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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00229-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00229-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Gustavo Adolfo Pazos Marín contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia al demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo. Tercero. Reconocer personería a la abogada Paola Andrea Chávez Ibarra como apoderada de la parte accionada en los términos y para los efectos del poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2016-00229-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín
Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Temas: Nombramiento. Registro de elegibles

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 2 de abril de 2020 por el Tribunal Administrativo del Cauca,
por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Gustavo Adolfo Pazos Marín, por
conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare i)
principalmente, la nulidad del Oficio CJOFL15-3728 del 23 de noviembre de 2015;

1 Folios 204 a 237 y 257 a 259.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

y ii) subsidiariamente, la nulidad del Oficio CJOFI16 del 25 de febrero de 2016.
Dichos actos negaron el nombramiento del actor como magistrado de la Sala
Laboral - Tribunal Superior de Distrito Judicial y fueron suscritos por la directora de
la Unidad de Carrera Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i)
principalmente, disponer su nombramiento como magistrado de la Sala Laboral -
Tribunal Superior de Distrito Judicial, en su condición de integrante del registro de
elegibles contenido en la Resolución PSAR11-684 del 19 de julio de 2011 y
conforme a la creación de cargos dispuesta en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015 o en cualquier otra vacante; ii) subsidiariamente, efectuar su
designación como magistrado de la Sala Laboral Tribunal Superior de Medellín y/o
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, «con ocasión de la
desvinculación del servicio de los magistrados EFRAÍN ALONSO YAÑEZ RIVEROS y
ETHEL CECILIA MESA MARIÑO, respectivamente o en cualquier otra vacante para el

mismo cargo que se pruebe en el proceso y generada a 18 de agosto de 2015, al
configurarse la causal objetiva de retiro forzoso de que trata el numeral 4 del
artículo 149 de la Ley 270 de 1996»; iii) pagar los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia
proveyó dichos cargos en provisionalidad y hasta cuando se materialice la
vinculación del demandante en virtud del sistema del mérito; iv) reconocer la suma
de 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales; v) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos del CPACA e indexar el valor de las condenas; y vi)
sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada del demandante señaló los siguientes:2

2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación por lo que se resumirán en dicho acápite.

2

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

i) El señor Gustavo Adolfo Pazos Marín hizo parte del registro de elegibles
contenido en la Resolución PSAR11-684 del 19 de julio de 2011 para el cargo de
magistrado de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de las
Convocatorias 17 y 18 (sic), la cual estuvo vigente hasta el 18 de agosto de 2015.

ii) Desde enero de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura generó la
confianza legítima de crear 4.607 cargos permanentes a partir del 1 de mayo de
2015 y así lo dispuso en el Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de 2015.

iii) El 5 de agosto de 2015 el mencionado ente remitió a la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial el proyecto de acuerdo respecto de los
despachos que se crearían. El 22 de octubre de 2015 se otorgó concepto
favorable, el cual no era vinculante ni necesario, ya que este requerimiento fue
eliminado por el Acto Legislativo 2 de 2015.

iv) La anterior decisión se concretó en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015, proferido con posterioridad al vencimiento de la lista de elegibles
en comento.

v) El anterior contexto le impidió al demandante acceder en igualdad de
oportunidades a uno de los cuatro cargos de magistrado de Tribunal Superior –
Sala Laboral creados por el citado acuerdo, teniendo en cuenta que era uno de los
cuatro participantes que quedaban en la lista de elegibles.

vi) Los magistrados Efraín Alonso Yáñez Riveros y Ethel Cecilia Mesa Mariño
llegaron a la edad de retiro forzoso cuando se encontraba vigente el registro de
elegibles, pero se les permitió seguir laborando hasta el 17 y 28 de noviembre de
2015, respectivamente, con el fin de que tramitaran su pensión de jubilación; sin
embargo, esa situación no impedía nombrar al actor en uno de dichos cargos,
pues sus titulares ya habían incurrido en una causal objetiva de desvinculación, es
decir, que tales empleos debían considerarse vacantes a partir de ese momento.

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Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 125 de la Constitución Política; 18 del Acto
Legislativo 2 de 2015; 149, 156 y 160 de la Ley 270 de 1996; 11 de la Ley 962 de
2005; Acuerdos PSAA15-10335 del 29 de abril de 2015 y PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

i) El deber que tiene el Consejo Superior de la Judicatura de crear empleos
también implica la obligación de proveerlos a través del sistema del mérito; sin
embargo, su pasividad condujo a que vencieran las listas de elegibles de las
Convocatorias 17 y 18 (sic) y que los nuevos empleos creados por el Acuerdo
PSAA15-10402 de 2015 fueran provistos en provisionalidad.

ii) La parte demandada agotó un trámite que ya había sido derogado, como lo
era el obtener el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial para crear nuevos cargos, por lo que se dilató de manera injustificada la
expedición del mencionado acuerdo y, como consecuencia, se le impidió al
demandante acceder al sistema de carrera judicial.

iii) Esta actuación también quebrantó el artículo 11 de la Ley 962 de 2005 en
tanto prohíbe a las autoridades administrativas revivir trámites o requisitos
eliminados por el legislador o el Gobierno nacional.

iv) En este caso se afectó el derecho a la igualdad de los participantes en el
referido certamen, pues sí se permitió que algunas listas de elegibles vencidas se
utilizaran para proveer los nuevos cargos como ocurrió con los magistrados de
Tribunal Superior – Sala Penal y de Tribunal Administrativo.3

v) El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 supeditó la utilización de las listas de
elegibles para proveer los nuevos cargos a la existencia de una sentencia de

3 Para respaldar su argumento, el actor invocó la sentencia del 21 de octubre de 2015, proferida por la Sección Segunda

del Consejo de Estado, radicado 25000-23-36-00-2015-01663-01.

