Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00294-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00294-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2016-00294-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
24 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Radicado : 19001-23-33-000-2016-00294-01
Interno : 5596-2018
Demandante : María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado : Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones -
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley
1437 de 2011
REFERENCIA: APLICACIÓN DEL PRECEDENTE VINCULANTE -
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 28 DE AGOSTO DE 2018 – EL IBL
DEL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 –
SOLO SE INCLUYEN LOS FACTORES SALARIALES SOBRE LOS QUE
SE HAYAN //EFECTUADO LOS APORTES O COTIZACIONES AL
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
La señora María Eugenia Cerón Zúñiga, mediante apoderado acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de
los siguientes actos administrativos1:
1
Folio 30 a 41
2
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
“DECLARACIONES Y CONDENAS
1. Que se declare la nulidad parcial de la resolución No. GNR 34010 del 13
de febrero de 2015 por medio de la cual se le reconoció y ordenó pagar una
pensión de vejez a la señora MARIA EUGENIA CERON ZUÑIGA en cuantía
de $1.832.478.
2. Que se declare la nulidad total de la resolución No. GNR 176781 del 17 de
junio de 2015, por medio de la cual se negó la reliquidación pensional a mi
poderdante.
3. Que en caso de ser desfavorable y confirmar las resoluciones anteriores
en lo concerniente al IBL y el incremento por el número total de semanas se
declare la nulidad total del acto ficto que debió resolver el recurso de
apelación como consecuencia natural y lógica de las anteriores declaraciones
de hagan las siguientes
CONDENAS
1. Que se condene a la entidad demandada LA ADMINISTRADORA DE
PENSIONES COLPENSIONES para que reconozca y pague la reliquidación
pensional a la señora MARIA EUGENIA CERON ZUNIGA teniendo en
cuenta todos los factores salariales devengados en su último año de servicio:
tales como prima de antigüedad, auxilio de alimentación, auxilio de
transporte, bonificación de servicios, prima de servicios, prima de navidad,
prima de vacaciones y todo lo que constituya salario conforme a la ley y a la
jurisprudencia.
2. Conexamente se sirva reconocer todas las semanas debidamente
cotizadas en el historial del SGP y las ordenadas mediante sentencia N 154
Expediente No. 2012-00310-00, incrementando el porcentaje de liquidación
por cada 50 semanas adicionales.
3. Una vez hecha la reliquidación se sirva indexar la primer mesada
pensional por cuanto no se tuvo en cuenta el valor de la devaluación
monetaria que afectó al peso colombiano entre la fecha de terminación de la
relación laboral hasta el día en que empezó a disfrutar la pensión de
jubilación.
4. Que se reconozcan y paguen las diferencias de las mesadas pensionales
desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta el día en que se
efectué la totalidad del pago 5. Que se reconozca y pague las mesadas
pensionales adicionales.
6. Que se reconozca y pague los incrementos legales de cada año.
7. Que se reconozcan y paguen los intereses moratorios de que tratan los
Artículos 176 y 177 del Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
8. Que la entidad demandada dé cumplimiento a la Sentencia dentro de los
treinta (30) días siguientes a su ejecutoria.
9. Que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar las agencias
en derecho.
(…)”.
3
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
“(…)
1. La señora MARIA EUGENIA CERON ZUNIGA, prestó sus servicios
para (…) el Hospital Nivel II Susana López de Valencia- Empresa Social del
Estado en el cargo de auxiliar administrativo, desde el 27 de septiembre de
2000, tal y como se evidencia en el acto de posesión 028 de la misma fecha.
Posteriormente el 01 de enero de 2002 tal como se observa en la Resolución
226 y el acta de posesión 062, fue nombrada para desempeñar el cargo de
PROFESIONAL UNIVERSITARIA código 340 grado 01 del Hospital Nivel II
Susana López, por último mediante Resolución No 1292 del 03 de diciembre
de 2010, la señora Cerón Zúñiga, fue nombrada provisionalmente en el cargo
de Profesional Universitario, código 219, grado 06 de la dependencia de
Facturación de Cartera y Auditoria de la Subdirección Administrativa.
