Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00278-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00278-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-33-000-2016-00278-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de octubre de 2024
_______________________________________________
Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
Ejecutado: BONUS BANCADE INVERSION S.A.S. BANUS S.A.S. Y OTROS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Demandante: Empresa Caucana de Servicios Públicos
EMCASERVICIOS
Demandado: BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S. BAMIS S.A.S.
Y OTROS
Referencia: Acción Ejecutiva
Tema: Ejecución.
Subtema 1. Laudo arbitral como título ejecutivo
Subtema 2. Pago de la obligación/recurso de anulación
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA_________________________________
La Subsección resuelve el recurso de apelación que presentó el ejecutado en contra
de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Cauca el 6 de diciembre
de 2019, en la que declaró no probadas las excepciones propuestas por Estudios
Técnicos S.A.S., BONUS S.A.S. y MAFRE Seguros Generales de Colomba S.A.,
ordenó seguir adelante la ejecución en los términos dispuestos en el mandamiento
de pago, la liquidación del crédito y costas, y fijó como agencias en derecho a favor
de la parte ejecutante el 0,5% del valor total del pago ordenado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Empresa Caucana de Servicios Públicos (Emcaservicios) presentó demanda
ejecutiva en contra de Bonus Banca de Inversión S.A.S., Sociedad Estudios
Técnicos S.A.S., CB Ingenieros como integrantes del Consorcio Gerencia PDA
Cauca y Maphre Seguros Generales de Colombia, con la pretensión de que se
ejecute el laudo arbitral del veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015),
proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Cali y el laudo complementario del ocho (8) de septiembre
de dos mil quince (2015).
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
La Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. ES.S.P., inició
demanda ejecutiva en contra de las sociedades Estudios Técnicos S.A.S., BONUS
BANCA DE INVERSIÓN S.A.S., CB Ingenieros S.A.S., como integrantes del
consorcio Gerencia PDA Cauca y, la sociedad Mapfre Seguros Generales de
Colombia con la pretensión de mandamiento de pago por las siguientes sumas:
2.1.1. MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
CAUTRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($1.515.764.715) por concepto de
reembolso del anticipo no amortizado equivalente a MIL CINCUENTA MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($1.050.227.367) más su correspondiente actualización tributaria y los intereses
moratorios desde el 9 de septiembre de 2015 hasta la cancelación total de la
obligación, liquidados a la tasa máxima legal más alta.
1 Folios 189 a 202 C. 1.
Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
Ejecutado: BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S. BANUS S.A.S. Y OTROS
2.1.2. DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($297.926.169) por
concepto de la cláusula penal pecuniaria por la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL
CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($206.424.000) más su
correspondiente actualización monetaria e intereses, más los intereses moratorios
desde el 9 de septiembre de 2015 hasta la cancelación total de la obligación,
liquidados a la tasa máxima legal más alta.
2.1.3. CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($126.859.615) por concepto de
indemnización de perjuicios por la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
($87.897.177) más su correspondiente actualización monetaria e intereses, más los
intereses moratorios desde el 9 de septiembre de 2015 hasta la cancelación total
de la obligación, liquidados a la tasa máxima legal más alta.
Las anteriores obligaciones dinerarias tenían por título al laudo arbitral del 26 de
agosto de 2015 proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación
y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali y su complementario del 8 de
septiembre de 2015.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cauca libró mandamiento de pago en auto del 10 de
noviembre de 2016, a favor de la Empresa Caucana de Servicios Públicos
EMCASERVICIOS y en contra del Consorcio Gerencia PDA Cauca integrado por la
sociedad de Estudios Técnicos S.A.S., la sociedad Bonus BANCA DE INVERSIÓN
S.A.S. -BONUS S.A.S.-, la sociedad CB INGENIEROS S.A.S. y la sociedad Mapfre
Seguros Generales de Colombia, en los términos solicitados en el escrito de
demanda.
De igual manera, ordenó notificar el mandamiento de pago de manera personal y,
el pago de las referidas sumas dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la
notificación.
Como medida cautelar decretó, entre otras, el embargo de los dineros que las
sociedades Estudios Técnicos S.A.S. y Bonus Banca de Inversión S.A.S.
depositaron en la cuenta de depósitos judiciales a nombre de la Sección Tercera
del Consejo de Estado por valor de mil novecientos cuarenta millones quinientos
cincuenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos ($1.940.550.499)2.
2.2.1. Contestación de la demanda
La sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.3 se opuso a la orden
de pago en su contra y propuso como excepción la inexistencia del título ejecutivo
que sustento en la inejecutabilidad del laudo debido a que no ha cobrado ejecutoria
y, en consecuencia, “no ha nacido la obligación demandada”.
Las sociedades Estudios Técnicos S.A. y Bonus Banca de Inversión S.A.S.4
manifestaron como respuesta a la demanda que la ejecutante omitió relatar que, el
8 de octubre de 2015, consignaron la suma de $1.949.550.483 correspondientes al
100% del valor de las condenas a su cargo, a través de dos depósitos judiciales a
ordenes del Consejo de Estado ante quien se tramitó recurso de anulación contra
el laudo que sirve de título ejecutivo.