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Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

tutela, lo cual no se compadece con el derecho a ocupar cargos públicos y la
protección del sistema de carrera.

vi) El accionante tenía derecho a ser nombrado en reemplazo de los
magistrados Efraín Alonso Yáñez Riveros y Ethel Cecilia Mesa Mariño, pues el
hecho de que dichos servidores pudieran seguir trabajando durante 6 meses
mientras eran incluidos en nómina de pensionados, no le impedía al Consejo
Superior de la Judicatura remitir a la Corte Suprema de Justicia el listado de
elegibles que estaba vigente para el momento en que se dio el hecho cierto de
llegar a los 65 años de edad como causal automática de cesación definitiva de
funciones. Inclusive, en casos similares se ha actuado de esta forma con el fin de
salvaguardar los derechos de carrera de quienes siguen en el orden de elección
con el fin de que puedan posesionarse una vez culminen el plazo de 6 meses o
antes si se llegare a verificar con antelación el reconocimiento y pago de la
prestación.4

vii) Una postura distinta conduciría a que el período de gracia de los 6 meses
se convierta en una barrera de acceso al empleo público, «situación que se hace
más gravosa cuando dicho término a pesar de haber iniciado en vigencia del
registro de elegibles, culmina cuando el mismo ya ha fenecido, como sucede en
este caso».

1.2. Contestación de la demanda

La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
negar las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:5

4 El demandante aludió a la situación de los señores Francisco Arango Torres, quien reemplazó al magistrado José

Gildardo valencia, y Clara Inés López Dávila, quien fue nombrada en la plaza del magistrado Gabriel Raúl Castañeda.
También invocó las siguientes sentencias: i) T-865 de 2009 y C-351 de 1995, proferidas por la Corte Constitucional; y ii)
del 27 de marzo de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicado 25000-23-41-000-2012-00583-
01.
5 Folios 278 a 282 y 373 a 377.

5

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

i) Los registros de elegibles de magistrados de Tribunal Superior – Sala Penal y de
Tribunal Administrativo vencieron el 21 de noviembre de 2015 y el 3 de enero de
2016, respectivamente. Entonces, el actor no puede predicar una vulneración del
derecho a la igualdad frente a estos servidores, ya que el registro al que
pertenecía perdió vigencia con antelación.

ii) El concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial no es de
carácter obligatorio, pero sí hace parte de sus funciones al tenor del artículo 97 de
la Ley 270 de 1996. Además, para cumplir con ese cometido, la referida
dependencia adelantó varias sesiones previas a la expedición del Acto Legislativo
2 de 2015, por lo que era razonable que culminara las gestiones que venía
adelantando bajo la atribución que tenía asignada.

iii) El señor Gustavo Adolfo Pazos Marín no tenía un derecho adquirido, sino la
expectativa de ser nombrado cuando se presentara una vacante de magistrado;
sin embargo, ello no ocurrió mientras estuvo vigente la lista de elegibles en la que
estaba inscrito debido a que ocupó el último lugar, por lo que no era posible
designarlo con posterioridad, so pena de afectar las reglas del concurso.

iv) Cuando se presenta una vacante definitiva se publica conforme al
procedimiento previsto en el Acuerdo PSAA08-4536 de 2008, modificado por el
Acuerdo PSAA13-9941 de 2013, para cumplir con dos finalidades 1) que los
integrantes del registro de elegibles opten por la plaza y 2) que los servidores de
carrera soliciten un traslado, ya que esta también es una forma de provisión de los
empleos en propiedad.

v) Las vacantes de las plazas que ocupaban los magistrados Efraín Alonso Yáñez
Riveros y Ethel Cecilia Mesa Mariño se produjeron cuando ya había vencido la
lista de elegibles del accionante. Igual situación ocurrió con los cargos creados por
el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015. En consecuencia, no había lugar a nombrarlo
por el sistema del mérito.

6

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

vi) Tampoco puede afirmarse que el actor tenía la expectativa de que se iba a
crear el cargo de magistrado de Tribunal Superior – Sala Laboral, pues el Consejo
Superior de la Judicatura en enero de 2015 se limitó a informar a la comunidad
que se crearían varios cargos, pero sin especificar su denominación, ya que para
ello era imprescindible hacer los estudios técnicos que determinaran la distribución
de los despachos en las diferentes jurisdicciones y especialidades de acuerdo con
las necesidades del servicio.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 2 de abril de 2020,
negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:6

i) Mediante el Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de 2015 se previó la creación
de cargos al interior de la Rama Judicial; sin embargo, allí no se estaban
generando expectativas legítimas, ya que la medida requería de un trámite previo
y contar con el concepto favorable de la Comisión Interinstitucional. Además, el
referido acto no especificó una fecha cierta de creación de los empleos ni aludió a
su denominación.

ii) Los cargos fueron creados por el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015, fecha en que ya había expirado el registro de elegibles al que pertenecía el
accionante y, por lo tanto, no era viable nombrarlo en ninguna de esas plazas.
Tampoco era posible predicar un derecho a la designación con anterioridad, ya
que aún no existían las vacantes sino un proyecto de acuerdo, por ende, no había
nacido a la vida jurídica una decisión definitiva en ese sentido.

iii) El actor manifestó que para proferir el mencionado acuerdo no era necesario
contar con el concepto previo de la Comisión Interinstitucional; sin embargo, esta
inconformidad debió ventilarse en un proceso de nulidad en que se debatiera la

6 Folios 464 a 484.

7

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Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

legalidad de esa decisión por expedición irregular y no a través del presente medio
de control en que se cuestionan actos administrativos diferentes.

iv) El magistrado Efraín Alonso Yáñez Riveros cumplió la edad de retiro forzoso
antes de que venciera la lista de elegibles que incluía al demandante; sin
embargo, la Corte Suprema de Justicia le permitió al referido funcionario
permanecer en el cargo durante 6 meses más, en aplicación del Decreto 1660 de
1978. Entonces, como el servidor estuvo laborando hasta el 17 de noviembre de
2015, con antelación a esta fecha no era posible publicar la vacante ni designar al
señor Pazos Marín en su reemplazo. De otra parte, en el plenario no existe prueba
frente a la situación de la magistrada Ethel Cecilia Mesa Mariño.

v) El actor tampoco tenía altas probabilidades de ser nombrado en lugar del
magistrado Yáñez Riveros, ya que ocupaba el último lugar en la lista de elegibles;
por lo tanto, cualquiera de sus predecesores hubiera podido optar por dicho
empleo.