2. Que mi representada, laboró en esa institución tal como se certifica
en constancia del 06 de abril de 2015, desde el 01 de enero de 2002 hasta
que fue retirada el 25 de octubre de 2010, siendo su último salario
correspondiente a la suma de 2.827.649.
3. Durante la vinculación laboral y durante su vida activa como
cotizante, la señora María Eugenia efectuó aportes a pensión con destino al
Instituto de Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES, siendo su primera cotización en el año de 1978.
4. El día 10 de septiembre de 2014, mediante apoderado la señora
MARIA EUGENIA CERON ZUÑIGA solicit[ó] a la Administradora de
Pensiones Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
teniendo en cuenta todos los factores salariales recibidos en el último año de
servicio tales como, sueldo, primas de servicio, prima vacacional, prima de
antigüedad, recargo nocturno, horas extras, bonificación por servicios y todo
lo que constituya salario, con la correspondiente indexación de la primera
mesada pensional desde el 10 de septiembre de 2011 en adelante.
5. Que en la fecha de reclamación mi prohijada contaba con 59 años
de edad y debido a que tenía en su haber 750 semanas, se le aplicó el
régimen de transición concerniente a lo establecido en el acuerdo 049 de
1990 aprobado en el Decreto 758 del mismo año.
6. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
mediante Resolución No GNR 34010 de febrero de 2015 reconoció y ordenó
pagar una pensión de vejez a favor de la señora Cerón Zúñiga a partir del 01
de enero del 2011en cuantía de $1.832.478.
7. La Administradora Colombiana de pensiones COLPENSIONES para
la liquidación de la pensión de vejez tomó los salarios devengados LOS DIEZ
ULTIMOS AÑOS e incluyó la asignación básica mensual, bonificación de
servicios prestados y horas extras, dejando por fuera de la liquidación los
demás factores salariales.
8. La Administradora Colombiana de pensiones COLPENSIONES
tampoco indexó la primera mesada pensional de mi poderdante, no tuvo en
cuenta el valor de la devaluación monetaria que afectó al peso colombiano
entre la fecha de terminación de su relación laboral, es decir, 25 de octubre
de 2010, hasta el día en que empezó a disfrutar la pensión, que debió ser
4
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
desde la fecha de reclamación 25 de septiembre de 2014 y no desde el 01 de
enero de 2011.
9. Ahora bien, frente al número de semanas que se reconocen se tiene
que la entidad omitió reconocer semanas debidamente cotizadas como las
laboradas para Interviajes NIT 890934553, Dicolombia LTDA, Almacenes
Generales del Departamento y las ordenadas mediante fallo de tutela No 154
Exp. 2012-00310-00.
10. Mediante resolución No GNR176781 del 17 de junio de 2015,
Colpensiones resolvió el recurso de reposición, que se interpuso contra la
resolución del 13 de febrero de 2015 confirmando en todas y cada una de
sus partes la resolución y envió al superior jerárquico para resolver el recurso
de apelación, el cual hasta la fecha no ha sido evacuado configurándose así
un acto ficto.
(…)”.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
De la constitución política: artículos 13, 53 y 241; Ley 1437 de 2011 artículo
138; y Ley 100 de 1993 artículo 36. Como concepto de violación precisó
que, acude a la vía contenciosa administrativa por la flagrante violación de
normas constitucionales y legales, y por el desconocimiento de los
precedentes jurisprudenciales en los que deberían basarse los actos
administrativos acusados.
2. Contestación de la demanda
La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -; se opuso
a las pretensiones de la demanda2.
Refirió que, la actora es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, y su régimen pensional es el Decreto 758 de 1990, sobre lo cual no
hay discusión. No obstante, aclaró que el IBL se determina según las
previsiones de la Ley 100 de 1993; y no, según el Decreto 758 de 1990.
Por consiguiente, la entidad de previsión social tuvo en cuenta los tiempos de
servicios que se reclaman en la demanda. Sumado a que, el recurso de
apelación se resolvió por Resolución VPB 71091 de 20 de noviembre de
2015.
