Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00383-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Concurso de méritos de la fiscalía general de la nación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00383-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2016-00383-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
9 de noviembre de 2016
CONCURSO DE MÉRITOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE ELEGIBLES
La petición concreta del actor se circunscribe a que el juez de tutela ordene a la Fiscalía “adelantar el trámite de verificación de la documentación aportada con la solicitud de reclasificación para los puntajes y se actualicen los registros correspondiente en las listas de elegibles” (…) Los Acuerdos 29 y 30 de 2015, listas definitivas de elegibles de las convocatorias 004 y 005 de 2008, establecen (…) que la lista de elegibles tendrá una vigencia de dos años, “la cual se contará a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente acuerdo”. Teniendo en cuenta que los dos Acuerdos fueron publicados el 13 de julio de 2015, la Sala concluye que los tres primeros meses de vigencia de la lista corren desde el 14 de julio hasta el 14 de octubre de cada año. La petición de actualización del registro de elegibles presentada por el [actor] fue radicada en la Fiscalía General de la Nación el 06 de julio de 2016, por lo que la Sala concluye que aunque la solicitud es procedente de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo 001 de 2006, la misma no se presentó dentro del término allí establecido. Por ello no se tutelará el derecho al debido proceso del actor, en cuanto a la solicitud de actualización de 6 de julio de 2016, como quiera que el particular no puede predicar la vulneración de un derecho fundamental cuando no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 24 del Acuerdo 001 de 2006. Se reitera que las normas del concurso son aplicables tanto a la entidad como a los administrados y no es procedente ordenar a la Fiscalía que dé trámite a una petición que no se presentó de acuerdo con el término establecido en el Acuerdo.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / LEY 4 DE 1913 / LEY 938 DE 2004 - ARTÍCULO 60 / DECRETO 020 DE 2014 / ACUERDO 001 DE 2006 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el derecho al debido proceso, ver las sentencias T-442 de 1992 y C-341 de 2014, ambas de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCION B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00383-01(AC)
Actor: JAIME MEJÍA GÓMEZ
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA
Se decide la impugnación presentada contra el fallo del 30 de agosto de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio del cual se tuteló el derecho al debido proceso invocado por el señor Jaime Mejía Gómez.
ANTECEDENTES
La solicitud de amparo y las pretensiones
El señor Jaime Mejía Gómez acudió ante el Tribunal Administrativo del Cauca, en ejercicio de la acción establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo que estimó lesionados por la Nación – Fiscalía General de la Nación – Comisión Nacional de Administración la Carrera Especial.
En amparo de los derechos fundamentales invocados solicitó:
“[…] se restablezcan los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD, AL TRABAJO, A -sic- ACCESO A CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS, así como a los principios de CONFIANZA LEGÍTIMA, BUENA FE y SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS QUE EL DESPACHO CONSIDERE PERTINENTES, VULNERADOS U AMENAZADOS, a JAIME MEJÍA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.306.312, Número de Inscripción 77428, en el concurso de méritos adelantado por la Fiscalía General de la Nación en el año 2008.
Se ordene en los términos de ley a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA ESPECIAL DE LA FGN, adelantar el trámite de verificación de la documentación aportada con la solicitud de reclasificación para los puntajes y se actualicen los registros correspondientes en las listas de elegibles de conformidad con el Artículo 24º-sic- del Acuerdo Nº 001 de 2006, en los siguientes actos administrativos:
Acuerdo Nº 029 de julio 13 de 2015 por medio del cual se conformó la lista definitiva de elegibles de la convocatoria Nº 004-2008, Grupo Nº 01, para la provisión de cargos de Profesional de Gestión II, de acuerdo con la reclasificación y actualización solicitada por el concursante.
Acuerdo Nº 030 de julio 13 de 2015 por medio del cual se conformó la lista definitiva de elegibles de la convocatoria Nº 005-2008, Grupo Nº 01, para la provisión de cargos de Profesional de Gestión II, de acuerdo con la reclasificación y actualización solicitada por el concursante. […]”.
Los hechos y las consideraciones del accionante
El señor Jaime Mejía Gómez indicó que participó en el concurso de méritos para cargos del área administrativa de la Fiscalía General de la Nación, mediante las convocatorias 004 y 005 de 2008.