1.4. El recurso de apelación

La apoderada del demandante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:7

i) A partir del 5 de agosto de 2015 se crearon 4 empleos de magistrado de
Tribunal Superior - Sala Laboral. En efecto, la voluntad de la administración se
exteriorizó desde ese momento y, por lo tanto, se trataba de un acto definitivo con
efectos jurídicos, situación que obligaba a la demandada a utilizar la lista de
elegibles para proveer dichos cargos.

ii) El mencionado acto se rotuló como «proyecto de acuerdo», pero en realidad se
trataba de una verdadera decisión definitiva, ya que contaba con el presupuesto
para su financiamiento, los estudios previos, había sido socializado y no requería

7 Folios 493 a 511.

8

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

de trámites adicionales para su expedición; sin embargo, aquél fue sometido al
escrutinio de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para que emitiera
concepto pese a que ello no era necesario, pues se trataba de una etapa
derogada por el Acto Legislativo 2 de 2015.

iii) El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, se limitó a ratificar la aludida decisión y, por
lo tanto, no era necesario demandar su nulidad; por el contrario, el mencionado
proyecto de acuerdo correspondía a un acto definitivo y no a uno de mero trámite,
en tanto se habían agotado todos los presupuestos para su perfeccionamiento y
reunía las condiciones para surtir plenos efectos, esto es, radicó en cabeza del
actor el derecho cierto de ser nombrado en uno de los nuevos cargos.

iv) La existencia y el carácter definitivo de un acto no depende de su formalidad o
de la discrecionalidad de las autoridades.

v) Al accionante se le negó la posibilidad de acceder a la vacante generada por la
desvinculación del magistrado Efraín Alonso Yáñez Riveros, pese a que este
había cumplido la edad de retiro forzoso el 17 de mayo de 2015, cuando estaba
vigente la lista de elegibles a la que pertenecía el interesado; sin embargo, al
primero se le permitió seguir laborando 6 meses más sin que existiera fundamento
para ello, puesto que desde el año 2007 se le había reconocido la pensión de
jubilación y solo estaba pendiente su reliquidación, pero tal circunstancia no le
confería fuero de inamovilidad al amparo del Decreto 1660 de 1970, ya que este
solo opera ante la ausencia del reconocimiento pensional en aras de salvaguardar
el mínimo vital de las personas de la tercera edad.

vi) Cuando se configuró la causal objetiva de retiro del señor Yáñez Riveros,
conforme al artículo 149 de la Ley 270 de 1996, se debió nombrar al accionante en
su reemplazo.

vii) El a quo no podía asumir que el actor no habría podido ocupar dicha vacante
porque había personas con un puesto anterior a él en el listado de elegibles, en

9

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Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

tanto es imposible predecir que los demás participantes hubieran aspirado
inexorablemente a esa plaza. Es más, ninguno de ellos acudió en sede judicial
para obtener su designación. De este modo, «el Tribunal no podía presumir la
existencia de un mejor derecho a quienes no ejercieron en tiempo la acción, ni
fueron parte en el proceso».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El demandante y la parte accionada reiteraron los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso.8

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Conforme a los argumentos expuestos por el apelante,9 el problema jurídico se
contrae a determinar si el señor Gustavo Adolfo Pazos Marín tiene derecho a que
se le nombre como magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial – Sala
Laboral en uno de los cargos creados por el denominado «proyecto de acuerdo»
que precedió al Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 o en la vacante generada por el
retiro del señor Efraín Alonso Yáñez Riveros.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

8 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
9 Artículo 328 del Código General del Proceso.

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Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

2.2.1. Presupuestos de existencia, validez y eficacia del acto administrativo

El acto administrativo es una manifestación de voluntad de una autoridad o de un
particular en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos
de carácter general, mixto o particular, sometido a la Constitución y a la ley y cuyo
control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Para su conformación se requiere el cumplimiento de determinados presupuestos
referentes a su existencia, validez y eficacia.10

El presupuesto de existencia del acto administrativo atañe aquellas exigencias
sin las cuales este no se configura y, por ende, no surge a la vida jurídica. Estos
requerimientos son los siguientes: i) expresión del designio o voluntad de la
administración; ii) objeto o materia sobre la cual recae el querer de la
administración; iii) causa o motivo que induce a la decisión.

De manera especial, la existencia del acto se relaciona con la manifestación de la
voluntad de la administración materializada en una decisión, por lo que su
nacimiento a la vida jurídica se origina una vez es expedido por la respectiva
autoridad.

La voluntad es un presupuesto esencial de la existencia del acto administrativo, en
tanto «constituye el querer, la intención, la actitud consciente y deseada que se
forma en el órgano administrativo»11 y se caracteriza por su naturaleza decisoria,
esto es, su aptitud para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas a partir de
su contenido.

De acuerdo con lo expuesto, la ausencia de exteriorización de la voluntad de la
administración impide el nacimiento del acto administrativo y la producción de
efectos jurídicos.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2015, radicado 15001-23-31-001-

2008-00520-01 (50497).
11 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 2017.

11

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

Durante el proceso de elaboración del acto, la voluntad se refleja de forma interna
y externa. En la primera, las actuaciones realizadas al interior de la entidad no
tienen efectos frente a terceros. En la segunda, la decisión de la administración se
proyecta hacia el exterior y se conoce como etapa de declaración de voluntad.

Bajo tales parámetros, la ausencia de expresión de la voluntad por parte de la
administración a través de su funcionario competente, impide que el acto
administrativo exista y, en consecuencia, que produzca efectos jurídicos.
Entonces,
puede decirse que el acto es inexistente desde el punto de vista material, puesto
que nunca se profirió. Al respecto, la jurisprudencia francesa cita los siguientes
ejemplos:12

[…] acto del que no se ha podido encontrar ninguna huella en los archivos de la
Administración; […] aunque la cuestión de una posible compra de un castillo y de su
parque se haya planteado durante un pleno del ayuntamiento, no se produjo
ninguna deliberación del concejo municipal que desembocara en la decisión de
proceder a esta compra o que autorizara al alcalde a llevarla a cabo […].