Propuso las excepciones que denominó “inepta demanda”, “inexistencia de la
obligación”; “cobro de lo no debido”, “improcedencia del pago de intereses”;
“prescripción” y la “innominada”.
2
Folio 73 a 81
5
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cauca, el 26 de julio de 2018 negó las
pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante3.
Precisó que la actora cotizó 750 semanas, de las cuales “las primeras fueron
en el sector privado y los últimos 10 años en el sector público” (2000 - 2010)
en el Hospital Susana López de Valencia; por lo que, es beneficiaria del
régimen pensional contenido en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por
Decreto 758 de 1990; por lo que, no es beneficiaria del régimen pensional de
la Ley 33 de 1985; comoquiera que no acreditó 20 años de servicios al sector
público4.
Señaló que el artículo 12 de la citada norma, establece cuales son los
requisitos para obtener la pensión de vejez “tendrán derecho a la pensión de
vejez, la persona que acredite cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si
se es mujer y, un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
Indicó que la pensión de la accionante se calculó en cuantía básica igual al
(45%)5 del salario mensual de base y con aumentos equivalentes al (3%) del
mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de
cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las
primeras quinientas (500) semanas de cotización; por lo que, la pensión no
podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario
mínimo legal mensual, ni superior a quince veces este mismo salario. Luego,
para las 750 semanas, el porcentaje de la pensión asciende a 60%, para 800
semanas, a 63%, y así sucesivamente.
Refirió que esta regulación es propia de los trabajadores particulares y
excepcionalmente es aplicable a los empleados públicos; como en el sub
judice “lo que es explicado en la jurisprudencia a partir del principio de
favorabilidad, porque se trata de empleados públicos que estuvieren afiliados
3
Folio 122 a 132
4
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
5
Artículo 20 del Decreto 758 de 1990.
6
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
al riesgo de pensión y por ende efectuaron cotizaciones al ISS”, o a éste y a
otras entidades de previsión social.
Sostuvo que en la acción de tutela que presentó la actora contra la Junta
Regional de Invalidez y Colmena ARP “fallada por el Juzgado Primero Civil
Municipal de Popayán”; no se reconoció tiempo de servicios alguno a favor
de ella, que deba ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión
de vejez; pues, lo que se ordenó fue el pago de una incapacidad laboral y la
realización de una nueva evaluación de la pérdida de capacidad laboral.
Argumentó que la actora no es beneficiaria de la Ley 33 de 1985; toda vez
que no es procedente el cálculo del IBL con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios; y el tal sentido, advirtió
que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar porque
en ellas se busca “la aplicación del Decreto 758 de 1990 en cuanto a los
requisitos para acceder a la pensión, y la Ley 33 de 1985 respecto a la
determinación del ingreso base de liquidación, lo que trasgrede el principio de
inescindibilidad de las normas”.
Reveló que frente a la indexación de la primera mesada pensional, la
demandante consolidó su estatus el 16 de febrero de 2010; por lo que, el
tiempo y salario base de liquidación que se tuvo en cuenta para el
reconocimiento de la pensión fue hasta el 31 de diciembre de 2010; es decir;
el disfrute de la prestación se consolidó a partir de enero de 2011; por lo que,
se liquidó el retroactivo por concepto de las mesadas y de las mesadas
adicionales desde el mes de septiembre de 2011 hasta el año 2015,
“indexadas año a año hasta cuando se expidió la Resolución GNR 34010 de
13 de febrero de 2015, que reconoció la pensión a la actora”.
Señaló que, la situación de la demandante no corresponde al supuesto en
que opera la indexación de la primera mesada pensional, porque el valor del
IBL que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión “fue el
percibido hasta el mes de diciembre de 2010, mes anterior a la efectividad de
la prestación dispuesta desde enero de 2011”. Distinto es que, el acto
administrativo declaró la prescripción de las mesadas pensionales que se
causaron entre la fecha del estatus pensional y el mes de septiembre de
7
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
2011; ello por cuanto, el reconocimiento pensional se solicitó en septiembre
de 2014; hecho que no fue discutido en el sub lite.