Explicó que la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la FGN en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 60 de la Ley 938 de 2004, expidió el Acuerdo 001 de 2006, que consagró en su artículo 24 la actualización del registro de elegibles en los primeros tres meses de cada año en que éste se encuentre vigente.
Aseguró el actor que presentó petición ante la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la FGN el 7 de julio de 2016, en la que solicitó la actualización de los Acuerdos 029 y 030 del 13 de julio de 2015, por los cuales se conformó la lista definitiva de provisión de cargos para las convocatorias 004 y 005 de 2008, aportando su título profesional relacionado con las funciones del cargo y experiencia profesional. La entidad negó la actualización con el argumento de que en el concurso no existía una etapa de actualización de puntaje.
Señaló que con la negativa de la entidad, se violan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, buena fe y acceso a la carrera administrativa, porque a los participantes se les deben aplicar y preservar las reglas con las cuales fueron convocados a los concursos para ocupar los cargos públicos.
Trámite procesal e informe de la entidad accionada
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante auto de 19 de agosto de 2016, admitió la demanda, ordenó notificar a la entidad accionada y le solicitó el informe correspondiente.
La Fiscalía General de la Nación, mediante escrito visible a folios 56 a 66, manifestó que para el caso concreto de las convocatorias 004 y 005 de 2008 en las que se inscribió el accionante, la Ley 938 de 2004 es la norma reguladora de todo el concurso y por lo tanto, como lo ha expresado la Corte Constitucional, obliga tanto a la administración como a los aspirantes, y debe ser aplicada durante todo el proceso de selección.
Agregó que las convocatorias 004 y 005 del año 2008 establecieron unas etapas, entre ellas, la de inscripción, en la cual se acredita el nivel académico y la experiencia profesional, por lo que no puede pretender el aspirante actualizar la información aportada después del cierre de la mencionada etapa.
Informó que es cierto que el señor Jaime Mejía Gómez presentó solicitud de modificación de los Acuerdos 029 y 030 del 13 de julio de 2015, con el fin de que se actualizara el puntaje asignado, petición que fue contestada de manera clara, congruente y de fondo, exponiendo que acceder a su pretensión implicaría revivir etapas del concurso que ya fueron finalizadas, así como desconocer el derecho a la igualdad de los demás participantes del proceso de selección.
Señaló que no es procedente la aplicación del artículo 24 del Acuerdo 001 de 30 de junio de 2006, pues este no hace parte de las convocatorias 004 y 005 de 2008, y que, de considerarse aplicable al caso concreto, deben tenerse en cuenta unos requisitos que el señor Jaime Mejía Gómez no cumple.
Solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela ya que no se presentó vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante, puesto que para resolver su solicitud se tuvieron en cuenta la Ley 938 de 2004, los textos de las convocatorias 004 y 005 de 2008, los actos administrativos de las mismas y los anexos correspondientes.
Explicó que la fecha límite para allegar los soportes que acreditaran los requisitos de los aspirantes era el 15 de agosto de 2008. En este momento, todas las etapas de las convocatorias ya fueron superadas y la entidad se encuentra en el proceso de nombramiento de los candidatos que encabezaron las listas de elegibles.
Señaló que el señor Jaime Mejía Gómez no recurrió la lista de elegibles ni aportó información nueva en la oportunidad prevista para ello.
Por último destacó que la Fiscalía dispuso la actualización de la lista de elegibles correspondiente a otra convocatoria (008-2008), pero aclaró que esa modificación fue realizada en cumplimiento de un fallo de tutela en favor del señor Ángel Paredes Basto y en cualquier caso, el señor Paredes sí cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 24 del Acuerdo 001 de 2006.
LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 30 de agosto de 2016, tuteló el derecho fundamental al debido proceso del accionante, por lo que ordenó a la Fiscalía General de la Nación estudiar de fondo cualquier petición de reclasificación que el señor Mejía Gómez formule en el futuro, siempre que se presente dentro del término previsto en el Acuerdo 001 de 2006; sin embargo negó la acción de tutela frente a la solicitud de reclasificación radicada el 7 de julio de 2016, porque la misma se formuló de manera extemporánea. Fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:
Consideró que se encuentra probado dentro del expediente que el señor Jaime Mejía Gómez se inscribió y superó todas las etapas del proceso de selección que convocó la Fiscalía General de la Nación para la provisión de cargos del área administrativa y financiera de la entidad. Que en virtud de ello, hace parte del registro de elegibles de las convocatorias 004 y 005 de 2008, definido para proveer los cargos de Profesional Universitario I y II.