Como excepciones propusieron: (i) pago total de la obligación porque, después de
notificado el laudo complementario del 8 de septiembre de 2015, dentro del término
2 Auto del 5 de mayo de 2017 visible a los folios 124 a 125 del cuaderno de medidas cautelares
3 Folios 344 a 351 C. 2
4 Folios 613 a 616 C. 4.
2
Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
Ejecutado: BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S. BANUS S.A.S. Y OTROS
dispuesto para su pago, consignaron en el Banco Agrario a orden del juez que tenía
a cargo el conocimiento del recurso de anulación, el valor total de la condena
impuesta; (ii) plus petitum, que sustentaron afirmando que la ejecutante pretende el
pago de una suma superior a la debida toda vez que incluye le pago de
$301.142.028 de intereses moratorios liquidados a la tasa mas alta desde el 9 de
septiembre de 2015 y hasta el 7 de junio de 2016, no obstante que el pago se dio
el 8 de octubre de 2015. Solicitó aplicar el artículo 1634 del Código Civil que
establece que el pago efectuado a una persona distinta del acreedor, es válido
cuando la ley o el juez así lo autoricen.
Al descorrer el traslado de las excepciones, el ejecutante manifestó que los dineros
que se consignan con el fin de constituir una caución en un proceso, para el caso,
dentro del trámite del recurso de anulación del laudo que sirvió de título ejecutivo,
no pueden soportar la excepción de pago, puesto que, no revisten tal calidad y
mucho menos cumplen con los requisitos de validez y carácter vinculante para el
acreedor. Y agregó que, si lo pretendido era un pago por consignación, tampoco
existió porque no se reunieron los presupuestos que para el efecto establece el
artículo 381 del C. G. del P., concordante con el artículo 1.658 del C.C.
Agregó que, la obligación cobrada no es superior a la debida, ya que los valores
adeudados y no pagados generan por ley intereses moratorios que se deben
reconocer. Manifestó que no es posible imputar a la obligación los depósitos
judiciales con fundamento en lo previsto en el artículo 1634 del C.C., porque: “este
tipo de formas de extinguir la obligación, se refiere a pagos que se realizan dentro
de un proceso ejecutivo y no como en el presente asunto que se realizó en uno muy
distinto como lo es el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, valores
depositados a título de caución para evitar el posible embargo del que pudiera hacer
uso el acreedor, en este caso Emcaservicios”5.
Precisó que aun existe una obligación expresa, clara y exigible a cargo de las
ejecutadas ya que no se ha pagado el total de lo adeudado y denotó que la caución
es una medida cautelar que busca garantizar el pago de obligaciones y perjuicios
tal y como la Corte Constitucional lo expresó en la sentencia C-379 de 2004.
2.3. La sentencia recurrida6
El Tribunal Administrativo del Cauca adelantó la audiencia inicial prevista en el
artículo 372 del C. G. del P., diligencia en la que fijó el litigio de la siguiente manera:
“¿Se encuentra probada la excepción de pago total de la obligación propuesta por
los ejecutados, dando lugar a dar por terminado el proceso o por el contrario hay
lugar a ordenar seguir adelante con la ejecución?”.
Para responder lo anterior, dispuso tener como pruebas los documentos aportados,
escuchó a las partes y al Ministerio Público y decidió, en sentencia del 6 de
diciembre de 2019, declarar no probadas las excepciones propuestas, continuar con
la ejecución y condenar en costas y agencias en derecho.
El tribunal destacó que, conforme lo establece el artículo 1636 del C.C., el pago
hecho por el deudor será nulo si el juez embarga el valor de la deuda o detiene el
pago y para el caso, lo que ocurrió fue el embargo por cuenta del presente proceso
de los dineros que la hoy ejecutada ofreció y consignó a nombre del Consejo de
Estado, como caución para el decreto de la medida cautelar innominada de
suspensión del laudo. Precisó que, el mandamiento de pago se dictó en noviembre
del 2016, el decreto de la medida cautelar sobre los dineros depositados se emitió
en mayo del 2017 y, el Consejo de Estado profirió sentencia que resolvió el recurso
de anulación en junio de 2017, es decir, cuando los dineros ya estaban embargados.
5 Folios 672 a 674 del C. 4
6 Folio 739 C.ppal.
3
Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
Ejecutado: BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S. BANUS S.A.S. Y OTROS
Precisó que tampoco es posible entender que lo que ocurrió fue un pago por
consignación porque, no se reúnen los presupuestos que la norma exige para tal
efecto.
2.4. El recurso de apelación
2.4.1. La parte ejecutada manifestó para sustentar el recurso que en el trámite
ejecutivo está probado que: 1) los ejecutados consignaron en el Banco Agrario el 8
de octubre de 2015, la suma de $1.940.559.499 que coincide con el valor total del
laudo; 2) que el pago se hizo antes del vencimiento de los treinta días fijados en el
laudo para el cumplimiento de la obligación; y 3) que dicho valor se dejó a
disposición del juez que en ese momento conocía del recurso de anulación.
A lo anterior agregó que el ejecutante nunca le exigió el pago y que no fue
constituido en mora. Solicitó que ante la prueba del pago de la obligación aún antes
del inicio del trámite ejecutivo, lo procedente era la revocación de la sentencia para
en su lugar dar por terminado el trámite ejecutivo.
Refirió que la parte ejecutante no realizó actuación alguna para reclamar la suma
debida a pesar de que conoció y recibió una copia de los depósitos judiciales
constituidos en el Banco Agrario.