En conclusión, señaló que la primera mesada pensional a favor de la actora
se calculó con valores del mes de diciembre de 2010, percibidos desde el
mes siguiente (enero de 2011); por lo que no experimentó la pérdida de
poder adquisitivo, que ameriten la indexación de la primera mesada
pensional.
4. Recurso de apelación
La señora María Eugenia Cerón Zúñiga, por intermedio de apoderado
interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal6.
Sostuvo que, el a quo omitió referirse a la inclusión de todos los factores que
constituyen salario “prima de servicios, prima de vacaciones etc”. Máxime
que su poderdante “aunque en provisionalidad desempeño 10 años en un
cargo afín al de los empleados públicos”; y, por tanto, las cotizaciones fueron
realizadas teniendo en cuenta las mismas.
Alegó que, de los actos administrativos atacados se puede desprender la
falta de actualización de la primera mesada con respecto a su pérdida de
poder adquisitivo, al ser concedida conforme a los periodos del año 2010
siendo que el derecho pensional de la accionante se causó desde el 2011
pero el reconocimiento se dio en el año 2015.
5. Alegatos de conclusión
La parte demandante, demandada y el Ministerio público guardaron
silencio7.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
6
Folio 136 a 144
7
Folio 163
8
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
le corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las
apelaciones contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos.
2.2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del
Tribunal que negó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, se establecerá si la señora María Eugenia Cerón Zúñiga tiene
derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con la totalidad de los
factores salariales sobre los que cotizó durante el último año de servicios, de
conformidad con el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, o si por el
contrario, le resulta más beneficioso el contenido en el Decreto 758 de 1990.
Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. El régimen pensional aplicable en el acto de reconocimiento;
2.2. Hechos relevantes probados; y 2.3. Caso concreto.
2.1. El régimen pensional aplicable en el acto de reconocimiento
Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 “Por la cual se
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”,
fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de
unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales
especiales existentes.
Sin embargo, y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas
que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de
servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la
referida Ley 100 de 1993.
En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de
entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1 de abril de 1994
para servidores públicos nacionales y 30 de junio de 1995 del nivel
departamental, municipal y distrital) contaran con treinta y cinco (35) o más
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá
la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se
9
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad,
tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.
En lo atañedero al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales
personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa
que los beneficiarios del régimen de transición “(…) que les faltare menos de
diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”
(subrayado fuera de texto).
Respecto de esta norma, la Corte Constitucional8 precisó:
(…) En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador
al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19939, tal como se
desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos,
fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una
expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales
que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del
régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación
ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban
afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de
servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de
Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia
claramente en el texto del artículo 36… (…)
Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de
Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el
artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para
quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para
pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a
la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación
del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las
personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años
para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla
8
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
9
El artículo 36 indica: «ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha
en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. ||
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el
monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o
más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas
referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE» (negrilla fuera del texto).
10
Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo
ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los
regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios
prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del
artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:
“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por
ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las
pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado
sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior
al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este
sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como
mínimo.”
El precedente jurisprudencial citado fue acogido por la sala de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado, y la Subsección aplicará la regla y
subreglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la
resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. La misma Sala Plena
precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos
“[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los
que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables”.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos
de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.
La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de
transición, es la siguiente:
“(…)85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
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Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma.
86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los
regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos
constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se
encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir
el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de
servicios y el monto de la pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso
de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración,
fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de
unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la
viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo
en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que
debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas
beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el
mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de
liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas
a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un
verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los
mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de
Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)”
La primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los
servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de
la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los
siguientes términos:
“(…)
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
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Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.(…)”
La segunda subregla es “que los factores salariales que se deben incluir en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
Esta subregla se sustenta, así:
“(…) 99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48
constitucional es aquella según la cual en el régimen general de
pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los
que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se
adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de
cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)”
Visto lo anterior, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de
transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su
pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen
anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella; por ende,
en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de
previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el
ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la
medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo
cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la
Ley 100 (1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995, según el caso) y la
adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio
de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado
anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio
de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.
Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se
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Número interno: 5596-2018
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debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994,
reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron al sistema general de
pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden
nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades
descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral
y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6 se estableció el
salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales
servidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes
factores sobre los que se debe efectuar aportes: “asignación básica mensual,
gastos de representación; prima técnica, cuando sea factor de salario; primas
de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial;
remuneración por trabajo dominical o festivo; remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y
bonificación por servicios prestados”.
Por otro lado, en lo pertinente a la normativa cuya aplicación se solicita en la
demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, que en
relación con el asunto objeto de examen, en su artículo 1, dispone:
“ARTÍCULO 1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte
(20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y
cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se
le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio”.
Puestas así las cosas adviértase que, tendrán derecho a una pensión
mensual vitalicia de jubilación, los empleados oficiales que hayan servido
veinte (20) años continuos o discontinuos y cumplan la edad de cincuenta y
cinco (55) años. En lo que se refiere al monto de la pensión de jubilación, el
precitado artículo 1 de la Ley 33 de 1985 lo establece en un 75% del salario
base de liquidación.
Por otra parte, resulta menester examinar el régimen contenido en el Decreto
758 de 1990, “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de
1990 (…)”, que sirvió de fundamento para la reliquidación de la pensión de la
actora, que en su artículo 12 prevé:
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Número interno: 5596-2018
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“Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco
(55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00)
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
Así también el canon 13 señala frente a la causación y disfrute de la
prestación lo siguiente:
“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR
VEJEZ. (…) Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última
semana efectivamente cotizada por este riesgo”.
Finalmente, el artículo 20 del Decreto 758 de 1990 frente a la integración de
las pensiones de invalidez por riesgo común y de vejez, precisó que:
“ARTÍCULO 20. INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ
POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por
riesgo común y por vejez, se integrarán así:
I. PENSIONES DE INVALIDEZ.
1. Pensión de Invalidez Permanente Total:
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del
salario mensual de base y,
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario
mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el
asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras
quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la pensión no
podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al
salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo
salario (…)”.
Respecto al campo de aplicación de esta normativa, advierte que cobijaba en
forma forzosa u obligatoria a (i) los trabajadores nacionales o extranjeros que
presten sus servicios a empleadores particulares mediante contrato de
trabajo o de aprendizaje, (ii) los funcionarios de seguridad social del Instituto
de Seguros Sociales y (iii) “Los pensionados por jubilación cuyas pensiones
vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de
Seguros Sociales o asumidas totalmente por él”; y de manera facultativa, a
los trabajadores independientes (…) y a los servidores de entidades oficiales
que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como empleadores
ante el ISS.
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2.1.1. Hechos relevantes probados
El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de
los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se
destaca:
Colpensiones por Resolución GNR 34010 de 13 de febrero de 201510, le
reconoció una pensión de vejez a la señora María Eugenia Cerón Zúñiga a
partir de febrero de 2015, en cuantía de $1.832.478.oo, de conformidad con
el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y la Ley
100 de 1993.
Para el reconocimiento de la pensión se tuvo en cuenta lo siguiente:
1. La señora María Eugenia Cerón Zúñiga nació el 16 de febrero de
1955.
2. Laboró un total de 750 semanas.
3. Adquirió el estatus jurídico el 16 de febrero de 2010.
4. La liquidación del monto de la pensión se hizo con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; “con el promedio de
lo devengado o cotizado durante los 10 últimos años actualizado
anualmente con el IPC11”.
5. El porcentaje que se aplicó para la liquidación de su pensión fue de
60%, con la inclusión de los factores salariales “asignación mensual,
bonificación por servicios prestados y horas extras”.
Mediante Resolución GNR 176781 de 17 de junio de 201512, la entidad de
previsión social al resolver el recurso de reposición que impetró la accionante
consideró que “resulta procedente invocar el principio de inescendibilidad de
la ley, el cual indica que no es procedente solicitar la aplicación parcializada
de una disposición normativa en lo que beneficia a la persona, toda vez que
las normas se deben aplicar en su integridad. Por ello, no se puede
reconocer la prestación con requisitos del Decreto 758 del 11 de abril de 1990
y liquidar la prestación conforme lo estipulado en otras normas o
jurisprudencia (ley 33 de 1985), ya que debe aplicarse en su integridad las
disposiciones normativas, en consideración a lo anterior no es posible liquidar
10
Folio 22 a 25
11
Folio 13
12
Folio 26 a 22 a 32
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la prestación de la asegurada conforme reconocimiento con la ley 758 de
1990 y liquidar con ley 33 de 1985 y cualquier otra normatividad”.