Destacó que el artículo 60 de la Ley 938 de 2004 otorgó a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la FGN la facultad de reglamentar el régimen de carrera de la entidad, y con base en dichas facultades se expidió el Acuerdo 001 de 2006. Aunque la Corte Constitucional declaró inexequible esa norma mediante sentencia C-878 del 10 de septiembre de 2008, en ella especificó que los concursos en trámite continuarían con las reglas establecidas para la convocatoria correspondiente.
Señaló que por esa razón el citado Acuerdo resulta plenamente aplicable al caso del actor, y que dicha norma establece en su artículo 24 la posibilidad de actualizar el registro de elegibles.
Precisó que la solicitud del actor no está dirigida a acreditar los requisitos mínimos requeridos por las convocatorias 004 y 005 de 2008, sino a mejorar su posición dentro de la lista de elegibles; respecto a la reclasificación, la Corte Constitucional ha especificado que “[…] es un valioso instrumento para la administración pública y para el aspirante […]”.
Destacó que si bien la petición del accionante es válida, la misma fue presentada el 6 de julio de 2016, es decir, fuera del término de tres meses previsto en el Acuerdo 001 de 2006.
En consecuencia, el Tribunal tuteló el derecho al debido proceso del actor, vulnerado por la FGN al no aplicar el Acuerdo 01 de 2006 al estudio de su solicitud, pero negó el amparo frente a la petición de reclasificación, puesto que la misma se presentó de manera extemporánea. También precisó que el accionante puede presentar una nueva solicitud sobre el particular, la cual deberá ser analizada por la Fiscalía si se presenta dentro del término previsto, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 01 de 2006.
LA IMPUGNACIÓN
La Fiscalía General de la Nación impugnó la sentencia del Tribunal, reiterando los argumentos del escrito de contestación y manifestando además los siguientes:
Indicó que en cumplimiento del cronograma establecido en el Acuerdo 001 de 13 de enero de 2015, el 2 de febrero de ese mismo año se publicaron los listados definitivos de elegibles del concurso del área administrativa y financiera de la entidad convocado en el 2008, y que pese a ello, el accionante no presentó recurso alguno contra esos actos administrativos.
Alegó que respecto del Acuerdo 001 de 30 de junio de 2006, en el cual se fundamentó el Tribunal Administrativo del Cauca para amparar el derecho al debido proceso, es necesario reiterar que no fue proferido con ocasión de los concursos del año 2008.
Solicitó que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 30 de agosto de 2016, pues a su juicio, ni en las convocatorias del año 2008 ni en las normas que regulan el concurso está prevista una etapa de actualización y reclasificación de puntaje, por lo que acceder a la solicitud del accionante violaría el derecho a la igualdad de los demás aspirantes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Esta acción tiene dos particularidades esenciales a saber: la subsidiariedad y la inmediatez; la primera, por cuanto sólo resulta procedente cuando el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y; la segunda, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso administrar la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental sujeto a vulneración o amenaza.
Problema jurídico
La Sala debe decidir si se confirma la decisión de primera instancia del 30 de agosto de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que tuteló el derecho fundamental al debido proceso del señor Jaime Mejía Gómez, o si, como lo alega la parte accionada, no se vulneró el derecho fundamental del actor pues dentro de las convocatorias 004 y 005 de 2008 no estaba prevista una etapa de actualización de puntaje.
Del debido proceso
El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, y es aplicable no sólo para los procesos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas.
La jurisprudencia Constitucional ha precisado que la extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones, “[…] en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses […]”.
A su vez, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:
“[…] (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas […]”
En este sentido, el cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución, tiene diversos matices según el derecho de que se trate “[…] dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos” de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas […]”.
Análisis del caso concreto
Como se anotó anteriormente, el debido proceso es un derecho fundamental que impone a los servidores públicos la obligación de adelantar sus funciones dentro de un estricto marco definido por el ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional ha entendido la aplicación del debido proceso en materia administrativa en los siguientes términos: “en virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos”.