El recurrente manifestó que, de acuerdo con el contenido del artículo 1636 del C.C.,
es absolutamente claro que “si un juez decreta el embargo de la deuda aquí
cobrada, los ejecutados no hubieran podido pagar el dinero de manera directa sino
a través del juez que decretó la medida”, pero que, como en el presente evento la
situación es distinta, no entiende la interpretación que hizo el tribunal y que lo llevó
a concluir que “no pueden tenerse como dineros disponibles para el pago del laudo
los depósitos judiciales porque éstos fueron embargados”. Y agregó que, ese
embargo lo pidió EMCASERVICIOS sin tener en cuenta que dichos dineros servían
de garantía para la suspensión de la ejecutoria del laudo y de pago para ella misma,
en caso de que no procediera la anulación del laudo que sirvió como título ejecutivo.
Finalmente, adujo que: “si el acreedor EMCASERVICIOS se hubiese comportado
como un padre diligente, como una persona que administra bienes ajenos, como
una entidad que debe proteger el patrimonio público y los intereses generales
puestos a su cuidado, habría llamado por teléfono, escrito algún correo electrónico,
había enviado alguna comunicación, le habría pedido al Consejo de Estado la
entrega de esos dineros. Si los dineros no están en sus cuentas, es solo por la
omisión y negligencia de las autoridades de EMCASERVICIOS, no porque los
deudores no hayan obrado de buena fe y puesto a disposición de la autoridad
judicial que podría haber resuelto lo referido al pago de la suma debida”7.
2.4.2. El ejecutante apeló la condena en costas y agencias en derecho, porque
consideró que no está acorde con los montos y porcentajes establecidos para la
clase de proceso y desconoció la labor del profesional del derecho. Solicitó la
revocación del numeral 4 de la sentencia, para que, en su lugar se disponga la
condena en costas “conforme a lo ordenado en el acuerdo No. PSAA16-10554 de
agoto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se establecen las
tarifas de agencias en derecho, respecto de los procesos ejecutivos, esto es entre
el 3% y el 7.5% de la suma determinada que, para este caso, vendría a ser el de las
pretensiones del proceso”8.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, en auto del 7 de abril de 20219, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte ejecutada Bonus Banca de Inversión S.A.S., Sociedad de
7 Folios 700 a 714 C.ppal.
8 Folios 730 a 732 C. ppal.
9 Folio 739 C. ppal.
4
Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
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Estudios Técnicos S.A.S., CB Ingenieros y Mapfre Seguros Generales de Colombia.
Esta providencia fue adicionada el 14 de enero de 202210, para admitir el recurso
de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, en contra del
numeral cuarto de la sentencia del 6 de diciembre de 2019.
Así mismo, por auto del 3 de marzo de 202211, corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
La ejecutada12, luego de aceptar la existencia del título ejecutivo base del cobro,
citó y refirió lo actuado en el recurso de anulación que tramitó ante la Sección
Tercera del Consejo de Estado, concretamente la petición del 15 de octubre de 2015
en los siguientes términos:
“SOLICITUD PRELIMINAR
Atentamente me permito solicitar al H Consejero de Estado, particularmente a
quien como Ponente le corresponda el reparto de caso, que simultáneamente
con la ADMISIÓN del Recurso Extraordinario de Anulación, DECRETE LA
SUSPENSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO EN EL LAUDO DEL
25 DE AGOSTO DE 2015, medida imprescindible y necesaria para proteger y
garantizar, provisionalmente y mientras se resuelve el presente Recurso
Extraordinario de Anulación, los derechos e intereses de mis representadas.
(…)
Con el fin de acceder a esta respetuosa solicitud, ruego al H. Consejero
considerar lo siguiente:
1º Estoy anexando dos (2) “CONSIGNACIONES DE DEPÓSITOS
JUDICIALES del Banco Agrario, cada una por la suma de $970.275.249,50
que corresponden al total de las condenas económicas proferidas en el laudo
arbitral que se recurre (…) para que, una vez esté resuelto el recurso de
anulación y en función de lo que allí disponga, ORDENE, ya sea devolverle a
mis representadas esos depósitos judiciales (…)para el caso de que el laudo
sea anulado y ordene, en caso contrario, entregárselo a Emcaservicios,
solo si se da la circunstancia de que el laudo no es anulado. (…)”
El memorialista manifestó que, con fundamento en lo anterior, presentó en el trámite
ejecutivo la excepción de pago que, según afirmó, fue rechazada en la diligencia de
audiencia. Y destacó que no hay explicación para el inicio del cobro toda vez que la
el valor de la condena impuesta en el laudo arbitral quedó a disposición del acreedor
desde octubre de 2015.
Precisó, con fundamento en el artículo 1634 del C.C., que el pago es válido cuando
se le pague al acreedor, a quien el dispuso para el pago (mandatario), a quien lo
haya sucedido, o a quien designe la ley, o al juez si se está frente a una controversia
judicial y que, para el caso, el tribunal no estudio y entendió correctamente el
problema jurídico, no tramitó las excepciones de mérito como correspondía y
embargó el dinero que el deudor había puesto a disposición de la autoridad
jurisdiccional competente para resolver el recurso extraordinario de anulación, para
que, si al resolver la controversia la anulación no prosperaba, ese dinero se
entregara al acreedor.
Destacó que el tribunal no resolvió la solicitud de desembargo y no entregó al
acreedor el dinero que el deudor dejó a disposición del juez del recurso
extraordinario de anulación.