Por Resolución VPB 71091 de 20 de noviembre de 201513, Colpensiones
resolvió el recurso de apelación, y confirmó los actos administrativos
anteriores, en el sentido de no reliquidar la prestación pensional de la actora.
Conforme a los certificados laborales y la Resolución GNR 34010 de 13 de
febrero de 201514, la demandante aportó para el sistema general de
seguridad social en pensiones los siguientes lapsos:
13
Expediente administrativo allegado con la contestación de la demanda.
14
Folio 4 a 7 y 8 a 10, y 22 a 25
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Según constancia laboral expedida por el Pagador del Hospital Susana
López de Valencia E.S.E15, la accionante en el último año de servicios
devengó los siguientes emolumentos “licencia por enfermedad,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones, bonificación por recreación y
vacaciones”.
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de
advertirse es que la actora está amparada por el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1 de
abril de 1994 tenía 38 años de edad y superaba los 15 de servicios.
Asimismo, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la
accionante cumplió 55 años de edad el 16 de febrero de 2010, laboró en las
entidades que se evidencian en el cuadro que antecede del (9/1//1978) al
(31/12/2010); esto es, 5.256 días laborados equivalentes a 750 semanas.
En consecuencia, (i) la entidad de previsión social reconoció a la demandante
pensión de vejez por Resolución GNR 34010 de 13 de febrero de 2015 a
partir de febrero de 2015. La liquidación de la pensión se realizó con base en
750 semanas, sobre un IBL $2.636.359.oo y una tasa de remplazo del 60%,
de conformidad con artículo 21 de la Ley 100 de 1993 “sobre lo cotizado o
devengado dentro de los 10 años anteriores al reconocimiento de la
prestación”; y en atención al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto
758 del mismo año; (ii) por Resolución GNR 176781 de 17 de junio de 2015,
la entidad de previsión social resolvió el recurso de reposición contra el acto
anterior, y lo confirmó en todas sus partes advirtiendo que “no se puede
reconocer la prestación con requisitos del Decreto 758 de 1990 y liquidarla
conforme a la Ley 33 de 1985; ya que, debe aplicarse en su integridad las
disposiciones normativas”; y (iii) a través de la Resolución VPB 71091 de 20
15
Folio 10 cuaderno de pruebas.
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de noviembre de 201516, Colpensiones resolvió el recurso de apelación y
confirmó no reliquidar la prestación en la forma rogada en la demanda por
cuanto, “la peticionaria cumple los requisitos UNICAMENTE para los
siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el indicado en
la columna “Aceptada sistema”:
Los anteriores prolegómenos nos llevan a la conclusión de que la accionante
no cumplía los requisitos fijados en la Ley 33 de 1985 para ser beneficiaria de
la pensión contenida en la referida norma; dado que, no laboró 20 años al
servicio del Estado. Contrario sensu, la entidad accionada aplicó de forma
integral las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1990 acudiendo al
artículo 20 ibidem para calcular el monto de la liquidación en virtud del
principio de favorabilidad y aplicable en cuanto a los requisitos de edad,
tiempo de servicios y monto de la prestación. Sin embargo, el IBL se
determinó bajo el amparo de lo reglado en la Ley 100 de 1993, teniendo en
cuenta que este aspecto no puede calcularse con base en las normas
estipuladas en disposiciones precedentes, en tanto no hacen parte del
régimen de transición.
Ahora bien, se observa que a la demandante le fue calculada su pensión de
vejez con los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los últimos 10
años de servicios, en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por
la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las
sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de que en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de
transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su
pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen
anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que
se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib., según
corresponda, lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en
16
Expediente administrativo allegado con la contestación de la demanda.