La Sala observa que en el año 2008, la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de selección para la provisión de cargos de carrera del área administrativa y financiera de la entidad, en el cual participó el accionante a través de las convocatorias 004 y 005, correspondientes al grado profesional II y I, respectivamente.
Una vez agotadas todas las etapas del proceso, el señor Mejía Gómez quedó inscrito en el registro definitivo de elegibles de las mencionadas convocatorias, publicado a través de los Acuerdos 29 y 30 de 2015, el 13 de julio de ese mismo año.
El 06 de julio de 2016, el actor radicó petición en la Fiscalía General de la nación, con el fin de actualizar el puntaje que obtuvo en los dos concursos, en atención a la obtención de un título de posgrado en el año 2009 y a la acumulación de nueva experiencia laboral. Sustentó su petición en el Decreto Ley 020 de 2014 y en el Acuerdo 001 de 2006, entre otras normas.
La Fiscalía dio respuesta a la petición mediante escrito visible a folios 30 a 33 del expediente, manifestando que “dentro de las reglas del concurso de méritos y las estepas –sic- debidamente establecidas y publicadas en las convocatorias 004 y 005 de 2008, normas del concurso de méritos no se dispuso que dentro del proceso de selección del año 2008, existiera una etapa referente a la actualización del puntaje asignado en el Registro Definitivo de Elegibles” (Subraya la Sala).
La Sala considera que aunque esa afirmación es correcta, si bien la etapa de actualización no está prevista en el texto de las convocatorias 004 y 005 de 2008, ello no quiere decir que no sea procedente dentro de dichos procesos de selección.
El Acuerdo 001 de 2006 fue el acto administrativo por el cual la Comisión Nacional Administración de la Carrera de la Fiscalía reglamentó de manera general el desarrollo de los procesos de selección de la entidad, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 60 de la Ley 938 de 2004. Dicha norma establece en su artículo 24: “Actualización del registro de elegibles. En los primeros tres (3) meses de cada año en que se encuentre vigente el Registro de Elegibles , quienes figuren en él podrán obtener la actualización de sus respectivos puntajes, previa solicitud a la Comisión, debidamente acompañada de la documentación que acredite la nueva condición del solicitante (…)”.
Como bien lo afirmó el a quo, si bien la Corte Constitucional mediante sentencia C-878 del 10 de septiembre de 2008, declaró la inexequibilidad del artículo 60 de la Ley 938 de 2004, en el mismo fallo aclaró lo siguiente: “los concursos de mérito que ya se iniciaron en esa entidad deben seguir su proceso y culminar de acuerdo con lo establecido en los reglamentos que en su momento fueron dictados por la mencionada Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía” (Subraya la Sala).
También precisó la Corte que “los nuevos concursos se sujetarán a la ley que debe expedir el Congreso de la República y, entre tanto, a la Ley Estatutaria de la administración de Justicia y a la Ley 909 de 2004”.
Esto quiere decir que los concursos iniciados con anterioridad a la fecha de la sentencia de inexequibilidad, esto es 10 de septiembre de 2008, continúan bajo el amparo de las normas que fueron expedidas por la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía, con ocasión de las facultades otorgadas por el Congreso en la Ley 938 de 2008.
En el caso bajo estudio, la Sala advierte que para el 26 de junio de 2008, fecha de publicación de los Acuerdos 029 y 030 de 2015, listas definitivas de elegibles de ambas convocatorias, era aplicable el Acuerdo 001 de 2206, puesto que fue proferido por la Comisión en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 60 de la Ley 938 de 2008.
Resulta evidente entonces que la etapa de actualización sí estaba prevista dentro de las convocatorias 004 y 005 de 2008, por lo que la Fiscalía debió darle trámite de fondo a la petición. Ese hecho por sí sólo podría comportar una vulneración del derecho al debido proceso del señor Mejía Gómez, por lo que la Sala procederá a analizar si es procedente el amparo del juez de tutela.
Respecto del debido proceso en las actuaciones administrativas, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para proteger derechos fundamentales vulnerados con la expedición de actos administrativos, en atención al carácter subsidiario de la misma.
Sin embargo, ha establecido dos reglas que permiten conceder el amparo, a pesar de la existencia de otros medios de defensa para controvertir la legalidad del acto: “(i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable; y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado con prontitud, se traduce en un claro perjuicio para el accionante”.