La ejecutante13, por su parte, insistió en la revocación del numeral 4 de la parte
resolutiva de la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2019, pues en su criterio, las
10 Índice 0012 expediente digital visible en la plataforma SAMAÍ
11 Índice 19 del expediente digital visible en la plataforma SAMAÍ.
12 Índice 0024 del expediente digital visible en la plataforma SAMAÍ
13 Índice 0025 expediente digital visible en la plataforma SAMAÍ
5
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Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
Ejecutado: BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S. BANUS S.A.S. Y OTROS
agencias en derecho se deben tasar en un porcentaje equivalente entre el 3% y el
7.5% del valor de las pretensiones.
La compañía aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.14, al
descorrer el traslado, afirmó que, como la obligación se derivó de un laudo arbitral
que tiene la naturaleza de providencia judicial, su exigibilidad estaba supeditada a
su ejecutoriedad “la cual estaba suspendida no por la mera interposición del recurso
extraordinario de anulación sino por la prestación simultánea de la caución que
buscó respaldar y garantizar los derechos e intereses inciertos en aquella época del
Consorcio Gerencia PDA Cauca y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.”.
A lo anterior agregó que no hay obligación por cuanto existen dos depósitos
judiciales que se encontraban a órdenes del tribunal y, en consecuencia, la
sentencia que ordenó continuar la ejecución debe ser revocada.
El Ministerio Público refirió la existencia del título base del recaudo y precisó frente
a las excepciones de pago total de la obligación y plus petitum, que el ejecutado no
acreditó el pago total de la obligación, dado que, como lo concluyó el tribunal, los
depósitos no pueden imputarse en tal calidad por cuanto no se hicieron al acreedor.
Además, que estas sumas fueron embargadas y ofrecidas como caución para el
decreto de la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos del laudo y
como una garantía de pago de las condenas a EMCASERVICIOS en la medida en
que no prosperaran las pretensiones de anulación.
Para el ministerio público lo que existió fue una “intención de pago” sin que en
ningún momento pueda aceptarse como pago pues, pendía del cumplimiento de
una condición cual era la confirmación del Laudo. Y agregó que, la opción de pago
debió surtirse dentro del proceso ejecutivo, no en otro tipo de actuación y que, en
todo caso, el pago en el presente evento surte efectos a partir del momento en que
se realiza el depósito a orden del tribunal, esto es, el 17 de agosto de 2017.
Adujo que lo que se presentó fue un pago parcial, como quiera que a la suma
declarada por el Tribunal de Arbitramento como adeudada por EMCASERVICIOS,
debe adicionársele los intereses moratorios generados desde el momento que en
que se hizo exigible.
Finalmente se pronunció respecto a la apelación interpuesta por la parte ejecutante
y consideró que no le asiste razón en la inconformidad, ya que “si bien este último
Acuerdo de 2016 derogó expresamente el Acuerdo 1887 de 2003 (Artículo 6),
también señaló que su vigencia sería a partir de su publicación y se aplicaría
respecto de los procesos iniciados a partir de esa fecha, y los comenzados
antes se seguirán regulando por los reglamentos previos sobre la materia, de
manera especial los contenidos, entre otros, en el referido Acuerdo 1887.
Para el caso concreto y como la demanda ejecutiva se radicó el 10 de julio de 2016,
con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 10554, no es posible aplicar
las tarifas allí establecidas para liquidar las agencias en derecho.
Solicitó confirmar la sentencia apelada en su totalidad.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes
temas: 1) la norma aplicable al caso concreto; 2) competencia del Consejo de
Estado; 3) oportunidad para el ejercicio de la acción ejecutiva; 4) legitimación en la
causa; 5) problemas jurídicos; 6) respuesta a los problemas jurídicos; 6.1.) hechos
probados; 6.2) aplicación del artículo 1634 del Código Civil; 6.3) sobre el
entendimiento del deudor de haber pagado la totalidad de la condena; 6.4)
porcentaje de agencias en derecho; y 7) costas y agencias en derecho.
14 Índice 0024 ibidem.
6
Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
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1. Norma aplicable
Como la demanda ejecutiva fue radicada el 10 de junio de 201615, la norma que rige
la actuación es la Ley 1437 de 2011, vigente a partir del 2 de julio de 2012, y,
conforme lo establece el artículo 308 ibidem, en lo no regulado, el C.G. del P.
2. Competencia
En los términos previstos en el numeral 6 del artículo 10416 de la Ley 1437 de 2011,
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para
conocer de “Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las
conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos
arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los
originados en los contratos celebrados por esas entidades”.
Para el caso, y como el título ejecutivo lo constituye el laudo arbitral proferido el 26
de agosto de 2015 por el Tribunal de Arbitramento y su complementario de fecha 8
de septiembre de 2015, a través del cual se condenó a pagar una suma de dinero
a favor de la empresa Caucana de Servicios Públicos-EMCASERVICIOS S.A.
E.S.P., la Sala concluye que esta jurisdicción es competente para resolver el asunto.
1.2.- Con fundamento en el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 y al
tener en cuenta que el valor de las pretensiones17 resulta superior al monto
equivalente a 1.500 salarios mínimos legales vigentes18 a la fecha de presentación
de la demanda, se concluye que el proceso tiene vocación de doble instancia y, en
ese orden, conforme lo establece el artículo 243 ibidem, la Sala es competente para
resolver el recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia que
profirió el Tribunal Administrativo de del Cauca, el seis (06) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019).