El Consejo de Estado colombiano ha sostenido que el acto inexistente carece de
los atributos propios de una decisión administrativa, como los son la presunción de
legalidad, ejecutividad y ejecutoriedad, debido a que nunca nació a la vida
jurídica.13 En esa medida, tampoco es necesario que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se pronuncie sobre su legalidad o efectos.14

El presupuesto de validez se refiere a la adecuación del acto administrativo al
ordenamiento jurídico, por ende, concierne a aquellas condiciones de un acto
existente que ante el escrutinio del juez administrativo pueda obtener una
valoración positiva, esto es, ajustado al ordenamiento superior.

12 Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Devolvé, Bruno Genevois. Las grandes sentencias de la
jurisprudencia administrativa francesa, Boletín Oficial del Estado, Editions Dalloz, 21.ª, 2017.
13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de febrero de 1983, C.P. Dr. Jacobo Pérez Escobar. Citada en la

Sentencia C-069 de 1995, proferida por la Corte Constitucional.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, radicado 54001-23-31-000-

1999-0111-01 (23358).

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Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

El acto se estima válido cuando se expide con observancia de los siguientes
elementos: i) los sujetos, uno activo, quien expide el acto y debe gozar de
competencia para emitirlo, y otro pasivo, sobre quien recaen sus efectos, ii) el
objeto o contenido del acto que determina la situación jurídica que se va a afectar
con este, que en todo caso debe ser lícito, posible y existente, iii) los motivos o
razón de hecho o de derecho determinantes que impulsaron la emisión del acto,
iv) los fines o lo que la administración pretende alcanzar con la expedición del
acto administrativo, que debe ser el interés general, y v) la formalidad, concepto
que encierra procedimiento, forma y formalidad.15

El desconocimiento de cualquiera de los elementos de validez del acto
administrativo trae como consecuencia su nulidad y la cesación de sus efectos.

El presupuesto de eficacia reconduce a aquellos requisitos indispensables para
que el acto existente y válido produzca todos sus efectos jurídicos, como lo son la
publicidad, la firmeza y que no haya perdido su fuerza ejecutoria.16 Es así como la
eficacia «se proyecta hacia el exterior del acto administrativo en búsqueda de sus
objetivos y el logro de sus finalidades».17 Igualmente, este presupuesto le permite
a las autoridades ejecutar la decisión oficiosamente.

2.2.2. Carrera judicial

El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección popular,
libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.

15 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 2017.

Ver también la sentencia del 26 de junio de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
radicado 05001-23-33-000-2018-00193-01 (3250-19).
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de julio de 2016, radicado 44001-23-31-000-2004-

00356-01 (34415).
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2015, radicado 15001-23-31-001-

2008-00520-01 (50497).

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Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

El artículo 156 de la Ley 270 de 199618 determinó que la carrera judicial «se basa
en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su
gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función
para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como
fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el
servicio».

Entonces, el régimen de carrera judicial se encamina a garantizar que las
personas más idóneas ingresen a la función pública, así como otorgar estabilidad
e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público.

Por su parte, el artículo 160 ibidem, establece los requisitos exigidos para ocupar
los cargos en la carrera judicial de la siguiente manera:

Artículo 160. Requisitos especiales para ocupar cargos en la carrera
judicial. Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere,
además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado
satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas
por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto
expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de
la previa aprobación del curso de formación judicial en los términos que señala la
presente ley.
[…]

A su vez, el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 dispuso que el ingreso de
funcionarios a cargos de carrera judicial estaba sometido a las siguientes etapas:
i) concurso de méritos, ii) conformación del registro nacional de elegibles; iii)
elaboración de listas de candidatos; y iv) nombramiento y confirmación.19

Conforme al artículo 165 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la
Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura

18 Modificada por los Actos Legislativos 1 de 2003 y 2 de 2015 y las Leyes 585 de 2000, 771 de 2002, 1285 de 2009, 1437

de 2011, 1564 de 2012, 1743 de 2014, 1781 de 2016.
19 El estudio se enfoca en los funcionarios y no en los empleados por cuanto el demandante pretende ser nombrado en

un cargo de magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial.

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Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente
registro de elegibles para cargos de funcionarios, teniendo en cuenta los
siguientes lineamientos: i) la inscripción en el registro se hará en orden
descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso
de selección determine el reglamento; ii) la inscripción individual en el registro
tendrá una vigencia de 4 años; iii) durante los meses de enero y febrero de cada
año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime
necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar; y iv) de
conformidad con el reglamento, los aspirantes en cualquier momento podrán
manifestar las sedes territoriales de su interés.

Por su parte, el artículo 167 ibidem reguló el nombramiento y determinó que cada
vez que se presente una vacante en un cargo de funcionario, la entidad
nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los 3 días siguientes,
a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la
Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al
nombramiento dentro de los diez días siguientes.

2.2.3. Administración de la carrera judicial

El artículo 256 de la Constitución política, derogado parcialmente por el Acto
Legislativo 2 de 2015, dispuso que al Consejo Superior de la Judicatura le
corresponde administrar la carrera judicial.

A su vez, el artículo 257 ibidem precisó que dicha corporación debía dictar los
reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de
justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se
adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el
legislador.

15

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Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

En desarrollo de los anteriores mandatos, el artículo 85 de la Ley 270 de 1996
asignó múltiples competencias a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, de las cuales se destacan las siguientes:

✓ Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá
remitirse al Gobierno Nacional.

✓ Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial,
con su correspondiente Plan de Inversiones y someterlo a la aprobación del
Consejo en pleno.

✓ Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir
tribunales, las salas de éstos y los juzgados, cuando así se requiera para la
más rápida y eficaz administración de justicia.

✓ Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial.

