021. Exp. 53.860 C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de febrero de 2000, exp. 14.787, M.P. Alier E.
Hernández Enríquez y del 30 de noviembre de 2006, exp 14.880, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
31
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de julio de 2021. Exp. 53.860 C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.

10

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

43. En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que al
Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso
omiso de las utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y
omnipresente, a lo que se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de
no pedir más de lo posible, aunque con la misma lógica, no pueda dejar de
pregonarse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance 32.

44. En este mismo orden de ideas, los accionantes tampoco demostraron que los
hechos objeto de controversia ocurrieron porque las instituciones demandadas
hayan expuesto al Mayor Vargas Castaño a un riesgo superior o diferente al de los
demás uniformados, pues el acervo probatorio que milita en el expediente devela
que su muerte sobrevino por causa y en cumplimiento del ejercicio normal de sus
funciones.

45. Conviene señalar que mediante oficio del 14 de noviembre de 2018, el
Segundo Comandante del BACOT 13 informó que mediante Resolución 2777 del
26 de noviembre de 2013 se programaron las vacaciones del MY Vargas Castaño;
y en efecto, el Ejército certificó que al oficial se le reconocieron vacaciones para el
periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2013 y el 1 de enero de 2014 33.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta evidente que para la fecha de su deceso el
referido oficial estaba en cumplimiento de sus funciones en el puesto de mando
instalado en la Estación de Policía dentro de su jurisdicción, acompañado de
soldados a su mando y realizando actividades propias de su cargo militar. Se
desconocen las razones para ello, pues no aparece acreditada alguna orden de
suspender las vacaciones o reintegrarse al servicio ese día. Con todo, debe
resaltarse que dicha circunstancia administrativa no solo no guarda relación causal
con la muerte y, por ende, no constituye ninguna causa determinante en el daño
sino que, como ya se dijo, no fue advertida en la demanda y mal puede pretender
ahora la actora introducir un cargo nuevo con la apelación.

46. Así, verificadas las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del MY
Vargas Castaño, la Sala encuentra que el hecho luctuoso se produjo como
consecuencia de la materialización del riesgo propio, permanente y continúo
asociado al ejercicio de sus funciones como oficial del Ejército Nacional, el cual fue
asumido de manera voluntaria por el hoy occiso, sin que se haya probado la
configuración de alguna falla del servicio imputable a las demandadas.

47. En ese sentido, como asumió de manera voluntaria los riesgos que la
profesión militar conlleva, los daños sufridos como consecuencia de los peligros
inherentes a su actividad –como se concretó en este caso con su muerte en un

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, expediente 9.940, M.P. Jesús

María Carrillo.
33 Fl. 440 C pruebas 4.

11

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

atentado terrorista realizado por un grupo subversivo–, le fueron reconocidos a
través de una indemnización y una pensión por muerte a cónyuge e hija34, dentro
del marco de la relación laboral que lo vinculaba con el Ejército Nacional.

48. Las razones expuestas en precedencia sirven de sustento para confirmar la
sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

49. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 1 del artículo 365 del CGP35, la Sala condenará en costas en esta
instancia a la parte demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación por ella interpuesto.

50. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las
costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200336 -aplicable para la época de la
demanda 2 de marzo de 2016-, en esta instancia, se fijan las agencias en el 0.5%
del total de las pretensiones de la demanda, esto es, la suma de seis millones
doscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos con veinticuatro
centavos m/cte. ($6’283.657,24)37, a cargo de la parte demandante y a favor de
las demandadas en partes iguales.

51. Como en este caso la parte actora se encuentra integrada en forma plural, la
condena en costas será pagada por cada uno de los demandantes, en función de

34 Tal como consta en la Resolución 3204 del 26 de junio de 2014. Folios 427rev-428rev del cuaderno de

pruebas 3.
35
“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
36
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
37
La suma de los montos solicitados en la demanda: $413´673.000 por perjuicios morales + $567.276.449 de
lucro cesante + 275.782.000 por grave alteración a las condiciones de existencia = $1.256´731.449.

12

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

su particular interés en las resultas del proceso, según dispone el numeral 6 del
artículo 365 del CGP38, de la siguiente manera39:

Demandante Pretensión del proceso de Porcentaje respecto
reparación directa de las costas

Mónica Yadira Burgos García (cónyuge) $492’430.010 39.18 %

María Camila Vargas Burgos (hija) $350’628.439 27.9 %

Gustavo de Jesús Vargas Betancourt (padre) $137’891.000 10.97 %

María Amparo Castaño Montoya (madre) $137’891.000 10.97 %

Faber Arbey Vargas Castaño (hermano) $68´945.500 5.48 %

Jessica Shirley Vargas Castaño (hermana) $68´945.500 5.48 %

TOTAL $1.256´731.449 100%

52. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia del 7 de marzo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para
lo cual se fija por concepto de agencias en derecho la suma de seis millones
doscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos con veinticuatro
centavos m/cte. ($6’283.657,24) a favor de las demandadas por partes iguales.

38“Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos”.
39 El porcentaje se fija según lo pretendido por cada uno de los demandantes, es decir, según su interés

patrimonial. Se recuerda que en la demanda se pidió por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100
SMLMV para la cónyuge, 100 SMLMV para cada uno de los hijos y 50 SMLMV para el nieto y cada uno de
los hermanos de la víctima y por lucro cesante se solicitó el monto de mil quinientos cuarenta y nueve millones
ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte. ($1.549’855.285) que según ha
sido dispuesto por esta Corporación, se pagaría en una proporción del 50% para la cónyuge sobreviviente y
25% para cada uno de los hijos. El salario mínimo del 2016, año en que se presentó la demanda, era de
$689.455.

13

Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00139-02 (64.045)
Actor: Mónica Yadira Burgos García y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los
términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso y teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes a cargo de los demandantes:
Demandante Porcentaje respecto de las costas

Mónica Yadira Burgos García (cónyuge) 39.18 %

María Camila Vargas Burgos (hija) 27.9 %

Gustavo de Jesús Vargas Betancourt (padre) 10.97 %

María Amparo Castaño Montoya (madre) 10.97 %

Faber Arbey Vargas Castaño (hermano) 5.48 %

Jessica Shirley Vargas Castaño (hermana) 5.48 %

TOTAL 100%

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
ACLARA VOTO SALVA VOTO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

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