3.- Oportunidad para el ejercicio de la acción ejecutiva
El artículo 164 numeral 2, literal k, de la Ley 1437 de 2011 establece, como término
para la presentación de la acción ejecutiva derivada, entre otros, de laudos arbitrales
contractuales estatales, cinco años contados a partir de la exigibilidad de la
obligación.
Para el caso concreto, la obligación cuyo pago se exige, la contiene el laudo arbitral
del 26 de agosto de 2015 y su complementario del 8 de septiembre de 2015, los
cuales, según constancia suscrita por la secretaria del Tribunal de Arbitramento,
cobraron ejecutoria el 8 de septiembre de 201519.
Así las cosas, en consideración a que la demanda se interpuso el 20 de junio de
2016, su ejercicio fue oportuno.
4.- Legitimación en la causa
La Sala encuentra que le asiste legitimación en la causa por activa a la parte
ejecutante, Empresa Cauca de Servicios Públicos-EMCASERVICIOS, en su
15 Folio 204 C. 1 primera instancia
16 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa.
“Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
“(…).
“2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un
particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.
17 $1.816.906.743, folio 201 del cuaderno 1.
18 $689.454, con fundamento en el salario mínimo legal vigente de 2016 ($689.454 X 1.500 = $1.034.182.500).
19 Folio 146 vto.
7
Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
Ejecutado: BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S. BANUS S.A.S. Y OTROS
condición de beneficiaria de la condena impuesta por el Tribunal de Arbitramento
en el laudo base del cobro ejecutivo.
Igualmente, Estudios Técnicos S.A.S.; BONUS Banca de Inversión S.A.S.; CB
Ingenieros S.A.S. y Mapfre Seguros de Colombia están legitimados en la causa
por pasiva como condenadas al pago de la suma de dinero cuyo cobro total se
persigue por esta vía ejecutiva.
5. Problemas jurídicos
En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes del proceso,
la Sala deberá resolver los siguientes:
5.1. ¿Existió pago de la obligación cobrada y, en ese orden, procedía dar por
terminado el proceso ejecutivo?
5.2. ¿El monto que fijó el juez en la sentencia de primera instancia como agencias
en derecho, responde a los porcentajes establecidos por el Consejo Superior de la
Judicatura para esta clase de procesos?
6. Respuesta a los problemas jurídicos
6.1. Hechos probados
6.1.1. Del título ejecutivo.
Los títulos ejecutivos, conforme al artículo 422 del C.C. del P., son documentos que
contienen obligaciones que deben ser claras, expresas y exigibles, que provengan
del deudor o su causante y que constituyan plena prueba, en contra de este. Esta
calidad pueden tenerla, entre otras, las sentencias condenatorias proferidas por un
juez de cualquier jurisdicción20. Al respecto, es importante destacar que el CPACA,
en el artículo 297, prescribe lo siguiente:
“Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo: (…)
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos
de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al
pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible. (…)”.
Entonces, un laudo arbitral, como título ejecutivo, requiere: i) que imponga una
condena que consista en el pago de unas sumas de dinero en forma clara, expresa
y exigible, que será la que determine la obligación; y ii) que la decisión se encuentre
en firme, lo que asegura la existencia y certeza del crédito, en la medida en que no
podrá ser modificada.
La obligación es clara, cuando no exista duda respecto al objeto o sujetos de la
obligación; es expresa, si se encuentra especificada en el título y no es necesario
de una presunción legal o una interpretación normativa; y es exigible, cuando es
ejecutable sin que dependa su cumplimiento de una condición, o cuando ya se ha
cumplido esta21.
Para el caso bajo estudio, al expediente se aportó el laudo arbitral proferido en el
proceso que formuló Estudios Técnicos S.A.S., Bonus S.A.S. y CG Ingenieros S.A.,
como integrantes del consorcio Gerencia PDA Cauca en contra de la Empresa
Caucana de Servicios Públicos -EMCASERVICIOS- S.A. E.S.P. como parte
demandada, y en el que se dispuso:
20 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, auto del tres
(3) de octubre de dos mil dieciocho (2018), radicado número 13001333100420170012601.
21 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, auto del veintiséis (26) de
febrero de dos mil catorce (2014), radicado número 25000-23-27-000-2011-00178-01.
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Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
Ejecutado: BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S. BANUS S.A.S. Y OTROS
• Liquidar judicialmente el contrato de consultoría número 101 de 2010
celebrado entre la Empresa Caucana de Servicios Públicos -EMCASERVICIOS
S.A. E.S.P. y el CONSORCIO GERENCIA PDA CAUCA22.
• Declarar que el CONSORCIO GERENCIA PDA CAUCA incumplió el contrato
de Consultoría número 101 de 2010.
• Declarar que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. queda
vinculada al proceso arbitral en razón de la póliza número 2101310000215 del 25
de septiembre de 2010, expedida por la misma aseguradora en desarrollo del
contrato 101 de 2010.