✓ Elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado
listas para la designación de magistrados de los respectivos tribunales, de
conformidad con las normas sobre carrera judicial.

✓ Administrar y reglamentar la carrera judicial.

Bajo este contexto, la Corte Constitucional ha indicado que la facultad del Consejo
Superior de la Judicatura para reglamentar la carrera judicial, atañe a la
denominada «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales» y se
concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean necesarias
para desarrollar el sentido de la Ley 270 de 1996 y hacerla ejecutable.20 Al
respecto, se ha sostenido lo siguiente:21

20 Sentencias C-917 de 2002 y SU-553 de 2015.
21 Sentencia SU-539 de 2012.

16

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Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la
facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla
ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la
potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales
asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las
atribuciones propias del legislador”22.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden
ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y
humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de
reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial,
siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador,
en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su
actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama
judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones
laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo.

De acuerdo con lo anterior, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura tiene una función de alta relevancia para el cumplimiento de los fines
estatales, pues debe dictar los reglamentos tendientes a disponer de los recursos
humanos y físicos necesarios para que el servicio de la administración de justicia
se preste bajo altos estándares de eficiencia, moralidad, corrección e idoneidad en
aras de cumplir la misión institucional que se ha asignado a la Rama Judicial, esto
es, «hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades
consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y
mantener la concordia nacional».23

2.3. Hechos probados

• El 19 de julio de 2011, por Resolución PSAR11-684, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura conformó el registro de elegibles para el cargo
de magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial – Sala Laboral, como

22 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58 de 1994

(Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
23 Artículo 1 de la Ley 270 de 1996.

17

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resultado del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PSAA08-4528 de
2008. En este listado el accionante ocupó el último lugar, con el puesto 38.24

• El 6 de enero de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura emitió un
comunicado de prensa en el que explicó las razones por las que en el año anterior
disminuyó algunas medidas de descongestión y precisó que el presupuesto
asignado a la Rama Judicial se podrían hacer ajustes «para llegar a cerca de seis
mil cargos. De ellos, se espera que la gran mayoría se creen de manera
permanente en este mes de enero, una vez la Sala Administrativa adopte el nuevo
Plan Nacional de Racionalización de la Oferta de Justicia y la Comisión
Interinstitucional se reúna y emita concepto previo sobre la creación de cargos.
Una vez creados los cargos, inmediatamente serán provistos por el sistema de
carrera judicial».25

• El 29 de abril de 2015, mediante Acuerdo PSAA15-10335, el Consejo Superior de
la Judicatura prorrogó, adoptó y ajustó unas medidas de descongestión. También
se previó lo siguiente en cuanto a la creación de cargos permanentes:26

Artículo 1°.- De las medidas a adoptar. La Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura ha venido estudiando desde hace varios años la creación
de cargos permanentes. Teniendo en cuenta para lo que resta del año 2015 será
viable dicha creación, se efectuarán las mismas a través del trámite legal que, una
vez socializado, se surtirá el trámite correspondiente ante la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial.

Una vez se cuente con el concepto, se expedirán los actos administrativos
correspondientes. [Resalta la Sala].

• El 6 de agosto de 2015, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura remitió a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial el
documento técnico denominado «Documento Soporte Racionalización de la Oferta
de Justicia», acompañado de la Comunicación PSA15-3387 y de un proyecto de

24 Folios 303 a 304.
25 Folios 129 a 130.
26 Folios 102 a 117.

18

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acuerdo. Dicho órgano sesionó los días 3 de septiembre y el 19 de octubre de
2015.27

• El 22 de octubre de 2015, por Acuerdo 12, la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial emitió «concepto previo condicionado al Proyecto de
Racionalización de la Oferta de Justicia, adoptado por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura».28

• El 29 de octubre de 2015, mediante Acuerdo PSAA15-10402, el Consejo Superior
de la Judicatura creó varios cargos con carácter permanente, entre ellos 4 de
magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial - Sala Laboral, con
fundamento en las siguientes consideraciones:29

Que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desde hace varios
años ha venido examinando la evolución de la demanda de justicia creciente en la
Administración de Justicia, el número de asuntos que son resueltos por los
funcionarios judiciales y la capacidad de respuesta del aparato judicial permanente y
los requerimientos necesarios para la atención oportuna de dicha demanda.

Que teniendo concluido el ejercicio de planeación y construcción de una solución
seria de oferta judicial a través de la creación de cargos permanentes, la Sala
Administrativa diseñó una estrategia de Racionalización de la Oferta de Justicia para
la redefinición de la estructura de cargos y la garantía de recursos presupuestales
necesarios para su implementación, la cual sólo fue posible hasta cuando el
Ministerio de Hacienda Pública autorizó los recursos para la creación de cargos en
esta vigencia fiscal.

Que desde el mes de diciembre del año 2014, en socializaciones con las Salas
Seccionales, con Tribunales y Juzgados de los diferentes distritos judiciales; se han
analizado las necesidades de cada región, de manera concertada.

Que la Sala Administrativa busca actualizar el cuerpo de servidores judiciales para
dar una respuesta efectiva al derecho de acceso a la Justicia en Colombia,
mediante la racionalización de la oferta judicial.

Que la Sala Administrativa ha evaluado el inventario de procesos, la productividad
de los despachos, las necesidades de las especialidades en sus diferentes niveles y
los recursos presupuestales disponibles.

27 Información suministrada por la secretaria de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (folios 30 a 31).
28 Folio 413 a 415.
29 Folios 174 a 190.

19

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Que la Sala Administrativa el día 5 de agosto de 2015, remitió para concepto previo
a la Comisión Interinstitucional el proyecto de Acuerdo, junto con los estudios
técnicos que sustentan todas y cada una de las propuestas.

Que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial el día veintidós (22) de
octubre del año 2015, emitió concepto mediante Acuerdo No. 12.

Que el numeral 3 del Artículo 97 de la Ley 270 de 1996, precisa que la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial debe emitir concepto previo, el cual no obliga.