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cuanto dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)”, motivo por el cual el fallo de primera instancia se ajusta a
tal derrotero jurisprudencial hoy vigente.
Al respecto, la Subsección reitera que señora María Eugenia Cerón Zúñiga
es beneficiaria del régimen pensional normado en el Decreto 758 de 1990, el
cual le fue aplicado en debida forma en los actos enjuiciados; ello por cuanto,
se valieron de los presupuestos y las condiciones de monto de la prestación
pensional allí previstos en su favor. Sin embargo, lo pretendido por la
accionante es la aplicación de normas pensionales bajo el amparo de lo
normado en la Ley 33 de 1985, en cuanto al IBL; lo que, de contera, va en
contravía del principio de inescindibilidad de la norma.
Cabe destacar que en los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, en los cuales se precisó la aplicación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, en particular, en relación con el ingreso base de liquidación
pensional, la sala plena de esta Corporación advirtió que “(…) por regla
general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al
que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía
judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha
operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables”.
En conclusión, la señora Cerón Zúñiga no tiene derecho a la reliquidación de
su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, porque: i) la liquidación se
hizo bajo la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758
de 1990, por ser más favorable; ii) la prestación fue reconocida con
fundamento en el régimen de transición reseñado; por lo tanto, le aplica como
fuente normativa la regla y subreglas fijadas en la sentencia de unificación de
28 de agosto de 2018; toda vez que a la entrada en vigor dicha ley le faltaban
más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión; por lo
que los actos acusados se ajustan a derecho; y siendo ello así, lo que
procede es confirmar la decisión del a quo.
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Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
Respecto a la indexación
Frente a la referida pretensión, la Sala precisa que la misma no tiene
vocación de prosperidad; toda vez que la entidad de previsión social tuvo en
cuenta el valor del ingreso base de liquidación (el percibido hasta el mes de
diciembre de 2010, anterior a la efectividad de la pensión dispuesta en enero
de 2011). Distinto es que en el acto demandado se haya declarado la
prescripción de las mesadas pensionales que se causaron entre la fecha del
status pensional y el mes de septiembre de 2011; por lo que, en el Sub lite la
actora no experimentó la pérdida del poder adquisitivo que amerite la
indexación de la primera mesada pensional; tal y como se evidencia a
continuación:
En cuanto a los intereses moratorios
Con relación a los intereses moratorios solicitados por la actora, debe
decirse que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece que “A
partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las
mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente
reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y
sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se efectué el pago”; es decir, que su pago procede
cuando se presente demora en la cancelación de la mesada pensional
(luego de su reconocimiento)17.
Como se dejó anotado, estos se causan cuando con posterioridad al
reconocimiento pensional la entidad de previsión social incurre en mora
17
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de noviembre de 2020. Rad. 05001-23-33-
000-2016-00460-01(4412-18). Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER.
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en el pago de las mesadas pensionales, lo que no ocurre en el presente
caso. Además, se precisa que el pago de los intereses moratorios no es
compatible con el pago simultáneo de la indexación de las mesadas
adeudadas, en consideración a que estas obedecen a la misma causa “cuál
es la devaluación del dinero”, sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso 3 del
artículo 192 del CPACA18; motivo por el cual esta súplica tampoco prospera.
Sobre la condena en costas
Con relación a la condena en costas, es importante destacar que no procede
de manera automática, pues como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
(…)”. Por ello, al observar que en el trámite del proceso no se causaron, no
habrá lugar a condena.
III. DECISIÓN
Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia de 26
de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda impetrada por la señora María Eugenia Cerón
Zúñiga contra La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -;
salvo lo concerniente a la condena en costas que habrá de revocarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO-. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 26
de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda impetrada por la señora María Eugenia Cerón
Zúñiga contra La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -
por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia; salvo el numeral
segundo que se revoca en tanto condenó en costas a la parte demandante.
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES
18
PÚBLICAS. (…) Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que
aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del
auto, según lo previsto en este Código”.
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Número interno: 5596-2018
Demandante: María Eugenia Cerón Zúñiga
Demandado: Colpensiones
SEGUNDO-. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO-. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)
Sigue leyendo
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