La petición concreta del actor se circunscribe a que el juez de tutela ordene a la Fiscalía “adelantar el trámite de verificación de la documentación aportada con la solicitud de reclasificación para los puntajes y se actualicen los registros correspondiente en las listas de elegibles”. Como se observó anteriormente, el artículo 24 del Acuerdo 001 de 2006 establece que la solicitud de actualización debe presentarse a la entidad “en los primeros tres (3) meses de cada año en que se encuentre vigente el Registro de Elegibles”.
Los Acuerdos 29 y 30 de 2015, listas definitivas de elegibles de las convocatorias 004 y 005 de 2008, establecen de idéntica forma en su parte resolutiva que la lista de elegibles tendrá una vigencia de dos años, “la cual se contará a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente acuerdo”. Teniendo en cuenta que los dos Acuerdos fueron publicados el 13 de julio de 2015, la Sala concluye que los tres primeros meses de vigencia de la lista corren desde el 14 de julio hasta el 14 de octubre de cada año.
La petición de actualización del registro de elegibles presentada por el señor Mejía Gómez fue radicada en la Fiscalía General de la Nación el 06 de julio de 2016, por lo que la Sala concluye que aunque la solicitud es procedente de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo 001 de 2006, la misma no se presentó dentro del término allí establecido.
Por ello no se tutelará el derecho al debido proceso del actor, en cuanto a la solicitud de actualización de 6 de julio de 2016, como quiera que el particular no puede predicar la vulneración de un derecho fundamental cuando no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 24 del Acuerdo 001 de 2006. Se reitera que las normas del concurso son aplicables tanto a la entidad como a los administrados y no es procedente ordenar a la Fiscalía que dé trámite a una petición que no se presentó de acuerdo con el término establecido en el Acuerdo.
En consideración a lo anterior, la Sala deberá revocar el amparo concedido por el a quo, puesto que no se presentó la vulneración alegada por el actor.
Teniendo en cuenta que al actor no le asistía el derecho a que la entidad brindara una respuesta de fondo a su solicitud, la Sala tampoco encuentra probada la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la inadecuada interpretación normativa de la Fiscalía.
Así las cosas debe revocarse el fallo proferido el 30 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo del Cauca y en su lugar, negar el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVÓCASE la sentencia de 30 de agosto de 2016, proferida por Tribunal Administrativo del Cauca, que tuteló el derecho al debido proceso invocado por el señor Jaime Mejía Gómez contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Comisión Nacional de Administración de la Carrera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 13 y 14.
ARTÍCULO 24. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE ELEGIBLES. En los primeros tres (3) meses de cada año en que se encuentre vigente el Registro de Elegibles, quienes figuren en él podrán obtener la actualización de sus respectivos puntajes, previa solicitud a la Comisión, debidamente acompañada de la documentación que acredite la nueva condición del solicitante. Redefinidos los puntajes se publicará el registro con el orden correspondiente en la web y en cada Dirección Seccional Administrativa y Financiera.
Folios 48 y 49.
Folios 124 a 132.
Sentencia T-1110 del 21 de noviembre de 2003.
Folios 18 a 29.
Folios 139 a 157.
Sentencia T-442 de 1992.
Corte Constitucional, Sentencia C–341 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional. Sentencia C-248 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Folio 17.
“ARTÍCULO 60. La Fiscalía General de la Nación tiene su propio régimen de carrera el cual es administrado y reglamentado en forma autónoma, sujeta a los principios del concurso de méritos y calificación del desempeño.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Su administración y reglamentación corresponde a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación que se integra de la siguiente manera: el Fiscal General o el Vicefiscal General quien la presidirá, el Secretario General, el Director Nacional Administrativo y Financiero, dos (2) representantes de los funcionarios y empleados elegidos por estos según el procedimiento de elección que fije el Fiscal General de la Nación. El Jefe de la Oficina de Personal actuará como Secretario de la Comisión con voz pero sin voto. La Comisión expedirá su propio reglamento”.
Fuente: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/comision-de-carrera/
Corte Constitucional. Sentencia T- 706 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Ley 4 de 1913. Régimen Político y Municipal. “ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”. (Subraya la Sala)
Folio 17.
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