Que analizado con detenimiento el concepto previo de la Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial, la Sala Administrativa acoge su inmensa mayoría, salvo en
materias mínimas como son: Juzgados de Menores y algunos Juzgados
Promiscuos, relatorías; cargos de apoyo y Juzgados de restitución de tierras.

Que el día jueves 29 de octubre de 2015, mediante oficio DEAJ15-1163, la Doctora
Celinea Oróstegui de Jiménez, Directora Ejecutiva de Administración Judicial y los
Doctores Santiago Danilo Alba Herrera y Elkin Gustavo Correa León, Directores de
las Unidades de Planeación y Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, respectivamente, informaron que se tiene un valor
disponible por la suma de $113.393.698.056.

• El 23 de noviembre de 2015, por Oficio CJOFL15-3728, la directora de la Unidad
de Carrera Judicial – Consejo Superior de la Judicatura negó la solicitud del actor
encaminada a que se publicaran las vacantes de magistrado de Tribunal Superior
de Distrito Judicial – Sala Laboral, creadas por el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015,
en orden a que fueran provistas con el registro de elegibles aprobado por la
Resolución PSAR11-684 de 2011. La administración explicó que ello no era posible
por cuanto el listado expiró el 18 de agosto de 2015 y los cargos se crearon con
posterioridad a esa fecha.30

Igualmente, se indicó que las vacantes serían publicadas durante los 5 primeros
días del mes de diciembre de 2015, «sólo para efectos de que los servidores
judiciales puedan solicitar traslado, conforme a lo previsto en el parágrafo del
artículo segundo del Acuerdo PSAA08-4536 de 2008».

• El 25 de febrero de 2016, por Oficio CJOFI16-582, la parte accionada le manifestó
al actor que no podía utilizar el registro de elegibles contenido en la Resolución
PSAR11-684 de 2011 para ocupar las vacantes que se presentaron por el retiro de

30 Folio 24.

20

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los magistrados Efraín Alonso Yáñez Riveros y Ethel Cecilia Mesa de Mariño,
porque ello ocurrió con posterioridad el vencimiento del aludido listado.31

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

En este acápite se resolverán los motivos de inconformidad expuestos por el
apelante frente a la decisión de primera instancia y que se encaminan a obtener
un fallo favorable a sus pretensiones en el sentido de ser nombrado como
magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial – Sala Laboral en uno de los
cargos creados por el denominado «proyecto de acuerdo» que precedió al
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 o en la vacante generada por el retiro del señor
Efraín Alonso Yáñez Riveros. A continuación, se estudiarán ambas pretensiones
junto con los razonamientos esgrimidos en la alzada frente a cada una.

2.4.1. Nombramiento en los cargos creados por el «proyecto de acuerdo»
que precedió al Acuerdo PSAA15-10402 de 2015

En torno a esta pretensión el demandante refiere que hizo parte del registro de
elegibles aprobado por la Resolución PSAR11-684 del 19 de julio de 2011, para el
cargo de magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial – Sala Laboral y que
durante su vigencia consolidó el derecho a ser nombrado en una de las 4 plazas
creadas por el denominado «proyecto de acuerdo» que precedió al Acuerdo
PSAA15-10402 de 2015, por considerar que el acto definitivo que exteriorizó la

voluntad de la administración de crear dichos cargos se configuró el 5 de agosto
de 2015, mientras que el listado expiró el 18 siguiente.

La anterior conclusión se fundó en los siguientes razonamientos: i) el Consejo
Superior de la Judicatura rotuló el documento como «proyecto de acuerdo», pero
en realidad se trataba de una verdadera decisión definitiva, ya que contaba con el
presupuesto para su financiamiento, los estudios previos, había sido socializado y
no requería de trámites adicionales para su expedición; y ii) aunque se habían

31 Folios 34 a 35.

21

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cumplido los requisitos para su perfeccionamiento, el acto fue remitido a la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para que emitiera concepto
favorable pese a que ello no era necesario, pues se trataba de una etapa
derogada por el Acto Legislativo 2 de 2015.

Como se explicó en acápites precedentes, el acto administrativo se reputa
existente cuando contiene la manifestación de voluntad de una autoridad o de un
particular en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos.
Para que el acto surja a la vida jurídica es necesario, esencialmente, la
exteriorización del designio, deseo o intención de la administración, esto es, su
expedición.

A su vez, la estructuración, expedición, vigencia y operatividad del acto requiere
de un «proceso de elaboración»,32 compuesto por una fase interna y otra externa,
en las que la voluntad de la administración juega papeles diferentes. Al respecto,
la doctrina indica lo siguiente:

ii.i. Proceso interno o de formación de la voluntad

1315. Se configura esta etapa con la totalidad de las actuaciones que se desarrollen
dentro del órgano administrativo y que determinen la formación de la voluntad de la
administración; esta fase se caracteriza porque el resultado obtenido no puede
producir efectos jurídicos de manera inmediata. La administración pública no
queda vinculada frente a terceros. Las decisiones producidas respecto a los
derechos subjetivos, o situaciones generales, se encuentran en suspenso, bien
podríamos decir, se ubican de manera exclusiva al interior de la administración.
[…]

1318. Dentro de la fase interna la compleja materialización de la intención y demás
elementos recopilados por la administración llevan a la constitución de la
decisión de la administración, pero caracterizada por carecer del poder de
oponibilidad frente a terceros.

ii.ii. Fase externa o de exteriorización

1319. Es la proyección al exterior del órgano de las elaboraciones producidas dentro
del mismo; es conocida también como la etapa de la declaración de voluntad. La
decisión adoptada por quien ejerce funciones administrativas –voluntad– no produce
por sí sola los efectos que la administración espera; se hace indispensable que

32 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 2017.

22

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aquel fenómeno interior se exteriorice, para lo cual se necesita acudir a
procedimientos externos que lo hagan conocer, los cuales no pueden ser otros que
los tendientes a producir verdaderas declaraciones, las cuales una vez realizadas
convierten el “pre-acto” en acto, es decir, le imprimen la fuerza relevante,
suficiente para producir los efectos jurídicos esperados.