• Condenar solidariamente a las sociedades Estudios Técnicos S.A.S., Bonus
S.A. y C.B. Ingenieros S.A. (integrantes del Consorcio GERENCIA PDA CAUCA) y
a la sociedad MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. a pagar a
favor de la Empresa Caucana de Servicios Públicos -EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.,
las siguientes sumas:
“MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($1.515.764.715) por
concepto de reembolso del anticipo no amortizado por la suma de mil
cincuenta millones doscientos veintitrés mil trescientos sesenta y siete pesos
($1.050.227.367), más su correspondiente actualización monetaria e
intereses; (ii) DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
($297.926.169) por concepto de cláusula penal pecuniaria por la suma de
doscientos seis millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos ($206.424.000),
más su correspondiente actualización monetaria e intereses; (iii) la suma de
CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($126.859.615), por concepto de
indemnización de perjuicios pro al suma de ochenta y siete millones
ochocientos noventa y siete mil ciento setenta y siete pesos ($87.897.177)
más su correspondiente actualización monetaria e intereses; la Sala concluye
que esta jurisdicción es competente para resolver el asunto”.
• El pago de las anteriores sumas se hará de conformidad con lo establecido
en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
La decisión anterior fue adicionada el 8 de septiembre de 2015 23 para resolver de
manera negativa las objeciones por error grave que habían formulado las
sociedades Estudios Técnicos S.A.S., Bonus S.A.S., y C.B. Ingenieros S.A.
(integrantes del Consorcio GERENCIA PDA CAUCA) al dictamen pericial.
La secretaria del Tribuna Arbitral suscribió constancia de ejecutoria y de mérito
ejecutivo del laudo. Así se aprecia a los folios 142vto. y 146vto. del cuaderno 1.
Por lo anterior, esta Sala considera que el laudo arbitral del veintiséis (26) de agosto
de dos mil quince (2015) y su complementario del 8 de septiembre de 2015,
aportado por la parte demandante, cumple con los requisitos legales de un título
ejecutivo, porque: (i) contiene obligaciones claras y expresas, puesto que condenó
a las sociedades que integran el Consorcio GERENCIA PDA CAUCA y a la
Sociedad Mapfre Seguros General de Colombia S.A., al pago de unas sumas de
dinero a favor de la ahora ejecutante, en la parte resolutiva de la decisión,
específicamente, en los ordinales noveno, décimo y décimo primero; (ii) la decisión
22 Cuyo objeto fue “Ejecutar labores de gerencia asesora encargada de adelantar las acciones y actividades
técnicas, legales, financiera, administrativas y ambientales de apoyo a los actores vinculados al plan
departamental para el manejo empresarial de los servicios públicos de agua y saneamiento -PDA- del
departamento del Cauca, de acuerdo a las actividades exigidas en los pliegos definitivos y su anexo técnico,
las que fueron aceptadas por el CONSULTOR en la propuesta (…)”
23 Folios 143 a 146 C.1.
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se encuentra en firme; y; (iii) es exigible, dado que la demanda que en ejercicio del
recurso de anulación presentó el consorcio ejecutado, no suspendió su ejecución.
Así lo establece de manera expresa el inciso 3 del artículo 42 de la Ley 1563 de
201224:
“La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden el
cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada
solicite la suspensión”.
Por otra parte, y de conformidad con el contenido del artículo 442 del CGP, cuando
se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o
transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, solo podrán alegarse
las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión,
prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores al
respectivo proveído, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación
o emplazamiento, y la de pérdida de la cosa debida.
Para el caso, el ejecutado propuso las excepciones de pago total de la obligación y
“plus petitum” y, al recurrir la decisión que ordenó seguir con la ejecución insistió en
que demostró el pago, insistió en esas razones defensivas. Por tal razón, la
competencia funcional de la Sala25, como juzgador de segunda instancia, se limita
a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley”.
Ahora bien, como el sustento de la excepción de pago lo constituyen los depósitos
judiciales que el ejecutado realizó al interior del trámite del recurso de anulación
iniciado en contra del laudo que sirvió de título ejecutivo, es necesario hacer una
breve reseña de lo actuado en el referido recurso extraordinario.
6.1.2. Del recurso de anulación
Tal y como lo afirmó y demostró la parte ejecutada, y lo aceptó el ejecutante, el
laudo que constituye título ejecutivo fue demandado ante el Consejo de Estado a
través del recurso de anulación26.
Con fundamento en el trámite de anulación, las sociedades ejecutadas solicitaron
al juez de la causa ejecutiva la suspensión del proceso hasta que el Consejo de
Estado definiera lo pertinente. A esta petición anexaron copia de dos
consignaciones que realizaron en el mes de octubre de 2015, por valor de
$970.275.249,5027 cada una y que, correspondería a los valores de la condena
impuesta por el Tribunal de Arbitramento.
Ahora bien, al momento en que se presentó el recurso extraordinario de anulación,
los demandantes solicitaron, “la suspensión del cumplimiento de lo resuelto en el
laudo del 25 de agosto de 2015, medida imprescindible y necesaria para proteger y
garantizar provisionalmente y mientras se resuelve el (…) Recurso Extraordinario
de Anulación, los derechos e intereses de mis representadas, concretamente los
derechos a que concluya el trámite arbitral con la resolución del recurso de
anulación interpuesto, sin sufrir un embargo y secuestro de sus bienes; medidas
cautelares previas que se decretarían en el proceso ejecutivo que instauraría
EMCASERVICIOS para ejecutar el cumplimiento del Laudo”. Para el decreto de
dicha medida procedieron a consignar el 100% de la condena.
24Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones.
25 De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso, el “recurso de apelación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”.
26 Folios 259 a 270 C. 2.
27 Folios 239 y 240 del C. 2.
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La demanda que dio origen al recurso extraordinario fue radicada ante el Tribunal
de Arbitramento el 15 de octubre de 201528, y recibida por el Consejo de Estado el
4 de febrero de 2016, admitida el 5 de mayo siguiente y decidida el 29 de junio de
2017 de manera desfavorable al recurrente29.
Lo anterior permite inferir que el cobro ejecutivo del laudo se presentó estando en
trámite el recurso de anulación. Así se advierte al folio 205 del C.1 en el que aparece
el acta individual de reparto de fecha 10 de junio de 2016 de la demanda ejecutiva.
El juez del ejecutivo libró orden de pago y decretó, entre otras, como medida
cautelar, el 5 de mayo de 201730, el embargo de “los dineros que las sociedades
Estudios Técnicos S.A.S y Bonus Banca de Inversiones S.A.S. depositaron en la
cuenta de depósitos judiciales a nombre de la Sección Tercera del Consejo de
Estado por valor de mil novecientos cuarenta millones quinientos cincuenta mil
cuatrocientos noventa y nueve pesos ($1.940.550.499.00)”, medida que se
comunicó mediante oficio TCA-ORAS-C-1614 del 12 de mayo de 2017 y que se hizo
efectiva el 29 de junio de 2017, cuando al decidir el recurso de anulación la Sección
Tercera - Subsección B del Consejo de Estado, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso de anulación interpuesto
contra el laudo arbitral del 26 de agosto de 2015, así como su providencia
complementaria del 8 de septiembre del mismo año.
(…)
CUARTO: Para los fines legales correspondientes, téngase en cuenta el
embargo de los depósitos judiciales decretado por el Tribunal Administrativo
del Cauca por la suma de $970.275.249 (…)”.
Con las anteriores sumas de dinero, a juicio de la aquí recurrente, la obligación
cobrada por EMCASERVICIOS S.A. E.S.P, fue pagada en su totalidad y por tal
razón, el tribunal debió dar por terminado el cobro y levantar las medidas cautelares,
pero, contrario a ello, en la audiencia en que debió resolver las excepciones, invitó
a las partes a conciliar y fijó el litigio. De manera textual refirió:
“pudimos apreciar que antes de iniciar la audiencia el magistrado ponente ya
tenía una sentencia preconcebida, en la que negaba esa excepción, para dar
paso a las pretensiones del demandante, en razón de lo cual había decidido
saltarse la diligencia de resolver las excepciones de mérito para hacerlo en
la sentencia, como lo hizo, en ese momento (…)”.
6.1.3. Del aducido pago de la obligación
El artículo 162531 del Código Civil describe, entre otros aspectos, el pago efectivo
como un modo de extinguir las obligaciones.
A su turno, los artículos 1626 y siguientes de la misma codificación prevén que: “El
pago efectivo es la prestación de lo que se debe” y comprende todos los conceptos
-capital e intereses- de la obligación y dará lugar la extinción cuando el ejecutado
acredite haberla cancelado totalmente. El artículo 1627 del Código Civil establece
que:
“el pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor literal de la obligación;
sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no
podrá ser obligado a recibir otra cosa que no se le deba, ni aún a pretexto de ser de
igual o mayor valor la ofrecida”. Y el artículo 1649 de la misma codificación dispone
28 Folio 241 C.2.
29 Folios 596 a 591 C. 3.
30 Folios 23 a 24 del C. de medidas cautelares
31 “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de
disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o
en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
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que “el pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnización que
se deban”.
Ahora, cuando el deudor no cancela voluntariamente lo adeudado, el acreedor tiene
a su alcance el inicio del proceso ejecutivo en los términos que establecen los
artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso y, una vez notificado de
la orden de pago, cuenta con cinco (5) días para el pago32, lo cual no impide que,
cumpla con lo ordenado hasta antes de la diligencia de remate de los bienes que se
llegaren a embargar, evento en el cual, el juez debe dar por terminado el proceso.
Este recuento normativo permite afirmar que, en el curso del proceso ejecutivo, el
deudor puede alegar a su favor: (i) la excepción de pago para lo cual debe demostrar
que éste se efectúo antes de la orden de pago y extinguió la totalidad de la
obligación cobrada, o; (ii) pagar la obligación luego de la orden de pago y en
cualquier estado del proceso antes de que se lleve a cabo la diligencia de remate,
lo cual daría lugar a declarar terminado el proceso si el pago fue total.
En este orden y si en su defensa el ejecutado plantea la excepción de pago para
enervar la acción ejecutiva, el trámite que debe seguir para su definición en
sentencia, es el descrito en el artículo 443 del C. G. del P.
Para el caso bajo estudio, dicha excepción fue la propuesta por la parte ejecutada
con fundamento en la consignación que efectúo en la cuenta de depósito del Banco
Agrario a nombre del Consejo de Estado el 15 de octubre de 201533, es decir, con
posterioridad a la ejecutoria del laudo arbitral -8 de septiembre de 2015- y antes de
que se emitiera la orden de pago -10 de noviembre de 2016-.
Así las cosas, el tribunal acertó en la forma en que llevó a cabo la diligencia de
audiencia, contrario a lo que afirmó el recurrente en el memorial de apelación.