[…] Por lo que hace a la exteriorización real, esta se realiza mediante la
comunicación, notificación, publicación o ejecución de acuerdo con lo establecido en
el respectivo ordenamiento. Mientras no se emplee el medio legal adecuado, la
administración puede incluso modificar sus decisiones en razón de que, como ya lo
habíamos anotado, la decisión interna aún no tiene vida jurídica frente a terceros,
sino frente a la misma administración. [Resalta la Sala].

El anterior criterio permite advertir que el proyecto de acuerdo que le fue remitido
el 6 de agosto de 2015 a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial no
podía considerarse como un acto administrativo definitivo, pues el contexto en que
se diseñó evidenciaba que se trataba de un documento producto de un proceso de
estudio, financiamiento y concertación interinstitucional, pero que estaba
pendiente de otras etapas como lo era el análisis y respectivo concepto que
emitiera dicha Comisión.

En este orden de ideas, el acto estaba en la fase interna o de formación de la
voluntad, por lo que le faltaba la etapa de exteriorización para que pudiera
afirmarse que se trataba de una decisión de la administración capaz de producir
efectos jurídicos y oponible frente a terceros.

En lo que respecta al concepto de la mencionada Comisión, el actor afirma que tal
requerimiento ya no era necesario a la luz del Acto Legislativo 2 de 2015, por
cuanto lo derogó expresamente. Frente a esta reforma constitucional es preciso
indicar que la mayoría de sus disposiciones fueron declaradas inexequibles por
Sentencia C-285 de 2016;33 sin embargo, es necesario hacer el estudio conforme
a dicha normativa, ya que la referida providencia se suscribió con posterioridad a
los hechos en que se funda la presente causa judicial.

33
Proferida por la Corte Constitucional.

23

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Ahora bien, la mencionada reforma dispuso que la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura sería reemplazada por el Consejo de Gobierno Judicial y
la Gerencia de la Rama Judicial.

Por su parte, el artículo 18 transitorio del Acto Legislativo en cita derogó, entre
otros, el numeral 3 del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, que establecía como
función de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial la de emitir concepto
previo para el ejercicio de las facultades previstas en el numerales 5 y 9 del
artículo 85 de la Ley estatutaria de Administración de Justicia, esto es, las
atribuciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para
crear cargos y despachos en la Rama Judicial.

Sin embargo, la derogatoria se surtió en el marco de una modificación de los
órganos de gobierno y administración judicial que implicaba un tiempo para su
implementación, por ello también se especificó que la «Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de
Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial».

De esta manera, se advierte que la extinción de los mencionados órganos y la
puesta en marcha de los nuevos no se haría de manera intempestiva, sino que el
constituyente derivado previó una transición con miras a garantizar el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. En efecto, en los debates al
proyecto de acto legislativo los congresistas destacaron que este «también
contempla un régimen de transición para no generar traumatismos ni vacíos
normativos».34

La anterior transición fue tenida en cuenta por la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial al momento de sesionar y emitir concepto frente al diseño de

34 Gaceta del Congreso 495 del 16 de septiembre de 2014. En cuanto a la transición establecida en el Acto Legislativo 2

de 2015, pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) Sala de Consulta y Servicio Civil, auto
del 8 de abril de 2016, radicado 11001-03-06-000-2016-00009-00, ii) Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicado 11001-03-28-000-2015-00046-00.

24

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cargos que se estaba sometiendo a su consideración y que culminó con la
expedición del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015. En tal sentido, se destacan los
siguientes apartes del acta correspondiente a la sesión del 3 de septiembre de
2015:35

[…] de acuerdo al Acto Legislativo la Comisión Interinstitucional seguirá sesionando
hasta que se nombre al Gerente de la Rama Judicial para tratar todos los temas que
son de su competencia tal como lo establece el mismo Acto […]

La doctora MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, Presidente (e) de la Corte Constitucional,
precisa que el artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015 es claro en
cuanto establece que: “El gobierno nacional deberá presentar antes del 01 de
octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los
órganos de gobierno y administración judicial.” Tal como proyecto (sic) es el que se
está discutiendo con los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado y Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, el Acto Legislativo
establece en el numeral 1 literal e del mismo artículo transitorio que: “La Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el
Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos
órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus
funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada
en vigencia del presente Acto Legislativo”. Por lo tanto, hasta que no se nos integre
totalmente el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama
Judicial, la Comisión Interinstitucional y la Sala Administrativa continuarán
ejerciendo sus funciones.

En este orden de ideas, al interior de la administración se estaban surtiendo una
serie de etapas tendientes a analizar la oferta de justicia y el rediseño institucional
promovido por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme al procedimiento
legalmente establecido para ello.

En consecuencia, se concluye que el proyecto de acuerdo sobre el que el actor
edifica su derecho a ser nombrado como magistrado de Tribunal Superior no
puede considerarse como un acto administrativo generador de efectos jurídicos,
pues se encontraba en fase de formación y la voluntad de la administración no se
había perfeccionado ni mucho menos exteriorizado.

35 Folios 33 a 45.

25

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Bajo este entendido, el acto que creó las 4 plazas de magistrado de Tribunal
Superior de Distrito Judicial - Sala Laboral fue el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015, el cual se profirió y publicó con posterioridad a la fecha en que
expiró el registro de elegibles del cual hacía parte el demandante y, por lo tanto,
no era posible proveer dichas vacantes con ese listado, pues el artículo 166 de la
Ley 270 de 1996 es claro en disponer que «[l]a provisión de cargos se hará de
listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de
elegibles».

2.4.2. Nombramiento en la vacante generada por el retiro del señor Efraín
Alonso Yáñez Riveros

Conforme se expuso en precedencia, al Consejo Superior de la Judicatura le
compete elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia las listas para la
designación de magistrados de los respectivos tribunales. Esta forma de provisión
de los empleos se conoce como nombramiento en propiedad y se produce porque
la autoridad nominadora debe designar el candidato que ocupe el primer lugar
para ocupar el cargo según el registro de elegibles. También se presenta cuando
ocurre un traslado de un servidor de carrera.

En cualquier caso, al tenor del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, el
nombramiento en propiedad solamente puede realizarse respecto de un cargo que
se encuentra en vacancia definitiva, la cual se predica del empleo que no está
provisto mediante el nombramiento de una persona con derechos de carrera, por
ende, aunque pueda estar ocupado en provisionalidad o en encargo, lo relevante
es que no se ha hecho una designación por el sistema del mérito.36

En este caso el accionante sostiene que tenía derecho a ser posesionado en la
vacante que se originó cuando el magistrado Efraín Alonso Yáñez Riveros cumplió
la edad de retiro forzoso el 17 de mayo de 2015, puesto que para ese momento
estaba vigente la lista de elegibles a la que pertenecía el interesado. A su vez, el

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de octubre de 2022, radicado: 11001-03-25-000-

2015-00807-00 (2851-2015).

26

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actor considera que el mencionado funcionario no tenía derecho a permanecer en
el empleo durante 6 meses más porque ya tenía reconocida su pensión.

Al respecto, resulta pertinente citar la certificación expedida por la Corte Suprema
de Justicia,37 que especificó lo siguiente en relación con la vinculación del
magistrado Efraín Alonso Yáñez Riveros:

2.1. El doctor Efraín Alfonso Yáñez Riveros cumplió la edad de retiro forzoso el 17
de mayo de 2015. La plenaria, con fundamento en lo dispuesto en el inciso final del
artículo 130 y el artículo 138 del Decreto 1660 de 1978, en sesión del 23 de abril de
ese mismo año, autorizó la permanencia en el cargo del señor Magistrado hasta por
seis (6) meses después de ocurrida la causal de retiro, advirtiendo al funcionario
que en caso de que le fuera reconocida la prestación antes del vencimiento de la
prórroga, debía informar de manera inmediata a la Corporación, para los fines
pertinentes. El doctor Yáñez Riveros se retiró en forma definitiva desde el 17 de
noviembre de 2015.

2.2. Que en una comunicación que reposa en la hoja de vida del señor Magistrado,
suscrita por él mismo, indica: “[con] fecha 26 de febrero de 2007 CAJANAL EICE, me
reconoció mi pensión por vejez, con salario de esa época”. Sin embargo debe
precisarse que el doctor Yáñez Riveros estaba adelantando el trámite de la
reliquidación.

La anterior certificación demuestra que para el 18 de agosto de 2015, momento en
que expiró la inscripción en el registro de elegibles del demandante, el señor
Efraín Alonso Yáñez Riveros se desempeñaba como magistrado y, por lo tanto, no
podía predicarse la configuración de una vacancia definitiva, en la medida en que
aún no se había verificado la dejación del cargo; por el contrario, su titular seguía
vinculado, ejercía las funciones propias de tal investidura y devengaba los
emolumentos establecidos legalmente como retribución por el ejercicio del
empleo.

De esta manera, no era posible utilizar la lista de elegibles de la que hacía parte el
actor para designar el reemplazo del magistrado, debido a que realmente no
existía vacante pendiente de proveer. Es así como esta Subsección ha sido

37 Folios 263 a 267. En similar sentido la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC en su página web precisa que la

vacancia definitiva hace referencia «a aquellos empleos de carrera administrativa que no han sido provistos por el
sistema de mérito, o que, habiendo sido provistos por este medio, quedaron vacantes por alguna causal de retiro del
servicio como: renuncia, muerte del titular, reconocimiento de la pensión de vejez o el nombramiento en ascenso luego
de ganar concurso de méritos en la misma entidad o en otra entidad administrada y vigilada por la CNSC».
https://www.cnsc.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/preguntas-frecuentes/que-se-entiende-por-vacancia-definitiva-
de-un

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Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

enfática en afirmar que las listas de elegibles se utilizan cuando se tiene que
producir el nombramiento y no antes, teniendo en cuenta que el listado debe estar
vigente para el momento en que se hace la designación.38

Es preciso aclarar que las razones por las cuales se le permitió al magistrado
Efraín Alonso Yáñez Riveros permanecer en el servicio con posterioridad al
cumplimiento de la edad de retiro forzoso escapan al control de legalidad en el sub
lite, pues no se demandó el acto que impartió tal autorización y, que según se
infiere de la certificación antes transcrita, obedeció a que el funcionario tenía
reconocida la pensión de jubilación, pero estaba en discusión su reliquidación,
situación que motivó al nominador a aplicar los artículos 130 y 138 del Decreto
1660 de 1978; sin embargo, esta no es la oportunidad para verificar la corrección o
no de la decisión que para ese entonces adoptó la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, al sustentar la apelación, el accionante afirmó que el a quo incurrió en
un error al suponer que en todo caso había otros aspirantes con mayor opción
para reemplazar al magistrado Yáñez Riveros, en tanto obtuvieron puntajes
superiores y tenían un mejor lugar en el listado de elegibles; sin embargo, es
innecesario estudiar este motivo de inconformidad, puesto que la vacante
solamente se presentó luego de que expiró dicho listado y, por lo tanto, ni el actor
ni ninguna de las personas que ocupaban un lugar anterior al suyo podían ser
designados en dicha plaza.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201639, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de octubre de 2022, radicado: 11001-03-25-000-

2015-00807-00 (2851-2015).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).

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Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia al
demandante, por cuanto se resolvió desfavorablemente el recurso de apelación
interpuesto en el sub lite y la parte accionada intervino ante esta corporación
presentando alegatos de conclusión.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a los
lineamientos interpretativos que regían la situación particular del demandante,
razón por la que deberá confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el
señor Gustavo Adolfo Pazos Marín contra la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia al demandante, las cuales
deberán ser liquidadas por el a quo.

Tercero. Reconocer personería a la abogada Paola Andrea Chávez Ibarra como
apoderada de la parte accionada en los términos y para los efectos del poder que
obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente en comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

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