6.1.3.1. De la prueba del pago en el presente asunto
Las sociedades ejecutadas han reiterado en las instancias, que la obligación se
pagó veintidós (22) días hábiles después de notificado el laudo complementario de
fecha 8 de septiembre de 2015, es decir, dentro del plazo dispuesto para su pago
en la cláusula décima tercera del Laudo34.
Pero ocurre que, los depósitos judiciales cada uno por valor de de $970.275.249,50
no fueron entregados o consignados al acreedor, para el caso, a la empresa
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., sino depositados en el Banco Agrario a nombre del
Consejo de Estado y con el fin de que se decretara en el trámite del recurso de
anulación, la suspensión del cumplimiento de las condenas impuestas en el laudo
arbitral.
Así lo expresó y consignó con claridad el demandante en el escrito que dio origen
al referido recurso, y si bien manifestó que dichas sumas correspondían al total de
la condena para que, una vez se definiera lo pertinente, se ordenara, o bien la
devolución al depositante si el laudo era anulado, o la entrega a Emcaservicios en
caso contrario; lo cierto es que la finalidad del depósito siempre fue la suspensión
de los efectos del laudo.
En consecuencia, como el acreedor no fue quien recibió de manera directa el pago,
y las sumas tampoco fueron consignadas a su nombre, la excepción de pago
propuesta no tenía vocación de prosperidad, tal y como acertadamente lo concluyó
el tribunal con fundamento en el artículo 1634 del C.C.C. y a lo que resultó probado
en el curso del trámite ejecutivo.
32 Artículo 431 del C. G. del P. “Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago
en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la
deuda (…).”
33 Folios 339 a 340 C.2.
34 “Las sumas reconocidas en este Laudo Arbitral se pagarán de conformidad con lo establecido en los artículos
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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En efecto, el artículo 1634 citado establece lo que sigue:
“Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre
se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito aún a título singular), o a
la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por
el acreedor para el cobro”.
Lo anterior, sin perjuicio de que, al momento en que se efectúe la liquidación del
crédito35 se abone al total cobrado, el valor de los depósitos judiciales que el
Consejo de Estado dejó a disposición del presente proceso como consecuencia de
la medida de embargo decretada y practicada, y se disponga la entrega de dichas
sumas al acreedor36.
Finalmente, no puede desconocer la Sala que la parte ejecutada obró precedida de
la intención de cancelar el valor adeudado, pero, equivocó la vía para lograr la
extinción de la obligación, que solo se obtiene si el acreedor recibe el pago de la
totalidad de la condena, presupuesto que como quedo visto, esto no ocurrió.
Por las razones expuestas, el primer problema planteado se resuelve de manera
negativa.
6.2. Del recurso en contra del porcentaje fijado por concepto de agencias en
derecho
La parte ejecutante censuró el porcentaje de agencias en derecho que fijó el juez
de primera instancia.
Sustentó la inconformidad en que lo ordenado dista mucho del valor que para estos
procesos fijó el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo número PSAA16-
10554 de agosto 5 de 2016:
“Artículo 5º Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
PROCESOS EJECUTIVOS. En única y primera instancia. Obligaciones de
dar sumas de dinero; o de dar especies muebles o bienes de género distintos
al dinero, de hacer, o de no hacer, que además contengan pretensiones de
índole dinerario.
(…)
c. De mayo cuantía. Si se dicta sentencia ordenando seguir adelante la
ejecución, entre el 3% y el 7.5% de la suma determinada, sin perjuicio de los
señalado en el parágrafo quinto del artículo tercero de este acuerdo (…)
Este acuerdo rige, según lo establece el artículo 7: “a partir de su publicación y se
aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los
comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la
materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de
2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.”
Como la demanda que dio origen al proceso ejecutivo fue radicada el 10 de junio de
201637, el acuerdo aplicable para establecer el porcentaje de las agencias en
derecho, era el vigente para dicha fecha, esto es el Acuerdo 1887 de 2003 que en
su artículo 18 establecía para los procesos ejecutivos que se tramiten en primera
instancia:
35 Artículo 446 del C. G. del P.
36 Artículo 447 ibidem
37 Folio 206 C.1.
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Radicado: 19001-23-33-004-2016-00278-01 (65653)
Ejecutante: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS
Ejecutado: BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S. BANUS S.A.S. Y OTROS
Hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la
pertinente orden judicial; si, además, la ejecución ordena o niega el cumplimiento de
obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez.
Por lo anterior y como el tribunal fijó un porcentaje del 0.5% del valor total del pago
ordenado, éste se ajusta a lo dispuesto en el citado Acuerdo 1887 y en
consecuencia se confirmará la decisión.
6.3. Condena en costas y agencias en esta instancia
El artículo 188 del CPACA establece que en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, salvo en los procesos en que se ventile un interés público; y en
ese orden de ideas, ordena que la liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del C. G. del P., concretamente
en su numeral 138, y como los recursos interpuestos por las partes ejecutante y
ejecutada fueron resueltos de manera desfavorable, la Sala considera que no hay
lugar a condenar en costas ni agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sección Tercera – Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada dictada por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 6 de diciembre de 2019, atendiendo a lo expresado en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas y agencias en derecho en esta instancia,
por lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para que continúe con
el trámite que corresponda.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
Sejv/
38 Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
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